Las obligaciones con las que cargan los consistorios no han hecho más que crecer en las últimas décadas. Y todo ello sin olvidar la pérdida de ingresos que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el impuesto de plusvalías y los ‘atracones’ de turistas y retornados que cada verano catapultan los censos de cientos de municipios a lo largo y ancho del litoral.

En los últimos cuatro años un tercio de los ayuntamientos españoles han conseguido rebajar su deuda; los municipios con más de 100.000 habitantes suelen ser los más hipotecados. Entre ellos destacan los de Jaén, Jerez y Marbella, en Andalucía; Parla, en la Comunidad de Madrid; así como la capital de Cataluña. Tanto Barcelona como el resto de ciudades mencionadas arrastran problemas para honrar sus compromisos financieros desde hace lustros.

Por su parte, entre las que mejoran se encuentran ejemplos como Madrid, que acumulaba un déficit de 588 millones de euros a 31 de diciembre de 2023, cifra cercana a los 573 millones de euros de Murcia, y superada por los 719 millones de euros de Granada o los 883 millones de euros de Zaragoza.

LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES AFRONTAN LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES SERVICIOS CON INGRESOS AJUSTADOS, LO QUE ENTRAÑA UN GIGANTESCO RETO

Reformas a la vista

La razón que explica en parte estos abultados endeudamientos, al igual que ocurre con otros más magros repartidos entre miles de municipios situados por toda España, sería la creciente asunción de un mayor número de competencias sin que ello conlleve un aumento de la correspondiente dotación presupuestaria.

De hecho, para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abordar el reajuste de la financiación local es una reivindicación histórica. Un aspecto que consideran urgente plantear al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, órgano permanente de colaboración entre el Estado y los ayuntamientos, de cara a abordar la reforma de la ley de bases de régimen local y como paso previo de los trámites para elaborar los presupuestos generales del Estado de 2025. Un proceso que se producirá en paralelo a la revisión de la financiación autonómica -que se antoja inminente tras el reciente pacto de gobierno PSC-ERC en Cataluña-.

En este sentido, la clave estaría en reinterpretar el techo de gasto para aliviar la presión sobre los municipios, derivada, también, de la merma de ingresos relativa al cercenado impuesto de plusvalías, una de las principales fuentes de recursos de la que se nutrían las arcas de los consistorios, junto con el de circulación, el famoso ‘numerito’, o el de bienes inmuebles (IBI).

El asunto no es baladí, dado que la prórroga de los presupuestos para 2024 lastra acometer la reforma de la financiación por la que claman las entidades locales desde hace tiempo. Una vieja reivindicación, ajena a la disputa política partidista, que aglutina el consenso de ayuntamientos de distinto signo político y a la que se une la solicitud de una mayor transparencia sobre las reglas fiscales a aplicar o la revisión de las condiciones de los préstamos a los consistorios con problemas de liquidez, entre otros asuntos.

Agujero económico

Desde Hacienda están de acuerdo en la necesidad de reformar el sistema de financiación local, máxime desde que en octubre de 2021 el Tribunal Constitucional tumbase algunos aspectos del denominado impuesto de plusvalía municipal, al declarar inconstitucional el sistema de cálculo de su base imponible que establecía que siempre había habido un incremento patrimonial del valor de los terrenos urbanos, independientemente de que hubiese sido así y de su cuantía real, con su evidente reflejo en su valor catastral y en el pago de los impuestos relacionados. No en vano, a posteriori se determinó que era posible reclamar la devolución de la plusvalía si la venta se había producido a pérdida.

El varapalo judicial, sin efectos retroactivos, aunque con afectación en litigios aún vivos, tuvo un claro reflejo en las cuentas municipales, cifrado en su día en un porcentaje de entre el 2,5% y el 15% del presupuesto, en función de la actividad inmobiliaria de cada municipio en cuestión.

Los consistorios denunciaron en su día inseguridad jurídica y la puesta en marcha de un fondo de compensación hasta que se aclarase la situación jurídica para compensar los ingresos esperados que se quedaron en el limbo.
Sin embargo, el Gobierno aseguraba a finales del pasado año que las entidades locales nunca habían estado mejor dotadas para cumplir con sus obligaciones, puesto que sus recursos habrían crecido de forma sostenida en los últimos años, hasta recibir en 2024 alrededor de 28.500 millones de euros, un 22,6% más en comparación con 2023, mientras que las entregas a cuenta está previsto que sumen 23.774 millones de euros, un 5,1% más que en el pasado ejercicio.

BARCELONA, JAÉN, JEREZ, MARBELLA Y PARLA SON LOS AYUNTAMIENTOS MÁS ENDEUDADOS DE ESPAÑA

Urbi et orbi

El incumplimiento reiterado de las obligaciones financieras municipales no parece responder a un patrón geográfico claro. Así, a lo largo y ancho del país encontramos por doquier municipios tiznados tanto del rojo del déficit como del ansiado azul del superávit. Y esto se produce tanto al norte como al sur de la imaginaria línea horizontal que traza la capital del España en el centro de la llamada ‘piel de toro’.

A pesar de que, por regla general, el sur suele ser el hogar de los ayuntamientos más deudores, como en las provincias de Cádiz y Jaén al contar con una media per cápita por habitante superior a los 1.000 euros, también es cierto que el carácter meridional de otras como Huelva y Murcia no evita que brillen con niveles de pasivo por habitante inferiores a los 100 euros, al menos entre los municipios con entre 500 y 1.000 vecinos.

La gestión de cada municipio tiene su propio intríngulis, plagado de singularidades y vicisitudes, aunque parece que se suele cumplir la norma de lo pequeño como sinónimo de eficiente. En este caleidoscopio de más de 8.000 municipios que tejen la realidad local española encontramos, según los datos de Hacienda, desde casas consistoriales que han logrado reducir de forma significativa la deuda neta por habitante, un 33% del total, hasta otras que la han empeorado de forma manifiesta o moderada, un 14,5% del censo, mientras que el resto, que suman 4.245, o lo que es lo mismo el 52%, se han mantenido más o menos igual que en 2019.

En cualquier caso, el análisis de las cifras del fisco muestra una serie de tendencias recurrentes: los municipios más pequeños, con menos de 500 habitantes, suelen ser los más saneados, los que ya tenían la deuda más alta han incrementado su agujero fiscal y, entre ellos, los más poblados, con 100.000 ciudadanos para arriba, cumplen con la estadística de mayor endeudamiento y aumento del mismo.

Si trasladamos el foco a las mayores urbes del país, a pesar de contar con un destacado nivel de déficit fiscal en función de la masa poblacional a la que prestan servicios, la verdad es que solo A Coruña y Bilbao, con un menor montante negativo, y Córdoba, Gijón y Valladolid, han aumentado sus respectivos déficits fiscales. Mención aparte merece la Ciudad Condal, ya que aumentó en el período de referencia su volumen de fondos en rojo nada menos que en un 70%, hasta superar los 800 millones de euros.

De la necesidad, virtud

Las competencias municipales en España tienen un amplio espectro y varían, léase se amplían, en función de la población residente. Esto ha supuesto a menudo la transferencia de una serie de servicios a la población si contar con la correspondiente dotación presupuestaria pero que, aún así, han sido aceptadas por un cierto sentido altruista.

Para tratar de paliar esta situación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a finales de 2023 la decisión del Gobierno de flexibilizar la senda de estabilidad para este subsector. De esta manera, en 2024 las entidades locales pasarían a tener un objetivo de equilibrio presupuestario, frente al anterior que preveía en el Programa de Estabilidad un superávit del 0,2%, y que ahora asumirá la Administración General del Estado.

Como ocurre con los hombres orquesta, acostumbrados a tocar varios instrumentos a la vez utilizando para ello en ocasiones manos y pies, los ayuntamientos españoles afrontan la gestión de múltiples servicios con ingresos ajustados, lo que entraña un gigantesco reto a la hora de armonizar generosas expectativas con limitados recursos en el marco del auténtico sudoku que supone la gestión municipal moderna.

Resolver el sudoku de las pensiones. El evidente descuadre entre ingresos y gastos ha aumentado de forma alarmante en España en las últimas décadas. Una delicada coyuntura derivada de la pertinaz caída del índice de natalidad, con la inmigración incapaz de compensar el envejecimiento poblacional, el alargamiento de la esperanza de vida, más de 84 años de media (la mayor de la Unión Europea), y el incremento en la cuantía de las prestaciones, cercana al 65% del salario mínimo interprofesional, sin olvidar su generosidad, la más elevada de la OCDE -junto a Grecia- dentro de este selecto club económico mundial.

Fruto de este rompecabezas, el Gobierno se puso manos a la obra para realizar, con el beneplácito de Europa, una reforma del sistema en profundidad, más allá de la adopción de medidas de mero maquillaje. En definitiva, una hoja de ruta para convencer a Bruselas de que era posible garantizar a largo plazo la sostenibilidad de las pensiones gracias al incremento de los ingresos por cotizaciones sociales, léase gravar más a empresas y trabajadores, sin recortar la cuantía de las prestaciones.

EL GOBIERNO PODRÁ EMPEZAR A UTILIZAR EN 2033 EL FONDO DE RESERVA PARA PAGAR LAS PENSIONES

Que vienen los boomers.

Tanto avisar de la llegada del lobo y finalmente se encuentra a las puertas de su ansiado descanso laboral. Pero para calibrar su impacto en las cuentas de la Seguridad Social, conviene recordar que en 2023 se registraron casi 327.000 altas de pensionistas frente a 265.000 bajas, un diferencial por encima del 23%.

Un vistazo más en detalle a los datos que maneja el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) advierte de que ese dato es el tercero más alto de la serie histórica, después de los de 2018 y 2022, con cifras muy similares, lo que entraña un retorno a la tendencia registrada antes de la pandemia sanitaria.

Parafraseando la estrofa de la conocida canción de Amaral en Moriría por vos: soy el invierno contra tu primavera, lo cierto es que la explosión poblacional registrada tras la II Guerra Mundial en toda Europa se enfrenta ahora a su némesis generacional en una suerte de ‘invierno demográfico’.

Para combatir este escenario y partiendo del acuerdo entre diferentes fuerzas políticas en el marco del Pacto de Toledo, el Gobierno de Aznar creó en el año 2000 la comúnmente llamada hucha de las pensiones. Un Fondo de Reserva que funciona a modo de fondo soberano de inversión de estabilización y reserva destinado a atender y compensar las desviaciones entre ingresos y gastos de la Seguridad Social.

La idea que subyacía en su funcionamiento es que estuviese dotado con el exceso de fondos procedentes de la prestación de incapacidad temporal por contingencias comunes, gestionados por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS EL NÚMERO DE PENSIONISTAS PODRÍA PASAR DE LOS 9,2 A LOS 16 MILLONES

Y llegó el ‘destope’

La reforma de las pensiones, aprobada en marzo de 2023 previo pacto con la Comisión Europea, por el entonces ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, supuso también la subida paulatina de la base máxima de cotización, que en 2024 alcanzará a los salarios por encima de los 56.600 euros brutos al año, gracias al aumento del 5% de la base máxima de cotización.

Esta decisión, que afecta sobre todo a las grandes empresas y a los empleados de mediana edad con alta cualificación, supone que el límite superior de cálculo de la pensión crecerá 1,2 puntos adicionales a la variación media que registre el Índice de Precios al Consumo (IPC), que los expertos prevén que cierre este curso en la horquilla en torno al 3,6% y el 3,9%.

La elevación de la base máxima, que arranca este año y proseguirá hasta mitad de siglo, y la cuota de solidaridad, establecida para los que excedan del límite al imponer tramos que varían entre el 0,92% y el 1,17% el próximo 2025, aumentando cada año hasta alcanzar en 2045 unos tipos mínimo y máximo del 5,5% y del 7%, respectivamente, impactará sobre todo en los trabajadores de mediana edad, de entre 44 y 63 años.

Dentro del paquete de medidas propuesto en su día por el ministro Escrivá se incluyeron iniciativas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), gracias al cual la caja de las pensiones lleva acumulada una recaudación de más de 7.000 millones de euros a fecha de 31 de mayo, su nivel más alto desde 2018, de los que 1.373 millones de euros han sido ingresados en lo que va de año.

Para tratar de embridar el desfase de la contabilidad de las pensiones, especialmente una vez acordada su revalorización anual ligada al IPC, el arsenal de medidas incluyó, además, la creación a partir de 2025 de una cuota de solidaridad por tramos para las rentas más altas, así como el impulso al retardo en la jubilación.

El uso que se dará a esta ‘hucha’, que sólo podrá ser utilizada a partir de 2033, apunta a un trasvase de entre 120.000 y 130.000 millones de euros para nutrir al Fondo de Reserva de cara a afrontar el elevado gasto que se avecina a tenor del masivo retiro ‘boomer’. En el hipotético caso de que la Seguridad Social generase más superávit, también iría destinado a la caja común, aunque, de aquí a mitad de siglo, el Gobierno sólo podrá disponer de un máximo de hasta el 0,91% del PIB para afrontar la tensión en el sistema, cuyo pico se prevé alcanzar en 2040.

DESDE OCTUBRE DE 2023 SE PRODUJERON 333.000 ALTAS DE JUBILACIÓN, EL DATO MÁS ELEVADO DESDE QUE HAY REGISTROS

Coste creciente

En España nacieron más de 650.000 personas en 1958, un hito demográfico que supuso el doble de lo registrado en 2022. En los últimos doce meses desde octubre de 2023 se produjeron 333.000 altas de jubilación, el dato más elevado de la serie desde que hay registros. Una realidad que, sin duda, impacta en las cuentas públicas, lo que podría derivar en la pérdida de hasta un 20% del PIB en las próximas tres décadas, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que entre 2023 y 2050 la población española en edad de trabajar se reducirá en más de 800.000 personas, al tiempo que la mayor de 65 años aumentará por encima de los 6 millones de habitantes. En paralelo, se espera que en las próximas décadas el número de pensionistas escale desde los 9,2 millones actuales hasta un total de 16 millones, pero con un grueso de cotizantes similar al presente.

Asimismo, hay que constatar que las jubilaciones boomer ya cuestan a las arcas públicas 590 millones de euros más al mes, al abonar en mayo pasado alrededor de 12,7 millones de euros adicionales en pensiones contributivas, 757 millones de euros por encima de lo satisfecho en el mismo mes de 2023, un porcentaje del 6,3% superior. El tiempo dirá si las medidas adoptadas hasta ahora han sido suficientes.

Hubo un tiempo en que la conexión a internet valía su peso en oro. Eran momentos de incertidumbre y la digitalización extendía su mancha de influencia por ciudades y pueblos de todo el globo. Durante la pandemia el porcentaje de trabajadores con ordenador se multiplicó de forma exponencial. La generalización de este factor supuso no sólo la adopción de costumbres antes impensables, como el pago del pan o de un simple café con la tarjera bancaria, sino también unas ganancias en productividad que todavía perduran hasta nuestros días.

DESDE LA PANDEMIA EL USO DE LA BANCA DIGITAL EN ESPAÑA HA AUMENTADO EN UN 30%, SEGÚN UN ESTUDIO DE KPMG

Operaciones en línea

El don de la ubicuidad laboral, facilitado por la eclosión de las conexiones gracias al despliegue masivo de las redes inalámbricas, fue un inesperado acicate a la hora de animar las raquíticas ratios de productividad en las sociedades industrializadas. De esta forma, el trabajo a distancia y las operaciones en línea se erigieron como auténticas válvulas de escape de cara a lidiar con la adaptación al inédito cierre forzoso de actividad decretado a causa del covid-19, como se indica en el reciente estudio elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el título: How Pandemic Accelerated Digital transformation in Advanced Economies.

No en vano, esta publicación señala que la revolución digital derivada de la pandemia contribuyó, de forma crucial, a lograr la eficiente protección del empleo durante la situación de excepción, al posibilitar una menor pérdida de productividad laboral, en términos de horas trabajadas, y fue especialmente relevante en los sectores más digitalizados, como el bancario.

Internet permitió la organización y simplificación eficiente de muchas tareas cotidianas.

En este sentido, una encuesta realizada en julio de 2023 por la consultora Metroscopia aseguraba que tres de cada cuatro españoles preferían relacionarse con su banco de forma digital, salvo para realizar operaciones complejas, como la tramitación de hipotecas. Asimismo, el sondeo avanzaba que la población bancaria digitalizada en España habría pasado en los dos últimos años del 67% al 74%, mientras que en el caso de los mayores de 65 años este porcentaje descendía hasta el 51%.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reseñaba en un informe de 2021 que un 62% de la población española de entre 16 y 74 años (más de 35 millones de personas) utilizaba los servicios de banca electrónica a finales de 2020, y que desde 2011 el uso de internet en nuestro país había aumentado nada menos que en 35 puntos. No en vano, en 2003 menos del 10% de la población española la usaba, frente al 71% actual, según datos de la Asociación Española de Banca (AEB).

EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL FUE EN 2022 EL MÁS MADURO DIGITALMENTE DEL MUNDO, POR DELANTE DE SINGAPUR, NORUEGA Y CANADÁ

Adiós sucursal, hola móvil

Estos cambios en la forma en que los ciudadanos se relacionan con su banco afectan también a los canales de comunicación, primando lo digital frente a la opción presencial. Así, la propia Asociación Española de Banca indicaba recientemente que la cifra de clientes que acuden a la oficina bancaria para realizar trámites ha caído bruscamente en 2024 hasta un porcentaje del 8%.

Por consiguiente, el cliente tipo de la banca en España ya no estaría, por decirlo de alguna manera, ‘sucursalizado’, como aclara un informe de Deloitte titulado: Digital Banking Maturity, en el que se analizó el nivel de madurez digital de la banca en 2022, incluyendo un universo total de 304 bancos de 41 países.

En el mismo, se afirma que la banca española lideraba la digitalización en el mundo gracias a los esfuerzos realizados en la automatización de procesos y operaciones, lo que ha permitido la contratación digital de múltiples servicios financieros y de inversión.

El Banco de España también publicaba un análisis en 2023 sobre Hábitos en el uso del efectivo en el que revelaba que las tarjetas se han consolidado como el segundo método de pago más utilizado, tras el cash, mientras que los teléfonos móviles se han colocado en el tercer lugar, al ser utilizados por un 10% de la población.

LA CIFRA DE CLIENTES QUE ACUDEN A LA OFICINA BANCARIA PARA REALIZAR TRÁMITES HA CAÍDO BRUSCAMENTE EN 2024, HASTA UN PORCENTAJE DEL 8%

Los avances en digitalización han supuesto también el cierre masivo de oficinas bancarias, al pasar de más de 27.000 en 2018 a las casi 18.000 de finales de 2023.

Tendencia al alza

El impacto y tendencias de la digitalización en los procesos bancarios fue analizado además en un informe de 2023 elaborado por KPMG por encargo del think tank de la Fundación de las Cajas de Ahorros. El estudio, bajo el título La digitalización como eje de transformación bancaria, revela que desde la pandemia el uso de la banca digital en España ha aumentado en un 30%. Este porcentaje implica que el 70% de la población era usuaria habitual del canal digital, por encima de la media europea del 60%.

Asimismo, se espera que esta tendencia se consolide y siga al alza hasta alcanzar el 85% en 2027, tras añadir unos seis millones de clientes al canal digital, donde tres de cada cuatro contrataciones bancarias ya serán online gracias, entre otros factores, al imparable auge del comercio electrónico, la consolidación de alternativas como las Fin Tech, Big Tech y la competencia de los neobancos y, finalmente, a los cambios regulatorios previstos.

Sobre estos aspectos dialogaron el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; el director general del centro tecnológico del Notariado, Ancert, Alberto Martínez Lacambra; y el director de Economía y Políticas Sectoriales de Cepyme, Francisco Vidal. El debate tuvo lugar en una sesión del Foro Confilegal; un espacio de debate organizado por el medio y moderado por su director, Carlos Berbell.

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: «NUESTRA FUNCIÓN SE BASA EN EL CONTACTO CON LAS PERSONAS, QUE MANTENEMOS EN LAS NOTARÍAS Y HEMOS EXTENDIDO CON LOS SERVICIOS DIGITALES»

Los representantes del cuerpo notarial y de la patronal de la pequeña y mediana empresa pusieron sobre la mesa los cambios que han traído consigo las medidas de digitalización de las actuaciones notariales, recogidas en la Ley 11/2023, en vigor desde el pasado 9 de noviembre, y su impacto en el sector empresarial, particularmente en las pymes.

El presidente del CGN remarcó que estas novedades suponen un gran avance y un hito histórico para el Notariado, pero no una transformación de la función que tradicionalmente desarrollan los notarios. “Estos servicios online facilitan el acceso de los ciudadanos al notario. Nuestra función se basa en el contacto con las personas, que mantenemos en las notarías y hemos extendido al entorno digital”, subrayó.

Videoconferencias notariales

Según Martínez Sanchiz, la normativa introduce dos mejoras fundamentales. En primer lugar, la posibilidad de realizar ciertos actos por medio de una videoconferencia en la Sede Electrónica Notarial, que tiene la máxima calificación -nivel alto- en el Esquema Nacional de Seguridad, a la cual se accede a través del Portal Notarial del Ciudadano.

En esta web ciudadanos y empresas pueden solicitar cita con el notario que elijan para pedirle diversos servicios online, como realizar el otorgamiento de algunos poderes o la constitución de una sociedad limitada. También, las videoconferencias notariales van a permitir solucionar situaciones societarias en las que es difícil reunir presencialmente a todas las personas, como ampliaciones de capital o nombramientos de administradores, y facilitar la financiación, agilizando la firma de créditos no hipotecarios o pólizas.

ALBERTO MARTÍNEZ LACAMBRA: «EN APENAS DOS MESES, LOS NOTARIOS HAN DEPOSITADO 1.300.000 PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN LA SEDE ELECTRÓNICA NOTARIAL»

Verificación de la identidad

En lo relativo a la comprobación de la identidad, el presidente del Notariado explicó que “la acreditación en el Portal Notarial supone una verificación inicial, puesto que requiere también registrarse con un certificado electrónico cualificado, Cl@ve Pin o acudiendo previamente a una notaría. Además -continuó- el sistema cruza la información con la base de datos de la policía para comprobar que el carnet de identidad o DNI no ha sido sustraído o se ha perdido”.

Alberto Martínez Lacambra señaló que desde el centro tecnológico del Notariado, Ancert, están trabajando para integrar un software que permite detectar si el documento de identidad que se muestra en imagen es auténtico o se trata de una copia.

Copias autorizadas electrónicas

Esta ley también permite generar copias autorizadas electrónicas de los documentos notariales, que hasta ahora solo podían circular en un circuito cerrado con las administraciones públicas, para que cualquier particular o empresa disponga de ellas mediante un código seguro de verificación (CSV), pudiendo acceder incluso desde su teléfono móvil.

Para Francisco Vidal este es “un instrumento ideal para la empresa” y refuerza la seguridad jurídica, “por la trazabilidad del proceso, especialmente con el uso de estos CSV que permiten conocer la situación actualizada de un documento público en el momento de su utilización”.

Agilidad y eficiencia para las empresas

En España existen cerca de tres millones de sociedades, de las cuales un 93 % son microempresas. Particularmente, “700.000 empresas constan de uno o dos trabajadores y más de millón y medio son autónomos sin empleados. Con estos recursos laborales cualquier medida que lleve a procesos más eficientes es vital”, apuntó Francisco Vidal.

En opinión del director del área económica de Cepyme, poder realizar un acto de forma telemática con varias personas que se encuentran en diferentes lugares, que de otra manera podría verse retrasado varios meses, “ahorra tiempo y dinero porque hay un coste de oportunidad en ciertas operaciones”.

Alrededor del 99% del tejido empresarial de la Unión Europea (UE) está compuesto por pymes y autónomos. Una cifra nada desdeñable desde el punto de vista estadístico que, sin duda, da idea de la magnitud e importancia del colectivo que ansiaba una regulación más efectiva de la morosidad en el pago de sus facturas. Una oportunidad para, de paso, eliminar ambigüedades en los plazos de abono, acotados a un máximo único de 30 días común para toda la UE, que atañe a todas las operaciones comerciales, realizadas tanto con grandes compañías como con Administraciones públicas.

EUROPA PROPONE POR PRIMERA VEZ MULTAR A EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES MOROSAS

El nuevo Reglamento sobre la morosidad (Late Payment Regulation, por su denominación en inglés), cuya aprobación estaba prevista para antes de las elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024, y que derogaría la vigente Directiva sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, trata de poner coto a una práctica recurrente llevada a cabo, principalmente, por multinacionales e importantes corporaciones al alargar más allá de los límites legales el pago de sus facturas a proveedores, con aplazamientos que, en ocasiones, llegan a superar los 120 días de demora.

Vigilancia reforzada

La futura legislación contempla que sean los propios Estados miembros quienes se encarguen de aplicar el régimen sancionador acordado, respetando siempre el espíritu de la norma, que habla de “sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias”.

El objetivo no es otro que garantizar la aplicación efectiva del reglamento. Para ello, cada Estado designaría a la autoridad, que pueden ser varias, responsable última de su funcionamiento. Entre sus facultades se encontraría la potestad para realizar inspecciones sobre el terreno, así como la capacidad para imponer multas y, en su caso, medidas cautelares al responsable de la infracción.

Cuando se produjera un impago, se pondría en marcha de forma obligatoria, automática y sin que el acreedor siquiera lo solicite, el mecanismo para reclamar los intereses de demora sobre la cantidad adeudada, a lo que habrá que sumar un 8% adicional en función de cómo estén en ese momento los tipos de referencia del Banco Central Europeo (BCE), mientras que para los países de la UE que aún no han adoptado la moneda común, el tipo lo fijaría el respectivo banco central nacional.

Los expertos consideran que la instauración de un régimen sancionador es el único camino para conseguir la reducción en los plazos de reembolso de las facturas, habida cuenta de las dificultades en la materia registradas, por ejemplo, en España, tras múltiples intentos previos y prórrogas parlamentarias para regular este asunto.

LA UE REDUCIRÍA EL TIEMPO PARA AGILIZAR EL PAGO DE FACTURAS A UN MÁXIMO DE 30 DÍAS

Mejoras efectivas

El nuevo reglamento, que derogaría una directiva que data nada menos que de 2011, pretende aportar certeza a pymes y autónomos, dado que la anterior normativa no fue transpuesta por todos los Estados de la UE. O sea, lograr la necesaria armonización en el conjunto de los 27 países que integran el bloque comunitario.

Otra diferencia con el escenario presente es que la inminente legislación poseería un carácter legal reforzado, al tratarse de un reglamento -de aplicación rápida y directa- frente a la actual directiva, lo que facilitaría la eliminación de cualquier tipo de ambigüedad y/o laguna.

Esta iniciativa legislativa forma parte de una batería de medidas emanadas desde la Comisión Europea de cara a apoyar al amplio ecosistema europeo de pymes y autónomos. De hecho, incluye también la simplificación burocrática, histórica demanda de las asociaciones sectoriales, al objeto de que las pequeñas y medianas empresas puedan calcular su base imponible según las reglas del país en el que tienen su sede y, de esta manera, presenten una única declaración de impuestos ante la Hacienda de ese Estado. Una disposición que, según los técnicos comunitarios, reduciría en cerca de un tercio sus costes administrativos, con el ahorro de alrededor de 34.000 millones de euros al año.

La relevancia de esta iniciativa se refuerza, además, con el dato aportado por los expertos de la propia Comisión, al calcular que el recorte en un solo día de los retrasos en los reembolsos podría ahorrarles a las empresas europeas cerca de 160 millones de euros en costes de financiación.

El último de la fila

La propuesta de Bruselas garantizaría igualmente el pago automático de los intereses acumulados y las tasas de compensación, al introducir medidas en este sentido para proteger a las empresas de pagadores olvidadizos.

En este sentido, prevé el resarcimiento por los denominados costes de recuperación, al determinar que el deudor debe pagar de forma automática al acreedor una indemnización por los costes de cobranza. Es decir, una compensación a tanto alzado de 40 a 50 euros, o su equivalente, por transacción comercial abonada con retraso. Con ello, se delimitaría la inequidad que supone que el propio acreedor se haga cargo de los intereses generados por la dilación.

Asimismo, no hay que olvidar que este tipo de situaciones genera un efecto arrastre en la cadena de cobros, como en el caso de las subcontratas en algunos grandes concursos públicos que, en ocasiones, deben esperar un tiempo extra para percibir sus honorarios por parte de los proveedores, en vez de cobrar directamente de la Administración pública en cuestión.

La asimetría y el abuso de poder están presenten en el texto de justificación de las razones para poner en marcha el nuevo reglamento, derivado del paquete de medidas integradas en el denominado SME Relief Package, recientemente anunciado a bombo y platillo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su último discurso sobre el Estado de la Unión.

UNA DE CADA TRES PYMES CERRÓ EN ESPAÑA POR CULPA DE LA MOROSIDAD

No cabe duda de que las condiciones de cada coyuntura financiera afectan a todos los agentes y empresas. Sin embargo, en el reparto de cartas de la competencia empresarial, no es lo mismo jugar la partida económica siendo una multinacional que una pyme. En definitiva, se trata de una esperada iniciativa impulsada desde la Comisión que, en esta ocasión, pone el foco como nunca antes en tratar de equilibrar la balanza de oportunidades entre los Davides y los Goliats.

En este marco de reflexión, el pasado 12 de diciembre se celebró la jornada ¿Cómo afecta la presión normativa, económica, fiscal y laboral a las empresas? Una visión sobre el futuro de nuestros negocios, impulsada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España (CGCGAE), con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que, además de los presidentes de ambas instituciones, intervinieron en la mesa de debate, moderada por la jefa de empresas del diario Cinco Días, Raquel Díaz Guijarro, varios expertos pertenecientes a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y a la propia CEOE, entre otros.

FERNANDO SANTIAGO OLLERO (CGCGAE): «DESDE 1979 A 2022 SE HAN APROBADO EN NUESTRO PAÍS 414.272 LEYES DE TODO TIPO»

En la misma se analizó la situación normativa en España y su influencia en el desarrollo de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas y de los trabajadores por cuenta propia, así como la problemática en torno a la realidad fiscal y laboral en nuestro país. Asimismo, y para arrojar luz a la situación, se presentaron los datos del último barómetro de opinión elaborado por el CGCGAE, que indican que el 69% de los gestores administrativos piensan que los negocios están ahora peor que antes de la pandemia, mientras que el 23% indicó que igual y sólo el 8% eligió la opción: mejor en la actualidad.

Inseguridad vs. certeza

Entre los invitados al acto en el auditorio de la CEOE, Francisco Vidal, director de economía y política sectorial de CEPYME, consideró en el transcurso de su intervención que “la cantidad y calidad normativa está generando mucha inseguridad a las empresas en España”, puesto que “cuando la norma no te permite cuantificar tus retornos”, desde su punto de vista, “inviertes menos”. Asimismo, aseguró que “muchas veces se piden imposibles a las empresas” y, en esta misma línea argumental, afirmó que “la fragmentación del mercado, y la normativa en materia de gobernanza y medioambiente” deben ser abordadas en los próximos años de cara a eliminar obstáculos y aportar certeza a los empresarios. Finalizó su intervención solicitando a la Administración que “genere confianza con sus actos” posibilitando “un escenario de certidumbre sobre los retornos” empresariales.

Por su parte, el economista Javier Santacruz incidió en la necesidad de contar con “una regulación más estable y predecible”, sobre todo a tenor de la fotografía económica actual, calificada por este experto como de “estanflación”. Es decir, “de bajo crecimiento con inflación”, generada a su juicio “como consecuencia de demasiados años de acceso al dinero gratis”, lo que, a la larga, “perjudica el crecimiento económico”.

Gregorio Izquierdo, director de economía de CEOE, fue más explícito al asegurar que “la creación de un clima favorable para las compañías es un asunto clave en España”, máxime si tenemos en cuenta que “ni la inversión ni las ventas de las empresas han recuperado todavía niveles precovid”. Todo ello conduce a un ambiente negativo en el que la falta de inversión hace que “las empresas no puedan crecer” y, por tanto, “crear empleo”. Lo que, en última instancia explicaría, en su opinión, “el diferencial de nuestro país con el resto de la Unión Europea en términos de productividad”.

ANTONIO GARAMENDI (CEOE): «LA ECONOMÍA SUMERGIDA TODAVÍA SE ESTIMA EN ESPAÑA EN TORNO AL 24 % DEL PIB»

Líderes en regulación

Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), recalcó las “enormes diferencias” que se observan en materia de digitalización entre la propia Administración y los trabajadores por cuenta propia. Un colectivo que, en su opinión, se encuentra en una “situación de marginación y de quiebra continua”, tras enfrentar la crisis financiera, la pandemia sanitaria y el aumento de la inflación como consecuencia, entre otros motivos, de los actuales conflictos bélicos. En definitiva, inmerso en unas condiciones de trabajo en las que “se han disparado los costes como consecuencia del exceso de regulación, ya que cada vez que se aprueba una nueva norma es necesario contar con profesionales que ayuden al proceso de adaptación a la misma, lo que se conoce como coste de transición”.

FRANCISCO VIDAL (CEPYME): «LA CANTIDAD Y CALIDAD NORMATIVA ESTÁ GENERANDO MUCHA INSEGURIDAD A LAS EMPRESAS EN ESPAÑA»

Esta especie de círculo vicioso genera un panorama de negocios donde “sólo las empresas más grandes”, con músculo para afrontar con garantías estos procesos de adaptación a la nueva ordenación, “son capaces de sobrevivir” en una “Europa que es líder en regulación, frente al liderazgo en tecnología de China y EE.UU.”, concluyó Ferrero.

Javier Santacruz destacó también en su intervención el desfase que, en ocasiones, existe entre la situación de la Administración Pública y los autónomos, al demandar que la primera “tiene que cumplir con las normas que pymes y autónomos antes que ellos”, por ejemplo, en asuntos como la “eficiencia energética o la presencialidad”, al tiempo que consideró que la reducción de la brecha económica que nos separa de Europa no es debida tanto a “la mejora doméstica sino al empeoramiento de otras economías”, como la alemana.

CELIA FERRERO (ATA): «SE HAN DISPARADO LOS COSTES COMO CONSECUENCIA DEL EXCESO
DE REGULACIÓN»

Santacruz se preguntó también cuál es el coste del cumplimiento normativo para las empresas en un entorno con un “crecimiento estancado”, que “sólo sirve para sobrevivir” a muchos profesionales y pequeñas empresas, donde se están “perdiendo horas trabajadas”, lo que no implica “subidas de productividad”.

A lo anterior habría que añadir, en palabras de Francisco Vidal, el denominado “coste en horas de trabajo” que, sin embargo, en su opinión no se vería aliviado por la derogación de las normas anteriores a la entrada en vigor de la nueva, sino que conviven en una suerte de sumatorio de cargas administrativas.

JAVIER SANTACRUZ (ECONOMISTA): «NECESITAMOS UNA REGULACIÓN MÁS ESTABLE Y PREDECIBLE»

Cuando más puede ser menos

Celia Ferrero, de ATA, reflexionó sobre el inminente incremento del SMI al razonar que su aumento “puede ir en negativo”, al tener que pagar más impuestos derivados de lo anterior. En esta misma línea insistió en que “para subir los salarios, la empresa necesita obtener beneficios y crear así empleo de calidad. Mientras que, si la Administración se ‘come’ el margen de beneficio, tenemos un problema”.

Por otra parte, arguyó que “los regímenes sancionadores son cada vez más exigentes y caros”, además de señalar que “la Administración no se aplica la regulación que exige a las empresas privadas”, ya que, en su opinión, “no se puede inundar a las empresas de normativas y cargas que la propia Administración no cumple”.

La jornada fue clausurada por el presidente del CGCGAE y del Colegio de Madrid, Fernando Santiago Ollero, quien remarcó el exceso de burocracia a la que están sometidos las pymes y autónomos. Así, reveló que, desde el retorno de la democracia hasta los inicios de la presente década (1979-2022), “se han aprobado en nuestro país un total de 414.272 leyes de todo tipo por parte de todas las Administraciones Públicas”, según se recoge en el informe del Banco de España, Los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa: datos de España. Esa cantidad supone, a razón de aproximadamente 220 días hábiles, nada menos que “9.634 leyes al año”, o lo que según sus propios cálculos sería: “una ley cada diez minutos”. A esta cantidad habría que añadir las alrededor de 3.000, 12 de media por día laborable, que promulgan cada ejercicio las instituciones europeas.

GREGORIO IZQUIERDO (CEOE): «LA CREACIÓN DE UN CLIMA FAVORABLE PARA LAS COMPAÑÍAS ES UN ASUNTO CLAVE EN ESPAÑA»

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió en su discurso final la importancia del diálogo social para resolver temas complejos y se refirió también, entre otros asuntos, a la necesidad de calcular la presión fiscal sobre los contribuyentes y no, como hasta ahora, sobre todos los ciudadanos, al hilo de lo cual recordó que la economía sumergida todavía se estima en España en torno al 24% del PIB, según los últimos datos publicados por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), el think tank de la CECA.