El mercado adora a los ‘silvers’

CONSUMO
El 50% de las empresas ofrece productos o servicios dirigidos a los mayores de 55.

EL MERCADO ADORA A LOS ‘SILVERS’

Se les conoce como generación silver, sellenials o simplemente séniores. Tienen entre 55 y 74 años y son el grupo de edad más goloso para las marcas de todo tipo de productos y servicios. Son esa generación que ha terminado de pagar la hipoteca, que no tiene a los hijos en casa y que cuenta con tiempo y dinero para poder consumir sin demasiadas restricciones.

MARIÁN LEZAUN

Los séniores, según datos de la consultora Kantar, son el grupo que acapara hoy el 66% de la riqueza del país. Es decir, el blanco perfecto para las empresas de consumo, pero también para el sector financiero y de servicios asistenciales que lo considera el target perfecto.

Las personas mayores de hoy no se parecen nada a las de hace apenas unas décadas y el sector económico cuenta con todos ellas para seguir creciendo. Son inquietas, les gusta formarse, conocer mundo, disfrutar y cuidarse. Por eso, este sector de la población se ha convertido en un ídolo para el mercado que busca satisfacer sus necesidades.

 

EN 2024, LOS MAYORES DE 55 AÑOS GASTARON UN 14% MÁS QUE LA MEDIA DE LOS CONSUMIDORES

 

EI informe Perspectivas de la Población Mundial, que publica la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estima que para el año 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años, lo que representa un 16% de la población global.

Países más longevos. En España, por su parte, los silvers suponen ya el 40%, acaparan el 60% del gasto y la cifra va en aumento. Así, en 2040, el país alcanzará a Japón como el más longevo del mundo con una esperanza de vida prevista superior a los 85 años, según una proyección publicada por la revista británica The Lancet. Con este escenario, no es de extrañar que empresas y administraciones trabajen sin descanso para crear productos, servicios y entornos sostenibles y amables que faciliten la vida a este colectivo. Porque se ha demostrado ya que son los ciudadanos que más consumen, los que más gastan en ocio y servicios y los que quieren aprovechar el tiempo disponible a tope.

 

LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS, LOS VIAJES,
LOS ELECTRODOMÉSTICOS Y LOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS ACAPARAN LAS COMPRAS DE LOS SÉNIORES

 

El perfil nacional. Los mayores españoles tienen una renta media de hasta un 6,4% superior a la de la Unión Europea y poseen más riqueza neta que sus conciudadanos más jóvenes, especialmente aquellos que cuentan con educación media y superior. Se trata de un grupo numeroso, que se retira del mercado laboral con buenas condiciones, que ha desarrollado una carrera profesional larga y productiva y que ahora espera la recompensa de años de trabajo y esfuerzo en forma de ocio y disfrute. Un estudio realizado por la agencia de medios independiente Avante divide a esta generación en dos subgrupos: los silver activos (los que tienen entre 55 y 65 años), muchos de ellos todavía en el mercado laboral y cada vez más digitales, y los retirados, de entre 66 y 74 años, con más tiempo libre y hábitos más tradicionales. También hay estudios que los reparten entre los séniores más modernos y los tradicionales.

El caso es que, aunque las líneas no siempre están claras, son numerosos y siguen creciendo. Los datos, además, recogen que no están quietos. Muchos de ellos incluso emprenden nuevos negocios y aprovechan sus contactos para seguir transmitiendo su experiencia y conocimiento.

 

UN INFORME DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) ESTIMA QUE EN 2050 UNA DE CADA SEIS PERSONAS TENDRÁ MÁS DE 65 AÑOS

 

Qué consumen. En 2024, los mayores de 55 años gastaron un 14% más que la media de los consumidores. Los artículos deportivos (75%), los viajes y los servicios turísticos (73%), los electrodomésticos y los productos tecnológicos (57%) acapararon las compras. Para los expertos, son además los que marcan hoy las tendencias de consumo y los más buscados por las marcas de todo tipo. Según el último informe Monitor de Empresas de Economía Senior que elabora la Fundación Mapfre, en colaboración con Sigma Dos, el 59% de las empresas MERCO (monitor de referencia por sus compromisos éticos y su metodología) desarrolla actividades en el mercado sénior.

No es de extrañar que el 50% de las empresas en España ofrezca hoy productos o servicios dirigidos a los mayores de 55 años, lo que supone un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2023. Las empresas del sector de la alimentación y farmacia son las que han identificado más rápidamente el potencial de este segmento, al comercializar productos como suplementos vitamínicos, alimentos enriquecidos, etcétera. Sin embargo, empresas del sector financiero, turístico, de ocio, deporte o tecnología también están comenzando a orientar sus productos a este segmento.

Las ventajas de la edad. Cumplir años acarrea además ventajas añadidas. Precios especiales, descuentos, productos específicos y hasta servicios extras en muchos sectores, solo por ser mayor. Por ejemplo, INDRA cuenta con programas de formación continua y mentoría inversa, L’ORÉAL desarrolla cosméticos específicos para este colectivo y Renfe o El Corte Inglés ofrecen promociones exclusivas en sus viajes. También los servicios financieros les seducen: CaixaBank garantiza atención preferente y personalizada, Banco Santander cuenta con un proyecto dedicado a la educación financiera en este público y MAPFRE facilita seguros y servicios específicos para séniores.

¿Qué demandan los séniores?

Las demandas de este grupo de ciudadanos van cambiando con la edad, como se desprende de diversos estudios. Sin embargo, según Servimedia, “El 90% de las personas mayores lo que realmente desea es permanecer en su entorno habitual de forma independiente el mayor tiempo posible”. Esto está empujando al mercado a trabajar en materia de accesibilidad y de nuevas soluciones habitacionales ante los grandes retos que plantea el aumento de la longevidad en España.  Además, casi la mitad de los seniors (47%) reclama asesoramiento legal y de gestión patrimonial (inmobiliaria y financiera) para poder afrontar con tranquilidad y bienestar los retos que plantea la edad y asegurar su voluntad durante esta etapa.

 

De acuerdo con el estudio Asegurando el bienestar del sénior en la longevidad: necesidades y soluciones, elaborado por Onlygal, la compañía especialista en soluciones legales de protección jurídica y servicios legales, y la consultora especialista MDS Silver, esta necesidad es más acuciante cuando está relacionada con las actividades propias de su día a día y la planificación de su futuro. No obstante, viendo su comportamiento de gasto se desprende que los viajes, la equipación deportiva, las tecnologías y la alimentación acaparan la demanda. La consultora Avante apunta también que hay que tener en cuenta que son consumidores exigentes, que valoran la calidad y la confianza en las marcas y muestran un alto grado de fidelización.

Los consumidores silver suponen ya el 40% de la población.

Prepararse para una jubilación próspera

Dejar de trabajar supone también dejar de recibir un salario. Y aunque en España existe un sistema de pensiones públicas hay que tener en cuenta que los ingresos mensuales se van a ver reducidos, mientras los gastos pueden aumentar. Por eso, los expertos recomiendan simular el estilo de vida que se quiere llevar durante la jubilación para así disponer de una referencia de los gastos asociados a esa posible situación y los posibles cambios que se pueden producir en las necesidades cotidianas. Por un lado, irán aumentando los gastos asociados con la salud o con cuestiones propias de la edad (gastos médicos, de cuidados, servicios domésticos, etc.). Por otro, aquellas personas que se encuentren en buen estado de salud aumentarán su nivel de gasto en ocio: viajes, restauración y formación. Así, cuanto antes comience la planificación y el ahorro, mucho mejor.  

PARA SABER MÁS:

Silver Economy: La consultora especializada en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la generación silver analiza los retos que representa el envejecimiento de la población.

Ver web

Fundación Mapfre: Ha elaborado un estudio en el que se investiga qué representa la economía sénior y qué retos plantea.

Ver web

Olimerca: La publicación especializada analiza el comportamiento de consumo de los mayores en España y por qué se han convertido en un segmento más atractivo.

Ver web

Derechos y obligaciones de los mayores”, por Gustavo Samayoa

CONSUMO
GUSTAVO SAMAYOA,

presidente de FUCI

 

“Es necesario estar atentos a los derechos y obligaciones que asisten a los mayores, sin olvidar que tiran del mercado económico de nuestro país con mucha fuerza”

Derechos y obligaciones de los mayores

En España la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no diferencia entre personas consumidoras y personas consumidoras mayores. A fin de aumentar la protección de este colectivo, el Real Decreto-Ley 1/2021 de 19 de enero, legisla el nuevo concepto de consumidor vulnerable, mediante el cual ya no se es solo vulnerable por motivos económicos, sino por otras razones, como la edad avanzada, que produce al colectivo indefensión o desprotección e impide el ejercicio de sus derechos como consumidores en condiciones de igualdad.

El texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, RDL 1/2007 y normas autonómicas, recoge los derechos de los consumidores y hace hincapié especialmente en la vulnerabilidad. La norma reconoce que las personas mayores pueden ser más vulnerables por su edad, salud o nivel de conocimientos, y exige a las empresas y a las Administraciones adaptar la información y atención que les prestan. En este sentido cabe recordar las recientes situaciones que han vivido algunas personas mayores cuando han acudido a una entidad bancaria y no se les ha prestado la atención debida; o cuando han ido a realizar operaciones en cajeros automáticos, con esperas irracionales; o la realización de operaciones bancarias imposibles de llevar a cabo, en muchos casos por desconocimiento digital.

La brecha digital en este colectivo hace muy difícil su acceso a determinados servicios, no solo a los bancarios, sino también a los ofrecidos por las Administraciones públicas; por ejemplo, el simple trámite de pedir una cita presencial, entre otros. En este sentido se han tenido que dictar normas específicas para aumentar la protección del colectivo. De esta manera se promulgó la Ley 4/2022 a fin de reforzar la protección de colectivos desvalidos en las relaciones de consumo, como menores, personas de avanzada edad o con bajo nivel de digitalización.

En cuanto a los servicios financieros, o en los ámbitos de las telecomunicaciones o la energía, la ley prevé el establecimiento de normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección al consumidor y usuario, dictando que se eliminen las circunstancias que generan las situaciones de vulnerabilidad y se palíen sus efectos, en particular en relación con las comunicaciones comerciales o información facilitada antes del contrato, la atención post contractual o el acceso a bienes o servicios básicos.

En lo relativo a la información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios, esta deberá facilitarse en términos claros, comprensibles, veraces y en un formato fácilmente accesible, de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses.

En términos generales, la protección del colectivo de los mayores se centra en diferentes situaciones. La información deberá ser clara y accesible, en la publicidad, contratos, instrucciones y ofertas, que deberán ser especialmente comprensibles, claras y en formatos adecuados, así por ejemplo con letras grandes y lenguaje sencillo. Se prohíben las prácticas de venta agresiva, confusa o que aproveche su confianza o falta de experiencia, como en ventas a domicilio o telemarketing, que, en muchos casos, les han inducido a comprar bienes o servicios innecesarios o mal informados, como libros, bienes de consumo del hogar o seguros.

Los servicios de atención al cliente deben ser accesibles y fáciles de usar, evitando complicaciones innecesarias, agravadas muchas veces por algún tipo de discapacidad.

En cuanto a las reclamaciones ante las empresas, los consumidores mayores pueden hacerlas ante las organizaciones de consumidores, organismos de consumo con sistemas de resolución de conflictos, como el arbitraje de consumo, rápido, gratuito y vinculante, o directamente ante los tribunales de Justicia. En esta última posibilidad, cabe señalar a modo informativo que los ciudadanos en general pueden acudir a los tribunales, sin asistencia de abogado y procurador, cuando la reclamación no exceda de los dos mil euros. Son ya muchas las comunidades autónomas que cuentan con servicios de atención al ciudadano mayor.

Respecto al consumo de productos financieros, seguros de salud, turismo o residencias de mayores, la legislación exige mayor transparencia y garantías. Por ejemplo, el contrato de una residencia debe ser totalmente claro; especificar los servicios incluidos, los precios, las condiciones de estancia y los derechos de reclamación. En los viajes organizados debe ofrecerse información detallada sobre destinos, seguros, coberturas médicas y adaptaciones si son necesarias para su movilidad. En cuanto a los contratos bancarios, si un mayor contrata un producto financiero, como un seguro o una hipoteca, el banco debe asegurarse de que entiende bien todas las condiciones, sin ocultar riesgos.

Además, se promueven talleres y campañas para conocer los derechos y forma de actuar de manera informada por parte de las personas consumidoras mayores. En este sentido se han de informar en sus correspondientes oficinas de información al consumidor y en las organizaciones de consumidores.

Por último, recordar que no estamos hablando de la tercera edad. Hoy en día la temprana jubilación es a los 65 años, y aporta una larga vida de relaciones en general y de consumo en particular, por lo que no hemos de olvidar que las  personas mayores  tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de la población, pero con una protección especial por su condición de vulnerabilidad, en algunas de las relaciones de consumo en las que se encuentren en situación de inferioridad frente a las empresas, lo que no significa que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en todas sus actividades de la vida.

Existe también a este respecto preocupación en la Administración del Estado, por lo que se está preparando la Ley de Transparencia, una ley que permite el acceso de los ciudadanos a su Administración, de forma transparente, y en la que a los ciudadanos mayores se les facilitará este acceso, teniendo en cuenta la gran brecha digital que aún existe en nuestro país.

No olvidemos que la llamada Edad de Oro se enfrenta al reto de muchos y nuevos productos y servicios ad hoc, por lo que se hace necesario estar atentos a los derechos y obligaciones que les asisten, sin olvidar que es un colectivo que también tira del mercado económico de nuestro país con mucha fuerza. Y como decía Sófocles: ¨Los que en realidad aman la vida son los que se están haciendo mayores”.

La capacidad de ahorro de las personas consumidoras

Empresas de alquiler turístico, en el punto de mira

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Empresas de alquiler turístico, en el punto de mira

Consumo abrió expediente sancionador a inmobiliarias por obligar al pago de comisiones.

Consumo inicia investigaciones contra las principales gestoras de alquiler turístico por posibles prácticas engañosas que atentan directamente contra los derechos de los consumidores.
PATRICIA ANDÚJAR

En diciembre de 2024, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 comenzó una investigación contra empresas que gestionan y administran cientos de viviendas turísticas. Lo hizo a partir de las denuncias realizadas por particulares que alquilaron pisos vacacionales pensando que el propietario también era un particular cuando en realidad era una empresa, lo que atenta directamente contra la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Previamente, Consumo ya había iniciado otra investigación para indagar sobre los anuncios en algunas plataformas dedicadas a ofrecer este tipo de alojamientos, las cuales no disponían de licencia para operar, lo que también vulnera la norma antes citada.

Incluso en octubre se había abierto un expediente sancionador a diversas agencias inmobiliarias que podían haber incurrido en hasta tres prácticas abusivas contra los inquilinos en la gestión del alquiler, como obligar al pago de una comisión por la gestión del alquiler; firmar contratos temporales sin justificar la temporalidad para alquilarlos a largo plazo de octubre a junio y como vivienda turística de julio a septiembre; y la aceptación de cláusulas que, de nuevo, incumplen dicha ley.

 

HAY PERSONAS QUE ALQUILAN PISOS VACACIONALES PENSANDO QUE EL PROPIETARIO ES OTRO PARTICULAR Y EN REALIDAD ES UNA EMPRESA

 

Prácticas abusivas. Ileana Izverniceanu, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), explica que este tipo de acciones llevadas a cabo por algunas agencias de intermediación inmobiliaria contravienen el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que precisa que “los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador”. Además, asegura que ese incumplimiento “se ha vestido de servicios prestados al inquilino, lo que constituye una práctica abusiva e ilegal, desde el momento en que esos servicios son impuestos a todos los inquilinos, sin poder admitirlos o rechazarlos”.

El Ministerio las considera “prácticas engañosas” basándose en el artículo quinto de la Ley de Competencia Desleal que las define como “cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico”. El mismo texto contempla, en el artículo 27, supuestos como afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como consumidor o usuario.

Desde OCU afirman que todo esto es consecuencia del problema de acceso a la vivienda que existe en España, ya que “muchos inquilinos se ven obligados a aceptar condiciones abusivas para conseguir la vivienda que desean alquilar”. En su opinión, “no se trata solo de encarecer ilegalmente el acceso a la vivienda a los inquilinos, sino que el problema es más grave, ya que se pierde la confianza en mediadores inmobiliarios profesionales al percibir que buscan recovecos o interpretaciones legales no justificables para salvar una parte de sus ingresos”.

¿Perjuicio para el consumidor? En palabras de Gabriela Camayd, portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, “el principal perjuicio sería que el régimen normativo aplicable no protegiera al consumidor en caso de que exista algún inconveniente o haya que interponer alguna reclamación a los arrendadores”, y esto es lo que sucede cuando una empresa de alquiler de pisos turísticos se hace pasar por un particular porque “entre particulares no existe relación de consumo”. Es decir, “no se aplicaría la normativa de consumo, salvo que se descubra que es una empresa la que está detrás”, concluye Camayd.

Acogiéndose a la Ley de Competencia Desleal, los expedientes sancionadores pueden conllevar multas de hasta 100.000 euros, cantidad que puede ser muy superior hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito que haya obtenido cada empresa por haber llevado a cabo dichas acciones irregulares.

Aunque esta es la teoría, todavía no se puede determinar si esas sanciones se llegarán a aplicar, ya que esos expedientes aún no se han resuelto. “Por recursos de personal, este tipo de procedimientos se dilatan en el tiempo”, explica la portavoz de FACUA, quien estima que la resolución puede tardar en llegar incluso un año más, y eso si la empresa o empresas no han recurrido previamente. Y es que, “si se trata de una gestora pequeña a lo mejor le compensa abonar la multa, pero en el caso de empresas que son ‘grandes tenedores’, les beneficia poner en duda si la práctica es contraria o no a la ley, por el daño que hace a su imagen, pero también porque no lo podrían seguir haciendo en el futuro”.

 

CONSUMO CONSIDERA PRÁCTICA ENGAÑOSA CUALQUIER CONDUCTA QUE CONTENGA INFORMACIÓN FALSA O QUE PUEDA INDUCIR A ERROR A LOS DESTINATARIOS

 

¿Compensa a las empresas? Este tipo de plataformas de alquiler turístico sí obtienen beneficios de esconder su verdadera identidad. Por ejemplo, a la hora de sortear la obligación legal de contar con un servicio de atención al cliente para atender posibles reclamaciones. Otra ventaja sería la de esquivar el rechazo que existe por una gran parte de la demanda de alquiler vacacional a los grandes gestores y propietarios de pisos, que no casan con los principios de economía colaborativa, entendida como esa economía de intercambio en la que se comparten bienes y servicios entre individuos a través de plataformas digitales.

 

ACOGIÉNDOSE A LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL, LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES PUEDEN CONLLEVAR MULTAS DE HASTA 100.000 EUROS

 

En lo relativo a los alojamientos, un ejemplo de empresa dedicada a esta actividad es Airbnb, que se defiende argumentando que los ingresos que obtienen sus anfitriones no les enriquecen, sino que simplemente suponen un apoyo a una economía sustentada por otra actividad laboral principal.

¿Cómo atajar el problema?

Gabriela Camayd, portavoz de FACUA, pone el foco en la lentitud a la hora de resolver los procedimientos, así como en la cuantía de las multas: “Para una empresa que suscribe muchos contratos de alquiler turístico al año, una sanción de 100.000 euros no es disuasoria”, por lo que, en la práctica, “cometer el ilícito le sale rentable”. Por ello, desde FACUA instan a que “el régimen sancionador vaya dotado de personal, medios e infraestructuras suficientes para que, o bien se reduzca el tiempo del procedimiento o bien las sanciones no les compensen a las empresas”.

Desde OCU van más allá, pues entienden que “no existe una vía eficaz de protección al inquilino ni al propietario en materia de alquiler” y buscan dar seguridad a ambas partes. “Hemos solicitado que las consejerías autonómicas de vivienda doten a sus oficinas de funciones mediadoras o sancionadoras e incluso se ha propuesto desde algún sector que sean los notarios quienes intervengan en la firma de los contratos de alquiler de vivienda habitual”, señalan.

Este tipo de plataformas de alquiler turístico obtienen beneficios de esconder su verdadera identidad.

El origen de todo

El alquiler de viviendas turísticas está de moda; sale más rentable que alquilar a largo plazo. Esto ha provocado la salida de miles de viviendas del mercado del alquiler tradicional. Así lo atestigua un estudio realizado por La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), un lobby que representa a algunas de las empresas más grandes del sector turístico y que refleja que las viviendas turísticas en las ciudades que más pernoctaciones registran en España crecieron un 23% anual hasta superar los 80.000 anuncios en el primer trimestre de 2023, una tendencia que no se ha frenado en los últimos trimestres y que ha provocado que muchos ciudadanos de algunas de las ciudades españolas más visitadas hayan salido a manifestarse por el impacto que tiene en la falta de vivienda y en su elevado precio.

PARA SABER MÁS

Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En el apartado de prensa se puede consultar algún caso de cobro irregular de comisiones, denunciado por la organización y sancionado por el Ministerio de Consumo.

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Airbnb. Estudio realizado por la plataforma de alquiler vacacional sobre el impacto en positivo de su actividad para el sector del turismo.

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La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur). Dentro de la sección de Viviendas turísticas, se puede encontrar información y estudios sobre los efectos, en este caso negativos, que las viviendas turísticas tienen en diferentes ámbitos.

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“¡Ojo con los pisos turísticos!”, por Ana Etchenique

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
ANA ETCHENIQUE,

presidenta de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)

“Para que una persona consumidora tenga plenas garantías en su hospedaje se debe dirigir a hoteles, albergues u hostales”

¡Ojo con los pisos turísticos!

Desde hace años, España se encuentra inmersa una grave crisis de acceso a la vivienda en la que los precios del alquiler no paran de subir, situándose por encima del 40% del salario medio, alcanzando casi el 60% del salario en grandes ciudades como Madrid y Barcelona y convirtiéndose así en la principal preocupación de la ciudadanía española. Esta tesitura tiene una configuración compleja, provocada por distintas causas: como la concepción de la vivienda como un producto de inversión y un bien de mercado (en el caso de los pisos turísticos) y, por lo tanto, un activo con el que especular y obtener beneficio económico. O las prácticas abusivas e ilegales llevadas a cabo por algunos arrendadores, con la participación de las inmobiliarias, así como la falta de voluntad política para aplicar las herramientas de contención de precios, como la declaración de zonas tensionadas que prevé la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Para empezar a desenmarañar el problema y encontrar soluciones a la crisis de acceso a la vivienda debemos contemplar medidas tanto a corto como a largo plazo. Dentro de las soluciones a corto plazo encontramos necesaria la vuelta de las viviendas destinadas al alquiler turístico al mercado de alquiler de vivienda habitual. Según el INE, las viviendas destinadas al alquiler turistico alcanzaron una cuota de casi 400.000 viviendas en 2024. Un informe del Banco de España, basándose en datos recopilados en portales inmobiliarios, señala que estas llegan al 10% del mercado del alquiler.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en un intento de acabar con algunas de las prácticas engañosas que se dan en el mercado inmobiliario, el pasado mes de diciembre inició una investigación respecto de algunas de estas prácticas, entre ellas “afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario”.

Cuando las empresas tratan de hacerse pasar por particulares para arrendar viviendas, realmente están buscando la no aplicación de la normativa de protección de los derechos de las personas consumidoras. Vulnerando, por lo tanto, el deber de información previa sobre las características de la vivienda, sobre las condiciones económicas y jurídicas del contrato de arrendamiento, para poder aplicar cláusulas abusivas supuestamente pactadas entre particulares, no tener que disponer de hojas de reclamaciones, o evitar el uso de los canales de reclamación previstos para las personas consumidoras, entre otras. También buscan la no aplicación de la legislación autonómica sobre los alojamientos turísticos, lo que implica el cumplimiento de ciertas normas de seguridad, calidad, higiene, de servicios mínimos, tarifas, etc., además de la necesidad de registrar la actividad y cumplir con las obligaciones fiscales.

Desde CECU entendemos que desde la Administración pública se debe primar el acceso a la vivienda a un precio asequible, por encima del fomento del turismo masivo que está disparando los precios y expulsando a las personas de las ciudades. Debemos garantizar protección de las personas consumidoras, y prestar especial atención y defender los derechos de aquellas que se sitúan en una posición de vulnerabilidad.

Lo que nos muestran estas prácticas que llevan a cabo algunos arrendadores en las plataformas de alquiler de viviendas turísticas es la facilidad con la que las partes implicadas, arrendadores y plataformas, incumplen la normativa sin consecuencias. Ahora bien, debemos de ir un pasito más allá y preguntarnos si queremos que la vivienda se convierta en parte de la actividad turística y en el negocio de unos pocos en detrimento del derecho fundamental a poder acceder a una vivienda digna. Si queremos abordar el problema y proteger a las personas consumidoras, lo primero por lo que debemos abogar es porque la actividad turística se desarrolle en infraestructuras pensadas para ello. Para que una persona consumidora tenga plenas garantías en su hospedaje se debe dirigir a hoteles, albergues u hostales, que cumplen con los requisitos mínimos de calidad del alojamiento, y se asegurará que en caso de tener algún tipo de problemática puede estar protegida por la legislación.

En segundo lugar, lo que tenemos que conseguir es que la gran mayoría de las viviendas que se encuentran bajo la actividad turística pasen a formar parte del parque de inmuebles para el alquiler de vivienda habitual. Más allá de que esas viviendas se estén destinando al alquiler vacacional de manera legal o ilegal (y si tienen licencia para desarrollar la actividad o no) se debería limitar el número de licencias existentes y sancionar a las que operen sin ella, para que las viviendas destinadas al alquiler turístico engrosen la oferta de arrendamiento destinada a vivienda habitual y esta sea accesible.

Para conseguir este objetivo también contamos con el poder de la organización vecinal. El propietario de cada vivienda que quiera dedicarse al alquiler turístico deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios. Además, la comunidad de propietarios podrá limitar, condicionar o prohibir el ejercicio de esta actividad y, en su caso, denunciar su incumplimiento. De este modo, las comunidades de propietarios no solo tienen la capacidad de mejorar la convivencia de la finca, eliminando la actividad turística y sus ya conocidas consecuencias negativas para la convivencia, sino que además se estará devolviendo una vivienda para que sea usada para vivir en ella y no para especular.

Se acabaron las llamadas SPAM

De internet al plato

CONSUMO
Internet nos permite comprar desde casa y directamente al productor.

De internet al plato

Hacer la compra online es sencillo, rápido y fiable si se hace bien. Los expertos recomiendan elegir proveedores de confianza, planificar la lista y la entrega y olvidarse de hacer colas o compras impulsivas. Según publica el portal Financial Food, la compra online de alimentación crecerá a un ritmo del 19% en los próximos tres años, aunque habrá importantes diferencias regionales y los frescos seguirán siendo el gran reto.

MARIÁN LEZAUN

Internet nos permite comprar desde casa y directamente al productor desde un buen jamón de Salamanca, carne de Ávila o marisco gallego hasta verduras de la Ribera de Navarra. En apenas 24 horas la compra estará en nuestro domicilio, en perfecto estado de conservación y con total garantía. Porque, además de las grandes cadenas de alimentación, la Red está llena de pequeños comercios que ofrecen productos frescos, de proximidad y de buena calidad.

 

EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS ‘ONLINE’
EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
Y GRAN CONSUMO EN ESPAÑA HA ALCANZADO YA LOS 2.200 MILLONES DE EUROS

 

Cercanía online. Algunos de ellos están especializados en una gama concreta de alimentos como frutas, verduras, conservas o carnes y otros ofrecen platos preparados y otros productos menos perecederos. El consumidor solo tiene que elegir qué es lo que más le conviene, y sin salir de casa, llenar la despensa a su gusto. Los últimos operadores en llegar hasta preparan las raciones semanales, las recetas de los menores de la casa o las cantidades necesarias para las personas que están a dieta. Fue durante la pandemia cuando se puso de manifiesto que la compra de alimentos y frescos online era una necesidad para muchos clientes y desde entonces establecimientos de todo tipo luchan por dar el servicio más eficiente y ajustado a las necesidades de los mismos. Así, el crecimiento de las ventas online en el sector de la alimentación y gran consumo en España ha alcanzado ya los 2.200 millones de euros, con un aumento del 30% desde 2019.

 

INTERNET ESTÁ LLENA DE PEQUEÑOS COMERCIOS QUE OFRECEN PRODUCTOS FRESCOS, DE PROXIMIDAD Y DE BUENA CALIDAD

 

Los productos frescos. Las perspectivas son buenas, pero los expertos señalan un reajuste en el sector. Es verdad que la compra online sigue creciendo, pero también hay un gran grupo de consumidores que nunca van a renunciar a la experiencia de las tiendas físicas. Si tenemos en cuenta que, además, en nuestro país existe una enorme red de comercios a pie de calle en la que es posible encontrar productos comestibles a cualquier hora, seguimos teniendo un gran margen de crecimiento para los servicios online. Por eso, el dato refleja el crecimiento de las ventas de productos envasados, pero todavía deja en un lugar muy reducido a los productos frescos. De hecho, entre sus temores, los consumidores señalan el posible riesgo de fraude en los pagos; que los productos no estén en su momento óptimo; una experiencia de compra impersonal, y la falta de acceso inmediato a los productos (aunque ya existen comercios que en las grandes ciudades entregan en menos de dos horas). También el precio es un elemento disuasorio porque, en muchos casos, estas compras llevan asociado un recargo en la entrega y porque, en ocasiones, se ofrecen productos de alta calidad que no todos los bolsillos se pueden permitir. Desde la OCU apuntan como otra de las mejoras a realizar en este sector, la organización de los productos de la Red. Los usuarios suelen quejarse de que no siempre es fácil encontrar lo que necesitan porque no es sencillo navegar por internet cuando hay tantas referencias.

El último Observatorio de Comercio Electrónico en Alimentación realizado por ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), junto con los profesores María Puelles, de la Universidad Complutense, y Gonzalo Moreno, de la Universidad Autónoma de Madrid, señalaba que en el caso de los productos frescos se detecta incluso un significativo trasvase hacia el canal físico: “El 43% de los encuestados en este estudio afirma no comprar ya nunca alimentación fresca a través del comercio electrónico”. Y es que, aunque comprar en línea es muy cómodo y no está sujeto a horarios, existen ciertos reparos a la hora de convertirlo en hábito. Según estos expertos, “la principal razón por la que los consumidores prefieren la compra física es porque se trata de una compra con un gran componente experiencial. Los consumidores prefieren elegir en persona este tipo de productos e incluso buscan una compra que podríamos calificar de impulso en función de la disponibilidad diaria de producto que encuentren en el supermercado”.

 

ESTABLECIMIENTOS DE TODO TIPO LUCHAN
POR DAR EL SERVICIO MÁS EFICIENTE
Y AJUSTADO A LAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES

 

Doble canal. Para los consumidores la gran ventaja es poder combinar los dos canales y son muy pocas las personas que prescinden en todo momento de la experiencia de compra física. “Los consumidores que solo hacen la compra online (sin combinar el canal físico con el digital) se han mantenido estables en los últimos años. Es un grupo porcentualmente minoritario, pero muy fiel, que valora especialmente los elementos de conveniencia que ofrece este canal”, explican en Asedas. La cuota de mercado del comercio electrónico en productos de alimentación se sitúa en el 2,2%, según el último informe La alimentación en España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siendo la alimentación fresca el 1,2%. Muy lejos de nuestros vecinos europeos, donde el 35% de los compradores asegura adquirir productos frescos en la Red, con una media de 43 transacciones anuales.

Cataluña a la cabeza

Según el último informe de la plataforma FITstore.es, Cataluña es la comunidad autónoma que acapara el 20% de las compras online de productos de alimentación. No es de extrañar que, debido a este cambio en el consumo, hasta quince mercados municipales de Barcelona permitan ya realizar compras online. Los pedidos se pueden hacer a través de una aplicación móvil o en la web del ayuntamiento, y la compra se puede recibir a domicilio o bien recoger en el mismo mercado, a cualquier hora, gracias al servicio de taquillas refrigeradas situadas en los accesos de los equipamientos municipales. Pero Barcelona no es la única. También el mercado municipal de Soria permite comprar productos frescos en su plataforma digital y los mercados de Valladolid y Zaragoza cuentan con sus propios servicios de venta online que pretenden acercar a la ciudadanía los productos más frescos. Por su parte, los mercados de Madrid ofrecen su propio canal digital.

Los últimos operadores en llegar hasta preparan las raciones semanales o las cantidades necesarias para las personas que están a dieta.

Los grandes operadores

En los últimos cinco años la compra online de productos frescos ha experimentado una transformación radical, impulsada por los cambios en los hábitos de consumo, los avances tecnológicos y el desarrollo de plataformas que permiten disponer de alimentos de calidad en tiempo récord. El reto ahora está en equilibrar las diferencias regionales y, sobre todo, en convencer a los consumidores de la eficacia de este servicio. En España Amazon Fresh opera desde 2021 en ciudades como Madrid y Barcelona, ofreciendo entregas en menos de dos horas gracias a los servicios logísticos locales. Su catálogo online incluye más de 18.000 referencias de frescos. Mientras, las grandes cadenas de supermercados mantienen diferentes estrategias. Mercadona cuenta con un catálogo más reducido, de apenas 1.200 referencias, frente a Carrefour que cuenta con más de 4.000 y se basa en el consumo de productos locales. Además, en el mercado español operan diferentes comercios especializados entre los que destaca la tienda de productos ecológicos Naturitas, que con apenas 850 referencias acapara un gran volumen de ventas de frescos.

PARA SABER MÁS:

OCU: La Organización de Consumidores y Usuarios analiza cuáles son los mejores supermercados online para hacer la compra, según la experiencia de los consumidores.

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Pasar la ITV, un seguro de vida

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Pasar la ITV, un seguro de vida

La antigüedad del parque también afecta a la protección del medio ambiente, ya que los vehículos antiguos contaminan más que los modernos.

Más del 33% de los vehículos que deberían haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 2023 no lo hicieron. Se trata de una cifra en aumento que tiene un impacto directo en la siniestralidad en carretera.
PATRICIA ANDÚJAR

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un procedimiento obligatorio que ayuda a garantizar que los vehículos en circulación cumplan con los requisitos de seguridad y emisiones exigidos por la normativa vigente. Un examen que tiene como objetivo prevenir accidentes, así como reducir el impacto ambiental de los automóviles.

A pesar de ello, las cifras oficiales muestran un incremento en el incumplimiento de la ITV, ya que el 33,2% de los vehículos que debían haberla pasado en 2023 no lo hicieron. El porcentaje ha aumentado un 24,8% desde 2017, cuando la ratio de incumplimiento se ubicaba en el 26,6%. Estos datos, publicados por el Ministerio de Industria y Turismo han sido analizados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV). Su director gerente, Guillermo Magaz, asegura que existen varias causas por las que un conductor puede circular con la ITV caducada: “Puede ser por un olvido, algo puntual, pero también hay muchos otros que no acuden a las estaciones porque saben que su vehículo se encuentra en mal estado y no va a superar la inspección favorablemente y normalmente el coste de la reparación es superior al valor del vehículo, y mucho mayor que la sanción que se puede imponer si tiene la ITV caducada”.

 

LA ITV ES UN PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO QUE AYUDA A GARANTIZAR QUE LOS VEHÍCULOS EN CIRCULACIÓN CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y EMISIONES

 

Causas del suspenso. Las principales causas por las que los vehículos españoles suspenden la ITV son el alumbrado y la señalización, con un 22,8%, seguido de las emisiones contaminantes, que actualmente suponen el 21,5% y, en tercer lugar, los ejes, ruedas, neumáticos y la suspensión, con un 20,5%.

Lo que es una certeza es que los automóviles más antiguos tienen menos éxito a la hora de pasar esta revisión y en España la edad del parque de vehículos ha aumentado en los últimos años, lo que a su vez deriva en una mayor siniestralidad.

Haciendo referencia a un estudio publicado por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) sobre la Contribución de la ITV a la seguridad vial y al medio ambiente, el director gerente de AECA-ITV explica que “los vehículos a partir de los 11 años se ven implicados en siniestros viales en un mayor porcentaje, creciendo este de forma progresiva según aumenta su antigüedad”. También los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) muestran el vínculo entre la antigüedad del vehículo implicado en un siniestro con el estado de su ITV. “A mayor edad, mayor porcentaje de vehículos con la ITV caducada implicados en un siniestro vial con fallecidos”, finaliza Magaz.

Los datos hablan por sí solos. De los vehículos que tenían que haber llevado a cabo esta inspección y no lo han hecho, un 3% son turismos de hasta 4 años; un 15% oscilan entre 15 y 19 años, y el 17% son coches de más de 25 años.

¿Y renovar el parque de vehículos? Modernizar el parque de vehículos en España parece, por tanto, la solución más evidente para mejorar la seguridad vial. ¿Por qué no se produce?

Puede que “un incremento del precio de los vehículos al incorporar nuevas tecnologías, junto con una incertidumbre sobre qué tipo de vehículo adquirir (eléctrico, combustibles fósiles, etc.), así como unos planes de ayuda a la renovación del parque complejos y no directos en el momento de la compra, sean factores que están influyendo de forma significativa en que el parque cada vez sea más antiguo”, señala Guillermo Magaz, quien propone sustituir los antiguos por vehículos de segunda mano más modernos ya que, según dice, “es preferible circular con un vehículo de 5 años, más económico de adquirir, que con uno de 20 años”.

 

LAS PRINCIPALES CAUSAS POR LAS QUE LOS
VEHÍCULOS ESPAÑOLES SUSPENDEN LA ITV SON EL ALUMBRADO Y LA SEÑALIZACIÓN, SEGUIDO DE LAS EMISIONES CONTAMINANTES

 

Mientras esta evolución se produce, es necesario que los vehículos que circulan por las carreteras cumplan con los estándares de seguridad y protección del medio ambiente y para ello “es clave que todo el parque tenga la ITV en vigor”.

Si retomamos el antes citado estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, se exponen cifras tan significativas como que gracias a estos exámenes periódicos “se evitan al año al menos 15.641 siniestros viales, 13.110 heridos y se salvan 723 vidas”. Y va más allá. Dice Magaz en relación a estos datos que “si los vehículos que teniendo obligación de realizar la ITV lo hubieran hecho, se habrían evitado, adicionalmente, 13.517 siniestros viales, 11.643 heridos y salvado 353 vidas más”.

Ayuda al medio ambiente. La antigüedad del parque también afecta a la protección del medio ambiente, ya que los vehículos antiguos contaminan más que los modernos.

Tanto es así que el 21,5% de los vehículos que acudió a las estaciones de ITV durante el año 2023 presentó un nivel de emisiones contaminantes que excedían los límites marcados por la normativa aplicable, cifra que ha aumentado en el último año, según explican desde AECA-ITV.

 

EN ESPAÑA LA EDAD DEL PARQUE DE VEHÍCULOS HA AUMENTADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LO QUE A SU VEZ DERIVA EN UNA MAYOR SINIESTRALIDAD

 

De hecho, de acuerdo con el mismo estudio, ‘Contribución de la ITV a la seguridad vial y al medio ambiente’ de la UC3M, Magaz explica que “cada año se evita en España la circulación de 935.556 vehículos con emisiones contaminantes superiores a las permitidas, reduciendo la emisión de 39.370 toneladas de partículas contaminantes y evitando 575 muertes prematuras ocasionadas por emisiones contaminantes”. A estos números se podrían sumar el total de los vehículos que no han acudido a las inspecciones obligatorias y que, de haberlo hecho, supondrían otras 207 muertes prematuras que se podrían haber evitado.

¿Cómo hacer cumplir con esta inspección?

Según la Ley de Seguridad Vial, circular con la ITV caducada, incluso aunque se haya pedido cita previa, es ilegal. Las multas son de entre 200€ a 500€, si se circula con ella negativa. A pesar de ello, el número de vehículos que no la pasa aumenta. ¿Hay sensación de impunidad?

En opinión de Guillermo Magaz, “existe una cierta permisividad con el infractor ya que no se le da a la ITV la importancia que tiene”.

Por ello, desde AECA-ITV proponen medidas que pasan por la concienciación a los ciudadanos; regular la obligatoriedad de tener la ITV en vigor en el momento de contratar, renovar o subrogar la póliza del seguro obligatorio de vehículos; así como usar las cámaras de las Zonas de Bajas Emisiones y de acceso a las ciudades para llevar a cabo la detección de vehículos con la ITV caducada, cruzando la información con los datos de la DGT. La entidad también propone fomentar aún más los cursos de seguridad vial y las campañas de concienciación.

Los vehículos a partir de los 11 años se ven implicados en siniestros viales en un mayor porcentaje, creciendo este de forma progresiva.

Los que más suspenden

Según el análisis hecho por AECA-ITV, en el último año las estaciones ITV españolas llevaron a cabo 21.878.186 inspecciones, superándola el 81,1% a la primera, mientras que un 18,9% fueron rechazadas (4.134.000 vehículos).

Así, las furgonetas y camiones de más de 3.500 Kg son los vehículos que se encuentran en peor estado (un 28,8% no la supera a la primera). El segundo puesto lo ocupan los autobuses y autocares (27,2% de suspensos), y en tercer lugar, las furgonetas y camiones de menos de 3.500 Kg (25,6% de ITV no apta).

Por contra, los vehículos agrícolas son los que están en mejor estado (86,2% de inspecciones favorables). Les siguen las motocicletas y quads (84,3%), ambulancias y taxis (82,5%) y turismos (82,3%).

PARA SABER MÁS

Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR)
En este apartado de la web del Ministerio de Industria y Turismo se puede consultar toda la información sobre los resultados de la ITV del año 2023, último del que se tiene registro.

Acceder

Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV)
Toda la información relativa a la ITV, así como campañas de concienciación, objetivos y otros datos de interés, están disponibles en la página oficial de la asociación.

Acceder

Estudio sobre la Contribución de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a la seguridad vial y al medio ambiente de la Universidad Carlos III de Madrid
Informe detallado sobre la aportación de la ITV a la seguridad vial y al cuidado del medio ambiente.

 

Acceder

«ITV en España: un mismo servicio y precios dispares», por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

OLGA RUIZ LEGIDO,

presidenta FACUA

“FACUA realiza cada año un estudio comparativo sobre las tarifas de ITV en todo el país. En 2024 detectó diferencias de hasta un 209,7% en la inspección obligatoria”

ITV en España: un mismo servicio y precios dispares

La finalidad de la Inspección Técnica de Vehículos no es otra que la de garantizar la seguridad vial en nuestras carreteras ante las escalofriantes cifras de víctimas que se cobran cada año. El servicio de ITV persigue reducir al mínimo el porcentaje de siniestros que pueda deberse al fallo mecánico del vehículo, por reducido que pueda ser. Dicha finalidad tiene un claro interés público, por lo que se configuró como un servicio reglado, cuya ejecución material puede efectuarse bien por las Administraciones directamente o a través de sociedades de economía mixta en cuyo capital participen, bien por empresas privadas.

Salvo en el caso en que la ejecución se lleve a cabo directamente por las comunidades autónomas o la Administración competente, será requisito imprescindible para las empresas que quieran acceder a la actividad de inspección de vehículos obtener habilitación administrativa. El procedimiento para dicha habilitación debe garantizar que la empresa titular cumple los requisitos técnicos exigidos en la normativa para realizar los servicios de inspección, así como que no debe incurrir en incompatibilidades para el desempeño de su actividad, tratando de evitar el conflicto de intereses y garantizar la imparcialidad en la prestación del servicio.

El Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, permitió avanzar en un modelo liberalizado de prestación del servicio que tuvo sus efectos en las entidades o empresas que pueden prestarlo, pero no respecto de los requisitos y procedimientos técnicos que deben seguirse en la inspección, que se encuentran debidamente regulados y que deben ser aplicados sea cual sea el modelo de explotación.

Según la comunidad autónoma, la explotación de las estaciones de ITV puede ser pública o privada. En aquellos lugares en los que es privada suele prestarse mediante un régimen de concesión en el que los precios son controlados por la Administración correspondiente, salvo en los casos de Madrid y Murcia, donde las tarifas son libres. También existen comunidades donde conviven estaciones públicas y privadas.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat aprobó en julio de 2022 que la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) volviese a ser pública una vez concluyó la concesión de las empresas privadas que se encargaban de las revisiones periódicas desde hacía 25 años. La puesta en marcha de la nueva sociedad comenzó el 31 de diciembre de 2022.

En Extremadura conviven algunas estaciones de carácter público, explotadas directamente por la Administración, con otras privadas que funcionan en régimen de concesión o autorización. Esta situación provoca diferencias notables en los precios de las inspecciones, pues a la cantidad que se cobra en las estaciones de carácter público, por tratarse de tasas y no precio, no se les aplica el IVA. La Región de Murcia funcionaba de manera similar hasta el año pasado, cuando la única estación pública, la de Alcantarilla, echó el cierre.

Mallorca cambió su modelo en 2020, gestionándose directamente por el Consell Insular a través de una empresa (General de Servicios, S.A.).

Existe una enorme heterogeneidad con respecto al modo en que cada comunidad autónoma fija sus propias tarifas de ITV —a pesar de que las inspecciones se encuentran reguladas por una normativa estatal—, por lo que en todas ellas el procedimiento para la ITV es exactamente el que viene recogido en el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, que regula la Inspección Técnica de Vehículos en toda España.

FACUA realiza cada año un estudio comparativo sobre las tarifas de ITV en todo el país. En 2024 detectó diferencias de hasta un 209,7% en la inspección obligatoria para turismos con motor de gasolina y de hasta un 125,7% en vehículos diésel.

La Comunidad de Madrid es la más cara en términos absolutos en relación al precio de la ITV, tanto para inspecciones de vehículos diésel como gasolina, habiendo optado por un servicio plenamente liberalizado en modelo de gestión y en precios, que no se encuentran regulados por la Administración autonómica y son fijados por las propias empresas privadas habilitadas para el desarrollo de la actividad.

Murcia, la otra comunidad que, tras el cierre de la única estación que explotaba directamente la Administración, solo cuenta con estaciones privadas, también ha experimentado una subida de los precios en el último año.

De este estudio anual que FACUA elabora se desprende que las tarifas más económicas se han venido correspondiendo con estaciones explotadas directamente por las Administraciones o estaciones que se sitúan en comunidades que han optado por regular y controlar los precios.

En este sentido, la modalidad de gestión y prestación del servicio incide en el precio y, a su vez, en la accesibilidad al servicio para los consumidores, sobre todo para aquellos con economías más precarias.

El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, reconoce que existe libertad de elección de la estación ITV para efectuar tanto la primera inspección técnica como las inspecciones sucesivas tras la subsanación de defectos. Sin embargo, cabe preguntarse si realmente el consumidor tiene posibilidad real de elección en un servicio netamente territorial y, si esta circunstancia, unida a la disparidad de precios existentes, no supone un trato desigual no justificado a los consumidores en el acceso a un servicio obligatorio y de interés general.

«Por los consumidores del sector eléctrico»

A mal tiempo, mayor ahorro

CONSUMO

A MAL TIEMPO, MAYOR AHORRO

El 92,9% de los jóvenes no aprecia ninguna dificultad para conseguir bebidas espirituosas.
Los consumidores se han vuelto más ahorradores y precavidos. Pese al aumento de los precios y las ganas de aprovechar el tiempo de ocio que dejó la pandemia, el ahorro de los hogares españoles ha aumentado por segundo año consecutivo.
MARIÁN LEZAÚN

La incertidumbre económica, política y social hace que los ciudadanos contengan el gasto, planifiquen las compras y sobre todo tomen conciencia de lo que significa contar con un fondo que les proteja frente a imprevistos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de los hogares españoles se situaba en el 21,2% de la renta disponible bruta en el segundo trimestre de este año, frente al 19,6% del mismo periodo de 2023.

Ahorrar no es una tarea fácil porque el estilo de vida actual invita más al gasto que a la contención, aunque cualquiera sabe lo importante que es disponer de un fondo de emergencia que permita hacer frente a gastos inesperados. De hecho, diversos estudios apuntan que la mitad de las familias españolas no disponen de ningún ahorro, algo que no ocurre en otros países europeos. Si bien en los últimos meses los datos en los hogares españoles son más optimistas y auguran un cambio de tendencia.

 

SEGÚN EL INE, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO LA TASA DE AHORRO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES SE SITUÓ EN EL 21,2%

 

Plataformas de inversión

Actualmente abundan las aplicaciones y divulgadores populares (como Value School, El arte de invertir, Finect, Natalia de Santiago, Luis Pita, etc.) que recuerdan la importancia de gestionar bien el dinero y, sobre todo, de sacarle la máxima rentabilidad. Dicen los expertos que el origen de este cambio es la incertidumbre económica pero también el aumento de la cultura financiera de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes que ven de manera mucho más clara esa necesidad de contar con dinero extra para un futuro en el que, por ejemplo, las pensiones actuales no estén garantizadas o en el que la inestabilidad laboral será la tónica general. Así, como recoge el informe anual de EFPA (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros), cada vez más personas sin conocimientos económicos previos están entrando al mundo financiero gracias a numerosas herramientas digitales que han reducido las barreras de entrada tradicionales. En este sentido, los expertos recomiendan mucha cautela y contrastar siempre toda la información para no caer en posibles timos y bulos que pueden salir caros.

 

DIVERSOS ESTUDIOS APUNTAN QUE LA MITAD DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS NO DISPONEN DE NINGÚN AHORRO, ALGO QUE NO OCURRE EN OTROS PAÍSES EUROPEOS

 

Aumentar la hucha

Los datos avalan que algo está cambiando y siempre hay una causa. “La incertidumbre económica es un factor clave que impulsa el ahorro, pues conlleva la necesidad vital del ser humano de prevenir escenarios adversos y el financiero es fundamental en las sociedades desarrolladas”, explica Ricardo J. Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo y director de la Cátedra Extraordinaria CEPSA-Digital de la misma universidad. “Este ahorro por precaución se intensifica en tiempos de crisis económicas o incertidumbre global, como ocurrió durante la pandemia. Actualmente, a pesar de la bajada de tipos de interés que puede atenuar el coste del endeudamiento, la sensación de inestabilidad geopolítica, el creciente coste de la vivienda y la incertidumbre laboral contribuyen a una mayor propensión al ahorro en los hogares con capacidad para ello”. Es decir, ese incremento se está viendo especialmente en los consumidores con rentas altas, pero poco a poco también en los que disponen de presupuestos más ajustados. De la misma opinión es Marina García Gil, analista de AFI: “La literatura económica y la evidencia empírica señalan entre los principales motivos la necesidad de prevenir escenarios futuros, el ciclo vital y obtener una rentabilidad”. Por eso, son las personas mayores y las que tienen más rentas las que lideran este despegue del ahorro.

 

LA OCDE HA ADVERTIDO SOBRE EL RIESGO EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN EUROPA

 

Con la vista puesta en la jubilación

Hasta ahora, los hogares españoles ahorraban más bien poco si se comparaban con sus vecinos europeos y uno de los motivos es que nuestro sistema de pensiones es más generoso en términos relativos. Pero el escenario puede cambiar antes de lo previsto. La OCDE ya ha advertido sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en Europa, y en España crece la preocupación por complementar las pensiones públicas, que probablemente se vean mermadas con la jubilación de la generación boomer, la más numerosa en la historia de España. “Esto impulsa a más familias a considerar planes de pensiones privados (aunque bastante restringidos en los últimos años con una aportación actual máxima de 1.500 euros anuales por contribuyente) y otros instrumentos de ahorro a largo plazo, buscando mayor estabilidad económica en la jubilación”, explica Marina García. De momento, los productos financieros de previsión (planes y fondos de pensiones, seguros de vida, rentas vitalicias), tienen un peso muy reducido sobre los activos financieros de los hogares españoles: apenas representa un 3% de la riqueza bruta de los hogares españoles en las Encuestas Financieras de las Familias del Banco de España de los últimos años. “Su presencia está además concentrada de forma extrema en un reducido porcentaje de hogares de renta y riqueza más elevadas, con una alta capacidad de ahorro y beneficiarios del tratamiento fiscal favorable de dichos instrumentos”, aclara García.

Empezar pronto

Para empezar a ahorrar lo primero que hay que considerar es tener un presupuesto realista, acorde al nivel de ingresos y gastos de cada consumidor. Esto permite, como dice el experto y divulgador financiero Luis Pita, introducir el llamado ‘preahorro’, es decir, no esperar a final de mes para ver cuánto dinero sobra, sino hacerlo previamente, asegurando que se va a tener el dinero necesario. También se recomienda cierta diversificación de productos y realizar un seguimiento periódico de las inversiones. A menudo se cita la regla del 50-30-20, que implica destinar el 50% de los ingresos a cubrir las necesidades básicas y del día a día (alimentación, vivienda, educación, salud…), el 30% al ocio y el 20%, al ahorro o inversiones, apunta Ricardo J. Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo.

Gracias a la digitalización, cada vez más personas sin conocimientos económicos previos están entrando al mundo financiero.

En qué ahorran los españoles

El sector inmobiliario ha sido el destino principal de inversión durante años. Estos activos representan de hecho el 70%, mientras los productos financieros son menos populares y se reservan para los hogares de rentas más altas. Sin embargo, también se está viendo un cambio en este reparto tradicional y los activos financieros empiezan a ser una opción a considerar también en los hogares con menor renta disponible. Pese a este avance, los españoles siguen apostando por los productos conservadores, como cuentas de ahorro y depósitos bancarios, según datos de Inverco. En los últimos años ha aumentado el interés por los fondos de inversión y los planes de pensiones, pero sólo para una parte de la población con mayor capacidad de ahorro. Sin embargo, entre los jóvenes destaca el interés por el acceso a productos más complejos, como ETFs y criptomonedas, explica Ricardo Palomo, decano de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Pablo CEU. Este reparto “deja un residuo mínimo, casi marginal, para la inversión directa en mercados de valores, tanto de renta variable como sobre todo de renta fija, cuya presencia en las carteras de activos de los hogares es muy reducida (apenas un 4% en acciones cotizadas, y menos de un 1% en el caso de bonos y otros valores de renta fija), añade Marina García, analista de AFI.

PARA SABER MÁS:

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): En su web se pueden consultar numerosas guías para mejorar la cultura financiera e invertir mejor. Entre las publicaciones que forman parte de la iniciativa Finanzas para todos, desarrollada en colaboración el Banco de España, cuentan con una guía dedicada al ahorro y la importancia de ser previsor.

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Bankinter: El banco da las claves para ahorrar y planificar el dinero mínimo que debemos tener en la cuenta corriente para afrontar imprevistos y organizar gastos futuros

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Expansión: El diario económico analiza las causas del incremento del ahorro y las perspectivas para el año que viene.

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«La capacidad de ahorro de las personas consumidoras», por Gustavo Samayoa

CONSUMO

GUSTAVO SAMAYOA,

presidente de FUCI

 

“Aquellos ciudadanos medios que tienen la mínima posibilidad de invertir sus escasos ahorros han empezado a explorar opciones de inversión”

La capacidad de ahorro de las personas consumidoras

La incertidumbre económica que hoy estamos viviendo; motivada por diversos factores, como la inflación, las tasas de interés elevadas y una posible recesión y las distintas situaciones como guerras y pandemias; hace que las familias vean la necesidad de controlar el consumo y priorizar el ahorro, aunque en muchos casos sea muy complicado.

En el primer trimestre del año, la tasa de ahorro de los hogares españoles se situó por encima de la renta bruta disponible en el mismo periodo de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que significa que los hogares gastaron menos de lo que ingresaron.

Según el Banco de España, el ahorro medio de los hogares españoles se sitúa en un 21,2% de sus ingresos disponibles, lejos de aquel 7% de la etapa de la pandemia. Si bien la inflación incide en el deterioro del poder adquisitivo de las familias, rebajando la posibilidad de ahorro, el aumento de los costes de los bienes y servicios hace que muchas familias destinen la mayoría de sus ingresos a cubrir las necesidades básicas, limitando cada vez más las cantidades dedicadas al ahorro de ese sector de la población.

La alimentación, la energía y la vivienda (tanto en alquiler como en los incrementos hipotecarios) han sido los sectores con mayores subidas económicas. En la alimentación, en la que hasta hace pocos años se priorizaba la calidad sobre el precio, hoy en día es el precio lo más importante a la hora de hacer la compra de alimentos. El consumidor medio, y sobre todo el más vulnerable, prioriza gastos y ahorra poco.

Las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo han incrementado el coste de las hipotecas y demás productos financieros, lo que ha generado subidas de cuotas, limitando aún más la capacidad de ahorro de los consumidores, aunque las previsiones para 2025 sean más halagüeñas.

El miedo a situaciones como el desempleo o la reducción de ingresos ha llevado al ciudadano medio a aumentar sus reservas de efectivo como una medida de seguridad. Otra de las situaciones que se detectan en el ámbito financiero de los consumidores es la tendencia, cada vez más generalizada, de reducir o liquidar deudas, que conlleva a una búsqueda de estabilidad financiera.

Aquellos ciudadanos medios que tienen la mínima posibilidad de invertir sus escasos ahorros han empezado a buscar o explorar opciones de inversión, como fondos a renta fija o bonos del Estado, buscando las posibilidades de menor riesgo en comparación con otros productos financieros.

Evidentemente el ciudadano no puede solo soportar la incertidumbre y pérdida de su poder adquisitivo, y deberían ser las Administraciones Públicas las que ayuden a llevar esa carga con medidas como la reducción de impuestos en los productos básicos, subvenciones al transporte público o revisiones salariales, incidiendo en los más vulnerables. Si bien estas ayudas le vienen muy bien al ciudadano para equilibrar su economía, no le permiten ningún tipo de ahorro pues tiene que utilizar estos recursos para sus gastos cotidianos.

Medidas como el control de la inflación a corto plazo y las tasas de tipos de interés más bajas, así como la creación de empleo, vendrían a aliviar la economía familiar de las personas consumidoras, que podrían recuperar una mayor capacidad de ahorro. Todo ello pasa por situaciones como la estabilidad laboral, el crecimiento económico y algunas medidas adicionales de apoyo público para aliviar la presión financiera de las familias, que se traduciría en una evolución positiva del ahorro que, a corto plazo, mejoraría la capacidad de gasto del ciudadano, incidiendo indudablemente en la mejora de la economía.

Derecho a reparar

La Administración digital

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Los motivos más habituales de acceso a los servicios públicos a través de internet son acceder a información almacenada y concertar una cita o realizar una reserva.

La digitalización de la Administración Pública se ha convertido en los últimos años en una meta a alcanzar para los países de la Unión Europea, entre los que también se encuentra España, ya que la posibilidad de ofrecer un servicio telemático óptimo al ciudadano se traduce en modernidad y crecimiento económico para un país.
PATRICIA ANDÚJAR

Veinte años después de que se empezara a hablar de las ‘oficinas sin papeles’, lo que hoy se conoce como Administración digital ha sufrido una importante evolución, con medidas y planes llevados a cabo que ahora toca analizar.

EN 2024, CASI OCHO DE CADA DIEZ PERSONAS DE 16 A 74 AÑOS (EL 79,7%), CONTACTÓ CON LAS ADMINISTRACIONES A TRAVÉS DE INTERNET

En este camino, hasta la propia terminología ha cambiado. Al principio, hacer referencia a la Administración electrónica era el nombre más correcto para explicar el objetivo principal: ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de relacionarse con los organismos públicos a través de Internet. Pero incluso ese término ha quedado obsoleto.

En este tiempo se han puesto en marcha diversas políticas, como la Agenda España Digital 2026, una actualización de la estrategia lanzada en julio de 2020 como Agenda España Digital 2025, y que es una hoja de ruta para la transformación digital del país. Se trata de una estrategia ambiciosa cuyas prioridades en lo relativo a la Administración incluyen la modernización y dinamización de ámbitos clave como el empleo, la Justicia o las políticas sociales, mediante una puesta al día de las infraestructuras digitales.

¿Cuál es la realidad actual en España?

Tras esta breve introducción, es el momento de poner el foco en la situación actual de nuestra Administración Pública y saber si realmente se están alcanzando los objetivos. Sara Argüello, secretaria general del Consejo General de Economistas, considera que “la Administración española ha avanzado considerablemente en su proceso de digitalización, aunque persisten diferencias significativas entre territorios y organismos”.

Argüello, quien también es secretaria técnica del órgano especializado ReDigital, que pertenece al Consejo General de Economistas y está centrado en la Economía Digital, señala que “en comparación con otros países europeos, España ocupa una posición media-alta en el índice DESI (Índice de Economía y Sociedad Digital)”, pero “está por detrás de líderes como Estonia o Dinamarca, que han sabido integrar la digitalización en su modelo administrativo de manera más ambiciosa y uniforme”. En lo relativo a nuestro país, Argüello asegura que “la Agencia Tributaria, en particular, ha destacado como un referente gracias a la implementación de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para la detección de fraudes y la simplificación de procesos como la declaración de la renta” y que este éxito se debe a la implantación de “una estrategia clara, una dotación adecuada de recursos y un enfoque centrado en el ciudadano”.

En este sentido, tiene claro en qué se ha producido un mayor avance. “Probablemente ha sido la digitalización de servicios esenciales como el DNI electrónico, las citas previas online y la posibilidad de realizar trámites sin necesidad de desplazarse”.

Para tener una idea más precisa al respecto, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024, casi ocho de cada diez personas de 16 a 74 años, (el 79,7%) contactó o interactuó con las Administraciones o servicios públicos a través de Internet en los últimos doce meses, siendo los motivos más habituales el acceder a información almacenada (61,5%) y concertar una cita o realizar una reserva (58,8%).

SE HAN PUESTO EN MARCHA DIVERSAS POLÍTICAS COMO LA AGENDA ESPAÑA DIGITAL 2026, UNA HOJA DE RUTA PARA LA TRANSFORMACIÓN EN ESTE ÁMBITO DEL PAÍS

Pros y contras de la administración digital

Entre las ventajas de contar con unos servicios más automatizados gracias a las nuevas tecnologías, se encuentran el acceso fácil y sencillo que los usuarios tienen a la información o la posibilidad de llevar a cabo trámites en cualquier momento del día y desde cualquier lugar con acceso a Internet, sin depender de los horarios de cada oficina. Para Sara Argüello esta es la principal ventaja: “la disponibilidad y la facilidad para personalizar o adaptar servicios”, para lo que dice “el análisis de datos cobra una importancia muy alta” y entiende que la mayor ventaja de la digitalización de la Administración radica en poder ofrecer “una mayor eficiencia y transparencia de cara a su relación con la ciudadanía”.

Por el contrario, se ha hablado mucho de la famosa brecha digital, o lo que es lo mismo, aquellos ciudadanos que se quedan fuera de la Administración digital por falta de formación o recursos.

La secretaria técnica de ReDigital recuerda que aún “el reto más urgente es garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel socioeconómico o ubicación, puedan acceder a estos servicios” y añade que el problema “es especialmente agudo en áreas rurales o entre colectivos vulnerables”. Explica también que “es fundamental seguir formando a los empleados públicos”, otro de los inconvenientes a los que también se hace referencia cuando se habla de la digitalización de la Administración. Asegura que a veces tienen “resistencia al cambio” y que además es vital “mejorar la interoperabilidad entre diferentes Administraciones para maximizar los beneficios de la digitalización”. Existen otros contras como la reducción de puestos de trabajo o todo lo relativo a las medidas de protección y acceso.

La ‘ciberseguridad’

Cuando se habla de medidas de protección, se pone el foco en la ciberseguridad. ¿Puede ralentizar o limitar de alguna manera la transformación digital?

En palabras de la secretaria general del Consejo General de Economistas, Sara Argüello, “la ciberseguridad juega un papel fundamental, ya que garantiza la protección de los datos sensibles de los ciudadanos y la continuidad de los servicios públicos en un entorno cada vez más amenazado por ciberataques. “No hay transformación digital sostenible sin una base sólida de ciberseguridad”, dice, y es que los ciudadanos se fían de los sistemas digitales si sienten que sus datos están seguros. Tampoco ayuda la creciente sofisticación de los ataques y la falta de concienciación de algunos usuarios y empleados públicos.

Ofrecer un servicio telemático óptimo al ciudadano se traduce en modernidad y crecimiento económico para un país.

Así influye la Inteligencia Artificial

Según la Real Academia Española (RAE), la Inteligencia Artificial (IA) es la “disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico”. Cabe esperar, por lo tanto, que también sea un mecanismo a tener en cuenta a la hora de digitalizar la Administración.

En algunas zonas de España se lo están tomando en serio y hay comunidades autónomas que pisan fuerte el acelerador. Por ejemplo, Castilla y León cuenta con un activo fundamental para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial: el supercomputador Caléndula. Se trata de un potente equipo, uno de los más grandes de España, que está permitiendo que investigadores, empresas y centros tecnológicos puedan desarrollar proyectos de investigación avanzados en el ámbito del cálculo intensivo, lo que coloca a esta región a la vanguardia de la supercomputación a nivel nacional.

No son los únicos. Recientemente, la Comunidad de Madrid ha firmado un protocolo con Telefónica para impulsar la inteligencia artificial en la Administración y que así contribuya a modernizarla, personalizar la atención al ciudadano y, por ende, lograr una mayor eficiencia en los procesos administrativos.

PARA SABER MÁS

Agenda España Digital 2026:

Es un plan de acción para la transformación digital del país, que trabaja en tres dimensiones clave: infraestructuras y tecnología, economía y personas. Se puede consultar el PDF del proyecto dentro de la página del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, en el apartado de ‘Estrategias y Políticas’.

Saber más

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

Los Estados miembros de la Unión Europea han elaborado planes nacionales de recuperación y resiliencia por los que reciben apoyo financiero. En el caso del español, el ‘Componente 11: Modernización de las instituciones públicas’ se centra en la digitalización de la Administración.

Saber más

ReDigital:

Pretende ayudar a mejorar la práctica profesional de los economistas en el ámbito de la Economía y la Transformación Digital.

Saber más