Vino nuevo, odres nuevos, por Ángel Nanclares

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CONSUMO

ÁNGEL NANCLARES,

decano del Colegio Notarial del País Vasco

Nuestros derechos forales han demostrado una extraordinaria variedad y dinamismo, tanto en lo legislativo como en la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades sociales”

Vino nuevo, odres nuevos

Las mejores instituciones jurídicas responden a anhelos muy profundos del ser humano, como el dejar ordenados los asuntos para cuando uno ya no esté, el trabajar en unión de otros para un fin común o el proteger a la sociedad de quien quiere dañarla. Esta característica, de raíces antropológicas, se revela de manera muy acusada en la figura de la donación, la cual encauza una necesidad tan primordial como la de favorecer desinteresadamente a aquellos que nos son más queridos, en muchas ocasiones para ayudarles a salir adelante y facilitarles la vida.

Liberalidad y gratuidad

Lo anterior viene recogido en esencia en el artículo 618 de nuestro Código Civil, que aporta los dos componentes subjetivos básicos del donar: es un acto de liberalidad para el que da y es gratuito para el que recibe. Liberalidad y gratuidad que explican bien a las claras el extraordinario vigor que muestra este instituto jurídico en los tiempos recientes, funcionando como un acabado ejemplo en la práctica de lo que modernamente se conoce como mecanismos de solidaridad intergeneracional. En efecto, en su variante más frecuente de la donación de bienes -singularmente de dinero efectivo- de padres a hijos, aporta solución a un problema muchas veces sangrante en nuestra sociedad: los jóvenes no consiguen independizarse, debido a que sus sueldos son magros y no les permiten acceder a una vivienda, por otra parte, un bien caro por escaso en la España actual. Son entonces los padres los que, en la medida de sus posibilidades, dan el empujón económico a sus hijos para que puedan llevar adelante su proyecto vital. Un rasgo este de apoyo familiar del que debemos estar orgullosos a mi modo de ver, y que no se da en las sociedades del centro y norte de Europa que con tanto afán tratamos de imitar.

Las instituciones del derecho civil, nacidas de la sociedad, son no obstante un material sensible y no florecen en cualquier tipo de terreno. Necesitan dos condiciones ambientales: una fiscalidad adecuada que no las impida y, todavía mejor, que las proteja y fomente; y seguridad jurídica, para la certidumbre y tranquilidad de los ciudadanos. Esta última la proporcionamos los notarios, otra creación social. Los exactos datos de nuestro Índice Único Informatizado advierten una realidad incontestable: cada vez se hacen más donaciones en escritura pública, al darse las dos condiciones apuntadas. No es casualidad.

Pactos sucesorios

¿Existe alguna forma de combinar en una sola figura jurídica el anhelo de organizar el destino futuro de nuestros bienes con el de favorecer ya ahora a nuestros familiares que lo necesitan? Sí existe y, de hecho, está presente de una u otra manera en todos nuestros derechos forales o civiles territoriales: el pacto sucesorio.

En el derecho civil del País Vasco se carece de una regulación de las donaciones, por lo que se aplica de modo supletorio el Código Civil y ello sin disfunción alguna. Sentado esto, se aprecia un lento pero inexorable desplazamiento de las donaciones por los pactos sucesorios. Esta figura, ya prevista en la Ley 3/1992, de Derecho Civil Foral, dentro del Fuero de Bizkaia, tuvo una muy discreta implantación, tanto por su escasa raigambre como por no poderse aplicar en Guipúzcoa y Álava. Sin embargo, la Ley 5/2015, de Derecho Civil Vasco, con una regulación mucho más ambiciosa y de aplicación en los tres territorios históricos vascos, conoce actualmente en materia de pactos sucesorios un crecimiento acelerado que comenzó por Bizkaia, pero que ya se expande al ámbito de todo el País Vasco. La razón es sencilla: en su modalidad más habitual, el pacto sucesorio con eficacia de presente y eficacia de futuro, permite combinar armónicamente la transmisión efectiva de los bienes a parientes (al igual que la donación, pero con el régimen fiscal de las herencias) con las disposiciones patrimoniales para después del fallecimiento (como el testamento, de ahí que tenga su reflejo en el sistema de últimas voluntades).

Autonomía de la voluntad

Concluyo con una breve reflexión. Siempre he mantenido que la tan necesaria actualización de nuestro Código Civil no pasa por beber en fuentes ajenas en Francia, Alemania o Italia. Muy al contrario, pasa por inspirarse en nuestros propios derechos forales, que han demostrado una extraordinaria variedad y dinamismo, tanto en lo legislativo como en la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades sociales. Los pactos sucesorios son un buen ejemplo de lo que escribo, las legítimas son otro. Tal vez haya llegado la hora de cruzar antiguas líneas rojas (prohibición de sucesión paccionada, rígidas legítimas individuales, limitaciones por doquier a la libertad de testar) que parecen haber quedado netamente desfasadas y avanzar hacia un modelo que prime sin reparos la autonomía de la voluntad y, en definitiva, una libertad civil tan amplia como sea posible unida a la necesaria seguridad jurídica. La sociedad lleva mucho tiempo preparada para ello.        

El problemático acceso a la vivienda de nuestros jóvenes, por José María Graiño

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CONSUMO

JOSÉ MARÍA GRAIÑO,

decano del Colegio Notarial de Galicia

Con el anticipo hereditario se mitigan los conflictos sucesorios. Es una herramienta fundamental para la planificación sucesoria de las familias”

El problemático acceso a la vivienda de nuestros jóvenes

Uno de los problemas socioeconómicos más acuciantes para los ciudadanos españoles, y especialmente para los más jóvenes, es la extraordinaria dificultad para acceder a una vivienda digna que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de nuestra Constitución, satisfaciendo las legítimas expectativas de las personas de lograr una vida independiente.

Y, sin embargo, nos encontramos en paralelo con la circunstancia fáctica de que, en España, según el Instituto Nacional de Estadística, existen tres millones ochocientas mil viviendas vacías que, en principio, están fuera del mercado inmobiliario.

Son muchas las medidas legislativas de política pública que pretenden solventar o aminorar las referidas dificultades, que van desde el incremento de la oferta, el control de precios, la promoción de viviendas protegidas, hasta llegar a las ayudas directas.

Ante esta problemática, el derecho privado, bien a través de las donaciones en territorio de derecho común y/o mediante los pactos sucesorios en las comunidades autónomas que tienen Derecho Civil propio (Galicia, Navarra, Cataluña, Aragón, Baleares, País Vasco), puede ayudar a paliar, en alguna medida, la dificultad de acceso a la vivienda de nuestros jóvenes y al propio tiempo movilizar el parque inmobiliario.

¿Tiene sentido esperar al fallecimiento para que transmitir una vivienda o una cuantía económica para satisfacer las necesidades de los jóvenes? Esta pregunta y la reflexión que conlleva están cada vez más presentes en las familias. Las notarías son reflejo de la vulnerabilidad económica de los jóvenes y de la siempre bien dispuesta ayuda de los padres, constatándose un cambio en la ordenación sucesoria. Este se traduce en un incremento de las donaciones y pactos sucesorios, ya se trate de la vivienda, de otros bienes o de una cuantía económica que se destina a la compra del inmueble, evitando así un mayor endeudamiento para su adquisición.

En Galicia, una de las comunidades autónomas con derecho civil propio, los instrumentos más utilizados para conseguir los resultados indicados son los pactos sucesorios, regulados por la actual Ley 2/2006 de 14 de junio, de derecho civil de Galicia.

Pactos sucesorios: La herencia en vida

Los pactos sucesorios previstos en la Ley son el de mejora y el de apartación. Pueden realizarse con o sin entrega presente de los bienes y permiten la atribución inmediata de bienes como negocio jurídico de naturaleza mortis causa, frente a las donaciones que, por todos es conocido, participan de naturaleza inter vivos.

Los pactos sucesorios han de formalizarse en escritura pública y forman parte, desde su reconocimiento legislativo, de la cultura jurídica de los gallegos, al gozar de una gran versatilidad y ventajas fiscales.

Pueden otorgarlos los padres y abuelos en favor de sus hijos y nietos, si es un pacto de apartación, a los hijos o descendientes que sean legitimarios, también al cónyuge, quedando, con la apartación, desprovistos de su condición de legitimarios.   

Antes de otorgar un pacto sucesorio es conveniente plantearse una serie de cuestiones, entre otras, si los transmitentes van a necesitar o no en el futuro esos bienes que se adjudican.

En este sentido, los notarios desaconsejamos que la vivienda habitual se transmita por esta vía, siendo más recomendable el instrumento testamentario que puede revocarse ante un cambio de circunstancias, ello, no obstante, en supuestos como la necesidad de acometer reformas en la vivienda que van a ser costeadas ya por los adjudicatarios, podrán reservarse el usufructo hasta el fallecimiento del último de los cónyuges, transmitiendo la nuda propiedad. En otros casos se transmite el usufructo, conservando los transmitentes la nuda propiedad.

Es importante, también, según los casos concretos, reservarse la facultad de disponer y prohibir la venta o hipoteca. Establecer la reversión en caso de fallecimiento del mejorante o incumplimiento de condiciones. También es aconsejable imponer la condición de cuidar y asistir a los mejorantes y en caso de no cumplirse quedaría ineficaz dicha adjudicación.

Bonificaciones fiscales

Las ventajas fiscales son un innegable incentivo para animar a su proliferación. El favorable tratamiento tributario que tienen en Galicia ha determinado que la ayuda de los padres o abuelos se materialice a través de este instrumento sucesorio, pues están exentos de tributación en el Impuesto de Sucesiones hasta la cantidad de un millón de euros por padre y madre y cada hijo.

Por otra parte, quisiera resaltar que, con el anticipo hereditario, se mitigan los conflictos sucesorios, constituyendo una herramienta fundamental para la planificación sucesoria de las familias. Se tendrán en cuenta a la hora de hacer la partición. Se computarán e imputarán en su caso a la legítima o a la parte de libre disposición. Se puede pactar el carácter colacionable o no. Entendemos que son unos negocios jurídicos que dan respuesta a una exigencia social.

Además, por esta vía, se trata de conseguir un recíproco plan de apoyo y ayuda intergeneracional entre abuelos, padres, hijos y nietos. De esta manera se satisfacen las necesidades de vivienda de las nuevas generaciones para iniciar su desarrollo personal y profesional y, a la vez, se garantiza a los padres y abuelos cuidados y afectos, tranquilidad y seguridad. Con la llamada herencia en vida, se transforma una expectativa en una realidad presente. La intervención notarial se manifiesta como un eje de la planificación sucesoria flexible: interpretando los intereses, configurando los instrumentos jurídicos adecuados a cada persona, según su situación personal, familiar y patrimonial.

 

Apoyo familiar para acceder a una vivienda

CONSUMO

- La donación de dinero es un mecanismo utilizado por muchas familias para ayudar a las nuevas generaciones.

Apoyo familiar para acceder a una vivienda

Redacción

El Centro de Información Estadística del Notariado señala que en 2025 se realizaron más de 225.000 donaciones. Esta cifra engloba la totalidad de las efectuadas, ya sean de dinero líquido, de inmuebles o de otro tipo de bienes.

“Los datos de 2025 nos muestran que las donaciones han experimentado una subida del 13% respecto al año anterior”, indica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado. Las razones del incremento podrían buscarse en distintas causas. Por un lado, en las bonificaciones fiscales en algunas comunidades autónomas, y por otro, en la situación que atraviesa la vivienda con un mercado marcado por unos precios cada vez más elevados. “Vemos en las notarías a muchos jóvenes que podrían pagar las cuotas hipotecarias, pero que no son capaces de afrontar el pago de la famosa entrada y de los gastos iniciales”, explica Barea. “Debido a esta situación, muchos padres y abuelos deciden donarles una cuantía económica a sus descendientes”, puntualiza.

 


LA DONACIÓN DE DINERO ES UN MECANISMO MUY UTILIZADO POR MUCHAS FAMILIAS PARA AYUDAR A LAS NUEVAS GENERACIONES A PONER EN MARCHA UN PROYECTO VITAL


 

La donación de dinero es un mecanismo muy utilizado por muchas familias para ayudar a las nuevas generaciones a poner en marcha un proyecto vital, como adquirir una vivienda o iniciar una actividad empresarial. Como es el caso de Laura Álvarez que explica: “Mis padres me donaron dinero para la entrada de la vivienda, las arras y para afrontar los impuestos”. “También tengo algunas amigas a las que les han donado la vivienda porque el mercado está imposible”, recalca. Este tipo de donaciones de propiedades también reflejan una tendencia al alza: en 2025 se registraron 52.463, un 73,5% más que en 2015, cuando se alcanzaron las 22.234.

 


LAS DONACIONES HAN EXPERIMENTADO UNA SUBIDA DEL 13% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR


 

¿Qué impuestos hay que pagar?

Hay comunidades autónomas con bonificaciones fiscales muy importantes para las donaciones que se hacen entre parientes directos, que pueden alcanzar o incluso superar el 99% en cuota. “Una donación de dinero está sujeta únicamente al impuesto sobre donaciones, la cuantía de ese impuesto dependerá de la normativa de cada comunidad autónoma en la que tenga su residencia el donatario (la persona que recibe la donación)”, explica César Sanz, vicesecretario del Consejo General del Notariado. “En el caso de la donación de bienes inmuebles urbanos la operación está sujeta a tres impuestos: en primer lugar, al impuesto de donaciones de la comunidad autónoma en la que está situada la finca. En segundo lugar, a la plusvalía del ayuntamiento. Finalmente, la persona que transmite el bien, en su declaración de la renta del año siguiente, tendrá que incluir la donación por si se produce ganancia o pérdida patrimonial”, explica Sanz.

 


MUCHOS JÓVENES NO PUEDEN AFRONTAR EL PAGO DE LA FAMOSA ENTRADA Y GASTOS INICIALES


 

Cómo hacer una donación monetaria

Basta con que los interesados acudan al notario elegido y faciliten allí sus datos personales, los documentos de identidad y también los documentos que acrediten la transferencia del dinero a la parte donataria. El notario les proporcionará asesoramiento imparcial y gratuito y les informará sobre todas las consecuencias, tanto civiles como fiscales, que tiene realizar este tipo de acto.

Una vez firmada la escritura de donación, habrá que liquidar el impuesto sobre donaciones en la comunidad autónoma en la que esté la residencia del donatario. Esta donación de dinero no está sujeta a ningún otro impuesto y es completamente neutra en el IRPF tanto de la parte donante como de la parte donataria.

 


EL NOTARIO PROPORCIONA ASESORAMIENTO E INFORMA SOBRE LAS CONSECUENCIAS CIVILES Y FISCALES DE LA DONACIÓN


 

¿La donación debe hacerse por el banco? La mayor parte de las comunidades autónomas que tienen bonificaciones exigen requisitos como que el donante manifieste en la escritura cuál es el origen del dinero y que conste la trazabilidad, es decir, cómo se lo ha hecho llegar al donatario, incorporando los justificantes correspondientes del medio de pago. Por tanto, debe hacerse mediante un pago que deje rastro y que sea acreditable documentalmente.

Para conseguir la bonificación fiscal la donación deberá realizarse en escritura pública (con algunas excepciones según la cuantía). Si el ciudadano no cumple con los requisitos formales que se establecen para que la donación tenga la bonificación correspondiente, y si Hacienda lo detecta, se la van a liquidar como donación y, además, sin bonificación ninguna. Le aplicarán los intereses de demora y los recargos que correspondan por haber incumplido una obligación formal.

¿Es mejor donar o heredar?

“No es que sea mejor una cosa o la otra. Depende de dos circunstancias fundamentales, en primer lugar, de cuál sea la intención del posible donante o testador, porque donar en vida significa desprenderse, estando uno vivo, de algo, con lo que eso implica. Por otro lado, cuando alguien se plantea dejar algo en herencia eso significa que mientras viva será pleno titular de esa cosa y para cuando muera ya se distribuirá de la manera que determinó. Por tanto, la persona deberá preguntarse: ¿quiero desprenderme de esto ahora?  Y pensar que si se desprende de ello y el día de mañana le surgiera una necesidad ya no podría tirar de ese bien”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

La segunda circunstancia de la que depende esa toma de decisión es la fiscal: de las circunstancias del caso concreto, por ejemplo, del valor de la finca, de los años que la haya tenido en su poder, para ver cuál es la carga impositiva que tiene esa operación de donación pretendida o esa futurible herencia. “El análisis de la fiscalidad de la herencia no es posible hacerlo a futuro, porque la normativa puede cambiar”, finaliza Barea.

La mayor parte de las comunidades autónomas tienen bonificaciones fiscales.

Bonificaciones fiscales

¿Sabía que la donación de dinero de padres a hijos cuenta con importantes bonificaciones fiscales en muchas comunidades autónomas?

Una vez firmada la escritura de donación, habrá que liquidar el impuesto sobre donaciones en la comunidad autónoma en la que esté la residencia del donatario.

La vivienda, mejor sin burbujas, por Casimiro García-Abadillo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de El Independiente

La cuestión es si no llegamos tarde: en España ya se ha superado el nivel de deuda hipotecaria que se alcanzó antes de la crisis de Lehman Brothers"

La vivienda, mejor sin burbujas

El hombre aspira a la estabilidad. La inseguridad le provoca angustia y es una de las causas de la infelicidad. Queremos que el amor sea para siempre, como deseamos que el crecimiento económico dure eternamente, pero la realidad nos muestra que, en la vida, como en la economía, los ciclos son inevitables.

Todavía tenemos en la memoria las terribles consecuencias del estallido de la burbuja financiera, cuyo símbolo fue la caída de Lehman Brothers (15 de septiembre de 2008), cuando ya comenzamos a atisbar otra posible explosión en el horizonte.

Recordemos el origen de aquel desastre. Las entidades financieras comenzaron a conceder créditos a mansalva para la compra de viviendas; los préstamos hipotecarios se convirtieron en un gran negocio. El problema es que muchos de los endeudados, con el paso del tiempo, se encontraron con que no tenían recursos suficientes para pagar esas hipotecas.

Los llamados genios financieros descubrieron entonces otro negocio: empaquetar las hipotecas de dudoso cobro y vender esos paquetes como inversiones de riesgo. La burbuja se fue haciendo cada vez más grande. Pero mientras no estalló, algunos ganaron mucho dinero, a sabiendas de que algún día el globo pincharía sin remedio.

Situación española

Bajemos al terreno y fijémonos en lo que está pasando en España. Llevamos años en los que los precios de la vivienda no paran de crecer (en 2025 más de un 12%, y un 14,3% en el primer trimestre de 2026), y, sin embargo, las compraventas también han aumentado sin parar (hasta prácticamente enero de 2026). Es decir, se ha vendido todo a precios muy elevados.

Aunque la economía ha seguido creciendo —es cierto que a menor ritmo—, eso no implica que los salarios hayan aumentado en la misma medida. De hecho, uno de los problemas de los jóvenes es que sus ingresos no les permiten comprar o alquilar una vivienda. Muchos de ellos se arriesgan a solicitar un crédito hipotecario animados por unos tipos de interés bajos. La burbuja empieza a crecer. Los bancos, de momento, son generosos y no ponen muchas trabas.

Pero los nubarrones empiezan a aparecer. La guerra —otra guerra, pero esta con efectos más dañinos para la economía— ha venido a recordarnos que vivimos en un ciclo alcista que puede estar llegando a su fin. Ya se ha notado el efecto de los bombardeos sobre Irán en los precios del gas y de los combustibles. De ahí se trasladará a otros productos y servicios: electricidad, transporte, fertilizantes y, finalmente, alimentos. La inflación comienza a despertarse.

Cautela europea

El Banco Central Europeo ya ha adoptado una actitud de cautela. Antes del verano subirá los tipos de interés, ya que su función principal es controlar la inflación.

Si no se pone remedio —lo que equivaldría a una guerra muy corta—, subirán los precios, se frenará el crecimiento económico y esto afectará al empleo. Al mismo tiempo, aumentarán los tipos de interés, lo que encarecerá las hipotecas. Algunas figuras influyentes, como Larry Fink (CEO de BlackRock), ya han advertido de que, si la guerra se prolonga hasta final de año, el mundo podría entrar en recesión. ¿Recesión? Sí, recesión, con todo lo que ello conlleva.

La caída del PIB como consecuencia del Covid-19 se amortiguó gracias a una inyección de dinero público sin precedentes en Europa: los fondos Next Generation. La pregunta es si los países de la Unión Europea podrán afrontar otra crisis en apenas seis años con una emisión de deuda tan elevada como aquella. El peligro de esta burbuja es que ha sorprendido a Europa (Estados Unidos es otra historia) aun recuperándose de la crisis del Covid. Las deudas, aunque algunos no lo crean, al final se pagan.

El BCE ya ha comenzado a tomar precauciones para evitar lo peor. Ha pedido a los bancos que extremen sus controles, tanto en la relación entre el crédito concedido y el valor de la vivienda, como en la capacidad de devolución del prestatario. Bienvenidas sean estas medidas de prudencia.

La cuestión es si no llegamos tarde: en España ya se ha superado el nivel de deuda hipotecaria que se alcanzó antes de la crisis de Lehman Brothers.

La anterior crisis se llevó por delante en nuestro país a las cajas de ahorros. Los bancos resistieron mejor porque estaban más capitalizados y fueron más prudentes en la concesión de créditos hipotecarios. También aprendimos que añadir a la penuria del estallido un duro ajuste presupuestario quizá no sea la mejor medicina.

Ninguna crisis es igual a la anterior, pero todas se parecen en sus consecuencias para las clases medias y trabajadoras. En algunos casos, el origen estuvo en la voracidad de entidades financieras que no midieron bien sus riesgos. Pero ahora —guerras aparte— la causa del aumento sin precedentes de los precios de la vivienda radica en un error político de gran magnitud: creer que limitando la oferta se evita la burbuja.

Todo lo que ha hecho este Gobierno hasta ahora ha contribuido a agravar el problema de la vivienda. Ocho años después, comprar un piso es muchísimo más caro. Si a eso añadimos la limitación de los precios del alquiler, obtenemos la ecuación completa que refleja la angustiosa situación de muchos jóvenes y el tic-tac que nos acerca al estallido de otra burbuja.

20 años de OCP: ¿Funciona el sistema? Juzguen ustedes mismos, por Pedro Galindo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN SOCIEDAD

PEDRO GALINDO,

director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado

El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas”

20 años de OCP: ¿Funciona el sistema? Juzguen ustedes mismos

El Ministerio de Economía creó en 2005, en el Consejo General del Notariado, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia. Desde entonces, la ayuda notarial ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos.

El OCP permite fortalecer la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y con las autoridades policiales y judiciales, y facilita enormemente la labor del notario. Así, es el propio órgano el que comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas.

Los técnicos del OCP son los responsables de analizar, en el marco de la normativa de protección de datos, la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, una gran base que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país.

Desde que se constituyó en 2005 hasta finales de 2025, el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP) ha contestado de forma telemática a más de 415.000 requerimientos de información y casi 200.000 solicitudes de documentación. Solo en materia de prevención del blanqueo se ha contestado a requerimientos policiales, fiscales o judiciales en más de 344.000 ocasiones, de manera telemática y con medias de tiempo que no superan los tres minutos en la mayoría de los casos. Más del 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que realiza al Sepblac acaban judicializándose.

Gracias al Índice Único Informatizado y al OCP tenemos identificada la titularidad real de más de 3,3 millones de entidades jurídicas en la Base de Datos de Titular Real y conocemos en la mayoría a la totalidad de los socios.

¿Cambiar lo que funciona?

Si siguiese adelante el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que plantea sustituir el actual sistema de transmisión de participaciones sociales basado en la escritura pública por la inscripción constitutiva en el Registro Mercantil de un documento privado, se acabaría con un sistema que funciona. Y funciona no porque lo diga yo, sino porque ha sido reconocido por el Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera del Consejo de la Unión Europea; por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha señalado este sistema de prevención del blanqueo de capitales como modelo a seguir destacando la Base de Datos de Titular Real; y por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que aseguró en una intervención en el Parlamento Europeo realizada en 2024, que “especialmente a través de los notarios, tenemos una base de datos (de Titular Real) que ha sido señalada por numerosos informes como mejores prácticas”.

Una buena ley no se mide por su retórica, sino por su necesidad, su proporcionalidad y su eficacia. El artículo 129 de la Ley 39/2015 establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa, las Administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. También señala que una norma es necesaria y eficaz siempre que esté justificada por una razón de interés general y siempre que sea el instrumento más adecuado para garantizar su consecución, que es proporcional siempre que su regulación sea imprescindible para atender la necesidad a cumplir con la norma, y que nunca ha de generar cargas administrativas innecesarias. Y concluye indicando que, para garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea. No hay ni una sola norma de la Unión Europea que exija la modificación legislativa que aquí se plantea. Juzguen ustedes mismos.

Protege a ´tu yo´ digital, por Luis Jiménez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LUIS JIMÉNEZ,

director de Ciberseguridad del Centro Tecnológico del Notariado

La IA no ha inventado el fraude, pero le ha puesto un motor de reacción y lo ha escalado a nivel industrial"

Protege a ´tu yo´ digital

Mi yo digital es mucho más popular (y eficiente) que yo, que intento sobrevivir a la ´pandemia´ de Inteligencia Artificial (IA). ¡Qué tiempos aquellos en los que el mayor peligro digital era un príncipe nigeriano que, por un golpe de fortuna, había decidido compartir su herencia conmigo a cambio de mis datos bancarios! Eran fraudes con encanto, casi artesanales. Pero hoy, mientras intento recordar si cerré la llave del gas, hay una herramienta de inteligencia artificial en algún rincón del mundo que probablemente ya ha clonado mi voz, ha perfeccionado mis tics faciales y está pidiendo un préstamo en mi nombre con una educación exquisita.

El fraude de identidad ya no es un hobby de hackers solitarios; se ha convertido en una industria global que mueve la friolera de 9,5 billones de dólares (MasterCard, 2025). Para que nos hagamos una idea, si el ´Gremio de Estafadores´ fuera un país, sería la tercera economía más grande del mundo, justo detrás de EE.UU. y China. Estamos ante lo que los expertos llaman una ´pandemia silenciosa´ impulsada por la IA, donde el fraude ya no se comete, se fabrica en serie.

Distinguir lo real de lo falso

Y es que estamos en plena revolución industrial del engaño, donde el deepfake es mejor que el original. Lo confieso: me aterra que el 75% de los consumidores crea que pronto será imposible distinguir lo real de lo falso en internet (MasterCard, 2025). Y no les falta razón. Las herramientas de deepfake han crecido un 223% en un solo año (Accenture, 2024). Ahora, falsificar es más sencillo y barato. La IA ha democratizado el crimen; ya no necesitas ser un genio de la informática, solo necesitas una suscripción al Fraude como Servicio (FaaS) y ganas de fastidiar al prójimo.

Ante este panorama de ciencia ficción, parece que debemos convertir nuestras empresas en fortalezas digitales si no queremos que nuestro `gemelo malvado´ nos vacíe la cuenta. Si algo he aprendido observando la evolución del fraude, es que la batalla más importante se libra en el primer segundo: el onboarding. Es como en las películas de vampiros: si no les dejas entrar en casa, estás a salvo. El problema es que ahora los vampiros usan máscaras 3D y vídeos inyectados directamente en el sistema. Por eso, no basta con pedir una foto; necesitamos tecnología que analice píxel a píxel si el documento es real y, sobre todo, una prueba de vida que confirme que la persona está ahí, sudando y parpadeando, y no es un clip pregrabado.

Otro punto que me parece vital es la coherencia. A veces pecamos de ingenuos. Blindamos la aplicación móvil, pero dejamos el call center protegido por una pregunta secreta que cualquier bot de IA puede adivinar tras cinco minutos en nuestras redes sociales. Si vas a usar biometría, úsala en todas partes. Si mi banco me reconoce por mi cara en la aplicación, debería usar esa misma referencia biométrica, junto con mi voz, cuando llamo por teléfono o acudo a una sucursal. Esta transversalidad asegura que mi identidad sea la misma en todas partes, cerrando las grietas por donde suele filtrarse el fraude.

La limpieza de primavera en la base de datos es mi parte favorita (e irónica) de la protección ante el fraude de identidad. Muchas empresas conviven con el enemigo y no lo saben. Tienen sus bases de datos llenas de identidades sintéticas —híbridos de datos reales y falsos— que se quedan ahí, madurando como un buen vino, hasta que deciden atacar. Se recomienda usar tecnologías de clustering para detectar si hay diez personas distintas con la misma cara (un síntoma claro de que algo no va bien) y limpiar el sistema antes de que el daño sea irreversible. Al parecer, el 30% de los ataques (Veridas, 2025) los cometen los mismos perpetradores usando identidades recicladas.

Verificarlo todo

Los expertos dicen que debemos adoptar una arquitectura de ´confianza cero` que es como decir que el modo paranoico es el modo seguro. Y parece que tienen razón. En este nuevo mundo, ver para creer ya no es suficiente. Hay que verificarlo todo, siempre: la integridad del dispositivo, la biometría, los datos… y hacerlo de forma adaptativa. Dado que el fraude ahora corre a velocidad de máquina, nuestras defensas no pueden ser manuales ni lentas; o aprenden en tiempo real o están muertas. La agilidad no es solo una ventaja operativa, es la base misma de la seguridad y la resiliencia.

Por último, de nada sirve tener un muro de biometría si el usuario le da su contraseña al primer bot que le habla por WhatsApp con voz de su jefe. La concienciación y la formación siguen siendo el antídoto fundamental. Pero —y aquí viene el reto para los diseñadores— todo esto debe ser sin fricciones. Si para comprar un libro tengo que pasar por tres escaneos de retina y una prueba de ADN, probablemente me iré a la competencia. El truco está en ser invisible para el bueno y un muro infranqueable para el malo.

Conclusión: ¿Real o sintético? Tú decides. Vivimos en una era donde la línea entre lo real y lo falso es más fina que un cabello. La IA no ha inventado el fraude, pero le ha puesto un motor de reacción y lo ha escalado a nivel industrial. La agilidad es la nueva seguridad.

Así que, la próxima vez que veas mi cara en una pantalla pidiéndote dinero, por favor, hazme una pregunta que solo yo sabría responder… O, mejor aún, asegúrate de que el sistema que estás usando tenga una buena detección de prueba de vida certificada. Porque, sinceramente, mi `yo digital´ tiene una voz mucho más profesional que la mía y, si nos descuidamos, terminará yéndose de vacaciones con mis ahorros mientras yo me quedo aquí, escribiendo un artículo sobre cómo evitarlo.

Suplantación en las redes sociales

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

No solo los ciberdelincuentes pueden suplantar nuestra identidad: también alguien cercano.

Suplantación en las redes sociales

PATRICIA ANDÚJAR

Hacerse pasar por otra persona en las redes sociales constituye una práctica más habitual de lo que parece. Los métodos empleados son cada vez más sofisticados y no necesariamente los ejecutan profesionales, sino también personas de a pie. Reconocerlos, intentar prevenirlos y saber cómo actuar si nos suceden, son elementos clave para proteger nuestra ciberseguridad.

Hablamos de suplantación de identidad cuando “alguien finge ser otra persona con el propósito de engañar a otros”, explican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Puede ocurrir en el mundo real, pero en un momento de la historia en el que ‘la vida’ en Internet en ocasiones parece aún más auténtica, este tipo de prácticas se han convertido en un peligro habitual, que adopta muchas caras pero que comparte el mismo fin: cometer fraudes o difamar la reputación del suplantado.

 


HABLAMOS DE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD CUANDO “ALGUIEN FINGE SER OTRA PERSONA CON EL PROPÓSITO DE ENGAÑAR A OTROS”, EXPLICAN DESDE EL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE)


 

La suplantación entre iguales

A priori, podemos pensar que se trata de acciones llevadas a cabo por profesionales, es decir, por ciberdelincuentes que, a través de virus y enlaces maliciosos, acaban logrando sus fines. Sin embargo, “la suplantación entre iguales” también es común mediante “el robo de la cuenta de un compañero/a o la creación de un perfil falso”, señalan desde INCIBE. De hecho, en su página web, establecen una diferenciación en función del tipo de usuario que lo comete y su motivación.

Si el actor implicado es un ciberdelincuente, puede tener un objetivo económico y acceder así a “métodos de pago guardados en las cuentas de servicios online, o bien explotando la información del usuario”, señalan. También pueden acometer el robo de cuentas e información a través de softwares maliciosos diseñados para ello, conocidos como malware, o hacerse pasar por un menor y “resultar más confiable en futuros intentos de fraude”, como la difusión de virus y mensajes fraudulentos a un mayor número de usuarios. Podemos cerrar el listado con otro tipo de suplantación conocido como grooming, que ocurre cuando “una persona se hace pasar por alguien atractivo y confiable para los menores y así chantajearles con fines sexuales”.

Pero no siempre son expertos delincuentes quienes llevan a cabo estas prácticas delictivas. En ocasiones es alguien mucho más cercano. Entre los menores, por ejemplo, pueden existir diferentes motivaciones, como el ciberacoso. Para ello, “utilizan la cuenta de otra persona o crean un perfil falso para burlarse, fastidiar o realizar presión sobre el/la menor que sufre esta situación”. También puede darse el caso de difusión de contenidos privados, mediante la utilización obtenida del perfil de la víctima que aprovechan para compartir “vídeos, fotos, comentarios o conversaciones privadas sin consentimiento”. Pero: ¿cómo consiguen hacerse con todo ese material? Lo habitual es aprovechar un descuido; una sesión iniciada en un ordenador compartido o fijarse en el teclado cuando la potencial víctima está introduciendo su contraseña, etc.

 


LA SUPLANTACIÓN ENTRE IGUALES TAMBIÉN ES COMÚN MEDIANTE EL ROBO DE LA CUENTA DE UN COMPAÑERO/A O LA CREACIÓN DE UN PERFIL FALSO


 

Tipos de suplantación de identidad

Podemos diferenciar dos métodos, principalmente. El primero sería la creación de un perfil falso con información de otra persona, incluyendo fotografías, que ayudan a dar credibilidad al engaño. En segundo lugar, se encuentra el acceso a una cuenta ajena sin consentimiento del usuario, que no necesariamente implica que el propietario legítimo no pueda seguir entrando y utilizándola. En este punto, aparecen tres conceptos: phising, smishing y vishing.

Según INCIBE, que define estos conceptos, el phising hace referencia a una “técnica que consiste en el envío de un correo electrónico por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima (red social, banco, institución pública, etc.) con el objetivo de robarle información privada, realizarle un cargo económico o infectar su dispositivo. Para ello, adjuntan archivos infectados o enlaces a páginas fraudulentas en el correo electrónico”. Por su parte, el smishing persigue el mismo objetivo que el anterior, pero en este caso la particularidad es que se inicia con el “envío de un SMS por parte del ciberdelincuente, que invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto”. En último caso, el vishing se sirve de una llamada de teléfono en la que “se suplanta la identidad de la empresa, organización o persona de confianza” con el propósito de “obtener información personal o sensible de la víctima”.

 


EL GROOMING OCURRE CUANDO UNA PERSONA SE HACE PASAR POR ALGUIEN ATRACTIVO Y CONFIABLE PARA LOS MENORES Y ASÍ CHANTAJEARLES CON FINES SEXUALES


 

¿Qué dicen los datos?

Miriam Puente, técnico de Ciberseguridad de Conocimiento y Concienciación para Ciudadanía en INCIBE, asegura que la suplantación en redes sociales es sobre la que más reportes reciben. De hecho, en 2025, el servicio gratuito y confidencial de este instituto cifró en 142.767 las consultas recibidas, lo que supone “un 44,9% más que en 2024”. Si desgranamos esos datos, “un 49% fueron consultas preventivas”, es decir, dudas que resolver antes de que se produjera cualquier suceso. La parte restante, el 51%, “fueron reactivas”, o lo que es lo mismo, aquellas en las que se prestó ayuda a víctimas para “mitigar daños una vez ocurrido el incidente”.

En este sentido, añade la técnica de ciberseguridad que en el 017 reciben consultas sobre temas muy variados. “Un 28% de los usuarios han recibido algún intento de phising, vishing o smishing”. Así “un 16% de personas han necesitado asesoramiento debido a compras fraudulentas en Internet” y “un 14% contactaron con la Línea de Ayuda en relación a algún tipo de suplantación de identidad digital”.

Reconocerlos para evitarlos

Para evitar posibles sustos, lo mejor es ser cuidadoso a la hora de utilizar las redes sociales. Es decir, tener en cuenta algunas pautas de seguridad que dificulta a los ciberdelincuentes llevar a cabo sus maliciosos objetivos. Entre las recomendaciones destaca la de crear contraseñas fuertes, no compartirlas con nadie y cambiarlas regularmente. Además, desde INCIBE recomiendan “usar la autentificación de dos factores cuando esté disponible para agregar una capa adicional de seguridad a dichas cuentas de usuario”. También aconsejan “utilizar herramientas, como extensiones del navegador que permiten bloquear anuncios y rastreadores que utilizan algunas webs o aplicaciones VPN, para forzar el cifrado de la información que se transmite mientras navegas por Internet”. Además. puede resultar interesante practicar egosurfing, es decir, realizar búsquedas sobre uno mismo para controlar la información que circula en la Red. Asimismo, es importante “limitar la información que se comparte, evitar prácticas de riesgo como el sexting, así como revisar la configuración de privacidad de los servicios utilizados y limitar el público que puede verlo”, entre otras.

La mejor arma contra la suplantación en redes sociales es la prevención.

¿Qué hago si soy víctima?

Si se produce el robo de una cuenta, lo primero que se debe intentar es recuperarla, siguiendo los pasos que se indiquen en la ayuda o centro de seguridad de cada red social. También, cambiar la contraseña de la cuenta y de las otras cuentas que puedan verse afectadas, ya sea por estar vinculadas o por tener contraseñas similares. Del mismo modo, es recomendable establecer medidas adicionales, como el doble factor de autentificación y si se sospecha del robo a través de un malware, analizar y limpiar con un antivirus online.

En caso de detectarse un perfil falso, lo primero que se debe hacer es reportarlo en la propia plataforma para solicitar su retirada. En este supuesto, si se ha producido la difusión no consentida de contenidos privados de un menor, se puede también solicitar su retirada en el Canal Prioritario de la AEPD. De igual modo, si la persona suplantada es otra, hay que tratar de informarle.

Además, es importante recabar todo tipo de pruebas por si fuera necesario denunciar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como buscar asesoramiento en el servicio Tu Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE a través del 017.

Un ciberdelincuente puede tener un objetivo económico y acceder a métodos de pago guardados.

PARA SABER MÁS

Balance de Ciberseguridad 2025

Informe realizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) que permite conocer, a través de los últimos registros, los incidentes más habituales en forma de datos.

Suplantación de identidad en menores

INCIBE gestiona el Centro de Seguridad en Internet para menores en España, conocido Internet Segura for Kids (IS4K), y que aborda la suplantación de identidad en menores.

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)

Campaña realizada en colaboración con el Ministerio de Consumo en 2021 con consejos sobre cómo actuar ante una suplantación de identidad en redes sociales.

Canal Prioritario

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) también cuenta con este canal, destinado sobre todo a menores, para poder denunciar todo tipo de violencia a través de Internet

Otro delito frecuente es la creación de un perfil falso con información de otra persona, incluyendo fotografías, que ayudan a dar credibilidad al engaño.

¿Burbuja o demografía?, por José García Montalvo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

JOSÉ GARCÍA MONTALVO,

Catedrático de Economía de la UPF y Miembro del Consejo Asesor del Portal Estadístico del Notariado

Las prioridades pasan por incrementar de forma sostenida la oferta de vivienda, especialmente en alquiler y en formatos asequibles"

¿Burbuja o demografía?

En los últimos años han reaparecido indicadores que recuerdan al periodo previo a la gran crisis inmobiliaria: los precios de la vivienda crecen a tasas de dos dígitos, el volumen de compraventas es muy elevado y los descuentos efectivos sobre el precio de oferta son reducidos, lo que refleja un mercado tenso y con poca capacidad de negociación por parte del comprador. Esto ha alimentado la percepción de que se podría estar repitiendo una burbuja inmobiliaria similar a la de los años 2000. Sin embargo, un análisis detallado de los determinantes de la demanda y de la oferta, y la evolución demográfica muestra que la situación actual tiene una naturaleza muy distinta.

La creación de hogares

La clave está en la relación entre la formación de hogares y el ritmo de construcción de nuevas viviendas. Durante los años de la burbuja la construcción de vivienda nueva superó con creces la creación de hogares: se terminaban entre 500.000 y 600.000 viviendas anuales mientras se formaban unos 400.000 hogares, generándose un claro superávit de vivienda que alcanzó las 700.000 viviendas en 2008. En el periodo reciente se están creando en torno a 230.000 hogares anuales, mientras que solo se terminan del orden de 90.000 viviendas nuevas cada año. Esta brecha acumulada implica un déficit significativo de vivienda, que se puede cuantificar en unas 700.000 unidades en 2024. El desajuste alcanza un nivel similar, pero de signo opuesto.

La presión de la demanda actual no proviene solo de la formación de nuevos hogares, sino también del notable aumento de la población, impulsado en buena parte por la inmigración. Este contexto demográfico creciente choca con una oferta extraordinariamente rígida: la producción de viviendas por habitante y la proporción de viviendas terminadas sobre el stock existente se sitúan entre las más bajas de los países desarrollados. Esa rigidez de la oferta tiene raíces estructurales. La elasticidad de la oferta de vivienda en España es reducida, de modo que subidas de precios que en otros países activarían un fuerte aumento de la construcción en España producen un incremento pequeño de la oferta. La producción de vivienda se mantiene en torno a dos viviendas terminadas por mil habitantes, muy alejada de los niveles del pasado y de los estándares de otras economías avanzadas. La regulación urbanística fragmentada, la lentitud en la gestión del suelo, el peso de las restricciones locales y un marco fiscal poco incentivador para la inversión residencial contribuyen a este comportamiento inercial del lado de la oferta.

Indicadores de riesgo

Al mismo tiempo, el sistema financiero y el endeudamiento privado presentan un perfil mucho más prudente que en la etapa de burbuja inmobiliaria. El saldo de crédito a la construcción y a las actividades inmobiliarias se mantiene en niveles relativamente bajos en relación con el PIB, y el crédito hipotecario de los hogares representa una proporción sensiblemente inferior a la que se observaba antes de 2008. Los indicadores de riesgo asociados a las nuevas hipotecas —como la ratio préstamo‑valor, la ratio préstamo‑ingresos o el peso del servicio de la deuda sobre la renta familiar— se sitúan en cotas moderadas, muy alejadas de las financiaciones superiores al 100% del valor y de los esfuerzos de pago excesivos que caracterizaron el ciclo anterior. La combinación de una supervisión macroprudencial más estricta y un menor apalancamiento limita la posibilidad de que el crédito actúe como combustible de una burbuja especulativa de la misma naturaleza.

Si se analizan los fundamentales macroeconómicos que explican el comportamiento de los precios de la vivienda —crecimiento del PIB, creación de empleo, tipos de interés y, sobre todo, dinámica demográfica — se observa que buena parte del aumento reciente de los precios se puede explicar por estos factores. Esto contrasta con la situación previa a la crisis financiera, cuando una porción muy considerable del aumento de precios resultaba “inexplicable” por los fundamentales y solo podía entenderse como sobrevaloración alimentada por el crédito y por las expectativas de revalorización de la vivienda.

Miedo a “quedarse fuera”

En el plano de la psicología del mercado, comienzan a observarse comportamientos que recuerdan al miedo a “quedarse fuera” del acceso a la propiedad, lo que en la literatura anglosajona se describe como FOMO (Fear Of Missing Out”). Algunos compradores se adelantan en la decisión de compra ante la expectativa de que la vivienda será cada vez menos accesible. Este componente subjetivo puede reforzar la presión alcista, pero opera sobre un escenario donde el problema principal es la insuficiencia de viviendas disponibles frente al aumento de hogares, no tanto un ciclo de excesivo crecimiento del crédito y expectativas irreales de crecimiento futuro de los precios.

En conjunto, el diagnóstico que emerge es que el riesgo actual no responde al patrón clásico de burbuja inmobiliaria sustentada en un boom de construcción y sobreendeudamiento, sino a un desajuste estructural y persistente entre una demanda demográfica robusta y una oferta que reacciona muy poco a las señales de precios. La diferencia crucial entre los dos periodos considerados es que antes existía un exceso de oferta financiado con crédito que inflaba artificialmente los precios, mientras que ahora la tensión de precios proviene de una oferta insuficiente frente a una evolución demográfica muy dinámica.

Esta distinción tiene implicaciones directas para la política económica. Ante una burbuja de crédito, la respuesta natural consiste en desplegar instrumentos macroprudenciales que frenen el apalancamiento y la concesión de hipotecas de alto riesgo. En el contexto actual, en cambio, las prioridades pasan por incrementar de forma sostenida la oferta de vivienda, especialmente en alquiler y en formatos asequibles, por reducir las rigideces de suelo y tramitación que limitan la construcción y por reforzar los instrumentos que permiten absorber el impacto del crecimiento demográfico sin trasladarlo íntegramente a los precios. Solo abordando este desequilibrio entre demografía y oferta se puede mitigar el riesgo de que la tensión actual derive en episodios de sobrevaloración más graves en el futuro.

El euro digital: no solo tecnología, por David Cano

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @

DAVID CANO,

socio de Analistas Financieros Internacionales

Su diseño, implementación y regulación determinarán si se convierte en una herramienta de progreso o en una fuente de nuevas tensiones"

El euro digital: no solo tecnología

El euro digital ha dejado de ser un proyecto teórico para convertirse en una prioridad estratégica en la zona euro. Varios ministros de Economía han instado a acelerar su desarrollo y el Parlamento Europeo ha respaldado el avance del proyecto dentro de lo establecido por el Banco Central Europeo (BCE) -que lleva trabajando en ello desde 2021-, reconociéndolo como una pieza clave para la soberanía monetaria europea.

Este impulso se produce en un contexto de profunda transformación tecnológica del sistema financiero, en el que la digitalización del dinero ya no es una hipótesis, sino una realidad en marcha. Como ocurre con otras innovaciones, desde la tokenización de activos hasta las finanzas descentralizadas (de todo ello escribo en un artículo reciente en el número 186 de Papeles de Economía Española editado por Funcas), el debate no gira tanto en torno a si se producirá el cambio, sino sobre cómo integrarlo de forma ordenada y sin riesgos en el sistema financiero.

Dinero oficial

El euro digital será una CBDC (por sus siglas en inglés: Central Bank Digital Currencies), es decir, una moneda digital emitida por un banco central (el BCE) que, a diferencia de las criptomonedas, mantendrá el respaldo institucional y el curso legal. Es decir, y creo que esto todavía es necesario reiterarlo, el euro digital no será una criptomoneda más (éstas no requieren de una autoridad central para su emisión o validación), sino “dinero oficial”, como el efectivo: poseerá el mismo valor que la moneda fiduciaria tradicional. Este es un punto relevante: no pretende sustituir al sistema financiero “convencional”, sino modernizarlo, haciéndolo más eficiente y adaptado al entorno digital. Su diseño contempla, además, una doble modalidad: pagos online, intermediados por entidades financieras, y pagos offline, que permitirían operar incluso sin conexión, replicando en cierta medida las características del efectivo.

Pero el verdadero debate no es tanto tecnológico como institucional. La insistencia de los ministros en la compatibilidad entre soluciones públicas y privadas refleja una preocupación central: evitar que el euro digital desplace a los intermediarios financieros tradicionales. El riesgo de desintermediación bancaria es uno de los más citados. Si los ciudadanos pudieran mantener depósitos directamente en el banco central, se vería afectada la capacidad de los bancos para conceder crédito, con implicaciones potenciales para la estabilidad financiera.

Un delicado equilibro

Por ello, el diseño del euro digital está condicionado por un delicado equilibrio. Por un lado, debe ofrecer una alternativa segura frente al auge de las stablecoins, esto es, criptodivisas vinculadas a monedas fiduciarias u otros activos como deuda pública con la intención de mantener una cotización lo más estable posible -y que son una forma de dinero digital estable y programable con potencial para integrarse en infraestructuras de pagos y mercados tokenizados. Por otro lado, debe evitar alterar de forma abrupta el funcionamiento del sistema bancario. En este sentido, la experiencia reciente muestra que la innovación tecnológica no siempre elimina a los intermediarios, pero sí redefine su papel.

La dimensión geopolítica añade una capa adicional de complejidad. El auge de las stablecoins denominadas en dólares estadounidenses y el desarrollo de monedas digitales en otras jurisdicciones han puesto de manifiesto el riesgo de pérdida de autonomía monetaria. El BCE ha advertido que la expansión de estas soluciones privadas podría afectar a la transmisión de la política monetaria y aumentar la dependencia del sistema financiero europeo respecto a otras áreas económicas. En este contexto, el euro digital se configura como una herramienta para preservar la soberanía monetaria en un entorno de creciente competencia tecnológica.

Desafíos jurídicos

No obstante, junto a las oportunidades emergen también desafíos jurídicos relevantes. La implantación del euro digital obliga a repensar cuestiones como la protección de datos, la trazabilidad de las operaciones o la responsabilidad en caso de fallos del sistema. Uno de los retos más complejos será encontrar un equilibrio entre privacidad y control: garantizar la prevención del fraude y del blanqueo de capitales sin comprometer los derechos individuales.

Asimismo, la ciberseguridad se convierte en un elemento crítico. A diferencia del efectivo, una moneda digital depende de infraestructuras tecnológicas cuya integridad debe estar plenamente garantizada. Esto exige no solo inversiones constantes, sino también marcos de supervisión y gobernanza adecuados.

En este escenario, algunos planteamientos alternativos han ganado relevancia. Frente a un modelo puramente público, se ha propuesto el desarrollo de soluciones híbridas, en las que entidades privadas emitan instrumentos digitales respaldados por el banco central. Este enfoque permitiría combinar innovación y estabilidad, evitando tanto la fragmentación del sistema como la concentración excesiva en el balance del banco central.

En definitiva, el euro digital no es únicamente una innovación tecnológica, sino una transformación institucional del dinero. Su éxito dependerá menos de su arquitectura técnica que de su capacidad para integrarse en el ecosistema financiero existente, garantizando la confianza de ciudadanos y empresas.

La aceleración política del proyecto sugiere que su desarrollo normativo podría estar próximo. El reto será asegurar que esta nueva forma de dinero refuerce —y no debilite— los principios que han sustentado el sistema financiero europeo: estabilidad, seguridad jurídica y confianza. Porque, como demuestra la experiencia reciente, la tecnología puede transformar los mercados, pero son las instituciones las que determinan su impacto final.

Privacidad y seguridad

Por último, y no menos importante, no debe dejarse de lado que cualquier innovación tecnológica debe ser PSI, es decir, debe garantizar la privacidad y la seguridad, pero también la inclusión. El euro digital debe favorecer la inclusión financiera, facilitando el acceso a servicios en zonas con baja bancarización o a colectivos tradicionalmente excluidos.  

En conclusión, el euro digital (así como el resto de CBDC) no es simplemente una innovación tecnológica, sino que también es una reconfiguración institucional del dinero. Su diseño, implementación y regulación determinarán si se convierte en una herramienta de progreso o en una fuente de nuevas tensiones. Para conseguir lo primero y evitar lo segundo, su análisis debe ser multidisciplinar, integrando perspectivas económicas, jurídicas, sociales y tecnológicas. El tiempo, esfuerzo y rigor dedicado en los últimos meses en su diseño creo que permiten ser optimistas respecto a que supondrá un avance. Como también lo fue la creación del euro como moneda “convencional”.

Cierre nuclear: la obstinación española, por Luis E. Herranz

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @

LUIS E. HERRANZ,

Profesor de Investigación en Seguridad Nuclear. Responsable de la investigación en Seguridad Nuclear de Fisión en el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

La producción anual de electricidad de origen nuclear equivale aproximadamente a 40 veces el consumo eléctrico de todos los hogares de España"

Cierre nuclear: la obstinación española

La energía nuclear ha sido objeto de debate desde sus orígenes, marcados por el desarrollo bélico en el Proyecto Manhattan. Sin embargo, el mundo actual ya no se sitúa en ese contexto. Los desafíos de la sociedad del siglo XXI son distintos y, en buena medida, pueden formularse en términos energéticos: una demanda creciente; la seguridad del suministro —o independencia energética; la asequibilidad económica; y, no menos importante, la minimización del impacto medioambiental. Cualquier pronunciamiento riguroso sobre el papel actual de la energía nuclear exige, por tanto, considerar de manera conjunta todos estos factores, dejando al margen dogmas ideológicos y alimentando el debate con hechos y realidades verificables.

Escala mundial

A escala mundial, la energía nuclear continúa siendo una fuente relevante de generación eléctrica. En 2025 representó el 9 % de la electricidad total producida y más del 20 % de la electricidad libre de emisiones de carbono, solo por detrás de la hidráulica. Para contextualizar estas cifras, la producción anual de electricidad de origen nuclear equivale aproximadamente a 40 veces el consumo eléctrico de todos los hogares de España, o al consumo anual de unas 200 ciudades del tamaño de Madrid. En términos de emisiones, ello supone evitar una cantidad de CO₂ equivalente a las emisiones totales de España durante más de dos años. Esta electricidad se generó en 416 reactores nucleares distribuidos en más de treinta países. En la actualidad, se encuentran en construcción más de setenta reactores —aproximadamente el 25 % de la capacidad instalada— y, desde 2023, han entrado en operación 12 nuevos reactores. En conjunto, estos datos muestran que la energía nuclear cubre una fracción significativa de la demanda eléctrica mundial, contribuye de forma sustancial a la descarbonización de la actividad humana y presenta una escalabilidad tecnológica plenamente demostrada.

Estas magnitudes se ven reforzadas por posicionamientos expresados en foros internacionales, como los recogidos por la Agencia Internacional de la Energía durante la COP21, a partir de evaluaciones del IPCC (Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático): «De mantenerse las tendencias actuales, el cumplimiento de los objetivos climáticos para 2050 podría requerir un aumento de la capacidad de generación nuclear superior a un factor seis». Más recientemente, cerca de cuarenta países han suscrito la denominada Declaración para Triplicar la Energía Nuclear, promovida por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la COP28 (2023), con el respaldo de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE y de la Asociación Nuclear Mundial. El objetivo de esta iniciativa es triplicar la capacidad nuclear global de aquí a 2050 como estrategia clave para alcanzar la neutralidad climática y limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Entre los argumentos esgrimidos destacan: su contribución a la mitigación del cambio climático al no emitir gases de efecto invernadero; el refuerzo de la soberanía y seguridad energética, al reducir la dependencia de combustibles fósiles importados y garantizar un suministro estable las 24 horas del día; y su viabilidad técnica y económica, tanto por la operación segura a largo plazo de los reactores actuales como por el desarrollo de nuevas tecnologías, en particular los reactores modulares pequeños (SMR, Small Modular Reactors).

Un giro notable

En Europa, más del 25 % del consumo eléctrico se cubre con energía nuclear —producida en más de un centenar de reactores—, lo que representa aproximadamente el 50 % de la electricidad consumida libre de emisiones de CO₂. A raíz de la crisis energética y de la necesidad de avanzar en la descarbonización de todos los sectores industriales la percepción de la energía nuclear está experimentando un giro notable. Declaraciones públicas recientes de altos responsables políticos así lo reflejan, como las de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen («Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones»), o del canciller alemán Friedrich Merz («Fue un grave error estratégico eliminar progresivamente la energía nuclear, con un elevado coste para la economía»). Pero la realidad va más allá de declaraciones. A la apuesta sostenida de países como Francia o Eslovaquia, donde la contribución nuclear al sistema eléctrico supera el 60 % —casi el 70 % en el caso francés—, se suma el cambio de orientación observado entre 2022 y 2023 en otros países europeos, que han pasado de estrategias de abandono progresivo a planes de reintroducción o expansión nuclear. Tal es el caso de Bélgica, Países Bajos e Italia, este último protagonizando el primer intento serio en décadas desde los años ochenta. Las principales líneas de actuación contemplan tanto la extensión de la vida útil de las centrales existentes, bajo condiciones estrictas de seguridad, como la construcción de nuevos reactores, de gran potencia y modulares.

Merece especial atención la tecnología de los reactores modulares pequeños (SMR). Su potencial resulta considerable: mayor flexibilidad económica, gracias a menores costes iniciales y a la posibilidad de inversiones escalonadas; plazos de construcción más reducidos, derivados de su diseño estandarizado y fabricación en serie; modularidad, que permite adecuarlos a distintas escalas de demanda y facilita su despliegue en regiones aisladas; y mejoras adicionales en seguridad, mediante la incorporación de sistemas pasivos y diseños simplificados que reducen el riesgo de accidentes graves. Asimismo, los SMR amplían el abanico de aplicaciones energéticas al no limitarse a la generación eléctrica, sino también al suministro de calor industrial o a la producción de hidrógeno, lo que incrementa su impacto potencial en la descarbonización de sectores no eléctricos. Todo ello los posiciona como una opción especialmente atractiva en la intersección entre energía y clima, desde la creciente demanda asociada a los centros de datos hasta su complementariedad con fuentes de generación intermitentes, como las energías renovables. No obstante, su adopción a gran escala deberá superar desafíos relevantes en los próximos años, entre ellos la incertidumbre sobre su competitividad económica y el desarrollo de marcos regulatorios adecuados.

Pese a este contexto internacional, resulta hoy poco probable que España preste una atención significativa a las alternativas que ofrece la tecnología nuclear para abordar sus desafíos energéticos. La posición nacional es la más restrictiva del entorno occidental, sustentada en un calendario de cierre progresivo de las centrales en operación. Esta estrategia podría traducirse en mayores costes estructurales de la electricidad, un incremento de la dependencia energética exterior y una merma de la competitividad industrial, especialmente si otros países consolidan sistemas eléctricos más estables y predecibles.