Entrevista a María Isabel Valdés-Solís, decana del Colegio Notarial de Asturias

EN ESTE PAÍS

María Isabel Valdés-Solís,

decana del Colegio Notarial de Asturias

La decana del Colegio Notarial de Asturias, María Isabel Valdés-Solís, ha entrado a formar parte de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia como académica de número. Hablamos con ella sobre este reconocimiento, su discurso de ingreso sobre la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, le preguntamos por la presencia de las mujeres en el Notariado español.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

«La Ley 8/2021 es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos»

El 16 de enero entró a formar parte de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia como académica de número. ¿Qué supone en su carrera profesional?

Para mí es un honor y una gran satisfacción no solo como jurista, sino como notaria y como asturiana.

¿Qué puede aportar desde su profesión a la Academia?

Espero trabajar en las actividades que desarrolla y que mi contribución sea, además de jurídica y teórica, también practica y enfocada a las necesidades y realidades de los ciudadanos que día a día veo en la notaría.


«DESDE QUE COMENCÉ A EJERCER EL PORCENTAJE DE NOTARIAS HA IDO CRECIENDO SIGNIFICATIVAMENTE»


Para su ingreso eligió como tema la Ley 8/2021 desde la perspectiva notarial. ¿Por qué?

Porque esta ley es muy reciente. Entró en vigor en septiembre de 2021; y es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos, especialmente porque afecta a la persona, a su propia esencia como sujeto de derechos y al ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todos los demás. Es una ley para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica con el apoyo o apoyos que sean necesarios y con respeto a su voluntad, a sus deseos y a sus preferencias.

Con la nueva regulación se elimina la incapacitación judicial y se regulariza un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos. En su exposición explicó los retos de la profesión notarial en la aplicación de esta reforma. ¿Cuáles son?

El reto del Notariado es servir de medio de apoyo a las personas con discapacidad para ayudarlas en su comprensión y para que puedan tomar decisiones de una manera informada y conforme a su voluntad, deseos y preferencias. Ese es el eje de la reforma.

Mi exposición se centró en las medidas voluntarias de apoyo. Medidas en las que todos tenemos que ir pensando, que atañen a cómo queremos que sea nuestra vida, y a cómo queremos organizar los apoyos para cuando sean necesarios. Y para ello existen distintos medios.


«CON LA NUEVA LEY LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÁN EJERCER SU CAPACIDAD JURÍDICA CON EL APOYO QUE SEA NECESARIO»


¿Cómo valora su aplicación tras un año y medio de su entrada en vigor?

Tratándose de una ley de esta envergadura un año y medio es poco tiempo para que se aprecien sus efectos. No obstante, ya antes de la ley se ha venido adaptando, especialmente la jurisprudencia, a la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, y publicada en el BOE el 21 de abril de 2008, Convención a la que se adapta la Ley 8/2021.

¿Qué lleva a una notaria a querer ser académica?

Mis inquietudes jurídicas y la apertura a otras facetas jurídicas más allá de las que ejerzo como notaria.

Y al revés: ¿por qué eligió ser notaria?

Decidí ser notaria porque es una profesión mediante la cual puedo facilitar a los ciudadanos el desarrollo satisfactorio de sus asuntos jurídicos. Además, esta profesión implica creatividad en la aplicación del derecho, que es abstracto, general y objetivo, y los notarios tenemos que adaptarlo a las necesidades de cada ciudadano concreto, en función de los fines lícitos que cada uno desee obtener.

Este número de Escritura Pública llegará a los lectores en fechas muy aproximadas al Día internacional de la Mujer, el 8 de marzo, por ello me gustaría preguntarle por la evolución que ha percibido usted en la profesión, en cuanto a la presencia de mujeres dentro del cuerpo en los últimos años.

Desde que comencé a ejercer, en el año 1983, el porcentaje de notarias ha ido creciendo significativamente hasta que en el año 2003 se logró la paridad por primera vez. La mayor diferencia a favor de la mujer se produjo en las oposiciones de 2019: con 55 mujeres frente a 36 hombres. Y desde entonces el número de mujeres y hombres que aprueban es muy similar. Por ejemplo, en la promoción del 2022 han sido 44 hombres y 46 mujeres los que han aprobado.

Atención profesional a la dependencia

EN ESTE PAÍS

La esperanza de vida en la UE en 2021 fue de 80 años, frente a los 83 de España.

Atención profesional a la dependencia

El sector de la asistencia a la dependencia es uno de los que muestran una mayor demanda de empleo, con la previsión de que se sostenga en los próximos años, cifrando en unos 300.000 los cuidadores necesarios a corto plazo.
CARLOS CAPA

«LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ES FUNDAMENTAL PARA PODER OFRECER LA CALIDAD QUE NECESITAN LAS PERSONAS DEPENDIENTES»

La realidad es que cada vez vivimos más y tenemos menos hijos, y en estas dos variables España se encuentra en los primeros puestos mundiales.

Según las estadísticas europeas, en 2021 la esperanza de vida en la UE fue 80,1 años por los 83,3 años de España. En lo que se refiere a la natalidad la media de la Unión fue en 2020 de 9,1 mientras que en España apenas se llegó al 7,1.

Así, en 2020 los españoles mayores de 65 años eran 9,4 millones, cifra que las proyecciones estadísticas hacen llegar hasta los 16 millones cuando se alcance la mitad del siglo. La consecuencia inevitable es que un mayor número de ancianos hace crecer proporcionalmente el número de personas en situación de dependencia, y por lo tanto se requiere una mayor cantidad de cuidadores profesionales. En diciembre de 2021 había ya en España un total de 1.415.578 personas reconocidas oficialmente como dependientes.

Variedad de perfiles

Lamentablemente la inversión pública en esta materia deja mucho que desear, lo que obliga a un mayor esfuerzo familiar. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el incremento del gasto de Comunidades Autónomas y Entidades Locales en servicios sociales en 2020 no ha repercutido en una mayor oferta de servicios y casi 2 de cada 3 personas (62,2% de la población) vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes.


LA DEPENDENCIA TIENE MULTITUD DE FACETAS E INTENSIDADES, LO QUE SE REFLEJA EN UNA ENORME VARIEDAD DE PERFILES PROFESIONALES PARA SU ATENCIÓN


La dependencia tiene multitud de facetas e intensidades, lo que se refleja en una enorme variedad de perfiles profesionales para su atención. Hablar de dependencia es hablar de un abanico muy amplio de situaciones y necesidades que hacen necesarias intervenciones muy diferentes, desde la teleasistencia a la ayuda a domicilio, centros de día o atención residencial permanente. Desde médicos, enfermeras, gerocultores, psicólogos, trabajadores sociales o fisioterapeutas, hasta empleos menos cualificados- pero igualmente imprescindibles- abarcan el abanico de la demanda de empleo en el sector.

Para acceder a estos empleos es necesaria una cualificación profesional que va desde el Grado (antigua licenciatura) hasta las titulaciones técnicas impartidas en la Formación Profesional en sus diferentes niveles, como el de técnico en Atención Sociosanitaria, Auxiliar de Enfermería o Atención a Personas en Situación de Dependencia, así como los certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria.

En cualquier caso, los especialistas demandados en el área de la dependencia son muy numerosos, y su función y remuneración dependen de cada caso. Para la asistencia domiciliaria es clave la figura del cuidador que se ocupa de atender a perfiles diversos que van desde las personas necesitadas de una asistencia esporádica o limitada a varias horas diarias para colaborar en tareas cotidianas relacionadas con elementos como la movilidad, el aseo personal o la medicación, a aquellos que han pasado por algún tipo de ingreso hospitalario y necesitan apoyo en su recuperación. Sin olvidar a quienes necesitan ayuda continuada del cuidador por padecer algún tipo de enfermedad crónica, degenerativa o incapacitante, -como puede ser el Alzheimer o la ELA- y que pueden conllevar la necesidad de que el cuidador conviva con la persona dependiente.

Salud mental

No olvidemos por otra parte, como nos recordaban las campañas de la semana de la salud mental, que ésta es una parte consustancial a una vida plena y feliz, y que bien la edad, bien la dependencia sobrevenida por otros factores, son un elemento que influye de forma determinante en ella.


EN DICIEMBRE DE 2021 HABÍA YA EN ESPAÑA UN TOTAL DE 1.415.578 PERSONAS RECONOCIDAS OFICIALMENTE COMO DEPENDIENTES


Por ello profesiones como la de psicólogo o terapeuta ocupacional tienen un perfil resaltado en la atención a la dependencia que demanda la sociedad y el mercado. La labor del psicólogo, centrada en elementos como la soledad, el sentimiento de utilidad personal o la falta de círculo social que alivie la presión emocional provocada por la vejez o por enfermedades inmovilizantes – todo ello agravado por la por la pandemia- deviene en imprescindible, como lo es también la figura del logopeda que ayude a tratar patologías como la disfagia (dificultades para la deglución que pueden afectar al habla).

El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 publicó en septiembre de 2022 un informe ejecutivo de Evaluación del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD) que concluye que “la cartera de servicios actual no es suficiente para atender a la demanda y necesidades reales de las personas en situación de dependencia. Es necesario introducir nuevos servicios y prestaciones y fomentar fórmulas más flexibles para la provisión de apoyos diversos en la comunidad”.


PROFESIONES COMO LA DE PSICÓLOGO O TERAPEUTA OCUPACIONAL TIENEN UN PERFIL RESALTADO EN LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA


Según el Ministerio de Asuntos Sociales, el 80% de las personas con dependencia que residen en hogares particulares deben complementar los servicios y prestaciones del SAAD con cuidados informales o servicios contratados de forma particular.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en su estudio sobre Dependencia (2019) indica que “la formación de los profesionales para las nuevas necesidades y modelos de atención es fundamental para poder ofrecer la calidad que necesitan nuestros mayores. En este sentido se entiende necesario que las Administraciones adapten el pago de la prestación al servicio ofrecido, dado que en este momento quien sostiene el coste del servicio son los trabajadores, las empresas y los usuarios privados”.

Por su parte el Consejo Económico y Social (CES), organismo público que agrupa a organizaciones sindicales empresariales, de consumidores o gremiales, en su estudio sobre el empleo en el sector, indica que las actividades de atención a la dependencia habrían dado lugar a la creación neta de algo más de 80.000 empleos entre 2009 y 2018.

Se necesita formación

Qué España sea uno de los escasos países que ofrecen una sólida seguridad jurídica en el tratamiento de la dependencia, regulada por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, también se traslada a la existencia de un sistema formativo que, cada vez más, ofrece la posibilidad de obtener titulaciones específicas, desde la universitaria a la profesional, para cubrir esta demanda actual y desde luego futura de puestos de trabajo, para cuyo desempeño los expertos relacionan estas aptitudes: interés en actividades del ámbito sociosanitario, capacidad comunicativa, concentración y observación, alto control emocional y sensibilidad para atender a personas con la salud delicada y comprensión, atención, amabilidad y empatía hacia los demás.

La importancia de la fisioterapia

Entre las necesidades del mercado de trabajo, la de los profesionales de la fisioterapia ocupa un lugar destacado. Las limitaciones organizativas y de personal de los servicios sanitarios públicos, o los propios impedimentos de movilidad de los dependientes hacen necesaria la existencia de fisioterapeutas que acudan a los domicilios de los dependientes para mejorar su calidad de vida mediante la práctica de ejercicios de movilidad, coordinación y equilibrio.

Muchos de nuestros mayores sufren dolencias crónicas como el reuma, la artritis, la osteoporosis o la incontinencia, que pueden ser aliviadas con la intervención de un especialista

PARA SABER MÁS

Estudio del Ministerio de Asuntos Sociales sobre la dependencia en España
Web del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el catálogo de formación para la asistencia a la dependencia
Informe de la CEOE sobre la dependencia
Apoyos para decidir libremente

Las personas con discapacidad también tienen derecho al ejercicio de su capacidad jurídica. La Ley 8/2021 eliminó la incapacitación judicial, regularizando un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos contando con un sistema de apoyos.

“Esta ley es un hito histórico porque supone que las personas con discapacidad puedan actuar en el marco de su autonomía y auto realizarse, y este progreso lo que hace es reestablecer nuestra fe en la humanidad” afirmó el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Con la ayuda y asesoramiento de los notarios, las personas con una discapacidad pueden designar quién o quiénes han de prestarles apoyo y con qué alcance. También se establecen las salvaguardas necesarias para garantizar que en cualquier momento y circunstancia se respete su libertad.

Junto a los notarios, otros muchos profesionales pueden ayudar a las personas con discapacidad en este camino.

92.000 oportunidades de empleo

EN ESTE PAÍS

92.000 OPORTUNIDADES DE EMPLEO

La falta de profesionales cualificados con titulación de FP que den respuesta a las demandas del mercado se vislumbra como un problema persistente. Esa es la principal conclusión del Informe sobre la Formación Profesional (FP) elaborado anualmente por CaixaBank Dualiza con la colaboración de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.

Una de cada cuatro empleos que se generarán hasta 2030 serán para Formación Profesional

CARLOS CAPA

«EL DÉFICIT DE PROFESIONALES CUALIFICADOS SE ATENUARÁ CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL»

El estudio, que este año lleva por título Una nueva Ley de FP para unos nuevos tiempos, cifra en 92.500 las oportunidades de empleo para FP que quedarán no cubiertas hasta el año 2030, teniendo en cuenta el empleo que se generará, así como las personas que se titulan.

Ese déficit viene atenuado por la entrada en vigor de la nueva Ley de FP, que tendrá un impacto directo en la generación de empleo, por dos motivos. El primero, el aumento de recursos en el sistema se traducirá en un incremento de plazas ofertadas, lo que, de modo directo, afectará a un mayor número de personas tituladas en FP incorporándose al mercado laboral. El segundo, que facilitará una mayor adecuación de esos titulados a las necesidades del tejido productivo, lo que aumentará la empleabilidad de los técnicos de FP, facilitando el cambio en la percepción social, así como de los propios empleadores.

Sin embargo, ese impacto provocado por la nueva normativa no comenzará a sentirse hasta el año 2026, cuando accederán al mercado los primeros titulados promovidos por el nuevo marco regulatorio.


LA FP HA RESPONDIDO SIEMPRE CON MAYOR VELOCIDAD QUE OTRAS OPCIONES FORMATIVAS A LOS CAMBIOS SOCIALES


Oportunidades

Por primera vez, el estudio ha cuantificado las oportunidades de empleo que se generarán en España hasta el año 2030 para titulados de Formación Profesional, y que se estima en más de dos millones (2.131.325).

En concreto, más de un millón (1.219.136) corresponden a quienes cursen una FP de Grado Superior y algo menos (912.189) a aquellos que estén cursando un Grado Medio.

Según esos cálculos, una de cada cuatro nuevas oportunidades del total de 8.654.362 que se generarán en toda la economía hasta 2030 sería para FP.

Los sectores donde más empleo se generará serán el comercio, la educación, la hostelería, la construcción y la industria, y ese desarrollo tendrá una traslación directa al empleo en Formación Profesional.

De ese modo, el comercio será el ámbito donde más profesionales de FP se requieran: 242.380 oportunidades en Grado Superior y 203.868 en Grado Medio; seguido de la industria manufacturera (153.332 para Grado Superior y 103.560 para Grado Medio), y de las actividades sanitarias (101.517 para Grado Superior y 112.805 para Grado Medio).

Según se recoge en el estudio, falta por ver si la Formación Profesional contará con las herramientas suficientes para poder dotar de profesionales a las demandas que se generarán en cada uno de esos sectores. Lo cierto es que, hasta ahora, la FP ha respondido siempre con mayor velocidad que otras opciones formativas a los cambios sociales.

De este modo, el informe de CaixaBank Dualiza refleja cómo los sectores donde más ha aumentado la presencia de personas ocupadas con estudios de FP durante los últimos cinco años, han sido energía eléctrica, gas y vapor (+4,6%), comercio (+3,4%), actividades recreativas (+3%), e industria manufacturera (+2,9%).

El estudio también ha analizado cuáles son las familias profesionales en las que un mayor porcentaje de alumnos se titulan, así como, una vez se han titulado, cuáles son los profesionales que más pueden desarrollarse en los campos donde se han formado.

Sectores prometedores

En el primer aspecto, aparecen Sanidad, Administración y Gestión, y Servicios Socioculturales a la comunidad, que alcanzan un 44% de titulados totales. En el segundo, Sanidad sería la que en mayor medida provee titulados a su propia actividad. Un 65% de quienes se titulan en esta familia pueden emplearse en la misma.

Otras actividades como la Fabricación Mecánica (58,5%) u Hostelería (46,6%) también presentan un alto grado de especialización mientras que otras familias profesionales, como Administración y Gestión, o Electrónica y Electricidad ofrecen un carácter más transversal.


EL 36,3% DE LAS PERSONAS CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OCUPARON PUESTOS DE TRABAJO QUE CORRESPONDERÍAN A TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL


Según observa el estudio, en sectores como la hostelería, una amplia parte del personal del que se nutre proviene de familias profesionales que no tienen nada que ver con el desempeño real, como imagen y sonido, imagen personal, actividades deportivas o administración y gestión, señalando que parte de ese efecto proviene del desajuste vertical que se produce cuando algunas personas se ocupan en puestos de trabajo para los que están sobrecualificadas o infracualificadas.

La nueva ley: elemento clave

La observación del comportamiento de los indicadores de FP durante 2022 confirma las tendencias que afianzan el crecimiento y mayor protagonismo de esta formación dentro del sistema educativo español, en el que se ha superado el millón de alumnos matriculados.

En primer lugar, el sistema educativo debe afrontar desafíos específicos como la disminución de la tasa de abandono escolar (el doble que la del conjunto de países de la OCDE); el aumento del nivel educativo de la población menos cualificada; el ajuste entre la oferta de personas cualificadas y la demanda de los sectores productivos, y el impulso de la formación a lo largo de la vida de todas las personas activas en el mercado laboral.

Asimismo, debe dar respuesta a retos más globales como la revolución digital; la transición hacia una economía más sostenible, o el reto demográfico como consecuencia del envejecimiento de la población.

Los expertos consideran que la FP puede contribuir a todos estos desafíos de una manera decisiva, ayudando a adaptar los perfiles profesionales a las necesidades reales de las empresas en los próximos años.

En este contexto, la nueva Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobada en marzo de este año, constituye un elemento clave para reforzar el papel de la FP en el sistema educativo y formativo español. Una ley que aspira a cambiar el modelo de desarrollo de nuestra Formación Profesional cumpliendo una de las grandes aspiraciones del sistema: aunar en un solo sistema la formación inicial y la formación para el empleo.

PARA SABER MÁS

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

El Observatorio de la Formación Profesional ha publicado una extensa guía sobre la nueva Ley de Formación Profesional

El comercio será el ámbito donde más profesionales de FP se requerirán, seguido de la industria manufacturera y de las actividades sanitarias
Intrusismo laboral

En 2021, el 36,3% de las personas con estudios universitarios ocuparon puestos de trabajo que corresponderían a titulados de FP, principalmente de Grado Superior, mientras que el 67,4% de las personas con FP de Grado Superior se emplearon en puestos que podrían ser desempeñados por profesionales de Grado Medio.

Ese desajuste tiene un impacto negativo en el conjunto del sistema educativo, en términos de inversión en educación no rentabilizada. Pero a la vez esa sobrecualificación provoca costes personales, por un aumento de la frustración de quienes consideran que se han formado para posiciones superiores, y costes empresariales, por un mayor índice de rotación.

El dato: un bien público

EN ESTE PAÍS

EL DATO: UN BIEN
PÚBLICO

El Ministerio de Justicia ha impulsado el Manifiesto del dato, un documento elaborado en cogobernanza con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que recoge aspectos estratégicos, técnicos y éticos para el uso de los datos en el servicio público de Justicia.

CARLOS CAPA

 

Implicaciones éticas

En cuanto a las implicaciones éticas de este proyecto, se contará con equipos o procesos que garanticen la protección de datos, la privacidad y la confidencialidad cuando estén afectados por algún derecho de terceros (anonimización, pseudonimización, privacidad diferencial, generalización, aleatorización). Los responsables públicos encargados de la gestión de este sistema se comprometen a proteger las condiciones de acceso; la existencia de derechos de terceros; y la protección del secreto comercial y estadístico.

Este documento fue ratificado unánimemente en la Conferencia Sectorial de Justicia que, celebrada el 23 de junio en Toledo, y que reúne a los consejeros de esta materia de las comunidades autónomas con la Administración del Estado.

El documento, que también ha recibido el aval del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), es un instrumento que busca mejorar la eficiencia de la Justicia mediante el tratamiento de datos y diseñar las políticas públicas en este ámbito.

La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado la importancia de los datos en el nuevo modelo de transformación digital que aborda la Administración de Justicia y en la que es fundamental para dar el servicio que la ciudadanía se merece en el siglo XX.

La producción de datos y la gestión del servicio público de justicia basado en ellos no predetermina -según recoge el documento- un modelo de servicio, sino que incentiva la innovación y el intercambio de experiencias con el objetivo de mejorar el sistema y dar soluciones a problemas concretos. Los datos en el ámbito de justicia comprenden tanto los relativos al funcionamiento de los sistemas judiciales como al resto de elementos integrantes del estado de Derecho; en particular, la capacidad normativa en la resolución de controversias y la seguridad jurídica.

 


SE PRETENDE LA CREACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO DE DATOS SEGURO, INTEROPERABLE Y ORIENTADO A SU REUTILIZACIÓN


 

Objetivos

El primero de los objetivos de esta propuesta es el de la consideración del dato como un bien público, de manera que se garantice tanto su producción como su libre acceso. En este sentido, la producción y utilización de los datos, con fines estadísticos entre otros, contribuye a garantizar la separación de poderes, el imperio de la ley y la efectiva garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía, gracias a un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia y la evaluación del impacto de los cambios en el marco normativo.

También se pretende la creación de un espacio público de datos seguro, interoperable y orientado a su reutilización, con la participación de las diferentes Administraciones, así como de otros actores de los sectores público y privado.

Con esto se busca la creación de espacios en los que compartir datos de calidad bajo los principios de confianza y seguridad.

La gestión pública orientada a datos supone la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen las demandas, el funcionamiento y los resultados que produce el sistema de justicia.

Esa identificación de índices e indicadores sirven para mejorar los resultados; colaborar en la producción de datos; y compartir y comparar los resultados de las distintas iniciativas y reformas en este sector.

El manifiesto pretende también garantizar la innovación mediante el intercambio de experiencias y orientando el uso de los datos a proveer soluciones a problemas concretos. En este sentido, se apuesta por impulsar la extracción de datos que permita procesar cantidades ingentes no estructuradas y transformarlas en indicadores de alto valor en la toma de decisiones.

El cuarto objetivo es el de la gestión orientada a datos, con la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen resultados que busquen la mejora continua. La calidad del sistema de datos depende de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, así como de la participación de actores del sector público y actores privados. La consideración de los datos como bien público exige la implementación de un sistema de cogobernanza entre las diferentes Administraciones dirigido en última instancia a la creación de un espacio público de datos del sector de la justicia que garantice el acceso y la calidad de los datos compartidos y fomente la participación en el mismo del mayor número de actores públicos y privados.

Igualdad y cohesión

Por último, se recoge la igualdad y la cohesión como objetivos, para prevenir un aprovechamiento excluyente de los datos y lograr así la implementación de políticas públicas más eficaces y próximas a la ciudadanía, con las máximas garantías legales de protección de datos y los mayores estándares de ciberseguridad. La gestión del sistema basada en datos está orientada a generar herramientas para contribuir a la cohesión, garantizar la igualdad y respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas.

El compromiso alcanzado por el Gobierno y las comunidades autónomas pone especial énfasis en dos cuestiones que considera prioritarias: la transparencia y accesibilidad por una parte y el compromiso ético en el tratamiento de los datos, máxime cuando estos se refieren a un espacio tan sensible como el de la relación de los ciudadanos con la Justicia.

 


EL PRIMERO DE LOS OBJETIVOS DE ESTA PROPUESTA ES EL DE LA CONSIDERACIÓN DEL DATO COMO UN BIEN PÚBLICO


 

Así, todos los organismos implicados deben garantizar las condiciones de reutilización de los datos a partir del respeto a los derechos individuales; la existencia de una base jurídica suficiente y exigiendo la obtención del consentimiento cuando concurran datos sometidos a derechos de terceros como son el secreto comercial, la propiedad intelectual o la privacidad, para lo que se fomentará la eliminación de restricciones de acceso tanto de carácter técnico como jurídico y económico. La interconectividad entre los distintos organismos del sector público y entre los distintos niveles de gobierno en la elaboración y el intercambio de información supone una herramienta que lleva en último término a impulsar la cohesión territorial.

Este proyecto de ley es uno de los pilares legislativos del plan Justicia 2030, financiado gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

PARA SABER MÁS

El Manifiesto del dato. Aprobado por la Conferencia Sectorial de Justicia.

Texto del Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital

LA LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA DIGITAL

El Manifiesto está en relación con uno de los más ambiciosos proyectos que se ha emprendido para modernizar la Justicia española: la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital, cuyo objetivo fundamental es dar cobertura jurídica y regular la transformación digital del servicio público de Justicia y está dirigida a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la misma, ya sea por razones de género, geográficas, culturales o de cualquier otro tipo, para construir una Administración de Justicia accesible e integradora, mejorando la cohesión social, territorial y digital.

En el texto se recoge la igualdad y la cohesión como objetivos, para prevenir un aprovechamiento excluyente de los datos.

El resurgir del turismo

EN ESTE PAÍS

EL RESURGIR DEL TURISMO

La prohibición del Tesoro de EE.UU. de vender y comprar activos ha afectado directamente a los inversores estadounidenses.

El turismo es uno de los pilares de la economía española. Tras una larga y dura pandemia sanitaria que dejó inmersos en ERTEs a cientos de miles de trabajadores, el retorno a una relativa normalidad, propiciado por la relajación de las medidas de restricción a la movilidad de los viajeros, ha supuesto un auténtico balón de oxígeno para miles de empresas a lo largo y ancho del país.

FERNANDO GEIJO,

 

LEJOS QUEDAN aún las cifras globales obtenidas en 2019, con un techo histórico de 83,7 millones de visitantes internacionales. Sin embargo, España ha sido este verano uno de los destinos favoritos, junto con Italia, México y Turquía.

En el otro lado de la balanza se sitúan países como Tailandia que, a duras penas, ha conseguido captar de nuevo una parte de lo obtenido en el período prepandémico.

Entre las claves de esta bonanza turística patria se encontrarían, según los expertos, la amplitud de la oferta de servicios, la calidad de las infraestructuras y la solidez de nuestra marca‐país.

La anhelada resurrección.

Tras dos largos años de travesía del desierto, las ganas de viajar se han impuesto en el imaginario colectivo de millones de ciudadanos en todo el mundo.

Así lo constatan las cifras y certifican los profesionales que repiten, al unísono, como un coro de voces bien afinado que este ha sido, por fin, el verano de la anhelada resurrección del turismo en España.

Lo que hasta hace apenas unos meses parecía aún una quimera, propia de los más diletantes al placer que supone visitar nuevos paisajes y entornos, se ha convertido ahora en una sólida realidad por mor de las recurrentes estadísticas al alza, que dejan obsoletas cada mes a sus predecesoras.

 


ESPAÑA HA SIDO ESTE VERANO UNO DE LOS DESTINOS FAVORITOS, JUNTO CON ITALIA, MÉXICO Y TURQUÍA


 

Para muchos, el turismo es sinónimo de empleo precario y estacional. Sin embargo, también es una fuente indispensable de riqueza que generaba en 2019 nada menos que el 12,4 del PIB español, con una ocupación vinculada de 2,72 millones de puestos de trabajo, el 12,9% de la fuerza laboral. No en vano, este sector es tradicionalmente, junto con el de la construcción, uno de los dos motores que impulsan, con sus luces y sombras, a la economía española.

En este sentido, a lo largo de los siete primeros meses del año los turistas internacionales llegados a España han alcanzado una cifra acumulada de 39,3 millones, lo que ha supuesto un alza del 299,9% con respecto a los 9,8 millones del mismo período de 2021; un gasto de 47.637 millones de euros y la recuperación del 92% del total de turistas que el país recibía antes de la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus.

 


TRAS DOS LARGOS AÑOS DE TRAVESÍA DEL DESIERTO, LAS GANAS DE VIAJAR SE HAN IMPUESTO EN EL IMAGINARIO COLECTIVO DE MILLONES DE CIUDADANOS


 

Los principales países emisores de visitantes extranjeros hasta julio de 2022 han sido el Reino Unido, con un total de 8,4 millones de turistas (lo que ha supuesto un aumento del 908,5%); Alemania, con un incremento del 190,7% y una suma de 5,5 millones de visitantes; y Francia, con alrededor de 5,3 millones y un alza del 159,7%.

De esta manera, España ha recuperado hasta julio 9 de cada 10 turistas internacionales recibidos en 2019, que han gastado en sus desplazamientos solo en ese mes un total de 11.869 millones de euros, con un gasto medio de 1.309 euros por visitante, 100 más que en julio de 2019, y una estancia media de 7,7 días, frente a una pernoctación estándar de 7,5, según datos recogidos en las encuestas Frontur y Egatur, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

God save the British’.

La recuperación del turismo internacional tiene nombres y apellidos. A la espera de la llegada de chinos y japoneses, aún afectados por restricciones más severas, los turistas británicos encabezan el ranking de visitantes internacionales al contabilizar, solo en julio pasado, 1,9 millones de llegadas: un 20,9% del total de los 9,1 millones de turistas que llegaron a España ese mes, lo que supone un incremento de nada menos que del 241,6% con respecto al año anterior, de acuerdo con las cifras manejadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El resto de principales países emisores de turistas hacia nuestro país sitúa a Francia y Alemania como los seguidores de los ciudadanos del Reino Unido, con 1,4 millones, un 61% más en tasa anual, y 1,1 millones de visitantes, un 55% más, respectivamente. En 2021 la suma de ambas naciones ya superó a los británicos, y este año la situación se mantiene a pesar de la mejoría provocada en el Reino Unido gracias al levantamiento definitivo de las restricciones que afectaban a las Islas Británicas.

Entre el resto de los principales países emisores de turistas a España cabe destacar los crecimientos experimentados a lo largo del pasado mes de julio por Irlanda, con un alza exponencial nada menos que del 347,8%; y Estados Unidos (198,2%) e Italia, con un significativo aumento acumulado también del 113,4%.

Como un auténtico maná se ha recibido la llegada masiva de visitantes a las grandes zonas turísticas de nuestro país. De esta manera, comunidades autónomas como Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, entre otras, se han beneficiado de la firme reactivación del turismo internacional.

En los meses de verano, los considerados de temporada alta, se han batido los registros prepandemia, según los datos aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y todo ello, a pesar del alza de los precios derivada, entre otros aspectos, del aumento del coste de la energía y de los alimentos, ya que se trata de un fenómeno global que afecta a todos los mercados.

Reparto asimétrico.

Como es lógico, no todas las regiones recibieron la atención de los visitantes con la misma intensidad. En este sentido, Baleares se alzó como el claro vencedor entre los destinos preferidos por los extranjeros en julio pasado, con una cuota del 25,1% del total; con Cataluña (21,8%) y Comunidad Valenciana (12,4%) completando este particular tridente ganador.

En este sentido, a las Islas Baleares arribaron cerca de 2,3 millones de turistas, lo que ha supuesto un nada desdeñable aumento del 72,2%, con los ciudadanos británicos (27%) y germanos (25%) como claros protagonistas en este ranking de llegadas.

Cataluña es la segunda comunidad más visitada en julio, al registrar un aumento del 142,8% en el número de turistas computados, lo que totaliza dos millones de ciudadanos, procedentes en su mayoría de la vecina Francia (23,2%).

La Comunidad Valenciana sería la tercera región que completa este podio al sumar 1,1 millones de visitantes, un 85,4% más que en julio de 2021, donde Reino Unido vuelve a ser el principal país emisor, con un 22,4% del total, y Francia se sitúa en segunda posición, a muy escasa distancia, con un 22,1%.

 


ESTE SECTOR ES TRADICIONALMENTE, JUNTO CON EL DE LA CONSTRUCCIÓN, UNO DE LOS DOS MOTORES QUE IMPULSAN, CON SUS LUCES Y SOMBRAS, A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA


 

En el resto de comunidades la subida de turistas ha supuesto un aumento de visitantes que también ha sido significativo en el séptimo mes del año, destacando Madrid, con un alza del 185,6%, las Islas Canarias (148,4%) y Andalucía (101,7%).

En términos acumulados relativos a los siete primeros meses del año, Cataluña recibió 8 millones de turistas (un 346,8% más que en el mismo período de 2021); Baleares cerca de 7,5 millones (+190,1%); y Canarias casi 6,8 millones de visitantes, alcanzando un destacado 480,1% más.

OJO AL DATO

Movimientos Turísticos en Fronteras
(FRONTUR), mayo de 2022. Instituto Nacional de Estadística (INE). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El mes de julio ya apuntaba la recuperación

Encuesta de gasto turístico (EGATUR), julio de 2022. Instituto Nacional de Estadística (INE). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Gasto de los turistas internacionales. Julio 2022

EL CONFIDENCIAL: Daniel Iriarte se pregunta hasta qué punto las sanciones están afectando a Rusia y da respuesta a esta y otras preguntas relacionadas con las medidas restrictivas adoptadas por la comunidad internacional contra Rusia.

UNIVISIÓN NOTICIAS: El artículo incluye opiniones de expertos que apuntan a la necesidad de que Occidente intensifique las acciones contra Putin para asegurarse que las sanciones económicas surten efecto.

Nuevos hábitos de consumo

Tras la incertidumbre provocada por la pandemia sanitaria, los ciudadanos han cambiado algunas pautas a la hora de gestionar sus vacaciones, entre las que destacan:

  1. La utilización de las recomendaciones en internet como base en la toma de decisiones.
  2. La compra directa por vía digital de servicios turísticos para evitar intermediarios.
  3. La preferencia por la reserva en el último momento de cara a obtener gangas.
  4. La apuesta por las opciones de cancelación, sin o con bajo coste.
  5. La contratación generalizada de seguros de viaje.

La vejez en el arte

EN ESTE PAÍS

Fortuny, Viejo desnudo al sol, h. 1871.
Murillo, Vieja hilando, siglo XVII.

La sede del Consejo General del Notariado acogió la presentación del catálogo y la exposición virtual La vejez como experiencia humana en las pinturas del Museo Nacional del Prado, ambos proyectos desarrollados por la Fundación Notariado.

JOSÉ M. CARRASCOSA

Twitter: @JMCarrascosa

Mail: [email protected]

LA VEJEZ EN EL ARTE

Mesa de presentación del acto.

El acto estuvo presidido por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), quien estuvo acompañado por María Rodríguez, doctora en Historia del Arte de la Universidad San Pablo-CEU y coautora del Catálogo junto con María Arriola Jiménez; Juan Manuel Martínez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA); Inmaculada Ruiz, presidenta de Unión Democrática de Pensionistas (UDP); y Jorge Prades, vicesecretario del Consejo General del Notariado, coordinador del Catálogo y de la Exposición Virtual.

La exposición, organizada en el marco del XII Congreso Notarial Español que se celebró el 19 y 20 de mayo en Málaga, permite reflexionar sobre la vejez en el arte, y cómo trascienden a la pintura la vulnerabilidad y la dignidad de los mayores. Una muestra representativa de una veintena de pintores, desde Tiziano a Sorolla, pasando por Baldung Grien, Velázquez, Goya o Fortuny, entre otros.

Martínez Sanchiz señaló que «la exposición nace del convenio alcanzado entre la Fundación Notariado y el Museo del Prado, que nos ha permitido escoger estas obras maestras, cuya estructura se acopla a los temas que aborda el Congreso «.

 


LA EXPOSICIÓN VIRTUAL Y EL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN CONTIENEN UNA SELECCIÓN DE OBRAS DEL MUSEO DEL PRADO


 

La dignidad

Para el presidente del Notariado «la vejez es una experiencia, no una enfermedad. La exposición recuerda la máxima de Unamuno sobre ‘pensar el sentimiento y sentir el pensamiento’; el sentimiento que habla a la razón y, a su vez, la razón que también siente. La emoción expresada en estas pinturas permite contemplar de manera paladina la expresión de esas personas mayores: de ese viejo tomando al sol del cuadro de Fortuny; o la anciana que está pidiendo a la puerta de una casa; o esos mendigos llenos de dignidad… La dignidad se mantiene también a pesar de las situaciones de discapacidad».

Hizo hincapié en cómo una de las obras reúne a «tres generaciones presentes, que expresan el cariño a los mayores y donde se supera la soledad que va unida en muchas ocasiones a la vejez. Todo esto nos habla de una vida y unos sentimientos. Los notarios no podemos dejar de aunar esos sentimientos recogiéndolos junto a cláusulas jurídicas; sentimientos de generosidad y ayuda que se expresan en cuadros como el del testamento de Isabel la Católica».

«Esta exposición es el pórtico del XII Congreso Notarial. Para los notarios la vejez requiere un reconocimiento; para nosotros tiene un valor ejemplar. Es necesario defender los derechos de las personas mayores, fomentar la autoestima, evitar el edadismo y que tengan el sentimiento de que han vivido una vida lo más plena posible, con el cariño de amigos y familiares. Todo esto se pone de manifiesto en este catálogo», resaltó.

 

Los derechos

Juan Manuel Martínez, de CEOMA, inició su intervención resaltando «la suerte que tenemos los mayores por la defensa que van a realizar los notarios de nuestros derechos y nuestra dignidad». Sobre la exposición, señaló que «las pinturas reflejan que el envejecimiento no es una enfermedad. Las obras recuerdan esa soledad que afecta al 26% de nuestros mayores, casi siempre no deseada. La muestra permite contemplar la imagen de los mayores a través de la mirada de grandes pintores, y cómo se refleja el paso del tiempo en las arrugas, las miradas, las sensaciones de dolor y las sombras que aparecen ante la cercana muerte. Esta selección de pinturas plasma el sentir de las personas mayores, cada vez más sabias y centenarias. Hoy en día, en España, hay 15.000 hombres y mujeres que ya superan esa edad».

Por su parte, Inmaculada Ruiz (UDP) destacó que «la selección está hecha con acierto y cariño; las pinturas impactan por su humanidad. Este recorrido por 19 maestros de la pintura nos anima a contemplar con mirada distinta el fenómeno de la vejez, que en ocasiones es invisible frente a la belleza y la juventud, que con los años se pierden en el interior. Las obras reflejan el carácter efímero de la vida y su vulnerabilidad; aunque también muestra la astucia acumulada a lo largo de los años. La vejez no es una renuncia de la vida: el amor maduro, por ejemplo, permite afrontar la soledad y dependencia a las que la suma de los años nos conduce. Los maestros de la exposición constatan, asimismo, el valor del afecto en todas las etapas de la vida. La exposición es una prueba de cómo las personas mayores somos valiosas para el mundo, por nuestra experiencia y nuestro saber».

María Rodríguez, coautora del catálogo, enumeró los pormenores de la selección de obras: «Las pinturas reflejan realidades de distintos siglos. Hemos podido contemplar con nuevos ojos pinturas que nos eran desconocidas desde la mirada de sus ancianos protagonistas. En el proceso de búsqueda hemos encontrado obras en los fondos del Museo del Prado o en otras instituciones. Recogemos óleos de distintas escuelas y de maestros tan significativos como Tiziano, Velázquez, Goya, Sorolla y Fortuny. Todos ellos nos hablan de vulnerabilidad, soledad, paso del tiempo; y, al mismo tiempo, de sabiduría, experiencia y madurez».

La historiadora se detuvo en algunas obras como Aun aprendo, de Goya («donde se ve las ganas de seguir aprendiendo hasta el final de los días de un anciano»); El testamento de Isabel la Católica de Rosales («una pintura histórica, que expone la vejez como experiencia universal») o el Autorretrato de Tiziano («transmite la fragilidad del autor y el orgullo de una vida ya vivida»).

 


LA MUESTRA SE ENMARCA DENTRO DEL XII CONGRESOINOTARIAL ESPAÑOL BAJO EL LEMA ‘EL ENVEJECIMIENTO DE LA SOCIEDAD: PRINCIPAL DESAFÍO DEL SIGLO’


 

Con esta muestra «esperamos haber contribuido al desarrollo del congreso notarial en sus tres grandes bloques. Les animo a recorrer la exposición virtual, acompañada de una preciosa selección de piezas musicales, y a una lectura reposada del catálogo, que hemos considerado como un homenaje a nuestros mayores».

Para Jorge Prades, «la belleza de las obras de arte seleccionadas nos ensancha el corazón y nos abre el intelecto. No queríamos un planteamiento didáctico en la muestra; buscamos que el recorrido por estos cuadros despertara el alma y aportara un punto de vista enriquecedor a la hora de hablar de cualquier cuestión que afecta a los mayores».

El notario concluyó con dos reflexiones: «Naciones Unidas nos recuerda que debemos construir una sociedad para todas las edades; y la vejez puede ser un reto o también un privilegio, como reza el lema del antiguo Hospital de Cáceres: ‘Languidecer te hará brillar’.

Tras el acto tuvo lugar el recital de piano Audición guiada: la vejez en el último Brahms, interpretado por Luis Prades, estudiante de piano, dirección y musicología.

Cecilio Pla, Dos generaciones, 1901.
El ejemplo de nuestros mayores
«En la sociedad moderna, a veces valoramos en exceso la juventud. En nuestro congreso queremos poner en valor el ejemplo de nuestros mayores y la dignidad que reflejan, a pesar de que puedan padecer incluso un deterioro cognitivo. Nuestra cita en Málaga, además de una interpelación para todos, quiere ser un diálogo con la juventud en la que nos tenemos que apoyar. Un diálogo como el que aparece en estos cuadros. Tenemos la obligación de dar a nuestros mayores ese cariño y respeto por toda su vida. Al final hay una comunidad y fraternidad que la vejez siempre nos hace recordar. Debemos seguir trabajando juntos en la defensa de esos derechos de la vejez», defendió el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Visita a la exposición

Esta exposición virtual permite ver 19 obras del Museo del Prado relacionadas con la vejez y comentadas por sus comisarias, las profesoras de Historia del Arte de la Universidad San Pablo CEU, María Rodriguez Velasco y María Arriola Jiménez. Se ofrece también una selección de música clásica para acompañar la visualización de cada pintura.

El respeto a la dignidad versus la protección de la vulnerabilidad

  • Hans Baldung, Las edades y la muerte, 1541-1544
  • Tiziano, Dánae y la lluvia de oro, 1560-65
  • Velázquez, Esopo y Menipo, 1638
  • Fortuny, Viejo desnudo al sol, h. 1871
  • Rosales, Doña Isabel la Católica dictando su testamento, 1864
  • Pinazo, Últimos momentos del rey don Jaime el Conquistador en el acto de entregarle la espada a su hijo don Pedro, 1881
  • José Nogué, Interior, 1909, Depósito en Ministerio de Justicia (Madrid)
  • Sorolla, Aún dicen que el pescado es caro, 1894

La vida centenaria y su previsión individual

  • Tiziano, Autorretrato, h. 1562
  • Cecilio Pla, Dos generaciones, 1901
  • Vicente Carducho, La Sagrada Familia, 1631
  • Luis Graner, Noticias frescas, 1905-1910, Depósito en Museo Provincial de Lugo
  • Carreño de Miranda, La reina Mariana de Austria, h. 1670

La vida centenaria y su previsión social y política

  • Murillo, Vieja hilando, siglo XVII
  • José Alea, Sala de hospital, 1895, Real Academia de Farmacia
  • José Martí, La pobre de los sábados, 1881, Depósito en la Real Academia de Farmacia
  • Goya, Saturno, 1820-1823
  • Ribera, Bendición de Isaac, 1537
  • Bertodano, La nieta del marinero, 1895, Depósito en el Museo de la Rioja (Logroño)
  • Goya, Aun aprendo, 1826
  • Van Dyck, Cabeza de anciano, 1618-1620

JUAN MANUEL MARTÍNEZ,
presidente de CEOMA

«Las obras recuerdan esa soledad que afecta al 26% de nuestros mayores, casi siempre no deseada»

INMACULADA RUIZ,
presidenta de UDP

«Este recorrido por 19 maestros de la pintura nos anima a contemplar con mirada distinta el fenómeno de la vejez»

MARÍA RODRÍGUEZ,
doctora en Historia del Arte USP-CEU

«Hemos podido contemplar con nuevos ojos pinturas que nos eran desconocidas desde la mirada de sus ancianos protagonistas»

JORGE PRADES,
vicesecretario del CGN

«La belleza de las obras de arte seleccionadas nos ensancha el corazón y nos abre el intelecto»

Visita a Galicia en el Año Xacobeo

EN ESTE PAÍS

Con motivo del Año Santo Jubilar Compostelano (Año Xacobeo) cuya celebración se ha prolongado de 2021 a 2022 debido la pandemia del covid-19, el decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graiño, recibió a los representantes de los notarios de toda España para celebrar distintos actos institucionales y una sesión plenaria del Consejo General del Notariado (CGN).

Redacción

[email protected]

 

Estatuilla de Sargadelos del Colegio Notarial de Galicia en conmemoración del Xacobeo 2022.

VISITA A GALICIA EN EL AÑO XACOBEO

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ofreció una recepción en la sede de San Caetano, a la que asistieron el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz; el decano del Colegio Notarial de Galicia, José María Graiño; y varios miembros de la Comisión Permanente del CGN: el vicepresidente Raimundo Fortuñy y los decanos José Alberto Marín, Ignacio Ferrer y Francisco Cantos. También estuvo presente durante el encuentro el vicesecretario del CGN, Jorge Prades.

El mismo día, y tras la finalización de esta reunión, el presidente y todos los decanos de los colegios notariales presentes se trasladaron a A Coruña para reunirse, en la sede del Colegio Notarial de Galicia, con la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Púbica del Ministerio de Justicia, Sofía Puente.

 

Presentes en la sociedad

Durante este encuentro, la directora general aplaudió la decisión del Consejo General del Notariado de trasladar los plenos otros comunidades autónomas como una forma de hacerse aún más presentes en la sociedad, y destacó hitos de los últimos años en los que el Notariado ha adquirido un papel protagonista, como la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, a favor de los derechos de los consumidores, o la ley 8/2021, que garantiza el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

También hizo mención a la labor que ha llevado a cabo el Notariado en momentos de crisis, como la sucedida durante la pandemia por covid-19, o en La Palma, tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja. En este sentido agradeció a los notarios su “respuesta excepcional y ejemplar” en ambos casos, y con respecto a La Palma, en la que los notarios “se acercaron para ayudar a acreditar la existencia de sus propiedades a personas que lo habían perdido todo”.

 


JOSÉ MARÍA GRAIÑO, DECANO DEL COLEGIO NOTARIAL DE GALICIA: “LOS PEREGRINOS RECIBEN ATENCIÓN Y ASESORAMIENTO POR LOS NOTARIOS QUE VERTEBRAN LA SEGURIDAD JURÍDICA PREVENTIVA A LO LARGO DEL CAMINO”


 

Por su parte, el presidente el Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, destacó el impulso decisivo de la directora general a la futura Ley de eficiencia digital. Con respecto a la clave de la función notarial explicó que “es el encuentro con las personas para conocer de cerca sus necesidades y poder brindarles el adecuado asesoramiento”.

En estas jornadas, el decano del Colegio Notarial de Galicia y anfitrión del encuentro, aludió al Xacobeo para destacar que la presencia notarial en Santiago “tiene un especial significado, ya que el Camino fue y es objeto de análisis y estudio también desde el derecho privado y público”. Graiño subrayó que “los peregrinos reciben atención y asesoramiento por los notarios que vertebran la seguridad jurídica preventiva a lo largo de los pueblos y ciudades por los que discurre”.

Sesión plenaria y ofrenda.
El sábado por la mañana los decanos de los 17 colegios notariales celebraron en el Hostal de los Reyes Católicos su sesión plenaria y por la tarde visitaron la Catedral de Santiago de Compostela, sus cubiertas y el Pórtico de la Gloria. Después asistieron a un acto litúrgico oficiado por el arzobispo compostelano, Julián Barrio, que dedicó unas palabras a los notarios. Por su parte, José Ángel Martínez Sanchiz realizó la Ofrenda al Apóstol (Ver página 5 de este mismo número).
El presidente de la Xunta ofreció una recepción a la que asistieron los miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado y el decano del Colegio Notarial de Galicia.
Varios integrantes del Consejo General del Notariado con la directora de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente y la vicedecana del Colegio Notarial Galicia, María José Gil.

Seguridad jurídica y custodia del territorio

EN ESTE PAÍS

Ignacio Torres en la inauguración.
José Ángel Martínez Sanchiz, en el acto inaugural.

Redacción

[email protected]

 

Seguridad jurídica y custodia del territorio

La custodia del territorio es un tema inagotable, de enorme trascendencia territorial, social y económica para España, en el que deben llegar a acuerdos múltiples sectores de la esfera pública y privada utilizando todo tipo de herramientas, pero todas guiadas por la seguridad jurídica, “sin ella cualquier medida adoptada se la llevará el viento.

Esta es una de las conclusiones generales de la I Jornada Seguridad Jurídica y Custodia del Territorio en la que participaron una treintena de expertos, entre conservacionistas, notarios, políticos, alcaldes y ONGs.

La jornada fue organizada por la Fundación Notariado, la Comisión de Custodia del Territorio del Consejo General del Notariado (CGN) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La inauguración corrió a cargo de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y de la Fundación Notariado e Ignacio Torres Ruiz-Huerta, subdirector de Biodiversidad y Cambio Climático de la Fundación Biodiversidad. El presidente del Notariado expresó el deseo de los notarios “de colaborar en distintos ámbitos como la custodia del territorio; la repoblación de los pueblos que necesitan recuperar el pulso de la vida ordinaria con más habitantes; y el aprovechamiento y configuración jurídica de los medios propios del campo, generando situaciones rentables para posesiones olvidadas como los montes de socios, que ocupan una parte significativa del territorio nacional».

Por su parte, Torres Ruiz-Huerta ratificó la importancia de las iniciativas de custodia del territorio en el marco de la recuperación económica y la transición ecológica, resaltando que “impulsar las oportunidades que nos ofrece el mundo rural debe ir asociado al fomento de la bioeconomía, a su vez asociado a la conservación de la biodiversidad y al cuidado de los servicios ecosistémicos. La custodia del territorio es una de las herramientas clave puesto que para poder abordar este gran reto son imprescindibles las alianzas estratégicas y trabajar coordinadamente con diferentes agentes, algo que nuestro acuerdo con el CGN y estas jornadas escenifican a la perfección”.

Estado actual

La primera mesa redonda se centró en el Estado actual de la Custodia del Territorio. De la conservación pública a la intervención ciudadana. Moderada por Ignacio Ferrer, decano del Colegio Notarial de Extremadura, miembro de la comisión permanente del CGN y patrono de la Fundación Notariado, contó como ponentes con Carlos Javier Durá, investigador del CIEDA; Antonio Ruiz Salgado, abogado y consultor jurídico ambiental, asesor jurídico del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio; y Federico Cabello de Alba, notario y miembro de la Comisión de Custodia del Territorio del CGN (quien participó de manera telemática).

 


LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PREVÉ AMPLIAR PARA 2030 AL 30% LA CANTIDAD DE SUPERFICIE TERRESTRE O MARINA PROTEGIDA JURÍDICAMENTE


 

Ferrer indicó que se debe «profundizar en la seguridad jurídica que aportan los notarios en la custodia del territorio para asegurar la legalidad y adecuar la voluntad de las partes». El investigador del CIEDA-CIEMAT, subrayó que “podemos realizar adaptaciones imaginativas de fórmulas empleadas con éxito en otros países para su incorporación al ordenamiento jurídico español. Entre otras, la adecuación de la fiscalidad ambiental para fomentar y consolidar iniciativas de custodia.”

El asesor jurídico del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, Antonio Ruiz, afirmó que “las líneas de trabajo para fortalecer la custodia del territorio están bien definidas en el Libro Blanco; entre otras, modificar la Ley 49/2002 de Mecenazgo e Incentivos a las Entidades no Lucrativas, mejorando el marco de desgravación actual e incorporando mejor el patrimonio natural y la biodiversidad”.

Federico Cabello de Alba, destacó que “hay necesidad de realizar acciones de formación combinada, tanto en el ámbito de las entidades de conservación como en el Notariado, en los montes de socios y en los comunales para asumir el reto de la demanda social representada por el movimiento de custodia del territorio y su trascendencia para la conservación de la biodiversidad y la despoblación del medio rural”. Cabello de Alba recordó que, en 2019, la Fundación Biodiversidad y el Consejo General del Notariado firmaron un acuerdo de formación y asesoramiento mutuo.

 

Montes de socios

El segundo panel de debate abordó los Montes de socios. Formalización y aportación al desarrollo rural. Con Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria, como moderador, intervinieron Pedro Agustín Medrano, director de «Montes de socios» y «Asociación Forestal de Soria»; José Manuel Benéitez, notario de Soria; Beatriz Martín Larred, senadora de ‘Teruel Existe’ y Pedro Gracia, letrado de la Asociación Forestal de Soria.

Latorre aseguró que no existe un marco legal adecuado para los montes de socios, lo que favorece que terceros interesados puedan caer en el abuso de hacerse con propiedades que no son suyas, de explotar recursos naturales sin pagar a sus legítimos dueños y de evitar la función social de la propiedad, que es la de hacer que parte de los beneficios obtenidos reviertan en la conservación de los propios montes y revitalicen las comunidades en las que se ubican. Medrano aseguró que desde su asociación quieren «custodiar los montes de socios -que sólo en Castilla y León ocupan 180.000 hectáreas- para los que vengan; es nuestra cuota de responsabilidad generacional». La senadora Martín apuntó que «los montes de socios son un fenómeno vinculado al fenómeno del éxodo rural. Entre las personalidades jurídicas que ayudan a regularlo destacan los colegios notariales que hacen posible la reanudación del tracto, permitiendo a los dueños empoderarse y recuperar su raíz»

El notario soriano José Manuel Benéitez aclaró que un monte de socios no es público, sino un monte privado en comunidad romana o por cuotas y que no existe una legislación completa que los abarque. Por ello pidió una ley integral que responda jurídicamente a todas sus características, y subrayó su valor para la biodiversidad:

 

La biodiversidad

Conservación de la biodiversidad, ¿Qué esperamos del mundo jurídico? fue la mesa dirigida por Oscar Prada, de la Fundación Biodiversidad, que tuvo como participantes a Cristina Álvarez, asesora Legal de SEO/BirdLife; Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global Nature; Javier Manrique, secretario de la Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales de Carácter Privado y notario de Jerez de la Frontera y Pedro García Moreno, presidente de ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste).

 


EL NOTARIO RURAL ES UNO DE LOS PRINCIPALES RECURSOS JURÍDICOS DE LAS ZONAS DESPOBLADAS


 

Álvarez-Vaquerizo señaló las que han tenido con administraciones municipales tras el cambio de secretario y su reinterpretación de los antiguos acuerdos de custodia en el marco de los contratos públicos, y por tanto sujetos a licitación, siendo algo muy diferente. Por su parte, Eduardo de Miguel reivindicó “un cambio jurídico para que puedan establecerse a perpetuidad los objetivos de conservación vinculados a un determinado terreno sujeto a un acuerdo de custodia o directamente propiedad de una entidad de conservación. Debido a esa carencia jurídica estamos dejando de recibir importantes donaciones de dinero privado que exige la garantía de perpetuidad.” Pedro García focalizó su intervención en las dificultades administrativas y la inseguridad jurídica de la custodia del territorio en entornos litorales.

Las tres entidades coincidieron en señalar las dificultades burocráticas encontradas con la administración en terrenos de dominio público, a pesar de que la custodia del territorio llega muchas veces donde no alcanza aquella, ahorrando a la sociedad costes para la conservación’.

Por su parte Manrique señaló que “el censo podría ser una fórmula jurídica a desarrollar para conseguir mayor duración, incluso perpetuidad de los objetivos de conservación vinculados a un terreno concreto”.

 

Despoblación en el mundo rural

La última mesa analizó las Soluciones jurídicas y experiencias prácticas al reto de la despoblación en el mundo rural. Carmen Rodríguez Pérez, decana del Colegio Notarial de Murcia, moderó el coloquio donde tomaron parte Luis Antonio Calderón, presidente de SIEMBRA y alcalde de Paredes de Nava; Judit Flórez, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Susana Gende, psicóloga del área de Estudios e Innovación Social de Cruz Roja; Conrado Giménez, presidente de Fundación Madrina y José María Graiño, decano del Colegio Notarial de Galicia.

Rodríguez centró el debate señalando que «el 53% del territorio español está ocupado por sólo el 5% de la población. Este dato pone de manifiesto la situación de despoblación en la que nos encontramos». Calderón puso en valor el papel activo de los alcaldes y la labor del notario rural: «su labor pública les convierte en referentes para los más vulnerables. Cuentan con un perfil universitario que les convierte en uno de los últimos recursos ante la despoblación». Flórez puntualizó que «nunca como hasta ahora ha habido una arquitectura institucional para abordar este reto desde todas las instituciones públicas». Por su parte, Gende señaló que “estamos a la cola de Europa en la inclusión del talento femenino en un entorno rural muy masculinizado. Las mujeres son las primeras que se van de los pueblos por la persistencia de los roles de género en el campo». Giménez explicó la creación de Abuelos Madrina en el entorno rural para proteger la maternidad vulnerable, así como el proyecto Pueblos Madrina “por el que buscamos alojamiento para familias cuya vida en la ciudad es extremadamente difícil».

Por último, Graíño puso de manifiesto la conexión de las notarías con la población de los pueblos, que «constituyen una estructura que garantiza la seguridad jurídica personal y patrimonial. El notario es una persona imparcial que sirve de guía en Derecho Privado; su intervención ex ante en la información precontractual permite conocer qué derechos se tienen o qué instrumentos jurídicos utilizar en materia de emprendimiento. El decano gallego recordó algunas iniciativas recientes puestas en marcha por el Notariado que pueden beneficiar a la población rural: «Se ha suscrito un convenio con empresas de microfinanzas para establecer créditos ventajosos con personas vulnerables facilitando la inclusión social. También cabe destacar la apuesta por la digitalización, con la creación del Portal Notarial del Ciudadano, donde podrán realizarse gestiones sin necesidad de desplazarse».

Custodia del territorio

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la custodia del territorio es una figura que facilita «iniciativas voluntarias de conservación de la naturaleza en fincas privadas y públicas entre el propietario y una entidad de custodia que le asesora para gestionar su territorio orientándolo hacia la conservación».

Montes de socios
En algunas regiones de España existen montes y terrenos rústicos propiedad de un colectivo de vecinos. Es una situación de proindiviso de varias personas físicas o jurídicas que poseen un porcentaje del territorio.
Primera mesa redonda (de izquierda a derecha): Antonio Ruiz, Carlos Durá, Ignacio Ferrer. Federico Cabello de Alba en pantalla.
Segunda mesa redonda (de izquierda a derecha): Pedro Medrano, José Manuel Benéitez, Beatriz Martín, Pedro Gracia y Miguel Latorre.
Tercera mesa redonda (de izquierda a derecha): Javier Manrique, José Ángel Martínez Sanchiz, Cristina Álvarez, Eduardo de Miguel, Oscar Prada y Pedro García.
Cuarta mesa redonda (de izquierda a derecha): José María Graíño, Conrado Giménez, Susana Gende, Luis Calderón, Judit Flórez y Carmen Rodríguez.

«Un instrumento para el desarrollo rural», por Ignacio Ferrer

EN ESTE PAÍS

IGNACIO FERRER,

Decano del Colegio Notarial de Extremadura.

"En la medida en que fomenta la colaboración público-privada, la custodia del territorio refuerza esa vía de integración y compatibilidad"

Un instrumento para el desarrollo rural

El concepto de custodia del territorio está unido al objetivo de la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestro medio rural. Implica, por decirlo de forma sencilla, un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden comprometer a los propietarios y usuarios del territorio en su conservación y buen uso, promoviendo para ello acuerdos y mecanismos de colaboración continua con entidades de custodia y otros agentes públicos/privados. Pero quizás por esa dimensión ambiental indudable que tiene la custodia del territorio existe la idea equivocada de una cierta incompatibilidad entre estos acuerdos con usos tradicionales como la agricultura, la caza, la pesca o la ganadería, cuando la realidad es justamente la contraria.

Estas actividades no sólo resultan complementarias, sino que frecuentemente facilitan y encajan como un guante en las estrategias de conservación del territorio. La lógica de un desarrollo sostenible enfocado simplemente al ecologismo, sin consideración de las dimensiones social, económica y cultural, hace años que abandonó la esfera y el discurso público, incluso el de las propias entidades conservacionistas. Hoy la sostenibilidad se entiende en un sentido integral e integrador, desde la asunción de que, del mismo modo que hay que poner límites y cauces a las actividades productivas para la protección del medio ambiente, también hay que proteger esas actividades, sin las cuales el medio ambiente sufriría una merma semejante o superior, asociada al abandono del medio rural y el preocupante fenómeno de la despoblación.

Muchos caminos rurales se perderían y se desaprovecharían para nuevos usos ligados al ocio o el disfrute de la naturaleza si no fueran explotados también para otros usos productivos, de nuevo cuño, como el turismo, o tradicionales, como la ganadería. En numerosos pueblos de la España rural la arboleda cubre la función de absorción de CO2 que cubren los bosques en países de Centroeuropa. La protección de esas actividades tradicionales no sólo tiene encaje dentro de las políticas públicas de sostenibilidad sino que son necesarias para ellas, y el reto no es otro que encontrar la mejor integración, desde el convencimiento de ser sostenible implica no solo armonía con el entorno sino también viabilidad, es decir, posibilidad de que esa actividad pueda ser mantenida en el tiempo sin perjuicio para el que la emprende.

En la medida en que fomenta la colaboración público-privada para ello, la custodia del territorio refuerza esa vía de integración y compatibilidad y por tanto supone o puede suponer un impulso a esas actividades tradicionales desarrolladas de una forma no antagonista sino complementaria con el entorno. Estas formas de colaboración han sido históricamente infrautilizadas en España, perjudicadas probablemente por un ambiente social que recela de la posibilidad de una colaboración real y leal entre actores privados, públicos y sociales orientada al interés general. Sin embargo, las propias políticas comunitarias están fomentando esta cooperación, ante la evidencia de que los grandes desafíos de la sociedad del bienestar no pueden afrontarse exclusivamente con financiación pública, sino que demandan la implicación (la inversión y también la inteligencia) de los actores privados.

Pues bien, si hay un ámbito en el que merezca explorar esa colaboración público-privada, sin duda, ese es el medio ambiente, no sólo por su relevancia intrínseca, sino porque todo lo que gira alrededor de la transición ecológica y el cambio climático se va a convertir, si no se ha convertido ya, en el gran motor de desarrollo de las próximas décadas, junto a las actividades productivas ligadas a la digitalización, el análisis y la inteligencia de datos y la ciberseguridad.

Además, en este caso, y hasta donde se le ha puesto a prueba, la custodia del territorio ya ha presentado sus credenciales favorables, mostrándose como un instrumento jurídico eficaz para la protección del entorno y la biodiversidad. Al sustituir una lógica de imposición/supervisión por otra de responsabilidad y colaboración, ha permitido un mejor cumplimiento de los objetivos ambientales. Y se ha revelado además como una fórmula menos costosa para el erario público y por tanto más eficiente para el ciudadano que una intervención de la Administración basada en figuras jurídicas de protección del paisaje y su avifauna y patrimonio cultural.

Teniendo en cuenta que más de la mitad del territorio en Red Natura 2000 es de propiedad privada, parece cuanto menos sensato y oportuno que se apueste por esta vía, implicando a propietarios y usuarios en la estrategia de conservación y fomentando su compromiso activo y colaboración con entidades conservacionistas de carácter público o privado. Para ello, sería conveniente desarrollar una regulación específica estructurada, al estilo de la que existe en otros países, sobre todo anglosajones, así como promover algunos estímulos (por ejemplo, fiscales) que sin duda saldrían a cuenta para el erario público.

Ni que decir tiene que los notarios, sobre todo en esas comunidades de la llamada España vaciada, podemos aportar -y estamos aportando ya-, mucho al desarrollo de esta institución, que, insisto, resulta totalmente compatible con los usos ganaderos, agrícolas, de caza, etc. que son tradicionales y casi consustanciales con nuestro campo. De ahí, también, que el Consejo General del Notariado venga trabajando desde hace dos años junto a la Fundación Biodiversidad en el análisis de la normativa y la presentación de propuestas legislativas para reforzar la seguridad jurídica de la custodia del territorio como herramienta de conservación.

La Seguridad Nacional no es ficción, por Noé de la Rubia

EN ESTE PAÍS

NOÉ DE LA RUBIA,

inspector de Policía Nacional, oficial de enlace en Interpol

 

 

Estoy convencido de que habría que aprovechar cualquier reforma legislativa para introducir un nuevo modelo de gestión de situaciones crisis

La Seguridad Nacional no es ficción

Casualidades de la vida, la amable dirección de la revista me propuso esta nueva singladura periodística, al tiempo que se popularizaba la película No mires arriba (Don´t look up) protagonizada por Leonardo di Caprio. Enésima entrega del género cinematográfico basado en el relato de inminentes catástrofes naturales que amenazan con asolar el Planeta Tierra y que acaban resolviéndose sobre la campana desde el otro lado del Atlántico, en un alarde de ingenio más que por sus “precarios” recursos.

Prometo que no la hubiera dando la menor tregua de no recibir tan generosa invitación, aunque también, por qué negarlo, en un intento por amenizar la lectura a aquellos que hubieran tenido oportunidad de verla, ya que básicamente, la película se construye sobre un supuesto de hecho perfectamente contemplado en la Ley.

Con este ardid literario, espero no dar la impresión de estar banalizando la cuestión de fondo, puesto que huelga decirlo, la Seguridad Nacional debe estar entre las prioridades de cualquier país y por ende, regir la actuación de sus gobernantes en todo momento, incluso diría yo, desde antes de llegar a serlo (en la oposición).

Como digo, el film resulta interesante tomarlo como telón de fondo, principalmente por el giro inesperado que da, tras la detección e inmediata comunicación de la amenaza a las autoridades, que mantienen la incertidumbre del espectador desde entonces hasta el mismo final. Ese punto de inflexión se propicia a partir de un truculento incidente en el que se ve envuelto un importante cargo político y que paradójicamente, no solo desvía la atención del Gobierno hacia ese asunto menor, sino que también, arrastra la de los medios de comunicación y de la propia ciudadanía, hasta el punto de convertir unos inicios ciertamente apocalípticos en una suerte de comedia.

No obstante, aunque director y guionistas se hayan afanado en querernos sorprender y en ocasiones llegar a entretener, también han podido alentarnos los temores a que la realidad pueda superar a la ficción al paso que vamos. De hecho, no creo que se exagere al equiparar, al menos en lo que al hecho desencadenante se refiere, la crisis epidemiológica que padecemos con cualquier guion cinematográfico de este género, aunque todavía estemos muy lejos en todo lo demás.

Por ese motivo, estoy convencido de que habría que aprovechar cualquier reforma legislativa para introducir un nuevo modelo de gestión de situaciones crisis, en el que se preponderara el conocimiento de los expertos en la toma de decisiones, por encima de los que no lo sean con independencia del puesto que ocupen y la legitimidad que las urnas les hayan otorgado.

Por suerte, al menos en nuestro país, gozamos de un contingente funcionarial extraordinariamente competente, perfectamente capaz de hacerlo con las debidas garantías de neutralidad y persecución del interés general, que deben presidir la actuación de la Administración en general, pero más aún en los momentos críticos.

De poco servirá, que en la nueva redacción se hayan incluido “las aportaciones de expertos independientes, personas de reconocido prestigio, con conocimientos y experiencia en el campo de la seguridad”; o que llegado el momento, gracias al Sistema de Seguridad Nacional que se pretende implantar, desde esos futuribles observatorios, centros y plataformas que lo integrarían, sobre la base de “la información proporcionada por unos datos objetivos de determinación de impactos y la evidencia
científica” se identifique un peligro para la seguridad nacional que active una alerta temprana y se comunique por los canales “especiales” que la Ley prevé hasta llegar al mismo Gobierno o en este caso, al Consejo de Seguridad Nacional como“ órgano responsable de la dirección y la coordinación de las actuaciones para la gestión de situaciones de crisis”, si entre medias, como ocurre en el celuloide, otros factores o incidentes (truculentos o no), la silencian o tergiversan, impidiendo la ejecución de medidas de respuesta y conducción en tiempo oportuno.

Por último, como epílogo a esta ingenua aspiración, me gustaría resaltar otra, en este caso no mía sino del Gobierno, en lo relativo a las implicaciones en el sector privado que se derivan del plan que se pretende implantar, como la de salvaguardar la base industrial que garantice el suministro de aquellos bienes y servicios que sean considerados como de primera necesidad y carácter estratégico, así como la mejora de las capacidades militares mediante “una política activa de colaboración público-privada que apoye firmemente al sector industrial y tecnológico de la seguridad y la defensa en España”, lo que nuevamente me recuerda la película y la entrada en escena de un gigante tecnológico que convence al Gobierno para seguir su plan de rescate (por intereses comerciales) desbaratando el propuesto por los expertos. En esta cuestión, difiero totalmente del curso cinematográfico de los hechos puesto que soy un firme defensor de la colaboración público-privada y no tanto de la tendencia legislativa actualmente imperante que la traba e impide el aprovechamiento óptimo de todas posibilidades que presenta.

Concretamente en lo que a mi área de trabajo se refiere, en la que confluyen en perfecta simbiosis, cibercrimen y blanqueo de capitales, se padece especialmente. De nada sirven los denodados esfuerzos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni la buena voluntad y disposición a colaborar de las entidades privadas (entre sí y con nosotros) cuando nos enfrentamos a este tipo de delincuencia en el marco legal actual. Ejemplos como la Ley USA Patriot deberían marcar el camino a futuras reformas legislativas que pretendan dar una respuesta eficaz con medidas concretas para luchar contra esta otra (si me lo permiten) pandemia silenciosa, pero de alcance igualmente planetario y crecimiento exponencial, que arruina impunemente la vida de miles de personas y empresas cada año.