El pasado 28 de abril, ¿estaba en la notaría cuando se produjo el apagón?

Si estaba en la notaría, y precisamente estaba terminando de redactar una escritura, con lo cual lo percibí al instante.

¿Pudo seguir atendiendo a los clientes? ¿Cómo se organizaron?

Sí, pude seguir atendiendo a la mayoría de los clientes, ya que procuro tener impresas las escrituras antes de que estos lleguen. Autoricé varias declaraciones de herederos, poderes, compraventas sin financiación bancaria, permisos de viaje, etc.

“SOLO EN ALGUNOS CASOS, LOS BANCOS, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A LOS REGISTROS, NO QUISIERON FIRMAR”

Solo en algunos casos, los bancos, ante la imposibilidad de acceder a los registros, no quisieron firmar y lo tuvimos que posponer, dado que no recibíamos las notas registrales actualizadas. Los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles estuvieron cerrados tanto el 28 como el 29 de abril, incluso a pesar de que la ley dice que en caso de problemas tecnológicos se puede enviar la información por fax; todo lo relacionado con los registros fue bastante caótico.

Tengo entendido que nada más volver la luz les fue posible trabajar con normalidad dado que los sistemas centrales del Notariado estuvieron prestando servicio en todo momento. ¿Es así?

Sí, así fue. Los servicios funcionaron incluso antes de abrir la notaría. Yo llego muy temprano. A las 8.15 horas ya estaba en el despacho y solo quedaban pendientes algunos detalles de ámbito local que quedaron resueltos rápidamente tras una llamada.

Incluso pudimos enviar copias electrónicas autorizadas de las escrituras públicas a otros compañeros a través de nuestro Centro Tecnológico.

Ustedes custodian actualmente los protocolos notariales tanto en versión papel como digital. ¿Fue útil seguir disponiendo de los protocolos en papel?

Claro que fue útil tener el protocolo en papel, pues es el soporte que nunca falla. Cualquier consulta que hubiera que hacer de protocolos anteriores se pudo seguir haciendo, lo que facilitó nuestro trabajo en esos momentos. Creo que es fundamental e imprescindible tenerlo, no solo por los posibles apagones, sino porque es el soporte más seguro e inalterable que hay con el paso del tiempo.

¿Cree que el Centro Tecnológico estuvo a la altura de las circunstancias?

Sí. Creo que el Centro Tecnológico estuvo funcionando a la altura de las circunstancias, incluso más que a la altura de las circunstancias. Y desde luego, si comparamos con otros organismos similares, la respuesta ha sido más que buena. Aunque también tengo que resaltar la labor de la presidenta del Consejo General del Notariado, que nos ha tenido bien informados en todo momento.

Me han comentado que el 28 incluso se desplazó fuera de la notaría para prestar un servicio. ¿En qué consistió?

Sí. Tenía que ir a un hospital a atender a una persona que estaba grave, para firmar unos documentos; fui al hospital y pudimos fírmarlos.

Los ahorros que tienen en los bancos las entidades locales han aumentado cerca de un 125% desde 2016, manteniendo un crecimiento sostenido en los últimos años. Esta situación tiene su origen en 2011, cuando se aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución Española (“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. […] Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. […]”), cuyos principios fueron desarrollados posteriormente en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se introduce así “una regla muy exigente para las corporaciones locales, que no pueden tener déficit, ni siquiera un 0,1%”, explica César Martínez Sánchez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, y subdirector del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cabe recordar que las reglas fiscales de la Unión Europea (UE) instan a que todos los Estados miembros tengan un déficit inferior al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda inferior al 60% del PIB. La legislación española impone a las entidades locales un déficit del 0% y un endeudamiento máximo del 3%, requisitos que en 2024 han logrado sobradamente tras registrar un superávit del 0,3% y situar su endeudamiento en el 1,4% del PIB. Este porcentaje dista mucho de las cifras de otras Administraciones públicas, ya que en el cuarto trimestre de 2024 la deuda de la Administración central era del 93,6% del PIB y la de las comunidades autónomas del 21,1% del PIB.

LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA IMPONE A LAS ENTIDADES LOCALES UN DÉFICIT DEL 0% Y UN ENDEUDAMIENTO MÁXIMO DEL 3%, ALGO QUE HABITUALMENTE HAN CUMPLIDO

“A diferencia del resto de Administraciones públicas, las Administraciones locales han cumplido estas normas casi siempre, algo que no han hecho ni el Estado ni las comunidades autónomas”, recuerda César Martínez.

Por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid cerró el año 2024 con un superávit de 483 millones de euros y desde 2019 tiene un superávit acumulado de 1.108 millones de euros.

Varias causas. Esta circunstancia atípica en la que los municipios acumulan más depósitos bancarios que deuda se debe a tres razones, según explica César Martínez Sánchez. La primera es que se ha cumplido la regla del equilibrio presupuestario. La segunda es la regla del gasto, “una regla adicional según la cual el gasto no puede superar la referencia que marca cada año el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. De este modo, aunque un municipio tenga ingresos suficientes para incrementar su gasto un 7%, no puede hacerlo porque hay un límite que persigue que tenga superávit”. En tercer lugar, está el destino obligatorio del superávit. “Este dinero prácticamente solo se puede destinar a amortizar la deuda de forma anticipada. Como las Administraciones locales han tenido superávits recurrentes, hay muchos municipios que no tienen deuda o que la han rebajado muchísimo”.

Estos factores han dado lugar a un saneamiento en las cuentas de las corporaciones locales que aporta oxígeno al resto de Administraciones, pero, a juicio de César Martínez, esto no tiene sentido. “No puede ser que los ayuntamientos tengan decenas de miles de millones en los bancos”.

LOS AYUNTAMIENTOS SE QUEJAN DE ESTAR
OBLIGADOS A DESTINAR SU SUPERÁVIT BÁSICAMENTE A LA AMORTIZACIÓN DE DEUDA

Sin cambios en 2025. Todo apunta a que de momento se mantendrán estos criterios. El Ministerio de Hacienda ha indicado que en 2025 el subsector local y cada entidad local individualmente tendrán que registrar equilibrio presupuestario o superávit, y el objetivo de deuda pública se fija en el 1,3% del PIB.

A su vez, la variación del gasto computable de las entidades locales, al igual que para el resto de las Administraciones públicas, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, que será del 3,2% en 2025.

En cuanto al superávit presupuestario de 2024, deberá destinarse a reducir deuda en 2025, siempre con el límite del volumen de endeudamiento. Con respecto a este punto, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha manifestado su contrariedad con la nota técnica remitida por el Ministerio de Hacienda a los alcaldes, en la que “nos prohíbe usar el dinero del superávit logrado el ejercicio anterior para las inversiones que se consideran financieramente sostenibles y nos obliga a destinarlo tan solo a amortización de deuda”.

LA PRESIDENTA DE LA FEMP INSISTE EN QUE ES URGENTE ACTUALIZAR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL Y GARANTIZAR LA AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS

Reformas. En realidad, las corporaciones locales llevan años pidiendo que se revise el modelo vigente. La presidenta de la FEMP insiste en que es urgente actualizar el sistema de financiación local y garantizar la autonomía de los ayuntamientos. Considera que las entidades locales siguen operando con una legislación obsoleta y un sistema de financiación que no se ha revisado desde 2002, lo que supone un obstáculo para atender las crecientes demandas de los ciudadanos. También reclama al Gobierno contar con Presupuestos Generales del Estado, una ley necesaria para que los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells puedan disponer de recursos y transferencias de capital que permitan aprobar sus cuentas y sacar adelante sus principales proyectos. “Los ayuntamientos están perdiendo por esta situación 1.159 millones de euros”, ha señalado.

Para el profesor Martínez Sánchez la solución está en “reformar la regla del gasto para que los municipios que tengan equilibrio presupuestario y no tengan deuda puedan hacer más inversiones. Habría que crear un fondo de reserva para contingencias con aproximadamente el 30% de los gastos liquidados el año anterior. Una vez hecho esto, no habría que limitar el gasto”. Esto permitiría acometer proyectos que ahora no se pueden hacer. Desde su punto de vista, es contradictorio que un ayuntamiento tenga un superávit que no puede gastar y en algunos barrios falte una escuela infantil, por ejemplo.

La reconstrucción de los lugares devastados por la dana que atravesó España a finales de octubre de 2024, dejando graves daños sobre todo en la provincia de Valencia, es todo un desafío que exige una respuesta integral. La responsabilidad de este reto está siendo liderada por el vicepresidente para la Reconstrucción Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, y el comisionado del Gobierno, José María Ángel. Ambos han manifestado su intención de aunar esfuerzos y trabajar en sintonía.

EL COMITÉ PRESENTARÁ UNA HOJA DE RUTA A LA GENERALITAT VALENCIANA Y AL EJECUTIVO CENTRAL PARA LA RESTITUCIÓN DEL TERRITORIO VALENCIANO

Estrategia a seguir. Además, a primeros de febrero de 2025, iniciaba su andadura un comité de expertos creado por el Gobierno de España, que se reunirá periódicamente y participará en la redacción de una estrategia de reconstrucción, en la que se definirán las bases para la reactivación social y económica de las zonas damnificadas por la DANA. También tratará cuestiones a largo plazo, con propuestas para actuar ante futuras emergencias.

El comité lo forman 35 personas especializadas en derecho constitucional, prevención de riesgos, desarrollo económico e industrial, ordenación del territorio, ingeniería rural y agroalimentaria, medioambiente y emergencias climáticas, geología, infraestructuras hidráulicas, igualdad, salud mental, análisis de datos e inteligencia artificial. A ellas se suman seis colegios profesionales de la Comunitat Valenciana y la sociedad civil (colectivos sociales, empresariales, sindicales y del tercer sector). “Esto es muy positivo, puesto que la reconstrucción de un desastre de esta magnitud es un proceso multidisciplinario que abarca a toda la sociedad en su conjunto y donde tanto expertos como agentes sociales debemos retroalimentarnos para encontrar las mejores soluciones, aprender de los errores y atender a las necesidades de la población afectada, mirando siempre hacia un futuro más resiliente y sostenible”, explica una de sus componentes, Carmen Grau Vila, doctora en Historia e investigadora sobre prevención y gestión de desastres naturales en la Universidad de Waseda (Japón). “También celebro -añade- que el 40% de los miembros inicialmente convocados al comité sean mujeres. Digo inicialmente porque está abierto a nuevas adhesiones”.

En la primera reunión participaron también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; además de Francisco José Gan Pampols y José María Ángel.

ESTOS EXPERTOS DEBERÁN ELABORAR UN INFORME EN EL QUE SE DEFINIRÁN LAS BASES PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS ZONAS DAMNIFICADAS

Aportaciones. Uno de los compromisos asumidos es la elaboración de un informe técnico que sirva como hoja de ruta tanto a la Generalitat Valenciana como al Ejecutivo central para la restitución del territorio valenciano. En palabras de José María Ángel, el objetivo es «recuperar, reconstruir y rehabilitar. Para ello, debemos apoyarnos en expertos y generar un documento que nos ayude a trabajar en una dirección común».

Cada experto pondrá a disposición del comité sus conocimientos con este fin.

Enrique Cabrera Rochera, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universitat Politècnica de València ha manifestado que su trabajo en el comité pretende contribuir a la búsqueda de unas infraestructuras hidráulicas y unos servicios de agua más resilientes, así como a una modernización del ciclo integral del agua. “Todo ello con un objetivo: que, ante posibles situaciones de emergencia, el impacto sobre los ciudadanos sea el menor posible y la recuperación de los servicios básicos de agua y saneamiento tras la catástrofe se agilice al máximo”.

LOS EXPERTOS ADVIERTEN QUE ESTE TIPO
DE DESASTRES TIENDEN A PERPETUARSE Y A SER CADA VEZ MÁS FRECUENTES, LO QUE EXIGE ESTAR PREPARADOS

En el ámbito de la salud mental, uno de sus representantes es Rafael Tabarés, catedrático de Psiquiatría y Psicología de la Universitat de València, que ya ha formado parte de otros comités de expertos (fue Comisionado de la presidencia de la Generalitat Valenciana en Salud Mental durante la pandemia de la Covid-19). Tabarés destaca que la sociedad está asistiendo cada vez más, de forma directa e indirecta, a situaciones catástrofe o emergencia que repercuten en la salud física y mental, con un aumento de problemas cardiovasculares, trastornos cognitivos, ansiedad, estrés postraumático… Las personas más vulnerables, como mayores que viven solos, menores con problemas, trabajadores de emergencias y los voluntarios tienen más probabilidades de verse afectados. “Mi objetivo es señalar el impacto de todo esto en la salud física y mental para orientar la asignación de recursos. Para ello, sería necesaria la colaboración entre las distintas Administraciones implicadas: municipal, autonómica y central para conocer la prevalencia de los problemas de salud mental y física relacionados con la dana, con el objetivo de asignar recursos, planificar y poner en marcha intervenciones basadas en la evidencia”, comenta.

Planificación. La prioridad inmediata es la reconstrucción, pero a la vez hay que pensar en la prevención. Rafael Tabarés subraya que este es un aspecto fundamental porque no estamos ante una excepción. En este sentido, recuerda que algunos científicos relacionan fenómenos como la última dana ocurrida en Valencia con un cambio climático y que en la última asamblea general de la OMS se habló de la necesidad de responder a los efectos del cambio climático en la salud. “Es importantísimo empezar a estudiar con claridad el impacto de estas situaciones, que se van a perpetuar en el tiempo, en los sistemas sanitario y social. Tenemos que analizar si nuestro sistema sanitario se puede hacer cargo de situaciones como la dana”. También recomienda trabajar aspectos como la cadena de suministros, factores tecnológicos y todo lo relacionado con la prevención. “No es cuestión de crear alarmismo, pero es mucho mejor prepararse. De hecho, los planes de estudio de medicina, enfermería o psicología deberían incluir aspectos relacionados con el cambio climático, las situaciones catastróficas y la salud y el bienestar”, concluye.

Carmen Grau advierte de la importancia de anticiparse. “Me gustaría que no pase el tiempo y se olvide; que no vuelva a ocurrir en dos décadas y nos pille igual de desprevenidos. Los desastres de este tipo son cíclicos y me temo además que serán más frecuentes e intensos. Es ahora, en la reconstrucción, cuando tenemos la oportunidad de crear nuevas medidas de contención y mitigación para protegernos”. Grau apunta que hay estrategias de transmisión a las siguientes generaciones que pueden trabajarse desde las escuelas o instituciones y que en Japón salvan muchas vidas. Además, le gustaría presentar al comité modelos de otros lugares que han sido reconstruidos, como los pueblos japoneses tras el tsunami de 2011; o de EE. UU. tras el huracán Katrina de 2005. “Quiero poner sobre la mesa, pero también acercar herramientas que ayuden a los pueblos a protegerse y saber actuar, y a las autoridades a mejorar nuestros sistemas”, concluye.

Los inquilinos se enfrentan a precios que han crecido muy por encima de los salarios en las últimas décadas, especialmente en áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades. En el otro lado, los propietarios se quejan de una regulación que les genera inseguridad jurídica, lo que desincentiva que pongan sus inmuebles en alquiler.

Un reciente estudio del Banco de España señala que este contexto ha creado un círculo vicioso. Los propietarios son más reacios a alquilar, lo que reduce la oferta disponible y, en consecuencia, aumenta la presión sobre los precios.

RESOLVER EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA NO ES TAREA EXCLUSIVA DE UN ACTOR. ES NECESARIO UN ENFOQUE COLABORATIVO

La seguridad jurídica, entendida como un marco legal claro, estable y predecible que proteja los derechos de los propietarios sin menoscabar los de los inquilinos es una pieza clave. Esto incluye la garantía del cobro de rentas, la facilidad para recuperar la vivienda en caso de incumplimiento del contrato, y la certeza de que las regulaciones no cambiarán de forma abrupta.

Presión insostenible

El informe del Banco de España (BdE) señala que la presión sobre el mercado de la vivienda no proviene únicamente de la falta de oferta, sino también del incremento constante de la demanda impulsado por factores como el crecimiento demográfico, producto en gran medida de un aumento significativo en la llegada de inmigrantes; del cambio de patrones de comportamiento social de los jóvenes, que sufren una fuerte restricción de acceso al crédito hipotecario; o del creciente atractivo turístico de España, que hace que la inversión extranjera ponga sus ojos en el parque inmobiliario.

El regulador advierte que, de no tomarse medidas inmediatas para aumentar la oferta y garantizar un mercado más equilibrado, el déficit habitacional podría alcanzar niveles insostenibles. La previsión de 500.000 unidades de déficit hasta 2025 es un claro indicativo de la necesidad de políticas que incentiven tanto la construcción de nueva vivienda como la movilización de inmuebles vacíos.

Así, el Banco de España subraya que esta falta de seguridad jurídica ha tenido un impacto directo en la reducción de la oferta de vivienda en alquiler. Muchos propietarios optan por mantener sus inmuebles vacíos o venderlos en lugar de arriesgarse a enfrentarse a procedimientos largos y costosos para resolver conflictos con los inquilinos.

En este sentido, la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2024, de 14 de mayo, que prorroga cuatro años adicionales las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, ha provocado profunda inquietud entre los arrendadores. La medida destinada a proteger a inquilinos en difíciles circunstancias ha tenido, como efecto perverso, desincentivar a los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas, por miedo a enfrentarse a largos procesos legales en caso de tener que recuperar la posesión del inmueble.

LA CREACIÓN DE UN MERCADO DEL ALQUILER DINÁMICO Y SOSTENIBLE REQUIERE UNA VISIÓN A LARGO PLAZO Y UN COMPROMISO FIRME DE TODAS LAS PARTES INTERESADAS

Lograr el equilibro

El BdE sugiere que es posible encontrar un equilibrio entre la protección de los inquilinos y los derechos de los propietarios, de manera que se logre un mercado de alquiler más dinámico y accesible. Para ello, propone revisar las normativas vigentes, simplificar los procedimientos legales y, al mismo tiempo, asegurar mecanismos de protección adecuados para las partes involucradas.

En los últimos meses se han dado algunos pasos legislativos en la dirección de proteger al arrendador. En concreto, el Congreso está a punto de aprobar la llamada Ley Antiokupas (técnicamente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que convertirá en express el actual procedimiento de desalojo de ocupaciones ilegales. Este cambio consiste en añadir los delitos de allanamiento de morada (art. 202 CP) y usurpación de morada (Art.245 CP) a la LECrim, para que pasen a ser juzgados mediante un procedimiento abreviado. Es decir, los juicios que antes se extendían durante meses ahora se resolverán en un plazo máximo de 15 días y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán actuar con mucha mayor agilidad cuando se produzca uno de estos casos.

Resolver el problema de la vivienda en España no es tarea exclusiva de un actor. Es necesario un enfoque colaborativo que involucre al sector público, los propietarios, los inquilinos y las empresas privadas. El Banco de España ha señalado que garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores es un primer paso esencial, pero no suficiente por sí solo. La creación de un mercado del alquiler dinámico y sostenible requiere una visión a largo plazo y un compromiso firme de todas las partes interesadas.

El Banco de España resalta que, para que haya más viviendas en alquiler, es crucial que los propietarios perciban una estabilidad jurídica que les garantice recuperar sus inmuebles en casos de impago o mal uso de las mismas. Esta certeza legal es, según el BdE, un elemento esencial para dinamizar este mercado y evitar la especulación que surge en contextos de oferta limitada.

El informe del Banco de España pone de relieve una realidad innegable: la falta de seguridad jurídica para los arrendadores es uno de los factores clave detrás del desequilibrio del mercado de alquiler en España. La combinación de una demanda creciente y una oferta insuficiente ha llevado a un aumento descontrolado de los precios y un déficit habitacional que, de no abordarse, alcanzará proporciones críticas en los próximos y no muchos, años y por lo tanto garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores no sólo es una medida justa, sino también una estrategia necesaria para fomentar un mercado más accesible y dinámico.

EL BANCO DE ESPAÑA RESALTA QUE PARA QUE HAYA MÁS VIVIENDAS EN ALQUILER ES CRUCIAL QUE LOS PROPIETARIOS PERCIBAN UNA ESTABILIDAD JURÍDICA

En este sentido, debería estudiarse establecer medidas que ofrezcan garantías económicas a los propietarios en caso de incumplimientos contractuales; garantizar que los contratos de arrendamiento sean claros y estén protegidos por la ley; o la creación de un registro único de arrendamientos para aumentar la transparencia y proporcionar una base de datos accesible que ayude a resolver conflictos de manera más rápida y eficiente.

Proteger los derechos de los arrendadores no solo beneficiaría a los propietarios, sino que también contribuiría a estabilizar el mercado del alquiler en España, creando un entorno más seguro y atractivo para ambas partes.

Es, sin duda, este un asunto tan urgente, como complejo.

Entre los palmeros afectados, muchos no contaban con escrituras públicas que avalasen que lo perdido era suyo y para ayudarles a acreditar sus derechos y acceder a las ayudas, el Consejo General del Notariado, en colaboración con los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia, abrió tres notarías provisionales en los municipios afectados: Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

NIEVES LADY BARRETO: “GRACIAS A LA LABOR DE LOS NOTARIOS HOY PODEMOS ESTAR HABLANDO DE ABONAR A LAS PERSONAS AFECTADAS EL VALOR DE LAS PROPIEDADES QUE PERDIERON”

A estas notarías llegaron más de 50 notarios voluntarios de toda España que, tras un año de trabajo incesante, autorizaron más de mil actas de notoriedad que permitieron a los propietarios de inmuebles, fincas o negocios arrasados o sepultados por la lava demostrar que les pertenecían para el cobro de los seguros y ayudas correspondientes.

Además, según explica el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé: “Sobre muchas de estas propiedades existían construcciones sin declarar, cultivos, explotaciones ganaderas o contratos de arras, precontratos, hipotecas, y otros derechos por lo que les prestamos asesoramiento gratuito adaptado a cada caso”.

Finalizada esta labor, los más de mil documentos que los notarios autorizaron, sin coste alguno, se incorporaron en un protocolo especial que se encuentra depositado en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.

Reconocimientos. Con motivo del tercer aniversario de la erupción del volcán, el pasado mes de septiembre, en Tenerife, el Gobierno de Canarias entregó la Medalla al Mérito de la Justicia con distintivo de Oro al Consejo General del Notariado y a los colegios notariales de las Islas Canarias, Valencia y Cataluña, representados por su presidente, José Ángel Martínez Sanchiz, y sus decanos, Alfonso Cavallé, Francisco Cantos y José Alberto Marín, respectivamente. Estos tres decanos fueron los primeros notarios en acudir a la isla para instalar las notarías temporales que contaron con la tecnología y apoyo económico del Consejo General del Notariado.

Según la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que hizo entrega de las medallas: “Gracias a la labor que los notarios, de manera solidaria y desinteresada, desarrollaron en La Palma desde los primeros días de la erupción, abriendo camino en una situación tan extraordinaria como compleja, hoy podemos estar hablando de abonar a las personas afectadas el valor de las propiedades que perdieron. Así de importante y trascendente para el presente y futuro de esas personas y de toda La Palma ha sido la labor de los notarios”. Además, señaló que “toda esa experiencia acumulada en La Palma tiene el valor de ser un precedente muy valioso para futuras catástrofes”.

El Ministerio de Sanidad ha publicado su informe Actualización: Informe de necesidad de médicos especialistas en España 2023-2035, un estudio que tiene como base las proyecciones demográficas más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE) para tomarle el pulso el Sistema Nacional de Salud (SNS). Una de las principales conclusiones que arrojan los datos es que nuestro país sufre un notable déficit de profesionales de la medicina. Actualmente se necesitan 4.502 especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), una cifra que se incrementará un 22% en los próximos cinco años, hasta alcanzar un déficit de 5.496 médicos en 2029.

Los datos recogidos por Sanidad -correspondientes a 2023- contabilizan un total de 149.710 profesionales de la medicina trabajando en el SNS, que incluye los Servicios Regionales de Salud y el Ministerio de Defensa.

Ese ministerio, actualmente liderado por Mónica García, explica que la medicina familiar merece especial atención: «Por el lado de la demanda, según panel de expertos, es una especialidad que mantiene un perfil de alta necesidad tanto en el momento actual como a futuro. Por el lado de la oferta, hay fugas (quedan plazas sin cubrir y muchos médicos de familia buscan su futuro profesional en gestión, urgencias o en la red privada)», señala el informe.

LA OMC APUESTA POR PLANIFICAR LOS RECURSOS HUMANOS A LARGO PLAZO, INVERTIR EN FORMACIÓN Y CREAR INCENTIVOS POSITIVOS

Un modelo común. En cuanto a las mencionadas fugas, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) pide al Ministerio la homogeneización de ofertas de trabajo en todo el país, a fin de evitar posibles competiciones entre comunidades autónomas. En opinión de José Polo, presidente de esta entidad: “Todas las regiones deben tener los mismos planes y, a nuestro juicio, el ministerio debería coordinar los procesos para evitar posibles fugas por condiciones laborales y económicas». Semergen también denuncia problemas comunes a todas las comunidades, como la carga burocrática, que resta tiempo a los profesionales en la atención de sus pacientes.

El déficit de médicos es más notable en determinadas regiones que en otras. Según el Sistema de Información de Atención Primaria (SIAP) recogido por el ministerio en su informe, a escala estatal, la ratio se sitúa en 74 médicos de familia por cada 100.000 habitantes asignados. Castilla y León sobresale, con 97,6 facultativos (seguida por Extremadura y Aragón). En contraposición, Baleares es la peor parada, con casi 50 médicos por cada 100.000 habitantes: solo 49,7. Tras este archipiélago, tienen las menores ratios Madrid, Canarias y Asturias.

Con respecto a la pediatría, según el SIAP, España cuenta en atención primaria con 104,1 pediatras por cada 100.000 niños entre 0 y 14 años. Las mayores tasas relativas de pediatras se encuentran en Navarra, con 136; Comunidad Valenciana, 128,9; y Canarias, 125,2. En el otro extremo, La Rioja supone una excepción en este indicador, con un registro extremadamente bajo: 23,7 pediatras por 100.000 niños. Le siguen Baleares, con 85,4 por cada 100.000; Castilla León, con 87,1; y Castilla-La Mancha, 88,7. Es decir, también hay falta de pediatras a nivel nacional, algo especialmente acentuado en zonas rurales del país, aunque no solamente.

En la misma línea, en Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) ha denunciado lo que consideran una “grave situación“: se han quedado sin cubrir las 45 plazas ofertadas por la Comunidad de Madrid a los médicos MIR que acaban de terminar su especialidad. Dora Bejarano, delegada sindical de Amyts y pediatra en un centro de salud madrileño, detalla: «Son condiciones que incluyen una sobrecarga de trabajo enorme, porque en primaria hay muchas plazas descubiertas y las que no lo están, cuando hay ausencias, tampoco se cubren». La doctora indica que su agenda diaria debería tener un máximo de 20 pacientes y cuatro posibles urgencias, pero en los peores días pueden llegar a 40 “ya que no hay ningún límite a la demanda”, explica.

Desiertos médicos. La Organización Médica Colegial (OMC) habla de «desiertos médicos» en España y Europa. Argumenta que, para evitarlos, la estrategia pasa por priorizar la planificación de recursos humanos a largo plazo, invertir en programas de formación y crear incentivos positivos. Esta asociación y la entidad European Junior Doctors afirman que, pese a los esfuerzos que se están realizando por parte de la Unión Europea y los Estados miembros -para garantizar la cobertura sanitaria universal y afrontar estas carencias-, los problemas de retención de personal persisten. En este contexto, las políticas de fidelización y retención de los médicos jóvenes son una cuestión central en la política sanitaria actual y en la sostenibilidad del sistema.

SE HAN QUEDADO SIN CUBRIR LAS 45 PLAZAS OFERTADAS POR LA COMUNIDAD DE MADRID A LOS MÉDICOS MIR QUE ACABAN DE TERMINAR SU ESPECIALIDAD

Así, el representante nacional de médicos jóvenes de la OMC, Domingo Antonio Sánchez, considera fundamental “crear soluciones sostenibles que no sólo aborden la escasez inmediata de personal sanitario, sino que también contribuyan a la estabilidad y efectividad a largo plazo de los servicios de salud en España, que contribuirán a mitigar el problema de los ‘desiertos’ médicos y facilitarán a los ciudadanos un acceso equitativo a la atención sanitaria”. Y añade que “nos estamos jugando mantener los estándares de calidad y accesibilidad de nuestra joya de la corona: el sistema sanitario”.

ESPAÑA CUENTA EN ATENCIÓN PRIMARIA CON 104,1 PEDIATRAS POR CADA 100.000 NIÑOS

Como recoge en su informe el Ministerio de Sanidad, el objetivo es “conseguir el número adecuado de médicos especialistas para cada especialidad acorde a las necesidades del país”. El análisis concluye que la necesidad de médicos es muy heterogénea en función de las ramas de especialización, al igual que el atractivo de las plazas, y los autores solicitan diseñar incentivos para atraer y retener a profesionales en puestos poco demandados, de formación MIR o de ejercicio profesional. Parece necesario cambiar el marco regulatorio hacia una mayor flexibilidad y personalización de las condiciones laborales.

Según un estudio realizado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) sobre Emigración y Capital Humano, en España el saldo migratorio ha sido positivo a lo largo de las últimas décadas, pero la intensidad, e incluso el signo de ese saldo se han visto influidos por el ciclo económico. A raíz de la recesión de 2008-2014, provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria muchas personas buscaron -no siempre con éxito- mejores oportunidades laborales fuera de España. Ese proceso ha vuelto a cobrar intensidad tras la pandemia de Covid que asoló el mundo en 2020 (más de 380.000 emigrantes en 2021 y 220.000 en el primer semestre de 2022), según los datos de la Estadística de Migraciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Saldo migratorio

Se muestra, por tanto, una pérdida de capital humano en tendencia creciente desde el fin de la pandemia, impulsada por la intensificación de la emigración al exterior de la población en edad de trabajar y su elevado nivel de formación. La dinámica observada resulta preocupante de cara a poder aumentar el bienestar social en un contexto de progresivo envejecimiento demográfico y con un escenario en el que se prevén descensos acumulados del valor del capital humano per cápita cercanos al 20% hasta 2050, según refleja el informe del BBVA y el IVIE.

Según el INE el saldo migratorio de España con el exterior (la diferencia entre inmigraciones y emigraciones exteriores) fue positivo en 727.005 personas en 2022. Es el mayor saldo en los 10 últimos años.

CON LA RECESIÓN DE 2008-2014 MUCHAS PERSONAS BUSCARON TRABAJO FUERA DE ESPAÑA. ESE PROCESO HA VUELTO A COBRAR INTENSIDAD TRAS LA PANDEMIA DE COVID

Pero a la hora de calcular el impacto para la economía de este fenómeno hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Se estima el valor del capital humano midiendo su contribución a la producción presente y futura, esto es, el valor presente de las rentas brutas laborales totales esperadas de la población en edad de trabajar a lo largo del resto de su vida. El valor del capital humano depende, por tanto, de las tasas de actividad, las tasas de paro y la productividad del trabajo a lo largo de la vida, de la esperanza de vida de los individuos y de todos los factores que influyen en esos ámbitos, como los niveles de formación o la experiencia laboral. Este tipo de enfoque permite obtener una valoración monetaria del capital humano, como ya se viene haciendo desde hace tiempo con otros tipos de capital. La edad y el nivel de formación son, por tanto, dos de los factores fundamentales del valor del capital humano de las personas.

EL RITMO ACTUAL DE EMIGRACIÓN DE PERSONAS JÓVENES Y CON FORMACIÓN SUPONE UN LASTRE PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Españoles emigrantes

¿Qué características tiene el capital humano de los españoles que han emigrado? Pues casi la mitad de los emigrantes de 25 o más años de 2022 posee estudios superiores (30,1%) o estudios secundarios postobligatorios (18,8%), con el consiguiente impacto positivo en sus dotaciones de capital humano, asociado a la mayor participación laboral, empleabilidad y productividad de las personas con ese nivel de formación. Sin tener en cuenta la inversión social y familiar realizada para que estas personas alcanzaran en el sistema educativo español esa formación de excelencia. Por su parte, según el Informe Anual del Banco de España, en 2023 de los inmigrantes que llevan menos de 1 año en España, alrededor del 80%, no tiene título universitario y el 70% trabaja en puestos sin cualificación.

Por otra parte, muchos de los emigrantes son jóvenes y, por tanto, tienen por delante un amplio periodo de vida laboral durante la cual seguirán contribuyendo a la producción. Entre los emigrantes de 25 y más años, los menores de 35 años suponen en 2022 un tercio del total, un porcentaje similar al existente antes de la pandemia, mientras que los mayores de 55 años representan solo el 23,6%.

Ambos factores, formación y juventud, contribuyen a incrementar el valor presente de las rentas laborales brutas a generar en adelante y, por tanto, el valor del capital humano de los emigrantes.

El ritmo actual de emigración supone un lastre para la capacidad de producción futura de la economía española. Para la Fundación Hay Derecho “en el momento presente, casi todos los equilibrios sobre los que descansa nuestro sistema de protección se encuentran descompensados. La sostenibilidad futura de nuestro sistema de seguridad social se está convirtiendo en todo un reto realmente complejo de superar”.

En definitiva, la emigración al exterior y su intensificación reciente contribuyen a reducir el capital humano de la economía española, limitando su capacidad presente, y sobre todo futura, de generar riqueza, lo que a su vez condiciona la sostenibilidad de las finanzas públicas por la merma de los ingresos públicos.

Se trata de un fenómeno que previsiblemente incrementará la dificultad para mantener y continuar desarrollando el estado del bienestar, especialmente en un contexto de progresivo envejecimiento de la población que va a someter a fuertes tensiones la sostenibilidad del sistema de pensiones y que implicará la necesidad de dedicar cada vez más recursos al sistema sanitario y a la atención a la dependencia. Además, puede contribuir a agravar los serios problemas de relevo generacional y para cubrir vacantes que actualmente se ponen de manifiesto en cada vez más sectores y profesiones, tal como refleja el informe sobre Capital Humano y Emigración del BBVA y el IVIE.

CASI LA MITAD DE LOS EMIGRANTES DE 25 O MÁS AÑOS POSEE ESTUDIOS SUPERIORES (30,1%) O ESTUDIOS SECUNDARIOS POSTOBLIGATORIOS (18,8%)

No hay soluciones mágicas, pero promover una mayor implicación entre empresa y trabajadores, incentivar el crecimiento profesional, retribuciones adecuadas, medidas de conciliación o salario emocional de los empleados son algunas de las posibilidades. Otras medidas son de mayor compromiso del conjunto de la sociedad cual es conseguir un fácil acceso a una vivienda digna, que será un elemento indispensable según todos los expertos para fijar el capital humano.

El foro reunió a numerosos operadores jurídicos y profesionales del sector financiero, y contó con la participación de expertos en la materia y representantes de los organismos de control, que abordaron, desde la perspectiva del Derecho, la contabilidad forense y el análisis financiero, los considerables desafíos que plantea la actividad fraudulenta para las autoridades encargadas del cumplimiento de la Ley.

Manuel Tarrío, secretario del Consejo General del Notariado (CGN), dio la bienvenida a los asistentes y agradeció a la Universidad Complutense la invitación a participar en su ciclo de cursos de verano. En su intervención inaugural, Tarrío puso en valor el papel y la labor de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y su colaboración, desde hace más de 25 años, con las autoridades y administraciones públicas: “El Notariado español y su Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo están reconocidos como fuente de referencia a escala internacional, como consecuencia de la acreditada efectividad de sus métodos. Actualmente avanzamos en la exploración y el uso de técnicas de inteligencia artificial aplicadas a las acciones preventivas en esta materia”.

También, el secretario del CGN defendió la importancia de articular esta jornada en torno a la identificación del titular real, “el verdadero problema, tanto para los organismos competentes, como para los sujetos obligados, a cuya solución contribuimos desde el Notariado con la creación -en 2014- de la Base de Datos de Titularidad Real, sin duda una de las más importantes, si no la más importante, de las existentes en España”.

Herramientas legislativas.

En la primera ponencia de la sesión, Lourdes Jiménez Ramos, subdirectora general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Tesoro Público, detalló las herramientas legislativas existentes para la investigación de las estructuras jurídicas complejas e hizo un análisis de los riesgos que plantean, particularmente en el caso de los “trust” o fideicomiso anglosajón, figuras jurídicas que no pueden crearse, pero sí operar en nuestro país, y que permiten conferir el control y la administración de activos a una tercera persona sin ceder su titularidad.

“Los sujetos obligados deben tener una serie de cautelas cuando operen con los trust. Hay países muy laxos en lo relativo a las estructuras jurídicas y eso puede tener un impacto en su operación en España. En la UE la normativa preventiva se basa en la identificación del titular real, la persona física que se encuentra al final de toda la cadena, de quien debemos tener una información adecuada, precisa y actualizada”, subrayó.

Por su parte, María Belén Suárez Pantín, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, habló sobre la labor que realizan los fiscales para perseguir estos delitos de defraudación tributaria: “Complementamos el trabajo que realiza el Notariado, los Registros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o la Agencia Tributaria con los instrumentos que podemos aportar a través de un procedimiento judicial”.

Cooperación internacional

La fiscal denunció la falta de cooperación entre autoridades de distintas jurisdicciones, aquellos países reconocidos como paraísos fiscales, y puso el foco sobre las estructuras societarias utilizadas en estos entramados delictivos para ocultar bienes y activos, como las sociedades de responsabilidad limitada holandesa o ‘BV’. “Tenemos que pretender que los sistemas de intercambio de información entre países sean cada vez más agiles, que se restrinjan más las jurisdicciones opacas, y podamos ir cerrando el círculo a las conductas delictivas”, aseveró Suárez Pantín.

Francisco Martín Casares, responsable de PBC-FT de Anticipa Real Estate (Blackstone Group), mostró varios casos prácticos de operaciones con activos inmobiliarios y puso de manifiesto las dificultades que surgen a la hora de identificar a los titulares reales en el proceso de diligencia debida -investigación previa a la firma de contratos-.

El representante del grupo inmobiliario avaló el trabajo de los analistas de los sujetos obligados, especialmente en un sector como el suyo, “de pretendida incursión de financiación ilícita, tanto en la compraventa de activos, como en cancelaciones hipotecarias”. Sobre las operaciones con criptoactivos, Martín Casares abogó por requerir toda la documentación de las transacciones a los intervinientes.

Finalmente, el representante del SEPBLAC llamó a seguir reforzando los mecanismos de control y las exigencias normativas, al hilo de la nueva legislación europea contra el blanqueo, que armoniza las normas en toda la UE y pretende acabar con las deficiencias que aprovechan los defraudadores. “Es complicado cumplir los estándares mínimos exigibles en materia de prevención del riesgo. Tenemos por delante dos retos de difícil consecución: por una parte, la identificación del titular real y, en última instancia, la recuperación de activos ilícitos: hoy solo se puede recuperar un 0,3%”, concluyó.