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EN SU PUEBLO no hay cable y mucho menos fibra; allí solo pueden usar el internet móvil y limitado al 2G. Así explicó Alexei Dudoladov en su facultad la peculiar maniobra que realizaba cada día para poder bajarse el material docente y lograr unos cuantos minutos de clase. Estudiante de Ingeniería, este joven siberiano de 21 años se encarama diariamente a un abedul de 10 metros para captar la señal, descargarse los vídeos y seguir las clases por Zoom. Su tenacidad convierte ese árbol en una suerte de símbolo para los territorios apartados y el mundo rural sobre la necesidad de ser dotados de cobertura total y de una alta calidad en materia de conexión a internet y telefonía móvil.
España no es Siberia pero, a pesar de registrar una densidad media de población relativamente moderada, el 55% de nuestro territorio está escasamente poblado con densidades inferiores a 12 habitantes por kilómetro cuadrado.
La llamada España vaciada no parecía ofrecer perspectiva alguna de futuro hasta que la pandemia introdujo una corriente a favor de la vida fuera de las ciudades. Son muchos los que, tras sentir el agobio del confinamiento en pisos o apartamentos y las limitaciones perimetrales urbanas, han vuelto los ojos hacia esos pueblos pequeños que languidecen y donde las casas y el suelo no valían casi nada. El prestigio emergente del mundo rural constituye una extraordinaria ventana de oportunidad para repoblar aquellos territorios abandonados y hacer de la necesidad virtud.
Hay otros vectores que empujan este deseable renacimiento de los pueblos proyectando un porvenir económico antes inimaginable. La creciente demanda de productos agrícolas junto a la imperiosa necesidad de proteger el medioambiente obliga a buscar ideas innovadoras que aprovechen la tecnología digital para introducir en el sector agrario los métodos más vanguardistas de producción, lo que operaría una auténtica revolución en el campo. Son herramientas que introducen el Big Data, para lo que resulta esencial la recolección de datos que permita realizar predicciones y asesorar con precisión a los productores sobre la materia prima con la que trabajan obteniendo información del mercado, el clima y los suelos. Técnicas que determinarán un cambio generacional atrayendo a la agricultura a gente más joven y preparada interesada en optimizar la producción de alimentos y en formas de explotación más sostenibles y ecológicas libres de elementos químicos y pesticidas. Es obvio que la introducción de estos nuevos instrumentos digitales tiene un coste más que considerable, pero su financiación encaja a la perfección en la filosofía de la Unión Europea para la concesión de fondos que estimulen la digitalización y el uso de energías verdes.
El relevo generacional en el ámbito rural se considera estratégico por el Gobierno de la nación cuyo ministro de Agricultura, Luis Planas, se declara convencido de que la producción de alimentos en España puede incrementarse de forma extraordinaria hasta convertirse en uno de los grandes pilares de nuestra economía y de generación de nuevas empresas y empleos de alta cualificación. Para ello el sector ha de buscar nuevos mercados fuera de la UE, sobre todo en China y Estados Unidos, sin dejar de ser la gran huerta de Europa.
En esa tarea también desempeñará un papel fundamental la agricultura digital. Una de las funciones de la Oficina del Dato, tal y como se recoge en la orden de creación del departamento que se encargará de diseñar las estrategias del Gobierno en materia de Big Data, es precisamente la creación de espacios de intercambio de información entre ciudadano, empresas y la Administración, además de desarrollar un Centro de competencia de analítica avanzada. Teniendo a su disposición esos instrumentos, esa nueva agricultura podría operar en las mismas condiciones de competitividad que quienes trabajan desde las ciudades.
“Asistimos a una ocasión única de revertir la adversidad de la pandemia.
Los datos encenderían una auténtica revolución rural”
Es obvio que nada de esto será posible de no avanzar de forma decisiva en la extensión del acceso a internet de banda ancha dotando de redes de fibra óptica hasta el último y más remoto rincón del país. Ello facilitará la práctica del “teletodo” en zonas inmensas de nuestra geografía hasta ahora yermas por ser incompatibles con las exigencias de los actuales modos de vida. El teletrabajo, la teledocencia, la telemedicina o la telecompra cambiarán radicalmente el escenario anterior reduciendo al mínimo la demanda de movilidad de las personas, aunque no de las mercancías que, en cambio, tenderán previsiblemente a crecer. Se hará, por tanto, necesaria la construcción de infraestructuras de transporte complementarias basadas en la sostenibilidad, contribuyendo al deseable equilibrio territorial.
En un reciente Foro sobre ingeniería y obra pública, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Mauricio Gómez Villarino, director de la Consultora IDOM, planteaba la conveniencia de conectar los ámbitos de influencia de las metrópolis hasta unos 100 kilómetros de las mismas. Proponía, en concreto, la construcción de un anillo M‐100 que enlazara las provincias de Toledo, Ávila, Segovia, Guadalajara y Cuenca, y hacer lo propio en la Serranía Celtibérica, ese enorme espacio entre Madrid, Valencia, el País Vasco, Zaragoza y Cataluña. Operaciones, en definitiva, destinadas a rescatar del ostracismo las zonas despobladas y claramente susceptibles de ser financiadas con los Fondos de Recuperación de la Unión Europea.
Asistimos pues a una ocasión única de revertir la adversidad de la pandemia poniendo en valor más de la mitad del territorio nacional conjurando su paulatino abandono y degradación. Esto es lo que convierte en estratégico el acceso a la banda ancha y la inmersión de toda nuestra geografía en el 5G. Los datos encenderían una auténtica revolución rural y nadie en España tendría que subirse a un abedul.
La evaluación de la efectividad difiere del análisis sobre el cumplimiento técnico, pues consiste en comprobar la idoneidad de la implementación de las recomendaciones, e identificar si se están logrando, o en qué medida, los resultados definidos, que son fundamentales para un sólido sistema contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Por lo tanto, el enfoque de la evaluación de la efectividad analiza la medida en que el marco legal e institucional produce los resultados previstos.
EL pasado 15 de noviembre los notarios eligieron a los miembros de las juntas directivas de sus colegios notariales para los próximos cuatro años.
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