En las últimas semanas diversos estudios e informes han puesto de nuevo de manifiesto las dificultades para la emancipación de los jóvenes españoles. Solo el 15,2% de los jóvenes menores de 30 años viven fuera del hogar familiar. Una posible causa de la reducción de la proporción de jóvenes emancipados es el elevado precio de los alquileres y los pagos de la hipoteca respecto a sus salarios. Entre los jóvenes emancipados se observa que la proporción de propietarios de vivienda ha caída a la mitad desde 2008, bajando del 54,9% al 27% de 2024, pero han crecido significativamente los jóvenes que alquilan a precio de mercado (del 25,5% de 2006 al 51,2% de 2024) y por debajo del mismo. En este contexto algunas entidades financieras han empezado a ofrecer hipotecas con condiciones especiales para jóvenes menores de 35 años, bien por estrategia comercial propia o con la garantía o aval de algún programa público.

Ante esta situación es importante hacerse varias preguntas: ¿es efectiva la política de avales para incrementar la tasa de emancipación entre los jóvenes? ¿Tiene riesgos macroprudenciales generalizar una política que eleva la ratio crédito valor al 100% para hipotecas de los jóvenes o incremente la tasa de esfuerzo (renta sobre cuota hipotecaria) aceptable para conceder una hipoteca si el demandante es joven? Aunque la tasa de propiedad entre los jóvenes ha caído, ¿es la tasa actual muy diferente a la que se observa en otros países con un nivel de desarrollo similar a España? ¿Era en épocas anteriores demasiado grande? Y si este era el caso, ¿puede ser una buena solución endeudar con un elevado apalancamiento los jóvenes ante la dislocación del mercado del alquiler?

La primera pregunte tiene dos vertientes. La primera tiene que ver con la relevancia del mercado de la vivienda en las tasas de emancipación de los jóvenes y la segunda con la eficacia de medidas que reducen el volumen de la entrada sobre la compra de vivienda. La cuestión de la elevada edad de emancipación de los jóvenes españoles es estructural. Suena al día de la marmota. La edad media de emancipación de los jóvenes españoles ha cambiado poco en los últimos 25 años. En el año 2000 era 29,4 años y en 2019 era 29,5 años. En 2023 la edad ha aumentado a 30,4 años, 4,1 años superior a la de los jóvenes de la UE. La mayoría de los países en los que la edad media de emancipación es superior a España, o en torno a 30 años, son del sur de Europa: Grecia, Italia, Portugal y Malta. Por tanto, en la edad de emancipación hay causas culturales y sociales más allá de los precios en el mercado inmobiliario. De la misma forma la precariedad laboral de los jóvenes menores de 30 años es muy elevada teniendo unas tasas de parcialidad en el empleo (25,4%) que casi doblan la media general (13,5%) junto con unos salarios un 35% por debajo de la media. Y aún peor, aunque no recibe mucha atención, es que el progreso de sus ingresos a lo largo de su vida laboral es cada vez más lento.

Respecto a la efectividad de estos esquemas el ejemplo más reciente es el programa Help to buy del Reino Unido que facilitaba, como respuesta a las restricciones de crédito posteriores a la crisis inmobiliaria de 2008, un préstamo gubernamental de hasta el 20% del valor de la vivienda (hasta el 40% en Londres), sin intereses durante cinco años, para la compra de una primera vivienda. Aproximadamente el 62% de los beneficiarios tenían menos de 34 años. Los resultados de diferentes evaluaciones no muestran evidencia de mejora de la accesibilidad. Además, hasta un 60% de los receptores señalan que podría haber comprado sin necesidad del esquema. Se calcula que el esquema Help to buy solo aumento en 0,4 puntos porcentuales la tasa de propietarios de vivienda. Evidentemente la efectividad de las políticas públicas depende de los detalles, pero no está claro que este tipo de ayudas acaben teniendo efectos significativos.

En segundo lugar, están las consecuencias macroprudenciales. Cuando el Banco de España se está planteando fijar, como ya han hecho muchos bancos centrales, límites para mantener en niveles razonables la ratio crédito/valor y la proporción de esfuerzo en el pago de la hipoteca sería un tanto paradójico que se relajaran estos límites hasta un punto que se pusiera en cuestión la sostenibilidad del pago de las cuotas por parte de los jóvenes beneficiarios. El caso de Estados Unidos entre los años 1997 y 2012 es paradigmático: la reducción de los criterios de concesión de créditos hipotecarios aumento la proporción de propietarios de viviendas desde el 65% hasta el 69% en 2007, para volver al 65% en el año 2012 tras millones de desahucios de hipotecados incapaces de hacer frente a sus créditos.

Finalmente, la tasa de propietarios de vivienda entre los jóvenes está cayendo en todos los países europeos, aunque en los países del sur desde niveles tradicionalmente más elevados. A pesar de la significativa caída en España, la proporción de jóvenes entre 16 y 34 años propietarios de vivienda sigue siendo superior a muchos países como Alemania, Francia, Italia, Austria, Países Bajos o Irlanda. El problema es que cuando se está produciendo una normalización en la tendencia de los jóvenes españoles a vivir de alquiler, la dislocación de este mercado impide dificulta el acceso por esta vía. La cuestión, de nuevo, es si la tasa de propiedad entre los jóvenes españoles es subóptima condicionada a su situación económica y si la mejor opción a un mercado del alquiler disfuncional es volver a promover la propiedad entre los jóvenes.

En conclusión, es evidente que la proporción de jóvenes que tienen vivienda en propiedad ha disminuido en España, pero la proporción de jóvenes que tienen un empleo a tiempo completo y viven con sus padres es cinco puntos porcentuales inferior a la media de la UE. La cuestión es si se debe promover la propiedad con una flexibilización de condiciones hipotecarias como alternativa a un mercado del alquiler dislocado, una ínfima proporción de alquiler social y un mercado laboral que genera una gran proporción de parcialidad entre los jóvenes.

Estamos ante un cambio profundo en los hábitos de consumo, que afecta no solo a la economía, sino también a la sociedad y al medio ambiente. El auge de la segunda mano no es un fenómeno anecdótico ni pasajero: ocho de cada diez consumidores en España recurren hoy a plataformas digitales para comprar o vender productos usados. Este mercado ya mueve más de 8.500 millones de euros anuales, una cifra que refleja un cambio real en la forma en que valoramos los bienes y su ciclo de vida.

Este cambio tiene un significado más allá del ahorro personal. Supone un reto y una oportunidad para nuestro sistema económico y jurídico, que debe adaptarse a una realidad en la que la propiedad y el consumo se redefinen. La segunda mano implica nuevas formas de relación entre consumidores y vendedores, retos en materia de garantías, responsabilidad y protección al consumidor que requieren una respuesta clara y adecuada.

A nivel europeo, casi seis de cada diez ciudadanos están dispuestos a pagar más por productos que sean sostenibles, fácilmente reparables y reciclables. El Eurobarómetro sobre actitudes de los europeos hacia el medio ambiente confirma que la promoción de la economía circular es considerada por la ciudadanía como la vía más eficaz para abordar los problemas medioambientales. Esta percepción está alineada con la estrategia europea de economía circular, integrada en el Pacto Verde Europeo, que marca un camino para la transformación sostenible de la Unión.

Este enfoque conlleva una gestión racional y sostenible de los recursos, prolongando la vida útil de los bienes y minimizando residuos. En este contexto, la compraventa de productos usados es un pilar fundamental que contribuye a reducir la presión sobre los recursos naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, esta dinámica también plantea cuestiones jurídicas importantes. La transmisión de bienes usados requiere garantías claras y mecanismos efectivos para resolver conflictos que puedan surgir en la relación contractual. La legislación europea, como la Directiva 2019/771 sobre ciertos aspectos de los contratos de compraventa de bienes, establece un marco común para proteger a los consumidores, incluyendo normas específicas sobre bienes usados, que deben ser implementadas por los Estados miembros con sensibilidad hacia las particularidades del mercado de segunda mano.

Además, la economía circular implica fomentar la reparación y reutilización, actividades que requieren normativas que faciliten su desarrollo. La protección de los derechos de los consumidores y usuarios debe ir acompañada de una regulación que impulse la sostenibilidad, incentivando prácticas responsables por parte de fabricantes, distribuidores y plataformas intermediarias. En este sentido, la Comisión Europea trabaja para fortalecer el derecho a la reparación y mejorar la información sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos, elementos clave para un mercado de segunda mano saludable y fiable.

El auge de la segunda mano refleja un cambio social donde el consumidor no es solo receptor pasivo, sino un agente activo que demanda mayor responsabilidad y transparencia. En este sentido, el sistema jurídico tiene la misión de garantizar que este mercado emergente se desarrolle en un marco seguro, justo y equitativo.

Es un momento para reflexionar sobre cómo adaptamos nuestras leyes y procedimientos a esta nueva realidad, promoviendo un marco legal que favorezca el consumo responsable y la economía circular, sin olvidar la protección y los derechos de los consumidores.

En definitiva, la segunda mano no es solo una tendencia, es una revolución silenciosa que exige un compromiso desde todos los ámbitos, incluido el jurídico. El futuro del consumo pasa por la sostenibilidad y la responsabilidad, y la economía circular es una herramienta clave para conseguirlo.

Desde OCU, con motivo de su 50 aniversario, seguimos comprometidos en acompañar y defender a los consumidores en este proceso de cambio, promoviendo políticas y prácticas que hagan posible un consumo justo, seguro y sostenible para todos.

En España la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no diferencia entre personas consumidoras y personas consumidoras mayores. A fin de aumentar la protección de este colectivo, el Real Decreto-Ley 1/2021 de 19 de enero, legisla el nuevo concepto de consumidor vulnerable, mediante el cual ya no se es solo vulnerable por motivos económicos, sino por otras razones, como la edad avanzada, que produce al colectivo indefensión o desprotección e impide el ejercicio de sus derechos como consumidores en condiciones de igualdad.

El texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, RDL 1/2007 y normas autonómicas, recoge los derechos de los consumidores y hace hincapié especialmente en la vulnerabilidad. La norma reconoce que las personas mayores pueden ser más vulnerables por su edad, salud o nivel de conocimientos, y exige a las empresas y a las Administraciones adaptar la información y atención que les prestan. En este sentido cabe recordar las recientes situaciones que han vivido algunas personas mayores cuando han acudido a una entidad bancaria y no se les ha prestado la atención debida; o cuando han ido a realizar operaciones en cajeros automáticos, con esperas irracionales; o la realización de operaciones bancarias imposibles de llevar a cabo, en muchos casos por desconocimiento digital.

La brecha digital en este colectivo hace muy difícil su acceso a determinados servicios, no solo a los bancarios, sino también a los ofrecidos por las Administraciones públicas; por ejemplo, el simple trámite de pedir una cita presencial, entre otros. En este sentido se han tenido que dictar normas específicas para aumentar la protección del colectivo. De esta manera se promulgó la Ley 4/2022 a fin de reforzar la protección de colectivos desvalidos en las relaciones de consumo, como menores, personas de avanzada edad o con bajo nivel de digitalización.

En cuanto a los servicios financieros, o en los ámbitos de las telecomunicaciones o la energía, la ley prevé el establecimiento de normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección al consumidor y usuario, dictando que se eliminen las circunstancias que generan las situaciones de vulnerabilidad y se palíen sus efectos, en particular en relación con las comunicaciones comerciales o información facilitada antes del contrato, la atención post contractual o el acceso a bienes o servicios básicos.

En lo relativo a la información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios, esta deberá facilitarse en términos claros, comprensibles, veraces y en un formato fácilmente accesible, de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses.

En términos generales, la protección del colectivo de los mayores se centra en diferentes situaciones. La información deberá ser clara y accesible, en la publicidad, contratos, instrucciones y ofertas, que deberán ser especialmente comprensibles, claras y en formatos adecuados, así por ejemplo con letras grandes y lenguaje sencillo. Se prohíben las prácticas de venta agresiva, confusa o que aproveche su confianza o falta de experiencia, como en ventas a domicilio o telemarketing, que, en muchos casos, les han inducido a comprar bienes o servicios innecesarios o mal informados, como libros, bienes de consumo del hogar o seguros.

Los servicios de atención al cliente deben ser accesibles y fáciles de usar, evitando complicaciones innecesarias, agravadas muchas veces por algún tipo de discapacidad.

En cuanto a las reclamaciones ante las empresas, los consumidores mayores pueden hacerlas ante las organizaciones de consumidores, organismos de consumo con sistemas de resolución de conflictos, como el arbitraje de consumo, rápido, gratuito y vinculante, o directamente ante los tribunales de Justicia. En esta última posibilidad, cabe señalar a modo informativo que los ciudadanos en general pueden acudir a los tribunales, sin asistencia de abogado y procurador, cuando la reclamación no exceda de los dos mil euros. Son ya muchas las comunidades autónomas que cuentan con servicios de atención al ciudadano mayor.

Respecto al consumo de productos financieros, seguros de salud, turismo o residencias de mayores, la legislación exige mayor transparencia y garantías. Por ejemplo, el contrato de una residencia debe ser totalmente claro; especificar los servicios incluidos, los precios, las condiciones de estancia y los derechos de reclamación. En los viajes organizados debe ofrecerse información detallada sobre destinos, seguros, coberturas médicas y adaptaciones si son necesarias para su movilidad. En cuanto a los contratos bancarios, si un mayor contrata un producto financiero, como un seguro o una hipoteca, el banco debe asegurarse de que entiende bien todas las condiciones, sin ocultar riesgos.

Además, se promueven talleres y campañas para conocer los derechos y forma de actuar de manera informada por parte de las personas consumidoras mayores. En este sentido se han de informar en sus correspondientes oficinas de información al consumidor y en las organizaciones de consumidores.

Por último, recordar que no estamos hablando de la tercera edad. Hoy en día la temprana jubilación es a los 65 años, y aporta una larga vida de relaciones en general y de consumo en particular, por lo que no hemos de olvidar que las  personas mayores  tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de la población, pero con una protección especial por su condición de vulnerabilidad, en algunas de las relaciones de consumo en las que se encuentren en situación de inferioridad frente a las empresas, lo que no significa que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en todas sus actividades de la vida.

Existe también a este respecto preocupación en la Administración del Estado, por lo que se está preparando la Ley de Transparencia, una ley que permite el acceso de los ciudadanos a su Administración, de forma transparente, y en la que a los ciudadanos mayores se les facilitará este acceso, teniendo en cuenta la gran brecha digital que aún existe en nuestro país.

No olvidemos que la llamada Edad de Oro se enfrenta al reto de muchos y nuevos productos y servicios ad hoc, por lo que se hace necesario estar atentos a los derechos y obligaciones que les asisten, sin olvidar que es un colectivo que también tira del mercado económico de nuestro país con mucha fuerza. Y como decía Sófocles: ¨Los que en realidad aman la vida son los que se están haciendo mayores”.