El consumo de alcohol entre menores de edad es un problema creciente, que afecta tanto a la salud física como emocional de los jóvenes, y representa un desafío importante para las familias, las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Muchos factores influyen en el consumo de alcohol por los adolescentes, como la curiosidad, el deseo de imitar a los adultos, de pertenecer a un grupo o encontrar una forma de escapar de los problemas emocionales, como el estrés o la ansiedad.

A esto se suma la normalización del alcohol en la cultura española, donde está presente en celebraciones familiares y eventos sociales, y resulta de fácil acceso para los jóvenes. Los medios de comunicación y la publicidad también fomentan una imagen atractiva del consumo de alcohol, que hace frecuente su uso desde edades tempranas. Como consecuencia, según recientes estudios, un alto porcentaje de jóvenes entre 12 y 17 años ha probado el alcohol alguna vez, y muchos de ellos lo consumen de manera habitual.

Sin embargo, el consumo de alcohol en menores no es inocuo, ya que afecta negativamente a su desarrollo físico y psicológico. A nivel cerebral, el alcohol puede interferir en el desarrollo normal de áreas relacionadas con la toma de decisiones, el autocontrol y la memoria, lo que aumenta el riesgo de alteraciones de comportamiento, depresión, ansiedad y fracaso escolar. Además, a largo plazo, los adolescentes que consumen alcohol tienen más probabilidades de desarrollar adicciones y otros problemas de salud, como enfermedades hepáticas y cardiovasculares.

Ante esta preocupante situación, la prevención es fundamental. Familias, escuelas, medios de comunicación y administraciones deben trabajar conjuntamente en la educación y concienciación sobre los riesgos. Pero la prevención no debe limitarse a campañas informativas puntuales, de escasa o nula repercusión sobre los jóvenes, sino que debe tener un enfoque integral que involucre a todos los actores claves en la vida de los adolescentes, promoviendo actividades alternativas al consumo de alcohol como forma de diversión.

Otras medidas como el endurecimiento de la venta de alcohol a menores, no solo en tiendas físicas, sino también en plataformas en línea, donde el acceso es cada vez más sencillo para los menores, el aumento de los controles en locales y lugares de ocio, la concienciación de comerciantes y hosteleros y la limitación del acceso a bebidas alcohólicas en eventos públicos, pueden ayudar a reducir su consumo, pero no son una panacea.

Por eso, la familia debe ser el principal pilar para la prevención del consumo de alcohol entre los jóvenes. Los padres tienen un papel fundamental para educar a sus hijos sobre los peligros del alcohol y deben ser conscientes del impacto que tienen sus propias actitudes, predicando con el ejemplo, fortaleciendo la comunicación e implicación en el hogar y fomentando modelos de comportamiento saludables y responsables. Si el consumo de bebidas alcohólicas es visto en casa como una práctica cotidiana y sin riesgos, los jóvenes lo considerarán como algo inofensivo. Además, muchas familias también sufren las consecuencias económicas y emocionales del consumo de alcohol en menores.

Por eso es importante que los padres estén informados sobre los riesgos que implica el consumo de alcohol a edades tempranas, para poder abordarlo de manera efectiva. Finalmente, es fundamental mantener en casa una comunicación abierta, donde los adolescentes se sientan cómodos para hablar de sus problemas e inquietudes. Por eso hay que establecer reglas claras y coherentes sobre el consumo de alcohol en el hogar.

La escuela, donde los jóvenes pasan una gran parte de su tiempo y socializan con sus compañeros, también juega un papel importante en la prevención, y puede facilitar una formación adecuada sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol a través de programas de educación preventiva que incluyan charlas, talleres y actividades interactivas. Estos programas de prevención deben incluir no solo información sobre los efectos negativos del alcohol, sino también estrategias para resistir la presión social y desarrollar habilidades de toma de decisiones responsables.

Además, es importante que se promueva una cultura social que ofrezca alternativas de ocio saludables, como el deporte, la música, el arte o actividades extracurriculares que fomenten la autoestima y la convivencia sin necesidad de recurrir al alcohol. En este ámbito, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad importante en la prevención, dejando de normalizar el consumo de alcohol entre menores en sus contenidos. Pese a las restricciones en horarios y espacios donde pueda haber menores de edad, la exposición de los adolescentes a la publicidad de bebidas alcohólicas sigue siendo alta, especialmente en plataformas digitales y redes sociales, donde las regulaciones actuales no tienen un alcance efectivo, y a menudo se asocia su consumo con diversión, éxito y popularidad, enviando un mensaje peligroso a los jóvenes, por lo que se debe regular mejor y evitar que sea accesible a los menores.

Las campañas de concienciación masivas pueden llegar a un público muy amplio, sensibilizando no solo a los jóvenes para que tomen decisiones saludables y desarrollen habilidades emocionales, como el manejo del estrés y la autoestima, sino también a sus familias y a la sociedad en general, pero para ser eficaces deben ser creativas y estar dirigidas específicamente a los adolescentes, utilizando plataformas como redes sociales y medios digitales.

En definitiva, el consumo de alcohol en menores es un problema que afecta a toda la sociedad, y en el que todos debemos implicarnos.

No se trata tan solo de obligar a los fabricantes a diseñar y fabricar productos que sean fácilmente reparables. El objetivo de la nueva normativa europea es también promover el interés de los consumidores por la reparación de los dispositivos averiados antes de optar por uno nuevo. Por eso se anima a los Estados miembros a que pongan en marcha campañas divulgativas que hagan más “sexy” esta opción. Una tarea que no va a resultar fácil entre los adictos a las novedades tecnológicas.

La vida media de un terminal de telefonía móvil en la UE es de tres años, justo el período de garantía obligatoria que establece la ley. Sin embargo, esa misma normativa obliga al fabricante a asegurar el suministro de los recambios necesarios para su reparación durante diez años. Entonces, ¿por qué los usuarios damos una vida tan corta a nuestros móviles? Pues porque en buena parte de los casos la sustitución no se produce porque el terminal haya dejado de funcionar correctamente, sino porque el fabricante lanza al mercado un nuevo modelo con un cambio de diseño o un ligero aumento de las prestaciones añadidas (a menudo triviales) que lo hacen más atractivo para su público incondicional.

Estar a la última en tecnología tiene un alto coste económico. Según los cálculos de la propia UE, los consumidores europeos en su conjunto destinamos cada año alrededor de 12.000 millones de euros a sustituir nuestros aparatos eléctricos y electrónicos en lugar de repararlos. Pero es que la factura ecológica es aún más alta.

Así, además de ser la fracción de la basura doméstica que más crece en la UE, con cerca de 40 millones de toneladas de residuos anuales, la renovación prematura de este tipo de productos provoca un aumento de las emisiones de CO2 de alrededor de trescientos millones de toneladas anuales. Un auténtico lastre para avanzar hacia una economía baja en carbono y cumplir con los objetivos climáticos que se recogen en el Pacto Verde Europeo.

Por todo ello, además de obligar a los fabricantes a que los componentes de sus productos sean fácilmente extraíbles, reparables o sustituibles a bajo coste, además de obligar a la Administración a promover servicios de reparación que sean cómodos de contratar, ágiles en la entrega y competitivos a nivel de precio, va a ser preciso emprender una gran campaña informativa que convierta el derecho a reparar en un deber ciudadano.

Un deber basado en el compromiso de todos con el medio ambiente y contra el cambio climático, algo que por cierto mueve cada vez más a los jóvenes, precisamente el sector de la población que muestra una mayor devoción a estar a la última en tecnología. Lograr establecer ese vínculo entre consumo responsable y cuidado del medio ambiente es una de las empresas que deben acompañar a la implantación de esta nueva normativa.

Una normativa que supone un gran paso adelante para reducir la chatarra tecnológica y evitar su alto coste ambiental. Pero que, para que sea efectiva, deberá dar paso a un cambio de conducta en la manera de relacionarnos con la tecnología de consumo. Superada ya la excusa de que “me sale más caro repararlo que comprar uno nuevo”, el objetivo ahora es promover lo que se ha dado en llamar la “alargascencia” como nueva cultura. Alargar la vida del teléfono móvil, la tableta o el portátil debe estar bien visto socialmente, y de manera especial entre aquellos que protagonizan y generan las tendencias de su consumo.

Es magnífico que la nueva ley obligue a que los móviles ofrezcan una mayor resistencia a las caídas accidentales o al rayado, que las baterías duren más y durante más tiempo o que las actualizaciones del sistema operativo dejen de convertirse en una estrategia de obsolescencia programada. Que arreglarlos sea en verdad tan fácil como comprar uno nuevo, y que salga más barato. Pero todo ello no servirá de nada si no logramos seducir al gran público para que se ponga a ello.

De lo que se trata es de aplicar la inteligencia a la inteligencia aplicada. Y en este caso ello pasa por conseguir que todos entiendan que el agotamiento de los recursos naturales amenaza nuestra supervivencia en el planeta y que, si convenimos en aceptar que mejor residuo es el que no se genera, también deberíamos hacerlo en admitir que la reparación de los aparatos eléctricos y electrónicos es la opción más sensata y razonable para dejar de generarlos, y para avanzar hacia un consumo mucho más sostenible y responsable de estos dispositivos. Unos dispositivos que, si bien nos permiten acceder a una vida más cómoda, también nos requieren una mayor atención para evitar el alto impacto ambiental que genera su consumo alargando su vida útil y reduciendo su huella de carbono.

El reto normativo era dotarnos de un reglamento común que contribuyera de manera eficaz a la transición hacia un modelo energético más limpio y renovable; a cumplir los objetivos de eficiencia energética de la UE, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a impulsar el avance de la economía circular. El reto cultural es lograr que la sociedad entienda hasta qué punto todo eso es importante y acepten el reto.

Las dificultades para el acceso a la compra de vivienda en ocasiones están ligadas al pago de la entrada de la vivienda, que en España suele implicar tener ahorrado el 20% de su valor. Las políticas públicas destinadas a relajar esta restricción han adoptado multitud de versiones, desde cuentas vivienda incentivadas fiscalmente hasta, más recientemente, avales para que se pueda reducir la cantidad adelantada. Además de la propuesta del Gobierno español, diversas comunidades autónomas están proponiendo fórmulas similares. Por ejemplo, a finales de junio de 2024 la Generalitat Valenciana anunció un programa de garantías para que los jóvenes de entre 18 y 45 años puedan acceder a préstamos de hasta el 95% del valor de la vivienda avalados por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). En este caso no hay límite de renta y el valor de dicha primera vivienda puede llegar hasta los 277.000 euros.

El antecedente más directo y reciente de estas propuestas es el programa Help to Buy aprobado en el Reino Unido en 2013. El objetivo era ayudar a superar las restricciones crediticias de los jóvenes a la hora de comprar una vivienda pues la tasa de jóvenes en los veinte que eran propietarios de vivienda había caído del 50% en 1993 y hasta el 20% en 2013. El sistema tenía un componente de préstamos de capital (equity loan) que suponía la obtención de un préstamo por el 20% del valor de la vivienda con un tipo de interés muy bajo y que no comenzaba a pagarse hasta el sexto año. El esquema se podía utilizar solo para viviendas nuevas de menos de 600.000 libras. Dado que en el Reino Unido la proporción habitual de préstamo/valor es del 75% este esquema suponía una entrada de solo el 5% del valor de la vivienda. Entre el comienzo del programa y finales de 2018 se beneficiaron de este esquema 195.000 viviendas con un valor de 50.000 millones de libras. Las evaluaciones realizadas del programa no son muy alentadoras. La política aumentó el precio de las viviendas sin un efecto sustancial sobre la construcción de nuevas viviendas o el volumen de préstamos privados en el Gran Londres, donde existen numerosas restricciones a la construcción y la vivienda es muy cara. En el borde entre Inglaterra y Gales, donde hay menos problemas de accesibilidad, sí que se produjo un aumento de la construcción sin efecto sobre los precios. Por tanto, parece que el esquema fue efectivo solo en aquellos sitios donde la vivienda ya era accesible.

Al margen de las evaluaciones del caso de Gran Bretaña hay consideraciones más generales que hay que tener en cuenta. En primer lugar, es importante considerar cuál es la proporción de propietarios existente, y cuál es la proporción que el sistema financiero y la economía puede sostener. En Estados Unidos durante la década de los 90 y el año 2000 se produjo una expansión promovida con incentivos públicos, de la llamada sociedad de los propietarios. La relajación de las condiciones exigidas por Freddie Mac y Fannie Mae, esquemas de garantías públicas de créditos hipotecarios originados por la banca privada, hizo aumentar la proporción de propietarios desde el 63,9% de 1990 hasta el 69% de 2005. El sistema financiero no pudo soportar esos niveles de deuda hipotecaria de baja calidad y la burbuja pinchó devolviendo la proporción de propietarios al 63% en 2015 y quebrando a millones de familias por el camino. En el movimiento de ida y vuelta no se ganó nada. Por tanto, no tendría mucho sentido endeudar a trabajadores jóvenes con empleos precarios para comprar, con un elevado grado de endeudamiento, un activo que tiene un riesgo sustancial.

En el caso español hemos de pensar que la tasa de propietarios era del 87% en 2005, mucho más alta que la media de los países de su nivel de desarrollo, que estaba en torno al 70%. Esto implicaba una proporción anormalmente baja de tenencia en alquiler con consecuencias muy negativas sobre la movilidad laboral. El aumento de la proporción de propietarios jóvenes que tenían trabajos temporales, muchos de ellos en la construcción, también contribuyó a un shock muy negativo cuando la crisis financiera afectó a la actividad económica produciéndose miles de desahucios.

Es cierto que, en general, se considera la posesión de una vivienda como un mecanismo de ahorro forzado que facilita la acumulación de riqueza para la jubilación y que permite mitigar la desigualdad de la riqueza. También se ha considerado como un activo muy rentable y, por tanto, financieramente deseable. No obstante, las consecuencias de la crisis financiera de 2008 sobre el precio de la vivienda muestran que se trata de un activo sujeto también a un elevado nivel de riesgo.

No hay duda que la proporción de jóvenes propietarios de viviendas ha caído sustancialmente. En 2008, justo antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la proporción de propietarios menores de 30 años era el 58%, cayendo al 30% en 2023. La pregunta relevante es si, socialmente, ese 30% es una proporción demasiado baja o apropiada. En el Reino Unido, por ejemplo, esta proporción es inferior. Además, los cambios sociológicos de la última década, donde los jóvenes alquilan el coche, el patinete, la bicicleta, etc. implican que muchos que no son propietarios de vivienda pueden haber optado de forma deliberada por el alquiler.

Por último, y suponiendo que, a pesar de las consideraciones anteriores, se quiera aumentar la tasa de propietarios de vivienda entre los jóvenes hay que pensar si la política de avales para la entrada de unas viviendas de un precio muy elevado es la mejor opción. Otras opciones, como políticas de aumento de la oferta que mitiguen, o reduzcan, los precios de la vivienda, o la reducción de los elevados impuestos de transmisión de inmuebles en el caso de primera vivienda habitual para jóvenes, serían más eficientes.