El Colegio Notarial de Valencia firmó un convenio de colaboración con el ayuntamiento de Quart de Poblet para que sus vecinos puedan, desde las notarías, liquidar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU, o plusvalía).

En virtud de este acuerdo, los notarios también podrán solicitar telemáticamente información sobre las deudas pendientes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), asociadas a una finca, en el momento de su transmisión desde la misma notaría, agilizando así los trámites al ciudadano a la hora de realizar una compraventa.

El edificio consistorial del municipio valenciano acogió a primeros de marzo la firma de este convenio entre su alcaldesa, Carmen Martínez Ramírez, y el decano del Colegio Notarial, Francisco Cantos. Los dos notarios de Quart de Poblet, Amador Esteban Peydro De Moya y María José García Cueco, también asistieron al acto protocolario de la firma de ambas entidades.

Quart de Poblet se suma así al Acuerdo Marco suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Consejo General del Notariado, de octubre de 2009, para mejorar la gestión de dichos tributos gracias a los avances tecnológicos del Notariado habilitando una »ventanilla única» que permitirá a los ciudadanos liquidar sus impuestos y conocer las deudas de un inmueble antes de la firma de la escritura, de forma rápida y segura.

En marzo, el periodista y subdirector de Diario de Sevilla, Carlos Navarro, ofrecía en la sede hispalense del Colegio Notarial de Andalucía la conferencia titulada Evolución de la Semana Santa de Sevilla desde 2000, organizada por el Aula de Cultura.

El ponente -que fue presentado por Antonio Muñoz, alcalde de Sevilla- realizó un repaso de cómo ha cambiado la Semana Mayor de la capital andaluza desde los incidentes de la Madrugá del año 2000, tanto en medidas de seguridad como en los hábitos de los ciudadanos, a través de portadas y reportajes publicados en el periódico que dirige.

La conferencia generó mucha expectación y contó con la asistencia de numerosos representantes de la vida civil, política y militar de Sevilla. Estuvo acompañado en la mesa, además de por el alcalde, por Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo emérito de la Archidiócesis de Sevilla; Jorge Paradela, consejero de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía; y Manuel Seda, vicedecano anfitrión.

A mediados de marzo se celebró en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña la jornada La Ley 8/2021 para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este encuentro fue organizado por el Colegio Notarial de Galicia, la Fundación Æquitas y el grupo de investigación Protección jurídica de la persona y de la familia de la citada institución académica.

Dirigidas por María Rovira y Antonio Legerén, profesores titulares de Derecho Civil, las jornadas fueron inauguradas por José María Graiño, decano del Colegio Notarial de Galicia; y Xuan Xosé Ferreiro, decano de la facultad de Derecho. La conferencia inaugural (Las personas con discapacidad a la luz de la nueva normativa) corrió a cargo de Benigno Varela, magistrado emérito del Tribunal Supremo y patrono de Aequitas.

Graiño señaló que “se está trabajando en una actualización de la Ley de Derecho Civil de Galicia de 2006, con el fin de revisarla y adaptarla a los principios de la Ley 8/2021 para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”. El decano señaló que las familias van poco a poco integrando los cambios y conociendo los diferentes instrumentos jurídicos que tienen a su disposición para articular un auténtico plan de medidas voluntarias de apoyo “para que las personas que han perdido su capacidad puedan seguir viviendo como ellas hayan previsto, determinando la persona de su confianza que se encargará de cumplir su voluntad, deseos y preferencias”. A este respecto, abogó por que los ciudadanos “se anticipen” a sus cambiantes circunstancias vitales, y se asesoren sobre instrumentos jurídicos que les garanticen su seguridad jurídica, económica, patrimonial y asistencial en el futuro.

Asimismo, añadió que desde las notarías, el Consejo y la Fundación, se está haciendo un amplio despliegue divulgativo, de información y asesoramiento a asociaciones sobre el alcance de la legislación sobre personas con discapacidad que entró en vigor en 2021.

Por su parte, Varela abogó por “mentalizar a la ciudadanía respecto a las personas con discapacidad”; ya que la actual legislación “es plenamente respetuosa con la dignidad a la que toda persona, por el hecho de serlo, tiene derecho”.

A continuación, tuvieron lugar dos mesas redondas. Aplicación práctica de la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, con María Rovira como moderadora, tuvo como ponentes a Elena Jiménez y Álvaro Martín-Moreno, patrona y director (respectivamente) de la Fundación Tutelar Kyrios. Y La reforma de la legislación civil en materia de discapacidad. En este panel de debate tomaron la palabra los notarios Isabel Louro (moderadora), Víctor Peón y Víctor Manuel Vidal.

Martín-Moreno subrayó que la Ley 8/2021 permite “establecer en escritura pública planes personales de apoyo a las personas con discapacidad con pleno efecto legal”. El responsable de Kyrios consideró “esencial” la intervención notarial, porque permite articular la relación entre particulares y que se puedan concretar la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad sin pasar por el juzgado”.

En abril tuvo lugar en la Universidad de Oviedo la jornada de formación en discapacidad Análisis práctico de la reforma de la Ley 8/2021. Este foro se enmarca dentro de la Cátedra de Derecho Notarial de la citada institución académica y contó con la colaboración del Colegio Notarial de Asturias y la Fundación Aequitas. A lo largo de dos días catedráticos, notarios, juristas, representantes de instituciones tutelares, magistrados, fiscales y abogados abordaron aspectos relacionados con la nueva normativa. Los notarios Almudena Castro-Girona (directora de Aequitas), José Luis Fernández Lozano (delegado de Aequitas en Asturias) y Alfonso Cavallé (decano del Colegio Notarial de Canarias) intervinieron como ponentes.

El Colegio Notarial de Cataluña ha participado, por octavo año consecutivo, en las Jornadas de Formación de la Escuela Judicial. Esta iniciativa tiene como finalidad reforzar la colaboración entre Judicatura y Notariado, acercando a los nuevos jueces la función notarial desde una perspectiva teórica y práctica.

En cuanto a la formación teórica, diversos notarios impartieron ponencias en la sede de la Escuela a los alumnos pertenecientes a la 73ª promoción, integrada por 138 nuevos jueces. Ubicada en Vallvidrera, la Escuela Judicial es la institución pública donde los nuevos miembros de la carrera, tras aprobar la oposición, reciben dos años complementarios de formación. Esta jornada se distribuyó en tres sesiones, donde se abordaron los siguientes temas: Cuestiones de interés para un juez en relación a la función notarial; El papel del notario en materia de Derecho de Familia y personas con discapacidad; y Las operaciones financieras y el control de transparencia. Asimismo, el decano anfitrión, José Alberto Marín, y el director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP), Pedro Galindo, dictaron una conferencia sobre El sistema notarial de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Para Marín, «ambas funciones, la jurisdiccional y la notarial, son complementarias. En nuestro caso, los notarios ejercemos una justicia preventiva, de evitación del conflicto, gracias a la cual el índice de litigiosidad en los documentos notariales es mínimo. Por otro lado, un claro ejemplo de colaboración entre ambos cuerpos lo encontramos en la lucha contra el blanqueo de capitales. ámbito en el que los notarios contamos con el OCP”.

Por último, los alumnos tuvieron la oportunidad de visitar en grupos reducidos distintas notarías de Barcelona, permitiendo así que los jueces conozcan de primera mano el funcionamiento de los despachos notariales.

En febrero, la sede zaragozana del Colegio Notarial de Aragón acogió el discurso de ingreso en la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación de la jurista Aurora López. La intervención de la profesora de Derecho Civil se centró en La incidencia del abandono emocional de los hijos mayores en la obligación de alimentos.

En diciembre, la sede sevillana del Colegio Notarial de Andalucía acogió la conferencia La reciente reforma concursal desde una perspectiva notarial, dictada por el notario Ricardo Cabanas. Durante la ponencia, enmarcada dentro del ciclo de la Academia Sevillana del Notariado, Cabanas resaltó que “la importante reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que transpone la Directiva (UE) 2019/1023, supone un cambio profundo de nuestro régimen preconcursal, pero, también, más general del concurso de acreedores, sobre todo por haber instaurado un nuevo procedimiento especial para las empresas de muy reducidas dimensiones».

La siguiente conferencia de la Academia fue impartida por Juan Pablo Murga, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, bajo el título Consideraciones actuales sobre la venta extrajudicial de inmuebles hipotecados. Para el jurista “la venta extrajudicial constituye uno de los posibles mecanismos de realización forzosa en la ejecución hipotecaria. Se trata de una figura de naturaleza controvertida que ofrece grandes ventajas a las distintas partes implicadas. No obstante, su deficiente regulación exige realizar un importante esfuerzo de interpretación sistemática de diversas normas e integración de vacíos sobre aspectos sustantivos y procedimentales de calado».

En febrero, el notario y ex director de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido pronunció la conferencia Blockchain e identidad digital de personas, cosas y documentos: problemática jurídica y notarial. Para el notario, esta nueva tecnología «está siendo la base de una nueva configuración de internet, que va a posibilitar la creación de una identidad digital de los ciudadanos mucho más segura y potente que la actual».

El Colegio Notarial de Madrid, en colaboración con el ayuntamiento de la capital, realiza, de enero a mayo de este año, un ciclo de asesoramiento notarial para ciudadanos. La inauguración de estas jornadas corrió a cargo de Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, y de Concepción Pilar Barrio del Olmo, vicedecana del colegio.

Estas charlas, abiertas al público, se celebran el tercer miércoles de cada mes. El panel de ponentes lo integran los notarios madrileños Alfonso Madridejos, Manuel Lora-Tamayo, Mercedes Pérez Hereza, Fernando Gomá, Pedro Armas y Concepción Pilar Barrio del Olmo. En ellas, los notarios, además de disertar sobre asuntos de carácter civil y mercantil de interés para la ciudadanía, también resuelven las dudas de los asistentes.

Hasta la fecha se han celebrado tres sesiones. La primera estuvo dedicada a explicar los instrumentos jurídicos que preservan la autonomía personal en la discapacidad; la segunda se centró en los instrumentos jurídicos que ofrecen seguridad patrimonial en la vejez: y la tercera resolvió las dudas relacionadas con el testamento y el reparto de la herencia.

En los próximos meses están convocadas dos nuevas sesiones: la primera sobre vivienda e hipotecas; y la de clausura, para explicar los numerosos procedimientos de jurisdicción voluntaria que pueden resolver los notarios.

La delegación de Alicante del Colegio Notarial de Valencia acogía en enero una reunión entre Notariado y Catastro sobre la implementación del programa de modificaciones físicas catastrales. En el encuentro se dio a conocer el proyecto, presentando la herramienta con la aplicación de casos prácticos.

La sesión estuvo presidida por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente; el director general del Catastro del Ministerio de Hacienda y Función Pública, Fernando de Aragón; y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz.

Además de una amplia representación del Colegio de Valencia, la jornada de trabajo contó con la asistencia de otros decanos -como los de Cataluña (José Alberto Marín), Murcia (Carmen Rodríguez) y Canarias (Alfonso Cavallé)-, así como con la vicesecretaria de Relaciones Institucionales del Colegio de Andalucía, Carmen Vela. Participaron, asimismo, el secretario del CGN, Manuel Gerardo Tarrío, y el director general de la Agencia Notarial de Certificación (Ancert), Mario Abascal. El colegio anfitrión estuvo representado por el decano, Francisco Cantos; el vicedecano, Delfín Martínez Pérez; y el censor primero de la junta directiva, José Carmelo Llopis.

Para presentar la herramienta, los técnicos del Catastro y Ancert tuvieron el apoyo de los notarios Eduardo García Parra y Antonio Jiménez Clar (coordinadores de la relación con el Catastro del Colegio de Valencia).

Tras la reunión, los asistentes visitaron la Biblioteca de los Libros Felices de la delegación alicantina y que alberga más de 4.200 volúmenes de los siglos XV al XIX, cedidos por el catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante, Manuel Desantes. El jurista mostró a los asistentes algunas de las joyas de la biblioteca, como sus numerosos volúmenes incunables.

Para finalizar, el presidente del CGN hizo entrega a Sofía Puente del material ‘oficial’ que emplearon los notarios desplazados a La Palma; así como una placa conmemorativa y la orla con los voluntarios que estuvieron durante meses ayudando de forma voluntaria a los afectados por la erupción del volcán.

En febrero tuvo lugar en la sede del Colegio Notarial en Bilbao la constitución del primer foro Aequitas sobre discapacidad en el País Vasco, con el objetivo de “colaborar conjuntamente en favor de las personas con discapacidad”, según la vicedecana anfitriona, Carmen Velasco.

Para sus promotores, la entrada en vigor de la Ley 8/2021 hace necesaria la colaboración de todos los operadores jurídicos, universidades y asociaciones, del sector público y privado, para “dar a conocer y aportar soluciones a las necesidades reales de las personas con discapacidad”.

Al encuentro asistieron representantes de Magistratura, Fiscalía, Abogacía, Diputación Foral de Bizkaia, universidades, representantes de las personas con discapacidad y asociaciones de apoyo. El acto estuvo presidido por Carmen Velasco y representantes de la Fundación Aequitas, como los notarios Almudena Castro-Girona (directora), Manuel Rueda (director de la sección jurídica), Alfonso Cavallé (decano del Colegio Notarial de Canarias); así como Gonzalo López Ebri, patrono de la Fundación y teniente Fiscal de la Comunidad Valenciana, y Francisco Jesús González Ruiz, adjunto a la dirección de Aequitas y abogado especialista en discapacidad.
También asistieron: por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, su presidente, Iñaki Subijana, y la magistrada Patricia Arrizabalaga; de la Fiscalía del TSJPV, la fiscal superior, Carmen Adán; de Diputación Foral de Bizkaia, el diputado de Acción Social, Sergio Murillo; del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, el decano Carlos Fuentenebro y el vocal Ángel Martín Belloso; de EDEKA, Coordinadora Vasca de Representantes de Personas con Discapacidad, Mª José Cano; de la UPV, el vicedecano coordinador, José Manuel Martín; Gema Tomás, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto; Aitor Bedialauneta, presidente de Euskal Gorrak, (Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas) y Marian Cantalapiedra, responsable de Hegoak (Servicio de Atención integral de personas sordas).

Castro-Girona hizo hincapié en la labor notarial y de Aequitas en pro de las personas con discapacidad. “El notario autoriza instrumentos públicos, pero trabaja en contacto directo con las personas. Nuestra fundación se ha convertido en un referente jurídico nacional e internacional, una plataforma solidaria que nace desde el Consejo General del Notariado pero que intenta aunar a todos los operadores jurídicos en esa defensa de las personas en situación de vulnerabilidad. El reto que tenemos hoy es la aplicación de la Ley 8/2021 y creemos que es necesaria una coordinación autonómica y hallar puntos de encuentro para que los diferentes implicados se den la mano y se pongan de acuerdo, porque muchas veces la coordinación y la buena praxis pueden hacer que la ley se desarrolle adecuadamente. Ya existe un marco jurídico, y no se trata de una ley más porque con ella estamos impulsando la autonomía de las personas, el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad. Esta ley consagra la dignidad de todo ser humano. Cada comunidad autónoma tiene sus diferencias, su idiosincrasia, y desde nuestras particularidades debemos trabajar en favor de las personas que puedan tener discapacidad: desde una persona mayor con Alzheimer a un joven con Asperger. Lo jurídico y lo social han de ir de la mano en el impulso de la Ley 8/2021 y tener en el centro a las personas y sus familias”.

Por su parte, Cavallé subrayó el valor de la escritura pública como título ejecutivo y el carácter obligacional de lo que firman las personas con discapacidad: “La institución notarial está muy vinculada a la persona y suele recoger un sentimiento que nace en la sociedad y se plasma en la ley. En este caso, lo primero ha sido el cambio legislativo y toca ahora ponerlo en práctica. Estamos hablando de la libertad de la persona con discapacidad, pero la libertad implica responsabilidad. Los notarios tenemos una gran labor porque en el fondo esta ley nos implica a todos, que precisamos ayuda en determinados momentos de nuestra vida, de ahí que necesitemos un trato directo, personal, que es la esencia de la función notarial”.

Como punto final del acto, Velasco añadió que “el propio Derecho Civil Vasco cuenta con figuras propias que pueden ayudar a las personas con discapacidad, como es el testamento por comisario; e instó a sumar a nuevos participantes al foro y a un nuevo encuentro que se celebrará el próximo 15 de mayo”.