Entrevista a Juan Ramón Flames Omarrementaría, ceo de Bolsas y Mercados Españoles

EN ESTE PAÍS

JUAN RAMÓN FLAMES OMARREMENTARÍA

CEO DE BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

“Es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social”

FERNANDO GEIJO
Licenciado en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y con una vasta trayectoria en los mercados internacionales de capitales y una amplia experiencia en el campo de la banca de inversión, Juan Flames es desde mediados de noviembre de 2024 el nuevo consejero delegado y responsable de Mercados de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Una doble función que le afianza como una de las indiscutibles voces de referencia en nuestro país a la hora de analizar el presente y futuro de la Bolsa en España.

Desde su nombramiento como consejero delegado, ¿cuáles han sido las prioridades estratégicas para BME y qué avances destacaría?

Mi absoluta prioridad es hacer crecer el negocio, en el marco del plan Scale Up 2027 del Grupo SIX -empresa suiza de infraestructura de mercado financiero-, que busca reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes en los tres próximos años. Queremos estar cerca de nuestros clientes y ofrecerles los mejores servicios y esa es nuestra guía diaria.

También es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social. Cuando lanzamos en enero del año pasado el libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, que incluía 56 medidas concretas, dimos un paso adelante para impulsar este necesario debate junto al resto del sector. Tras ese informe llegaron otros, como los realizados por Draghi, Letta o el de la OCDE, y todos coinciden en lo esencial: el fortalecimiento de los mercados de capitales es imprescindible para reforzar la posición competitiva de Europa en el mundo y para financiar la transición hacia una economía sostenible.

Sin duda, otra de mis prioridades, en línea con lo anterior, es impulsar las salidas a Bolsa. La Bolsa es el mejor lugar para que las empresas accedan a financiación recurrente y obtengan visibilidad y reputación. Para ello hemos llevado a cabo distintas medidas como el refuerzo de nuestro Entorno Pre Mercado, que prepara a las compañías que quieren dar el salto a la Bolsa; la incesante llegada de nuevas empresas a los mercados de crecimiento de BME (BME Growth y BME Scaleup); nuestra reciente alianza con EsTech para atraer a los mercados de capitales a los unicornios del futuro y, la más reciente, el lanzamiento, fruto de un trabajo conjunto con la CNMV, de BME Easy Access, una nueva modalidad de salidas a Bolsa que aporta flexibilidad a las compañías y que ha sido muy bien recibida por el sector.

¿Cómo está afrontando BME los desafíos que plantea la creciente digitalización de los mercados financieros, especialmente frente al auge de plataformas alternativas y criptomonedas?

En primer lugar, creemos que la competencia es siempre positiva, porque nos hace mejores. Así que no es algo que nos preocupa, sino que nos ocupa.

Respecto a la digitalización, es uno de nuestros principios rectores. Nosotros pensamos que las infraestructuras de los mercados de capitales, y SIX es la tercera mayor de Europa, están en una posición excelente para liderar la transformación digital del sector. Si algo dejan claro empresas e inversores es que quieren que avancemos en materia de innovación y en la oferta de nuevos activos, pero siempre manteniendo la seguridad y confianza que ofrecemos los mercados. Y ese es nuestro objetivo, siempre atendiendo las necesidades de nuestros clientes.

Son numerosos los proyectos innovadores a través de los que canalizamos nuestro compromiso con la digitalización. Por poner sólo dos de los ejemplos más recientes, mencionaré nuestra inversión en OpenBrick, una plataforma digital pionera en España de valores inmobiliarios tokenizados, y nuestra participación en el programa de experimentación del Banco Central Europeo (BCE) para la liquidación de operaciones de pago utilizando tokens digitales, en la que reunimos a parte de la comunidad financiera española. Desde nuestra posición, nos gusta aglutinar los esfuerzos del sector y aunar fuerzas en el campo de la digitalización. Tenemos mucho que decir desde España.

 

“LA BOLSA ES EL MEJOR LUGAR PARA QUE LAS EMPRESAS ACCEDAN A FINANCIACIÓN RECURRENTE Y OBTENGAN VISIBILIDAD Y REPUTACIÓN”

 

En España está creciendo el interés por la inversión minorista. ¿Qué está haciendo BME para acercar el mercado de valores a los pequeños inversores?

Traer de vuelta a la Bolsa a los inversores minoristas es una de nuestras prioridades. Las familias llegaron a controlar a finales de 1998 el 35,1% de la Bolsa española, en pleno proceso de privatizaciones, y a cierre de 2023 ese porcentaje estaba en el 16,4%.

Evidentemente, debe existir una protección para los inversores minoristas, pero existe un consenso en el sector en relación con la existencia en los últimos años de una sobrerregulación que ha alejado a los minoristas de la Bolsa. En un momento, además, en el que se acerca a activos de mucho más riesgo y menos garantías.

En BME vemos con muy buenos ojos el proyecto de crear una cuenta de ahorro e inversión europea, al estilo de la cuenta sueca, que tiene una fiscalidad muy ventajosa. Es fundamental que los ahorradores pasen a ser inversores, y en ese objetivo la Bolsa debe situarse en el centro.

 

“EXISTE UN CONSENSO EN EL SECTOR EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE UNA SOBRERREGULACIÓN QUE HA ALEJADO A LOS MINORISTAS DE LA BOLSA”

 

En un contexto de incertidumbre económica global, ¿cuáles son los sectores en España que más potencial tienen desde la óptica del mercado de capitales?

No nos corresponde a nosotros como gestores de los mercados de capitales señalar a determinados sectores por encima de otros. Con carácter general, el tejido empresarial español es muy innovador. De hecho, contamos con compañías punteras y líderes mundiales en distintas áreas de actividad. Para nosotros es importante que la Bolsa sea el reflejo de la economía, en este caso, la española. Por eso es tan positiva, por ejemplo, la fuerte presencia de compañías con perfiles digitales e innovadores en los mercados de crecimiento de BME. Sin olvidar la llegada al mercado principal de empresas que abren nuevos sectores como es el caso de Puig, que debutó el año pasado, u otras de sectores bandera de la economía española como el turismo, representado por HBX, el gran estreno bursátil de lo que llevamos de año.

¿Qué papel juega BME en la promoción de la sostenibilidad y la inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza)?

Es fundamental para nosotros y forma parte de nuestra estrategia. Tenemos un compromiso firme con la sostenibilidad desde nuestro doble rol, como gestores de los mercados de capitales y como compañía. Como empresa, trabajamos para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, contribuir a la mejora de la sociedad y garantizar un entorno de trabajo igualitario. Estamos comprometidos con ello y entendemos que la sostenibilidad no es una moda, sino algo que forma parte de nuestra cultura corporativa.

Como gestores de los mercados de capitales, promovemos las finanzas sostenibles con medidas como la creación de índices de sostenibilidad como el IBEX ESG o el IBEX Gender Equality, además de acoger en nuestros mercados de renta fija emisiones sostenibles. Sólo el año pasado, en nuestros mercados y plataformas de renta fija se admitieron a negociación 65 emisiones de renta fija verdes, sociales y sostenibles por un importe total de 89.386 millones de euros, de los que casi 9.300 millones de euros correspondieron a emisores españoles. También aquí, los mercados de capitales están en una posición central.

Otro pilar de nuestro compromiso con la sostenibilidad es nuestra promoción de la educación financiera, que canalizamos a través de Instituto BME y de Braindex. Estamos convencidos de que una sociedad con una buena cultura financiera es una sociedad mejor preparada y que toma mejores decisiones de ahorro e inversión.

¿Considera que el actual marco regulatorio en España es favorable para atraer a más empresas a Bolsa? ¿Qué reformas serían necesarias?

Como defendemos en nuestro libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, es importante que todos los actores implicados tomemos conciencia de la importancia estratégica de la Bolsa como un asunto de Estado. En este sentido, todas las medidas regulatorias o fiscales que incentiven la llegada de nuevas empresas a la Bolsa serán siempre bienvenidas. Fortalecer los mercados de capitales es algo que pasa, en gran medida, por hacer crecer el número de cotizadas, y ese es un empeño colectivo por el bien de todos.

En este campo, me gustaría destacar BME Easy Access, la nueva modalidad de salida a Bolsa, que hemos desarrollado junto a la CNMV y tras escuchar al conjunto del sector. En esencia, la principal novedad que aporta este nuevo procedimiento es que permitirá la admisión directa de las acciones en los mercados regulados sin la exigencia de obtener una distribución mínima, o free float, con carácter previo a la admisión. De esta forma se favorece la planificación de las empresas y se evita el riesgo de que circunstancias ajenas a la compañía frustren la operación.

 

“VEMOS CON MUY BUENOS OJOS EL PROYECTO DE CREAR UNA CUENTA DE AHORRO E INVERSIÓN EUROPEA”

 

¿Cómo imagina el futuro de BME en los próximos cinco años y qué legado le gustaría dejar como consejero delegado?

Creo que es importante volver a poner a los mercados financieros en el centro de la economía del país; que la Bolsa vuelva a estar de moda. Estoy muy contento con el equipo profesional de BME y con nuestra posición. Pienso que podemos seguir contribuyendo de manera decidida a reforzar la financiación empresarial, ofrecer alternativas a los inversores y, en conjunto, impulsar la economía. A cinco años vista quiero una Bolsa con más empresas cotizadas de todos los tamaños y sectores, con más presencia de inversores minoristas y pionera en la digitalización del sector.

En su amplia trayectoria profesional ha estado fuertemente vinculado al sector financiero. ¿Qué lecciones ha aprendido de esa experiencia y cómo las aplica en su rol como consejero delegado?

Creo que es enriquecedor haber pasado por distintas posiciones y áreas dentro del sector financiero, porque contribuye a tener una visión global. La gran constante a lo largo de mi trayectoria, que sin duda aplico también a mi labor como consejero delegado de BME y como responsable de Mercados Primarios de SIX, es mantener siempre el foco puesto en los clientes. Debemos escuchar y atender sus necesidades, estar siempre muy cerca de ellos. Es uno de los pilares de la estrategia del grupo SIX Scale Up 2027, con el que buscamos impulsar nuestra ambición comercial, reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes.

 

“LOS NOTARIOS JUEGAN TAMBIÉN UN PAPEL PROTAGONISTA EN EL SISTEMA FINANCIERO EN SU CONJUNTO”

 

La intervención del notario proporciona seguridad jurídica y mejora la confianza del sistema financiero. ¿Podrían de algún otro modo contribuir los notarios a la estabilidad de estos mercados?

 Por supuesto. Los mercados de capitales son como una orquesta; no es un solista. Es decir, necesitamos al conjunto de la comunidad: empresas, inversores, despachos de abogados, asesores, bancos, gestoras de activos… Para que el mercado funcione bien es clave contar con todo tipo de instrumentos convenientemente afinados y, por supuesto, los notarios juegan también un papel protagonista en el sistema financiero en su conjunto.

HUELLA DIGITAL

JUAN Flames es un directivo con un perfil muy activo en Linkedin, la red social profesional por excelencia.

El equipo de la Dirección de Comunicación de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ofrece, además, en el portal de la institución información relevante sobre la actividad del consejero delegado, así como de su perfil profesional.

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Presión fiscal sobre las ganancias de capital

EN ESTE PAÍS

PRESIÓN FISCAL SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo.

ELVIRA ARROYO
España está entre los países europeos que más gravan las ganancias de capital en los tramos más altos. Frente a quienes defienden que esta presión fiscal debería reforzarse para las personas que ganan más, se abre el debate de si una tributación muy elevada puede desincentivar la venta de activos o la inversión en un momento en el que la Unión Europea apuesta por financiar proyectos estratégicos con el ahorro de sus habitantes.

El dinero ganado con la venta de acciones, un fondo de inversión o una vivienda; los dividendos que reparten las empresas a sus accionistas; o los intereses que el banco paga por un depósito o una cuenta de ahorro, son ejemplos de ganancias de capital que tributan en el IRPF.

 

DESDE 2019, EL IMPUESTO MÁXIMO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN ESPAÑA HA SUBIDO 7 PUNTOS

 

En España, se aplica por estos conceptos un tipo impositivo progresivo, con diferentes porcentajes según la cantidad de renta obtenida. En los últimos años, el incremento ha sido significativo, sobre todo en los tramos más altos, pasando de un tipo máximo del 23% en 2019 al 30% vigente en 2025 para las ganancias de capital superiores a 300.000 euros. Según Tax Foundation Europe, España es el séptimo país europeo con el tipo impositivo más alto para las rentas de capital.

Novedades. La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, introdujo modificaciones que afectan a la escala del ahorro desde el 1 de enero de 2025. Concretamente, se eleva del 28% al 30% el tipo del último tramo de la escala del ahorro (ganancias que exceden los 300.000 euros) para los contribuyentes que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que estén acogidos al régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español.

También, desde el 1 de enero de 2025, se ha modificado la escala que se aplica a la parte de la base liquidable del ahorro para determinar la cuota íntegra estatal, elevándose el tipo del último tramo del 14% al 15%.

Este tipo de medidas aumentan los impuestos para quienes más ganancias obtienen de su capital, algo que han reivindicado formaciones políticas como Sumar, que defiende equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo subiendo los tipos impositivos en las franjas más altas del IRPF.

 

EUROPA PRESENTA UN SISTEMA IMPOSITIVO MUY DIVERSO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL QUE VIENE DETERMINADO POR LA CONCEPCIÓN FISCAL DE CADA PAÍS

 

Otros países. La mayoría de los países desarrollados gravan las ganancias de capital, pero el tipo impositivo y las reglas exactas (porcentajes progresivos, la posibilidad de desgravación por tenencia prolongada o exenciones) dependen de la legislación local.

España está en un nivel relativamente alto de tributación sobre los beneficios obtenidos por la venta de activos o por la inversión del dinero, aunque está muy por debajo de Dinamarca, que aplica un tipo máximo del 42% o Noruega, con un 37,8%. En el lado opuesto, Rumanía aplica el tipo más bajo, del 1%, seguida de Moldavia con el 6% y Bulgaria con el 10%.

Además, Tax Foundation Europe destaca que varios países europeos, entre los que se encuentran Bélgica, República Checa, Suiza, Eslovenia o Luxemburgo, no gravan las ganancias de capital por la venta de acciones mantenidas a largo plazo.

Se trata, por tanto, de un sistema impositivo muy diverso determinado por la concepción fiscal de cada país. Queda claro que los beneficios obtenidos por la venta de un activo a un precio mayor que el precio de compra o los réditos que aportan el dinero ahorrado o invertido deben tributar, aunque el criterio para definir la carga impositiva no es uniforme.

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo en detrimento de la inversión. Del mismo modo, si la venta de activos conlleva pagar muchos impuestos, la opción más cómoda es no vender.

En España las rentas del capital mobiliario mantienen una tendencia creciente, a pesar de que en el primer trimestre de 2025 se ha frenado el ritmo, tras registrar una subida del 8,3%. Este dato dista bastante de los ascensos de dos dígitos observados los últimos tres años (26,5% en 2022, 15,9% en 2023 y 45,3% en 2024), según señala la Agencia Tributaria.

 

LA UNIÓN EUROPEA NECESITA PARA 2030 ENTRE 750.000 Y 800.000 MILLONES DE EUROS ADICIONALES PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

 

Proyectos europeos. Sin embargo, las autoridades europeas consideran que el ahorro puede ser una importante fuente de financiación para determinados proyectos. De hecho, en marzo de 2025 la Comisión Europea presentó la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca generar oportunidades financieras para los ciudadanos de la UE, mejorando la capacidad para conectar el ahorro con inversiones productivas.

El objetivo es crear un ecosistema de financiación que beneficie la inversión en objetivos estratégicos de la UE, como el cambio climático, los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas geopolíticas. Se calcula que para sacar adelante estos retos se necesitarán entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para 2030, cifra que se ve aún más afectada por la ampliación de las necesidades de defensa. Gran parte de estas están relacionadas con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas innovadoras, que no pueden depender únicamente de la financiación bancaria. Mediante el desarrollo de mercados de capital integrados, SIU puede conectar eficazmente ahorro e inversión.

De este modo, habrá nuevas alternativas para los ahorradores que deseen potenciar su patrimonio y se fomentará el crecimiento de las empresas europeas.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta específica para recabar información sobre los obstáculos que puede haber para la integración de los mercados de capitales en la UE. Al mismo tiempo, se ha establecido un calendario de actuaciones para implantar la SIU. Como primer paso, en el tercer trimestre de 2025 se definirán las cuentas de ahorro e inversión de la UE y una estrategia de alfabetización financiera.

Más recaudación de IRPF por ganancias patrimoniales

Los ingresos totales por el IRPF en España alcanzaron los 129.408 millones en 2024, un 7,6% más que el año anterior. La mayor parte de este impuesto procede de los rendimientos del trabajo, pero en 2024 las ganancias patrimoniales registraron un avance superior al 22%, según la Agencia Tributaria. Este crecimiento se atribuye, por un lado, a las ganancias procedentes de los fondos de inversión, que, tras dos años de caídas, crecieron un 79,3% en 2024 hasta alcanzar los 3.550 millones.

Por otro lado, en las ganancias no sujetas a retención, ligadas fundamentalmente a las ventas de inmuebles y a la evolución de la cotización de las acciones, se prevé un incremento del 17% en 2024.

Tasas sobre las ganancias de capital en Europa
País

Tasa máxima de impuesto sobre las ganancias de capital para personas físicas

Austria 27,5%
Bulgaria 10%
Dinamarca 42%
Finlandia 34%
Francia 34%
Alemania 26,4%
Irlanda 33%
Italia 26%
Países Bajos 36%
Noruega 37,8%
Polonia 19%
España 30%
Suecia 30%
Reino Unido 24%
PARA SABER MÁS

Impuesto sobre las ganancias de capital en Europa. Incluye mapa interactivo con evolución 2019-2025. Tax Foundation Europe.

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Informe mensual de recaudación tributaria. Abril de 2025. Agencia Tributaria.

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Iniciativa europea Unión de Ahorros e Inversiones (Savings and Investments Union, SIU). Conectando ahorros e inversiones productivas. Comisión Europea.

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“La fiscalidad de las rentas del capital”, porDavid Cano Martínez

EN ESTE PAÍS

DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

“Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente”

La fiscalidad de las rentas del capital

De forma simplificada, podemos afirmar que hay dos grandes factores productivos: el trabajo (“L”) y el capital (“K”). El primero hace referencia a las horas dedicadas para desarrollar una determinada tarea, mientras que el segundo engloba el suministro de recursos para que se pueda materializar ese trabajo. Y un agente puede aportar capital tanto de forma directa (es decir, “poniendo” dinero) como de forma indirecta (“pone” una máquina o una nave industrial, por ejemplo).

Tanto L como K exigen una contraprestación económica (tienen un precio), que estará en función de muchas variables. Igual que es obvio (y justo) que no todos los trabajadores reciban la misma remuneración por hora, tampoco un mismo euro invertido debe obtener la misma rentabilidad. Cuanto más riesgo asuma un capital, más rendimiento debe recibir.

A partir de aquí, como sucede con los rendimientos del trabajo, entra en juego el sistema tributario. Este impone un pago vía impuestos justificado por el uso de la infraestructura, de funcionarios y, en general, de todos aquellos recursos por los que no se ha pagado de forma explícita para obtener el rendimiento. Este se somete a tributación por dos conceptos adicionales: financiar otros gastos del Estado y redistribución generalizada. Sí, todo rendimiento de cualquiera de los dos factores debe pagar impuestos.

Se inicia el debate, clave para determinar cuál debería ser la cuantía del tipo de gravamen de las rentas: ¿cómo se estiman los precios de esos recursos que se han utilizado?, ¿Qué parte del rendimiento se debe destinar a pagar otros conceptos que no son capaces de financiarse por sí solos dado que son deficitarios? y, ¿qué parte del rendimiento debe redistribuirse?

Como economista gestor de carteras y fondos de inversión, rechazo la afirmación de que “las rentas del capital deben grabarse más que las rentas del trabajo dado que el inversor no ha hecho ningún esfuerzo por conseguirlo”. Discrepo porque el “esfuerzo” no debe medirse por la intensidad física o las horas dedicadas sino, en el caso del capital, por el riesgo asumido en la inversión. Estamos en una economía en la que cada vez se necesita más factor capital (dinero) que esté dispuesto a invertir a más largo plazo y asumiendo más riesgo. Es generalizada la reivindicación de la creación de más empresas, de más startups tecnológicas, de más industria… Y no puedo estar más de acuerdo. Pero ¿quién está dispuesto a asumir el riesgo que implica invertir en el capital de esas empresas y proyectos? Ahí es cuando las voces se callan o bajan su volumen. Adaptando lo que dijo Unamuno: ¡Que arriesguen ellos!

Es muy fácil exigir que sean los demás los que asuman el riesgo con su capital (y, además, que paguen muchos impuestos por las rentas que generan). Pero es mucho más difícil hacerlo. Por ello, el riesgo, igual que el esfuerzo, se debe remunerar de forma extra. Y es eso lo que suele suceder, según nos enseñan tanto la teoría financiera como la evidencia. A más riesgo, más rentabilidad. Creo que es muy importante dejar claro este principio que pretende defender que obtener rentas del capital no es tarea fácil ni de corto plazo y que, a la hora debatir su tributación, se debería distinguir entre quien asume riesgo y quien no, entre quien invierte a corto plazo y quien lo hace a largo plazo.

Porque igual que soy un claro defensor de que un capital que asume riesgo obtenga una elevada rentabilidad (y tenga un tratamiento fiscal ventajoso, sobre todo si está invertido a largo plazo) considero que el ahorro (es decir, aquel que no asume riesgo porque está materializado en un depósito bancario o en una Letra del Tesoro) debe tener un reducido rendimiento. A ello contribuye, por cierto, la política monetaria del BCE, imponiendo tipos de interés nominales por debajo de la inflación. Insisto mucho en esta frase: si el ahorrador quiere obtener una rentabilidad real positiva (es decir, una rentabilidad nominal por encima de la inflación), es imprescindible que asuma riesgo. Si no lo hace, el precio que tendrá que pagar por ello es perder poder adquisitivo.

Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente. Podemos debatir sobre si existe falta de oferta disponible del factor trabajo para determinados puestos y momentos a un determinado salario. Pero es un hecho que hay déficit de oferta de capital dispuesto a asumir riesgo (más aún sometidos como están los bancos a una normativa de solvencia que les impiden asumir riesgos). Es una realidad que se está incrementando la demanda de capital para financiar proyectos con mayores incertidumbres sobre su rendimiento (inteligencia artificial, computación quántica, baterías, impresión 3D, biotecnología, etc.). Más demanda que no encuentra correspondencia en la oferta, al menos en Europa.

Por ello, resulta imprescindible mantener un debate sobre cuál debe ser la fiscalidad de las rentas de capital, basado en los elementos que he tratado de exponer. Defiendo, como ya he manifestado, una fiscalidad ventajosa para aquel capital que asume riesgo a largo plazo y que lo hace en proyectos que incrementen la productividad y el crecimiento de la economía. Además, defiendo la fiscalidad ventajosa de los vehículos de inversión porque de esa forma se incentivará otro de los principios en los que más creo: la diversificación. Si queremos conseguir una sociedad más inversora debemos incentivar el mejor tratamiento fiscal de las rentas del capital si se consiguen a través de vehículos de inversión diversificados y, más aún, si estas rentas se alcanzan en períodos prolongados del tiempo (por encima de los 5 y, especialmente, 10 años).

“Los fondos de pensiones como dinamizadores del crecimiento”

El Notariado: un servicio esencial en momentos de crisis

EN ESTE PAÍS

EL NOTARIADO: UN SERVICIO ESENCIAL EN MOMENTOS DE CRISIS

Los notarios prestan un servicio esencial, como ya se puso de manifiesto durante la pandemia por el coronavirus, cuando permanecieron abiertas todas las notarías. Por las oficinas notariales pasan a diario miles de personas para la elevación a público de acuerdos, contratos o actos de gran importancia para sus vidas. Esta realidad volvió a ser evidente durante y tras el reciente apagón eléctrico. Los notarios y los profesionales de sus despachos y de su Centro Tecnológico continuaron trabajando el 28 y el 29 de abril gracias a que fue posible mantener activos los servicios centrales de la corporación y retomar la normalidad en la mayoría de las notarías nada más recuperarse el suministro. Como ejemplo de lo ocurrido esos días hemos entrevistado a una notaria y a un profesional del Centro Tecnológico del Notariado.
REDACCIÓN
Carmen Boulet, notaria de Madrid

“Incluso pudimos enviar copias electrónicas autorizadas de las escrituras públicas a otros compañeros a través de nuestro Centro Tecnológico”

Carmen Boulet.

El pasado 28 de abril, ¿estaba en la notaría cuando se produjo el apagón?

Si estaba en la notaría, y precisamente estaba terminando de redactar una escritura, con lo cual lo percibí al instante.

¿Pudo seguir atendiendo a los clientes? ¿Cómo se organizaron?

Sí, pude seguir atendiendo a la mayoría de los clientes, ya que procuro tener impresas las escrituras antes de que estos lleguen. Autoricé varias declaraciones de herederos, poderes, compraventas sin financiación bancaria, permisos de viaje, etc.

 

“SOLO EN ALGUNOS CASOS, LOS BANCOS, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE ACCEDER A LOS REGISTROS, NO QUISIERON FIRMAR”

 

Solo en algunos casos, los bancos, ante la imposibilidad de acceder a los registros, no quisieron firmar y lo tuvimos que posponer, dado que no recibíamos las notas registrales actualizadas. Los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles estuvieron cerrados tanto el 28 como el 29 de abril, incluso a pesar de que la ley dice que en caso de problemas tecnológicos se puede enviar la información por fax; todo lo relacionado con los registros fue bastante caótico.

Tengo entendido que nada más volver la luz les fue posible trabajar con normalidad dado que los sistemas centrales del Notariado estuvieron prestando servicio en todo momento. ¿Es así?

Sí, así fue. Los servicios funcionaron incluso antes de abrir la notaría. Yo llego muy temprano. A las 8.15 horas ya estaba en el despacho y solo quedaban pendientes algunos detalles de ámbito local que quedaron resueltos rápidamente tras una llamada.

Incluso pudimos enviar copias electrónicas autorizadas de las escrituras públicas a otros compañeros a través de nuestro Centro Tecnológico.

Ustedes custodian actualmente los protocolos notariales tanto en versión papel como digital. ¿Fue útil seguir disponiendo de los protocolos en papel?

Claro que fue útil tener el protocolo en papel, pues es el soporte que nunca falla. Cualquier consulta que hubiera que hacer de protocolos anteriores se pudo seguir haciendo, lo que facilitó nuestro trabajo en esos momentos. Creo que es fundamental e imprescindible tenerlo, no solo por los posibles apagones, sino porque es el soporte más seguro e inalterable que hay con el paso del tiempo.

¿Cree que el Centro Tecnológico estuvo a la altura de las circunstancias?

Sí. Creo que el Centro Tecnológico estuvo funcionando a la altura de las circunstancias, incluso más que a la altura de las circunstancias. Y desde luego, si comparamos con otros organismos similares, la respuesta ha sido más que buena. Aunque también tengo que resaltar la labor de la presidenta del Consejo General del Notariado, que nos ha tenido bien informados en todo momento.

Me han comentado que el 28 incluso se desplazó fuera de la notaría para prestar un servicio. ¿En qué consistió?

Sí. Tenía que ir a un hospital a atender a una persona que estaba grave, para firmar unos documentos; fui al hospital y pudimos fírmarlos.

David Sánchez, director de Explotación y Sistemas del CTNotariado

“En los dos Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado se garantizó la continuidad de suministro eléctrico”

David Sánchez

¿Cuáles fueron las prioridades de actuación del Centro Tecnológico del Notariado ante el apagón?

Hubo dos líneas de trabajo que se activaron en cuanto se tuvo conocimiento de que el apagón tenía alcance en toda la península. Por un lado, garantizar la puesta en marcha de los sistemas de continuidad en el Centro de Proceso de Datos (CPD), y por otro, el soporte a las notarías que sufrieron problemas derivados del apagón.

¿Cómo aseguraron que los servicios centrales de la corporación notarial siguieran funcionando durante el apagón?

En los dos Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado se garantizó la continuidad de suministro eléctrico mediante dos mecanismos. En primer lugar, gracias a los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida, que, apoyados en baterías, regularon y mantuvieron los niveles de tensión eléctrica para los servidores que ejecutan los servicios utilizados por la corporación notarial. En segundo lugar, activamos los generadores eléctricos que, alimentados por motores diesel, suministraron la energía que las compañías eléctricas no pudieron proporcionar debido al apagón.

 

“LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS DESDE LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS DEL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO FUE DEL 100%”

 

¿Qué papel desempeñó el equipo de Sistemas durante esa jornada crítica?

El equipo de sistemas desempeñó un papel clave gracias a su labor de prevención, basada en revisiones y pruebas periódicas, que garantizó la efectividad de los planes de contingencia. Durante el apagón, se ajustó la configuración de los CPD para reducir el consumo eléctrico sin interrumpir el servicio, y se gestionó con varios proveedores la obtención de suministros adicionales ante la posibilidad de que la situación se prolongara.

El trabajo se organizó en dos grupos: uno de cinco personas, encargado de verificar el estado de los equipos técnicos instalados en las casi 3.000 notarías conforme se restablecía el suministro, y de prestar soporte ante posibles incidencias; y otro de cuatro personas, centrado en asegurar el funcionamiento continuo de los CPD. La jornada del día 28 concluyó pasada la una de la madrugada, y el día 29 se reanudó a las 5:30 de la mañana para revisar el estado de las notarías y facilitar su operatividad desde primera hora.

Gracias a estas medidas, ¿qué grado de operatividad tuvieron las notarías al día siguiente del apagón?

La disponibilidad de los servicios proporcionados desde los Centros de Proceso de Datos del Consejo General del Notariado fue del 100%. Las incidencias detectadas se debieron a problemas en sistemas de terceros organismos con los que mantenemos integraciones.

El día 29 se registró un volumen inicial de unas 230 notarías con incidencias relacionadas con problemas en la red de comunicaciones y con el apagado abrupto de sistemas informáticos. A mediodía, el número había descendido hasta aproximadamente 110, finalizando la jornada con tan sólo 35 notarías pendientes de resolución.

En contraste con otras organizaciones a las cuales el apagón afectó de forma importante, el trabajo preventivo y constante que realiza el Centro Tecnológico del Notariado permitió asegurar las prestaciones tecnológicas para que las notarías pudieran tener la tranquilidad de dedicarse a prestar su servicio a los ciudadanos con garantías.

Entrevista a Andres Díez Galilea, decano del Colegio de Ingeniería Geomática y Topográfica

EN ESTE PAÍS

Díez Galilea afronta su cuarta legislatura como decano del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en Topografía, Geodesia y Cartografía de la Universidad Politécnica de Madrid, Secretario General del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España y miembro del Comité Consultivo del Consejo Superior Geográfico, su amplia trayectoria le permite analizar los retos del colectivo ante la transformación tecnológica y evolución de la profesión.
JOSÉ M. CARRASCOSA

ANDRÉS DÍEZ GALILEA,

DECANO DEL COLEGIO DE INGENIERÍA GEOMÁTICA Y TOPOGRÁFICA

“La topografía ha sido una herramienta esencial para el progreso”

La geomática y topografía es una disciplina donde la aplicación de las nuevas tecnologías se hace más evidente. ¿Cómo se está adaptando la profesión a los vertiginosos cambios tecnológicos actuales?

Nuestra profesión vive una adaptación continua gracias a tecnologías como drones, láser escáner, GNSS (Sistema de Navegación Global por Satélite) avanzado y software SIG (Sistema de Información Geográfica), entre otras, que permiten una precisión y eficiencia impensables hace pocos años. Hoy nuestra labor va más allá del registro de datos, incluyendo procesamiento, análisis, interpretación, almacenamiento, modelización, aplicación y difusión de información geográfica tridimensional procedente de sensores orbitales, aéreos, terrestres y subacuáticos. Además, ofrecemos soluciones integradas mediante Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), garantizando interoperabilidad y acceso compartido a datos geográficos por instituciones públicas y privadas. La formación continua certificada y el desarrollo profesional permanente son fundamentales para afrontar con éxito estos cambios y ofrecer servicios adaptados a las necesidades actuales y futuras.

Ahora mismo es inevitable mencionar la Inteligencia Artificial a la hora de abordar cualquier tipo de actividad. ¿Están incorporando esta herramienta a su trabajo diario?

La inteligencia artificial está entrando con fuerza en nuestro sector, sobre todo en el análisis predictivo de escenarios virtuales y la automatización del procesamiento masivo de geodatos mediante Big Data. Estas técnicas permiten manejar grandes volúmenes de información geoespacial eficientemente, proporcionando resultados estadísticos precisos que apoyan políticas públicas basadas en la realidad social. Además, estamos potenciando la localización inteligente (tecnología SIG avanzada) para mejorar aún más la eficiencia y precisión de nuestras soluciones. Estas herramientas fortalecen la calidad y la fiabilidad de nuestros servicios, aportando más valor y seguridad jurídica al tráfico inmobiliario.

 

LOS INGENIEROS EN GEOMÁTICA DESEMPEÑAMOS UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

 

Durante el boom inmobiliario la imagen de un ingeniero con su casco de obra y su teodolito era familiar en todas las obras. ¿Qué papel juegan en la construcción privada y pública?

Los ingenieros en geomática desempeñamos un papel fundamental en la construcción, tanto pública como privada, participando desde la planificación inicial hasta la finalización de las obras. La construcción está vinculada a las propiedades inmobiliarias, es decir, a los espacios públicos y privados, así como a lo que puede edificarse en ellos. En el ámbito público, intervenimos en grandes infraestructuras, asegurando exactitud y seguridad técnica en la ejecución. En el privado, aportamos rigor en la delimitación y representación de propiedades, evitando conflictos y facilitando los trámites registrales y notariales, lo que garantiza respaldo técnico y una sólida seguridad jurídica.

 

HACEMOS POSIBLE ENTENDER DÓNDE OCURREN CIERTOS FENÓMENOS Y POR QUÉ, ALGO FUNDAMENTAL EN LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN ANTE CATÁSTROFES NATURALES

 

Madrid acoge próximamente el Geospatial World Forum ¿Puede explicarnos cuáles son las principales aportaciones de su colectivo en el sector de la industria aeroespacial?

La geomática es una pieza fundamental en la transformación de la industria y ecosistema geoespacial. Gracias a la integración de datos en tiempo real provenientes de sensores, software inteligente y algoritmos avanzados, hoy es posible modelar con un alto grado de detalle la trayectoria de vehículos espaciales, así como optimizar las técnicas de teledetección y observación de la Tierra. Tecnologías como la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual están dando lugar a entornos avanzados para visualizar, interpretar y optimizar información geoespacial de manera rigurosa y eficiente, facilitando la toma de decisiones estratégicas en materia de sostenibilidad, seguridad y desarrollo tecnológico.

En un momento como el actual en el que la sociedad está especialmente sensibilizada ante las catástrofes naturales (con fenómenos como la dana o la Filomena en la memoria de todos), ¿en qué medida puede la ingeniería ‘invisible’ ayudar a la prevención de estas situaciones, la sostenibilidad del planeta y la Agenda 2030?

Desde nuestro ámbito de trabajo, hacemos posible entender dónde ocurren ciertos fenómenos y por qué, algo fundamental en las estrategias de prevención y gestión ante catástrofes naturales como inundaciones, grandes nevadas, terremotos o actividad sísmica y volcánica. Mediante modelos digitales del terreno, análisis predictivos y monitoreo continuo, proporcionamos datos esenciales y en gran escala para una planificación social eficaz, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y resiliencia establecidos en la Agenda 2030.

Está en proceso la firma de un convenio con el Consejo General del Notariado. ¿Cómo valora esta colaboración?

Este convenio representa un gran avance, al establecer una colaboración directa y específica entre los ingenieros técnicos en topografía, los actuales titulados de grado en geomática y los notarios, con el objetivo de mejorar la precisión y eficacia de los certificados de georreferenciación y la subsanación de discrepancias catastrales. Permitirá implementar un sistema ágil y seguro para el intercambio telemático de información a través de la Sede Electrónica Notarial, garantizando además la autenticidad y colegiación de nuestros técnicos mediante el visado profesional y el uso de firmas electrónicas verificadas. Asimismo, contempla planes de formación conjunta dirigidos a técnicos, notarios y personal de notarías, lo que reforzará la calidad técnica y jurídica del servicio ofrecido, al tiempo que contribuirá a reducir los costes asumidos por la ciudadanía.

 

EL CONVENIO CON EL NOTARIADO PERMITIRÁ IMPLEMENTAR UN SISTEMA ÁGIL Y SEGURO
PARA EL INTERCAMBIO TELEMÁTICO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA NOTARIAL

 

Al igual que el Consejo General del Notariado, mantienen una estrecha política de colaboración con la Dirección General del Catastro para definir una adecuada información de las fincas. ¿Puede detallar sus líneas de trabajo conjuntas en materia de gestión de territorio?

Nuestro convenio con la Dirección General del Catastro permite un intercambio fluido de información gráfica y alfanumérica, facilitando la actualización y precisión continua del parcelario catastral mediante acceso telemático directo a la cartografía oficial. Además, contempla asistencia técnica en declaraciones catastrales y establece procedimientos ágiles para subsanar discrepancias físicas entre la realidad inmobiliaria y la información catastral oficial. Asimismo, hemos puesto en marcha los Puntos de Información Catastral que ofrecen servicios directos de consulta y certificación a los ciudadanos, reforzando así la seguridad jurídica y eficacia en la gestión territorial.

Coincidiendo con la fecha del Día Mundial del Topógrafo (21 de marzo), pusieron de manifiesto en unas jornadas la necesidad de que la sociedad conozca los valores que puede aportar un oficio milenario, ya presente en las civilizaciones romana y egipcia. ¿Cómo pretenden alcanzar este objetivo?

Buscamos acercar a la sociedad el valor histórico y actual de la topografía mediante jornadas, conferencias y eventos divulgativos. Desde el antiguo Egipto, donde se utilizaban técnicas topográficas para dividir tierras tras las crecidas del Nilo, hasta el Renacimiento, cuando Leonardo da Vinci representaba el relieve con gran precisión, la topografía ha sido una herramienta esencial para el progreso. Hoy sigue siendo fundamental en áreas como la planificación urbana o la navegación satelital. Una anécdota ilustrativa es que tres de los cuatro presidentes representados en el Monte Rushmore —Washington, Jefferson y Lincoln— ejercieron como topógrafos, reflejando el valor histórico y estratégico de esta profesión en la construcción de las naciones.

Con una tasa laboral prácticamente del 100% y una alta previsión de empleo para los próximos años, ¿aconsejaría a los jóvenes la geomática y topografía como salida profesional? A su juicio, ¿cuáles son las características que debe tener un ingeniero para desarrollar su carrera en este momento del siglo XXI?

Absolutamente sí. Es una profesión con pleno empleo y creciente demanda. Desde las Administraciones debe fomentarse su estudio, especialmente entre los jóvenes. Necesitamos más profesionales altamente cualificados, capaces de adaptarse a los avances tecnológicos, con pensamiento analítico, visión interdisciplinar y sensibilidad social. También es clave apoyar la incorporación de la mujer. Los ingenieros en geomática deben contribuir activamente a los nuevos modelos de convivencia que exige la sociedad del conocimiento, que evoluciona rápidamente desde la sociedad de la información.

 

ESTAMOS POTENCIANDO LA LOCALIZACIÓN INTELIGENTE (TECNOLOGÍA SIG AVANZADA)
PARA MEJORAR AÚN MÁS LA EFICIENCIA Y PRECISIÓN DE NUESTRAS SOLUCIONES

 

Su Colegio es uno de los 36 miembros que integran Unión Profesional. A pesar de sus diferentes competencias, ¿qué aportan los profesionales colegiados al tejido productivo del país?

Los profesionales colegiados garantizamos calidad, ética y responsabilidad en un ejercicio regulado que protege al ciudadano. Unión Profesional, que agrupa a más de 1,5 millones de profesionales en España, fomenta sinergias entre sectores clave y el diálogo con los poderes públicos. Promueve políticas que refuerzan el valor social de las profesiones. Desde la ingeniería, contribuimos al desarrollo económico y social con soluciones tecnológicas en infraestructuras, medio ambiente y ordenación territorial, optimizando recursos y apoyando la toma de decisiones.

HUELLA DIGITAL

Las redes sociales de su Colegio en X e Instagram (@ICOIGT) y Linkedin ofrecen una completa información de su actividad en topografía.
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Los ayuntamientos dan ejemplo

EN ESTE PAÍS

Los ayuntamientos dan ejemplo

El actual saneamiento en las cuentas de las corporaciones locales aporta oxígeno al resto de Administraciones.

ELVIRA ARROYO
El dinero ahorrado por las corporaciones locales en depósitos y efectivo superó en el tercer trimestre de 2024 los 45.000 millones de euros, lo que supone un nuevo máximo histórico. Este escenario es el resultado de unas reglas de equilibrio presupuestario y gasto mucho más rigurosas para las entidades locales. Por ello, se plantea abordar una reforma que dé más flexibilidad a los ayuntamientos para invertir su superávit.

Los ahorros que tienen en los bancos las entidades locales han aumentado cerca de un 125% desde 2016, manteniendo un crecimiento sostenido en los últimos años. Esta situación tiene su origen en 2011, cuando se aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución Española (“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros. […] Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. […]”), cuyos principios fueron desarrollados posteriormente en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se introduce así “una regla muy exigente para las corporaciones locales, que no pueden tener déficit, ni siquiera un 0,1%”, explica César Martínez Sánchez, profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, y subdirector del Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid.

Cabe recordar que las reglas fiscales de la Unión Europea (UE) instan a que todos los Estados miembros tengan un déficit inferior al 3% del Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda inferior al 60% del PIB. La legislación española impone a las entidades locales un déficit del 0% y un endeudamiento máximo del 3%, requisitos que en 2024 han logrado sobradamente tras registrar un superávit del 0,3% y situar su endeudamiento en el 1,4% del PIB. Este porcentaje dista mucho de las cifras de otras Administraciones públicas, ya que en el cuarto trimestre de 2024 la deuda de la Administración central era del 93,6% del PIB y la de las comunidades autónomas del 21,1% del PIB.

 

LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA IMPONE A LAS ENTIDADES LOCALES UN DÉFICIT DEL 0% Y UN ENDEUDAMIENTO MÁXIMO DEL 3%, ALGO QUE HABITUALMENTE HAN CUMPLIDO

 

“A diferencia del resto de Administraciones públicas, las Administraciones locales han cumplido estas normas casi siempre, algo que no han hecho ni el Estado ni las comunidades autónomas”, recuerda César Martínez.

Por poner un ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid cerró el año 2024 con un superávit de 483 millones de euros y desde 2019 tiene un superávit acumulado de 1.108 millones de euros.

Varias causas. Esta circunstancia atípica en la que los municipios acumulan más depósitos bancarios que deuda se debe a tres razones, según explica César Martínez Sánchez. La primera es que se ha cumplido la regla del equilibrio presupuestario. La segunda es la regla del gasto, “una regla adicional según la cual el gasto no puede superar la referencia que marca cada año el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. De este modo, aunque un municipio tenga ingresos suficientes para incrementar su gasto un 7%, no puede hacerlo porque hay un límite que persigue que tenga superávit”. En tercer lugar, está el destino obligatorio del superávit. “Este dinero prácticamente solo se puede destinar a amortizar la deuda de forma anticipada. Como las Administraciones locales han tenido superávits recurrentes, hay muchos municipios que no tienen deuda o que la han rebajado muchísimo”.

Estos factores han dado lugar a un saneamiento en las cuentas de las corporaciones locales que aporta oxígeno al resto de Administraciones, pero, a juicio de César Martínez, esto no tiene sentido. “No puede ser que los ayuntamientos tengan decenas de miles de millones en los bancos”.

 

LOS AYUNTAMIENTOS SE QUEJAN DE ESTAR
OBLIGADOS A DESTINAR SU SUPERÁVIT BÁSICAMENTE A LA AMORTIZACIÓN DE DEUDA

 

Sin cambios en 2025. Todo apunta a que de momento se mantendrán estos criterios. El Ministerio de Hacienda ha indicado que en 2025 el subsector local y cada entidad local individualmente tendrán que registrar equilibrio presupuestario o superávit, y el objetivo de deuda pública se fija en el 1,3% del PIB.

A su vez, la variación del gasto computable de las entidades locales, al igual que para el resto de las Administraciones públicas, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, que será del 3,2% en 2025.

En cuanto al superávit presupuestario de 2024, deberá destinarse a reducir deuda en 2025, siempre con el límite del volumen de endeudamiento. Con respecto a este punto, la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha manifestado su contrariedad con la nota técnica remitida por el Ministerio de Hacienda a los alcaldes, en la que “nos prohíbe usar el dinero del superávit logrado el ejercicio anterior para las inversiones que se consideran financieramente sostenibles y nos obliga a destinarlo tan solo a amortización de deuda”.

 

LA PRESIDENTA DE LA FEMP INSISTE EN QUE ES URGENTE ACTUALIZAR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN LOCAL Y GARANTIZAR LA AUTONOMÍA DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

Reformas. En realidad, las corporaciones locales llevan años pidiendo que se revise el modelo vigente. La presidenta de la FEMP insiste en que es urgente actualizar el sistema de financiación local y garantizar la autonomía de los ayuntamientos. Considera que las entidades locales siguen operando con una legislación obsoleta y un sistema de financiación que no se ha revisado desde 2002, lo que supone un obstáculo para atender las crecientes demandas de los ciudadanos. También reclama al Gobierno contar con Presupuestos Generales del Estado, una ley necesaria para que los ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consells puedan disponer de recursos y transferencias de capital que permitan aprobar sus cuentas y sacar adelante sus principales proyectos. “Los ayuntamientos están perdiendo por esta situación 1.159 millones de euros”, ha señalado.

Para el profesor Martínez Sánchez la solución está en “reformar la regla del gasto para que los municipios que tengan equilibrio presupuestario y no tengan deuda puedan hacer más inversiones. Habría que crear un fondo de reserva para contingencias con aproximadamente el 30% de los gastos liquidados el año anterior. Una vez hecho esto, no habría que limitar el gasto”. Esto permitiría acometer proyectos que ahora no se pueden hacer. Desde su punto de vista, es contradictorio que un ayuntamiento tenga un superávit que no puede gastar y en algunos barrios falte una escuela infantil, por ejemplo.

Principales fuentes de ingresos de los ayuntamientos
  • Tributos propios (IBI, Gestión de Residuos, IVTM, plusvalía, IAE, ICIO…).
  • La participación en los tributos del Estado (Incluye, por un lado, un porcentaje de la recaudación de IRPF, IVA e Impuestos Especiales; y, por otro lado, el Fondo Complementario de Financiación).
  • Subvenciones
  • Operaciones de crédito.
  • Multas y sanciones.
  • Ingresos procedentes de su patrimonio.
  • Donaciones.
PARA SABER MÁS

“El dinero que los ayuntamientos no pueden gastar”, por Yolanda Gómez

EN ESTE PAÍS
YOLANDA GÓMEZ,

subdirectora de Economía de ABC

“Se debería flexibilizar esta regla para los ayuntamientos, pero también aumentar las exigencias para el resto de administraciones”

El dinero que los ayuntamientos no pueden gastar

Desde los últimos coletazos de la crisis financiera y la gran recesión, los ahorros de los municipios españoles no han dejado de crecer. Al cierre de 2023 alcanzaron los 38.698 millones de euros en efectivo y depósitos, según datos del Banco de España. El montante de su deuda, sin embargo, ha seguido el camino inverso y al cierre del citado ejercicio se situaba en 23.309 millones de euros, el nivel más bajo desde 2004 y casi la mitad que sus ahorros. Estas cifras no son consecuencia de que los alcaldes de los más de 8.000 municipios que hay en España sean todos unos virtuosos de la gestión pública o unos amantes de la austeridad, sino que responden a unas estrictas reglas fiscales aprobadas en 2011 y 2012, en un intento de convencer a nuestros socios comunitarios de que estábamos dispuestos a sanear nuestras cuentas públicas y a evitar así el rescate del país.

En concreto, ese incremento de los ahorros de los municipios tiene detrás la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011, con un pacto entre el entonces presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Detrás de esa reforma, como más tarde confesó Rodríguez Zapatero, no solo estaban las presiones de la Comisión Europea, sino muy especialmente las del entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, que, en una misiva enviada al presidente del Gobierno español, reclamaba «medidas urgentes encaminadas a devolver la credibilidad» a la deuda española.

La reforma tenía como objetivo blindar por la vía constitucional el equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas, y dar prioridad al pago de la deuda pública sobre cualquier otra rúbrica presupuestaria. Con estas dos medidas se pretendía mejorar la confianza de los mercados en la capacidad de la economía española para hacer frente al pago de la deuda.

Este mandato constitucional se desarrolló en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fijó rígidos controles financieros para todas las administraciones. Para las corporaciones locales, esto se tradujo en la obligación de presentar presupuestos equilibrados y someterse a la regla de gasto, un mecanismo que limita su incremento. Según esta regla, el incremento de gasto está ligado al crecimiento del PIB, sin tener en cuenta si las cuentas están saneadas, si se aumentan los ingresos o si hay superávit presupuestario.

De este modo, y a diferencia de lo que ha ocurrido en las comunidades y en el Estado, que han disparado su gasto y, por tanto, su déficit y su deuda tanto para hacer frente a la pandemia como después para paliar los efectos de la crisis de inflación tras la invasión rusa de Ucrania, los ayuntamientos han seguido aumentando sus ahorros y saneando sus cuentas.

Este ahorro acumulado y este colchón financiero, que ha servido para compensar, aunque solo en parte, los abultados números rojos del resto de administraciones, genera debate tanto entre la clase política como entre los propios economistas. Si bien es cierto que estos ahorros pueden ser muy útiles en tiempos de crisis, si no pueden gastarse en lo que realmente se necesita, de poco pueden servir.

Desde 2014 se pueden emplear parte de estos ahorros en inversiones financieramente sostenibles, como infraestructuras o proyectos muy específicos. No obstante, muchos municipios, con sus cuentas saneadas y libres de deuda, no encuentran los proyectos adecuados en los que intervenir con lo que, para cumplir la ley, tienen que destinar sus superávits a amortizar deuda.

Ante esta situación son varias las alternativas que proponen los expertos para poder utilizar estos recursos. Una de ellas sería reordenar competencias, de manera que los ayuntamientos prestaran más servicios que ahora recaen en otras administraciones.

Otra propuesta sugiere invertir los ahorros en la deuda de otras administraciones, como la de las autonomías, obteniendo una rentabilidad que podría destinarse a ingresos corrientes. Esto evitaría la situación actual de mantener el dinero en depósitos, pagando incluso comisiones por ello.

Desde la Federación de Municipios y Provincias se va más allá y en varias ocasiones se ha pedido que se permita a las entidades locales reinvertir su superávit en aquello que consideren más conveniente para los ciudadanos, sin “supervisión ni autorización” por parte de otras administraciones. Se quejan los ayuntamientos de las estrictas reglas presupuestarias a las que están sometidos y que contrastan con la flexibilidad que se permite a las comunidades autónomas o a la Administración Central.

Es cierto que, a diferencia de estas administraciones, los ingresos de los ayuntamientos están mucho menos ligados al ciclo económico. El IBI, una de sus principales fuentes de financiación, es mucho menos errático que los ingresos ligados al consumo (IVA o impuestos especiales) o a las rentas (IRPF o Sociedades), con los que se financian el Estado y las autonomías. Pero también lo es que las exigencias de estabilidad son mucho mayores con los entes locales que con el resto de administraciones.

Ante esta situación el debate está abierto y lo cierto es que los grupos políticos, a pesar de la crispación, le debían dar solución. Se debería flexibilizar esta regla para los ayuntamientos, pero también aumentar las exigencias para el resto de administraciones, de manera que se eviten desequilibrios en las cuentas globales del Estado español superiores a los que ya tenemos. Al Estado y a las autonomías les vendría bien en estos momentos tener un colchón para hacer frente a la guerra arancelaria.

«La vivienda: cuestión de Estado»

Un comité de expertos para la reconstrucción tras la dana

EN ESTE PAÍS

UN COMITÉ DE EXPERTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN TRAS LA DANA

ELVIRA ARROYO
El Gobierno de España ha constituido un comité de personas expertas que asesorará en la toma de decisiones para la reconstrucción de las zonas afectadas por las inundaciones de octubre de 2024. Lo componen 35 especialistas de distintos ámbitos, que aportarán soluciones desde una perspectiva global y recomendaciones para abordar futuras crisis.

La reconstrucción de los lugares devastados por la dana que atravesó España a finales de octubre de 2024, dejando graves daños sobre todo en la provincia de Valencia, es todo un desafío que exige una respuesta integral. La responsabilidad de este reto está siendo liderada por el vicepresidente para la Reconstrucción Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, y el comisionado del Gobierno, José María Ángel. Ambos han manifestado su intención de aunar esfuerzos y trabajar en sintonía.

 

EL COMITÉ PRESENTARÁ UNA HOJA DE RUTA A LA GENERALITAT VALENCIANA Y AL EJECUTIVO CENTRAL PARA LA RESTITUCIÓN DEL TERRITORIO VALENCIANO

 

Estrategia a seguir. Además, a primeros de febrero de 2025, iniciaba su andadura un comité de expertos creado por el Gobierno de España, que se reunirá periódicamente y participará en la redacción de una estrategia de reconstrucción, en la que se definirán las bases para la reactivación social y económica de las zonas damnificadas por la DANA. También tratará cuestiones a largo plazo, con propuestas para actuar ante futuras emergencias.

El comité lo forman 35 personas especializadas en derecho constitucional, prevención de riesgos, desarrollo económico e industrial, ordenación del territorio, ingeniería rural y agroalimentaria, medioambiente y emergencias climáticas, geología, infraestructuras hidráulicas, igualdad, salud mental, análisis de datos e inteligencia artificial. A ellas se suman seis colegios profesionales de la Comunitat Valenciana y la sociedad civil (colectivos sociales, empresariales, sindicales y del tercer sector). “Esto es muy positivo, puesto que la reconstrucción de un desastre de esta magnitud es un proceso multidisciplinario que abarca a toda la sociedad en su conjunto y donde tanto expertos como agentes sociales debemos retroalimentarnos para encontrar las mejores soluciones, aprender de los errores y atender a las necesidades de la población afectada, mirando siempre hacia un futuro más resiliente y sostenible”, explica una de sus componentes, Carmen Grau Vila, doctora en Historia e investigadora sobre prevención y gestión de desastres naturales en la Universidad de Waseda (Japón). “También celebro -añade- que el 40% de los miembros inicialmente convocados al comité sean mujeres. Digo inicialmente porque está abierto a nuevas adhesiones”.

En la primera reunión participaron también la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; además de Francisco José Gan Pampols y José María Ángel.

 

ESTOS EXPERTOS DEBERÁN ELABORAR UN INFORME EN EL QUE SE DEFINIRÁN LAS BASES PARA LA REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS ZONAS DAMNIFICADAS

 

Aportaciones. Uno de los compromisos asumidos es la elaboración de un informe técnico que sirva como hoja de ruta tanto a la Generalitat Valenciana como al Ejecutivo central para la restitución del territorio valenciano. En palabras de José María Ángel, el objetivo es «recuperar, reconstruir y rehabilitar. Para ello, debemos apoyarnos en expertos y generar un documento que nos ayude a trabajar en una dirección común».

Cada experto pondrá a disposición del comité sus conocimientos con este fin.

Enrique Cabrera Rochera, catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universitat Politècnica de València ha manifestado que su trabajo en el comité pretende contribuir a la búsqueda de unas infraestructuras hidráulicas y unos servicios de agua más resilientes, así como a una modernización del ciclo integral del agua. “Todo ello con un objetivo: que, ante posibles situaciones de emergencia, el impacto sobre los ciudadanos sea el menor posible y la recuperación de los servicios básicos de agua y saneamiento tras la catástrofe se agilice al máximo”.

 

LOS EXPERTOS ADVIERTEN QUE ESTE TIPO
DE DESASTRES TIENDEN A PERPETUARSE Y A SER CADA VEZ MÁS FRECUENTES, LO QUE EXIGE ESTAR PREPARADOS

 

En el ámbito de la salud mental, uno de sus representantes es Rafael Tabarés, catedrático de Psiquiatría y Psicología de la Universitat de València, que ya ha formado parte de otros comités de expertos (fue Comisionado de la presidencia de la Generalitat Valenciana en Salud Mental durante la pandemia de la Covid-19). Tabarés destaca que la sociedad está asistiendo cada vez más, de forma directa e indirecta, a situaciones catástrofe o emergencia que repercuten en la salud física y mental, con un aumento de problemas cardiovasculares, trastornos cognitivos, ansiedad, estrés postraumático… Las personas más vulnerables, como mayores que viven solos, menores con problemas, trabajadores de emergencias y los voluntarios tienen más probabilidades de verse afectados. “Mi objetivo es señalar el impacto de todo esto en la salud física y mental para orientar la asignación de recursos. Para ello, sería necesaria la colaboración entre las distintas Administraciones implicadas: municipal, autonómica y central para conocer la prevalencia de los problemas de salud mental y física relacionados con la dana, con el objetivo de asignar recursos, planificar y poner en marcha intervenciones basadas en la evidencia”, comenta.

Planificación. La prioridad inmediata es la reconstrucción, pero a la vez hay que pensar en la prevención. Rafael Tabarés subraya que este es un aspecto fundamental porque no estamos ante una excepción. En este sentido, recuerda que algunos científicos relacionan fenómenos como la última dana ocurrida en Valencia con un cambio climático y que en la última asamblea general de la OMS se habló de la necesidad de responder a los efectos del cambio climático en la salud. “Es importantísimo empezar a estudiar con claridad el impacto de estas situaciones, que se van a perpetuar en el tiempo, en los sistemas sanitario y social. Tenemos que analizar si nuestro sistema sanitario se puede hacer cargo de situaciones como la dana”. También recomienda trabajar aspectos como la cadena de suministros, factores tecnológicos y todo lo relacionado con la prevención. “No es cuestión de crear alarmismo, pero es mucho mejor prepararse. De hecho, los planes de estudio de medicina, enfermería o psicología deberían incluir aspectos relacionados con el cambio climático, las situaciones catastróficas y la salud y el bienestar”, concluye.

Carmen Grau advierte de la importancia de anticiparse. “Me gustaría que no pase el tiempo y se olvide; que no vuelva a ocurrir en dos décadas y nos pille igual de desprevenidos. Los desastres de este tipo son cíclicos y me temo además que serán más frecuentes e intensos. Es ahora, en la reconstrucción, cuando tenemos la oportunidad de crear nuevas medidas de contención y mitigación para protegernos”. Grau apunta que hay estrategias de transmisión a las siguientes generaciones que pueden trabajarse desde las escuelas o instituciones y que en Japón salvan muchas vidas. Además, le gustaría presentar al comité modelos de otros lugares que han sido reconstruidos, como los pueblos japoneses tras el tsunami de 2011; o de EE. UU. tras el huracán Katrina de 2005. “Quiero poner sobre la mesa, pero también acercar herramientas que ayuden a los pueblos a protegerse y saber actuar, y a las autoridades a mejorar nuestros sistemas”, concluye.

Gestión de riesgos y desastres
Carmen Grau, valenciana de la zona afectada por la dana, es doctora en Historia e investigadora sobre prevención y gestión de desastres naturales en la Universidad de Waseda, Japón. En declaraciones a Escritura Pública afirma que para ella es un honor poder ayudar y poner a disposición de su tierra aprendizajes adquiridos investigando en Japón. “Soy originaria de un pueblo valenciano que está situado en la zona de más riesgo de fuertes lluvias de España. Por mi pueblo pasa el río Vaca y muy cerca desemboca el río Xúquer (Júcar). De pequeña viví una riada en 1996 y esa experiencia, junto al triple desastre de 2011 cuando ya vivía en Japón, fueron el germen de mi investigación doctoral. Sé de la importancia de la historia y la necesidad de la mejora continua en materia de gestión de riesgos y desastres para salvar vidas y optimizar sistemas”.
El papel de la inteligencia artificial
La inteligencia artificial jugará un papel decisivo ante cualquier desastre natural. Nuria Lloret Romero, catedrática en Administración Electrónica de la UPV, señala que su aportación en este comité “se va a centrar en analizar qué tipo de tecnología y especialmente inteligencia artificial se puede aplicar para la prevención, pero también la gestión de las catástrofes y todo lo que está relacionado con la previsión de tendencia de datos para poder corregir y actuar ante cualquier situación de emergencia”.
QUIÉN ES QUIÉN EN EL COMITÉ

Planificación estratégica

  • Zulima Pérez Seguí, profesora de Derecho Constitucional, Universitat de València (UV). Coordinadora del Comité.
  • Carmen Grau Vila, doctora en Historia e investigadora sobre prevención y gestión de desastres naturales en la Universidad de Waseda, Japón.

Desarrollo económico e industrial

  • José Manuel Pastor, catedrático de la Facultad de Ciencias Económicas. UV.
  • Daniel Beunza, profesor de Bayes Business School (University of London).

Territorio y Urbanismo

  • José Sergio Palencia Jiménez, profesor titular del Departamento de Urbanismo. Universitat Politècnica de Valencia (UPV).
  • Vicent García Nebot, abogado, ex director general de Urbanismo de la Generalitat Valenciana (GVA).
  • Gerardo Roger Fernández Fernández, arquitecto y experto en planeamiento urbanístico.

Ingeniería rural y agroalimentación

  • Gloria Sánchez Moragas, Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA-CSIC).

Geología

  • Juan Grima Olmedo, Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC).

Medioambiente y emergencia climática

  • Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional, Universidad de Alicante (UA).
  • Félix Antonio López, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC).
  • María José Estrela Navarro, catedrática de Geografía UV.

Agua e infraestructuras hidráulicas

  • Enrique Cabrera Rochera, catedrático de Mecánica de Fluidos UPV.
  • Antonio Jiménez Álvarez, director de Estudios de Agua y Medio Ambiente de CEDEX.

Inteligencia artificial y análisis de datos

  • Nuria Lloret Romero, presidenta de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado CV, catedrática de Administración Electrónica UPV.

Salud mental

  • Rafael Tabarés, catedrático de Psicología y Psiquiatría UV.
  • Carmen Leal Cercós, catedrática de Psiquiatría y presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana.

Igualdad

  • Ana Marrades Puig, profesora de Derecho Constitucional UV.

Colegios profesionales

  • María Diago, decana del Colegio Oficial de Biólogos de la Comunitat Valenciana.
  • Nieves Romero Garí, decana del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana.
  • José Carbonell, secretario técnico del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante.
  • Javier Machi Felici, decano de la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en la Comunitat Valenciana.
  • Salvador Lara Ortega, decano del Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana.
  • Sergio Riolobos, presidente de la Asociación Valenciana de Ingenieros de Telecomunicación (AVIT) y decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Comunidad Valenciana (COITCV)

Sociedad civil

  • Luis Vañó Gisbert, presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad – CERMI en la Comunitat Valenciana.
  • Lourdes Mirón, presidenta de Jovesolides y coordinadora Valenciana de ONG.
  • Amalia Alba Tarazona, presidenta de Dones Progresistes.
  • Esther Martínez Ferrando, presidenta del Consejo de la Juventud.
  • Julio Huerta, gerente de la Fundación Horta Sud.
  • Francesc de Paula Pons, vicepresidente del Instituto Empresarial Horta Sud.
  • Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia.
  • Emilio Sampedro, presidente de Concoval.
  • Ismael Sáez Vaquero, secretario general UGT-PV.
La prioridad inmediata es la reconstrucción, pero a la vez hay que pensar en la prevención.

La seguridad jurídica del alquiler

EN ESTE PAÍS

La seguridad jurídica del alquiler

España advierte que el déficit habitacional podría alcanzar niveles insostenibles.
CARLOS CAPA
La falta de viviendas es un problema social de primera magnitud que afecta de manera singular a los sectores más vulnerables de la sociedad, que tienen graves dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada, como la que establece el artículo 47 de la Constitución Española. Esta situación está generando tensiones en el mercado del alquiler.

Los inquilinos se enfrentan a precios que han crecido muy por encima de los salarios en las últimas décadas, especialmente en áreas urbanas como Madrid, Barcelona, Valencia y otras grandes ciudades. En el otro lado, los propietarios se quejan de una regulación que les genera inseguridad jurídica, lo que desincentiva que pongan sus inmuebles en alquiler.

Un reciente estudio del Banco de España señala que este contexto ha creado un círculo vicioso. Los propietarios son más reacios a alquilar, lo que reduce la oferta disponible y, en consecuencia, aumenta la presión sobre los precios.

 

RESOLVER EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA NO ES TAREA EXCLUSIVA DE UN ACTOR. ES NECESARIO UN ENFOQUE COLABORATIVO

 

La seguridad jurídica, entendida como un marco legal claro, estable y predecible que proteja los derechos de los propietarios sin menoscabar los de los inquilinos es una pieza clave. Esto incluye la garantía del cobro de rentas, la facilidad para recuperar la vivienda en caso de incumplimiento del contrato, y la certeza de que las regulaciones no cambiarán de forma abrupta.

Presión insostenible

El informe del Banco de España (BdE) señala que la presión sobre el mercado de la vivienda no proviene únicamente de la falta de oferta, sino también del incremento constante de la demanda impulsado por factores como el crecimiento demográfico, producto en gran medida de un aumento significativo en la llegada de inmigrantes; del cambio de patrones de comportamiento social de los jóvenes, que sufren una fuerte restricción de acceso al crédito hipotecario; o del creciente atractivo turístico de España, que hace que la inversión extranjera ponga sus ojos en el parque inmobiliario.

El regulador advierte que, de no tomarse medidas inmediatas para aumentar la oferta y garantizar un mercado más equilibrado, el déficit habitacional podría alcanzar niveles insostenibles. La previsión de 500.000 unidades de déficit hasta 2025 es un claro indicativo de la necesidad de políticas que incentiven tanto la construcción de nueva vivienda como la movilización de inmuebles vacíos.

Así, el Banco de España subraya que esta falta de seguridad jurídica ha tenido un impacto directo en la reducción de la oferta de vivienda en alquiler. Muchos propietarios optan por mantener sus inmuebles vacíos o venderlos en lugar de arriesgarse a enfrentarse a procedimientos largos y costosos para resolver conflictos con los inquilinos.

En este sentido, la aprobación del Real Decreto-Ley 1/2024, de 14 de mayo, que prorroga cuatro años adicionales las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, ha provocado profunda inquietud entre los arrendadores. La medida destinada a proteger a inquilinos en difíciles circunstancias ha tenido, como efecto perverso, desincentivar a los propietarios a la hora de alquilar sus viviendas, por miedo a enfrentarse a largos procesos legales en caso de tener que recuperar la posesión del inmueble.

 

LA CREACIÓN DE UN MERCADO DEL ALQUILER DINÁMICO Y SOSTENIBLE REQUIERE UNA VISIÓN A LARGO PLAZO Y UN COMPROMISO FIRME DE TODAS LAS PARTES INTERESADAS

 

Lograr el equilibro

El BdE sugiere que es posible encontrar un equilibrio entre la protección de los inquilinos y los derechos de los propietarios, de manera que se logre un mercado de alquiler más dinámico y accesible. Para ello, propone revisar las normativas vigentes, simplificar los procedimientos legales y, al mismo tiempo, asegurar mecanismos de protección adecuados para las partes involucradas.

En los últimos meses se han dado algunos pasos legislativos en la dirección de proteger al arrendador. En concreto, el Congreso está a punto de aprobar la llamada Ley Antiokupas (técnicamente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que convertirá en express el actual procedimiento de desalojo de ocupaciones ilegales. Este cambio consiste en añadir los delitos de allanamiento de morada (art. 202 CP) y usurpación de morada (Art.245 CP) a la LECrim, para que pasen a ser juzgados mediante un procedimiento abreviado. Es decir, los juicios que antes se extendían durante meses ahora se resolverán en un plazo máximo de 15 días y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán actuar con mucha mayor agilidad cuando se produzca uno de estos casos.

Resolver el problema de la vivienda en España no es tarea exclusiva de un actor. Es necesario un enfoque colaborativo que involucre al sector público, los propietarios, los inquilinos y las empresas privadas. El Banco de España ha señalado que garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores es un primer paso esencial, pero no suficiente por sí solo. La creación de un mercado del alquiler dinámico y sostenible requiere una visión a largo plazo y un compromiso firme de todas las partes interesadas.

El Banco de España resalta que, para que haya más viviendas en alquiler, es crucial que los propietarios perciban una estabilidad jurídica que les garantice recuperar sus inmuebles en casos de impago o mal uso de las mismas. Esta certeza legal es, según el BdE, un elemento esencial para dinamizar este mercado y evitar la especulación que surge en contextos de oferta limitada.

El informe del Banco de España pone de relieve una realidad innegable: la falta de seguridad jurídica para los arrendadores es uno de los factores clave detrás del desequilibrio del mercado de alquiler en España. La combinación de una demanda creciente y una oferta insuficiente ha llevado a un aumento descontrolado de los precios y un déficit habitacional que, de no abordarse, alcanzará proporciones críticas en los próximos y no muchos, años y por lo tanto garantizar la seguridad jurídica para los arrendadores no sólo es una medida justa, sino también una estrategia necesaria para fomentar un mercado más accesible y dinámico.

 

EL BANCO DE ESPAÑA RESALTA QUE PARA QUE HAYA MÁS VIVIENDAS EN ALQUILER ES CRUCIAL QUE LOS PROPIETARIOS PERCIBAN UNA ESTABILIDAD JURÍDICA

 

En este sentido, debería estudiarse establecer medidas que ofrezcan garantías económicas a los propietarios en caso de incumplimientos contractuales; garantizar que los contratos de arrendamiento sean claros y estén protegidos por la ley; o la creación de un registro único de arrendamientos para aumentar la transparencia y proporcionar una base de datos accesible que ayude a resolver conflictos de manera más rápida y eficiente.

Proteger los derechos de los arrendadores no solo beneficiaría a los propietarios, sino que también contribuiría a estabilizar el mercado del alquiler en España, creando un entorno más seguro y atractivo para ambas partes.

Es, sin duda, este un asunto tan urgente, como complejo.

Reforma legal
El Banco de España es diáfano en señalar a los poderes públicos que es necesario reformar el marco regulatorio para crear un entorno que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler, sin perder de vista la protección a los inquilinos. Este equilibrio se puede lograr mediante un diálogo abierto entre autoridades, propietarios e inquilinos, que permita diseñar políticas que atiendan las necesidades de todos los actores del mercado.
Es necesario un marco regulatorio para crear un entorno que incentive a los propietarios a poner sus viviendas en alquiler.
Mirando a los vecinos
Países como Alemania y los Países Bajos han implementado con éxito modelos que combinan incentivos fiscales, regulación equilibrada y colaboración público-privada para garantizar el acceso a la vivienda sin comprometer la seguridad jurídica de los propietarios.
PARA SABER MÁS
Informe del Banco de España sobre el mercado del alquiler en España
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Texto de la Ley por el Derecho a la Vivienda 12/2023
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Reportaje sobre la vivienda del nº 149 de Escritura Pública
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La Palma: Tres años tras la erupción del volcán

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Tres años tras la erupción del volcán

FOTO: ENRIQUE ROJAS
REDACCIÓN
En septiembre se cumplieron tres años de la erupción del volcán en la zona de Cumbre Vieja, en la Isla de La Palma, un fenómeno geológico que dejó 1.200 hectáreas dañadas, 7.000 personas evacuadas y 1.300 viviendas destruidas.

Entre los palmeros afectados, muchos no contaban con escrituras públicas que avalasen que lo perdido era suyo y para ayudarles a acreditar sus derechos y acceder a las ayudas, el Consejo General del Notariado, en colaboración con los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia, abrió tres notarías provisionales en los municipios afectados: Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

 

NIEVES LADY BARRETO: “GRACIAS A LA LABOR DE LOS NOTARIOS HOY PODEMOS ESTAR HABLANDO DE ABONAR A LAS PERSONAS AFECTADAS EL VALOR DE LAS PROPIEDADES QUE PERDIERON”

 

A estas notarías llegaron más de 50 notarios voluntarios de toda España que, tras un año de trabajo incesante, autorizaron más de mil actas de notoriedad que permitieron a los propietarios de inmuebles, fincas o negocios arrasados o sepultados por la lava demostrar que les pertenecían para el cobro de los seguros y ayudas correspondientes.

Además, según explica el decano del Colegio Notarial de Canarias, Alfonso Cavallé: “Sobre muchas de estas propiedades existían construcciones sin declarar, cultivos, explotaciones ganaderas o contratos de arras, precontratos, hipotecas, y otros derechos por lo que les prestamos asesoramiento gratuito adaptado a cada caso”.

Finalizada esta labor, los más de mil documentos que los notarios autorizaron, sin coste alguno, se incorporaron en un protocolo especial que se encuentra depositado en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.

FOTO: JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ

Reconocimientos. Con motivo del tercer aniversario de la erupción del volcán, el pasado mes de septiembre, en Tenerife, el Gobierno de Canarias entregó la Medalla al Mérito de la Justicia con distintivo de Oro al Consejo General del Notariado y a los colegios notariales de las Islas Canarias, Valencia y Cataluña, representados por su presidente, José Ángel Martínez Sanchiz, y sus decanos, Alfonso Cavallé, Francisco Cantos y José Alberto Marín, respectivamente. Estos tres decanos fueron los primeros notarios en acudir a la isla para instalar las notarías temporales que contaron con la tecnología y apoyo económico del Consejo General del Notariado.

Según la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que hizo entrega de las medallas: “Gracias a la labor que los notarios, de manera solidaria y desinteresada, desarrollaron en La Palma desde los primeros días de la erupción, abriendo camino en una situación tan extraordinaria como compleja, hoy podemos estar hablando de abonar a las personas afectadas el valor de las propiedades que perdieron. Así de importante y trascendente para el presente y futuro de esas personas y de toda La Palma ha sido la labor de los notarios”. Además, señaló que “toda esa experiencia acumulada en La Palma tiene el valor de ser un precedente muy valioso para futuras catástrofes”.

De izda. a dcha.: Alfonso Cavallé y Héctor F. Izquierdo durante la entrega de la Medalla de Oro en grado de Encomienda.
Héctor F. Izquierdo, alto Comisionado Especial para la Reconstrucción de La Palma

“50 NOTARIOS HAN PROPORCIONADO SEGURIDAD JURÍDICA A LOS AFECTADOS PARA REALIZAR UNA RECONSTRUCCIÓN SIN JUDICIALIZACIONES”

Héctor F. Izquierdo ejerce las funciones encomendadas por Real Decreto para la reconstrucción de la isla de La Palma y lidera la coordinación de la Administración General del Estado con las administraciones públicas canarias. Con motivo del tercer aniversario de la erupción del volcán en La Palma, y en el marco del encuentro que tuvo lugar en septiembre en Tenerife con ministros de justicia, magistrados, fiscales y notarios de Iberoamérica y países de habla portuguesa, el Consejo General del Notariado le hizo entrega de la Medalla de Oro en grado de Encomienda, por su honorable labor en la reconstrucción de la isla.

¿Qué medidas se han llevado a cabo para mejorar la situación de los afectados?

Se han movilizado desde el Estado 1.046 millones de euros en tiempo récord y construido carreteras sobre coladas, recuperado la habitabilidad en pueblos que estaban cerrados por los gases, e invertido en geotermia como fuente de energía renovable. Además, los indicadores de población, matriculaciones de coches, el empleo, la tasa de actividad o la cantidad de empresas registradas en la seguridad social están no ya mejor que antes del volcán, sino que antes del inicio del Covid-19.

 

“COMO COMISIONADO Y PALMERO NO PUEDO ADMIRAR MÁS LA EXCEPCIONAL LABOR DEL NOTARIADO ESPAÑOL”

 

¿Cuáles son los próximos objetivos en pro de la recuperación total?

La erupción del volcán es una catástrofe natural muy compleja con muchos frentes de actuación y aspectos en los que debemos seguir trabajando. No obstante, no encontramos números similares de progreso tras una catástrofe del mismo rango. No sólo en España, sino en Europa, y en otros continentes, y eso ha sido también gracias a la labor del Notariado español, cuyo conocimiento generado durante la reconstrucción se encuentra ya en los protocolos y procedimientos de la Unión Internacional del Notariado (UNIL) para los futuros casos que nos encontremos.

¿Cómo valoraría la labor de voluntariado de los notarios en la isla?

Ha sido espectacular. Han sido 50 notarios que, gracias a los decanos Alfonso Cavallé, José Alberto Marín y Francisco Cantos, junto con el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, y sus equipos, han proporcionado seguridad jurídica a los afectados, convirtiéndose en la piedra angular para realizar una reconstrucción sin judicializaciones, lo que ha permitido distribuir las ayudas e indemnizaciones. Además, su labor y la coordinación que han realizado con Catastro, Registro y Consorcio de Seguros ha sido admirable. No ya como comisionado sino como palmero no puedo más que estar agradecido y admirar la excepcional labor del Notariado español.