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«Robots para huir de la soledad», por Esther Esteban

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ESTHER ESTEBAN, periodista

Robots para huir de la soledad

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Hace 20 años Steven Spielberg adaptó al cine uno de los grandes proyectos en los que Stanley Kubrick y el escritor de ciencia ficción Ian Watson habían trabajado años atrás. De ahí nació Inteligencia Artificial, que junto a Encuentros en la tercera fase es, sin duda, una de las películas de ciencia ficción más conocidas del director. El argumento de la misma gira en torno a un niño robot programado para amar a una familia que añora a su hijo enfermo y cuando éste se recupera el robot es abandonado. Spielberg, con esta película, reflexionaba sobre los límites entre la inteligencia artificial y las emociones, y como ocurre en tantas otras cosas, la realidad, dos décadas después, supera a la ficción. De hecho, muchos expertos auguran que las personas que hoy tienen 50 años serán cuidados por un asistente cibernético capaz, no solo de ejecutar las órdenes que reciban, sino de interactuar, e incluso, de tomar decisiones.

La robótica enfocada a combatir la soledad ya es un hecho. Así, un estudio reciente sobre el tema ha demostrado que los mayores que han interactuado durante dos semanas con Pepper —un robot humanoide que genera emociones de forma artificial — han mejorado su salud mental y reducido su sensación de soledad. Si tenemos en cuenta que, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, las personas con más de 60 años pasarán de los 900 millones – que había en 2015 – hasta los 2.000 millones que puede haber en 2050, la pregunta es si los robots vendrán a solucionar una de las peores pandemias que sufre actualmente la humanidad: la soledad de una población cada vez más envejecida.

«Si hoy tienes 50 o 60 años, cuando seas un anciano y lo necesites, te va a cuidar un robot». Así de rotundo se pronunciaba en la revista Uppers Javier González, catedrático de Robótica de la Universidad de Málaga. ¿Podrá un robot sustituir a una persona? Es la, pregunta que muchos se hacen y, por lo que respecta a los cuidados, lo cierto es que estamos a un paso de que el robot no sea solo un cuidador en casa que nos recuerde la, medicación, programe los electrodomésticos o pueda llamar a emergencia, sino de tener robots empáticos, programados para aprender a satisfacer tus necesidades no sólo físicas, sino también emocionales.

Tengo una amiga ya jubilada que vive sola. Su hija decidió regalarle en Navidad un altavoz inteligente y desde entonces Lola ha encontrado una compañera de piso ideal. Le da los buenos días, le pregunta los datos meteorológicos y ha buscado la forma de tener una cháchara permanente de lo más variada: desde ponerle la música que desea escuchar, a consultar recetas de cocina o buscar rutas de paseo seguras durante la pandemia en su ciudad. En poco tiempo todos esos servicios se los dará un robot que, incluso, podrá tener el aspecto físico de un hijo o un familiar cercano que le haga tener una mayor empatía con la persona.

Cada día que pasa los avances en este campo son mayores. Por citar un ejemplo cercano, el Grupo Saltó, ubicado en Lleida, consiguió el año pasado año poner en marcha una prueba piloto con su robot asistencial ARI. «Es un robot que tiene movilidad y acompaña a las personas mayores», explicaba a Uppers Ana Aragonés, una de las responsables del proyecto. «Puede ponerte en contacto con quien tú quieras, y hace recordatorios de manera automática para que la persona a la que atiende no se olvide de comer, hacer ejercicio, o tomar sus medicinas”.

Hemos pasado tiempos durísimos, pero curiosamente, uno de los aspectos positivos de esta pandemia es que los mayores, muy recelosos con las nuevas tecnologías, se han familiarizado con algunas, y ese es un terreno abonado de cara al futuro cuando, inevitablemente, tengamos a robots como compañía.

Sea como fuere está claro que las relaciones sociales son fundamentales para mantenernos sanos tanto física como mentalmente. Sabemos que la soledad mata y no solo a los animales sino a los humanos, y está comprobado que nuestro cerebro necesita de otros para desarrollarse durante la infancia y también para mantenerse sano durante el resto de las etapas de nuestra vida.

Si de muestra vale un botón un caso muy conocido fue el de Sarah Shoud, una montañera que estaba escalando en Irak cuando fue capturada por el ejército. Fue acusada de espionaje y la encerraron en una prisión de Teherán en régimen de total aislamiento. Cuando fue liberada contó que perdió la cabeza: escuchaba pasos de fantasmas y las últimas semanas las paso en cuclillas a cuatro patas escuchando por una pequeña rendija de su celda. Su recuperación fue larga y compleja.

Todos los expertos señalan que si los ancianos están solos su salud se deteriora mucho más rápidamente. De ahí que plantear la posibilidad de que sean robots los que faciliten compañía ya no es un futurible sino algo real y más pronto que tarde será algo cotidiano.

Evidentemente nunca será lo mismo un humanoide que un humano. pero si una máquina avanzada es capaz de comunicarse, dar terapia o proporcionar estimulación social, incluso en situaciones complicadas como ha sido esta pandemia, será una ayuda estimable y una salida cuyo potencial hay que aprovechar.

Los datos están ahí y en España hay cerca de millón y medio de dependientes, de los cuales el 80% son mayores. Se calcula que en 2050 la población octogenaria superará los 4 millones y una gran parte va a requerir cuidados. Además, dado el fracaso del modelo asistencial de residencias que hemos vivido durante el COVID muy probablemente una mayoría querrá que les atiendan en su casa y los robots son parte de la solución. No hace falta buscar demasiadas estadísticas para encontrar datos escalofriantes: las personas de más de 80 años duplican la tasa media por franja de edad de los suicidios en nuestro país, y la soledad es el origen de la mayoría de estos casos.

¡Bienvenidos sean los robots si ayudan a que esas cifras de la vergüenza disminuyan!

El derecho a decidir de las personas con discapacidad

EDITORIAL

El derecho a decidir

de las personas

con discapacidad

Tras muchos años de esfuerzo, de vencer resistencias jurídicas y sociales, se encuentra en sede parlamentaria el Proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Nos encontramos ante la mayor reforma de nuestro Derecho privado abordada en época democrática. Supone que nuestro país asuma el compromiso de dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor en 2008.

El proyecto de ley aprobado por el Congreso y en trámite en el Senado asume con carácter general los principios de la Convención, colocando a España a la vanguardia de la regulación europea.

Esta futura ley modificará diversas leyes de nuestro ordenamiento jurídico, si bien la reforma del Código Civil es la más extensa y de mayor calado, pues en él mismo se sientan las bases del nuevo sistema, que se fundamenta en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad.

Apoyos voluntarios

Se consagra este principio como vertebrador de las medidas de apoyo, permitiendo a la persona con discapacidad “hacerse su traje a medida con las debidas garantías”, garantizándose el respeto a sus deseos, voluntad y preferencias y evitando la influencia indebida, el abuso o el conflicto de intereses.

La asistencia y apoyo a las personas con discapacidad se desvincula por fin de la restricción de sus derechos. En adelante pasará por potenciar el ejercicio de su capacidad, gravitando y entrando de lleno en el ámbito de la actuación notarial. Todo un reto para nuestra función.

Hemos de felicitarnos por ello. Las personas con discapacidad por fin podrán, sin mengua de su seguridad, asumir las riendas de su vida; decidir cuándo contratar o celebrar un negocio, e intervenir en el diseño de las instituciones de apoyo y asistencia que requieran. En definitiva, ser protagonistas de las decisiones que les afectan en igualdad de condiciones con los demás.

Las de origen judicial solo procederán en defecto o insuficiencia de la voluntad de la persona de que se trate y se opta por el cauce de la jurisdicción voluntaria de manera preferente, considerando esencial la participación de la propia persona; facilitando que pueda expresar sus preferencias e interviniendo activamente adoptando los ajustes razonables que en cada momento sean necesarios.

Autonomía de la voluntad

La nueva regulación está inspirada, como exige el artículo 10 de nuestra Constitución, en el respeto a la dignidad de la persona, en la tutela de sus derechos fundamentales y en el respeto a la libre voluntad de la persona con discapacidad; así como en los principios de necesidad y proporcionalidad de las medidas de apoyo que, en su caso, pueda necesitar esa persona para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás.

Dentro de las medidas voluntarias adquieren especial importancia los poderes y mandatos preventivos, así como la auto-curatela y se reconoce por fin la autonomía de la voluntad en figuras como el patrimonio protegido, permitiendo la autorregulación de las normas de apoyo y los mecanismos de control.

Son muchas las normas jurídicas que en toda la extensión del Código Civil se adaptan a la nueva regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Así, las normas afectadas por esta reforma van desde algunas relativas al Derecho internacional privado, la nacionalidad, acciones de filiación, a ciertas reglas sobre los efectos de las crisis matrimoniales cuando hay hijos mayores de edad con discapacidad que precisen apoyo. También experimentan modificaciones puntuales algunos preceptos relativos a la sociedad de gananciales cuando uno de los cónyuges precisara de medidas de apoyo.

Ahora bien, se regulan cambios trascendentales en sede de sucesiones.

En materia de accesibilidad, reconociéndose cualquier medio técnico, material o humano que permita la expresión de la voluntad.

La posibilidad de hacer testamento abandona el sistema médico rehabilitador pues el notario, para emitir su juicio de discernimiento o comprensión, procurará que el otorgante desarrolle su propio proceso de toma de decisiones apoyándole en su comprensión y razonamiento y facilitando, con los ajustes que estime necesarios, que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias.

Se suprime la prohibición de otorgar testamento cerrado a las personas con discapacidad visual o la obligación de intervenir testigos en los testamentos de personas con ceguera.

La sustitución fideicomisaria no se olvida del supuesto de dos o más legitimarios con discapacidad, supuesto común en las familias de nuestro país, pues el testador podrá disponer a su favor de la legítima estricta de los demás legitimarios sin discapacidad.

También hay cambios trascendentales en sede de contratos, pues la capacidad de ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad con los demás implica la posibilidad de realizar actos jurídicos de gran transcendencia, cuya celebración, validez y eficacia deberá ser tratada de conformidad con la nueva regulación.

Aparejada a ello la consagración de la persona con discapacidad como sujetos de derecho, en la doble dimensión de titularidad y ejercicio de sus derechos, implica un profundo cambio en el concepto de imputación subjetiva en la responsabilidad civil por hecho propio, y en una nueva y más restringida concepción de la responsabilidad por hecho ajeno.

Principio de igualdad

Finalmente, en aras a la protección de los derechos fundamentales, el Registro Civil se convierte en la pieza central de la publicidad de los mecanismos de apoyo, pues hará efectiva la preferencia que el nuevo sistema atribuye a las medidas voluntarias previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes.

La consulta al Registro Civil permitirá conocer, además de las medidas de apoyo que se hayan adoptado judicialmente, las medidas voluntarias que en el mismo figuren, las cuales tienen carácter preferente y son el eje vertebrador del ejercicio de la capacidad jurídica; así como velar por su aplicación y eficacia.

Como en el resto de las legislaciones mundiales, se consagra el Registro Civil como la institución donde constan, con la debida protección, los datos de todos los ciudadanos, con independencia de la condición característica, raza, etnia o cualquier circunstancia personal o social.

La reforma normativa impulsada por esta ley debe ir unida, para que sea de verdad una realidad social a un cambio del entorno, a una transformación de la mentalidad y, especialmente, de la de aquellos profesionales del Derecho que trabajan con personas,-jueces y magistrados, Ministerio Fiscal , personal al servicio de la Administración de justicia, notarios– que han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad, partiendo de los nuevos principios consagrados en nuestra legislación, procurando que el principio de igualdad y no discriminación por razón de discapacidad no se quede en una bonita formulación teórica o normativa.

Se trata por tanto de un proyecto de reforma esperado, elogiado, demandado por las personas con discapacidad y sus familias y exigido por los convenios internacionales y la propia dignidad de las personas con discapacidad.

Oportunidad y responsabilidad

Con el impulso del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); con la coordinación y la unidad de la discapacidad y el esfuerzo invertido por amplios sectores sociales y jurídicos, como la Fundación Aequitas, este texto normativo ha recibido el apoyo mayoritario de los grupos políticos en nuestra Cámara Baja y ha demostrado que los consensos son posibles cuando se trata de la dignidad de las personas.

Desde la Fundación Aequitas son centenares las jornadas, charlas, estudios, propuestas y proyectos promovidos en defensa de esta Convención, de ahí que la propia fundación presentara a todos los grupos políticos las enmiendas que entendía necesarias, e interviniera en el trámite parlamentario para contribuir a la mejora del texto que saliera del Congreso.

Nuestros diputados y senadores tienen la posibilidad de hacer realidad un sueño, no solo de Aequitas, sino fundamentalmente de las personas con discapacidad y sus familias: que la discapacidad sea tratada de verdad en el ordenamiento jurídico civil como una cuestión de derechos humanos.

Sus señorías, en la Cámara Alta, tienen una gran responsabilidad en sus manos: el cumplimiento del corazón de la Convención y la reforma de la columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico, cuyas líneas maestras ha dibujado de forma clara nuestro Congreso y que con una lectura calmada y sosegada tendrá aspectos perfectibles en aras a la defensa de la dignidad, la intimidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

También tienen una oportunidad histórica: consagrar a la discapacidad como una cuestión de Derechos Humanos dentro del ordenamiento jurídico privado, lo que situará a nuestro país a la vanguardia de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

Atraco a golpe de ‘clic’

LA @

Atraco a golpe de 'clic'

Hasta usted, sin saberlo, puede ser el que le abra sus cuentas al ladrón. Hay tal número de amenazas que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha publicado una guía para aclararnos todas ellas.

GABRIEL CRUZ

[email protected]

@Gabrielcruztv

HASTA QUIEN ESTO ESCRIBE cayó en la trampa. En mi caso, fue por lo que se denomina ingeniería social y, dentro de esta, por phishing; es decir, por un correo electrónico. No lo vi llegar, me pilló con la defensa baja. Haciendo multitarea frente al ordenador, hablando por teléfono, revisando emails… En medio de varios clics di con un mensaje de la empresa donde tenía contratada una página web. Me anunciaba que al estar falto de pago me cerrarían la web. “¿Cómo? ¡Eso es imposible!”–pensé-. La reacción fue inmediata, cliqué en el enlace del email y metí mis claves. Sí: ese código que da acceso a mi perfil y en el que viene el método de pago. Había cometido un error de principiante: clicar en un enlace enviado por email. La estética del mensaje era idéntica a la de la empresa con la que tenía contratado mi servicio. Sin embargo, si quería confirmar la información, debía haber entrado en la web de la empresa directamente y no a través del enlace que recibí en el email. Ahí está la razón de porque el 95% de las incidencias en ciberseguridad se deben a errores humanos, según un estudio de IBM. ¿Qué hice? Al darme cuenta del error entré en la web y cambié las claves. Afortunadamente no llegaron a hacer compras con mi tarjeta, que yo sepa. Son tantas las posibilidades de ataque que el Incibe (Instituto Nacional de Ciberseguridad) ha publicado una guía gratuita para que nos enteremos de todas ellas.

Con nombre inglés. En mi caso sufrí un phishing en toda regla. Las denominaciones de los ataques son inglesas, lo que facilita su identificación internacional y acortamiento del nombre. Así, nos podemos encontrar con el ataque denominado shoulder surfing que en nuestro castellano es por “encima del hombro”; vamos, el de toda la vida. Es decir, el que se hace cuando el delincuente nos mira por encima para espiar las claves que escribimos en el ordenador o en el datáfono. Asi que no se extrañe si en un manual de Incibe lee cosas como, por ejemplo: “los fraudes online más comunes son el email spoofing que “difunde malware, como el ransomware, o intentan que tus dispositivos formen parte de una botnet”. Aparte del phishing, está el vishing, smishing, baiting, dumpster diving…Después de esto: ¿no cree que necesita un guía? Si desmenuzamos la guía del Incibe, tenemos ataques a las contraseñas, por ingeniería social, a las conexiones y por malware.

Los ataques por contraseñas son programas que intentan averiguar cuáles son las combinaciones de nuestras claves. Si somos de los que ponemos claves como el cumpleaños se lo ponemos fácil. El antídoto: contraseñas robustas. Aquí puede hacer patria e incluir caracteres como la ñ. Parece que los programas que usan los hackers para romper contraseñas no la consideran mucho.

Respecto a los ataques por ingeniería social, son los que intentan que mediante engaño sean los propios usuarios los que revelen la clave . Así tenemos el phishing (lo que les conté al principio), que se convierte en vishing si el engaño es mediante llamada de teléfono o en smishing si es por SMS (como los que le dicen que va a recibir un paquete). El mejor antídoto es no abrir correo sospecho y jamás pinchar los enlaces que nos envíen. Se lo digo por experiencia propia.

Sobre los ataques a conexiones, básicamente buscan hacerse pasar por redes wifi para, al conectarnos a través de ella, hacerse con el control de nuestra información.

Los ataques por malware se refieren al software malicioso introducido por descargar un archivo desde una web o por conectar un pendrive. Esto provoca que nuestro ordenador deje de funcionar o se convierta en una computadora zombi que junto con otras (botnets) trabaje, sin nosotros saberlo, a la orden de un ciberdelincuente para un ataque mucho más ambicioso a instituciones. Además de estas, hay muchas más posibilidades de ataques que se explican en la guía, así como la mejor vía para prevenirlos.

El riesgo es muy variado. Como señala Rosa Díaz, directora del Incibe, “hay organismos especializados en ciberatacar”. Es decir, que robar es su trabajo. Que no le pillen despistado. Se lo dice uno que no leyó a tiempo esta guía.

Guía de los ciberataques

Todo lo que necesita saber como usuario de internet

Un teléfono clave

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Nuevo Consejo General del Notariado

EDITORIAL

Nuevo Consejo General del Notariado

EL 28 DE NOVIEMBRE quedó constituido el nuevo Consejo General del Notariado para los próximos cuatro años, que representa a los casi 3.000 notarios y está integrado por los decanos de los 17 Colegios Notariales.

El Consejo acordó la elección como presidente de José Ángel Martínez Sanchiz (decano del Colegio Notarial de Madrid); como vicepresidente de Raimundo Fortuñy Marqués (decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares), y de José Alberto Marín Sánchez (decano del Colegio Notarial de Cataluña), Ignacio Ferrer Cazorla (decano del Colegio Notarial de Extremadura) y Francisco Cantos Viñals (decano del Colegio Notarial de Valencia), como miembros de la Comisión Permanente, junto a los dos primeros.

Posteriormente fueron designados portavoz y delegado de nuevas tecnologías, respectivamente, María Teresa Barea (decana del Colegio Notarial de Andalucía) y Luis Fernandez‐Bravo (decano del Colegio Notarial de Castilla‐La Mancha). Ambos se incorporarán a la Comisión Permanente del CGN como miembros adscritos.

Este Consejo es una corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Representa al Notariado español y tiene entre sus principales fines colaborar con la Administración, mantener la organización colegial y coordinar determinadas funciones de los Colegios Notariales.

Principales objetivos
El objetivo primordial del nuevo Consejo será reforzar la fe pública notarial como espacio de libertad y justicia y asiento de los derechos humanos, porque la función notarial ha ido siempre al encuentro de la persona a fin de brindar soluciones jurídicas, en especial respecto de los más vulnerables por las razones que sean, personales o económicas.

También impulsará al hilo de la Convención de Nueva York y de la reforma en ciernes del Código Civil y Código Civil de Cataluña, los apoyos voluntarios a las personas con discapacidad. En esta materia el Notariado cuenta con la dedicación y esfuerzo de la Fundación Æquitas, que ha cumplido 20 años. Asimismo, es propósito de este Consejo llevar a efecto un Congreso Notarial intersectorial sobre la problemática de los mayores, que habíase previsto en la legislatura anterior para mayo de este año y que la pandemia obligó a suspender.

También será fundamental continuar en el empeño que se inició hace veinte años por implantar, como parte del servicio público notarial, las nuevas tecnologías. De ahí se ha venido trabajando, y puesto a disposición de los poderes públicos, la posibilidad de que ciertos documentos notariales se otorguen a distancia mediante videoconferencia en la sede electrónica notarial, que se hará visible al ciudadano a través del nuevo Portal del Ciudadano. El objetivo estriba en que ciertos documentos notariales, muy frecuentes, se puedan llevar a efecto sin necesidad de desplazarse a la notaría; así es el caso de poderes especiales, pólizas mercantiles o la realización de actos societarios. Asimismo, hacer posible que el ciudadano obtenga la copia autorizada electrónica de su escritura o póliza y la lleve, si quiere, en su móvil. No es ciencia ficción. El Notariado dispone ya de las aplicaciones técnicas necesarias que habrán de acoplarse, en su caso, a las correspondientes reformas legales.

Otro objetivo igualmente prioritario será la atención y apoyo a los emprendedores y empresarios, tanto en lo que atañe a la constitución y funcionamiento de sus empresas como en lo atinente a las decisiones que antes o después cumple adoptar en cuanto a su sucesión o traspaso. En esta línea, fomentaremos las encuestas con los sectores empresariales y realizaremos seminarios sobre estos temas, a través de la Fundación Notariado.

También hay que destacar la intención del Consejo General del Notariado de colaborar, como hasta ahora, con las Administraciones Públicas para proponer soluciones en beneficio del interés general, especialmente en los ámbitos señalados y en otros, que ocupan nuestra atención prioritaria, como la vivienda.

Por último, se reforzará la colaboración –reconocida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)– en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Cumplimos 20 años

Escritura PÚBLICA ha cumplido en enero 20 años. Dos décadas en las que no ha faltado ni una vez a su cita con sus lectores, repartidos por toda España, al igual que los notarios y sus notarías.

Escritura PÚBLICA ha tratado de ser punto de encuentro entre el Notariado y la Sociedad. En sus páginas hemos analizado muchos de los acontecimientos sociales, económicos, políticos y jurídicos vividos estos años, siempre desde el rigor y la seriedad. Por nuestra revista han pasado los representantes de las principales instituciones del país y de Europa, que nos han dejado interesantes reflexiones y sabios consejos.

En 2018 nuestro esfuerzo se vio recompensado con el Premio a la Mejor Publicación Profesional de la Asociación de Editores de Publicaciones Periódicas y en 2020 hemos dado un paso más sacando su versión online www.escriturapublica.es para llegar a más personas y tener presencia en más canales.

El cuadernillo central de este número recoge las felicitaciones que hemos recibido de algunas de las personalidades entrevistadas, de los articulistas y de los colaboradores, encabezados por Sus Majestades los Reyes (todo un honor).

«Los datos, una revolución rural», por Carmelo Encinas

LA @

CARMELO ENCINAS, periodista

[email protected]
@CarmeloEnc

Los datos, una revolución rural

EN SU PUEBLO no hay cable y mucho menos fibra; allí solo pueden usar el internet móvil y limitado al 2G. Así explicó Alexei Dudoladov en su facultad la peculiar maniobra que realizaba cada día para poder bajarse el material docente y lograr unos cuantos minutos de clase. Estudiante de Ingeniería, este joven siberiano de 21 años se encarama diariamente a un abedul de 10 metros para captar la señal, descargarse los vídeos y seguir las clases por Zoom. Su tenacidad convierte ese árbol en una suerte de símbolo para los territorios apartados y el mundo rural sobre la necesidad de ser dotados de cobertura total y de una alta calidad en materia de conexión a internet y telefonía móvil.

España no es Siberia pero, a pesar de registrar una densidad media de población relativamente moderada, el 55% de nuestro territorio está escasamente poblado con densidades inferiores a 12 habitantes por kilómetro cuadrado.

La llamada España vaciada no parecía ofrecer perspectiva alguna de futuro hasta que la pandemia introdujo una corriente a favor de la vida fuera de las ciudades. Son muchos los que, tras sentir el agobio del confinamiento en pisos o apartamentos y las limitaciones perimetrales urbanas, han vuelto los ojos hacia esos pueblos pequeños que languidecen y donde las casas y el suelo no valían casi nada. El prestigio emergente del mundo rural constituye una extraordinaria ventana de oportunidad para repoblar aquellos territorios abandonados y hacer de la necesidad virtud.

Hay otros vectores que empujan este deseable renacimiento de los pueblos proyectando un porvenir económico antes inimaginable. La creciente demanda de productos agrícolas junto a la imperiosa necesidad de proteger el medioambiente obliga a buscar ideas innovadoras que aprovechen la tecnología digital para introducir en el sector agrario los métodos más vanguardistas de producción, lo que operaría una auténtica revolución en el campo. Son herramientas que introducen el Big Data, para lo que resulta esencial la recolección de datos que permita realizar predicciones y asesorar con precisión a los productores sobre la materia prima con la que trabajan obteniendo información del mercado, el clima y los suelos. Técnicas que determinarán un cambio generacional atrayendo a la agricultura a gente más joven y preparada interesada en optimizar la producción de alimentos y en formas de explotación más sostenibles y ecológicas libres de elementos químicos y pesticidas. Es obvio que la introducción de estos nuevos instrumentos digitales tiene un coste más que considerable, pero su financiación encaja a la perfección en la filosofía de la Unión Europea para la concesión de fondos que estimulen la digitalización y el uso de energías verdes.

El relevo generacional en el ámbito rural se considera estratégico por el Gobierno de la nación cuyo ministro de Agricultura, Luis Planas, se declara convencido de que la producción de alimentos en España puede incrementarse de forma extraordinaria hasta convertirse en uno de los grandes pilares de nuestra economía y de generación de nuevas empresas y empleos de alta cualificación. Para ello el sector ha de buscar nuevos mercados fuera de la UE, sobre todo en China y Estados Unidos, sin dejar de ser la gran huerta de Europa.

En esa tarea también desempeñará un papel fundamental la agricultura digital. Una de las funciones de la Oficina del Dato, tal y como se recoge en la orden de creación del departamento que se encargará de diseñar las estrategias del Gobierno en materia de Big Data, es precisamente la creación de espacios de intercambio de información entre ciudadano, empresas y la Administración, además de desarrollar un Centro de competencia de analítica avanzada. Teniendo a su disposición esos instrumentos, esa nueva agricultura podría operar en las mismas condiciones de competitividad que quienes trabajan desde las ciudades.

“Asistimos a una ocasión única de revertir la adversidad de la pandemia.
Los datos encenderían una auténtica revolución rural”

Es obvio que nada de esto será posible de no avanzar de forma decisiva en la extensión del acceso a internet de banda ancha dotando de redes de fibra óptica hasta el último y más remoto rincón del país. Ello facilitará la práctica del “teletodo” en zonas inmensas de nuestra geografía hasta ahora yermas por ser incompatibles con las exigencias de los actuales modos de vida. El teletrabajo, la teledocencia, la telemedicina o la telecompra cambiarán radicalmente el escenario anterior reduciendo al mínimo la demanda de movilidad de las personas, aunque no de las mercancías que, en cambio, tenderán previsiblemente a crecer. Se hará, por tanto, necesaria la construcción de infraestructuras de transporte complementarias basadas en la sostenibilidad, contribuyendo al deseable equilibrio territorial.

En un reciente Foro sobre ingeniería y obra pública, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Mauricio Gómez Villarino, director de la Consultora IDOM, planteaba la conveniencia de conectar los ámbitos de influencia de las metrópolis hasta unos 100 kilómetros de las mismas. Proponía, en concreto, la construcción de un anillo M‐100 que enlazara las provincias de Toledo, Ávila, Segovia, Guadalajara y Cuenca, y hacer lo propio en la Serranía Celtibérica, ese enorme espacio entre Madrid, Valencia, el País Vasco, Zaragoza y Cataluña. Operaciones, en definitiva, destinadas a rescatar del ostracismo las zonas despobladas y claramente susceptibles de ser financiadas con los Fondos de Recuperación de la Unión Europea.

Asistimos pues a una ocasión única de revertir la adversidad de la pandemia poniendo en valor más de la mitad del territorio nacional conjurando su paulatino abandono y degradación. Esto es lo que convierte en estratégico el acceso a la banda ancha y la inmersión de toda nuestra geografía en el 5G. Los datos encenderían una auténtica revolución rural y nadie en España tendría que subirse a un abedul.

La Base de Datos de Titularidad Real: pieza clave en la lucha contra el blanqueo de capitales

EDITORIAL

La Base de Datos de Titularidad Real: pieza clave en la lucha contra el blanqueo de capitales

LOS DELINCUENTES emplean una serie de técnicas y mecanismos para ocultar la propiedad y el control de sus activos obtenidos ilícitamente.

Así, los planes concebidos para ocultar la propiedad efectiva suelen utilizar una estrategia de «esconderse a la vista», aprovechando las infraestructuras comerciales y de comercio mundiales para parecer legítimas.

La globalización del comercio y las comunicaciones no han hecho sino aumentar esta amenaza, y los países se enfrentan ahora al reto de hacer cumplir las leyes nacionales en un entorno comercial sin fronteras, ya que la necesidad de disponer de información exacta, adecuada y actualizada sobre el titular real es un factor clave para localizar a estos delincuentes.

Información adecuada y precisa
Por este motivo, la Recomendación 24 del Grupo de Acción Financiera Internacional establece que los países deben tomar medidas para impedir el uso indebido de las personas jurídicas para blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo. Los Estados deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente.

En particular, los países que tengan personas jurídicas que puedan emitir acciones al portador o certificados de acciones al portador, o que permitan accionistas nominales o directores nominales, deben tomar medidas eficaces para asegurar que éstas no sean utilizadas indebidamente para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Los países deben considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el titular real y el control por las instituciones financieras y las APNFD en el marco de la debida diligencia del cliente.

Cumplimiento y efectividad
Para su cuarta ronda de evaluaciones mutuas, el GAFI adoptó dos enfoques complementarios: por una parte, para evaluar el cumplimiento técnico de las Recomendaciones y por otra, para determinar la existencia y las formas como se evidencia la efectividad del sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La evaluación que realiza sobre el cumplimiento técnico de cada recomendación aborda los requisitos específicos de las mismas, principalmente en lo que respecta al marco jurídico e institucional relevante del país, y los poderes y procedimientos de las autoridades competentes. Estos representan los pilares fundamentales de un sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Para cada recomendación, hay cuatro niveles posibles de cumplimiento: cumplida, mayoritariamente cumplida, parcialmente cumplida y no cumplida.

La evaluación de la efectividad difiere del análisis sobre el cumplimiento técnico, pues consiste en comprobar la idoneidad de la implementación de las recomendaciones, e identificar si se están logrando, o en qué medida, los resultados definidos, que son fundamentales para un sólido sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por lo tanto, el enfoque de la evaluación de la efectividad analiza la medida en que el marco legal e institucional produce los resultados previstos.

Con el fin de dar el equilibrio adecuado entre una comprensión general de la eficacia del sistema de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de un país y una apreciación detallada del funcionamiento de sus componentes, el GAFI evalúa la eficacia principalmente sobre la base de once resultados inmediatos.

El resultado inmediato que evalúa la efectividad de la Recomendación 24 es el número 5, donde se valora si se impide que las personas y los arreglos jurídicos se utilicen indebidamente para el blanqueo de dinero o para la financiación del terrorismo, y si las autoridades competentes disponen de información sobre su titularidad real sin impedimentos.

Para cada resultado inmediato hay cuatro posibles calificaciones de la eficacia, basadas en la medida en que se abordan las cuestiones y características fundamentales: alto nivel de eficacia; Nivel sustancial de eficacia; Nivel moderado de eficacia; y Bajo nivel de eficacia.

Así, conforme los resultados de la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas que realiza GAFI, de los 102 países que han sido evaluados hasta el 7 de octubre de 2020, España es uno de los 49 países que ha obtenido, respecto del cumplimiento técnico, la calificación de “Mayoritariamente cumplida” en esta recomendación, existiendo sólo un país que ha obtenido la calificación de “Cumplida”.

Colaboración notarial
Las razones que han justificado dicha calificación, según se indica en el Informe de Evaluación Mutua de España, realizado en 2014, se deben a que España se basa principalmente en el Índice Único Notarial para la obtención de información sobre la titularidad real de las personas jurídicas, que incluye información obtenida y recogida por notarios al constituir entidades o realizar otros actos determinados o transacciones de personas y entidades, e información sobre la transferencia de acciones de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Esto se complementa mediante el uso de otra información (sobre la propiedad de la cuenta), e información en poder de otras autoridades como registro de empresas, autoridades fiscales o bursátiles.

El informe señala que hay varias deficiencias en relación con la falta de controles efectivos sobre las transferencias de acciones de las sociedades anónimas, que no cotizan en bolsa.

Sin embargo, el resultado es aún mejor respecto de la evaluación de la efectividad, en el cual, a la fecha antes citada, no hay ningún país que haya obtenido la calificación de Alto nivel de eficacia, siendo España uno de los pocos países (10, en concreto) que ha obtenido la calificación de “Nivel sustancial de eficacia”.

Entre las razones que justifican la calificación, se indica que las autoridades competentes tienen acceso adecuado a la información sobre la titularidad real a través de la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), y a la información contenida en los archivos de clientes de las entidades financieras y de los sujetos obligados no financieros (con una orden judicial).

Desde abril de 2014 tienen acceso a la información, actualizada cada 15 días e incluida en la base de datos de titularidad real establecida por el Consejo General del Notariado, el Sepblac, los fiscales, jueces y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes.

En la práctica, las autoridades utilizan con frecuencia la información contenida en la base de datos del Índice Único Informatizado y en la Base de Datos de Titularidad Real en el transcurso de las investigaciones de BC/FT, y expresaron su satisfacción por la calidad, exhaustividad y facilidad de acceso a la base de datos.

En junio de 2019, el GAFI realizó la visita de seguimiento sobre el cumplimiento de las Recomendaciones en España. Como resultado de la misma, respecto del tema que nos ocupa, se menciona que los nuevos procedimientos emitidos por el OCP exigen que los notarios no sólo se basen en la BDTR (Base de Datos de Titularidad Real), sino que soliciten documentos adicionales, como una declaración jurada y otros documentos expedidos por los registros de empresas o que demuestren de alguna otra forma la propiedad efectiva, debido a que estas medidas tienen un impacto en la capacidad de los sujetos obligados para aplicar con eficacia las medidas de debida diligencia con respecto a la exactitud de la BDTR.

Asimismo, como medida de refuerzo en el cumplimiento de las medidas de debida diligencia por parte de los sujetos obligados, se menciona el nuevo Registro de Titularidad Real creado en el Registro Mercantil, que establece la obligación de que todas las empresas declaren quién es su titular real al depositar sus cuentas en el registro mercantil, la cual debe ser actualizada por las empresas, al menos anualmente. Sin embargo, esta nueva medida no ha incrementado la óptima calificación obtenida en 2014.

Elecciones en los colegios notariales

EL pasado 15 de noviembre los notarios eligieron a los miembros de las juntas directivas de sus colegios notariales para los próximos cuatro años.

Los colegios desempeñan una labor fundamental, ya que les representan, contribuyen a su formación, velan por la deontología profesional y controlan el cumplimiento de sus deberes. Desde aquí nuestra felicitación a todos ellos y nuestros mejores deseos para su mandato.

Más información en el cuadernillo central de este número.

«Teletrabajo, una nueva -y peor- vida», por Pilar Cernuda

LA @

PILAR CERNUDA, periodista

[email protected]

Teletrabajo, una nueva -y peor- vida

Zoom, Hangout, Skype … no hay día en el que no incorporemos una nueva palabra a nuestro vocabulario, pero desde hace tiempo la mayoría de ellas son tecnicismos, relacionadas con el proceloso mundo de internet y sus innumerables aplicaciones.

Internet. El mejor instrumento de comunicación desde que se inventó el teléfono, aunque eso no significa que su utilización haya significado siempre una mejor calidad de conocimiento ni tampoco que las relaciones sean tan enriquecedoras, tan cercanas, tan cálidas, como las que se mantienen cara a cara o a través de conversaciones telefónicas. Las redes sociales, paradigma del mundo asombroso e infinito que se abre a través de internet, pocas veces cumplen el objetivo que debía ser prioritario: participación, comunicación, conocimiento, y en excesivas ocasiones han sido utilizado por desaprensivos, delincuentes informáticos y personajes de la peor calaña para lanzar noticias falsas, destrozar biografías o colocar en las alturas a personajes que no lo merecían; han cambiado gobiernos, promovido partidos extremistas y captado ingenuos con engaños para introducirlos en peligrosos mundos, entre ellos el del terrorismo islamista.

Internet sin embargo ha sido providencial ante una pandemia que asola el mundo; se puede llevar por delante millones de muertes y ha provocado una crisis económica que puede dejar atrás la del 29. Solo en España se calcula que en los próximos meses se triplicará el número de parados, y eso tirando por lo bajo. Si no son más es gracias al teletrabajo. El bendito teletrabajo que se puede realizar gracias a sistemas como los ya mencionados y muchos otros que hoy manejan con total normalidad un porcentaje inimaginable de la población mundial. Teletrabajo que tiene su prolongación en el mundo educativo, con la enseñanza online en colegios y universidades. Una forma también de teletrabajo, pues tanto profesores como alumnos se empeñan en aprender, divulgar y comprobar si funcionan o no las fórmulas que ha sido necesario inventar con urgencia para sustituir las clases presenciales.

El teletrabajo se ha convertido en manual de supervivencia ante un virus letal que nos encierra, cercena los contactos con familiares y amigos, e impide recorrer paisajes más allá del tantas veces recorrido, tantas veces repetido. El teletrabajo permite mantener una mesa y una silla en la que desarrollar lo que uno puede aportar al negocio o empresa al que se dedica profesionalmente, y tangencialmente ha obligado a cambiar hábitos y sumar nuevos conocimientos. Tecnológicos casi siempre –lo que hemos aprendido sobre metodologías que nos parecían inalcanzables por su complejidad…- pero también nos ha enseñado a vivir de otra manera. Con una disciplina en casa que nunca habíamos tenido, con el cumplimiento de un horario estricto. Hemos creado en casa un rincón solo nuestro, con un ordenador que no siempre ha sido fácil conseguir, menos aun cuando son varios en familia, todos ocupados en horario escolar o laboral. No son baratos y no siempre las empresas facilitan el material.

Una ley redactada con urgencia ha llevado al BOE el mes de octubre las normas para teletrabajar, pero en la mayoría de los casos somos nosotros mismos, y nuestros jefes, los que marcamos las propias reglas. Ha habido abusos, con horarios que se prolongaban mucho más allá del que se cumplía en una oficina, pero pocos se atreven a quejarse; es un lujo contar con un trabajo en estos tiempos aciagos.

El teletrabajo ha traído costumbres e incluso manías que no formaban parte de nuestra rutina. Además de la disciplina llevada a rajatabla, se ha acabado estar en casa descuidadamente y sin arreglar; ante los compañeros que nos observan y hablan a través de la webcam aparecen casi siempre librerías, lo que demuestra que se ha intentado colocar el ordenador de manera que salga algo parecido a un despacho, una mesa bien ordenada, un mueble bonito, un cuadro que demuestre nuestro gusto. El teletrabajo es un poco como recibir en casa, y la casa la queremos presentable, acogedora, bien.

La mejor cara de esa fórmula de trabajo es que mantenemos el empleo, nos salvamos de la angustia del paro que en estos tiempos de pandemia nos parece irreversible; es difícil afrontarlo con esperanza. La cara más amarga es que perdemos algo tan sano, sobre todo para los españoles, para los latinos, como es vernos las caras de frente, no a través de una pantalla. El teletrabajo desmonta una forma de vivir, de tratar a familiares y amigos, de compartir unas copas al llegar la hora de la salida. Impide conocernos mejor, intercambiar confidencias, ampliar el círculo, coger una mano al amigo o amiga, abrazar, consolar con un gesto de cariño.

Sobrevivimos al destrozo de la pandemia, sí … pero no vivimos la vida que queremos vivir, que merecemos vivir.

Servicios telemáticos del Notariado

EDITORIAL

Servicios telemáticos del Notariado

LA CRISIS sanitaria ha acelerado la digitalización de las empresas y los hábitos de la sociedad a un ritmo exponencial. Evidentemente la mayor o menor adecuación a esa revolución tecnológica condicionará de manera determinante el futuro. Pero para los notarios españoles «digitalizar» es un verbo que empezó a conjugarse hace casi veinte años tras la aprobación de la firma electrónica notarial en la ley 24/2001, lo que permitió que todos los notarios de España pudieran seguir ejerciendo su profesión en el marco de las comunicaciones telemáticas.

A lo largo de estos 19 años, los notarios han realizado una importante inmersión e inversión tecnológica y han creado una estructura única en Europa (SIGNO, la sede electrónica notarial, con dos centros de proceso de datos propios) que les ha convertido en una de las instituciones más comprometidas con la transformación digital y el desarrollo de la Administración electrónica.

Con la Administración Pública. Solo en 2019 los notarios realizaron para los ciudadanos y las empresas en sus gestiones con la Administración nacional, autonómica y local más de 20 millones de operaciones de manera telemática.

Este desarrollo tecnológico ha permitido que millones de actuaciones se materializaran sin necesidad de desplazamientos, ni trasiego de copias en papel, simplificando la burocracia, tiempo y costes, y con plenas garantías de seguridad jurídica.

El artículo 221 del Reglamento Notarial señala que las copias notariales electrónicas tienen el mismo valor que las copias en papel siempre y cuando las haya realizado un notario. En papel las firman a mano; en soporte electrónico utilizan la firma electrónica cualificada (EIDAS).

Así, en los últimos cinco años, el envío telemático de copias electrónicas autorizadas entre las notarías y diversos organismos de la Administración autonómica y local ha sido constante y progresivo.

Con los emprendedores. Cuando se constituye una sociedad, la obtención del NIF es un requisito necesario para iniciar su actividad. Desde las notarías es posible obtener telemáticamente el NIF provisional para que las empresas puedan empezar a operar hasta que reciban el definitivo. Esta actuación telemática aporta agilidad y rapidez al proceso de constitución de una sociedad y acorta plazos, objetivo claro de la Administración para incrementar la competitividad. Del mismo modo ocurre con la denominación social. También la pueden solicitar los notarios por vía online en nombre de los futuros empresarios. El servicio de solicitud de certificados de denominación social permite reservar la denominación social en el registro mercantil central y evitar conflictos con otras sociedades que ya tienen una denominación idéntica o similar.

Prácticamente 6 de cada 10 empresarios españoles solicitan a los notarios que realicen la gestión telemática de solicitud del NIF provisional y definitivo. En el caso de la denominación social, el porcentaje se sitúa en 1 de cada 4.

Con el catastro y los registros. Todo cambio de propiedad ya sea por compraventa, herencia u otro título, tiene que comunicarse al Catastro. Gracias a las leyes 24/2001 y 24/2005 los notarios pueden acceder por vía telemática a la sede electrónica del Catastro y comunicar vía online, en nombre de ciudadanos y empresas, el cambio de titularidad de una propiedad, casi en paralelo a autorizarse y firmarse la escritura pública. En 2019 los notarios comunicaron telemáticamente al Catastro 1.309.000 cambios de titularidad.

Otra de las gestiones telemáticas que más han crecido ha sido la circulación online de las Certificaciones Catastrales Descriptivas y Gráficas (CCDG), que han aumentado en los últimos cinco años un 745%. Una CCDG es un documento que contiene los principales datos de interés de un bien inmueble, tanto jurídicos como físicos y descriptivos junto con su representación gráfica.

De acuerdo con la normativa catastral, este tipo de certificaciones deben incorporarse en todos los documentos autorizados por los notarios en los que se contengan hechos, actos o negocios jurídicos que puedan dar lugar a modificaciones en el Catastro Inmobiliario (cambios de titularidad, alteraciones físicas de los bienes inmuebles, etc.).

Desde hace más de diez años los notarios presentan copias autorizadas electrónicas en los registros de la propiedad y mercantiles como garantía de los derechos de ciudadanos y empresas, reduciendo plazos y costes.

A lo largo de 2019, se han inscrito casi dos millones de copias electrónicas autorizadas de escrituras públicas en el registro de la propiedad, tras su envío telemático por los notarios, con un incremento de actividad del 33% desde 2015. En el caso del registro mercantil, el número de inscripciones de copias autorizadas de documentos notariales remitidos telemáticamente fue de 229.579 (un 7% más que en 2018, y un 33% desde 2015).

Consultas y pago de impuestos. Cuando alguien adquiere un bien inmueble, se subroga en ciertas cargas que afectan al bien, como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Para proteger a los compradores ante las deudas impositivas contraídas por el anterior titular, la ley establece que el notario informe al comprador de si el vendedor está al corriente de los pagos del IBI antes de autorizar la escritura de compraventa.

Hasta la puesta en funcionamiento de este servicio telemático, era necesario que el vendedor del inmueble aportase la documentación acreditativa de los últimos recibos, demostrando que estaba al corriente de los pagos.

Gracias al servicio de consulta telemática de las deudas IBI de un inmueble, allí donde hay conexión con los ayuntamientos o diputaciones, se puede obtener online y de forma instantánea desde la propia notaría un justificante emitido por el ayuntamiento o por el organismo encargado de gestionar el impuesto. En 2019 se han realizado casi 350.000 consultas telemáticas desde las notarías españolas, un 81% más de las que se hicieron en 2015.

Adicionalmente y para aquellos ayuntamientos y organismos integrados que lo permitan, también es posible pagar de forma telemática desde las notarías las deudas existentes, obteniendo de forma instantánea un justificante de pago para el transmitente y un nuevo justificante que incorporar a la escritura pública.

En cuanto a otros impuestos derivados de la adquisición de una vivienda, el pago online desde las notarías del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados ha aumentado un 50% desde 2015 (con casi 250.000 liquidaciones en 2019).

La transmisión o cambio de titularidad de un bien inmueble genera la obligación de pagar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente conocido cómo plusvalía municipal, a favor del ayuntamiento donde radique la propiedad.

En 2019 los notarios realizaron 1.140.000 liquidaciones online de plusvalías, un 49% más que en 2015 (765.000).

Partes testamentarios, actas y poderes. Otra de las gestiones telemáticas que realizan los notarios, en este caso con la Administración central, es la remisión de partes testamentarios al Registro de Actos de Últimas Voluntades del Ministerio de Justicia. De esta manera, los posibles herederos pueden conocer si una persona ha hecho testamento antes de fallecer y localizar al notario que lo custodia.

La principal ventaja de este servicio se centra en la celeridad y seguridad que aporta la comunicación desde las notarías por vía online y de forma casi inmediata a la realización del testamento notarial.

Por otro lado, cuando una persona fallece sin haber otorgado testamento, los parientes con interés legítimo a su herencia deberán recurrir a un notario que determine quiénes son sus herederos, conforme a la ley aplicable y en qué proporción. Este documento notarial se conoce como actas de declaración de herederos.

Por último, es de vital importancia para la seguridad jurídica de las personas que han otorgado un poder notarial que desde las notarías se pueda comunicar, cuando así proceda, de manera automática y telemática tanto a la Administración Pública, como al Consejo General de Procuradores de España y al punto neutro judicial. Esta comunicación se realiza de forma inmediatamente posterior a la realización del poder notarial. Así, cuando una persona exhibe un poder, jueces, procuradores, notarios y otros funcionarios pueden contrastar online su veracidad.

Los notarios españoles están preparados y dispuestos para seguir avanzando en el desarrollo de servicios digitales seguros y ágiles. Servicios como la creación online de sociedades limitadas, que deberá ser una realidad cuando se transponga la Directiva europea aprobada con tal fin, o el otorgamiento de testamentos por vía telemática para situaciones de pandemia, como la tristemente vivida. La sede electrónica notarial, con 16 años de existencia y probada seguridad, y la videoconferencia, son instrumentos clave ya desarrollados y probados por el Notariado, que hoy pone a disposición de la sociedad. Solo hace falta que el Gobierno y el Parlamento español aprueben que estos funcionarios públicos puedan ofrecerlos.

España digital 2025: una transformación clave

EL ESCAPARATE

España digital 2025: una transformación clave

La transformación digital del país es una de las principales apuestas del Gobierno de España para relanzar el crecimiento económico, aumentar la productividad y reducir la brecha digital. En los próximos cinco años se pondrá en marcha la agenda España Digital 2025, que incluirá medidas para garantizar la conectividad del 100% de la población, acelerar la digitalización de las pymes y liderar el despliegue de la tecnología 5G, entre otros objetivos. En total, se movilizarán unos 140.000 millones de euros de inversión pública y privada.

ELVIRA ARROYO

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Durante las dos últimas décadas, los sucesivos Gobiernos de España han ido adoptando programas para el avance digital, siempre alineados con las agendas europeas. Como resultado de estas acciones, España está en una posición muy favorable para abordar la siguiente fase de su transformación digital porque cuenta con una de las mejores redes de infraestructuras digitales. Nuestro país está también relativamente bien situado en la digitalización de la Administración Pública.

Sin embargo, el progreso ha sido más limitado en la digitalización de la industria y las pymes, en la I+D+i y en la capacitación de la población. Además, hay zonas que carecen de una conectividad digital de calidad, tanto en el ámbito rural como en algunos ámbitos industriales, lo que genera desigualdades importantes.

La situación derivada del COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización, poniendo de relieve nuestras fortalezas y las carencias en ese aspecto. En los períodos con restricciones de la movilidad, se ha reafirmado la capacidad de las redes de telecomunicaciones para cubrir una situación extrema de conectividad, con incrementos respecto a 2019 de hasta el 50% en voz fija, del 30% en voz móvil y de un 50% en tráfico de datos móviles. A la vez, se ha consolidado el uso de los servicios audiovisuales como fuente de ocio y entretenimiento; se ha incrementado significativamente el teletrabajo, y se ha impulsado la digitalización de la educación, con un cambio radical de métodos y contenidos. Por contra, la falta de conectividad y de equipos adecuados ha impedido a miles de alumnos y empresas avanzar en su día a día, por mencionar solo algunas carencias.

Desafío inmediato. Las actuales circunstancias han hecho retomar la necesidad de abordar con urgencia los retos digitales pendientes, con el fin de asegurar la accesibilidad de toda la sociedad a las oportunidades que proporciona la nueva economía digital.

Ese será el principal objetivo de España Digital 2025, una agenda que recoge cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos para impulsar la transformación digital del país en los próximos cinco años.

La puesta en marcha de este ambicioso plan requerirá una inversión total de unos 140.000 millones de euros. Entre 2020 y 2022 están previstas reformas estructurales a las que se destinarán 70.000 millones de euros, 20.000 de los cuales procederán de fondos públicos (15.000 millones corresponden a los instrumentos comunitarios de financiación del Plan de Recuperación Next Generation EU) y 50.000 serán aportados por el sector privado.

Fruto de este esfuerzo, en 2025 toda la población dispondrá de una conectividad digital adecuada, lo que cerraría la brecha existente entre las poblaciones rurales y urbanas. También se espera que España siga liderando el despliegue del 5G en Europa y que en el año 2025 el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para esta tecnología.

Otra prioridad será mejorar las competencias digitales de los trabajadores porque la revolución digital tendrá un enorme impacto en el mercado laboral, con el surgimiento de nuevas profesiones y la desaparición de otras muchas. La sociedad deberá estar preparada para no quedarse fuera de esta transición. Se pondrá especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la brecha digital en la educación. La meta es que dentro de cinco años, el 80% de los españoles tengan competencias digitales básicas y que la mitad de ellos sean mujeres.

Al mismo tiempo, se seguirá avanzando en la digitalización de las Administraciones Públicas en ámbitos clave como el empleo, la justicia y las políticas sociales. Se prevé que en 2025 el 50% de los servicios públicos estén disponibles a través de app móvil, simplificando así la relación de la ciudadanía y las empresas con los organismos públicos.

Cambio empresarial. La digitalización de la economía requiere la transformación de las empresas, especialmente las pymes, con inversión en nuevas tecnologías y la formación de su personal, para lograr aumentar su productividad y rentabilidad. Este es un desafío prioritario tanto para España como para Europa porque, según el DESI 2020 (Índice de Economía y Sociedad Digital publicado por la Comisión Europea el pasado mes de junio), en 2019 sólo un 17% de las pymes europeas utilizaron servicios en la nube, un 12% analizaron los macrodatos y un 17,5% vendieron productos o servicios online.

España, comparada con la media de la UE, presenta un nivel aceptable en equipamiento digital de las empresas, pero necesita potenciar el comercio electrónico, sobre todo en las micropymes de menos de 10 empleados, que representan el 93% del tejido empresarial. La meta de España Digital 2025 es que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 del comercio electrónico.

Será necesario también transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial. El objetivo es que el 25% de empresas españolas utilicen inteligencia artificial (IA) y big data dentro de cinco años. En nuestro caso, el hecho de contar con el español como uno de los idiomas más hablados del mundo es una buena oportunidad para el desarrollo de una IA con aplicaciones en todos los mercados hispanohablantes. Por otro lado, se calcula que el hecho de optimizar los datos ahorraría 90.000 millones de euros a la industria manufacturera mundial.

Radar COVID. Esta app gratuita se puede descargar en el teléfono móvil desde la App Store de Apple (usuarios de iPhone) o desde Google Play (usuarios de móvil con sistema Android). Además, tanto Apple como Google han integrado en sus sistemas operativos la posibilidad de recibir notificaciones de exposición al COVID-19 sin tener que descargar la app.

Informe España Digital 2025. Gobierno de España. Principales medidas y retos de este programa.

Estrategia Europea de Datos. Comisión Europea. Programa para convertir a la UE en líder de una sociedad impulsada por los datos. La creación de un mercado único de datos permitirá que estos fluyan libremente por la UE y entre sectores, en beneficio de las empresas, los investigadores y las administraciones públicas.

Sociedad Digital en España 2019. Fundación Telefónica. Informe que recoge los indicadores y las principales tendencias que conforman el grado de evolución de la transformación digital de nuestro país.

Todo lo anterior deberá ir acompañado de medidas que apoyen a los emprendedores, ayuden a consolidar las start-ups y atraigan a un número creciente de trabajadores extranjeros. En un contexto en el que el teletrabajo se impone cada vez más, España es un destino que ofrece calidad de vida a los ciudadanos de otros países, que podrán instalarse aquí y trabajar en remoto, sin importar dónde estén localizadas sus empresas. Al igual que el turismo extranjero es vital para nuestra economía, la llegada de profesionales extranjeros que elijan España como lugar de residencia sería otro espaldarazo decisivo.

Modelo productivo. Además, la agenda digital española prevé acelerar la digitalización del modelo productivo mediante el desarrollo de proyectos tractores de transformación digital en sectores estratégicos como el agroalimentario, la movilidad, la salud, el turismo, el comercio y la energía.

En el sector agroalimentario se impulsará la digitalización del sector primario, se reforzará la seguridad alimentaria y se adoptarán modelos más productivos. El análisis de datos relativos a las cosechas, las simientes y el uso de los fertilizantes pueden hacer que la agricultura sea más eficiente. Solo con estas prácticas, la Comisión Europea estima que los agricultores podrían ganar 225 euros más por hectárea.

En el campo de la salud se incrementará la calidad de la sanidad agilizando los sistemas de información y fomentando la interoperabilidad de los datos de forma segura.

La movilidad evolucionará hacia un modelo más sostenible, atendiendo a las nuevas necesidades de la sociedad y favoreciendo la colaboración multisectorial.

Otro sector en el que hay depositadas grandes expectativas es el audiovisual. Si ya en los últimos años se había convertido en una actividad estratégica y en un bien de consumo generalizado en el ocio, la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha reafirmado su protagonismo, al proporcionar a los ciudadanos numerosas alternativas de entretenimiento para aliviar el confinamiento.

España cree que ahora es un buen momento para afianzar su liderazgo como plataforma audiovisual europea, lo que generaría negocio y puestos de trabajo. Nuestro país ha empezado a dar pasos en esta dirección con proyectos como la Ciudad de la Tele situada en Tres Cantos (Madrid), donde Netflix ha instalado su central de producción europea. De hecho, esta plataforma de entretenimiento ha llegado a manifestar su deseo de que España sea el hub audiovisual de Europa. La meta marcada en la agenda digital del Gobierno es incrementar un 30% la producción audiovisual para el año 2025.

Cómo beneficia una sociedad digitalizada a los ciudadanos

Mejores diagnósticos y tratamientos médicos. Acceso a distancia y seguro a los expedientes sanitarios personales para una investigación, diagnosis y tratamiento más rápidos y focalizados.
Identidad digital de confianza. Más privacidad personal, menos fraude e interacciones más rápidas con organismos públicos y empresas.
Agricultura más respetuosa con el medio ambiente. Alimentos de mejor calidad usando menos plaguicidas, fertilizantes, combustible y agua, gracias a la inteligencia artificial, los datos y el 5G.
Menor impacto climático y ahorro económico. Reducción de la factura energética gracias a los sistemas inteligentes de calefacción y aire acondicionado, y a las redes eléctricas inteligentes.
Equipos electrónicos de mayor duración. Dispositivos electrónicos más duraderos y que pueden actualizarse y reciclarse con facilidad.

Fuente: Configurar el Futuro Digital de Europa. Comisión Europea.

Diez metas digitales para España en el año 2025

Meta	Línea de base 2020	2025
1 Cobertura de población con más de 100 Mbps	89%	100%
2 Espectro preparado para 5G	30%	100%
3 Personas con competencias digitales básicas*	57%	80%
4 Aumento de especialistas en ciberseguridad, IA (inteligencia artificial) y Datos	-	20.000
5 Servicios públicos disponibles en app móvil	<10%	50%
6 Contribución comercio electrónico al volumen de negocio de las pymes	<10%	25%
7 Reducción de las emisiones CO₂ por digitalización	<10%	10%
8 Aumento de la producción audiovisual en España	-	20%
9 Empresas que usan IA y big data	<15%	25%
10 Carta nacional sobre derechos digitales	No	Sí

*La mitad de los porcentajes de población formada en competencias digitales básicas deberán ser mujeres.

Fuente: España Digital 2025. Gobierno de España.

Los décimos de la UE-28 en competitividad digital

El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020, que mide la evolución digital de los 28 Estados de la Unión Europea, sitúa a España en la décima posición. Los mejor posicionados son Finlandia, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos.
El DESI mide cinco indicadores del rendimiento digital de Europa: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. España es la segunda de la UE-28 en servicios públicos digitales y la quinta en conectividad. Únicamente está por debajo de la media europea en capital humano.

Transición ecológica. España espera que la digitalización reduzca un 10% las emisiones de CO2 en 2025. También Europa trabaja para que las tecnologías digitales ayuden a alcanzar la neutralidad climática en 2050, que es el objetivo establecido en el Pacto Verde Europeo.

Para lograrlo, hay que reducir la huella de carbono del sector de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), que representan entre el 5% y el 9% del consumo de electricidad y son responsables de más del 2% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La Comisión Europea advierte que, si no se controla, la huella de las TIC podría llegar a alcanzar el 14% de las emisiones mundiales de aquí a 2040.

La buena noticia es que el uso adecuado de las tecnologías puede reducir hasta siete veces las emisiones del sector de las TIC y hasta un 15% las emisiones mundiales. La inteligencia artificial, la supercomputación y los datos agrupados permitirán mejorar los análisis y la toma de decisiones sobre la crisis climática y el medio ambiente.

La estrategia europea y española contempla además medidas que favorezcan la economía circular que implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para extender su ciclo de vida. Por ejemplo, alargar un año la vida útil de todos los teléfonos inteligentes de la UE reduciría las emisiones de CO2 en 2,1 millones de toneladas al año de aquí a 2030, lo que equivale a retirar un millón de automóviles de las carreteras.

Para los consumidores, son bienvenidas las regulaciones que ayuden a reparar y a conservar más tiempo sus dispositivos. Una reciente encuesta del Eurobarómetro confirma que el 64% de los usuarios desean conservar sus dispositivos digitales entre 5 y 10 años.

Contra la pandemia. Aunque los expertos aseguran que estamos solo en los comienzos de la revolución digital, son muchos los cambios que las tecnologías digitales han hecho en nuestro estilo de vida. También estamos comprobando su utilidad en la lucha contra el COVID-19.

Una de las novedades surgidas durante la pandemia ha sido las aplicaciones móviles de seguimiento y advertencia de contactos contagiados. En nuestro país la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España ha diseñado Radar COVID, una app que avisa del posible contacto que se ha podido tener en los últimos 14 días con una persona infectada.

Radar COVID garantiza que ningún usuario puede ser identificado o localizado porque no hay datos registrados y todo el proceso se desarrolla en su teléfono sin salir hacia ningún servidor. La aplicación utiliza la conexión Bluetooth del terminal, a través de la cual los móviles emiten y observan identificadores anónimos de otros teléfonos que cambian periódicamente. Cuando dos terminales han estado próximos durante al menos 15 minutos y a menos de dos metros de distancia, ambos guardan el identificador anónimo emitido por el otro.

Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de COVID-19 tras realizarse un test PCR, decidiría si dar su consentimiento para que, a través del sistema de salud, se pueda enviar una notificación anónima. De esta forma, los móviles que hayan estado en contacto con el paciente recibirán un aviso sobre el riesgo de posible contagio y les facilitarán instrucciones sobre cómo proceder.

Tanto el uso de esta herramienta como la comunicación de un posible contagio serán siempre voluntarios. En España, está aún en una fase incipiente y es pronto para valorar su eficacia, pero su éxito dependerá de que la descargue un gran volumen de población y de que el mayor número de personas con PCR positivos colaboren informando del resultado de su prueba.

Paralelamente, para aprovechar al máximo el potencial de este tipo de aplicaciones, la Comisión Europea está desarrollando un servicio de interoperabilidad, que vinculará las aplicaciones nacionales en toda la UE. Esto permitirá que aplicaciones como Radar COVID sigan funcionando en los países de la UE con total seguridad. Con los casos en aumento nuevamente, esta pasarela europea complementará otras medidas como el aumento de las pruebas y el rastreo manual de contactos.

Garantías. Sin duda, nos encontramos ante un escenario lleno de oportunidades pero también de incertidumbres. No sabemos cómo afectará la digitalización a las relaciones laborales o a nuestra privacidad, ni si nuestro marco ético y jurídico es suficiente o necesitará ajustes.

Casi con seguridad, habrá que redefinir algunos derechos y obligaciones. España Digital 2025 intentará anticiparse a esta realidad con la elaboración de una Carta de Derechos Digitales, que formule con un lenguaje actual los derechos de ciudadanía y empresas en el mundo digital, y que garantice los recursos necesarios para que todas las personas puedan integrarse plenamente.

En todo caso, la digitalización no solo es un proceso imparable sino completamente necesario para aumentar la productividad y ayudar a la recuperación económica. Según un documento de trabajo publicado por la Comisión Europea en febrero de 2020, la implantación de tecnologías digitales podría incrementar el PIB un 1,1% hasta el año 2030 en los estados de la UE-28.

Referente internacional

España aspira a ser uno de los países más ciberseguros del mundo, para lo cual deberá incrementar su resiliencia ante los incidentes cibernéticos e incrementar la formación de talento. De aquí a 2025 se propone contar con 20.000 especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial (IA) y datos gracias a la actividad de entidades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Además, sobre la base del ecosistema empresarial creado en el entorno del INCIBE, se potenciará la participación de España en diferentes iniciativas internacionales, como la candidatura para albergar el futuro Centro Europeo de Ciberseguridad. En la misma línea, el Centro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, ubicado en Quart de Poblet (Valencia), trabaja para ser reconocido como un referente mundial en ciberseguridad, entre otros aspectos.

El estado de la transformación digital en España

Fortalezas	Debilidades
Infraestructuras de calidad ● Despliegue de fibra óptica ● Cobertura de banda ultrarrápida ● Disponibilidad 5G ● Centro de supercomputación de Barcelona ● Infraestructuras de transporte	Capital humano ● Competencias digitales básicas ● Especialistas TIC ● Internet en escuelas ● Poca capacidad para atraer talento ● Falta de uso por escaso interés o conocimiento
Servicios públicos digitales ● Datos abiertos ● Servicios sanitarios digitales ● Administración electrónica	Pymes ● Solo el 31% de las micropymes tienen web. El 25% no tienen internet
Grandes empresas digitalizadas	I+D ● Bajos niveles inversión ● Pocos investigadores en TIC ● Moderada innovación
Ciudades inteligentes ● De 165 ciudades en el ranking mundial, EEUU tiene 14 y España 12
Ciencia ● Alto número de titulados STEM* ● Potencia en producción científica
Ciberseguridad ● Servidores seguros ● 5º país de la UE y 7º del mundo

*STEM (por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics. En castellano, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Fuente: España Digital 2025. Gobierno de España.

«Digitalización: el riesgo de quedarse atrás», por David Cano Martínez

EL ESCAPARATE

DAVID CANO MARTÍNEZ

socio de Analistas Financieros Internacionales

@david_cano_m

Digitalización: el riesgo de quedarse atrás

La situación económica de cualquier país es el resultado de muchas variables y circunstancias. Algunas son “no buscadas”, como la posición geográfica o los recursos naturales; otras son fortuitas. Pero la fortaleza o debilidad de una economía también dependen, y de forma muy relevante, de las decisiones tomadas por parte de las autoridades. Por acción o por omisión.

En el siglo XIX los responsables chinos rechazaron la innovación tecnológica del momento: el ferrocarril. El grave error provocó un retraso en el desarrollo económico de las siguientes décadas. Conscientes de aquello, los mandatarios de los últimos 40 años han priorizado el liderazgo del país en la “Cuarta Revolución Industrial”, la vinculada al big data, al internet de las cosas (IoT), a la inteligencia artificial (IA), al blockchain, al 5G, a la computación cuántica, a la ciberseguridad o a la nanotecnología. China es ya, en varios de estos frentes, el líder mundial, habiendo superado a EEUU[1]. Y, desde luego, a Europa, que ha decidido defender a sus ciudadanos de uno de los efectos negativos de esta ola disruptiva: la pérdida de privacidad[2]. Mientras aquí pensamos en los daños colaterales, nos vamos quedando atrás en esta nueva “guerra fría”, ahora tecnológica, entre EEUU y China[3]. Y la brecha económica se amplía.

Y en este entorno surge el coronavirus que, en muchos campos (entre ellos el que nos ocupa), no supone tanto un punto de inflexión como una aceleración de las tendencias previas. Pero sirve (o debe servir) para algunos como un “despertador” a la nueva realidad. Riiiiiiinnnnng. La inteligencia artificial es útil para evitar (o minimizar) los contagios y, con ello, reducir los confinamientos y, en consecuencia, sortear el impacto negativo sobre la economía. Piensan que regulando (y, en este caso, evitando el desarrollo de la IA) están protegiendo al ciudadano ¡y resulta que es todo lo contrario: le están infligiendo un daño sanitario y económico! Riiiiiiinnnnng. La digitalización puede ser una de las palancas más eficaces de crecimiento económico en los próximos años. Puede ser uno de los caminos más rápidos para salir de la crisis económica. Puede ser la mejor alternativa para esa reformulación de la economía española tan en boca de todos ahora que “nuestro modelo” es vulnerable. Despertemos. Parece que esta vez sí lo vamos a hacer. Y con el apoyo de la Unión Europea (una nueva lección de las ventajas de estar dentro de un grupo más grande[4]).

«Existe un claro consenso en que el impacto económico del confinamiento se ha amortiguado por el desarrollo tecnológico»

Porque el pasado 21 de julio los dirigentes de la UE alcanzaron un acuerdo sobre el Next Generation UE, un conjunto de medidas extraordinarias que, con un monto de 750.000 millones de EUR (390.000 en subvenciones y 360.000 en préstamos), tiene como objetivo la “reconstrucción después de la pandemia de COVID-19”[5] y que ayudará en las transiciones ecológica y digital. “Ecológica y digital”. He aquí los dos ejes que deben vertebrar cualquier plan de crecimiento. Respecto al primero, en esto sí, Europa ha tomado la delantera en una necesaria concienciación sobre la sostenibilidad del planeta tierra. Otra de las lecciones del COVID19 es que hay que hacer más caso a los científicos. Venían advirtiendo de los riesgos de una zoonosis como la que, parece, se ha producido y que ha provocado un confinamiento y una crisis económica que serán coyunturales. Pero, ¿qué pasaría si por el cambio climático una región queda inundada por el mar de forma definitiva? ¿O si se transforma en un desierto? ¿O si pierde la fertilidad de sus tierras y bosques? El daño no sería temporal, sino estructural. Sirva el drama que estamos viviendo como advertencia de lo que puede pasar y la motivación para priorizar que la reactivación económica tenga una orientación sostenible.

Y el otro eje del plan de recuperación, que es el que aquí nos ocupa, debe ser la digitalización. Pero, ¿qué entendemos por digitalización? Este concepto ha evolucionado, de tal forma que creemos necesario detallarlo. Porque digitalización ya no es “usar internet”. Esa podría ser la acepción de hace una década. Ahora se entiende por digitalización una nueva manera de hacer las cosas, es decir, una disrupción. Ya no consiste en una evolución (una innovación) más o menos lineal, sino en un cambio (un salto exponencial) que implica una transformación radical del modelo productivo o de negocio. Pongo un ejemplo: Uber o Cabify son una innovación. Un coche conducido de forma autónoma que te recoja y te lleve al aeropuerto es una disrupción.

Los dos programas dentro del Next Generation EU que están vinculados al desarrollo tecnológico son Horizonte Europa y Fondo InvestEU. Con un presupuesto conjunto de 10.600 millones de euros están inscritos en Mercado único, innovación y economía digital (cuyo monto total es de 132.800 millones de euros).

Horizonte Europa es el futuro Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE para 2021-2027 (es la prolongación del programa Horizonte 2020). En consecuencia, es la iniciativa principal de la UE para el fomento de la investigación y la innovación desde la fase conceptual hasta la introducción en el mercado y sirve de complemento a la financiación nacional y regional.

InvestEU, propuesto por la Comisión Europea en junio de 2018, busca agrupar la financiación del presupuesto de la UE en forma de préstamos y garantías bajo una misma estructura. En la actualidad, existen 14 instrumentos diferentes que contribuyen a apoyar la inversión de la UE, de los cuales, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) es el principal. La CE propone aprovechar el éxito del modelo del FEIE y las economías de escala mediante la fusión de todos los instrumentos. Al atraer las inversiones públicas y privadas, la CE espera que el fondo InvestEU movilice más de 650 000 millones de euros en inversiones adicionales en toda la UE entre 2021 y 2027.

En sendos programas se remarca la idoneidad de la colaboración entre la iniciativa pública y privada. La crisis de la COVID-19 también ha servido para avivar el debate en torno al papel que deben jugar el Estado y las empresas privadas. Los dos planteamientos más extremos cuentan con defensores y detractores en el espectro de la ideología política. Y a los dos esta crisis les ha aportado argumentos para defender su posición, pero también para ser criticados. ¿Acaso no significa esto que debemos quedarnos con lo constructivo, es decir, que los dos modelos son posibles y que lo importante es que convivan? Pocas dudas para defender el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los trabajadores de la sanidad pública (por ejemplo). El caos al que habríamos asistido en caso de que años atrás se hubieran impuesto las posiciones más liberales habría sido dramático. Al mismo tiempo, existe un claro consenso en que el impacto económico del confinamiento se ha amortiguado por el desarrollo tecnológico. Y el impulso de éste ha estado vinculado, con mucha diferencia, a la empresa privada. Por la extensión de este artículo no puedo profundizar más en este aspecto, pero creo que el lector se hace una idea de lo que quiero transmitir: el tejido empresarial con capital propiedad de agentes diferentes al Estado es imprescindible, más en aquellos sectores más dinámicos; el sector público también es imprescindible, claro. La colaboración es el mejor camino. En todos los frentes, también en la financiación. Y ojalá se dinamicen alternativas de inversión y financiación como son los mercados de capitales, los fondos de capital riesgo o figuras como los business angels, por ejemplo.

«Mientras aquí pensamos en los daños colaterales, nos vamos quedando atrás en esta nueva “guerra fría”, ahora tecnológica»

Una última reflexión sobre la digitalización y, por extensión, sobre todos los avances tecnológicos que suponen una disrupción: ¿qué impacto tiene sobre la desigualdad? Los dos vértices son: “desigualdad de uso” y “desigualdad de renta”. En el primer caso, existen ejemplos muy claros. Por ejemplo, la digitalización del sistema financiero. Imaginemos la desaparición total de oficinas físicas bancarias y del dinero en efectivo (en línea con lo comentado antes, serían ejemplos de disrupción, no tanto de innovación). Sendos escenarios derivan en la obligatoriedad del uso de dispositivos electrónicos para, por ejemplo, consultar el saldo de la cuenta corriente, realizar un pago e, incluso, solicitar una hipoteca[6]. ¿Tienen el 100% de los ciudadanos acceso a estos dispositivos? ¿Saben utilizarlos? Si la respuesta es no, bien sea por una cuestión de renta o de localización de su residencia, por ejemplo, se produce una desigualdad. ¿Qué sucedería si se implantara la formación 100% a distancia en los colegios e institutos?

La otra desigualdad, la de “renta”, tiene que ver con las diferencias en la retribución del factor trabajo. Es obvio que a medida que se digitaliza la economía se requieren otros atributos en la mano de obra. Los más clásicos (y más abundantes) ya no se necesitan y su retribución cae. A cambio, se incrementa el precio de las capacidades que ahora se requieren. Atención, porque no sólo nos referimos a los tecnológicos, que también, sino a los más humanos, a los más propios de las relaciones personales. Cuanta más inteligencia artificial, más inteligencia emocional[7].

Consideramos que, al igual que sucede con la sostenibilidad, en el debate sobre el avance tecnológico se debe incorporar el ingrediente desigualdad. Pero con un enfoque diferente. No creo que se deba limitar el desarrollo por sus implicaciones negativas, sino articular mecanismos de compensación. La digitalización está provocando un aumento de la desigualdad, pero renunciar a ella generaría una mayor, en especial frente a los países que han apostado por ella y la están implantando. No sólo EEUU sino, como hemos señalado, China, que no quiere repetir el error de hace 150 años que supuso un lastre durante tres generaciones.

[1] Para un análisis en profundidad del liderazgo de China en ámbitos como, por ejemplo, 5G, ver Sendagorta, F. “Estrategias de poder”. Deusto.

[2] Ver Llaneza, P. “Datanomics”. Deusto. Y una reseña de Cano, D. en https://elalcazardelasideas.blogspot.com/2019/07/big-good-data.html

[3] Ver Moreno, L. y Pedreño, A. “Europa frente a EEUU y China. Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial”. Y una reseña de Cano, D. en http://www.afi-inversiones.es/b70.html

[4] Por caer fuera del ámbito de este artículo no voy a entrar en los beneficios para la economía española de su pertenencia al euro, pero estoy seguro de que para el lector son obvios, a tenor de evolución reciente de variables clave como la prima por riesgo de la deuda pública.

[5] Literal, lo que es la confirmación del drama económico que hemos sufrido, con una caída del PIB de entre el 5% y el 20%.

[6] Que un ahorrador de Francia pueda prestar dinero a una empresa en Alemania, sin ningún intermediario financiero, gracias al blockchain y a la capacidad de conocimiento mutuo de las partes (credit scoring) derivada del big data y de la inteligencia artificial es otro ejemplo de disrupción. Es obvio el impacto en el modelo de negocio de un banco tradicional; e incluso de una Fintech.

[7] http://www.empresaglobal.es/EGAFI/contenido/1946069/1601149/cuanta-mas-ia-mas-ie.html?bol=1816694-202003011155

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