Numerosas encuestas señalan que internet se usa mayoritariamente para ver redes sociales e informarse. En este caso, le puede dar igual que internet desaparezca. Pero su vida, aunque no lo sepa, está tan metida en la Red que tendría grandes problemas si se apaga. No se engañe, para cualquier organismo usted no deja de ser un conjunto de ceros y unos (lenguaje digital) en sus archivos. Internet no es solo la web que visita sino el medio de comunicación para acceder a la nube donde todas las empresas y organismos guardan su información o se comunican entre sí.  Así, sin esa conexión, surgiría el caos bancario, las transferencias tardarían días en realizarse; en los hospitales no accederían a los historiales clínicos; la logística se ralentizaría enormemente, y por supuesto, las empresas tardarían bastante tiempo en encontrar la información. En definitiva, el mundo se ralentizaría. Los minutos que tarda en comprarse un billete de tren por internet se convertirían en media mañana en la estación. Incluso se quedaría por un tiempo sin cerveza. No es broma, el pasado 29 de septiembre Japón se quedó sin su cerveza más vendida por un ciberataque a las operaciones de pedidos y envíos.  Hasta el riego de los jardines depende de internet. De hecho, en septiembre el sistema que controla los jardines del Turia, en Valencia, sufrieron un ciberataque desde Rusia haciéndolos saltar repentinamente. Regresarían las cartas, faxes y sonarían mucho más los teléfonos. Aumentaría la desigualdad, recursos que ahora son gratuitos en la Red, tendría que pagarlos. Además, el acceso a la información y a oportunidades laborales sería más complicado para los que tienen peor situación económica.

Mo Gawdat, exdirectivo de Google, señaló que lo más fácil para acabar con nuestro estilo de vida es “cargándose internet”. También es cierto que nos encanta elucubrar con cualquier apocalipsis. ¿Se acuerda con el efecto 2000? Fue el temor a un colapso informático mundial el 1 de enero del 2000 porque antes los programadores, para ahorrar memoria, usaban solo dos dígitos para los años (ej. ’99’ en lugar de ‘1999’). Sin embargo, llegó el 2001 y no pasó nada.

EN JULIO DE 2024 HUBO UNA CAÍDA MUNDIAL DEL SISTEMA DE MICROSOFT QUE PROVOCÓ LA CANCELACIÓN EN TODO EL MUNDO DE UNOS TREINTA MIL VUELOS

Un mal sueño

Lo que empezó a finales de 1960 como una red de intercambio de información entre militares y universidades ha crecido tanto que, como señala Danny Hillis, el gurú de la ingeniería informática, “nadie sabe ahora cómo es internet” porque ha sobrepasado los pequeños límites para los que fue creado. Se empezaron a sumar tanta gente y proyectos que no hay un inventor de internet sino muchísimos. Como señala Esther Paniagua, autora del libro “Error 404”, “internet está creciendo tanto que hasta los electrodomésticos están conectados y un error tiene peores consecuencias. Los ataques a internet serán cada serán más habituales porque cada vez es más barato, se necesitan menos recursos y conocimientos”.

No seria tan fácil como cortar el cable rojo de las películas, pero hay dos caminos directos: el BGP y el DNS. El sistema de nombres de dominio (DNS) es a internet lo que a correos las direcciones de las calles. Sin estas no llegan las cartas, pues con un ataque al DSN no conectaríamos con ninguna web. Por su parte, el protocolo de puerta de enlace fronteriza (BGP) son las reglas que dicen las mejores rutas de red para la transmisión de datos en internet. Para que vaya lo más rápido posible. Estas rutas se han atacado a pequeña escala para robar criptomonedas o a gran escala cuando Estados Unidos dejó por error sin internet a Siria. Otros lo hicieron voluntariamente. Así, el gobierno de la India, en 2020, cortó internet en algunas regiones durante meses para evitar que se extendieron protestas.

En cualquier caso, la gente siguió viviendo. De hecho, al año hay decenas de incidentes de caídas de internet. Incluso grandes empresas como WhatsApp, Facebook e Instagram desaparecieron durante horas en 2021. En julio de 2024 hubo una caída mundial del sistema de Microsoft por unas horas que provocó la cancelación en todo el mundo de unos treinta mil vuelos. Por eso, más que alguien “corte internet”, el problema, como señala Esther Paniagua, es que “hemos centralizado el servicio de internet en muy pocos actores, como Google, Amazon Service, Fastly o Akamai”, que son compañías que ofrecen servicios de computación en la nube y entrega de contenido (CDN). En definitiva, hemos puesto todos los huevos en la misma cesta y, como dirían mis abuelos, “eso no es bueno”. 

Aquí no nos andamos por las ramas. Le preguntamos directamente a Gemini, la inteligencia artificial de Google: “¿Eres fiable?” y nos responde: “La IA no es completamente fiable; su fiabilidad depende del ámbito y se ve limitada por la calidad de sus datos de entrenamiento, posibles sesgos y vulnerabilidades a ataques”.  Desde el principio, le reconocemos una honestidad fuera de lo común. Si le pregunta a una persona si es fiable: ¿admitiría que no lo es? Aparte de eso, seguro que alguna vez se ha visto atrapado en un bucle de conversación de un servicio de atención al cliente atendido por una IA. Seguro que habrá deseado ser atendido por un humano.

UNA IA ENTRENADA EN MEDICINA PUEDE DETERMINAR SI UN PUNTO EN UNA ECOGRAFÍA ES UN TUMOR INCIPIENTE

Sesgos y contexto

La IA son algoritmos. Es decir, un programa que da instrucciones según la información que le entra. Básicamente: si en una foto detecta manga corta y sombrero determina que hace sol. Si es una IA entrenada en medicina puede determinar si un punto en una ecografía es un tumor incipiente. Para conseguir esos patrones, la IA se alimenta de millones y millones datos que le damos los propios humanos o bien de información a través de internet o de decenas de miles de personas que entrenan con esos datos. Por ejemplo, ven miles de fotos y señalan donde hay un sombrero para que la IA sepa lo que es un sombrero. A partir de ahí la IA extrae patrones y después da sus respuestas.  Es decir, a la IA se la educa. Por tanto, puede tener “sesgos” procedentes de la información con la que se ha educado y acabar dando respuestas inexactas o incluso discriminatorias. Por ejemplo, en 2018 Amazon descartó una IA de reclutamiento porque penalizaba los currículos que contenían la palabra “mujeres”. Recientemente, el Gobierno de Suecia eliminó una aplicación de IA de la Agencia de Seguridad Social (Försäkringskassan) porque discriminaba a las franjas desfavorecidas. Las seleccionaba injustamente para inspecciones de fraude en prestaciones sociales.

Alucina, vecina

Jennifer Golbeck es especialista en computación. En una charla TED de hace un año señaló que “en un boletín resumo discusiones de foros de extrema derecha. Descargo esos datos y uso ChatGPT para resumirlos. Pero tengo que corregirlo todos los días porque malinterpreta cosas que saca de contexto”. En España, cuando coloquialmente decimos tacos en sentido afectivo o de admiración la IA los considera como insultos.

El caso es que la IA nunca dejará de contestar. Pero cuando no sabe la respuesta genera lo que se denominan “alucinaciones”. Es decir, una información inventada, porque no se la entrenado con los suficientes datos. Por eso la IA ha contribuido a la desinformación: por su capacidad para generar contenidos falsos. También puede enfocarse para detectar bulos si ha sido nutrida con los datos correctos y contrasta en diferentes fuentes. Por ejemplo, la IA Perplexity que muestra de forma bien visible las fuentes de donde ha sacado la información.

Rubén Correa es abogado y presidente de la Cámara Peruana de IA. Nos atiende desde Oviedo donde pasa largas temporadas. Gran conocedor de la IA y su aplicación al mundo legal nos asegura que “la IA con la información necesaria es más fiable que un humano si le das el contexto y haces la pregunta correcta”. Nos recuerda el experimento en Estados Unidos supervisado por la Universidad de Stanford en el que «veinte abogados experimentados se enfrentaron al algoritmo de IA de LawGeex. La plataforma de revisión de contratos logró una precisión del 94 % al identificar riesgos en acuerdos de confidencialidad. Los letrados alcanzaron menos, el 85 %. Pero lo más destacable es que el abogado más rápido en acertar tardó 51 minutos, la IA solo 26 segundos”. También nos recuerda cuando Bill Gates, el fundador de Microsoft, dijo a San Altman que invertiría en su OpenAI si era capaz de superar un examen de Colocación Avanzada de Biología [AP Bio], parecido a un examen de acceso a la universidad: “De las 60 preguntas de un test acertó 59 y redactó respuestas excepcionales a seis preguntas abiertas. Un experto externo calificó el examen de OpenAi con un 5, la puntuación más alta posible”.

EN 2018 AMAZON DESCARTÓ UNA IA DE RECLUTAMIENTO PORQUE PENALIZABA LOS CURRÍCULOS QUE CONTENÍAN LA PALABRA “MUJERES”

¿Compensa el gasto?

Lo que destaca Rubén Correa es que la inteligencia depende de la velocidad y ahí la IA es imbatible. Por ejemplo, en medicina, con datos de millones de pacientes saca patrones y detecta en segundos posibles enfermedades de un paciente examinando una resonancia. Sin embargo, también da errores como los descubiertos por las investigadoras del CSIC Miriam Cobo y Lara Lloret en su libro Inteligencia artificial en medicina. Entre ellos, un algoritmo para detectar casos de neumonía por COVID-19 a partir de radiografías.  Descubrieron que el sistema “había aprendido que si un paciente se hacía la radiografía encogido de hombros (seguramente porque le costaba respirar) lo identificaba como enfermo de neumonía”. Es decir, podías estar sano, subir los hombros en la prueba de rayos X y ser erróneamente diagnosticado. Al menos, identificaron el problema antes de usar esa IA en la práctica clínica real. Otros sistemas de IA los retiraron, pero tras empezar a funcionar. Le pasó al MeQA (Sistema automático de respuestas a preguntas sobre medicamentos de usos humano) del Ministerio de Sanidad. Cometía fallos sobre medicamentos. Ahora, al entrar en su web un letrero con fondo azul dice que “han detectado errores y que volverá a estar disponible”. Funcionó solo dos días desde el 13 de mayo y costó 365.000 euros.  

Viendo esto: ¿es rentable la inversión en IA? En 2025 el gasto en IA habrá sido de unos 553.000 millones de euros, según la firma de análisis Gartner. Piense que el coste de entrenar la IA y el mantenimiento de sus servidores es altísimo. Sin embargo, en los últimos años, según Jennifer Golbeck, el beneficio de la IA es de solo 2.500 millones de euros. ¿Quién querrá seguir invirtiendo en algo tan deficitario? De hecho, ChatGPT, la aplicación más usada de la IA en el año 2024, tuvo 5.000 millones de pérdidas. Incluso, Jeff Bezzos, el multimillonario fundador de Amazon, confesó que la IA puede ser “una burbuja buena” porque “las sociedades se benefician de esos inventos». Ahora bien, hay un dato que hace pensar que remontará y es que, según los datos de SimilarWeb, ChatGPT gana visitas. La gente pasa más tiempo consultando a la IA mientras Google, YouTube o Wikipedia pierden visitas. Es decir: acudimos a una sola fuente: la IA, en vez ir a varias como Google.

El DNI digital ya es una realidad. MiDNI, la aplicación oficial de la Policía Nacional, traslada al móvil las mismas funciones y garantías legales del documento físico. Su objetivo: facilitar la acreditación de la identidad con total seguridad, tanto en gestiones cotidianas como en actos jurídicos de especial relevancia, como las escrituras públicas y otros documentos notariales.

Para ello, la APP genera un código QR dinámico que no muestra datos visibles en pantalla. Solo cuando el código se escanea se establece una conexión con los servidores de la Policía Nacional, que devuelven en tiempo real los datos del DNI firmados digitalmente y con validez temporal limitada. De este modo, se garantiza que la información no puede falsificarse ni reutilizarse.

El Consejo General del Notariado, a través de su centro tecnológico, colabora con la Policía Nacional para adaptar los sistemas notariales a esta nueva forma de identificación. El desarrollo en marcha permitirá a los notarios leer, verificar y visualizar de forma segura los datos contenidos en el QR, siempre bajo estrictos protocolos de protección de datos.

La incorporación de MiDNI supondrá un paso más en la evolución tecnológica del Notariado. Para los notarios, implicará un cambio técnico —pasar del documento físico al escaneo digital—; para los ciudadanos, una experiencia idéntica en fiabilidad y seguridad, acorde con la era digital.

Aunque su uso en notarías no será obligatorio hasta abril de 2026, todo apunta a que MiDNI será una herramienta muy útil en la lucha contra el fraude y en la consolidación de la identidad digital en España.

Durante la sesión, moderada por José Carmelo Llopis, decano del Colegio Notarial de Valencia y Delegado de Nuevas Tecnologías del CGN en el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), se abordaron temas como la construcción modular e industrializada, la tokenización de activos inmobiliarios o el uso del dato notarial como palanca de transparencia. Todo ello bajo una premisa compartida: solo desde la seguridad jurídica puede la tecnología transformar el sector inmobiliario. En ello estuvieron de acuerdo los participantes de este debate: Sergio Carrasco Mayans, abogado e Ingeniero de Telecomunicaciones y de Informática; Sonia Díaz Español, socia fiscal de Cuatrecasas; y Javier González Granado. Notario de Eivissa (Islas Baleares).

Durante el diálogo, moderado por Miguel Solchaga (socio de Metys), José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra y profesor investigador de Barcelona Graduate School of Economics y del IVIE; Enrique Used, socio fundador de Suelos Renovables y profesor de finanzas en IE University; y José Carlos Díez Gangas, economista y profesor de macroeconomía y finanzas internacionales de la Universidad de Alcalá, apostaron por una mayor interoperabilidad entre fuentes públicas y privadas, el desarrollo de herramientas innovadoras como el nuevo Portal Estadístico del Notariado y la creación de un “gemelo digital” del mercado inmobiliario español.

La importancia del dato
«¿Tienen las Administraciones datos de calidad para evaluar las políticas públicas? A veces ni siquiera los quieren tener». La advertencia inicial de José García Montalvo, marcó el tono de una mesa redonda centrada en las debilidades estadísticas del sistema español. “Aunque en compraventa se ha avanzado en la calidad de los registros gracias al INE, los notarios y los registradores, la realidad es que el mercado del alquiler sigue siendo un agujero negro», afirmó Montalvo. En este sentido, subrayó que la información es escasa, heterogénea y poco fiable. «Los últimos dos deciles de población gastan más del 50% de su renta en alquiler, y aun así no sabemos casi nada del mercado arrendaticio», lamentó.

La información sobre viviendas vacías también es contradictoria, tal y como explicó el propio Montalvo: «El censo las sobredimensiona. Por ejemplo, en Barcelona se decía que había un 11,8% de viviendas vacías, pero tras contrastar consumos reales se rebajó esa estadística al 1,25%». Ante estas evidencias, los expertos estuvieron de acuerdo en que la falta de datos ciertos impide saber qué medidas pueden movilizar parque construido o cómo intervenir para aumentar la oferta.

Enrique Used añadió que la fragmentación de las fuentes públicas, la disparidad de escalas y la ausencia de interoperabilidad generan “ruido e incertidumbre”, lo que dificulta tanto el análisis como la toma de decisiones. Por su parte, José Carlos Díez fue más allá: “La falta de datos fiables no solo limita las políticas públicas, también perjudica al ciudadano, que acaba pagando un precio más alto por la vivienda porque no tiene capacidad de negociación”.

Sesgo y fragmentación
Desde una perspectiva macroeconómica, el profesor José Carlos Díez señaló que la carencia de información afecta directamente al funcionamiento del mercado: «Sin acuerdo en el precio entre oferta y demanda no hay transacción. Y sin datos no hay precio justo». En su opinión, el Índice Único Notarial representa un punto de inflexión: «Por primera vez desde 1492 vamos a tener información desagregada, por calles, fiable y en tiempo real. Eso es una auténtica revolución».

Díez alertó también de la asimetría informativa que sufren los ciudadanos respecto a grandes tenedores o inversores: «Sin transparencia, pagas más y tu bienestar empeora». Además, denunció que muchas decisiones se siguen tomando con una visión ideologizada, sin evaluar resultados: «No sabemos si las políticas benefician a quienes más lo necesitan. Y a veces parece que tampoco importa».

Por su parte, Enrique Used coincidió en que la dispersión de datos genera un escenario de confusión que penaliza a todos los actores del mercado, incluidos los más potentes: “Hay tanto ruido en el sistema que incluso los inversores institucionales acaban recurriendo a datos privados que no siempre son fiables. Eso nos lleva a tomar decisiones más conservadoras o directamente a no invertir”. Used insistió en que la única vía para corregir ese desorden es combinar el dato público con la trazabilidad jurídica del dato notarial: “Sin información interoperable y de calidad, todo lo demás falla: la política pública, la inversión privada y la confianza ciudadana”.

Ecosistema interoperable
Para revertir la actual fragmentación informativa, los ponentes coincidieron en la necesidad de construir un ecosistema interoperable, donde los datos públicos y privados se fusionen con coherencia. En este sentido, Enrique Used reclamó criterios de calidad comunes y una mayor integración entre fuentes: “Cada organismo publica lo suyo con objetivos distintos y en formatos poco comparables. Necesitamos armonizar escalas, tiempos y metodologías”.

Por su parte, Díez Gangas subrayó que la clave está en que el dato sea verificable y accesible, no solo abundante: “No se trata de tener más cifras, sino de que estas sirvan para tomar decisiones. Y eso solo lo lograremos si las instituciones comparten la información de manera colaborativa”.

García Montalvo insistió en que esa interoperabilidad debe construirse sobre bases técnicas sólidas y con objetivos compartidos entre Administraciones, universidades y organismos profesionales. “Hay que dejar de ver el dato como una amenaza o como un patrimonio de quien lo produce. Es una herramienta colectiva y debe gestionarse como tal”, defendió. También advirtió de que “sin coordinación real, muchas iniciativas pueden acabar duplicándose o fracasando por falta de alineación entre niveles de gobierno”.

Para concluir, los ponentes destacaron que existen modelos exitosos en Europa y que España cuenta con herramientas pioneras, como el Índice Único Notarial, capaces de dar ese salto si se incorporan plenamente al diseño de políticas. “El reto ya no es técnico, es institucional y de voluntad política”, afirmó Used.

¿Por cuánto se vende un piso en mi zona? ¿Qué barrios son más asequibles en mi ciudad? ¿Es ahora buen momento para comprar o vender? Estas son algunas de las preguntas que nos surgen al afrontar una de las decisiones más trascendentales: adquirir o poner a la venta una vivienda, la preocupación más acuciante para los españoles en la actualidad. Para aportar claridad y respuestas a este proceso, el Consejo General del Notariado (CGN) lanza el Portal Estadístico del Notariado, una plataforma dinámica y visual que permite consultar, a partir de las operaciones firmadas ante notario, el precio real de la vivienda.

Fiel a su vocación de servicio público, el objetivo de este nuevo portal del Notariado es claro: aportar transparencia y rigor a la información sobre el mercado inmobiliario. A diferencia de otras plataformas, basadas en precios de oferta o datos parciales, el Portal Estadístico del Notariado presenta, de forma anonimizada, los indicadores más precisos, fieles y actualizados sobre la vivienda.

Diseño intuitivo y atractivo
El portal cuenta con una navegación ágil, fluida y un diseño atractivo, muy visual y adaptado a todo tipo de dispositivos. El ciudadano, periodista o analista que acceda a la plataforma podrá consultar a través de un mapa interactivo los indicadores más relevantes: el precio por metro cuadrado, la tipología de vivienda, la superficie e importe medio de las operaciones en la zona de su interés, etc. Tras un registro gratuito, es posible complementar esta información con gráficos estadísticos que muestran la evolución del mercado.

FIEL A SU VOCACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO, EL NOTARIADO APORTA CON ESTE PORTAL
RIGOR Y TRANSPARENCIA AL MERCADO INMOBILIARIO

La amplitud y detalle del dato permite pasar de la información más reciente hasta series históricas de los últimos doce años. Adicionalmente, el Portal Estadístico del Notariado aporta datos sociodemográficos que dotan de contexto al análisis del mercado. El usuario registrado puede descargar toda la información vinculada a sus búsquedas y dispone de un área privada con el histórico de consultas y notificaciones sobre nuevas actualizaciones.

El portal cuenta con otras dos secciones clave para tomar decisiones bien fundamentadas sobre la compra o venta de un inmueble. La primera sección reúne utilidades o herramientas prácticas que permiten desde el cálculo de la hipoteca o la estimación del esfuerzo de renta necesario para la adquisición de una vivienda, hasta la posibilidad de localizar y seleccionar al notario que nos asesorará y gestionará los trámites necesarios para la compraventa. Esta sección se completa con una guía detallada para afrontar con garantías todo el proceso.

Por su parte, la sección de “Actualidad” ofrece de forma permanente las últimas novedades, tanto nacionales como locales, sobre temas de interés, como la legislación relativa a la vivienda, las ayudas a la compra, o los datos más completos y comprensibles sobre la evolución del mercado. También incluye artículos de expertos de diversas disciplinas, que aportan rigor y una visión crítica al análisis del sector inmobiliario. En un futuro, para dar respuesta a las nuevas necesidades que vayan surgiendo a los usuarios del portal, está previsto ir incorporando nuevas funcionalidades.

El Reglamento Europeo sobre los criptoactivos (MICA) se aplica a una parte de tales tokens, y los clasifica en tres tipos: de tipo servicio, referenciados a cestas de monedas, y de tipo monetario.

LA INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS EXTRAÑOS A NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO ES UNO DE LOS GRAVES RIESGOS DE LA ‘TOKENIZACIÓN’ DE INMUEBLES

Industria financiera
La industria financiera -así como diversos reguladores- han apostado por la tokenización de activos financieros para las próximas décadas, ya que reducen costes, amplían la liquidez y facilitan el cumplimiento normativo.

La tokenización de activos financieros, hasta el momento, es ínfima a pesar de contar con numerosos defensores. Existen audaces planes para fomentarla, pero por ahora existen enormes dudas -no sobre su futuro a largo plazo- respecto de las acciones a corto plazo y de la propia transición hacia el uso futuro generalizado. Los agudos problemas que crea la trazabilidad de los usuarios-ordenantes y beneficiarios- de los tokens de tipo bitcoin, así como las asociadas dificultades de interoperabilidad, consumo de energía, fuente de exigibilidad legal, etc., obligan a ser cautos.

La legislación española ya ha establecido las bases para la transformación de las acciones de las sociedades anónimas -u otros valores negociables-en tokens, obrando su desarrollo técnico en el Real Decreto 814/2023, de 8 de noviembre, sobre instrumentos financieros, admisión a negociación, registro de valores negociables e infraestructuras de mercado.

Activos inmobiliarios. Si la esperable -tal vez, incluso, deseable- transición hacia la tokenización de activos financieros se encuentra en sus primeros y dificultosos pasos, la tokenización de activos inmobiliarios enfrenta, incluso, mayores retos, dadas las especialidades legales aplicables.

En sociedades occidentales como la nuestra, las enormes dificultades de la tokenización puramente financiera se multiplican exponencialmente en el caso de los proyectos de tokenización de activos no financieros inscritos en registros inmobiliarios.

En la actualidad existen múltiples proyectos de tokenización inmobiliaria, pero si se observan de cerca es evidente que no son genuinas operaciones tokenizadas, ya que los tokens emitidos no conllevan derechos propietarios sobre los bienes inmuebles de referencia.

Estas plataformas anuncian la venta de tokens, pero en realidad son instrumentos indirectos, fungibles, que representan un derecho crediticio y en ningún caso un derecho real. Sin embargo, existen en EEUU algunas primeras operaciones en las que, vía Tokens no fungibles (NFT) sí se han realizado genuinas operaciones inmobiliarias tokenizadas. Estas actuaciones responden a un esquema de transmisión inmobiliaria ajeno a nuestro sistema jurídico en donde, además, y como sucede con el resto de actuaciones sobre criptoactivos, pesa enormemente el problema de su opacidad y de la generación de expectativas que permitan auténticas estafas.

La incorporación de elementos extraños a nuestro ordenamiento jurídico es uno de los graves riesgos de la tokenización de inmuebles si se pretende alcanzar, pues habría que incorporar sistemas de due dilligence inexistentes en esa área, por lo que el riesgo de actuaciones delictivas, incluido el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo, sería ciertamente elevado.

El imparable avance de la digitalización, de las tecnologías distribuidas, de la inteligencia artificial y de la tokenización de bienes y derechos es un reto enorme de las sociedades modernas. Como tal, debe ser administrado de manera rigurosa sin que, en dicha transición, los bienes que al día de hoy gozan de altos grados de protección jurídica puedan verse capitidisminuidos y se generen nichos de mercado para actuaciones fraudulentas y delictivas.

El proyecto de la UE en materia de tokenización financiera (financial assets), está avanzado a ritmo suficiente, con dificultades, pero evitando excesos que pondrían en riesgo el buen funcionamiento de los mercados. Y si este es el estado en materia de tokenización financiera, no cabe duda de que la tokenización inmobiliaria es incluso más compleja y se encuentra en fase aún más incipiente. De hecho, los proyectos que se están comercializando como tokenización inmobiliaria no son tales o son una versión crediticia de la genuina tokenización, por lo que las reformas financieras son su marco lógico.

La genuina tokenización inmobiliaria apenas está en la agenda de reformas internacionales por los graves riesgos que supone. Si se deseara instar tan innovador proceso, lo lógico sería empezar por diseñar tan larga transición tomando en cuenta los éxitos y fracasos de la tokenización financiera y estableciendo el mapa de acciones para los próximos años. Debería empezarse por las enormes reformas jurídicas que deben introducirse en la identificación del objeto tokenizado, su titularidad, su división ideal, los fondos utilizados para la adquisición de cada parte, los sistemas de transmisión de dichas partes que, en un ordenamiento latino germánico, no pueden ser distintos a los de la transmisión de un inmueble, etc.

Alternativamente, la pseudo-tokenización inmobiliaria (transformación en un mero derecho de crédito) ya tiene un encaje legal razonable en la modernizada regulación financiera europea y española.