Medidas de autoprotección, por Federico Cabello de Alba

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La intervención notarial garantiza que esa autonomía de voluntad no suponga un riesgo para el respeto y eficaz ejercicio de los derechos que asisten a la persona”

Medidas de autoprotección

A lo largo de la vida no es infrecuente que, lo anómalo sería lo contrario, todos nos encontramos con situaciones en las que, ya sea de manera transitoria o definitiva, perdemos las facultades de discernimiento para poder tomar determinadas decisiones; ya sea en el ámbito personal, patrimonial, familiar o cualquier otro aspecto de nuestro interés.

Anticipación

Para afrontar esas situaciones, los ordenamientos arbitran una serie de medidas que tratan de suplir esa imposibilidad o dificultad para tomar las propias decisiones. Tradicionalmente se ha recurrido por la legislación a actos de autoridad, de modo que a través de un procedimiento judicial se acudía al expediente de sustituir a la persona en su toma de decisiones. Progresivamente el centro de gravedad se ha ido desplazando hacia la asunción del principio de que sean las propias personas quienes pueden anticiparse a esas situaciones y delimitar el régimen de asistencia, apoyo y toma de decisiones en aquellos momentos en que sus facultades se vean mermadas. Todas las opciones que recoge nuestro ordenamiento ahora parten de la base de que es la propia persona, conocedora de su entorno familiar, social y patrimonial quien de manera más acertada puede prever y regular esas situaciones, así como anticiparse a posibles abusos o conflictos de interés.

De ese principio deriva que dichas disposiciones voluntaria sean preferentes a las de cualquier otro origen, aunque, lógicamente, son decisiones que han de verse rodeadas de una serie de garantías para evitar posibles conflictos, consecuencias no deseadas o manipulaciones que vicien esa voluntad. La intervención notarial, como salvaguarda y apoyo a las personas en el proceso de la toma de decisiones y la superior vigilancia del ministerio fiscal y la autoridad judicial, garantiza que esa autonomía de voluntad no suponga un riesgo para el respeto y eficaz ejercicio de los derechos que asisten a la persona aun en esa coyuntura.

Voluntad y seguridad

Ese marco delimita las diferentes instituciones que en nuestro derecho civil hacen posible conciliar la autonomía de la voluntad con la seguridad que a todo ciudadano es debida al afrontar situaciones de debilidad cognitiva o volitiva.

No podemos analizar aquí de manera pormenorizada los recursos reconocidos en la actualidad por nuestra legislación, pero merece la pena detenerse en los principios y normas de funcionamiento de voluntades anticipadas, autocuratela y poderes y mandatos preventivos.

El marco regulador de las denominadas instrucciones previas, voluntades anticipadas o mal llamadas también testamento vital parte de la Ley 41/2020 de Autonomía del paciente donde se definen como instrucciones previas aquellas en que una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en que no sea capaz de expresarlos personalmente. Su contenido puede referirse a preferencias sobre atención al final de la vida o tratamientos médicos, instrucciones sobre medidas paliativas que eviten prologar artificialmente la vida, prestación de ayuda para morir con arreglo a la Ley 3/2021 de regulación de la eutanasia, destino del cuerpo o de los órganos tras el fallecimiento e incluso, designar un representante como interlocutor con el servicio sanitario. Son las comunidades autónomas las que asumen la competencia para regular y establecer el modo en que se puede formalizar este documento, su contenido y su registro, aunque existe un registro estatal para asegurar su eficacia en todo el territorio nacional. De ahí resulta una enorme heterogeneidad en su regulación, aunque encontramos unas líneas directrices básicas que conviene señalar. En cuanto a la capacidad, siguiendo a la ley de autonomía del paciente se habla de personas mayores de edad, capaces y libres, y se prevé el consentimiento por representación, regulación que, evidentemente, requiere su adaptación a los principios inspiradores de nuestra regulación civil tras la Ley 8/2021 de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La mayoría de las legislaciones autonómicas reconocen la posibilidad de otorgarlas alternativamente por escrito ante testigos, ante personal e instancias sanitarias o ante notario. Aunque algunas comunidades autónomas no prevén su formalización notarial, la dispersión territorial del Notariado, el asesoramiento que es inherente a nuestra función y la no sujeción a un esquema predeterminado en su redacción, entiendo hacen aconsejable procurar siempre su formalización notarial.

Instrumentos jurídicos

Frente a las instrucciones previas, tendentes a asegurar el respeto a la voluntad de la persona en el momento del fallecimiento y procurar una muerte digna, hay otras que procuran el respeto a su voluntad cuando, durante su vida, encuentran dificultades volitivas o cognitivas para expresarla o hacerla efectiva. Aparte de la escritura de medidas voluntarias, de contenido más amplio y que merecería un estudio aparte, debemos referirnos a la autocuratela, poderes y mandatos preventivos. Guardan analogía en cuanto a su objeto, adecuar a la voluntad de la persona la asistencia y apoyo cuando tengan dificultades en el ejercicio de su capacidad jurídica, así como por ser preceptiva la intervención notarial. Como en todos los supuestos de medidas voluntarias de asistencia y apoyo que regula nuestro Código civil, el notario se configura como institución de salvaguarda y apoyo, garante de la adecuada formación de la voluntad, de su formulación y diseño y de que exista un consentimiento realmente informado. Otro aspecto común es que no se limitan a designar a la persona que va a ejercer esas determinadas funciones, sino a regular su forma de ejercicio, garantías, cautelas y salvaguardas, esto es, una regulación plena de su funcionamiento.

A partir de ahí, las diferencias: la autocuratela tiene por objeto proponer quien va a ejercer la curatela y diseñar el funcionamiento de esta institución en el caso en que haya de recurrirse a ella y, por el contrario, el poder y mandato preventivo designa a quien, como apoderado o mandatario va a ejercer la asistencia y apoyo a la persona que lo necesite. No hemos de olvidar que ambas instituciones, poder y mandato, son sustancialmente distintas. El poder un negocio jurídico unilateral que no obliga al apoderado salvo que sea manifestación de un mandato, negocio jurídico bilateral que sí que obliga a ambas partes.

En fin, manifestación todo ello de los medios que nuestro ordenamiento ofrece como medidas de autoprotección a las personas que transitan o prevén situaciones que las pueden hacer especialmente vulnerables, así como de la confianza del legislador en la función notarial para prestar un servicio que exige no sólo conocimiento, sino cercanía y sensibilidad.

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La ampliación, desafío geopolítico para la UE, por Daniel Calleja

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN PLENO DEBATE

La ampliación debe ir acompañada, por tanto, de una mayor integración y modernización de la Unión"

La ampliación, desafío geopolítico para la UE

En su discurso sobre el Estado de la Unión de 2025, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que “solo una Europa unida —y reunificada— puede ser una Europa independiente” y que, para Ucrania, Moldavia y los Balcanes Occidentales, “su futuro está en nuestra Unión”. Tanto la presidenta von der Leyen como el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han definido la ampliación como una “opción estratégica”. La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, la ha calificada de “prioridad política” y la comisaria de Ampliación, Marta Kos de “estabilizador geopolítico de Europa”.

En un panorama geopolítico marcado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, los desafíos al Derecho internacional, la desinformación y la instrumentalización de las dependencias, la ampliación no es solo una política hacia los países vecinos. Es también una de las herramientas más poderosas de la UE para promover la paz, la prosperidad, la estabilidad y la seguridad, así como para reforzar su capacidad de actuación.

En 2026 se cumplen 40 años de la adhesión de España y Portugal a la UE. La experiencia española muestra el potencial transformador de la adhesión: ha contribuido a fortalecer la democracia, modernizar la economía y las infraestructuras y mejorar los niveles de vida. A su vez, España ha dejado su huella en el proyecto europeo, promoviendo derechos y libertades, ampliando las oportunidades para estudiar, trabajar y viajar y contribuyendo a profundizar las relaciones de la UE con América Latina y el Mediterráneo.

Esto refleja una característica esencial de toda ampliación: los nuevos Estados miembros se transforman con la adhesión y, al mismo tiempo, contribuyen a transformar y a reforzar la Unión.

El reto de una nueva ampliación

Actualmente hay nueve países candidatos—Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Turquía y Ucrania—, así como un candidato potencial, Kosovo. Además, tras el referéndum del 29 de agosto, Islandia ha decidido no reanudar las conversaciones de adhesión a la UE, pero sigue estrechamente vinculada a la UE a través del Espacio Económico Europeo.

Más de una década después de la adhesión de Croacia en 2013, la ampliación ha recuperado impulso en un contexto profundamente distinto, marcado por el Brexit, la pandemia de COVID-19 y las guerras en las fronteras de la UE.

El 14 de julio de 2026, descrito por la comisaria Kos, como un “súper martes para la ampliación”, la presidencia irlandesa del Consejo celebró cuatro conferencias de adhesión en un solo día. Apenas un mes después de abrir en junio el primer grupo temático sobre aspectos fundamentales (Estado de Derecho; derechos fundamentales; criterios económicos), Ucrania y Moldavia abrieron un segundo, sobre relaciones exteriores. Montenegro y Albania, por su parte, cerraron provisionalmente otros capítulos de negociación. Montenegro aspira a concluir las negociaciones a finales de 2026 y Albania a finales de 2027.

El renovado impulso también se refleja en la opinión pública europea: frente al 37 % de apoyo a la ampliación en 2013, el Eurobarómetro de 2025 registró un apoyo del 56 %.

Pero este impulso plantea también una cuestión fundamental: ¿cómo garantizar que una UE más grande sea también más fuerte y capaz de actuar de forma más eficaz?

En su Resolución de marzo de 2026 sobre la ampliación, el Parlamento Europeo advirtió del riesgo de que la falta de avances genere “zonas geopolíticas grises” vulnerables a influencias externas malignas. Los costes de la no ampliación van, por tanto, más allá de las injerencias extranjeras e incluyen riesgos para la seguridad y oportunidades económicas perdidas, con posibles implicaciones para el papel geopolítico de la UE.

Ampliación y reforma de la UE

La adhesión es y seguirá siendo un proceso basado en méritos. Como ha subrayado la comisaria Kos, no puede haber “ningún ajuste a la baja de las reformas”. Pero un proceso basado en los méritos no tiene por qué ser lento, como ha señalado la presidenta von der Leyen.

También es fundamental reforzar el proceso de adhesión, desde mayores salvaguardias frente al retroceso democrático y las deficiencias del Estado de Derecho hasta fórmulas de integración gradual o nuevas modalidades de asociación para los países candidatos. Esta integración progresiva ya está teniendo lugar, con una participación creciente en políticas y programas de financiación de la UE antes de la adhesión. También los países candidatos están siendo incluidos en los informes periódicos de la Comisión sobre el estado de derecho.

Pero la adhesión tiene también una importante dimensión interna. La propia UE debe ser capaz de actuar eficazmente en un escenario con más de 30 Estados miembros, en particular en materia de valores y Estado de Derecho, gobernanza y toma de decisiones -incluida la cuestión de la unanimidad-, políticas y presupuesto. Para ello habrá que aprovechar plenamente las posibilidades de los tratados actuales y, si fuera necesario, considerar su reforma.

La ampliación debe ir acompañada, por tanto, de una mayor integración y modernización de la Unión. Está en el propio interés estratégico de la UE, pero tanto la Unión como los futuros Estados miembros deben estar preparados. Este otoño están previstas las revisiones de las políticas previas a la ampliación. En este contexto, la Comisaria Kos ha señalado recientemente cuatro aspectos, en línea con los retos mencionados anteriormente, para generar consenso en torno a la ampliación: analizar el posible impacto de futuras adhesiones; debatir las reformas internas necesarias para que una UE más grande siga siendo capaz de actuar; reforzar las salvaguardias de los valores fundamentales de la Unión y estudiar todas las modalidades más ambiciosas de integración. El Consejo Europeo de octubre ofrecerá una oportunidad para hacer balance y reflexionar sobre el camino a seguir.

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Comillas. De mar, universidad y modernismo

AL ENCUENTRO

COMILLAS

De mar, universidad y modernismo

JESÚS ORTIZ

Algunos, y esto es confesión en primera persona, sabíamos en nuestros tiempos mozos de un pueblo marinero de la costa cántabra llamado Comillas, pero nos resultaba complicado identificarlo con la universidad del mismo nombre y buen prestigio académico situada en Madrid. Como hay ideas preconcebidas que, como argumentó Ortega y Gasset, son enfermedades “que se quitan viajando”, nada más oportuno ni más agradable que unos buenos paseos por esa localidad donde las vueltas de la historia nos llevan, sí, desde un espectacular campus hasta el puerto y las playas, pasando por la grandeza del palacio de Sobrellano o esa joyita que es el “Capricho de Gaudí”.

Si algo ha caracterizado a esta sección de Escritura Pública, a lo largo de 26 años y 161 números, es la idea de “dar un paseo por”, no darlo “en”, como se place en explicar la filóloga gaditana Carmen Amores a sus alumnos extranjeros: “‘En’ coloca al cuerpo dentro de un espacio; ‘por’ deja que el cuerpo dialogue con él”. Y si algo apetece verdaderamente cuando se llega a Comillas es eso: dar un paseo por, dejar casi que los pies se muevan a su aire, que los ojos se llenen de luces y estructuras impensadas, que la pituitaria se empape de mar y de hierba o que los oídos capten la vida un tanto ecléctica que anida en este antiguo enclave ballenero.

EL CONJUNTO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN TIENE UN TAMAÑO RECOGIDO: NO ESPERE EL VIAJERO QUE LE DESLUMBRE DE GOLPE, PORQUE DESCUBRIRÁ LOS DETALLES A MEDIDA QUE AVANZA

La plaza de la Constitución es un estupendo punto de partida, con su marcado carácter de centro de la vida local. Allí se encuentran la iglesia parroquial de San Cristóbal (s. XVII), el antiguo ayuntamiento (s. XVIII) y varias casas tradicionales. El conjunto tiene un tamaño recogido: no espere el viajero que le deslumbre de golpe, porque asume ese principio de diálogo, que antes decíamos, conduciendo a que descubra los detalles a medida que avanza. Desde la plaza, surgen las callejuelas que exponen casas con balcones, escudos y galerías acristaladas. Es toda una experiencia observar las diferencias entre las viviendas populares y las residencias de familias enriquecidas con la navegación y los negocios. El paseo tiene algo de lectura urbana: una portada informa sobre linajes, una ventana habla del clima y una fachada anuncia la llegada de nuevos gustos…

Pero volvamos a San Cristóbal, que tiene anécdota histórica. Nos situamos en el siglo XVII y la parroquia estaba donde hoy se encuentra el cementerio (al que merece la pena echar un vistazo, por cierto). Rifirrafe entre el administrador del duque del Infantado y los vecinos durante una misa dominical por determinados privilegios que se atribuía el primero, cosa que en realidad era la gota que colmaba un vaso, y los comillanos dejaron plantados al administrador y al párroco. A las autoridades eclesiásticas les pareció fatal y excomulgaron a todo el pueblo. Ambas partes cedieron al cabo de casi un año y, entre los acuerdos para normalizar la situación, estaba que los vecinos construirían la nueva parroquia en la que no hubiera privilegio de ningún tipo.

DE LA VISITA DE ALFONSO XII VIENE EL RELATO, NO DEL TODO CIERTO SEGÚN ALGUNAS FUENTES, DE QUE COMILLAS FUE LA PRIMERA LOCALIDAD ESPAÑOLA EN TENER ALUMBRADO ELÉCTRICO PÚBLICO

Antonio López y López fue el catalizador de la transformación de Comillas en el siglo XIX. Hablamos de un empresario y naviero nacido en la localidad, que hizo fortuna en Cuba y recibió el título de marqués de Comillas en 1881, concedido por el rey Alfonso XII. De aquél mismo año viene el relato, no del todo cierto según algunas fuentes, de que la localidad comillana fue la primera de España en tener alumbrado eléctrico público. El marqués invitó al rey a visitarle y quiso exhibir músculo económico poniendo en las calles faroles dotados del entonces recientísimo invento de Edison. Fue en verano, el monarca aprovechó para pasar unos días de relax, pero convocó un consejo de ministros en la Casa Ocejo (s. XIX), donde se alojaba. El regreso a su tierra natal de Antonio López, en suma, reforzó su papel como lugar de veraneo de las élites y transformó la escala de sus edificios.

EL VOLUMEN DEL PALACIO DE SOBRELLANO, SUS TORRES Y SU DECORACIÓN CONVIERTEN LA RESIDENCIA EN UNA DECLARACIÓN DE PODER

Así podemos hablar del palacio de Sobrellano (1880-90), que se inspira en la arquitectura medieval, pero no es una reconstrucción arqueológica: es una interpretación historicista propia del siglo XIX. Su volumen, sus torres y su decoración convierten la residencia en una declaración de poder. El palacio no pretende pasar desapercibido; desde su posición domina el entorno y establece un diálogo monumental con la vecina capilla-panteón de los marqueses de Comillas. Esta fue concebida como espacio religioso y funerario familiar. En su interior se combinan referencias góticas, mobiliario con diseño de Gaudí y una notable atención a las artes decorativas.

El “Capricho de Gaudí”, ya que hablamos del arquitecto modernista, está a pocos metros del palacio y se llama, en realidad, Villa Quijano (1883-85), porque lo mandó construir para residencia de verano un familiar del marqués llamado Máximo Díaz de Quijano, como el mismo Antonio López emigrado a Cuba y enriquecido allí. Y lo del “capricho” no es una ocurrencia más o menos improvisada: la casa responde a un proyecto residencial concreto, adaptado al terreno, a la luz y a las aficiones de su propietario. Como se puede constatar por las fechas, pertenece a la etapa temprana del arquitecto y combina cerámica, hierro, madera, piedra y motivos vegetales con una libertad formal digna de elogio. Las franjas de azulejos, las torres y las referencias musicales hacen que la casa parezca moverse incluso cuando permanece inmóvil.

EL “CAPRICHO DE GAUDÍ” COMBINA CERÁMICA, HIERRO, MADERA, PIEDRA Y MOTIVOS VEGETALES CON UNA LIBERTAD FORMAL DIGNA DE ELOGIO

Cabe decir que la ejecución de las obras no corrió a cargo de Gaudí, sino de un compañero de carrera que se basó en una maqueta que aquél había hecho, imaginamos que para acordar formas y estilos con Quijano. Lo más habitual es que Gaudí trabajase maquetas, no con planos; otra cosa es pensar cómo hubiese sido el “Capricho” si él hubiese hecho la obra, dada la combinación de imaginación, perfeccionismo e improvisación que le caracterizaban. Hubiera hecho buena –o mejor, si cabe– una de sus frases: “La belleza es el resplandor de la verdad; y, como que el arte es belleza, sin verdad no hay arte”.

La antigua Universidad Pontificia, es otro de los grandes hitos del paisaje comillano. El complejo fue impulsado por los jesuitas, con el apoyo –cómo no– de Antonio López, y se destinó a seminario. Sus edificios (1890 y sucesivos), de inspiración historicista y decoración abundante, reflejan el deseo de crear un centro de estudios de alcance internacional. Por sus aulas pasaron alumnos de distintos países y se impartieron enseñanzas vinculadas a la teología, la filosofía y las humanidades. Comenzó su actividad a finales del siglo XIX y posteriormente se trasladó a Madrid, donde continuó su trayectoria universitaria. Hoy es la sede de la Fundación Comillas del Español y la Cultura Hispánica, cuyo nombre completo ya explica sus objetivos.

LOS EDIFICIOS DE LA ANTIGUA UNIVERSIDAD PONTIFICIA, DE INSPIRACIÓN HISTORICISTA Y DECORACIÓN ABUNDANTE, REFLEJAN EL DESEO DE CREAR UN CENTRO DE ESTUDIOS DE ALCANCE INTERNACIONAL

A mayores de valores culturales y académicos, nos fijamos en la decoración interior: cerámicas, pinturas, mosaicos y elementos arquitectónicos forman un repertorio exuberante, muy alejado de la austeridad que algunos visitantes esperan de un edificio universitario, empezando por la puesta de acceso al campus. Esa riqueza responde al lenguaje artístico de su tiempo y a la voluntad de prestigiar la institución. El conjunto puede leerse como una síntesis del momento en que la arquitectura se convirtió en herramienta de representación, educación y competencia cultural.

El puerto de Comillas fue un importante centro ballenero en los siglos XVI a XVIII, aunque, claro, no sólo de ballenas vivían los pescadores, que el Cantábrico es rico en especies como el besugo y el congrio, en invierno, o la sardina, el bocarte y el bonito, en verano. Y ya entramos sin quererlo en materia gastronómica; pero en esto, ya saben, la cosa no es leerse las bondades del producto de cercanía, sino catarlo. Volviendo a los cetáceos, una buena idea es apuntarse a la actividad de la “ruta ballenera”, que promueve el ayuntamiento. Es una forma de descubrir cómo influyó la pesca de estos gigantes marinos en la identidad de la villa.

EN TORNO AL 16 DE JULIO, LOS PICAYOS Y PICAYAS PUEBLAN COMILLAS. LOS UNOS, DANZAN; LAS OTRAS, HACEN SONAR SUS PANDERETAS PARA MARCAR EL RITMO DE LA DANZA

El puerto, también la playa, nos sumergen en la tradición veraniega de las danzas de los picayos y los panderetazos de las picayas. Nos situamos en 1676, los pescadores salieron a faenar –posiblemente desde la playa, como venía siendo habitual, porque entonces el puerto estaba a medio construir–, una galerna de rapidísima evolución y graves consecuencias se les echó encima y los vecinos recurrieron al párroco. Mientras este se encomendaba al Cristo del Amparo, la galerna cedió, permitiendo el regreso de los pescadores sin que se les volcasen sus barcos y sin el riesgo de estrellarse contra las rocas. Desde entonces, en torno al 16 de julio, se conmemora este hecho con la participación de picayos y picayas. Los unos, danzan; las otras, hacen sonar sus panderetas para marcar el ritmo de la danza; y así recorren Comillas varios días y con procesiones de distinto trayecto y contenido. Es cierto que las figuras de bailarines y pandereteras no son exclusivas de la villa comillana, pero son estas las que más reconocimiento han adquirido de toda el área cántabra donde se dan.

Puerto escondido (2015) es el primer título de una saga de novelas de la escritora María Oruña, cuya acción se localiza en diversas localidades cántabras, entre ellas Comillas. Esto ha dado lugar a una ruta literaria con el mismo nombre de la saga, que se inicia en las vecinas localidades de Suances y Santillana del Mar, para terminar en Comillas. Los personajes que pueblan los relatos se encuentran aquí con El Duque (s. XIX), “…una mansión espectacular. El toque inglés era inconfundible, a camino entre una impresionante vivienda romántica y un escenario de terror gótico”; con el puerto: “…verás los pesqueros cuando regresan de la sardina, rodeados de gaviotas por todas partes”; con el cementerio: “Volvió a mirar al ángel pétreo: sus rasgos, a aquella distancia, no le resultaban completamente definidos, aunque los conocía de memoria […] Lo llamaban el Ángel Guardián, como si fuese un ente protector de las almas que yacían bajo sus pies y su cuerpo alado. Pero ella sabía que aquel ángel era el otro, el llamado Ángel Exterminador”.

LA RUTA LITERARIA DE PUERTO ESCONDIDO SE INICIA EN LAS VECINAS LOCALIDADES DE SUANCES Y SANTILLANA DEL MAR, PARA TERMINAR EN COMILLAS

Verán, en fin, que les hemos dado razones paisajísticas, históricas y arquitectónicas de lo más singular para ver Comillas en todo momento, así que este Al Encuentro no es solo una sugerencia de turismo cultural a fecha concreta, sino una invitación para “pasear por” cuando les plazca, con la agenda abierta. Eso sí: si se llegan a Comillas en el entorno de marzo o abril, no se pierdan dos iniciativas gastronómicas de lo más marinero: la fiesta del erizo, tres semanas antes de la Semana Santa, y la fiesta de la caballa, el mismo Viernes Santo. Llegados a este punto, imprescindible recalar en alguno de los sitios donde ofrezcan ese otro monumento local, gastronómico en este caso, que son las albóndigas de caballa. Si nos lo permiten… ¡todo un capricho!

PARA NO PERDERSE

Ruta literaria Puerto escondido. Ayuntamientos de Suances, Santilla del Mar y Comillas.

Cementerio de Comillas. Ana María de la Lastra Valdor. Colegio de Arquitectos de Cantabria.

El capricho de Gaudí. Consell Gaudí

INFORMACIÓN

Oficina de Turismo de Comillas
Plaza Joaquín del Piélago, 1
Tel.: 942 722 591
[email protected]
https://comillas.es/comillas/Web_php/index.php

ALOJAMIENTO

Hotel Comillas ****
Paseo Maria Luisa Bru, 2
Tel.: 942 722 300
[email protected]
www.hcomillas.com

RESTAURANTES Y TAPEO

Marisquería Adolfo
C/ Las Infantas, 9
Tel.: 942 722 014
[email protected]

Restaurante Gurea
C/ Ignacio Fernández de Castro, 11
Tel.: 942 722 446
[email protected]

Asador Las Ruedas
C/ La coterona, 14
Tel.: 679 246 679
[email protected]

La Lonja de Comillas
C/ del Muelle, s/n
Tel.: 942 722 458
[email protected]

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El Registro Único de Arrendamientos: el Supremo pone fin a una enorme incertidumbre jurídica, por Silvia Blasco

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

La principal enseñanza de esta historia quizá sea que la seguridad jurídica no se construye acumulando registros, autorizaciones o procedimientos"

El Registro Único de Arrendamientos: el Supremo pone fin a una enorme incertidumbre jurídica

Las sentencias 620/2026, 629/2026 y 697/2026 del Tribunal Supremo han cuestionado los elementos esenciales del denominado Registro Único de Arrendamientos creado por el Real Decreto 1312/2024. La primera resolvió el recurso promovido por la Generalitat Valenciana. La segunda, el interpuesto por APARTUR y ATA. La tercera, el planteado por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV).

Las tres parten de procedimientos distintos, impulsados por actores diferentes y desde territorios distintos. Sin embargo, todas convergen en una misma conclusión: la adaptación española del Reglamento europeo sobre alquileres de corta duración fue más allá de lo que permitían tanto el reparto constitucional de competencias como los principios que deben inspirar una regulación eficaz y proporcionada.

Conviene aclarar algo desde el principio.

Las sentencias no cuestionan la necesidad de disponer de información sobre los alquileres de corta duración. Tampoco cuestionan que las administraciones públicas deban contar con herramientas que permitan conocer mejor la realidad del mercado, combatir el fraude o diseñar políticas públicas basadas en datos.

Cargas administrativas y advertencias

Lo que cuestionan es algo muy distinto.

Cuestionan que, bajo la apariencia de una adaptación técnica de una norma europea, se construyera un sistema que añadía nuevas cargas administrativas sobre actividades que ya estaban sometidas a control público, generando duplicidades, inseguridad jurídica y conflictos competenciales perfectamente evitables.

Lo verdaderamente llamativo es que este desenlace era perfectamente previsible.

Antes de la aprobación de la norma, el propio Consejo de Estado advirtió de los problemas competenciales que planteaba el proyecto. Señaló que el Estado carecía de cobertura suficiente para regular determinados aspectos del Registro Único en los términos planteados y que la función estatal podía ejercerse mediante instrumentos de coordinación e intercambio de información, sin necesidad de crear una nueva capa administrativa sobre estructuras ya existentes.

Las comunidades autónomas alertaron de la invasión competencial.

Las organizaciones empresariales advirtieron de la duplicidad registral.

Los operadores alertaron de los costes y de la inseguridad jurídica que iba a generar el sistema.

Nada de lo que hoy recogen las sentencias apareció por sorpresa.

Y es precisamente aquí donde este asunto deja de ser un debate sobre viviendas turísticas para convertirse en una reflexión sobre la calidad institucional de nuestro país.

Porque cuando una Administración impulsa una norma pese a la existencia de advertencias técnicas relevantes, el problema deja de ser exclusivamente jurídico. Se convierte en una cuestión de responsabilidad pública.

Daños difícilmente reparables

Las consecuencias han sido muy reales.

Miles de operadores iniciaron procedimientos registrales. Muchos propietarios tuvieron que actualizar documentación técnica de sus inmuebles. Otros quedaron atrapados en procesos complejos, costes inesperados o situaciones de incertidumbre que afectaban directamente a su actividad económica. Todo ello para cumplir una obligación cuya configuración jurídica ha sido posteriormente cuestionada por el Tribunal Supremo.

Y conviene recordar quiénes son esos afectados.

No hablamos únicamente de grandes plataformas o fondos de inversión. Hablamos, en gran medida, de pequeños propietarios, autónomos, empresas familiares y emprendedores. Personas que no disponen de departamentos jurídicos especializados ni de estructuras capaces de absorber con facilidad los errores regulatorios de las administraciones.

Mientras tanto, el debate público se desarrolló bajo una narrativa simplista según la cual cualquier crítica al Registro Único equivalía a una oposición al control, a la transparencia o a la legalidad.

La realidad era mucho más sencilla.

Lo que muchas organizaciones veníamos defendiendo era algo elemental: si ya existen registros autonómicos creados por las Administraciones competentes en materia turística, la solución no puede consistir en obligar a los ciudadanos a registrarse una segunda vez ante otra autoridad distinta para acreditar una realidad que ya había sido comprobada por la administración competente.

La buena regulación no consiste en pedir dos veces la misma información.

La buena regulación consiste en hacer interoperables los sistemas existentes.

La buena regulación no consiste en multiplicar procedimientos.

Consiste en simplificarlos.

Y la buena regulación no consiste en trasladar al ciudadano los costes de la falta de coordinación administrativa.

Consiste precisamente en evitarlos.

Injustificable papel de los registradores

Tampoco debería pasar desapercibido el papel que desempeñó el Colegio de Registradores dentro de este modelo.

No corresponde cuestionar una institución que ha desempeñado históricamente una función esencial para la seguridad jurídica preventiva en España. Precisamente por ello resulta legítimo preguntarse si era razonable convertir al Registro de la Propiedad en el eje central de un sistema destinado a supervisar actividades económicas que ya estaban siendo objeto de control administrativo por parte de las comunidades autónomas.

La cuestión no es si los registradores actuaron dentro de las funciones que les fueron atribuidas.

La cuestión es quién decidió atribuirles funciones que nunca debieron formar parte de ese diseño regulatorio.

Porque una institución concebida para proporcionar publicidad y certeza jurídica no debería verse arrastrada al centro de controversias regulatorias que corresponden al ámbito de la acción administrativa y de la distribución territorial de competencias.

La principal enseñanza de esta historia quizá sea que la seguridad jurídica no se construye acumulando registros, autorizaciones o procedimientos.

Se construye mediante normas sólidas, proporcionadas y respetuosas con el ordenamiento jurídico.

Regular más no significa regular mejor.

Y cuando las advertencias técnicas se ignoran, los informes se convierten en un trámite y las dudas jurídicas se subordinan a los objetivos políticos del momento, el resultado suele ser el mismo: años de litigios, recursos públicos desperdiciados y ciudadanos obligados a asumir los costes de errores que nunca cometieron.

Las sentencias del Tribunal Supremo no representan únicamente la corrección de una norma concreta.

Representan algo más importante.

La constatación de que el fin no justifica cualquier medio regulatorio.

Porque la lucha contra cualquier problema social, incluido el acceso a la vivienda, debe desarrollarse dentro de los límites que impone el Estado de Derecho.

No al margen de ellos.

Las democracias sólidas no se distinguen por la cantidad de normas que aprueban, sino por su capacidad para respetar los límites jurídicos que el propio ordenamiento impone a quienes gobiernan.

Y esa es, probablemente, la lección más valiosa que dejan estas sentencias.

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Cómo prepararnos para los retos globales de salud, por Salvador Macip

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

En vez de fortalecer el único organismo capaz de coordinar una respuesta global, lo hemos acabado de despojar del poco poder que tenía"

Cómo prepararnos para los retos globales de salud

Quizás la frase que más recordamos de la época de la pandemia de covid-19 es una afirmación que repetíamos como un mantra para darnos ánimos en los tiempos más difíciles: de esta saldremos mejores. ¿Ha sido así? Si por “mejores” entendemos ser más conscientes de que dependemos los unos de los otros y de que la solidaridad es lo que nos va a salvar de los retos globales de salud, está claro que no, como evidencia el aumento en los últimos cinco años de los discursos xenófobos y egoístas, encabezados por el “nosotros primero” de Trump y de otros políticos que no creen que ayudar al prójimo sea una prioridad. Si “mejores” significa más bien preparados para la siguiente pandemia, la respuesta es igual de contundente: no lo parece.

El efecto secundario

¿Qué ha ido mal? Casi todo. Bajo la presión intensa de la lucha por la supervivencia que representaron los primeros meses de la pandemia, cuando aún no sabíamos a qué clase de enemigo nos enfrentábamos, la respuesta ciudadana fue ejemplar en muchos países, empezando por el nuestro. Esto compensó los tumbos que daban unos dirigentes muy poco preparados para lidiar con una crisis de esas dimensiones, a pesar de que los científicos hacía años que alertaban de su posibilidad.

Pero el efecto secundario de todo eso se diría que ha sido un rebote hacia la despreocupación absoluta. Esta actitud de raíz se ha trasladado a nuestros líderes. Por ejemplo, los ataques frontales de Estados Unidos a cualquier estructura supranacional, aplaudidos por los numerosos imitadores que les van saliendo, han significado que la OMS esté más debilitada que nunca. En vez de fortalecer el único organismo capaz de coordinar una respuesta global, lo hemos acabado de despojar del poco poder que tenía.

Así pues, si nos preguntamos cómo responderíamos ahora a otra amenaza planetaria, solo hace falta fijarse en lo que ha pasado durante el reciente brote de hantavirus en un crucero: se reaccionó tarde, no había protocolos claros y cada país hizo lo que quiso, en general desoyendo las tímidas recomendaciones científicas de la OMS. Los virus de este tipo es muy poco probable que lleguen a dar pandemias, ni siquiera epidemias, pero nada hace pensar que las actuaciones serían diferentes ante un microbio potencialmente más peligroso. Sin la más remota posibilidad de ir coordinados, lo más probable es que viéramos una secuela del desastre organizativo de principios del 2020.

El brote de Ébola que aún azota el Congo es el mejor ejemplo de que la resilencia tendría que ser un asunto global. La desmantelación encubierta del USAID (siglas en inglés de la agencia para el desarrollo internacional del gobierno de los Estados Unidos) que ha llevado a cabo el gobierno de Trump desde su regreso al poder ha dejado desprotegidos a los países centroafricanos que dependían de estos recursos para responder a sus crisis de salud. Algunos expertos calculan que ya hay 750.000 muertos que se podrían haber salvado si USAID hubiera seguido funcionando como siempre. La cifra podría aumentar hasta los 14 millones antes de que Trump termine su segundo mandato, en 2029.

Falta de solidaridad

Estas cifras son una cuantificación de una realidad incontestable: no estamos mejor que antes de la pandemia, sino al contrario. El problema no es tanto que existan personajes que, como Trump o toda la ultraderecha europea, prioricen el bienestar de los locales hasta el punto de empujar a una muerte certera a los que no tienen tanta suerte, si no que estos políticos son el reflejo de una masa considerable de personas (las que los han votado) que no creen que en la solidaridad ni en ayudar a los más necesitados.

Hay que tener en cuenta que una de las característiques que han permitido a nuestra especie sobrevivir y convertirse en una de las más exitosas del planeta es precisamente la colaboración. Sin la capacidad de colaborar no hubiéramos podido jamás formar estructuras sociales tan grandes y complejas como las que tenemos, y seguiríamos viviendo en grupos pequeños, como los demás primates. Las grandes comunidades empezaron a establecerse a partir del surgimiento de agricultura, hace más de doce mil años, lo que probablemente nos obligó a expandir los límites naturales de nuestra capacidad de trabajar para un objetivo común. Esto parece que lo hemos olvidado.

Es triste, pues, que después de vencer instintos animales ancestrales como son el individualismo y la xenofobia, que tenían un sentido en el principio de la historia cuando nos teníamos que proteger de los extraños que amenazaban nuestra supervivencia, ahora volvamos a caer en los mismos errores del pasado. No ver la humanidad como una sola unidad acaba siendo perjudicial, incluso para los partidarios de dar prioridad a ciertos grupos étnicos o socioculturales: hay estudios que demuestran que, cuanto mayores son las desigualdades sociales en un país, peor es la calidad de vida para todos, ricos y pobres.

Ante este resurgimiento del egoísmo ancestral humano, Europa está intentando organizar una estructura que permita más resilencia ante crisis de salud, coordinada a nivel continental. No es la solución al problema, pero es una buena noticia. Por lo menos mitigará en parte los efectos de la “doctrina Trump”, por llamarla de alguna manera. Pero para estar verdaderamente tranquilos haría falta un cambio de perspectiva que trasladara este tipo de iniciativas al resto del planeta y esto, por desgracia, no parece que vaya a pasar en los próximos años.

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El peligro de creerse internet, por Delia Rodríguez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @

Internet está lleno de mentiras, y eso hace que sea más fácil deslizarse en ellas. Además de quienes cobran a escondidas, están los que hacen pasar por suyo un talento artificial"

El peligro de creerse internet

Durante la mayor parte de mi carrera he sido periodista digital. Mi trabajo consistía en averiguar qué ocurría en internet y en contarlo allí mismo y de la mejor manera posible. Además de una miopía galopante, le debo a mi especialidad un instinto bastante desarrollado para detectar qué contenido aparentemente inocente intenta en realidad manipularnos con fines comerciales o ideológicos. Incluso escribí un libro sobre ello. Pero cada vez puedo fiarme menos de mis conocimientos.

Éxitos irreales

La revista New York desveló en mayo que buena parte de los éxitos virales “espontáneos” que vemos a diario, como canciones, películas, influyentes, memes o dramas de famosos, son campañas de publicidad encubierta organizada por agencias de marketing. La idea no es nueva (Shakespeare ya puso a Casio a escribir cartas falsas del “público” para convencer a Bruto de que debía unirse a la conspiración contra Julio César), pero ni siquiera los profesionales sospechábamos que se había llegado a tal punto. El cofundador de Gudea, una empresa que analiza el origen de estos fenómenos, reconocía no haber visto una tendencia “real” desde hace tiempo. Para Joe Lim, el creador de Floodify -una compañía que llegó a operar con 65.000 cuentas zombi y a publicar 50.000 vídeos al día en X, TikTok, Instagram y YouTube- el 90% de lo que vemos en internet es publicidad encubierta. Está convencido de que en tres o cinco años las audiencias dejarán de creer en nada de lo que ven.

Las agencias pagan a pequeñas cuentas para que repliquen opiniones sobre sus clientes y despiecen y republiquen clips de vídeo. El objetivo es triple: darle un empujón al algoritmo para que fomente el contenido, convencer a los humanos de que la tendencia es real para que se unan a ella, y engañar a los periodistas para que la publiquen en sus medios. Cada uno de estos mecanismos se retroalimenta entre sí.

The Guardian explicó recientemente que incluso los grupos de música independiente más desconocidos utilizan estas artes porque sienten que es su única vía de entrar en la conversación. En España, un pequeño escándalo sucedió en abril cuando la escritora Luna Miguel desveló que muchos booktokers que reseñan obras literarias en vídeos cortos cobraban tarifas elevadas por mencionar libros sin advertir de que se trataba de publicidad. Como miembro de la generación X, crecí esperando poco de Hollywood o las multinacionales, pero sí creí que internet serviría de refugio para el talento ante la lógica de mercado más cruel. Sin embargo, ni la literatura ni la música menos comercial se escapan.

Batallas geopolíticas

El escándalo de Cambridge Analytica demostró que las redes sociales son escenario de batallas geopolíticas, y que bots y trolls malintencionados las pueblan. Hay que ser muy ingenuos para no darse cuenta de que a veces los influyentes “olvidan” escribir la etiqueta #ad en sus publicaciones. Pero no esperábamos que hasta los fans de los nichos culturales más diminutos pudieran estar vendidos.

Internet está lleno de mentiras, y eso hace que sea más fácil deslizarse en ellas. Además de quienes cobran a escondidas, están los que hacen pasar por suyo un talento artificial o lo utilizan para inflar fantasías. En Substack me encuentro con autores que intentan despuntar escribiendo con IA; en Instagram con autónomos que para conseguir más ventas fabulan éxitos y seguidores; en LinkedIn con profesionales que inventan historias para llamar la atención; en X con hilos imaginarios copiados de otros foros cuyo único fin es monetizar la polémica. Muchos podcasts son pura fachada, apenas una excusa para investir de autoridad a sus protagonistas. Pinterest y Reddit tienen un serio problema de contenido sintético y cuentas fantasma que pone en peligro su experiencia de uso.

Verdades y mentiras, buenas y malas intenciones, humanos y máquinas son difícilmente distinguibles. TikTok y Meta eliminan cientos de millones de cuentas ilegítimas al año. Abundan los vídeos cortos verticales sin sentido generados algorítmicamente, pero incluso en los que están protagonizados por humanos, guion y descripción pueden estar elaborados por máquinas. Algunas secciones de comentarios parecen un diálogo entre androides. Se estima que el 30% de las reseñas de productos no son auténticas. En esta guerra de EE.UU., Israel e Irán, los profesionales del análisis forense de imagen se han visto sobrepasados por la cantidad y calidad de la propaganda.

No es que internet fuera antes un paraíso, pero desde finales de 2022, tras la audiovisualización y profesionalización de las redes postpandemia y la irrupción de la inteligencia artificial generativa, se ha acelerado y expandido un tipo de adulteración de la realidad que ya estaba en marcha. Y es un problema, porque las métricas del éxito son un radar social que nos indica qué somos y qué nos interesa como sociedad, y corremos el riesgo de creer en una imagen falsa de nosotros mismos.

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15º aniversario del European Law Institute, por Teresa Rodríguez de las Heras. Presidenta del ELI

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ÁMBITO EUROPEO

Superado el hartazgo de una actividad regulatoria ciertamente desaforada debe venir la calma, pero no la quietud, y menos aún la parálisis"

El 15º aniversario de la fundación del European Law Institute

El 1 de junio de 2026 marca el 15º aniversario de la fundación del European Law Institute (ELI)¹. Los aniversarios son ocasiones para la memoria y la celebración por lo logrado, pero son, sobre todo, momentos de reflexión sobre el presente y ocasiones singularmente fértiles para pensar el futuro. Tres lustros podrían parecer una corta historia, sin embargo, en estos quince años, el ELI ha ganado dimensión, escala e influencia de forma extraordinaria y se ha convertido en un foro independiente de referencia, en un catalizador del debate de política legislativa a nivel global, y en un promotor de la reforma y la modernización legislativas con instrumentos de soft-law en todas las áreas del Derecho^2.

Multilateralismo cuestionado

El ELI celebra su joven aniversario en un contexto internacional radicalmente diferente, con un multilateralismo frontalmente cuestionado, unas organizaciones internacionales intencionadamente debilitadas para convertir las delicadamente tejidas relaciones de cooperación en oportunistas interacciones desiguales entre Estados, guiadas por la insensible lógica transaccional, y una escena geopolítica turbulenta, fracturada y lastrada por la desconfianza. Tras décadas de construcción robusta y leal de una comunidad jurídica global, el presente muestra que vivimos en la “Era de la Fragilidad”, una alarmante fragilidad multidimensional. Las fracturas del presente evidencian una triple fragilidad del mundo contemporáneo: la fragilidad del planeta, que nos enfrenta al reto, esperemos que no demasiado tardío e irremediable, de hacer nuestras sociedades sostenibles; la fragilidad del ser humano, expuesto principalmente hoy por la Inteligencia Artificial (IA) al dilema apabullante de imaginar futuros utópicos de trascendencia o de temer los horizontes más distópicos que encierran incluso un genuino riesgo existencial; y la fragilidad de la Ley y del Estado de derecho, sumidos en un ataque sistemático y descarado y enfrentados a sus propias limitaciones inherentes de legitimidad, justicia y eficacia. Consciente de este presente, el ELI ha hecho suya esta fragilidad como misión, ha interiorizado estas fragilidades, que ha convertido en sus ejes de reflexión, de acción y de propuesta para la adopción de sus instrumentos de política y reforma legislativas³.

Raíces europeas

Las raíces europeas del ELI la hacen también sensible al radical cambio estratégico con que la Unión Europea se ha enfrentado a este nuevo, ciertamente imprevisible e incómodo, contexto geopolítico. Tras el intenso despliegue normativo y regulatorio con el que la UE cerró el ciclo 2019-2024 – Comisión Von der Leyen I – se aboga ahora por una “simplification revolution”. Esta estrategia de simplificación está tensionada por dos fuerzas, una externa y otra interna. Una geopolítica, en la que se defiende, ya sin contención alguna, una retórica antiregulación que cuestiona radicalmente todo marco de derecho internacional y, en particular, los esfuerzos dirigidos a la gobernanza de la IA, acusando toda regulación en este sentido de excesos e ineficiencias, de intromisión en el mercado y del fracaso de un modelo económico europeo en declive. Este argumentario ha calado con gran facilidad en un terreno ya abonado por el diagnóstico y las advertencias y recomendaciones de los Informes Draghi y Letta, sobre el futuro de Europa. Las preocupaciones, legítimas e identificadas con finura y agudeza por sus autores, sobre el impacto de la regulación (excesiva) en la competitividad, la innovación y la prosperidad de Europa, han dado razones a la repetidamente alegada “fatiga regulatoria”.

Sin embargo, a pesar de la hostilidad del entorno geopolítico en el que la UE debe bracear, la sensatez de una “pausa regulatoria” no debe conducir a la temeridad de una retirada del terreno global o una renuncia al modelo europeo. La UE debe luchar por preservar y reforzar su soberanía digital y apuntalarla en el modelo de valores europeo. Esta soberanía digital naturalmente requiere financiación, tejido industrial, ciencia básica y aplicada e innovación tecnológica. Pero además acción política, compromiso ciudadano y un marco normativo facilitador que mire hacia los nuevos horizontes (IA sostenible, IA agéntica, computación cuántica, robots polifuncionales) y anticipe el escenario, que propongo, de las sociedades híbridas⁴.

Superado el hartazgo de una actividad regulatoria ciertamente desaforada debe venir la calma, pero no la quietud, y menos aún la parálisis y la retirada de la escena internacional. La pasividad por temor a ahondar en un problema que debe resolverse con acciones adecuadas es tan perniciosa como la respuesta excesiva o desencaminada.

La gobernanza de la IA

En este contexto, la gobernanza de la IA se ha convertido en un eje vertebrador de las estrategias de sostenibilidad, de soberanía digital y de resiliencia jurídica, tecnológica y social. Por ello, pensar y consensuar un modelo para la IA es pensar y consensuar un modelo de sociedad que incorpora la reflexión y la acción sobre las tres dimensiones de la fragilidad actual. Es un posicionamiento ante el reto de la sostenibilidad; una respuesta a los peligros y las promesas de una economía de la IA, hoy asimétrica, desigual, con altísimos niveles de integración vertical y preocupantes grados de concentración empresarial; y, finalmente, un desafío a la resiliencia del Estado de derecho.

Abogamos por superar una visión reduccionista de la IA como simple producto y entenderla también como una palanca cultural y de construcción civilizatoria. La prometida estrategia “AI Continent” para la UE requiere articular también estructuras jurídicas facilitadoras de la adopción de la IA – con un marco jurídico-privado para la “Economía de Agentes de IA”⁵–, ofrecer instrumentos de certidumbre y previsibilidad al mercado⁶, acompañar su incorporación con el liderazgo científico y técnico en computación cuántica y otras áreas de pensamiento y desarrollo humanista, y apostar por un uso responsable de la IA en todos los frentes que, lejos de una simplista visión instrumentalista de la IA, se atreva a pensar el mundo en términos imaginarios de “hibridación”.

[1] Sobre la institución, su origen, sus objetivos y su misión, https://www.europeanlawinstitute.eu/about-eli/.
[2] El ELI cuenta con 1800 miembros individuales que recorren todas las profesiones jurídicas y representan hoy la comunidad jurídica en 64 países y con 200 miembros institucionales, que reflejan las raíces europeas de la institución, pero la clara vocación internacional: https://www.europeanlawinstitute.eu/membership/current-members/.
[3] Tres ejes temáticos que ordenan la amplia actividad del ELI, sus proyectos y sus instrumentos: Rule of Law and the Convergence of Legal Systems; Law and Governance for the Digital Age; Climate Justice and Sustainable Societies.
[4] Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, “Editorial: The Next Frontier for Private Law: Envisioning Rules and Constructing Legal Fictions for an AI-Human Hybrid Society”, Journal of European Consumer and Market Law (EuCML), Vol. 15, Issue 1 (2026) pp. 1 – 5.
[5] El ELI ha aprobado sus Guiding Principles and Model Rules on Digital Assistants for Consumer Contracts, en línea con las iniciativas internacionales de CNUDMI/UNCITRAL con la adopción de la Ley Modelo de Contratación Automatizada.
[6] Con el proyecto de ELI Model Contractual Terms on Automated Contracting and Digital Assistants in Business and Consumer Transactions (B2C and B2B), in collaboration with UNCITRAL Contractual Terms.

EUROPEAN SCOPE

Now that we have overcome the weariness caused by what was certainly an excessive level of regulatory activity, calm must now set in – but not stagnation, and certainly not paralysis."

The 15th anniversary of the founding of the European Law Institute

1 June 2026 marks the 15th anniversary of the founding of the European Law Institute (ELI)¹. Anniversaries are occasions to remember and celebrate what has been achieved, but they are, above all, moments to reflect on the here and now and particularly valuable opportunities to think about the future. Three lustrums may seem like a short period of time; however, over these fifteen years, the ELI has grown extraordinarily in scope, scale and influence, and has become a leading independent forum, a catalyst for global debate on legislative policy, and a promoter of legislative reform and modernisation through soft-law instruments in all areas of law².

Multilateralism under scrutiny

The ELI is celebrating its first anniversary against a radically different international backdrop, with multilateralism coming under direct challenge, international organisations deliberately weakened in order to transform delicately woven cooperative relationships into opportunistic, unequal interactions between States guided by a callous transactional logic, and a turbulent, fractured geopolitical landscape weighed down by mistrust. After decades of steadfast and committed efforts to build a global legal community, the current situation shows that we are living in the “Age of Fragility” – a period of alarming, multidimensional fragility. Fractures in the here and now reveal a threefold fragility in the contemporary world: the fragility of the planet, which confronts us with the challenge – hopefully not too late and not yet irreversible – of making our societies sustainable; the fragility of human beings, who are today exposed, primarily by Artificial Intelligence (AI), to the overwhelming dilemma of either imagining utopian futures of transcendence or fearing the most dystopian horizons, which even harbour a genuine existential risk; and the fragility of the Law and the Rule of Law, which are under systematic and brazen attack and confronted with their own inherent limitations in terms of legitimacy, justice and effectiveness. Aware of this reality, the ELI has embraced this fragility as its mission; it has internalised these fragilities, turning them into the cornerstones of its reflection, action and proposals for the adoption of its policy instruments and legislative reforms³.

European roots

The ELI’s European roots also make it sensitive to the radical strategic shift with which the European Union has responded to this new, certainly unpredictable and uncomfortable, geopolitical context. Following the intensive legislative and regulatory drive with which the EU brought the 2019–2024 cycle to a close, Von der Leyen’s 1st Mandate, there is now a call for a “simplification revolution”. This simplification strategy is subject to pressure from two forces, one external and the other internal. A geopolitical landscape in which an anti-regulation rhetoric is now being championed without any restraint whatsoever, radically calling into question the entire framework of international law and, in particular, efforts aimed at governing AI, whilst accusing any regulation in this regard of excesses and inefficiencies, of market interference and of the failure of a European economic model in decline. This line of argument has taken root very easily in a climate already prepared by the analysis, warnings and recommendations contained in the Draghi and Letta reports on the future of Europe. The concerns – which are legitimate and have been identified with subtlety and insight by the authors – regarding the impact of (excessive) regulation on Europe’s competitiveness, innovation and prosperity have provided grounds for the frequently cited “regulatory fatigue”.

However, despite the hostile geopolitical environment in which the EU must operate, the wisdom of a “regulatory pause” must not lead to the recklessness of withdrawing from the global stage or abandoning the European model. The EU must strive to preserve and strengthen its digital sovereignty and anchor it in the European values-based model. This digital sovereignty naturally requires funding, an industrial base, basic and applied science, and technological innovation. But also political action, civic engagement and a supportive regulatory framework that looks towards new horizons (sustainable AI, agentic AI, quantum computing, multifunctional robots) and anticipates the scenario – which I propose – of hybrid societies⁴.

Having overcome the weariness caused by what was certainly an excessive level of regulatory activity, calm must now set in – but not stagnation, and certainly not paralysis or withdrawal from the international stage. Passivity based on a fear of delving into a problem that needs to be resolved through appropriate action is just as harmful as an excessive or misguided response.

AI governance

In this context, AI governance has become a cornerstone of strategies for sustainability, digital sovereignty and legal, technological and social resilience. Therefore, devising and agreeing on a model for AI means devising and agreeing on a model for society that incorporates reflection and action on the three dimensions of our current fragility. It is a stance in the face of the challenge of sustainability; a response to the dangers and promises of an AI-driven economy – which is currently asymmetrical and unequal, with extremely high levels of vertical integration and worrying degrees of corporate concentration; and, finally, a challenge to the resilience of the Rule of Law.

We advocate moving beyond a reductionist view of AI as merely a product and also understanding it as a cultural catalyst and a force for the development of civilisation. The proposed “AI Continent” strategy for the EU must also establish legal structures that facilitate the adoption of AI – including a private-law framework for the “AI Agents Economy”⁵, to provide the market with tools that ensure certainty and predictability⁶, to support its implementation through scientific and technical leadership in quantum computing and other areas of humanistic thought and development, and to commit to the responsible use of AI on all fronts – a commitment which, far from a simplistic, instrumentalist view of AI, dares to think of the world in imaginative terms of “hybridisation”.

[1] To find out more about the organisation, its origins, objectives and mission, please visit https://www.europeanlawinstitute.eu/about-eli/.
[2] The ELI has 1,800 individual members spanning the entire legal profession, who today represent the legal community in 64 countries, and 200 institutional members, reflecting the organisation’s European roots but also its clear international focus: https://www.europeanlawinstitute.eu/membership/current-members/.
[3] Three thematic areas that underpin the ELI’s wide-ranging activities, projects and tools: Rule of Law and the Convergence of Legal Systems; Law and Governance for the Digital Age; Climate Justice and Sustainable Societies.
[4] Teresa Rodríguez de las Heras Ballell, “Editorial: The Next Frontier for Private Law: “Envisioning Rules and Constructing Legal Fictions for an AI-Human Hybrid Society”, Journal of European Consumer and Market Law (EuCML), Vol. 15, Issue 1 (2026) pp. 1 – 5.
[5]The ELI has endorsed its Guiding Principles and Model Rules on Digital Assistants for Consumer Contracts, in line with the international initiatives of UNCITRAL following the adoption of the Model Law on Automated Contracting.
[6]Through the project entitled ELI Model Contractual Terms on Automated Contracting and Digital Assistants in Business and Consumer Transactions (B2C and B2B), in collaboration with UNCITRAL Contractual Terms.

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El Notariado ante el reto internacional: colaboración con la Academia de Derecho Europeo (ERA), por Pablo Vázquez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ÁMBITO EUROPEO

ERA es el proveedor líder de formación jurídica en el continente. Entre sus patronos se encuentran los 27 Estados de la UE, el Reino Unido y diversas instituciones de la Unión"

El Notariado ante el reto internacional: colaboración con la Academia de Derecho Europeo (ERA)

En un entorno globalizado como el actual, la práctica diaria del Notariado español ha experimentado una transformación profunda. Hoy en día es habitual que a nuestros despachos acudan ciudadanos extranjeros para otorgar todo tipo de negocios jurídicos: compraventas, herencias, testamentos… Esta realidad nos exige aplicar de forma constante el Derecho Internacional Privado, una materia regida de forma directa por reglamentos comunitarios. Ante este escenario, la formación continua de máxima calidad no es un accesorio, sino una necesidad absoluta para garantizar la seguridad jurídica.

Una provechosa alianza

Precisamente con esta finalidad formativa, hace más de cincos años se constituyó en el Colegio Notarial de Cataluña, con las catedráticas Cristina González Beilfuss y Beatriz Añoveros Terradas, el Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado (INDIP). Y fue a través de Cristina González Beilfuss, miembro de su patronato, que contactamos con la Academia de Derecho Europeo (ERA, por sus siglas en alemán), institución europea de referencia en este ámbito que, a pesar de su relevancia, muchos notarios y juristas en España desconocen. Con el objetivo de situar al Notariado a la vanguardia, la Junta Directiva del Colegio Notarial de Cataluña está consolidando una provechosa alianza con ERA, permitiéndonos estrechar lazos con una entidad que es un auténtico referente en la aplicación del derecho comunitario.

Fundada en 1992 por iniciativa del Parlamento Europeo, ERA nació como una fundación pública sin ánimo de lucro con sede en la histórica ciudad de Tréveris (Alemania). Su creación respondió a un momento clave de la integración europea, con la consolidación del Mercado Único, donde se hacía indispensable una aplicación uniforme y coherente del derecho comunitario.

Hoy en día, ERA es el proveedor líder de formación jurídica en el continente. Cuenta con el respaldo institucional de sus patronos, entre los que se encuentran los 27 Estados miembros de la Unión Europea —España se adhirió formalmente en el año 2001—, el Reino Unido y diversas instituciones de la UE. Cofinanciada por la Unión Europea y el Estado federado alemán de Renania-Palatinado, su misión fundamental es capacitar a jueces, fiscales, notarios, abogados, funcionarios y juristas de toda Europa, dotándolos de las herramientas y redes de contactos necesarias para aplicar con eficacia el marco normativo común.

La propuesta de la Academia destaca por su enfoque práctico y su adaptabilidad. Diseñada por un equipo internacional de juristas, abarca todas las ramas del derecho europeo a través de múltiples formatos: conferencias presenciales, programas híbridos, seminarios en línea y productos de aprendizaje electrónico (e-learning). Además, publica de forma trimestral la prestigiosa revista jurídica ERA Forum.

Más allá del aprendizaje técnico, los eventos de ERA se han convertido en un foro de debate de primer nivel. Ofrecen una oportunidad inigualable para que profesionales de distintos Estados miembros intercambien experiencias directas, unificando criterios de interpretación y elevando las inquietudes de la práctica diaria hacia las propias instituciones de la Unión.

Colaboración mutua

Esta provechosa colaboración mutua se ha materializado con fuerza en el ámbito del derecho privado, un terreno donde el Notariado ejerce un papel crucial. El despliegue de esta alianza en Barcelona se ha estructurado a través de dos grandes hitos especializados.

La primera gran cita tuvo lugar en octubre de 2024 con la Conferencia anual sobre Derecho de familia europeo. En ella se abordaron cuestiones de máxima complejidad práctica, tales como la protección transfronteriza de adultos vulnerables en la Unión Europea y las dificultades inherentes a la preparación y redacción de contratos matrimoniales con elementos internacionales.

Dando continuidad a este éxito formativo, el pasado mes de mayo de 2026 el Colegio Notarial de Cataluña albergó la Conferencia anual sobre el Derecho europeo de sucesiones. Durante estas jornadas, ponentes de la máxima relevancia académica y judicial europea —incluyendo catedráticos de universidades de Barcelona, Tréveris, Leiden y Lieja, notarios y magistrados de tribunales supremos— analizaron al detalle la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto al Reglamento 650/2012 de sucesiones. Se debatieron cuestiones tan vivas como la expedición del certificado sucesorio europeo, la identificación de activos, el impacto de la digitalización, la labor del notario en materia sucesoria transfronteriza y las lecciones aprendidas tras años de aplicación de la norma.

Estas conferencias no solo sirven para desgranar las últimas sentencias del TJUE o anticipar reformas normativas, sino que actúan como un extraordinario catalizador de relaciones humanas y profesionales. En las pausas de trabajo los asistentes pudieron tejer redes de colaboración directa con juristas de múltiples nacionalidades. Para un notario español, conocer personalmente a los operadores jurídicos que aplican las mismas normas en Francia, Alemania o Rumanía resulta de una utilidad incalculable a la hora de resolver dudas en escrituras transfronterizas futuras.

Acoger a una institución de la talla y el prestigio de ERA consolida al Colegio Notarial de Cataluña como un referente en la formación jurídica internacional y demuestra nuestro firme compromiso con la excelencia. Seguiremos impulsando esta colaboración para que el derecho europeo no sea percibido como una normativa lejana, sino como una herramienta cotidiana que dominamos con absoluta seguridad en beneficio de los ciudadanos.

ÁMBITO EUROPEO

ERA is the leading provider of legal training on the continent. Its members include the 27 EU Member States, the United Kingdom and various EU institutions"

The Notarial Profession Facing International Challenges: Collaboration with the European Law Academy (ERA)

In today’s globalised world, the day-to-day practice of the Spanish notarial profession has undergone a profound transformation. Nowadays, it is common for foreign nationals to visit our offices to carry out all manner of legal transactions: purchases and sales, inheritances, wills… This reality requires us to consistently apply Private International Law, a field governed directly by EU regulations. Against this backdrop, top-quality continuous training is not a luxury, but an absolute necessity to ensure legal certainty.

A beneficial alliance

It was precisely with this aim for training in mind that, more than five years ago, the Notarial Institute of Private International Law (INDIP) was established at the Notarial Association of Catalonia, under the leadership of Professors Cristina González Beilfuss and Beatriz Añoveros Terradas. It was through Cristina González Beilfuss, a member of its board of trustees, that we made contact with the Academy of European Law (ERA, as it is known by its German acronym), a leading European institution in this field which, despite its importance, is unknown to many notaries and legal professionals in Spain. With the aim of positioning the Notarial Profession at the forefront, the Board of Directors of the Notarial Association of Catalonia is forging a beneficial alliance with ERA, enabling us to strengthen our ties with an organisation that is a true leader in the application of EU law.

Founded in 1992 through an initiative of the European Parliament, ERA was established as a public, non-profit foundation based in the historic city of Trier (Germany). Its creation came at a pivotal moment in European integration, with the consolidation of the Single Market, when a uniform and consistent application of Community law had become essential.

Today, ERA is the leading provider of legal training on the continent. It enjoys the institutional support of its members, which include the 27 Member States of the European Union — Spain formally joined in 2001 —, the United Kingdom and various EU institutions. Co-funded by the European Union and the German federal state of Rhineland-Palatinate, its key mission is to train judges, prosecutors, notaries, lawyers, civil servants and legal professionals across Europe, equipping them with the tools and networks necessary to effectively implement the common regulatory framework.

The Academy’s proposal stands out due to its practical approach and its adaptability. Designed by an international team of legal experts, it covers all areas of European law through a range of formats: in-person conferences, hybrid programmes, online seminars and e-learning resources. It also publishes the prestigious legal journal ERA Forum on a quarterly basis.

Beyond technical learning, ERA events have become a leading forum for debate. They offer an unrivalled opportunity for professionals from different Member States to exchange first-hand experiences, thereby unifying interpretation criteria and bringing the concerns arising from day-to-day practice to the attention of the European Union’s institutions themselves.

Mutual cooperation

This mutually beneficial collaboration has been particularly evident in the field of private law, an area in which the notarial profession plays a crucial role. The roll-out of this partnership in Barcelona has been organised around two major specialised milestones.

The first major event took place in October 2024 with the Annual Conference on European Family Law. The conference addressed issues of the utmost practical complexity, such as the cross-border protection of vulnerable adults in the European Union and the difficulties inherent in preparing and drafting marriage contracts with international features.

Building on this success in training, last May 2026 the Notarial Association of Catalonia hosted the Annual conference on European succession law. During the conference, speakers of the highest academic and judicial standing in Europe — including senior lecturers from the universities of Barcelona, Trier, Leiden and Liège, as well as notaries and judges from supreme courts — analysed in detail the most recent case law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) concerning Regulation 650/2012 on succession. The discussions covered such topical issues as the issue of the European Certificate of Succession, the identification of assets, the impact of digitalisation, the role of the notary in cross-border succession matters, and the lessons learnt following years of implementing the regulation.

These conferences not only serve to analyse the latest rulings of the CJEU or anticipate regulatory reforms, but also act as an exceptional catalyst to build personal and professional relationships. During breaks in the proceedings, participants were able to forge direct collaborative links with legal professionals of various nationalities. For a Spanish notary, being able to meet in person the legal practitioners who apply the same regulations in France, Germany or Romania is of enormous value when it comes to resolving any queries regarding future cross-border deeds.

Hosting an institution of the calibre and prestige of ERA cements the Notarial Association of Catalonia’s position as a leading centre for international legal education and demonstrates our firm commitment to excellence. We will continue to promote this collaboration so that European law is not seen as a distant set of regulations, but as an everyday tool that we can use with complete confidence for the benefit of citizens.

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Riesgos dispersos y una crisis sin nombre, por Gonzalo Gómez Bengoechea

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ALDEA GLOBAL

Históricamente, las crisis no surgen solo por la existencia de desequilibrios, sino por la interacción inesperada entre ellos"

Riesgos dispersos y una crisis sin nombre

Además de por su manual universitario, el economista Paul Samuelson es conocido por haber acuñado uno de los aforismos económicos más citados: “De las últimas 5 crisis financieras, el mercado ha previsto 10”. Samuelson aludía al desacople existente entre mercados financieros y economía “real” y a la recurrencia e imprevisibilidad de las crisis financieras; siempre aparecen cuando -y donde- casi nadie las espera.

Mapa de riesgos

Si en 2001 fueron las .com, en 2008 las hipotecas subprime y en 2010 Grecia y la Eurozona, hoy se dibujan nuevas vulnerabilidades que podrían desencadenar una nueva crisis financiera, según muchos analistas y expertos. El mapa de riesgos presenta cuatro áreas de inestabilidad para la económica mundial: los mercados de crédito privado, el endeudamiento público americano, el entorno geopolítico global y la sincronización de los mercados financieros a través de la Inteligencia Artificial (IA)

En primer lugar, el private credit es una forma de financiación en la que empresas obtienen préstamos directamente de fondos de inversión u otros prestamistas privados, en lugar de acudir a bancos o de emitir bonos. Fondos como Apollo, Blackstone, KKR o Carlyle sustituyen parcialmente a los bancos, generalmente asumiendo mayores riesgos y facilitando la expansión de sectores emergentes. El mercado global supera actualmente los US$2–3,5 billones de activos gestionados y continúa creciendo con rapidez.

Presenta, sin embargo, dos vulnerabilidades estructurales relevantes. Primero, una elevada exposición a empresas altamente apalancadas y, segundo, una concentración significativa en compañías tecnológicas y de software. Estas características aumentan la sensibilidad del sector a un deterioro económico, subidas de tipos de interés y posibles disrupciones tecnológicas.

A pesar de estos riesgos, existen varias razones para evitar una visión excesivamente alarmista al respecto. El nivel de apalancamiento del sistema financiero es significativamente menor que antes de la crisis de 2008, las conexiones entre el private credit y los bancos son relativamente limitadas y los supervisores llevan años evaluando sus posibles vulnerabilidades.

Deuda pública de EE.UU.

En segundo lugar, la evolución de la deuda pública estadounidense supera ya los 39 billones de dólares, un nivel sin precedentes en tiempos de paz. Ha aumentado desde el 60% del PIB en 2007 hasta cerca del 125% en la actualidad. Este incremento refleja no solo el impacto de la crisis financiera de 2008 y de la pandemia, sino la recurrencia de déficits presupuestarios estructurales elevados, incluso en períodos de crecimiento económico.

La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) prevé que los déficits continúen por encima del 6% del PIB durante la próxima década, impulsados por el envejecimiento, el aumento del gasto en Medicare y los intereses de la deuda. Además, los planes de expansión del gasto público y las dificultades políticas para aprobar ajustes fiscales significativos apuntan a un mayor deterioro de las cuentas públicas. Aunque Estados Unidos mantiene ventajas únicas derivadas del papel del dólar como moneda de reserva global, la trayectoria actual plantea interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y podría incrementar la presión sobre los tipos de interés, la inflación y la estabilidad de los mercados financieros.

En tercer lugar, una escalada de la guerra en Oriente Medio podría provocar nuevas interrupciones en el suministro energético y un aumento significativo de los precios del petróleo y el gas. Esto se traduciría en presiones inflacionistas y elevando los costes de producción para empresas y consumidores y, consecuentemente, un crecimiento económico débil con tipos de interés elevados durante más tiempo. El mecanismo de contagio sería el ya conocido: energía más cara implicaría mayor inflación; una inflación más elevada obligaría a mantener tipos de interés altos; unos costes financieros mayores aumentarían la presión sobre empresas endeudadas, elevando el riesgo de impagos y pérdidas en fondos de crédito privado.

Riesgo adicional

Finalmente, un riesgo adicional, todavía difícil de cuantificar, es el creciente uso de la IA en los mercados financieros. La IA ya se emplea en áreas como la gestión de liquidez y tesorería, la evaluación de riesgos y la respuesta automática a eventos de mercado. Aunque estas herramientas pueden mejorar la eficiencia, también podrían amplificar futuras crisis al favorecer decisiones simultáneas y reacciones extremadamente rápidas por parte de instituciones financieras. Si los distintos algoritmos responden de forma similar ante una perturbación, podrían generarse comportamientos sincronizados que intensifiquen la volatilidad y aceleren las ventas masivas de activos.

En resumen, la próxima crisis probablemente no se parecerá a la anterior. El crédito privado representa una vulnerabilidad real; la deuda pública estadounidense preocupa de forma creciente a los bancos centrales; la geopolítica puede actuar como detonante de nuevas tensiones inflacionistas; y la inteligencia artificial introduce riesgos inéditos por su capacidad de acelerar y sincronizar decisiones financieras. La clave, por tanto, no está en identificar y abordar una única amenaza aislada, sino en comprender cómo riesgos aparentemente independientes pueden terminar conectándose. Históricamente, las crisis no surgen solo por la existencia de desequilibrios, sino por la interacción inesperada entre ellos.

ALDEA GLOBAL

Historically, crises do not arise solely because of the existence of imbalances, but because of the unexpected interaction between them."

Widespread risks and a crisis without a name

The economist Paul Samuelson is known not only for his university textbook but also for having coined one of the most frequently quoted economic aphorisms: “The stock market has predicted 10 of the last 5 financial crises”. Samuelson was referring to the disconnection between financial markets and the “real” economy, and to the recurring and unpredictable nature of financial crises; they always occur when – and where – almost no one expects them.

Risk map

If it was the .com in 2001, subprime mortgages in 2008, and Greece and the Eurozone in 2010, today new vulnerabilities are emerging that could trigger a new financial crisis, according to many analysts and experts. The risk map identifies four areas of instability for the global economy: private credit markets, U.S. public debt, the global geopolitical environment, and the synchronisation of financial markets through Artificial Intelligence (AI)

Firstly, private credit is a form of financing in which companies obtain loans directly from investment funds or other private lenders, instead of turning to banks or issuing bonds. Funds such as Apollo, Blackstone, KKR and Carlyle are partly replacing banks, generally by taking on greater risks and facilitating the expansion of emerging sectors. The global market currently has over US$2–3.5 trillion in assets under management and continues to grow rapidly.

It does, however, have two significant structural weaknesses. First, a high exposure to highly leveraged companies and, second, a substantial concentration in technology and software companies. These characteristics make the sector more vulnerable to an economic downturn, interest rate rises and potential technological disruptions.

Despite these risks, there are several reasons not to take an overly alarmist view of the matter. The level of leverage in the financial system is significantly lower than it was before the 2008 crisis; the links between the private credit sector and the banks are relatively limited; and the supervisory authorities have been assessing potential vulnerabilities for years.

U.S. public debt

Secondly, U.S. public debt now stands at over 39 trillion dollars, an unprecedented level in peacetime. It has risen from 60% of GDP in 2007 to around 125% today. This increase reflects not only the impact of the 2008 financial crisis and the pandemic, but also the recurrence of high structural budget deficits, even during periods of economic growth.

The Congressional Budget Office (CBO) forecasts that deficits will remain above 6% of GDP over the next decade, driven by an ageing population, rising Medicare expenditure and interest on the national debt. Furthermore, plans to increase public spending and the political difficulties involved in passing significant fiscal adjustments point to a further deterioration in public finances. Although the United States continues to enjoy unique advantages stemming from the dollar’s role as a global reserve currency, the current trajectory raises questions about long-term fiscal sustainability and could increase pressure on interest rates, inflation and the stability of financial markets.

Thirdly, an escalation of the war in the Middle East could lead to further disruptions to energy supplies and a significant rise in oil and gas prices. This would lead to inflationary pressures and higher production costs for businesses and consumers and, consequently, weak economic growth with interest rates remaining high for longer. The chain of events would be the familiar one: more expensive energy would lead to higher inflation; higher inflation would necessitate high interest rates; and higher financing costs would increase the pressure on indebted companies, raising the risk of defaults and losses in private credit funds.

Additional risk

Finally, an additional risk – one that is still difficult to quantify – is the growing use of AI in financial markets. AI is already being used in areas such as liquidity and cash management, risk assessment and the automated response to market events. Whilst these tools may improve efficiency, they could also exacerbate future crises by encouraging simultaneous decision-making and extremely rapid reactions by financial institutions. If different algorithms respond in a similar way to a disruption, this could lead to synchronised behaviour that exacerbates volatility and accelerates a mass sell-off of assets.

In short, the next crisis is unlikely to be anything like the last one. Private credit poses a real vulnerability; U.S. public debt is a growing concern for central banks; geopolitics could trigger fresh inflationary pressures; and artificial intelligence introduces unprecedented risks due to its ability to accelerate and synchronise financial decisions. The key, therefore, lies not in identifying and addressing a single, isolated threat, but in understanding how seemingly unrelated risks can end up being linked. Historically, crises do not arise solely because of the existence of imbalances, but because of the unexpected interaction between them.

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Justicia para todos

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Justicia para todos

Marián Lezaun

El 12 de julio se celebra el día de la justicia gratuita, cuya ley acaba de cumplir 30 años. La asistencia jurídica gratuita, conocida como Turno de Oficio, es un servicio público que garantiza el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a quienes carecen de recursos económicos para litigar.

La asistencia jurídica gratuita posibilita que cualquier persona, independientemente de su situación económica y personal, pueda defenderse en un proceso y que sus derechos queden garantizados. Las solicitudes van en aumento y los abogados reclaman mejoras y cambios legislativos para poder atender mejor a todos sus clientes.

EL AÑO PASADO SE REGISTRARON 1.155.285 SOLICITUDES DE ABOGADOS DE OFICIO, LO QUE SUPONE UN AUMENTO DEL 1,7 % RESPECTO A 2024

Cifras

Las peticiones del llamado Turno de Oficio no dejan de crecer en España. El año pasado se registraron 1.155.285 solicitudes, que suponen un aumento del 1,7 % respecto a 2024, según el último Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, elaborado por el Consejo General de la Abogacía Española. Este crecimiento se ha dado en todas las comunidades, pero Andalucía y Canarias acaparan el mayor número de expedientes, al igual que en el informe anterior. Los motivos de este aumento son varios, según datos del sector, aunque los casos de violencia doméstica son los que suponen una mayor actividad. “Los procesos más habituales actualmente son los relacionados con violencia de género, la familia, problemas de extranjería y reclamaciones de cantidad. Pero no hay ningún proceso que quede al margen de este tipo de justicia”, explica Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y Función Social del Consejo General de la Abogacía Española. Porque de lo que se trata es de asegurar el cumplimiento del derecho de defensa en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos que residen en España. “Así queda establecido en la reciente Ley Orgánica del Derecho de Defensa y en el artículo 119 de la Constitución española”, explica Méndez. “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”, recoge el texto.

Cómo funciona

Por eso, los profesionales reclaman más recursos y cambios en la normativa que garantice sus condiciones laborales y, sobre todo, que evite las desigualdades territoriales que se producen con el aumento de la demanda. Actualmente hay más de 46.000 abogados adscritos al Turno de Oficio, que son gestionados por los ochenta y tres colegios de la Abogacía que existen en España. Cuando una persona solicita el servicio, son esos colegios quienes designan a los profesionales conforme a las listas creadas al efecto, normalmente por turno riguroso. También en los casos de procedimientos penales, cuando un letrado de oficio asiste a algún detenido asume la defensa en ese procedimiento.

LOS ABOGADOS QUE QUIEREN ENTRAR EN EL TURNO DE OFICIO TIENEN QUE TENER EL GRADO EN DERECHO Y EL MASTER DE ACCESO Y ACREDITAR TRES AÑOS DE EXPERIENCIA

Requisitos

Pero, ¿cualquier persona puede acceder a un abogado de oficio? Según la normativa, la situación económica es el primer factor a tener en cuenta. Pero no el único. El reconocimiento del derecho al beneficio está referido a la situación patrimonial, personal y familiar del ciudadano. “Se trata de un conjunto de circunstancias económicas a valorar, no exclusivamente del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que buscan determinar la insuficiencia de recursos para litigar”, explica Ángel Méndez. Para valorar la existencia de patrimonio suficiente, por ejemplo, se tienen en cuenta la titularidad de bienes inmuebles, siempre que no constituyan la vivienda habitual del solicitante, así como los rendimientos del capital mobiliario.

Quién puede solicitarlo

No existe un perfil predeterminado de demandante. Cualquier persona que cumpla con los requisitos económicos de acceso tiene derecho al beneficio de justicia gratuita. Además de esas variables económicas, también existen supuestos en los que este beneficio se extiende a personas en situaciones de especial vulnerabilidad y en otras situaciones reconocidas legalmente. Por ejemplo, el caso de las víctimas de violencia de género. “Nos encontramos ante un modelo de justicia garantista, sólido e inclusivo que, cada vez más, se concede teniendo en cuenta la especial vulnerabilidad en la que pueden encontrarse las personas”, explican en el Consejo. Ante esta situación, el principal problema ahora es la financiación, que parece siempre correr a costa de la abogacía de oficio y de los colegios de abogados. Por eso, los abogados reclaman cambios en la normativa que ayuden a compensar las posibles deficiencias.

Además, en los últimos meses, con la regularización masiva de migrantes, hemos podido comprobar que no es un requisito necesario estar regularmente en España para solicitar un abogado de oficio. La Ley alude a que tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.

LOS ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO RECLAMAN MÁS RECURSOS PARA AFRONTAR EL AUMENTO DE LA DEMANDA

¿Quién será mi abogado?

Pero, la pregunta que se hacen muchos de los usuarios, a los que el desconocimiento del sistema les hace dudar de la calidad del servicio, es si tendrán un buen abogado. Lo que no saben es que cualquier abogado, sin experiencia, no puede formar parte de la abogacía de oficio. “Los profesionales, para poder prestar este servicio, para poder adscribirse al Turno de Oficio, además de los requisitos genéricos para el ejercicio de la profesión como son estar en posesión del título de Grado en Derecho y el del Master de acceso, han de acreditar tres años de ejercicio efectivo en la profesión. También, para determinados turnos como violencia de género, extranjería, laboral y otros, los colegios exigen la realización de determinados cursos de especialización”, dice Ángel Méndez.

En el caso de las ventajas que ofrece el servicio, lo importante es conocer todo lo que el demandante puede ahorrar. El beneficio principal es la protección en caso de perder el juicio. Si el juez te condena a pagar las costas (los gastos procesales de la parte contraria), al tener reconocida la justicia gratuita no se te podrán cobrar, a menos que tu situación económica mejore notablemente en los tres años siguientes.

Casos en los que pueden cobrar los abogados

Existen algunos casos en los que los abogados de oficio pueden solicitar una retribución económica por su actuación profesional. Por ejemplo, si el beneficiario de la justicia gratuita gana el juicio y gracias a eso obtiene una compensación económica, siempre que no se haya hecho en la sentencia expreso pronunciamiento del pago de las costas (los gastos de todo el proceso). El abogado también puede reclamar su pago cuando la Comisión de Justicia Gratuita rechace la solicitud del solicitante y se haya nombrado provisionalmente a un abogado. En ese caso, el nombramiento provisional se anula, y el abogado está en su derecho de solicitar que le paguen por el trabajo realizado hasta que se haya rechazado definitivamente la solicitud.

Los beneficios

Los beneficios de la justicia gratuita van desde el acceso a un abogado y procurador sin coste, hasta la exención de las costas, pasando por el asesoramiento previo. Ese asesoramiento es crucial ya que incluye toda la orientación antes de que empiece formalmente el juicio, para saber, en los casos en que sea posible, si realmente te conviene o no iniciar el proceso. Tampoco hay que pagar las tasas judiciales que correspondan, ni los depósitos obligatorios que se exigen para poder interponer ciertos recursos si no estás de acuerdo con una sentencia.

Si el caso requiere que un experto (un médico, un arquitecto, un psicólogo, etc.) haga un informe técnico o declare en el juicio, el coste de este perito corre a cargo del Estado. También hay descuentos y gratuidad en notarías y registros, para obtener copias, actas notariales y testimonios de forma gratuita. Además, se aplica una reducción del 80% en los aranceles de los notarios (para escrituras públicas) y de los Registros de la Propiedad o Mercantil cuando los documentos se necesiten para el juicio.

PARA SABER MÁS

BOE.es: se cumplen 30 años de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo texto se puede consultar en la web del Boletín Oficial del Estado.

Consejo General de la Abogacía Española: en la web del Consejo está disponible la información referente a la justicia gratuita, requisitos y servicios que se pueden solicitar.

ElDerecho.com: en este medio se ofrecen las claves y beneficios que supone contar con la posibilidad de recibir asistencia jurídica gratuita en España.

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