Por la reconstrucción de La Palma

CONSUMO

Por la reconstrucción de La Palma

Imagen tomada en La Palma por el notario de Bilbao, Alfonso Batalla.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

[email protected]
Twitter: @fatimadorca

Más de tres meses después de la finalización de la erupción del volcán en la zona de Cumbre Vieja, con miles de personas evacuadas y 1.219 hectáreas destruidas por las coladas, continúan las labores de reconstrucción en la isla de La Palma. Los notarios están muy involucrados en esta tarea. Hasta febrero, miles de personas habían pasado por las tres notarias provisionales creadas para atender a los damnificados.

Tal y como expresó, en diciembre de 2021, el consejero responsable del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias, Julio Pérez, al anunciar el cese de la actividad volcánica: “Esta insoportable letanía de destrucción ha terminado y ahora toca reconstruir, mejorar, rehacer y reponer”.
Y en esa labor se volcaron, y continúan haciéndolo, los palmeros y los servicios públicos: entre Guardia Civil, Cuerpo General de la Policía Canaria, Unidad Militar de Emergencias, Policía Nacional, policías locales, Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales, Brigada contra Incendios Forestales, personal del Cabildo de La Palma, personal de emergencias del Gobierno de Canarias, Cruz Roja y servicios de extinción de incendios de diferentes islas del archipiélago, el Notariado, etc.

Apoyo notarial

“Trabajamos todos juntos, con un sentimiento de hermandad”, relata el notario de Badalona, Barcelona, Iván Emilio Robles, que acudió como voluntario en el mes de diciembre. “Cuando llegué a la notaría de Tazacorte me encontré con una situación dura, con gente que lo había perdido todo y lo primero que pensé es que nuestra labor habitual de servicio público estaba, en ese momento, más manifiesta que nunca”, asegura.

“En un tiempo récord se instalaron las tres oficinas dotadas de los elementos tecnológicos más idóneos para realizar nuestra labor con la misma seguridad jurídica. El sistema adoptado tiene su curiosidad puesto que se trata de notarías que están siendo atendidas sucesivamente por diferentes notarios en régimen de habilitación especial y con carácter temporal”, asegura José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña. Y es que, desde la apertura de las notarías hasta la fecha, más de 40 notarios han ejercido su labor de manera voluntaria en La Palma. Para ello, explica “se ha establecido un único servidor contra el que trabajan los distintos ordenadores, estando el mismo integrado en la red notarial RENO, VPN dotada de la máxima seguridad”.

DESDE LA APERTURA DE LAS NOTARÍAS MÁS DE 40 NOTARIOS HAN EJERCIDO SU LABOR DE MANERA VOLUNTARIA EN LA PALMA

Gracias a la labor de los notarios “los afectados por el volcán están obteniendo documentación fehaciente que acredita cuál era la situación de sus propiedades en el momento en que fueron ocupadas por la lava y también dejan constancia de cuáles eran los derechos existentes. Así podrán justificar su situación ante las autoridades y obtener ayudas, justiprecios e indemnizaciones”, explica Alfonso Cavallé. “Miles de personas han pasado por las notarías, teniendo en cuenta las consultas y las autorizaciones”, asegura. Muchos de los damnificados “han perdido todo, sus casas, sus recuerdos, sus medios de vida, el espacio vital y familiar, sus raíces…”, incide el decano del Colegio Notarial de Canarias.

En cuanto a la duración de la estancia de los notarios en La Palma, el decano del Colegio de Valencia, Francisco Cantos, lo tiene claro: “Estaremos el tiempo que haga falta. Es un compromiso del Consejo General del Notariado y, por tanto, vinimos con la intención de no irnos ni un día antes de lo necesario”.

Notaría temporal de Tazacorte.

Asesoramiento y actas

La ayuda prestada a los palmeros consiste, fundamentalmente, en el asesoramiento notarial y la autorización de actas de notoriedad, documentos que permiten declarar notorio, es decir, conocido por todo el mundo, un hecho. En este caso, el hecho es la propiedad de las fincas, de las construcciones, las plantaciones y todo aquello que tenga contenido económico y que un ciudadano de La Palma quiera acreditar documentalmente. “También hay personas que plantean otras dudas y se les da asesoría” explica Santiago Tomás Roy, otro de los notarios desplazados a la isla, procedente de Pájara, en Fuerteventura. Sin embargo, señala “lo que más hemos hecho son actas de notoriedad. Los cultivos tienen un alto precio, el metro cuadrado de plátano es muy alto, y eso en una escritura no se refleja, se dice que hay un terreno, pero no que son cinco mil metros de platanera, eso es mucho dinero”.

LA AYUDA CONSISTE, FUNDAMENTALMENTE, EN EL ASESORAMIENTO NOTARIAL Y LA AUTORIZACIÓN DE ACTAS DE NOTORIEDAD

Para los notarios, en numerosas ocasiones, no ha sido fácil demostrar que en cierto terreno había, por ejemplo, una casa. Además de contar con la ayuda del Catastro “para demostrar su existencia hemos tenido que hacer labor de investigación, de hecho, hemos llegado a llamar a una compañía de agua para que nos certificase que hacían llegar las facturas a una casa ubicada en dicha localización”, asegura el notario del Vall d´Uixo, en Castellón, Luis Manuel Mata.

“El Catastro en situaciones como esta, en la que estamos trabajando sobre fincas desaparecidas, es una herramienta muy útil, nos permite asegurarnos de la realidad física de las fincas y tener una referencia indiciaria de que quien asegura ser su propietario es titular catastral. Por otro lado, ha sido un descubrimiento, para los que venimos de la península, Grafcan, una base de fotografías aéreas de todas las Islas Canarias con unas estupendas capas de información con el añadido de que han sobrevolado y fotografiado los inmuebles en 2021, lo que permite algo muy importante en las fincas rústicas: ver si realmente estaban sembradas o no y con qué tipo de cultivo”, explica el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín.

Según la notaria de Barcelona, María Armas “nuestra labor es de gran utilidad porque es una zona donde hay muy poca transmisión de documento público y, por lo tanto, los problemas para averiguar quién es el titular real también son muchos. Hay un trabajo ingente por hacer”.

Precisamente por eso los notarios continúan realizando una labor importante de apoyo a los afectados “con nuestro trabajo y asesoramiento y dándoles un rayo de esperanza en estos momentos tan difíciles para ellos”, explica el notario Andrés Valdés, notario de L´Ametlla de Mar, Tarragona.

“Hemos realizado una revolución silenciosa de todos los notarios bajo la cabeza visible de tres decanos”, asegura María Adoración Fernández, notaria de Albacete.

Y si hay algo en lo que coinciden todos los voluntarios es en el “estoicismo de los palmeros cuando te cuentan en la intimidad de la entrevista que lo han perdido todo”, explica Ignacio González Álvarez, notario en Telde, Canarias. Algo que también señala José Marqueño, notario en Barcelona: “Sorprende la entereza de los vecinos, cómo hablan de sus propiedades, como fijan linderos y explican su historia”. “Todavía tienen capacidad de esbozar una sonrisa cuando les aseguramos que no nos vamos a ir hasta que acabemos con el trabajo que hemos venido a hacer”, señala Raquel Iglesias, notaria de Badalona, Barcelona.

Según explica el notario Enrique Rojas Martínez del Mármol, notario de Las Palmas de Gran Canaria: “Es un pueblo acostumbrado a la adversidad, que ha emigrado para sobrevivir cuando no había otra salida y que está dispuesto a renacer de las cenizas si las ayudas se lo permiten, ya que la mayoría de los palmeros aman su tierra y no quieren abandonarla”.

En esa línea, Pedro Javier Viñuela, notario voluntario, de Las Palmas de Gran Canaria, coincide: “No debemos olvidar a los 7.000 desplazados, han perdido su casa, es importante que reciban ayuda”. Por ello, como asegura el notario de Font d´en Carròs, Valencia, Lorenzo Talens “es en esa proximidad con el ciudadano de a pie donde debemos estar”.

Los documentos que los notarios autoricen, sin coste alguno, se incorporarán a un protocolo especial. Estos libros y demás documentos, una vez finalizada su habilitación, quedarán depositados en el archivo general de protocolos del distrito de los Llanos de Aridane.

LAS HECTÁREAS DE CULTIVOS AFECTADAS ALCANZAN LAS 370, LA MAYORÍA DE ELLAS PLATANALES

Tras finalizar la erupción el Catastro las situó en 1.676, de las que 1.345 son de uso residencial, 180 de uso agrícola, 75 de edificaciones industriales, 44 de edificaciones de ocio y hostelería, 16 de edificaciones de uso público y 16 restantes de otros usos. Por su parte, el satélite Copérnicus cifra en 2.988 las edificaciones destruidas y en 138 las edificaciones dañadas. El dato final se obtendrá una vez se puedan filtrar estos números y compararlo con los daños en el lugar.

Las hectáreas de cultivos afectadas alcanzan las 370, la mayoría de ellas platanales. A esta cifra se suman 90 hectáreas de cultivos aisladas. Además, 412 hectáreas de plataneras han sido cubiertas por cenizas, a lo que se suman 128 viñas y 84 plantaciones de aguacates.

Tres notarías a pleno rendimiento

El Decreto Ley 20/2021 atribuye a los notarios la función de ayudar a acreditar la existencia y titularidad de inmuebles y negocios. Por ello, desde el cinco de noviembre, cuando se abrieron las tres notarías temporales en Tazacorte, Los Llanos de Aridane y El Paso, los notarios están en La Palma prestando sus servicios. Los primeros en llegar fueron los decanos de los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia; Alfonso Cavallé, José Alberto Marín y Francisco Cantos, respectivamente, quienes pusieron en marcha estas notarías que, a día de hoy, continúan abiertas y cuentan con la ayuda económica y tecnológica del Consejo General del Notariado. Hasta el 7 de febrero habían prestado sus servicios en ellas más de 40 notarios procedentes de muy diversos puntos de España. Los documentos que los notarios autoricen, sin coste alguno, se incorporarán a un protocolo especial

Crecidos ante la adversidad

Si hay algo en lo que todos los voluntarios coinciden es en “su resiliencia”. Según explica el notario Enrique Rojas Martínez del Mármol, notario de Las Palmas de Gran Canaria: “Es un pueblo acostumbrado a la adversidad, que ha emigrado para sobrevivir cuando no había otra salida y que está dispuesto a renacer de las cenizas si las ayudas se lo permiten, ya que la mayoría de los palmeros aman su tierra y no quieren abandonarla”. En esa línea, Pedro Javier Viñuela, notario voluntario, de Las Palmas de Gran Canaria, coincide: “No debemos olvidar a los 7.000 desplazados, han perdido su casa, es importante que reciban ayuda”.

NotariosporlaPalma.com

El decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, inició durante su estancia en la isla un blog destinado a contar cuál es la situación allí desde la mirada de los distintos notarios voluntarios que han estado y están en La Palma. Un espacio impulsado por el Consejo General del Notariado para informar y dar visibilidad a la situación de los palmeros.

Saber más

La experiencia de los notarios voluntarios

  • María Armas, notaria de Barcelona: “Nuestra labor es de gran utilidad porque es una zona donde hay muy poca transmisión de documento público”
  • María Adoración Fernández, notaria de Albacete: “Los notarios de España hemos realizado una contribución silenciosa”
  • Ignacio González Álvarez, notario de Telde, Gran Canaria: “Es increíble el estoicismo, la dignidad de los palmeros”
  • Raquel Iglesias, notaria de Baladona, Barcelona: “No nos vamos a ir hasta que acabemos con el trabajo que hemos venido a hacer”
  • José Marqueño, notario de Barcelona: “Me sorprende la entereza de los vecinos, cómo hablan de sus propiedades, cómo fijan linderos…”
  • Luis Manuel Mata, notario del Vall d´Uixo, en Castellón: “Hemos tenido que hacer labor de investigación”
  • Iván Emilio Robles, notario de Badalona, Barcelona: “Los notarios trabajamos en la reconstrucción junto a otros servicios públicos”
  • Santiago Tomás Roy, notario de Pájara, en Fuerteventura. “También hay personas que plantean otras dudas y se les da asesoría”
  • Lorenzo Talens, notario de la Font d’en Carros, Valencia: “Es en la proximidad con el ciudadano de a pie donde debemos estar”.
  • Andrés Valdés, notario de L´Ametlla de Mar, Tarragona: “Con nuestro trabajo y asesoramiento tratamos de darles esperanza en estos momentos”

Ministerio de Agricultura: En la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se puede consultar toda la información sobre la nueva normativa y conocer qué otros planes oficiales existen contra el desperdicio.

Saber más

José Alberto Marín

Decano del Colegio Notarial de Cataluña: “Las notarías están siendo atendidas sucesivamente por diferentes notarios”

Alfonso Cavallé

Decano del Colegio Notarial de Canarias: “Los afectados están obteniendo documentación fehaciente”

Francisco Cantos

Decano del Colegio Notarial de Valencia: “Estaremos el tiempo que haga falta. Es un compromiso del Notariado”

El control de las empresas de reunificación de deudas: una asignatura pendiente, por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Olga Ruiz Legido,

Presidenta de FACUA

 

Los consumidores deben ser precavidos, informarse previamente de la operación, su coste y la entidad que realizará las gestiones

El control de las empresas de reunificación de deudas: una asignatura pendiente

En contextos de crisis económicas e incremento de la vulnerabilidad de los consumidores proliferan, como en la actualidad, las ofertas de productos financieros que prometen soluciones mágicas para afrontar el pago de las deudas. Como ya ocurriera hace años, vuelven a cobrar protagonismo los anuncios publicitarios de reunificación de deudas. Anuncios que, en una gran mayoría de casos, ofrecen como señuelo fórmulas cómodas para pagar menos por las deudas contraídas y frente a las que el consumidor debe ser precavido y no dejarse llevar por cantos de sirenas de una publicidad que presenta esta operación como la solución a sus problemas de endeudamiento.

En principio, reunificar la deuda y pagar menos con una sola cuota mensual pudiera parecer atractivo, pero es preciso estar alerta y desenmascarar ofertas engañosas de empresas con pocos escrúpulos. Hay que tener en cuenta las características de la operación a realizar, la entidad que la llevará a cabo y todos los gastos, comisiones e intereses que lleva aparejado. Por ello, es indispensable sopesar bien esta opción, dirigida mayoritariamente a economías vulnerables con alto nivel de endeudamiento y que hace de la necesidad económica de las familias su mayor reclamo.

Intereses muy elevados, gastos de cancelación de los préstamos preexistentes, costes vinculados a la nueva operación de unificación de las deudas en un nuevo préstamo, comisiones y gastos de la empresa intermediaria, etcétera, pueden suponer cantidades que, sumadas, incrementan el nivel de endeudamiento del consumidor de forma considerable, haciendo realmente gravosa una operación que se presenta como solución a sus problemas económicos.

Los consumidores deben ser precavidos, informarse previamente de la operación, su coste y la entidad que realizará las gestiones y valorar correctamente su alcance y riesgo para no caer, víctimas de fraudes y abusos y movidos por una publicidad agresiva y una información engañosa, en graves situaciones de sobreendeudamiento que comprometerán aún más su situación financiera.

La operación de reunificación de deudas puede efectuarse a través de entidades financieras, que realizarán de forma efectiva dicha reunificación a través de la concesión y contratación de un nuevo préstamo; o bien puede hacerse a través de empresas intermediarias, que gestionarán la búsqueda de un producto financiero ofrecido por otra entidad y que no están exentas de obligaciones de transparencia, información y publicidad para con el consumidor.

Si se utiliza como intermediaria una de estas empresas, el precio de la operación se eleva, ya que se tendrá que asumir tanto las comisiones y ganancias de esta entidad como de la que realice la operación de forma efectiva, por lo que conocer bien las condiciones de la operación resulta esencial y, a veces, el contexto de necesidad, la premura y la confusión en el que se desarrollan este tipo de operaciones no ayuda a ello.

Los riesgos de la reunificación de deudas han venido siendo denunciados públicamente por organizaciones de consumidores y diversos organismos e instituciones. Entre ellos, el Defensor del Pueblo, quien ya alertó de sus peligros hace años e hizo un llamamiento a una mejor regulación y control de las entidades que se dedicaban a esta actividad y a aquellas que actuaban de intermediarias en este tipo de operaciones.

La regulación llegó, primero con la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios e intermediación para la celebración de contratos de préstamos o crédito y, posteriormente, con la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Ambas normas establecen obligaciones de transparencia, información, publicidad, registro y control en la contratación con consumidores de este tipo de productos con el objetivo fundamental de salvaguardar los intereses económicos y los derechos de los consumidores y usuarios. El registro de las empresas y el control y la supervisión de las entidades son instrumentos clave para evitar y prevenir los abusos que se producen, y representa el gran talón de Aquiles de la protección del consumidor en este sector.

De una parte, la Ley 2/2009, de 31 de marzo, encomienda el control y registro de aquellas entidades concesionarias e intermediarias, que no operen con créditos inmobiliarios ni tengan condición de entidad de crédito, a las autoridades de consumo, Ministerio de Consumo y consejerías competentes de las comunidades autónomas. De otra, la Ley 5/2019, de 15 de marzo, recoge que las empresas intermediarias de crédito inmobiliario deben estar inscritas en registros públicos dependientes del Banco de España o de las respectivas comunidades autónomas, según su ámbito de actuación. Su control y supervisión recaerá sobre estas autoridades y además se crea un Registro Central de Sanciones en el ámbito del crédito inmobiliario.

Actualmente solo resulta accesible al público de forma directa (vía web) el Registro de Intermediarios de crédito Inmobiliario del Banco de España y tres registros de las comunidades autónomas de Castilla y León, Extremadura y Galicia. Otras tres comunidades (País Vasco, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana) informan del organismo competente, teléfono y una dirección de correo electrónico, resultando hasta ahora inédito el Registro Central de Sanciones en el ámbito del crédito inmobiliario.

Respecto de aquellas entidades bajo registro y supervisión del Ministerio de Consumo y autoridades de consumo autonómicas, resulta inaccesible el acceso a los mismas, con una absoluta falta de transparencia sobre su existencia.

Pese a los cambios regulatorios para incrementar los requisitos para que estas empresas operen con transparencia frente al consumidor, ni el Banco de España ni las comunidades autónomas están a la altura de lo que exige la protección de los consumidores. No hay un control “de oficio” efectivo de la publicidad que realizan ni supervisión de la operativa habitual con los consumidores. Ni la memoria de supervisión del Banco de España ni los planes de inspección de los servicios de consumo de las comunidades autónomas ofrecen datos de control eficaces de este tipo de actividades. El control y supervisión de la actividad de este tipo de entidades sigue siendo la gran asignatura pendiente.

Por una ley que garantice el derecho a una vivienda

Unificar deudas: beneficios y riesgos

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

UNIFICAR DEUDAS: BENEFICIOS Y RIESGOS

La reunificación de deudas es una opción que ofrecen muchos bancos y empresas intermediarias. Los expertos recomiendan informarse bien antes de optar por esta solución porque también tiene sus riesgos.
La falta de conocimientos financieros y la facilidad de acceso al crédito rápido hace que muchas familias españolas entren en una espiral de deudas.

María Lezaun

[email protected]

Twitter: @mlezaun

La escasa cultura del ahorro, la falta de conocimientos financieros y la facilidad de acceso al crédito rápido hacen que muchas familias españolas entren en una espiral de deudas de la que es difícil salir (tarjetas de crédito, préstamos, créditos rápidos, hipotecas, etc.). Una vez que el problema se agrava, la reunificación de deudas podría ser la solución. Sin embargo, no es apta para todos los perfiles y muchos expertos recomiendan tener en cuenta otras soluciones como acogerse a la llamada ley de segunda oportunidad o renegociar con el banco y planificar el pago de los préstamos por separado (reestructuración de la deuda), con el objetivo de ahorrar gastos.

En los últimos años la reunificación de deudas se ha convertido en una práctica cada vez más conocida y a la que se recurre con frecuencia, «sobre todo, porque ha recibido un impulso constante con las sucesivas regulaciones a nivel autonómico, estatal y ahora europeo», explica Luis Javaloyes, director general de Agencia Negociadora, una de las empresas pioneras del sector en España.

 

¿En qué consiste?

El objetivo principal es poder hacer frente a las deudas contraídas y que el importe mensual a pagar sea menor que la suma de todos los préstamos anteriores, lo que alarga considerablemente el plazo de devolución.
Esta solución no es gratis y tiene sus riesgos: es necesario cancelar todos los préstamos contratados, lo que supone un coste añadido y también, al extenderse el plazo de los pagos, aumenta la cantidad inicial que hay que pagar. Sin embargo, si las partes están de acuerdo y existe un verdadero compromiso de solucionar el problema, la reunificación puede ser una solución para situaciones muy específicas.

 

AL EXTENDERSE EL PLAZO DE LOS PAGOS, AUMENTA LA CANTIDAD INICIAL QUE HAY QUE PAGAR

 

Desde la Asociación Española de la Banca (AEB) se defiende esta opción siempre que suponga una solución para el cliente. «Es importante que antes de nada los bancos conozcan las inquietudes de sus clientes para encontrar la mejor solución a sus problemas», explica su portavoz José Luis Martínez.

Entre las entidades que ofrecen este servicio se encuentran los grandes bancos y algunas compañías intermediarias. Respecto de estas últimas, es conveniente comprobar que el intermediario figure en el Registro de intermediarios de crédito del Banco de España o de la Autoridad de Consumo competente.

Respecto a los requisitos que hay que cumplir para acceder a este tipo de financiación, los expertos señalan la necesidad de contar con ingresos mensuales estables, con un trabajo firme, no estar incluido en ninguna lista de morosidad y tener un inmueble en propiedad como garantía, aunque ya esté hipotecado. En el caso de que no se tenga un inmueble y se necesite una reunificación, se exige contar con un avalista.

PARA SABER MÁS

Escritura Pública. En nuestra revista hemos tratado este tema en diferentes momentos con el objetivo de aclarar dudas respecto a esta práctica.

Saber más

BBVA. El blog de educación financiera del banco dispone de información práctica sobre qué es la reunificación de deudas y qué requisitos se necesitan.

Saber más

Asufin. La Asociación de Usuarios Financieros dispone en su web de información práctica sobre las consecuencias del sobreendeudamientos, las posibilidades que existen para hacer frente a los pagos y cómo entender mejor la reunificación de deudas.

Saber más

Derecho a reparar, por Gustavo Samayoa

CONSUMO

GUSTAVO SAMAYOA ESTRADA,,

presidente FUCI. Con la colaboración de Manuel Moran Arias, asesor jurídico FUCI

 

Los fabricantes deberán asegurar la existencia de piezas y de todo lo necesario para hacer efectiva y atractiva para el consumidor la reparación

Derecho a reparar

Abanderando el principio “hacia un mercado único más sostenible para las empresas y consumidores”, el Pacto Verde Europeo de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, dio paso al denominado derecho a reparar (o derecho de reparación) recogido en una nueva normativa aprobada por la Unión Europea el 25 de noviembre de 2020. Este derecho de reparación entró en vigor al año siguiente, más concretamente el 1 de marzo de 2021 y tiene como objetivo potenciar la sostenibilidad del modelo económico apoyándose en medidas para reducir el impacto ambiental de productos tecnológicos.

Con esta novedosa normativa se busca limitar los productos electrónicos considerados “de un solo uso” y combatir la obsolescencia programada, una de las practicas utilizadas por algunos fabricantes para acortar deliberadamente la vida de los productos, siendo esta una de las recurrentes preocupaciones del consumidor en este ámbito del mercado, y facilitando información sobre la capacidad de reparación de los productos a la venta.

Con ánimo de favorecer la vida útil de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos y controlar su consumo desmedido, la nueva legislación, entre otros derechos, garantiza al consumidor la reparación de los productos ofertados al menos durante diez años. Para ello, los fabricantes deberán asegurar la existencia de piezas y de todo lo necesario para hacer efectiva y atractiva para el consumidor dicha reparación, ofreciendo una alternativa real al mero deshecho y sustitución del producto que ha dejado de funcionar de manera apropiada.

Además, algunos aparatos como televisores, secadores de pelo o lavadoras deberán disponer de un manual de reparación, una especie de etiquetado de reparación, que permita proceder a su reparación o reciclaje, creando un índice de reparabilidad, para que el consumidor sepa lo fácil o no que pueda ser reparar un aparato y su vida útil, y que la calificación aparezca impresa en los envases y cajas de los dispositivos electrónicos; una calificación muy parecida a la que se maneja con la eficiencia energética e instrumentando medidas para desmontar los aparatos, utilizando para ello herramientas convencionales, cuando su reparación efectiva no sea posible. Esta información es fundamental para que el usuario conozca las posibilidades reales de reparación del producto antes de su adquisición. Hasta hoy el consumidor, una vez pasada la garantía del producto, se encontraba con la situación de que los plazos de entrega son largos o que los costes son tan elevados que se plantea el arreglar el producto o comprarse uno nuevo.

La Directiva, trata un tema de suma importancia, la publicidad ecológica que, algunas empresas hacen de sus productos, apoyándose en anuncios sustentados en evidencias presentadas de forma parcial. Esto es sumamente importante porque la publicidad casi siempre es la que induce a comprar al consumidor tal o cual producto en función, tanto de sus prestaciones como por su carácter medioambiental.

También se debería poner fin al diseño de productos que no se puedan desmontar, en caso de ser reparados por terceros, o que no existan determinadas piezas inherentes al producto en sí, sometiendo al consumidor al soporte autorizado o a los proveedores oficiales del producto.

La recuperabilidad de este tipo de productos se potencia y completa finalmente a través de la extensión de las garantías legales, lo que en España ya ha tenido su plasmación con la aprobación de la modificación en la Ley de Consumidores por medio de la cual la garantía pasa a ser de tres años a partir del 1 de enero del 2022. En el caso de contenidos o servicios digitales, esta será de dos años.

Todas estas medidas buscan favorecer una producción y un consumo sostenible, protegiendo a los consumidores y usuarios de un mercado en constante cambio y evolución.
Alargar la vida de los productos, mediante la autoreparación, para alargar su uso e incluso para venderlos como productos de segunda mano, indudablemente, además de salvaguardar los derechos de los consumidores, ayudará a recortar la factura ecológica y a evitar toneladas de basura electrónica. Indudablemente el reciclaje eficiente es otra de las asignaturas pendientes, por parte de los consumidores, la empresa y la Administración, para conseguir cada vez más la circularidad de los productos.

Ley 5/2019 de crédito inmobiliario

Reparar antes de cambiar

CONSUMO

Consumo: Reparar antes de cambiar

Los consumidores están más dispuestos a reparar sus viejos electrodomésticos y valoran mucho más la calidad de los mismos a largo plazo.

Marián Lezaún

[email protected]
Twitter: @mlezaun

Reparar cualquier producto antes de reemplazarlo por otro es la filosofía de fondo de la nueva normativa de garantías que busca alargar la vida útil de los productos al tiempo que mejora la protección al consumidor. Para ello, mediante la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, del Real Decreto-Ley 7/2021 se han aumentado las exigencias a los fabricantes, a los que se pide contar con piezas de repuesto en un plazo de hasta diez años y se ha ampliado el plazo de garantía legal de los productos de dos a tres años.

Que los consumidores están más dispuestos a reparar sus viejos electrodomésticos y que valoran mucho más la calidad de los mismos a largo es una realidad. No hay más que ver el boom de tiendas de segunda mano, de servicios de reparación o de productos recuperados. Hace ya unos años, el documental Comprar, tirar, comprar de la alemana Cosima Dannoritzer nos abría los ojos ante una realidad que muchos consumidores compartían, pero a la que aún no habían puesto nombre. A partir de entonces, la llamada obsolescencia programada saltó a un primer plano y los usuarios empezaros a tomar conciencia del impacto ambiental y social que tenía el consumo rápido de muchos productos cotidianos, en especial de electrodomésticos y tecnología. En la misma línea, el ensayo Hecho para tirar, del controvertido economista francés Serge Latouche, nos planteaba el problema que suponía para el planeta el consumo excesivo y deshacernos antes de tiempo de cosas que se pueden reparar, reemplazar y reutilizar. Ahora que las nuevas tendencias de consumo avanzan por el mismo camino, la legislación se adapta y se vuelve más exigente con productores y distribuidores.

 

LOS USUARIOS HAN TOMADO CONCIENCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL QUE TIENE EL CONSUMO RÁPIDO

 

Mayores plazos

Así, desde el pasado 1 de enero, los consumidores españoles pueden acogerse a la nueva legislación sobre garantías que amplía sobre todo los plazos de reclamación y mejora las posibilidades de reparación. Se trata de la transposición de la Directiva (UE) 2019/771, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes y que otorga a los Estados miembros una mayor flexibilidad en la protección al consumidor. “Atendiendo a esta posibilidad, en la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la citada Directiva, se ha adoptado la decisión de ampliar la garantía por falta de conformidad de los productos (adecuación a las normas de uso) o servicios al plazo de tres años para proteger a aquellas personas consumidoras que adquieran productos o servicios cuyos fabricantes o prestadores limitaban la garantía al plazo legal de dos años”, explica Carlos García, director del Centro Europeo del Consumidor (CEC).

Y aunque la nueva norma ha sido muy bien acogida por las asociaciones de consumidores, despierta también algunas dudas entre los fabricantes y vendedores que se preparan para su aplicación. No obstante, muchos lamentan que no se hayan tenido en cuenta las características específicas de cada producto y que se conceda la misma garantía para un producto sencillo, como un secador, que para un automóvil. Además, la legislación tampoco ha tenido en cuenta el ciclo de vida de los productos, lo que siembra muchas dudas en la gestión de los repuestos. Muchas compañías deberán reestructurar sus políticas de stock, mantener sus proveedores durante más años y eso, a la larga, puede suponer un impacto en los precios. Pero no se trata de establecer una batalla entre fabricantes y consumidores, porque muchos de ellos ya ofrecen desde hace tiempo garantías superiores a las exigidas y cuentan con servicios de reparación que permiten alargar la vida útil de los productos. Se trata de un tema de responsabilidad empresarial y de cumplir las exigencias de Europa, según los expertos. Para el director del Centro Europeo del Consumidor, Carlos García, “el posible encarecimiento de los productos por el nuevo periodo de garantía o por la obligación de disponer de repuestos durante un periodo determinado es una cuestión de mercado, ajena a la regulación de la protección de los consumidores”.

 

SE HA AMPLIADO EL PLAZO QUE TIENE EL CLIENTE PARA ELEGIR ENTRE LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DEL PRODUCTO

 

Porque la norma incluye otras novedades. Además del periodo para reclamar, se ha ampliado también el plazo que tiene el cliente para elegir entre la reparación o sustitución del producto. Así, se amplía de tres a cinco años el plazo de no conformidad y se pasa de seis meses a uno o dos años, en función del producto, el plazo para acreditar que no se está conforme con el producto comprado. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, el 66% de los productos fallan a los tres años de uso y un 49% de las quejas están relacionadas con productos tecnológicos. Para el responsable del CEC, lo más importante es que “se refuerza la posición de las personas consumidoras porque determina la obligación de suministrar bienes con la calidad, seguridad y durabilidad que se puede razonablemente esperar de los mismos, ya que posibilita una mayor protección de los consumidores, una mayor calidad de los bienes puestos en el mercado y el favorecimiento de la sostenibilidad del consumo, así como la potenciación de la economía circular”.

 

Productos digitales

La legislación incluye también por primera vez un apartado especial para los productos digitales. Así, desde el pasado 1 de enero, tanto los contenidos como los servicios digitales deberán ofrecer al usuario una garantía de dos años. Entre esos contenidos y servicios se incluyen los programas informáticos, las aplicaciones, los archivos de vídeo, los archivos de audio, los archivos de música, los juegos digitales, los libros electrónicos y otras publicaciones electrónicas.

 

MUCHOS FABRICANTES YA OFRECEN DESDE HACE TIEMPO GARANTÍAS SUPERIORES A LAS EXIGIDAS

 

Y qué ocurre si el vendedor o el fabricante incumplen la nueva norma: “Cualquier incumplimiento de una obligación establecida en una norma de protección a las personas consumidoras está tipificada como infracción y lleva aparejada la correspondiente sanción”, recuerda García.

La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup publicó en la revista Science (abril de 2021) un estudio que pone los pelos de punta y cuyos resultados resumen así: «1 000 ríos son responsables de casi el 80 % de las emisiones anuales mundiales de plástico fluvial, que oscilan entre 0,8 y 2,7 millones de toneladas métricas por año, con los pequeños ríos urbanos entre los más contaminantes. El 20 % restante de las emisiones de plástico se distribuyen en otros 30.000 ríos».

Cifras visibles. Para que podamos poner en valor el significado de todas las cifras que citaremos en estas líneas, hagamos un simple ejercicio numérico a modo de ejemplo. Tenemos que una bolsa de plástico tipo supermercado pesa unos 6 gr y una botella pequeña de agua sin gas, 8 gr. Ahora imaginemos una «sopa» de plástico de tan solo 20 Kg flotando en el mar (recuadro «Mapas interactivos», Sailing seas of plastic), en la que hay bolsas y botellas a partes iguales. Tendríamos en la mancha cerca de 3 000 piezas.

Si llevamos los materiales del ejemplo a lo que vierte el río más contaminante de los que da notica el estudio de The Ocean Cleanup, el Pásig, en Filipinas, sus 62,6 toneladas de plástico anuales significarían 9,4 millones de desechos entrando al mar por su desembocadura en Manila. Este país, en fin, tiene el doloroso récord de ser el que más tráfico fluvial de plásticos conduce al mar. En total, el país tagalo emite 360 000 toneladas de plástico al año mediante 4 820 de sus ríos.

Medallas de deshonor. Tras Filipinas, los siguientes países que más polímeros mueven en sus vías fluviales son, por este orden, India, Malasia, China, Indonesia, Birmania, Brasil, Vietnam, Bangladés y Tailandia, por solo citar los diez más contaminantes. Pero hay que marcar diferencias: el segundo (India), vierte justo la mitad de plástico (130 00 toneladas) que el primero; y el décimo (Tailandia) «solo» 23 000 toneladas. En el entorno del Mediterráneo más próximo, puede ser preocupantes las 14 000 toneladas de ríos turcos, sobre todo al Mar de Mármara, y las 5 800 toneladas de los argelinos dejadas casi a las puertas de las Islas Baleares.

 

EN 2025 HABRÁ DESECHOS PLÁSTICOS COMO PARA CUBRIR CADA METRO DE COSTA DE TODO EL MUNDO CON 100 BOLSAS

 

Asía, por tanto, es la zona donde el problema que venimos comentando alcanza mayor intensidad. En el entorno americano, Brasil es el primer emisor de plásticos, 38 000 toneladas, seguido de Guatemala, Haití, República Dominicana y Venezuela. En África, se lleva «la palma» Nigeria, con 19 000 toneladas, seguido de Camerún, con 11 000 toneladas, y el ya citado Argelia. En la Unión Europea, crucemos los dedos, solo el río Neretva (desemboca en Croacia, pero el 90,2 % de su curso transcurre por Bosnia-Herzegovina) vuelca volúmenes significativos (125,8 toneladas) al Adriático. A esta misma cuenca vierten los albaneses Ishën (algo más de quinientas toneladas) y Seman (235,5 toneladas), entre otros, demostrando que el cuidado medioambiental local puede servir de poco si los problemas no se acometen internacionalmente.

Qué hay de nuevo. Los ríos, nos cuenta la historia, nos vienen sirviendo para abastecernos de agua, disponer de terrenos fértiles para los cultivos o pastos y deshacernos de los residuos. Para esto último hemos involucionado, porque el incremento de producción y uso de plásticos ha hecho de los ríos autopistas de evacuación de productos que no se degradan fácilmente. Cuando hablamos del «uso de plásticos», nos estamos refiriendo a los más de 8.500 millones de toneladas fabricadas desde que se empezó la producción masiva en 1950. Y creciendo.

 

SE CALCULA QUE LA «ISLA DE PLÁSTICO» DEL PACÍFICO NORTE PUEDE ALCANZAR UNA EXTENSIÓN SIMILAR A ESTADOS UNIDOS

 

Un informe de Naciones Unidas calcula que, de seguir así, en 2025 habrá plástico como para cubrir cada metro de costa de todo el mundo con 100 bolsas tipo supermercado. Cabe recordar que los polímeros tardan entre 55 y 1 000 años en degradarse (depende del compuesto y el grosor). Y un dato más: las mascarillas y guantes desechables tardan en desintegrarse entre uno y cinco años.

De los ríos al mar. Mares y océanos son los depositarios de todos estos desechos que pueden a pasar a la cadena alimenticia, los famosos microplásticos, a precipitarse a los fondos marinos o a mantenerse a flote formando las conocidas como «islas de plástico». De las muchas que hay ya, la más impresionante es la del Pacífico Norte. Diversas estimaciones calculan que puede llegar a medir más que EE. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), calcula que esta isla de basura crece al ritmo de una tonelada de desechos al día. Hay más: según investigaciones recientes, en torno a un 70 % de los componentes de estas islas se hunden; calculen la dimensión del problema si eso que es visible y más o menos cuantificable es solo el 30 % de lo que depositamos en el mar.

Las cifras son abrumadoras, ciertamente, e interesarse por ellas nos debería alejar de la indiferencia, huir de la comodidad de comprar productos frescos envasados en barquetas de poliestireno y envueltos con cubierta transparente o de aceptar sin rechistar la bolsa de plástico para llevar nuestra compra. Un estudio de Naciones Unidas, SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability (2018), puso de manifiesto que en el mundo consumimos casi 10 millones de bolsas por minuto. No, no ha leído mal: 10 millones por minuto. La receta, dicen desde hace tiempo quienes más padecen los excesos de plásticos en nuestras aguas, está en las tres «R»: reducir, reusar y reciclar. Fácil, ¿no?

Los derechos del consumidor

Cuando compramos un producto o servicio debemos diferenciar entre las garantías legales y las comerciales. Ya que, además de los requisitos legales, muchas marcas suelen ampliar los derechos del consumidor con reclamos comerciales, como es caso de algunas empresas de coches. Por eso, hay que tener en cuenta que cualquier declaración pública que haga un fabricante sobre sus productos (en la publicidad, en el etiquetado, etc.) es jurídicamente vinculante para el comprador. Mientras la garantía legal es obligatoria y se regula por Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la garantía comercial depende de cada tienda o empresa que venda productos y servicios y es adicional a la garantía legal. Por eso, a la hora de reclamar es necesario saber dónde acudir. En primer lugar, los clientes pueden solicitar al minorista una compensación acogiéndose a esa garantía legal en el caso de que el producto no se ajuste a su descripción; tenga cualidades diferentes al modelo anunciado o mostrado al cliente; no sea adecuado para el uso habitual o para el uso específico que se adquirió; no posea la calidad ni el rendimiento normales en productos del mismo tipo; o se haya instalado mal (por parte del cliente o del proveedor) debido a deficiencias en las instrucciones facilitadas. No obstante, si el proveedor informa de que el producto a la venta tiene algún problema de calidad, el cliente no le puede pedir compensación por ese defecto en concreto. Además, el cliente tiene derecho a solicitar la reparación del producto; la sustitución del producto; una reducción del precio; o la cancelación del contrato y el reembolso íntegro del importe abonado si el producto no responde al uso esperado.

Cuando el arreglo merece la pena

Cuando se estropea cualquier producto en nuestros hogares, el dilema es siempre el mismo: merece la pena arreglarlo o es más rentable cambiarlo por otro. Hace unos años, la tendencia era sustituirlo por otro sin dudarlo, pero hoy las cosas han cambiado. Por eso, antes de tomar una decisión conviene saber qué es y cómo funciona la amortización de esos productos. Calcular ese coste de amortización es algo sencillo y puede aclararnos muchas dudas. Así, teniendo en cuenta que todos los productos empiezan a perder valor desde el momento mismo de la compra, podemos calcular el valor de los mismos durante su ciclo de vida útil. Es decir, tenemos que dividir el precio de compra durante ese periodo de tiempo y así saber en el momento en el que se estropea, cuál es su valor real. Teniendo ese dato en cuenta, deberemos compararlo con el coste de reparación del producto y hacer la misma operación, teniendo en cuenta una nueva adquisición. Cuando el valor del producto es muy bajo, quizá es el momento de cambiarlo.

Para saber más

Organización de Consumidores y Usuarios: explica de manera sencilla las claves de la nueva legislación, así como qué es necesario para reclamar un producto en garantía. Desde aquí se puede consultar el proyecto europeo Prompt, que pretende luchar contra la obsolescencia programada de muchos productos.

Saber más

Centro Europeo del Consumidor (CEC): En la web del Centro Europeo del Consumidor, que pertenece al Ministerio de Consumo, se puede consultar información práctica sobre reclamaciones, quejas y derechos de los consumidores en todo el espacio europeo

Saber más

Tanto los contenidos como los servicios digitales deberán ofrecer al usuario una garantía de dos años.

La prioridad, el cliente, por José Luis Martínez Campuzano

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CAMPUZANO,

portavoz de la Asociación Española de Banca

 

Los clientes deben saber de forma clara cómo está protegido su dinero, algo que sí conocen en el caso de los bancos

El cliente es la prioridad de los bancos, que diseñan su estrategia para responder a sus deseos de hoy y anticiparse a los de mañana, cada vez mayores e inmediatos. Recibir atención veinticuatro horas al día y en cualquier lugar es algo cotidiano gracias a la digitalización, la gran apuesta del sector bancario desde hace años. Gracias a que los bancos se anticiparon a la transformación digital de la sociedad, la elevada protección que el cliente contaba en su actividad analógica se mantiene inalterada en su operativa digital, como ha quedado patente en los peores momentos de la pandemia, con todos los servicios financieros funcionando a pleno rendimiento y con total normalidad. La colaboración de los consumidores, sin embargo, es clave en la era digital. Aparte de la protección y las garantías que nos brindan los bancos, hemos de ser conscientes de la necesidad de proteger nuestros datos en el mundo online.

El avance tecnológico y su reflejo en la digitalización han permitido la aparición de nuevos competidores y modelos de negocio relacionados con la actividad financiera que compiten con los bancos en la provisión de los servicios financieros, aunque enfocándose solo en los más rentables. A diferencia de estas compañías tecnológicas que ofrecen servicios bancarios bajo una regulación y supervisión mucho más superficial, los bancos atienden a todos sus clientes, con independencia de si están habituados a las nuevas tecnologías o prefieren una atención más tradicional a través de las sucursales bancarias. Y son garantía de protección en esta revolución fintech a la que asistimos, fruto de aplicar la creciente innovación tecnológica en los servicios financieros, que aporta muchos beneficios al usuario, pero también algunos riesgos que deben ser conocidos.

Si hablamos de los riesgos para el consumidor, debemos preguntarnos si el usuario de servicios financieros entiende, en la mayoría de los casos, el tipo de entidad, o la personalidad jurídica que está detrás de una nueva marca innovadora y, por tanto, con qué protecciones legales cuenta en caso de un fallo o error. Es habitual el uso de términos como ‘neobanco’ o ‘banco digital’ para referirse a algunas de las nuevas empresas que, en muchos casos, no tienen la condición de entidad de crédito y no pueden ejercer las actividades legalmente reservadas a estas.

Vigilar lo que ocurre en un mercado tan dinámico y con tantos nuevos actores empieza a ser una tarea compleja para los supervisores financieros y también para los reguladores. Más allá de los asuntos relacionados con la competencia, que también preocupan, las autoridades están poniendo el foco en los riesgos para la protección del consumidor y la estabilidad financiera, porque incentivar la innovación y la competencia no debe traducirse nunca en una menor protección del cliente financiero.

Los clientes deben saber de forma clara cómo está protegido su dinero, algo que sí conocen en el caso de los bancos. Por ejemplo, algunos productos que se ofrecen como ‘cuentas’ no tienen consideración de depósitos y, por tanto, sus saldos no están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos de las entidades de crédito. También preocupa el aumento de la actividad crediticia fuera de la red de los bancos. Aunque la diversificación en las fuentes de financiación a empresas y familias sea algo positivo, debe quedar siempre bajo el radar regulatorio y de supervisión.

La banca es un sector disciplinado que responde a una regulación extensa y muy exigente, que ha experimentado muchos y profundos cambios desde la crisis financiera mundial desatada en Estados Unidos en 2008. A diferencia de lo que ocurre con el resto de las empresas cotizadas, los bancos están sujetos a una normativa específica, tanto comunitaria como española, que es más avanzada que la del buen gobierno. La rápida adaptación a esas exigencias ha permitido a los bancos españoles aumentar en gran medida su solvencia y capacidad de resistencia, y dar así respuesta a las necesidades de los clientes durante lo peor de la crisis sanitaria.

La estrategia de los bancos pasa por satisfacer a sus clientes. Su compromiso es ofrecer los servicios financieros necesarios a todos los consumidores. Son los clientes los que deciden qué canal eligen entre los disponibles para comunicarse con su entidad: oficinas, banca telefónica y digital, agentes colaboradores y cajeros. El sector bancario también está llevando a cabo acuerdos de colaboración con otras instituciones y empresas que complementan los canales de comunicación de las entidades con el único fin de seguir reforzando la mejora de la calidad del servicio al cliente.

Además del cambio de hábitos y costumbres de los clientes, que acuden menos a las oficinas, los bancos operan en un escenario de baja rentabilidad consecuencia del prolongado escenario de tipos de interés oficiales negativos. Para adaptarse a este entorno, los bancos están llevando a cabo los ajustes de estructura necesarios, unos cambios que los supervisores llevan tiempo reclamándoles y que se acometen con el fin de seguir desempeñando un papel clave para superar la crisis. La prioridad de los bancos es apoyar a las familias y empresas e impulsar esa recuperación económica post Covid que todos deseamos, basada en un nuevo modelo económico mejor que el anterior, más respetuoso con el medio ambiente, más digitalizado y más beneficioso para todas las capas de la sociedad.

Determinación frente a la incertidumbre

Ahorrar hoy para disfrutar mañana

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

AHORRAR HOY
PARA DISFRUTAR
MAÑANA

Los españoles nos hemos vuelto más ahorradores y precavidos. La pandemia y, sobre todo, la incertidumbre que ha provocado en la vida de los consumidores ha supuesto un cambio en sus costumbres, disparando el nivel de ahorro de las familias hasta límite desconocidos, por encima del billón de euros. Sin embargo, aún queda mucho recorrido para trasladar a los consumidores la importancia de contar con un volumen de ahorro adecuado, que les permita actuar frente a imprevistos y también contar con ingresos extra de cara a la jubilación.

Ahorrar dinero para el futuro requiere disciplina, empeño y esfuerzo. Nadie dice que sea fácil, pero es imprescindible si queremos vivir sin sobresaltos

María Lezaun

[email protected]

Twitter: @mlezaun

Ahorrar dinero para el futuro requiere disciplina, empeño y esfuerzo. Nadie dice que sea fácil, pero es imprescindible si queremos vivir sin sobresaltos. Porque la tranquilidad que proporciona contar con una rutina de ahorro nos evita muchos problemas, incluidos emocionales y de salud, según los expertos. Por eso, después de estos tiempos tan convulsos, no es de extrañar que un 22% de los hogares españoles se haya planteado ser más precavido a partir de ahora con sus ahorros y un 27%, reconozca que consumirá menos, informa el Observatorio de Ahorro Familiar. Un buen dato si tenemos en cuenta que cuando comenzó esta crisis un tercio de las familias no disponía ni siquiera del equivalente a un mes de sus ingresos y ahora, son más de la mitad los que han conseguido reunir hasta seis meses.

Ahorrar por hábito

Sin embargo, el éxito no pasa por acumular dinero o reducir el consumo. El éxito pasa, según los expertos, por convertir el ahorro en un hábito y por descubrir los productos que más nos convienen según nuestro perfil inversor, nuestra capacidad de ahorro, nuestra cultura financiera y nuestros objetivos. Es importante también saber que cualquiera puede recibir el asesoramiento necesario, sin necesidad de contar con grandes patrimonios y con un gasto moderado. Así lo explica Luis Pita, ingeniero industrial, divulgador y autor del best seller Ten peor coche que tu vecino.

 

ENTRE LOS PRODUCTOS MÁS SENCILLOS DESTACAN LASICUENTAS DE AHORRO Y LOS DEPÓSITOS

 

Para ello existen en el mercado multitud de productos que conviene conocer antes de empezar a ahorrar. La clave está en entender cómo funcionan y en dejarse asesorar por entidades registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Muchas veces nos dejamos deslumbrar por las altas rentabilidades y no medimos bien los riesgos de operar con entidades no autorizadas o con productos demasiado sofisticados. Para empezar a ahorrar, Pita recomienda ‘preahorrar’. Es decir, en lugar de guardar lo que nos sobra a final de mes, hacerlo al revés. “Preahorrar consiste en separar a principio de mes una cantidad de tus ingresos, lo que te permite no depender de tu fuerza de voluntad y también automatizar ese ahorro porque solo tienes que ordenar una transferencia en el banco”.

 

PARA EL LARGO PLAZO, AUNQUE LOS PLANES DE PENSIONES SON LOS MÁS CONOCIDOS, EXISTEN OTRAS OPCIONES QUE PUEDEN RESULTAR MÁS INTERESANTES

 

Entre los productos más sencillos destacan las cuentas de ahorro y los depósitos. Aunque su rentabilidad actualmente es escasa, son el primer paso para contar con lo que los expertos llaman el colchón financiero. “Es como contar con una red de seguridad por si algo se tuerce y que debería representar entre tres y seis meses de los gastos fijos del hogar”. Una vez se tiene este colchón se puede empezar a invertir”, dice Pita. “Lo más conveniente para los que no tienen muchos conocimientos financieros o disponen de poco tiempo es contratar un fondo indexado”, recomienda Natalia de Santiago, divulgadora financiera y experta en ahorro.  Los hay para todos los perfiles, desde los más conservadores a los más arriesgados, nacionales, internacionales y también sectoriales. El consumidor debe de fijarse en las comisiones por mantenimiento y hacer aportaciones regulares para que el dinero empiece a crecer. La principal ventaja de estos fondos es que te permiten beneficiarte del interés compuesto. Es decir, el capital inicial y las aportaciones van creciendo con los intereses que se van generando. Se trata de un producto muy interesante a largo plazo, cuyos gastos no son elevados.

 

MUCHAS VECES NOS DEJAMOS DESLUMBRAR POR LAS ALTAS RENTABILIDADES Y NO MEDIMOS BIEN LOS RIESGOS

 

Para el largo plazo, existen también otros productos que hay que valorar. Aunque los planes de pensiones son los más conocidos, existen otras opciones que pueden resultar más interesantes. “Asociamos el ahorro a largo plazo con los planes de pensiones, cuando hay otros productos que pueden hacer su misma función e incluso mejorarla. Fondos de inversión (indexados y activos), PIAS (Planes Individuales de Ahorro Sistemático), Unit Linked (seguros de ahorro e inversión ligados a una cesta de fondos), acciones de empresas cotizadas o incluso comprar una casa para alquilar… La oferta es muy variada y la elección depende de gustos personales, conocimientos y tiempo que quieras dedicarle”, explica Pita.

El momento de empezar a ahorrar

Pero, ¿cuándo hay que empezar a hacerlo? Según Luis Pita, ingeniero industrial y divulgador financiero, a ahorrar hay que empezar cuanto antes por dos razones. “Cuanto antes empieces, antes se convertirá en un hábito 100% integrado en tu vida. De hecho, una vez empiezas a ahorrar y te acostumbras, lo más habitual es elevar ese ahorro con el tiempo. Y porque, cuanto antes empieces, más posibilidades tienes de alcanzar la libertad financiera. Es decir, disponer de dinero siempre que sea necesario, sin contar con los ingresos corrientes y saber que nuestros ahorros siguen trabajando. Y es que, según explica Pita, “cuando se trata de ahorro e inversión, el tiempo es el mayor aliado del pequeño ahorrador. Con suficiente tiempo puedes llegar a triplicar el valor de tus ahorros”. Para Natalia de Santiago, ingeniera, divulgadora financiera y autora del libro Invierte en ti, “el primer paso es abandonar esa creencia de que el ahorro es aquello que nos queda en la cuenta a final de mes”. Hay que ahorrar con premeditación y alevosía, poniéndose una meta realista, y a primeros de mes, cuando la cuenta está llena”. La clave para esta experta se trata de ponerlo difícil para no ahorrar. Y, aunque no existe una cantidad ideal, según esta experta, empezar con un 10% de los ingresos, sería suficiente. “Habrá quien pueda destinar hasta un 20%, pero conviene ser realistas y ver, sobre todo al principio, que es posible”.

Ahorrar con pequeños gestos

Existen numerosos gastos diarios en los que podemos rascar un dinerillo y que apenas requieren un cambio de hábitos. Son lo que los expertos llaman gastos hormiga o termita y que poco a poco van minando el presupuesto mensual sin que nos demos cuenta: el café de media mañana, el billete del autobús, un pequeño antojo o las propinas. Acabar con estos gastos es posible sobre todo cuando hacemos balance del impacto que tienen en nuestras finanzas. Además, existen otros gastos domésticos en los que podemos ahorrar, según explica Luis Pita. “Las partidas domésticas en las que más se puede ahorrar son las de los gastos fijos, empezando por la electricidad, donde yo recomiendo siempre revisar la potencia contratada y el tipo de contrato”, añade. Le siguen telecomunicaciones, seguros y supermercado. Para los dos primeros basta con pararse una vez al año a revisar qué tenemos contratado. “Con el supermercado, el mejor truco sigue siendo ir a la compra con una lista que hayas pensado de antemano y no salirte de ella.  Ahorrar en casa no tiene por qué ser un suplicio. Sólo es cuestión de organizarse y planificar. Basta con agendar uno o dos días al año para revisar facturas y gastos”, concluye Pita.

Para saber más

Aprende a ahorrar: En la web de las Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se pueden consultar varias guías para adentrarte en el mundo de las finanzas. También ofrecen cursos y webinars.

Saber más

Finect: La plataforma para comparar productos financieros y de ahorro dispone de información y también permite calcular ahorros a largo plazo.

Saber más

Freno al desperdicio alimentario

CONSUMO

FRENO
AL DESPERDICIO ALIMENTARIO

Se desechan alimentos porque no cumplen con determinados requisitos estéticos, aunque se pueden consumir.

Marián Lezaún

[email protected]
Twitter: @mlezaun

El Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que pretende acabar con uno de los grandes problemas del sistema alimentario. Cataluña, que desde el año pasado cuenta con su propia legislación, ha sido la comunidad autónoma pionera en poner freno al desperdicio.

La legislación española se suma ahora también a las iniciativas desarrolladas por Francia e Italia que buscan dar salida a los excedentes de producción, consumir de manera más racional y concienciar al consumidor del impacto que tiene no planificar bien la cesta de la compra o comprar más de lo que se necesita. Los expertos consideran que es un gran paso, pero que aún queda mucho por hacer.

A la basura

Los hogares españoles tiraron el año pasado 1.364 millones de kilos de alimentos a la basura, una media de 31 kilos por persona, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura. Un gesto cotidiano que genera un enorme impacto ambiental, pero del que apenas somos conscientes y eso que el desperdicio de alimentos representa un 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y es que, un estudio reciente de la FAO apunta que la cifra de desperdicio alimentario mundial se eleva hasta el 30% de lo que se produce. Porque el desperdicio comienza en el campo, pasa por la industria y termina en los establecimientos comerciales. En las primeras dos fases, lo llamamos pérdida. Y es un fenómeno mucho mayor en los países más desarrollados. Se trata de desechar un montón de alimentos porque no cumplen con determinados requisitos estéticos, porque se han deteriorado o porque se considera que no son aptos para la venta, aunque se pueden consumir perfectamente. Y de los que pasan el control, un 0,99 por ciento no llega nunca a comercializarse, según Aecoc, la asociación de productores y distribuidores. Las razones son varias: deterioro de los envases y embalajes, errores de etiquetado, cercanía de la fecha de consumo, etc. De ese 0,99 por ciento, un 31,31%, que es totalmente apto para el consumo, pero no para su comercialización, se dona a instituciones benéficas y de un 31,51% porque no existen opciones de aprovechamiento.

El problema se agrava si tenemos en cuenta que mientras los gobiernos buscan soluciones a esta lacra de la abundancia, millones de personas pasan hambre en el mundo. Hasta ochocientos millones. Se trata de una paradoja de difícil solución porque también en los países menos desarrollados se desperdicia comida, aunque los motivos allí son otros: falta de recursos y de tecnología para su almacenaje, procesamiento y distribución, entre otros.

 

LOS HOGARES ESPAÑOLES TIRARON EL AÑO PASADO 1.364 MILLONES DE KILOS DE ALIMENTOS A LA BASURA, UNA MEDIA DE 31 KILOS POR PERSONA

 

Pero, ¿somos conscientes de esta situación? Según los expertos, no existe una verdadera conciencia de que tirar comida a la basura sea un problema global, y mucho menos individual. “De hecho, cuando hacemos encuestas a los consumidores sobre qué es lo que tiran o qué cantidad de alimento les sobra a diario, la mayor parte de los consultados responde que tira poco o nada”, explica Laura Martos, técnica de educación para la Ciudadanía Global de Enraíza Derechos. “Y es que pensamos que tirar un trozo de pan, unas sobras o algo de fruta no es desperdicio”, dice Martos y lo que ocurre es que detrás hay un problema de planificación, de saber qué vamos a consumir y qué no. Es en esta parte del sistema, donde los consumidores tenemos mucho por hacer.

El avance de la ley

Ahora, con la nueva legislación, al menos habrá un marco de referencia al que acudir, aunque Martos considera prioritario saber cuál es el volumen total del desperdicio. Además, la norma supone un paso más en el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen expresamente, en su objetivo número 12.3, la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta al por menor y en los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.  Por eso, la nueva regulación establece que todos los agentes implicados en la cadena alimentaria deberán de contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio. Para ello marca unas pautas a seguir en orden de prioridad. Así la alimentación humana está siempre en primer lugar, bien a través de donaciones a entidades sin ánimo de lucro y a bancos de alimentos. De esta manera, la industria, la distribución, la hostelería y la restauración deberán suscribir convenios de colaboración con las organizaciones receptoras de manera que se establezcan los protocolos de actuación en cada caso.

En el caso de los alimentos no vendidos pero que estén en buenas condiciones de uso, la ley obliga a transformarlos en zumos, mermeladas y otros alimentos procesados. Cuando no sean aptos para el consumo humano, los alimentos deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación de animales o para fabricación de piensos, como recursos para la industria, para la obtención de compost para uso agrario y para fabricar biogás u otro tipo de combustible.

 

NO EXISTE UNA VERDADERA CONCIENCIA DE QUE TIRAR COMIDA A LA BASURA SEA UN PROBLEMA GLOBAL, Y MUCHO MENOS INDIVIDUAL

 

Además, la legislación obligará a los establecimientos de hostelería y de restauración a ofrecer a sus clientes la posibilidad de llevarse a casa lo que no hayan consumido. Así los restaurantes deberán disponer de envases aptos reutilizables. Aunque es cierto que en muchos sitios ya se hace, no es lo más habitual y los clientes aún tienen que adaptarse a estas costumbres. Igualmente, otras instituciones como centros sanitarios y educativos o residencias de mayores que ofrezcan catering o servicio de comedor deberán contar también con programas de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario que cumplan igualmente la jerarquía de prioridades establecida en la ley. La norma tiene previsto que las empresas distribuidoras de alimentos incentiven, junto con las administraciones, la venta de productos con fecha de consumo preferente o de caducidad próxima. Una idea que ya se hace en muchas superficies y que cuenta con un número creciente de adeptos.

A diferencia de la legislación italiana, que insiste en la donación, la ley española es mucho más avanzada y establece un régimen sancionador con distintos tipos de infracciones graves que pueden ser penadas con multas de entre 6.000 y 150.000 euros para aquellos que incumplan lo establecido.

La organización sin ánimo de lucro The Ocean Cleanup publicó en la revista Science (abril de 2021) un estudio que pone los pelos de punta y cuyos resultados resumen así: «1 000 ríos son responsables de casi el 80 % de las emisiones anuales mundiales de plástico fluvial, que oscilan entre 0,8 y 2,7 millones de toneladas métricas por año, con los pequeños ríos urbanos entre los más contaminantes. El 20 % restante de las emisiones de plástico se distribuyen en otros 30.000 ríos».

Cifras visibles. Para que podamos poner en valor el significado de todas las cifras que citaremos en estas líneas, hagamos un simple ejercicio numérico a modo de ejemplo. Tenemos que una bolsa de plástico tipo supermercado pesa unos 6 gr y una botella pequeña de agua sin gas, 8 gr. Ahora imaginemos una «sopa» de plástico de tan solo 20 Kg flotando en el mar (recuadro «Mapas interactivos», Sailing seas of plastic), en la que hay bolsas y botellas a partes iguales. Tendríamos en la mancha cerca de 3 000 piezas.

Si llevamos los materiales del ejemplo a lo que vierte el río más contaminante de los que da notica el estudio de The Ocean Cleanup, el Pásig, en Filipinas, sus 62,6 toneladas de plástico anuales significarían 9,4 millones de desechos entrando al mar por su desembocadura en Manila. Este país, en fin, tiene el doloroso récord de ser el que más tráfico fluvial de plásticos conduce al mar. En total, el país tagalo emite 360 000 toneladas de plástico al año mediante 4 820 de sus ríos.

Medallas de deshonor. Tras Filipinas, los siguientes países que más polímeros mueven en sus vías fluviales son, por este orden, India, Malasia, China, Indonesia, Birmania, Brasil, Vietnam, Bangladés y Tailandia, por solo citar los diez más contaminantes. Pero hay que marcar diferencias: el segundo (India), vierte justo la mitad de plástico (130 00 toneladas) que el primero; y el décimo (Tailandia) «solo» 23 000 toneladas. En el entorno del Mediterráneo más próximo, puede ser preocupantes las 14 000 toneladas de ríos turcos, sobre todo al Mar de Mármara, y las 5 800 toneladas de los argelinos dejadas casi a las puertas de las Islas Baleares.

 

EN 2025 HABRÁ DESECHOS PLÁSTICOS COMO PARA CUBRIR CADA METRO DE COSTA DE TODO EL MUNDO CON 100 BOLSAS

 

Asía, por tanto, es la zona donde el problema que venimos comentando alcanza mayor intensidad. En el entorno americano, Brasil es el primer emisor de plásticos, 38 000 toneladas, seguido de Guatemala, Haití, República Dominicana y Venezuela. En África, se lleva «la palma» Nigeria, con 19 000 toneladas, seguido de Camerún, con 11 000 toneladas, y el ya citado Argelia. En la Unión Europea, crucemos los dedos, solo el río Neretva (desemboca en Croacia, pero el 90,2 % de su curso transcurre por Bosnia-Herzegovina) vuelca volúmenes significativos (125,8 toneladas) al Adriático. A esta misma cuenca vierten los albaneses Ishën (algo más de quinientas toneladas) y Seman (235,5 toneladas), entre otros, demostrando que el cuidado medioambiental local puede servir de poco si los problemas no se acometen internacionalmente.

Qué hay de nuevo. Los ríos, nos cuenta la historia, nos vienen sirviendo para abastecernos de agua, disponer de terrenos fértiles para los cultivos o pastos y deshacernos de los residuos. Para esto último hemos involucionado, porque el incremento de producción y uso de plásticos ha hecho de los ríos autopistas de evacuación de productos que no se degradan fácilmente. Cuando hablamos del «uso de plásticos», nos estamos refiriendo a los más de 8.500 millones de toneladas fabricadas desde que se empezó la producción masiva en 1950. Y creciendo.

 

SE CALCULA QUE LA «ISLA DE PLÁSTICO» DEL PACÍFICO NORTE PUEDE ALCANZAR UNA EXTENSIÓN SIMILAR A ESTADOS UNIDOS

 

Un informe de Naciones Unidas calcula que, de seguir así, en 2025 habrá plástico como para cubrir cada metro de costa de todo el mundo con 100 bolsas tipo supermercado. Cabe recordar que los polímeros tardan entre 55 y 1 000 años en degradarse (depende del compuesto y el grosor). Y un dato más: las mascarillas y guantes desechables tardan en desintegrarse entre uno y cinco años.

De los ríos al mar. Mares y océanos son los depositarios de todos estos desechos que pueden a pasar a la cadena alimenticia, los famosos microplásticos, a precipitarse a los fondos marinos o a mantenerse a flote formando las conocidas como «islas de plástico». De las muchas que hay ya, la más impresionante es la del Pacífico Norte. Diversas estimaciones calculan que puede llegar a medir más que EE. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), calcula que esta isla de basura crece al ritmo de una tonelada de desechos al día. Hay más: según investigaciones recientes, en torno a un 70 % de los componentes de estas islas se hunden; calculen la dimensión del problema si eso que es visible y más o menos cuantificable es solo el 30 % de lo que depositamos en el mar.

Las cifras son abrumadoras, ciertamente, e interesarse por ellas nos debería alejar de la indiferencia, huir de la comodidad de comprar productos frescos envasados en barquetas de poliestireno y envueltos con cubierta transparente o de aceptar sin rechistar la bolsa de plástico para llevar nuestra compra. Un estudio de Naciones Unidas, SINGLE-USE PLASTICS: A Roadmap for Sustainability (2018), puso de manifiesto que en el mundo consumimos casi 10 millones de bolsas por minuto. No, no ha leído mal: 10 millones por minuto. La receta, dicen desde hace tiempo quienes más padecen los excesos de plásticos en nuestras aguas, está en las tres «R»: reducir, reusar y reciclar. Fácil, ¿no?

Actuaciones contra el despilfarro

Salvar comida, donar y darle un segundo uso son algunas de las soluciones que diversas organizaciones promueven desde hace tiempo para concienciar sobre el desperdicio alimentario. Pequeños gestos que buscan implicar a los consumidores en esta lucha global.  La aplicación Toogoodtogo pone en contacto a consumidores y establecimientos con el objetivo de aprovechar menús, lotes o comida a punto de caducar. Presente en numerosas ciudades permite recoger menús y productos frescos a buen precio porque los comercios ya no pueden mantenerlos a la venta. Yonodesperdicio es una aplicación para planificar la cesta de la compra, calcular nuestro desperdicio o buscar recetas de aprovechamiento. Encantadodecomerte permite también localizar lotes de comida que ya no se puede vender, pero que es apta para el consumo.

Los ‘feos’ se cuelan en el súper

Los establecimientos de venta al por menor mayores de 400 metros cuadrados (serán las comunidades autónomas las encargadas de fijas los requisitos de superficie) deberán impulsar la venta de los productos que llamamos ‘feos’. Es decir, todos aquellos alimentos que no respondan a una estética perfecta, pero que estén en condiciones óptimas de consumo. Cómo lo harán aún no se sabe. Si lo hacen vía precio, el consumidor puede percibir que se trata de productos de menor calidad. Por eso, hay que ver cómo se concretan estas medidas, porque al final de lo que se trata es de reducir el desperdicio y no de crear diferentes canales de consumo. Los establecimientos deberán, además, incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y a granel y aportar información sobre el aprovechamiento de los mismos.

Para saber más

Comida que va a la basura: La revista Escritura Pública ya ha tratado este tema en otras ocasiones debido a su impacto económico y social.

Saber más

Ministerio de Agricultura: En la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se puede consultar toda la información sobre la nueva normativa y conocer qué otros planes oficiales existen contra el desperdicio.

Saber más

Aecoc: La Asociación de Fabricantes y Distribuidores cuenta con la iniciativa La alimentación no tiene desperdicio desde la que promueve prácticas eficientes a lo largo de toda la cadena alimentaria para evitar el desperdicio. Además, ha elaborado un estudio sobre los hábitos de aprovechamiento de la alimentación en los hogares españoles

Saber más

Acabar con el desperdicio alimentario, por José Ramón Lozano Petit

CONSUMO

JOSÉ RAMÓN LOZANO PETIT,

Secretario General de la Federación UNAE

Un grave problema detectado es que aún hay una gran confusión entre las fechas de caducidad y de consumo preferente

El despilfarro de alimentos ha adquirido tales dimensiones que debe considerarse en la actualidad como un auténtico problema de alcance mundial. En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ya advirtió en el Congreso Save food, celebrado en Alemania en 2011, que alrededor de un tercio de la producción de los alimentos destinados al consumo humano se desperdician en todo el mundo. Esto significa que cantidades enormes de los recursos destinados a la producción de alimentos se pierden a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. El problema es mucho más grave si se tiene en cuenta que para el año 2050 se calcula que la producción mundial de alimentos deberá incrementarse en un 70% para abastecer el aumento previsto de la población de 7.000 a 9.000 millones de habitantes.

En general, en el mundo industrializado se desperdician muchos más alimentos per cápita que en los países en desarrollo. Efectivamente, en las naciones de ingresos altos y medianos se desechan gran cantidad de productos incluso cuando todavía son adecuados para la nutrición humana, y que pueden tener otros usos. Además, este fenómeno también repercute negativamente en el medio ambiente, ya que se calcula que la industria alimentaria consume el 30% de la energía en el mundo y produce el 22% del total de emisiones de gases de efecto invernadero.

Este desperdicio de alimentos en los países industrializados puede reducirse aumentando la sensibilización de las industrias alimentarias, la distribución, el comercio minorista, la restauración y especialmente de los propios consumidores. En este sentido es necesario garantizar un uso adecuado de los alimentos en buen estado que actualmente se desperdician por su apariencia, tamaño u otros pequeños defectos, aunque siempre debe respetarse escrupulosamente la seguridad alimentaria.

Los consumidores españoles estamos muy acostumbrados a reciclar vidrio, papel y envases, con lo que se ahorran materias primas, energía en su producción y transporte y se reducen tanto la huella de carbono como los residuos en vertederos, pero aún no somos plenamente conscientes de nuestro papel para reducir el despilfarro alimentario, especialmente en los hogares. Por eso, el objetivo fundamental del proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, anunciado recientemente por el Gobierno, es reducir drásticamente la gran cantidad de alimentos que acaban en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.

En su exposición de motivos se destaca la necesidad de legislar debido a los escasos avances producidos en los últimos años para frenar este problema, ya que combatir el despilfarro de alimentos es un imperativo ético que debe implicar al conjunto de la sociedad. Este proyecto de Ley se enmarca, además, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que recogen expresamente la aspiración de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en el mundo, tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la cadena de producción y suministro.

Uno de los puntos fundamentales en que incide el proyecto de Ley es incentivar la venta de productos con fechas de caducidad y consumo preferente próximas mediante precios reducidos, e incluso la posibilidad de comercializar alimentos con fecha de consumo preferente sobrepasada, teniendo en cuenta en este caso los criterios de seguridad alimentaria que establezca la Unión Europea. También se fomentará la venta de alimentos considerados feos, imperfectos o poco estéticos que estén en condiciones óptimas de consumo, así como los de temporada, de proximidad, ecológicos,  ambientalmente sostenibles y a granel, mejorando la información sobre su aprovechamiento, ya que un consumidor consciente y bien informado puede reducir el despilfarro de alimenticios, fomentando la cultura de la sostenibilidad y, al mismo tiempo, comer más sano.

Sin embargo, un grave problema detectado por los estudios anuales que realiza la Mesa de Participación de Asociaciones de Consumidores (MPAC), de la que forma parte de la Federación UNAE, es que aún hay una gran confusión entre las fechas de caducidad y de consumo preferente, y no todos los consumidores son conscientes del riesgo que implica para la salud consumir productos con la fecha de caducidad superada.

En la reciente encuesta sobre hábitos de consumo celebrada este año, que puede consultarse en www.mesaparticipacion.com, solo el 60% de los consumidores manifiesta que leen habitualmente la fecha de caducidad en el etiquetado de los alimentos envasados, pero de estos casi una cuarta parte no distingue entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente, lo que supone un importante riesgo para la salud. En el ámbito urbano, un 80% afirma conocer la diferencia, mientras que en el entorno rural se reduce hasta el 68%. Hay que destacar que a medida que aumenta el nivel de estudios, crece el porcentaje que afirma diferenciar entre fecha de caducidad y de consumo preferente. Sin embargo, el 41% de los encuestados confiesa que consume productos superada su fecha de caducidad, ya que cree que “por unos días no pasa nada”, mientras que el 18% confía más en el aspecto del producto, su textura, olor y sabor, que en la fecha de caducidad.

Por lo tanto, una medida de este tipo debería ir acompañada necesariamente de importantes campañas informativas para los consumidores, a fin de evitar riesgos para la seguridad alimentaria.

Un grave problema de salud pública

Crece el interés por compartir piso

CONSUMO

Crece el interés por compartir piso

En pleno debate sobre la futura Ley de Vivienda, surgen nuevas soluciones habitacionales. Así, cuando las opciones de compra o alquiler son reducidas, compartir piso puede ser una opción a tener en cuenta. Muchos de nosotros lo hemos hecho en algún momento de la vida y tiene sus ventajas. Especialmente, si ese alquiler se toma como una opción temporal, conlleva ciertos objetivos, como el ahorro o la posibilidad de elegir zona, y no se trata solo de una solución desesperada. El mercado se prepara para esta demanda que, poco a poco, crece en España.

MARIÁN LEZAUN

[email protected]

@mlezaun

Según el último informe sobre este sector, elaborado por el portal inmobiliario Idealista.com, la oferta de habitaciones en pisos compartidos ha crecido un 6% en España durante el último año. Una cifra que, como explica Ferrán Font, director de estudios del portal pisos.com, demuestra que “el alquiler de habitaciones en viviendas compartidas es un mercado estable, cuyo crecimiento sostenido se mantiene en los últimos años y que está muy ligado a la demanda de los más jóvenes, tanto estudiantes como aquellos que buscan emanciparse del hogar familiar”. Font explica que, aunque la pandemia también ha pasado factura al sector, este ya da muestras de recuperación. Para este experto, “compartir piso es una forma económica de emanciparse, de compartir gastos en determinado momento vital y también de socializar”. Font explica también que se trata de una tendencia muy localizada. “Madrid y Barcelona acaparan el 40% de la demanda de habitaciones, pero ya hay otras ciudades en las que el interés aumenta, como Sevilla o San Sebastián”.

Oferta y demanda. Si echamos un vistazo a los principales portales inmobiliarios podemos encontrar inmuebles para todos los gustos. Font añade, además, que se trata de una oferta estable tanto en precios como en inmuebles. “El alquiler medio se sitúa hoy en 260 euros, pero en ciudades como Madrid, Barcelona o San Sebastián el precio supera los 400 euros”, dice Font. Un estudio reciente del portal Fotocasa Viviendas compartidas en España, dispara la media hasta 350 euros, un 30% más que hace cinco años. Y es que, aunque el mercado de alquiler debería reducir precios para ser una alternativa razonable a la compra de vivienda, todavía queda mucho por hacer. De hecho, durante este año, las variaciones en el parque disponible han sido dispares en las capitales de provincia españolas, según los datos del portal Idealista. En nueve de ellas hay menos producto disponible en este mes de agosto que hace un año. “La mayor caída se ha producido en Barcelona, donde las personas que buscan alquilar una habitación tienen un 29% menos oferta donde elegir. Le sigue Albacete con un 28% menos, Santa Cruz de Tenerife con un 21% y Almería con un 17%. Guadalajara representa la otra cara de la moneda, con un aumento del stock de habitaciones del 76%, seguido por Gerona, con un 71% y Santander, con un 43%. La buena noticia es que en muchas ciudades el precio continúa bajando en relación a años anteriores. Guadalajara registra el mayor descenso, con una rebaja del 9,6%, seguida por Madrid con un 7,5%, Lérida, Málaga, Jaén y Barcelona. En el lado opuesto se encuentra Ciudad Real con un incremento del 9,7%, seguido por Castellón de la Plana con un 6%, A Coruña, Santander y Albacete.

Ventajas e inconvenientes. Por eso, los datos nos demuestran que compartir piso ha dejado de ser una opción reservada para estudiantes y gente joven y empieza a perfilarse como una solución a los problemas actuales de vivienda. Para algunas asociaciones de consumidores, defender esta opción no es viable porque, en muchos casos, no se trata de una elección personal sino de una obligación impuesta por el precio de la vivienda, los bajos salarios, la precariedad laboral y, en definitiva, la falta de recursos. No obstante, es una posibilidad que puede tener sus ventajas siempre que se haga dentro de la legalidad y con toda la información disponible. 

Los expertos recomiendan tener en cuenta todas las ventajas e inconvenientes que pueden darse, para evitar problemas a medio plazo. Compartir piso no es fácil y, quizá, no todas las personas estamos preparadas para hacerlo. Desde el portal inmobiliario Idealista apuntan que “antes de embarcarse en esta aventura es importante tener en cuenta algunas cuestiones como la manera de repartir las tareas del hogar, conocer el horario de los compañeros de piso, las visitas, cuestiones sobre la decoración o si se está dispuesto a vivir junto con una mascota”. Todo puede ser fuente de conflicto, por lo que dejarlo todo atado evitará más de un disgusto.

Pero alquilar una habitación también tiene sus ventajas. Por ejemplo, es mucho más barato que alquilar un piso entero por lo que te permite ahorrar una parte importante de tu salario. También puedes elegir mejores zonas e incluso mejores viviendas. No obstante, uno de los principales motivos que argumentan los inquilinos de pisos compartidos es la necesidad de abaratar los gastos de suministros como son el agua, la luz, la calefacción, internet, etc. La situación puede ser diferente si el inquilino alquila una habitación al propietario o si un grupo de personas es la que alquila la vivienda de forma mancomunada. Por eso, hay que dejar claro cómo y cuándo se van a realizar esos pagos. Lo normal es que exista una cuenta común, una especie de bote, desde la que se abonen todos los gastos o que uno de los inquilinos adelante el dinero y luego recoja las partes igualitarias. Aquí lo importante, señalan en Idealista, es rodearse de personas solventes y responsables. No obstante, existen aplicaciones para que la gestión de los gastos sea mucho más cómoda. Tricount o Splid permiten la creación de un grupo para ir anotando los gastos compartidos y calcula de forma automática cuánto debe pagar cada uno. Por su parte, Splitwise gestiona todas las cuentas entre compañeros de piso, ya que permite anotar todos los gastos y dividirlos. Además, se pueden enviar recordatorios a las personas que tengan algún pago pendiente.

Lo que no existe en este caso son ventajas fiscales. Al alquilar solo una habitación, y no la vivienda completa, Hacienda no considera que se trate de un alquiler de vivienda habitual, por lo que no podrá desgravarse por este concepto.

No obstante, es importante contar con un contrato legal. En el caso de alquilar una habitación con derecho a usar las zonas comunes de la casa, se formalizará un contrato de arrendamiento independiente del de los demás ocupantes de la casa, en el que se recojan las obligaciones y derechos que vinculen al inquilino únicamente con el arrendador.

¿Quiénes comparten piso en España?

Las personas que comparten piso en España son algo mayores que hace unos años. La edad media de los que eligen esta opción está ya en los 33 años, aunque en algunas regiones la edad se dispara hasta los 36 años como es el caso de Palma, Vitoria o Guadalajara. Según el portal inmobiliario Idealista “son personas que viven en el centro de las grandes ciudades, no fuman ni permiten que se fume en la vivienda y no tienen ni admiten mascota”. En la mayoría de los pisos compartidos conviven hombres y mujeres (69%), mientras que el 26% están ocupados por mujeres y el 4% cuentan con compañeros masculinos.

Para saber más

Tecnocasa: El portal inmobiliario Tecnocasa cuenta en su blog cosas que deberíamos saber antes de compartir piso con otras personas. 

Ver más

El Economista: El diario de información económica analiza el sector de la vivienda compartida y explica por qué cada vez más personas eligen esta opción.

Ver más

Mapfre: La aseguradora explica en su blog cómo organizar los gastos en una vivienda compartida y explica las ventajas que puede tener esta opción.

Ver más

Pisos.com: El portal inmobiliario dispone de una web especializada en habitaciones, pisocompartido.com, desde la que se puede conocer cómo está la oferta ahora mismo en España.

Coliving, cohousing, habitaciones… no es lo mismo

Los expertos explican que no es lo mismo compartir piso que la reciente moda del coliving, mucho más desarrollado en otros países europeos y en Estados Unidos que aquí. Es este caso, el inquilino tiene su propio espacio, un apartamento más o menos grande, y después tiene acceso a una variedad de zonas comunes (salón, gimnasio, biblioteca, salas multiusos, zonas de trabajo, etc.) en las que puede interactuar con otras personas del edificio. El coliving que es considerablemente más caro (a partir de 700 euros) se parece más a un hotel, ya que lo que se comparte son las zonas comunes y de ocio, pero no el espacio privado. Existe también la opción denominada cohousing, destinada a los más mayores, en las que se ofrecen también servicios asistenciales y que no está concebido como una solución temporal.