El Organismo Global de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo organizó a principios de diciembre un seminario de tres jornadas en Riga (Letonia), en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera del país letón, bajo el título Los registros de titularidad real como autoridades competentes.

El encuentro reunió por tercera vez, tras los encuentros de Malta (2022) y Bélgica (2023), al grupo de trabajo -conformado por 23 expertos de 18 países- creado por el organismo de la UE para evaluar los retos que implican los cambios en esta materia y las posibles mejoras prácticas y propuestas a desarrollar.

Los representantes internacionales abordaron los aspectos clave y los elementos fundamentales en los que la jurisdicción debería centrarse a la hora de establecer los registros de titularidad real y conversaron sobre las soluciones tecnológicas utilizadas para interconectar las bases de datos o la forma de garantizar la verificación, supervisión y ejecución mediante el análisis de datos; entre otros.

En representación del Órgano Centralizado para la Prevención del Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado, asistió Carlos Rodríguez Barón, quien explicó el funcionamiento del Registro de Titularidades Reales español y de la Base de Datos de Titular Real, particularmente distinta a la de otros países europeos; un modelo en el que destaca la importante labor y colaboración de los notarios y que ha sido incluido como buenas prácticas en el Grupo de Acción Financiera Internacional.

El técnico de OCP explicó que, en España, el registro no es solo declarativo, sino que permite obtener un tracto de las participaciones para determinar de forma automática el titular real, y también libera a los registros de responsabilidades como la de sancionar, debido a la actualización y verificación automática de la información.

Los días 20 y 21 de noviembre, la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Murcia -en colaboración con el Colegio Notarial de la región, la Fundación Aequitas y el proyecto de investigación Socuper- organizó la jornada Análisis práctico de la reforma de la Ley 8/2021 sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en la que se analizaron las implicaciones de esta normativa, dos años después de su entrada en vigor.

En el acto de apertura intervinieron la decana del Colegio Notarial de Murcia y codirectora del foro, Carmen Rodríguez Pérez, y la directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona; acompañadas por Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región; José Luis Díaz; fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Murcia; y José Luján, rector de la Universidad de Murcia.

El foro, celebrado en la sede del colegio autonómico, contó con una conferencia inaugural sobre las Líneas básicas de la reforma y reunió a lo largo de dos jornadas a numerosos profesores, catedráticos, juristas y expertos que debatieron en cuatro mesas redondas sobre: Medidas voluntarias de apoyo, juicio de discernimiento y accesibilidad cognitiva; La guarda de hecho; Medidas judiciales de apoyo y Derecho Transitorio; y Acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

La decana Carmen Rodríguez moderó la primera de las mesas, en la que también participó la directora de Aequitas. Asimismo, intervinieron en distintos coloquios los notarios Carlos Marín, Salvador Montesinos y Ana María Fortis; así como algunos patronos y colaboradores habituales de la Fundación Aequitas. Tras la jornada tuvo lugar una sesión práctica de formación interna sobre la aplicación de la Ley 8/2021 para todos los notarios colegiados.

Los decanos de los colegios notariales de las Islas Canarias, Cataluña y Valencia, Alfonso Cavallé, José Alberto Marín y Francisco Cantos, respectivamente; presentaron el pasado 15 de septiembre el número extraordinario de la Revista Atlántica del Derecho, la Historia y la Cultura: El Volcán en el Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. Este número especial de la revista recoge -en 850 páginas- el trabajo realizado por los notarios que se desplazaron hasta la isla de La Palma para atender a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja, además de incorporar contenidos científicos e históricos de interés.

El acto, al que acudieron numerosos representantes políticos, de las Administraciones públicas y la sociedad civil canaria, estuvo presidido por la vicepresidenta del Parlamento de Canarias, Ana M.ª Oramas, que puso en valor el trabajo y el esfuerzo realizado por los 55 notarios voluntarios que colaboraron en las notarías especiales que se abrieron en las localidades de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

La vicepresidenta estuvo acompañada por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Barreto; y el portavoz del Comisionado Especial para la reconstrucción de La Palma del Gobierno de España, Héctor Izquierdo; quienes hicieron hincapié en la labor fundamental que desempeñaron los notarios aportando su conocimiento para acreditar las propiedades perdidas y los derechos de los damnificados.

Por su parte, Alfonso Cavallé, agradeció su participación en la revista a los más de 200 autores, entre ellos, expertos, científicos, historiadores y diferentes testigos, que han dejado testimonio en la obra; especialmente a Luis Ortega, escritor y periodista palmero que ha coordinado la publicación. También destacó la colaboración de las instituciones y reiteró el reconocimiento a los notarios, oficiales de notarías y a todas las personas que ayudaron en el desarrollo de la iniciativa.

MÁS DE 200 AUTORES, EXPERTOS, CIENTÍFICOS E HISTORIADORES HAN DEJADO TESTIMONIO EN LA OBRA.

En sus intervenciones, los decanos, que fueron los primeros en trasladarse a la isla para poner en marcha las notarías de apoyo, transmitieron su experiencia personal en la colaboración y el ejercicio de la función notarial durante el tiempo que permanecieron abiertas estas oficinas. El notario de La Palma, Roberto Cutillas, que participó activamente en las notarías especiales, intervino en el acto para realizar una crónica desde la vivencia personal de la erupción volcánica en la que destacó la utilidad social de la profesión notarial.

Su majestad Felipe VI presidió el acto de Apertura del nuevo Año Judicial 2023-2024, celebrado el pasado 7 de septiembre en el Palacio de Justicia del Tribunal Supremo (TS). El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, asistió al evento, que congregó a los más altos magistrados y representantes del poder judicial de nuestro país.

Durante el acto, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, presentó la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la Justicia. Por su parte, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, hizo lectura de la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia. En su intervención, el presidente en funciones del TS hizo hincapié en la independencia judicial como principio fundamental del sistema democrático español y remarcó la necesidad de que los actores políticos alcancen un acuerdo que permita desbloquear, con urgencia, la renovación del CGPJ.

Acompañaron a Su Majestad el Rey los miembros de la Sala de Gobierno del TS, los magistrados de este órgano judicial, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, y otros representantes de los poderes del Estado y autoridades civiles y judiciales no togadas. Entre ellos, cabe destacar la presencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; la ministra de Justicia, Pilar Llop; la presidenta del Consejo de Estado, Magdalena Valerio; y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. A la conclusión del acto, el Rey Felipe VI conversó con los asistentes e invitados.

El pasado mes de septiembre tuvo lugar la IX Asamblea General del Centro Iberoamericano de Arbitraje (CIAR) en la sede en Madrid de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). A la convención acudieron la mayoría de los más de 70 socios adscritos al Centro; en representación del Notariado asistió la vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Barrio.

La reunión, liderada por el presidente del CIAR, Javier Íscar, giró en torno a la propuesta de fusión con el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM) para la convergencia de ambos organismos, manteniendo su autonomía bajo un reglamento de arbitraje consensuado; y se anunció la creación de un comité para seguir avanzando en las negociaciones.

También intervino en la sesión el presidente del CIAM, José María Alonso, así como otros representantes de los socios del Centro Iberoamericano, entre ellos: el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de Iberoamérica (COMJIB), Enrique Gil Botero; el asesor en Políticas Públicas y Fortalecimiento Institucional de SEGIB, Alejandro Kawabata; y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

El Ministerio de Justicia y la Comisión Europea (CE) organizaron, los días 9 y 10 de octubre en el recinto Ferial de IFEMA en Madrid, la Conferencia Servicios Públicos de Justicia en tiempos de transformación, en el marco de la Presidencia Española de la CE. El delegado del Consejo General del Notariado para el Consejo de los Notariados Europeos (CNUE), Álvaro Lucini, asistió al evento en representación de los notarios españoles.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, atendió la sesión inaugural de la conferencia, en la que el director general adjunto de la Dirección General de Justicia y Consumo de la Comisión Europea, Nils Behrndt, ofreció el discurso de apertura.
El seminario contó con la participación de más de 40 ponentes del ámbito de la justicia europea, con una amplia representación de la práctica totalidad de los Estados miembros de la Unión, que debatieron sobre la digitalización y la aplicación de las nuevas tecnologías para la mejora del servicio público de justicia.

A lo largo de las dos jornadas, se organizaron un total de cinco mesas redondas en las que los intervinientes compartieron distintas posiciones sobre los avances y los desafíos de futuro en la implementación de la legislación sobre la transformación digital. Además, se realizaron varias ponencias complementarias y se presentaron algunos proyectos ejemplares de los Estados miembros.

El acto de clausura contó también con la participación de la titular de Justicia española, así como con el comisario de Justicia Europeo, Didier Reynders. En su intervención, Llop puso de relieve la necesidad de generar “un marco regulatorio adecuado que, además de fomentar el desarrollo tecnológico, proteja los derechos de la ciudadanía, creando un entorno de seguridad y confianza».