No se trata de ideología, sino de economía

El reciente apagón en la Península Eléctrica ha encarnizado el debate energético en nuestro país. En cada esquina aparece quien hace suyo un discurso simplista y cree tener la solución a todos los problemas de nuestro sector energético mediante —a lo sumo— un par de recetas simples: que si nos hemos pasado de frenada con las renovables, que si escasez de nuclear, que si falta de inversión en la red de transporte, que si necesitamos más capacidad de almacenamiento…

Lo cierto es que el desafortunado episodio ha sido aprovechado por muchos profesionales del sector para vender a la sociedad sus teorías con el oportunista argumento de que “si me hubieran hecho caso, no habría pasado”.

Estas teorías caen por su propio peso cuando uno se abstrae del acalorado debate que suscitan y se da cuenta de que no puede darse solución a ningún problema cuya causa se desconoce. Y, por mucho que nos pese, a la fecha de escribir estas líneas —mes y medio después del incidente—, se desconocen las causas del apagón. No entraré ahora a valorar si debiesen conocerse o no a estas alturas, pero lo cierto es que los datos técnicos de los que disponemos son aún compatibles con centenares de posibles causas y, en consecuencia, con multitud de responsables y de posibles soluciones.

En el sector energético los intereses económicos son enormes y las empresas que tratan de capitalizarlos no dudan en pagar ejércitos de lobistas, técnicos, periodistas, abogados, consultores e incluso políticos para “convencer” a la sociedad de las bondades de sus preferencias. Y no hay nada más sencillo para ello que vestir de ideología lo que en realidad es economía.

Se suele identificar, por ejemplo, la defensa de la tecnología nuclear con la ideología de derechas y las renovables con la de izquierdas. Indudablemente, la primera tiene relación con un modelo de grandes empresas —la inversión en un nuevo reactor nuclear no baja de 7.000 millones de euros—, mientras que las segundas, particularmente la solar fotovoltaica, se asocia fácilmente a la “democratización” de la energía, al permitir que los ciudadanos se autoabastezcan con sus propios paneles solares. Pero alternativamente podríamos destacar que la tecnología nuclear es inviable sin un ingente y prolongado apoyo público —lo que normalmente supone aprobar normas para excluir a sus centrales del mercado— o que la energía solar está mucho más al alcance de las personas con mayor poder adquisitivo, que se convierten de facto en “outsiders” del sistema al dejar de contribuir a recuperar buena parte de sus costes hundidos gracias a sus paneles. De verlo así, bien podríamos concluir que la nuclear es de izquierdas y las renovables, de derechas. Ni lo uno, ni lo otro.

En realidad, hay distintos caminos para alcanzar nuestros objetivos compartidos de mayor seguridad, menor coste y mayor sostenibilidad del sistema energético, y nadie sabe con certeza cuál es el mejor. Principalmente porque las inversiones en energía tardan mucho tiempo en recuperarse y no es fácil determinar a priori cuál será el precio de las tecnologías en el futuro.

En 2008, por ejemplo, un panel solar costaba más de 3 € por W; hoy no llega a 0,3 €. Es cierto que entonces muchos preveíamos que la tecnología abarataría sus costes, pero nadie podía asegurar que la reducción alcanzaría el 90%, ni en qué plazo se produciría. Planificar un sistema 100% renovable hace dos décadas implicaba, por tanto, hacer asunciones imposibles de garantizar.

Análogamente, el último reactor nuclear puesto en marcha en Francia —país líder mundial en la tecnología— en diciembre de 2024, se estima que ha costado entre 13.200 y 19.100 millones de euros (la enorme diferencia se debe a las distintas fuentes: la propia empresa pública inversora o el Tribunal de Cuentas, lo que ya demuestra la poca transparencia del proceso). Cuando en 1997 se planificó su construcción y su puesta en servicio para 2007, se estimó en 3.300 millones. Es decir, ha costado al menos cuatro veces más de lo previsto y su construcción se ha retrasado más de 15 años.

En estas condiciones, explicar a la ciudadanía el coste previsto de los planes energéticos, así como su incertidumbre, es determinante para dotar de transparencia y credibilidad al sector. Y anularía de un plumazo esas teorías interesadas que tratan de manipularnos convenciéndonos de que son decisiones ideológicas las que prevalecen.

La política energética europea pivota sobre un modelo 100 % renovable a largo plazo porque se entiende que es la solución de futuro que mejor resuelve el trinomio clásico del sector, al ser la que (i) garantiza nuestra seguridad (no tenemos petróleo ni gas, y los países que los poseen son fuentes permanentes de conflictos bélicos); (ii) mejora nuestra economía (ya a precios actuales, las renovables son la tecnología más barata, incluso añadiendo almacenamiento para los momentos en los que “no sopla el viento, ni llueve ni hace sol”); y (iii) es la más compatible con nuestra supervivencia como especie en el planeta (sin emisión de gases de efecto invernadero ni residuos letales para centenares de generaciones futuras).

Políticos de derechas y de izquierdas la respaldan. Forma parte de una estrategia meditada, consensuada y avalada por numerosos informes técnicos y económicos. Cuando conozcamos las causas del apagón estaremos en disposición de valorar qué medidas deben tomarse para tratar de que no se repita. Mientras tanto, exijamos que todas las propuestas del sector vengan acompañadas de informes económicos que las sustenten.