Entrevista a Carlos Gutiérrez Alameda, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España

EN SOCIEDAD

Mientras no cambiemos el enfoque hacia la prevención seguiremos gestionando incendios en lugar de evitarlos”

CARLOS GUTIÉRREZ ALAMEDA,

presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España

FÁTIMA PÉREZ DORCA

Carlos Gutiérrez Alameda, ingeniero técnico agrícola, con una amplia trayectoria en la representación de la profesión, afronta un nuevo mandato al frente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, tras su reelección para el periodo 2026-2030. En esta entrevista aborda los objetivos de esta nueva etapa y los principales desafíos del sector agrario, desde la gestión del agua y la prevención de incendios hasta la digitalización, la inteligencia artificial y la modernización del medio rural.

-Acaba de ser reelegido como presidente del Consejo General. ¿Cuáles son sus principales objetivos en esta nueva etapa?

– Afronto esta nueva etapa (2026-2030) con la misma ilusión que el primer día, pero también con la responsabilidad de consolidar lo avanzado. Mis prioridades son tres. La primera, culminar la modernización de nuestro marco estatutario: llevamos meses trabajando en una revisión capítulo a capítulo de los estatutos generales para adaptarlos a una legislación que ha cambiado enormemente desde 2003, cuando se redactaron los actuales. La segunda, seguir dando visibilidad a la profesión a través de foros como el que estamos organizando en Burgos, el Foro Nueva Ingeniería, dependiente del Instituto de graduados e ingenieros técnicos de España (INGITE) que busca acercar a Administraciones y empresas el papel que jugamos los ingenieros técnicos agrícolas en la economía real. Y la tercera, seguir tejiendo alianzas institucionales —como la reciente con el Notariado— buscando que faciliten el día a día de nuestros colegiados, disminuyan los trámites administrativos y den más seguridad jurídica a su trabajo. En este sentido pretendemos también una unión, antes imposible, entre todas las ingenierías, estableciendo un nuevo marco jurídico con la “Ley de la Ingeniería” que pretendemos llevar adelante en esta legislatura.

 


“EL RETO DE FONDO ES LA GESTIÓN DEL AGUA: HAY QUE PRODUCIR MÁS CON MENOS RECURSOS HÍDRICOS Y HACERLO DE FORMA SOSTENIBLE”


 

-Para algunos lectores, la figura del ingeniero técnico agrícola puede ser aún desconocida. ¿Cuáles son sus principales funciones?

– Es una profesión mucho más transversal de lo que la gente imagina. Redactamos y dirigimos proyectos técnicos, desde una nave agroindustrial hasta una instalación de energía renovable en el medio rural, realizamos estudios de impacto ambiental, peritamos y valoramos fincas y explotaciones, intervenimos en procesos de concentración parcelaria y ordenación del territorio, y asesoramos en materia de normativa ambiental y de fauna, por ejemplo, en todo lo relacionado con el comercio de especies protegidas, los núcleos zoológicos y el bienestar animal. En definitiva: somos el puente técnico entre la actividad agraria, forestal y medioambiental y la Administración.

-La agricultura vive un momento de grandes cambios: cambio climático, escasez de agua, digitalización. ¿Cuál es el principal reto ahora mismo? ¿Qué papel deben desempeñar los ingenieros técnicos agrícolas?

– El reto de fondo es la gestión del agua en un contexto de mayor variabilidad climática: hay que producir más con menos recursos hídricos y hacerlo de forma sostenible. A eso se suma la necesidad de digitalizar explotaciones que, en muchos casos, siguen funcionando con criterios de hace décadas. Ahí es donde los ingenieros técnicos agrícolas tenemos mucho que aportar: somos quienes diseñamos los sistemas de riego eficientes, quienes evaluamos el impacto ambiental de nuevas infraestructuras y quienes podemos trasladar al agricultor herramientas de agricultura de precisión de forma que realmente le sean útiles tanto para mejorar sus rendimientos como ser más compatibles con el medio ambiente.

 


“SIN UN CAMPO VIVO Y BIEN GESTIONADO NO HAY ALIMENTOS DE CALIDAD, NI TERRITORIO BIEN CONSERVADO, NI POSIBILIDAD DE CONSERVAR POBLACIÓN RURAL”


 

-Han firmado un convenio con el Consejo General del Notariado para la legitimación notarial online de firmas electrónicas. ¿Qué ventajas aportará?

– La principal ventaja es la disminución de los trámites administrativos, una mayor agilidad a la hora de la culminación de cualquier proyecto de ejecución y la seguridad jurídica. Hasta ahora, dar validez notarial a determinados documentos técnicos firmados electrónicamente por nuestros colegiados suponía trámites presenciales que ralentizaban procesos que, por su naturaleza, cada vez requieren mayor rapidez. Con la legitimación notarial online, un proyecto técnico, un informe pericial o una certificación pueden quedar legitimados de forma telemática, con las mismas garantías, pero sin los tiempos de desplazamiento y gestión que antes eran necesarios. Esto beneficia tanto al profesional como al ciudadano o la Administración que recibe el documento.

 


“CON LA LEGITIMACIÓN NOTARIAL ONLINE, UN PROYECTO TÉCNICO, UN INFORME PERICIAL O UNA CERTIFICACIÓN PUEDEN QUEDAR LEGITIMADOS DE FORMA TELEMÁTICA”


 

-Ese convenio forma parte también del Plan Notarial de Emergencias para catástrofes, incendios forestales o inundaciones. ¿Cómo puede ayudar a ambos colectivos y a la sociedad?

– En situaciones de emergencia, el tiempo es el recurso más escaso. Que un ingeniero técnico agrícola pueda emitir y legitimar de forma inmediata, por ejemplo, una valoración de daños tras un incendio forestal o una inundación, sin esperar a trámites presenciales, agiliza enormemente la respuesta: acelera peritaciones para seguros, informes para ayudas públicas y documentación necesaria para la reconstrucción. Es una colaboración entre dos profesiones, la nuestra y la notarial, que en última instancia repercute muy positivamente en que la sociedad afectada reciba antes la respuesta y el apoyo que necesita. Una excelente colaboración entre dos Consejos preocupados por el futuro de este país.

-Cada verano los incendios son una gran preocupación. ¿Cree que España sigue centrando demasiados esfuerzos en apagar incendios y no los suficientes en prevenirlos?

– Sinceramente, sí. Seguimos invirtiendo la mayor parte de los recursos en la extinción y muy poco en la gestión previa del territorio: limpieza de montes, gestión de biomasa, mantenimiento de cortafuegos, ordenación de usos forestales. Un monte gestionado y una masa forestal bien cuidada son la mejor prevención que existe, y ahí los ingenieros técnicos agrícolas y forestales tenemos un papel clave que, muchas veces, se infravalora frente a la imagen —más mediática— de los medios aéreos apagando el fuego. Mientras no cambiemos ese enfoque hacia la prevención, seguiremos gestionando la emergencia en lugar de evitarla.

 


“EL FUTURO DEL CAMPO ESPAÑOL DEPENDE DE QUE SEPAMOS COMBINAR TRADICIÓN Y MODERNIZACIÓN SIN RENUNCIAR A NINGUNA DE LAS DOS”


 

-Ha dedicado parte de su carrera a la divulgación, como profesor, autor y colaborador en medios. ¿Cuál es el principal mensaje que debe dar el sector agrario a la sociedad?

– Que el campo no es un sector del pasado, sino una actividad estratégica, técnica y en constante evolución. Todavía existe una imagen desfasada del agricultor o del medio rural, cuando en realidad hoy se maneja tecnología punta, se cumplen exigencias ambientales muy estrictas y se garantiza la seguridad alimentaria de cada ciudadano. Mi mensaje es siempre el mismo: sin un campo vivo y bien gestionado no hay alimentos de calidad, ni territorio bien conservado, ni posibilidad ninguna de conservar de población rural. Nosotros pensamos que el sector primario agrario merece el mismo reconocimiento social que cualquier otro sector productivo.

-Con el avance de la inteligencia artificial y la agricultura de precisión, ¿cómo imagina el trabajo de un ingeniero técnico agrícola dentro de diez años?

– Lo imagino como el de un profesional cada vez más multidisciplinar, apoyado en datos y en herramientas de inteligencia artificial para llevar a término la mejor de las decisiones —sobre riego, fertilización, gestión de plagas o planificación de cultivos— con una precisión que hoy aún es limitada. Siendo conscientes de que la tecnología no sustituirá el criterio técnico, pensamos que seguirá siendo necesario que alguien interprete los datos, los contextualice sobre el terreno y asuma la responsabilidad profesional de cualquier proyecto o informe. Nuestro papel se desplazará hacia la supervisión inteligente de sistemas cada vez más automatizados, no hacia la desaparición, ya que siempre tendrá que haber un responsable.

-Después de tantos años vinculado al medio rural y al medio ambiente, ¿qué mensaje le gustaría trasladar sobre el futuro del campo español?

– Que el futuro del campo español depende de que sepamos combinar tradición y modernización sin renunciar a ninguna de las dos. Tenemos un medio rural con un enorme potencial —en producción, en energía, en fijación de carbono, en biodiversidad— que solo se aprovechará si seguimos apostando por la profesionalización, por la formación técnica y por dar a quienes trabajan la tierra las herramientas y el reconocimiento que merecen. Soy optimista: el campo español es un campo lleno de oportunidades, tiene futuro si la sociedad y las instituciones lo acompañan con la misma seriedad con la que los profesionales llevamos décadas trabajando por él. El futuro habitualmente parece incierto, sin embargo casi siempre es sorprendente y en la mayoría de los casos nos lleva a un mundo mejor.

La Ley que defiende la capacidad jurídica de todas las personas

EN SOCIEDAD

José Manuel González Huesa y Luis Cayo Pérez Bueno (en pantalla).

La Ley que defiende la capacidad jurídica de todas las personas

Redacción

El pasado 3 de septiembre, día en que se cumplieron cinco años de la entrada en vigor de la Ley 8/2021, por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, tuvo lugar un debate para analizar la efeméride en el canal de televisión de la agencia de noticias Servimedia.

Moderada por el periodista José Manuel González Huesa, la mesa redonda contó con las intervenciones de: Concepción Pilar Barrio Del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado (CGN) y de la Fundación Aequitas; María José Segarra, fiscal de Personas con Discapacidad y Mayores, y patrona de Aequitas; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI; Inés de Araoz, coordinadora del Departamento Jurídico en Plena Inclusión; y Lourdes Márquez, directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE.

En su valoración de estos cinco años, la presidenta del Notariado y de la Fundación Aequitas apuntó que “hemos avanzado mucho, aunque en el ámbito social y jurídico queda pendiente superar sesgos y prejuicios aún existentes sobre las personas con discapacidad, que generan unos daños colaterales. Sigue habiendo necesidades no atendidas como la accesibilidad a las nuevas tecnologías o la Inteligencia Artificial, aún debemos eliminar todas esas dificultades”.

 


LOS PONENTES COINCIDIERON EN RESALTAR LOS BENEFICIOS DE LA LEY 8/2021, AUNQUE PUSIERON DE MANIFIESTO ALGUNOS RETOS PENDIENTES EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA


 

De izquierda a derecha: Lourdes Márquez, Concepción Pilar Barrio Del Olmo e Inés de Araoz. María José Segarra, en pantalla.

Responsabilidad jurídica y moral

“Desde la aprobación de la Ley -señaló Barrio- hubo preocupación en el Notariado por formarnos. Era una ley con gran responsabilidad jurídica y moral para el notario. En las notarías ha habido una evolución; cada vez se adoptan más medidas voluntarias de apoyo que son conocidas mejor por parte de familiares y persona con discapacidad. A veces es el propio notario el que las recomienda para resolver las preocupaciones existentes en el ámbito patrimonial o asistencial”.   

“En previsión de una situación de discapacidad, una persona puede ordenar aspectos no sólo económicos, también puede adoptar medidas personales. Puedes indicar quién quieres que se encargue de tu patrimonio y tu persona, con salvaguardas para evitar abusos. El asesoramiento notarial permite diseñar un ‘traje a medida’; para ello, se precisa de una conversación previa para informar sobre las diferentes posibilidades de un contrato de alimentos o un poder preventivo, por ejemplo, figuras muy aconsejables”, prosiguió la presidenta, quien recalcó que el artículo 25 de la Ley del Notariado (que garantiza la comprensión y accesibilidad de las personas con discapacidad a los instrumentos públicos), es un ejemplo de accesibilidad universal.

 


CONCEPCIÓN BARRIO DEL OLMO: “DESDE LA APROBACIÓN DE LA LEY 8/2021, CADA VEZ SE ADOPTAN MÁS MEDIDAS VOLUNTARIAS DE APOYO EN LAS NOTARÍAS”


 

Sobre el futuro, la máxima representante del CGN y de la Fundación Aequitas pidió a todos los sectores implicados “no relajarse. Hemos conseguido mucho para que todo ese esfuerzo tenga una marcha atrás. Debemos conseguir superar esos daños colaterales que pueden dejar esta Ley en papel mojado”.

Desjudicialización

Segarra puso en valor “el esfuerzo por formarnos y aprender de todos los operadores jurídicos para aplicar una norma que ha cambiado la forma de ver a las personas con discapacidad. Los operadores somos los garantes de aplicar necesarias salvaguardas que garanticen que la voluntad se realice de forma libre”.

 


MARÍA JOSÉ SEGARRA, PATRONA DE AEQUITAS, APUNTÓ QUE LAS SENTENCIAS SOBRE INCAPACITACIÓN PREVIAS A LA LEY 8/2021 ESTARÁN RESUELTAS EN EL PLAZO PREVISTO


 

“La esperada desjudicialización -expresó la patrona de Aequitas- no se está produciendo con la intensidad que necesitaríamos. Los volúmenes de casos sobre discapacidad existentes en los juzgados siguen siendo importantes. Cabe destacar que sólo el 3% de las personas se oponen a las medidas de apoyo establecidas en el juzgado; hay una aceptación general de esos apoyos. Por lo que se refiere al plazo para revisar las sentencias de incapacitación anteriores a 2021, que concluye el próximo septiembre, con el ritmo de trabajo actual se va a alcanzar. La justicia es ahora más accesible, pero no disponemos de facilitadores procesales, órganos especializados en todos los territorios (no sólo en capitales de provincia), equipos multidisciplinares, personal en la fiscalía para realizar las entrevistas… pero desde el Ministerio Fiscal tenemos la plena voluntad de poner todo nuestro esfuerzo para superar esas trabas”.

“El movimiento de la discapacidad -destacó Pérez Bueno- en alianza con otros colectivos y operadores jurídicos como el Notariado, tenía mucho interés en que esta ley capital y de potestad legislativa saliera bien. Este esfuerzo fue considerable, la comunidad jurídica española dio lo mejor de sí para conseguirlo. Pero no es una “ley realidad”, es una “ley proceso” que precisa un despliegue. Quizá cuando pase su primera década de aplicación se encontrarán los cambios destinados a mantenerse”.

 


LUIS CAYO PÉREZ BUENO SEÑALÓ QUE SERÁN NECESARIOS DIEZ AÑOS PARA QUE LA NORMATIVA ESTÉ PLENAMENTE IMPLANTADA


 

Adaptación constante

El representante del CERMI estatal hizo hincapié en que “es una norma innovadora que ha marcado la pauta a otros países” y que su adaptación debe ser constante, “hoy mismo, por ejemplo, se ha aprobado el Reglamento de Accesibilidad Cognitiva que refuerza la figura del facilitador procesal. Tenemos constancia de la existencia de daños colaterales en materias como la fiscal o de seguridad social que deben ser reconducidos. La desjudicialización tampoco se ha conseguido del todo; aunque hay que tener en cuenta que el ámbito de la justicia es la esfera peor dotada de la acción pública y precisa mayores recursos”.

 


INÉS DE ARAOZ HIZO HINCAPIÉ EN EL TRABAJO PREVIO REALIZADO POR EL TERCER SECTOR PARA ADAPTARSE A LA LEGISLACIÓN


 

Araoz puso de manifiesto “el trabajo previo a la entrada en vigor de la Ley de las organizaciones del mundo de la discapacidad en materia de transformación de cara a implementar el artículo 12 de la Convención de la ONU (Las personas con discapacidad tienen derecho al igual reconocimiento como persona ante la Ley). Podemos estar satisfechos con el contenido de esta reforma; aunque desde organismos como el Observatorio de Jurisprudencia han emitido informes sobre la aplicación que detectan indicadores que se incumplen. Es el caso de muchas sentencias, de cuyo contenido y obligaciones no se informa debidamente al curador o al guardador de hecho; lo que dificulta conocer si las personas jurídicas o las personas están dando lo que necesita la persona con discapacidad”. 

 


LOURDES MÁRQUEZ ASEGURÓ QUE “QUEDA MUCHO POR HACER PARA PASAR DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS EJERCIDOS”


 

Por último, Márquez resaltó que “la Ley 8/2021 evidencia lo contenido en la Convención de la ONU, que este año cumple veinte años. Cambió el modelo de sustitución de la voluntad para enfocarse en la persona, creando apoyos individualizados o ‘trajes a medida’ para cada caso”.  La representante de Fundación ONCE coincidió en apuntar retos pendientes: “Queda mucho por hacer para pasar de los derechos reconocidos a los ejercidos. Por ejemplo, en materia de accesibilidad universal; un puente que todos tenemos que cruzar”. Aunque se mostró optimista por “la colaboración y compromiso entre operadores jurídicos y movimiento asociativo. Cada uno de los actores debe cumplir su papel y seguir buscando las mejores soluciones para cada persona”.

Canal de Servimedia

El Diálogo está disponible en el Canal de YouTube de la agencia de noticias.

Cuidar de quienes nos cuidan

EN SOCIEDAD

La iniciativa nace de una constatación tan real como dura: muchos médicos comunitarios que sufren una agresión terminan por no denunciar.

Cuidar de quienes nos cuidan

Carlos Capa

El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido el galardón anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la justicia más accesible por un proyecto que convierte una idea elemental —que ningún sanitario deje de denunciar una agresión por miedo, cansancio o desorientación— en una respuesta judicial coordinada, cercana y replicable.

En una sociedad que exige disponibilidad permanente a sus sanitarios, el acto de cuidar rara vez se ha detenido a mirar a quienes cuidan. Especialmente cuando el profesional sanitario, después de afrontar una agresión verbal, física o intimidatoria en su consulta, descubre que denunciar no es solo relatar lo ocurrido: es iniciar un recorrido administrativo y judicial que puede parecer largo, frío y, a veces, desalentador.

El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido acortar esa distancia, con su proyecto, significativamente titulado Cuidar de quienes nos cuidan. El premio fue recogido el pasado 26 de junio en la sede del CGPJ por el magistrado presidente, Juan Avelló Formoso, acompañado por la presidenta del Colegio de Médicos de Las Palmas, Elisabeth Hernández, y por el magistrado especialista de lo Social Javier Ercilla García.

 


EL TRIBUNAL DE INSTANCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA HA DECIDIDO ACORTAR LA DISTANCIA ENTRE LA DENUNCIA Y LA JUSTICIA CON SU PROYECTO CUIDAR DE QUIENES NOS CUIDAN


 

La entrega del reconocimiento corrió a cargo de Jorge Prades López, vicesecretario del Consejo General del Notariado, y de María Luz Sánchez-Jáuregui Lázaro, secretaria del Colegio de Registradores de España. Más allá de la emotividad del acto, la escena condensaba una alianza institucional con un objetivo práctico: lograr que la víctima no se quede sola ante el primer obstáculo.

Un problema complejo

La iniciativa nace de una constatación tan real como dura. Muchos médicos comunitarios que sufren una agresión terminan por no denunciar. No porque el hecho carezca de gravedad ni porque desconozcan que tienen derecho a hacerlo, sino porque el desgaste se suma al desgaste: la atención del paciente, la tensión de una jornada asistencial, la necesidad de explicar lo sucedido, la incertidumbre sobre los trámites, la previsión de declaraciones y la sensación de adentrarse en un mundo ajeno.

En el origen del proyecto hay una pregunta esencial: ¿qué puede hacer la Justicia para que una víctima no renuncie antes incluso de haber iniciado el camino?

 


SE BUSCA QUE NINGÚN MÉDICO COMUNITARIO DEJE DE DENUNCIAR UNA AGRESIÓN POR DESCONOCIMIENTO, AGOTAMIENTO O FALTA DE APOYO


 

La respuesta articulada desde Las Palmas de Gran Canaria evita la lógica de las soluciones aisladas. No se trata de acompañar a un facultativo concreto en una situación excepcional, sino de establecer un cauce reconocible, estable y útil para el conjunto de profesionales afectados. La innovación, por tanto, no está solo en prestar ayuda, sino en convertir esa ayuda en sistema.

El modelo pone el foco en la coordinación entre instituciones que hasta ahora podían actuar en compartimentos separados: la organización judicial, el Colegio de Médicos y los profesionales que conocen, desde la práctica jurisdiccional, la realidad de los conflictos surgidos en el ámbito sanitario. Ese trabajo conjunto permite que la denuncia deje de ser un salto al vacío y se transforme en una decisión informada.

La víctima no necesita únicamente una respuesta cuando ya está ante el órgano judicial. La necesita antes: en el momento de comprender qué ha ocurrido, de valorar sus opciones y de encontrar un apoyo que no añada complejidad a una experiencia ya traumática.

 


LA ACCESIBILIDAD NO CONSISTE ÚNICAMENTE EN ABRIR LA PUERTA DEL JUZGADO. CONSISTE EN QUE LA PERSONA SEPA QUE PUEDE CRUZARLA, QUE SERÁ COMPRENDIDA


 

Con rostro humano

Hablar de justicia accesible suele remitir a la eliminación de barreras físicas, lingüísticas, tecnológicas o cognitivas. Todas son decisivas. Pero el proyecto premiado amplía esa mirada y sitúa en el centro una barrera menos visible: la del desánimo.

La agresión a un sanitario no se agota en el instante del incidente. Puede dejar una huella profesional, emocional y organizativa. Puede alterar la relación con los pacientes, generar inseguridad en el puesto de trabajo y extender la idea de que determinadas conductas forman parte inevitable de la asistencia sanitaria. Normalizar esa violencia es, en sí mismo, una forma de fracaso colectivo.

Cuidar de quienes nos cuidan plantea una alternativa: que el profesional no tenga que escoger entre continuar con su actividad y defender sus derechos. Que denunciar no aparezca como una carga añadida, sino como una vía acompañada y comprensible. Y que cada denuncia, además de responder a un daño individual, contribuya a visibilizar una realidad que no debe permanecer en silencio.

 


EL PROYECTO NO ASPIRA A RESOLVER UNA EXCEPCIÓN, SINO A IMPEDIR QUE LA RENUNCIA A DENUNCIAR SE CONVIERTA EN LA RESPUESTA HABITUAL DE QUIEN HA SUFRIDO UNA AGRESIÓN


 

Ese enfoque contiene una dimensión institucional relevante. Cuando una persona renuncia a denunciar porque el procedimiento le resulta inaccesible, no falla únicamente su confianza personal: también se pierde información sobre un fenómeno social y se debilita la capacidad de prevenirlo. La denuncia es un instrumento de tutela, pero también de conocimiento. Hace visible lo que, de otro modo, permanece disperso en conversaciones de pasillo, partes internos o experiencias íntimas de frustración.

La accesibilidad, entendida así, exige un cambio de perspectiva. No se pregunta qué debe hacer el ciudadano para adaptarse a la Administración de Justicia, sino qué debe hacer la Justicia para resultar inteligible y transitable para el ciudadano. En este caso, para el sanitario que acaba de vivir una situación que jamás debería considerarse inherente a su profesión.

Un premio que interpela

El reconocimiento otorgado por el CGPJ sitúa al Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria como referente de una forma de entender el servicio público de Justicia. El galardón no premia únicamente una buena práctica local; reconoce una cultura institucional: la que escucha los problemas antes de que se conviertan en abandono, la que coopera con quienes están fuera del edificio judicial y la que no confunde formalidad con eficacia.

La presencia de Jorge Prades López, en representación del Consejo General del Notariado, y de María Luz Sánchez-Jáuregui Lázaro, por el Colegio de Registradores de España, subraya además el carácter transversal de la accesibilidad. La Justicia no se construye solo desde la jurisdicción. Depende también de la capacidad de las profesiones jurídicas y de las instituciones públicas para detectar dónde se rompe el acceso efectivo a los derechos.

La fuerza de Cuidar de quienes nos cuidan reside precisamente en su aparente sencillez. No parte de una arquitectura burocrática grandilocuente, sino de una pregunta humana: ¿qué ocurre con el médico después de una agresión? A partir de ahí, organiza una respuesta.

Quizá esa sea la enseñanza más valiosa del proyecto. Las grandes reformas son necesarias, pero la calidad democrática de las instituciones también se mide en los detalles: en la llamada que orienta, en el cauce que evita una renuncia, en la coordinación que sustituye el peregrinaje y en la certeza de que pedir amparo no supondrá quedarse más solo.

Porque cuidar a quienes cuidan no es un gesto de cortesía institucional. Es una exigencia de justicia.

El vicesecretario del Consejo General del Notariado, Jorge Prades (primero por la izquierda) participó en la entrega de los premios.

Pasos a seguir

  • Comunicar la agresión: El médico afectado debe comunicar la agresión sufrida a los servicios de asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Las Palmas.
  • Coordinación judicial: Gracias al protocolo acordado con el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria se optimiza la tramitación de la denuncia y se refuerza la organización de las citaciones y comparecencias.
  • Acompañamiento especializado: Se ofrece apoyo directo al profesional sanitario en su relación con el órgano judicial para reducir el impacto y la revictimización durante el proceso.
El modelo pone el foco en la coordinación entre instituciones que hasta ahora podían actuar en compartimentos separados.

De la reacción a la prevención

La participación del Colegio de Médicos de Las Palmas, junto a los representantes de la Administración de Justicia ofrece una de las claves de la iniciativa: no hay protección efectiva si las instituciones esperan a encontrarse solo en el momento de la crisis.

El colegio profesional conoce de cerca la realidad de los facultativos, sus dudas y los obstáculos que encuentran al activar los mecanismos de defensa. Los juzgados, por su parte, son la puerta de acceso a la respuesta judicial. La colaboración entre ambos espacios permite construir un lenguaje compartido y, sobre todo, una cadena de apoyo menos fragmentada.

El magistrado especialista de lo Social, Javier Ercilla García, completa esa visión interdisciplinar. Las agresiones en el ámbito sanitario no pueden tomarse exclusivamente como episodios individuales. Tienen también una dimensión laboral y preventiva: afectan a las condiciones en las que se presta la asistencia, a la seguridad en el trabajo y al deber colectivo de proteger a quienes desarrollan una función esencial.

No es casual que el proyecto se dirija a los médicos comunitarios. La medicina de proximidad implica contacto continuo, confianza, urgencias, exigencias y, en ocasiones, una presión que desborda los límites de la relación asistencial. Precisamente por ello, la respuesta institucional debe ser clara: el profesional sanitario presta un servicio público o esencial, pero no está obligado a soportar violencia.

La justicia más cercana no es necesariamente la que multiplica ventanillas. Es la que reduce la necesidad de buscarlas. Es la que anticipa la duda, ordena el recorrido y convierte un derecho abstracto en una posibilidad real.

La agresión a un sanitario no se agota en el instante del incidente. Puede dejar una huella profesional, emocional y organizativa.

El reconocimiento de hijos ante notario

La participación del Colegio de Médicos de Las Palmas, junto a los representantes de la Administración de Justicia ofrece una de las claves de la iniciativa: no hay protección efectiva si las instituciones esperan a encontrarse solo en el momento de la crisis.

El colegio profesional conoce de cerca la realidad de los facultativos, sus dudas y los obstáculos que encuentran al activar los mecanismos de defensa. Los juzgados, por su parte, son la puerta de acceso a la respuesta judicial. La colaboración entre ambos espacios permite construir un lenguaje compartido y, sobre todo, una cadena de apoyo menos fragmentada.

El magistrado especialista de lo Social, Javier Ercilla García, completa esa visión interdisciplinar. Las agresiones en el ámbito sanitario no pueden tomarse exclusivamente como episodios individuales. Tienen también una dimensión laboral y preventiva: afectan a las condiciones en las que se presta la asistencia, a la seguridad en el trabajo y al deber colectivo de proteger a quienes desarrollan una función esencial.

No es casual que el proyecto se dirija a los médicos comunitarios. La medicina de proximidad implica contacto continuo, confianza, urgencias, exigencias y, en ocasiones, una presión que desborda los límites de la relación asistencial. Precisamente por ello, la respuesta institucional debe ser clara: el profesional sanitario presta un servicio público o esencial, pero no está obligado a soportar violencia.

La justicia más cercana no es necesariamente la que multiplica ventanillas. Es la que reduce la necesidad de buscarlas. Es la que anticipa la duda, ordena el recorrido y convierte un derecho abstracto en una posibilidad real.

Entrevista a María del Mar Pageo, presidenta de Cruz Roja Española

EN SOCIEDAD

La vulnerabilidad es hoy más compleja, diversa y, en muchos casos, cronificada”

María del Mar Pageo,

presidenta de Cruz Roja Española

Carlos Capa

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Geriatría y Gerontología, María del Mar Pageo, lleva más de tres décadas vinculada a Cruz Roja Española como voluntaria y, desde 2023, preside la organización y su Fundación. En esta entrevista analiza los principales retos sociales a los que se enfrenta la organización humanitaria en un contexto marcado por el aumento de la vulnerabilidad, el envejecimiento, la soledad no deseada y la brecha digital.

-En el actual contexto social y económico: ¿Cuál es la principal misión hoy de Cruz Roja?

– No ha cambiado desde su creación. Nuestro fin viene muy claramente definido en el Principio de Humanidad que establece que el Movimiento, al que ha dado nacimiento la preocupación de prestar auxilio, sin discriminación, a todas las personas heridas en los campos de batalla, se esfuerza, con su capacidad internacional y nacional, por prevenir y aliviar el sufrimiento de los seres humanos en todas las circunstancias. Tendemos a proteger la vida y la salud, así como a hacer respetar a la persona humana. Favorecemos la comprensión mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera entre todos los pueblos. 

El actual contexto social y económico ciertamente tiene fuentes de sufrimiento que son diferentes a las que podíamos abordar como organización en el momento de nuestro surgimiento. Fenómenos como la soledad no deseada, el incremento de la vulnerabilidad frente a fenómenos meteorológicos extremos incentivado por el cambio climático o el riesgo de exclusión vinculado a la brecha digital, son muy característicos del momento actual.

Sin embargo, hay otros escenarios que lamentablemente permanecen como el de prestar auxilio, sin discriminación, a todas las personas heridas en los campos de batalla.

 


REFORZAR LA PROTECCIÓN SOCIAL PASA POR GARANTIZAR QUE SEA ACCESIBLE, ÁGIL Y CENTRADA EN LAS PERSONAS


 

-Trabajan en primera línea con personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué retos enfrenta la organización en materia de protección social y humanitaria?

– Uno de los principales retos es que la vulnerabilidad es hoy más compleja, diversa y, en muchos casos, cronificada. Ya no se limita a situaciones de exclusión extrema, sino que alcanza a un número creciente de personas y familias que, aun teniendo empleo, no logran cubrir sus necesidades básicas en un contexto de aumento del coste de la vida, dificultades de acceso y mantenimiento de la vivienda y precariedad laboral.

Además, los desafíos no se presentan de forma aislada, sino interconectados. El envejecimiento de la población, la soledad no deseada, los problemas de salud mental, especialmente entre jóvenes, o la brecha digital configuran realidades cada vez más complejas. Ante ello, el reto es avanzar hacia respuestas integrales, centradas en la persona y sostenidas en el tiempo, adaptándose además a un contexto de emergencias más frecuentes. Y hacer todo ello garantizando la sostenibilidad del sistema de asistencia a las personas y el cuidado de los equipos.

-La seguridad jurídica es un pilar fundamental para el funcionamiento de las instituciones y la protección de los derechos. ¿Echa en falta alguna ley o reforma?

– Sin duda, la seguridad jurídica resulta un soporte esencial para poder acometer nuestra actividad cotidiana dentro de un marco y un entorno adecuados.

 En mi opinión, resultaría positivo el que se aprobara el reglamento de la Ley de Voluntariado, previsto en la propia ley, que sirviera de delimitación, encaje y desarrollo de la actividad voluntaria que muchas personas desarrollan en el seno de nuestra Institución.

 


LA COLABORACIÓN ENTRE EL ÁMBITO SOCIAL Y EL JURÍDICO PERMITE OFRECER RESPUESTAS MÁS INTEGRALES Y PREVENTIVAS


 

-En abril firmaron un acuerdo de colaboración con el Consejo General del Notariado, ¿con qué objetivos?

– Este acuerdo de colaboración surgió de la necesidad de lograr una mayor colaboración entre ambas partes para el intercambio recíproco de información y experiencias, con la finalidad de mejorar y coordinar la actuación en situaciones de emergencia y articular el trabajo conjunto de ambas instituciones en situaciones especiales.

No obstante, el documento suscrito es más ambicioso y prevé ampliar a otros ámbitos la colaboración en el futuro; asunto en el que ya se está trabajando.

-En un momento de creciente precariedad y desigualdad, ¿qué medidas considera necesarias para reforzar la red de protección social en España?

– Reforzar la red de protección social pasa, en primer lugar, por garantizar que esta sea accesible, ágil y centrada en las personas, eliminando barreras administrativas, digitales o de información que dificultan el acceso efectivo a los derechos. No se trata solo de disponer de recursos, sino de asegurar que las personas puedan utilizarlos de manera sencilla y en el momento adecuado.

Además, es fundamental consolidar un sistema basado en derechos, suficiente y estable, que proporcione seguridad y evite situaciones de incertidumbre. Junto a ello, resulta clave apostar por la prevención, con servicios sociales bien dotados, coordinados y capaces de anticiparse. Todo ello debe ir acompañado de medidas que refuercen el empleo digno, el acceso a la vivienda y la protección de colectivos especialmente vulnerables, así como de un impulso decidido a las redes comunitarias y al acompañamiento cercano y humano.

 


EL COMPROMISO DEL VOLUNTARIADO SE SOSTIENE COMBINANDO NUESTROS PRINCIPIOS Y VALORES CON UNA GESTIÓN MÁS CERCANA, FLEXIBLE Y CENTRADA EN CADA PERSONA


 

-Cruz Roja desarrolla programas en ámbitos tan diversos como la inclusión laboral, la salud, la infancia, la migración y las emergencias. ¿Qué programas le parece que tienen mayor impacto transformador y por qué?

– Como bien dices, Cruz Roja trabaja en programas muy diversos, con los que se cubre un espectro muy amplio de necesidades sociales. Para nosotros uno de los aprendizajes de todos estos años de trabajo es que la capacidad transformadora reside en la interacción de los diferentes programas juntos.

Las personas somos seres multidimensionales y muy a menudo, cuando alguien requiere nuestro apoyo en un aspecto, al abordar de manera personalizada la situación de la persona que necesita ayuda, afloran otras necesidades que se relacionan con la primera como causas de ella o como consecuencias.

Que el impacto de la intervención tenga capacidad transformadora depende más de la capacidad de entender a la persona en esas múltiples dimensiones y ser capaces de ofrecerle apoyo en tantas como necesite y, cuando se requiera, de manera sostenida.

-La colaboración entre el sector público, el privado y el tercer sector es clave para abordar los desafíos sociales. ¿Qué tipo de alianzas considera prioritarias para el futuro de Cruz Roja?

– Para Cruz Roja el futuro pasa por reforzar alianzas que sumen capacidades y generen un impacto real y sostenido. Son prioritarias las colaboraciones con las administraciones públicas, que permiten dar respuestas estructurales, y con el sector privado, que aporta innovación, recursos y compromiso social. Del mismo modo, las alianzas con instituciones cercanas a la ciudadanía, como el Notariado, resultan especialmente valiosas por su capacidad de generar confianza y acompañar a las personas en momentos clave.

Además, creemos firmemente en el papel de la sociedad en su conjunto. La implicación individual —a través de donaciones, voluntariado, o fórmulas como las herencias y legados solidarios— es esencial para sostener y ampliar nuestra labor. Esta corresponsabilidad, junto con una colaboración sólida entre sectores, es la base para construir una sociedad más inclusiva y resiliente.

 


LAS ALIANZAS CON INSTITUCIONES CERCANAS A LA CIUDADANÍA, COMO EL NOTARIADO, RESULTAN ESPECIALMENTE VALIOSAS


 

-La imagen de Cruz Roja es universal, pero su trabajo se basa en la proximidad y el voluntariado. ¿Cómo se mantiene vivo el compromiso de miles de voluntarias y voluntarios en un contexto social y económico tan cambiante?

– Creo que el compromiso del voluntariado se mantiene vivo cuando las personas sienten que su acción tiene sentido, que aporta valor y que forma parte de una causa compartida.

En Cruz Roja la proximidad es clave: cada persona voluntaria convierte una organización universal en una respuesta cercana, humana y adaptada a cada territorio. De hecho, son las personas voluntarias las primeras en responder en caso de emergencia.

En un contexto cambiante, debemos ofrecer formas de participación más flexibles, compatibles con la vida personal, familiar y laboral de cada persona.

También es fundamental cuidar la experiencia voluntaria desde el inicio, con una buena acogida, orientación, formación, acompañamiento y comunicación clara.

El reconocimiento cotidiano, la escucha activa y la posibilidad de participar en la mejora de la organización refuerzan el sentido de pertenencia.

En definitiva, el compromiso se sostiene combinando nuestros principios y valores con una gestión del voluntariado más cercana, flexible, cuidadosa y centrada en cada persona.

-¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad notarial, a los profesionales del derecho y a la sociedad?

– Transmitiría el mensaje de la capacidad que nuestra colaboración conjunta tiene para consolidar espacios de protección para las personas. Pienso en el ejemplo de Henry Dunant y cómo su labor de sensibilización respecto al derecho que debían tener los soldados a ser asistidos si resultaban heridos en la guerra, unida al apoyo de juristas para dotar a esta idea de una fórmula jurídica, fueron el germen del primer Convenio de ginebra de 1864, elemento clave en el surgimiento del Derecho Internacional Humanitario contemporáneo, base en la actualidad de la protección de millones de personas en situaciones de conflicto.

Adicionalmente, pediría a la comunidad notarial y a los profesionales del derecho que sirvan de soporte y vehículo de comunicación de lo que la Institución realiza, y que cuando se acuda a ellos para resolver actividades particulares, se pueda aprovechar la ocasión para difundir la labor que Cruz Roja Española desarrolla diariamente.

¿Cómo valora el papel del Notariado y en particular su Fundación Aequitas, en la protección de las personas con discapacidad, mayores o en situación de riesgo de exclusión?

Valoramos muy positivamente el papel del Notariado y de la Fundación Aequitas, especialmente por su contribución a garantizar la seguridad jurídica como pilar esencial de la inclusión social.

El papel del Notariado resulta esencial para acreditar las diversas situaciones que concurran, ya que nos encontramos ante un fedatario público que atestigua lo sucedido realmente y cuya fe pública no admite contradicción.

Asimismo, sirve para vehicular muchas situaciones especiales en el trabajo que Cruz Roja desarrolla habitualmente, para dar soporte y rigor a la actividad.

La colaboración entre el ámbito social y el jurídico, como la que desarrollamos conjuntamente, permite ofrecer respuestas más integrales y preventivas, especialmente en ámbitos como el de las personas mayores. Asimismo, el enfoque en la autonomía, la toma de decisiones con apoyos y el respeto a la voluntad de las personas refuerza una protección más humana, cercana y centrada en la persona.

Huella digital

Su presencia digital se canaliza principalmente a través de los canales oficiales de Cruz Roja Española, donde pueden verse entrevistas, vídeos, comunicados e intervenciones institucionales.

Radiografía notarial de las familias

EN SOCIEDAD

Las uniones de hecho multiplicaron por seis su volumen en la última década, consolidando su peso como fórmula de convivencia.

Radiografía notarial de las familias

Redacción

Con motivo del Día Internacional de las Familias, el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) presentó un informe sobre la evolución de los principales actos jurídicos formalizados ante notario vinculados al ámbito familiar.

El estudio realizado por CIEN refleja, entre otras tendencias, el máximo histórico de la serie alcanzado por las extinciones de condominio y las donaciones en 2025, así como el crecimiento sostenido de las uniones de hecho ante notario, cuyo volumen se ha multiplicado por más de seis en la última década. A través de estos datos, el informe ofrece una visión de cómo evolucionan en España las formas de convivencia, la organización económica y la transmisión patrimonial dentro de las familias.

 


LAS DONACIONES MARCARON MÁXIMOS HISTÓRICOS EN 2025. MARÍA TERESA BAREA DESTACA “EL PAPEL DEL APOYO INTERGENERACIONAL Y DE LA PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL EN VIDA”


 

Transmitir una cuota de propiedad

La extinción de condominio es una operación que se produce cuando un copropietario, o varios, transmiten su cuota de propiedad al otro a cambio de una compensación económica. Esta figura alcanzó en 2025 un máximo histórico en España, con 72.769 actos ante notario, un 8,6% más que el año anterior (con 67.001) y un 63,9% más que hace una década (con 44.412 actos en 2016). Según la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, este incremento refleja “la creciente necesidad de reorganizar patrimonios y titularidades compartidas”, especialmente en procesos vinculados a rupturas de pareja, adjudicaciones de vivienda común o particiones hereditarias.

En este contexto, además del récord de extinciones de condominio, las donaciones también marcaron máximos históricos en 2025, con 225.662, un 13,1% más que en 2024. María Teresa Barea destaca así “el papel del apoyo intergeneracional y de la planificación patrimonial en vida dentro de las familias”.

 


EN 2025 SE REALIZARON 70.646 CAPITULACIONES MATRIMONIALES, MÁXIMO HISTÓRICO DE LA SERIE


 

Relaciones personales y de pareja

El informe también analiza la evolución de las relaciones personales y de pareja formalizadas ante notario, donde se observa un crecimiento sostenido de varios de estos actos en los últimos años. En 2025 se realizaron 70.646 capitulaciones matrimoniales, máximo histórico de la serie y un 4,3% más que en 2024 (con 67.708), de las que el 93,2% correspondieron a parejas que prefirieron pactar el régimen de separación de bienes. Asimismo, se formalizaron 31.023 acuerdos de uniones de hecho ante notario, una cifra que multiplica por más de seis la registrada en 2016 (con 5.923 actos) y que supone un incremento del 1.841% respecto a 2007 (1.598 operaciones), lo que evidencia la consolidación de esta fórmula de convivencia.

 


EL INFORME REFLEJA EL CRECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL VINCULADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD


 

El matrimonio mantiene también una presencia relevante en el ámbito notarial: en 2025 los notarios autorizaron 25.644 bodas, un 10,6% más que el año anterior (con 23.180), junto a 21.334 expedientes matrimoniales. Por otro lado, los divorcios y separaciones notariales aumentaron un 7,9% respecto al año anterior (con 12.797), hasta alcanzar los 13.806 en 2025.

 


EL PATRIMONIO PROTEGIDO PUEDE DEFINIRSE COMO UNA “HUCHA” O CONJUNTO DE BIENES QUE PUEDEN DESTINARSE A SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD


 

Protección patrimonial

El informe refleja igualmente el crecimiento de los instrumentos de protección patrimonial vinculados a personas con discapacidad, con 3.327 autorizaciones de patrimonios protegidos en 2025. Esta figura puede definirse como una “hucha” o conjunto de bienes que pueden destinarse a satisfacer las necesidades de la persona con discapacidad. “El patrimonio protegido es una figura que permite que la propia persona con discapacidad, en algunos casos, o sus familiares cercanos, aporten a ese patrimonio bienes de cualquier tipo, que quedan afectos a la satisfacción de necesidades que la persona pueda tener en el futuro”, explica la portavoz del Notariado. Desde 2007, las constituciones de patrimonio protegido han aumentado un 230,7% y las aportaciones un 1.244,6%, lo que muestra una utilización cada vez mayor de estas herramientas jurídicas de apoyo y protección familiar.

El matrimonio mantiene una presencia relevante en el ámbito notarial: en 2025 los notarios autorizaron 25.644 bodas.

Principales actos notariales vinculados a la familia

Con motivo del Día Internacional de las Familias, que se celebró el pasado 15 de mayo, el Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) elaboró un informe sobre la evolución estadística en 2025 de los principales actos jurídicos formalizados ante notario vinculados al ámbito familiar, entre ellos los matrimonios, las uniones de hecho, los expedientes y las capitulaciones matrimoniales, el reconocimiento de hijos, las aportaciones o liquidaciones a la sociedad conyugal, los patrimonios protegidos, los divorcios y las donaciones.

Los divorcios y separaciones notariales aumentaron un 7,9% respecto al año anterior.

¿Qué es la extinción de condominio?

Es el acto por el que se pone fin a una situación de copropiedad sobre un bien, de modo que este deja de pertenecer de forma compartida a varias personas y pasa a adjudicarse a una sola o a repartirse entre los cotitulares. Se trata de una figura jurídica especialmente relevante en el ámbito familiar, ya que suele utilizarse en procesos de reorganización patrimonial vinculados, entre otros supuestos, a rupturas de pareja, adjudicaciones de vivienda común o particiones hereditarias. 

El reconocimiento de hijos ante notario

El reconocimiento de hijos ante notario constituye una manifestación formal por la que una persona declara ser padre o madre de otra, con plenos efectos jurídicos. Según los datos del CIEN, en 2025 se realizaron 307 (7 menos frente a 2024) reconocimientos de hijos ante notario en toda España. Cataluña fue la comunidad con mayor número de estos actos, al concentrar el 19,9% del total, seguida de la Comunidad de Madrid, con el 19,2%, y de Andalucía, con el 15,6%. A continuación, se situaron las Islas Baleares (10,1%) y la Comunidad Valenciana (7,5%). En contraste, comunidades como La Rioja (0,3%), Extremadura (0,3%) y Cantabria (0,3%) presentaron cifras muy reducidas.

Entrevista a María González Dyne, secretaria general de Caritas Española

EN SOCIEDAD

Las empresas deben asumir un rol clave en la lucha contra desigualdad”

María González Dyne,

secretaria general de Caritas Española

Carlos Capa

María González Dyne, bióloga con tres décadas de experiencia en cooperación internacional y justicia social, asume la secretaría general de Cáritas Española tras dirigir Alpha Contexto Católico en Europa, Oriente Medio y el norte de África y ser directora de Cooperación al Desarrollo en CAFOD. Su trayectoria, marcada por voluntariados en Bolivia y residencias en diversos países de varios continentes, la posiciona para impulsar la lucha contra la pobreza en un contexto de crisis encadenadas.

-¿Cuáles son las principales líneas de acción que se ha propuesto impulsar y qué prioridades considera más urgentes en la actual coyuntura social?

– Destacaría tres. La primera tiene que ver con impulsar una acción social transformadora y más innovadora, que nos permita alcanzar a un mayor número de personas vulnerables tanto en España como a nivel internacional. En este sentido, debemos seguir invirtiendo en programas de acción sociocaritativa (vivienda, empleo, personas en situación administrativa irregular) y apostando por la dimensión universal de la caridad. Esto significa apoyar la labor humanitaria y de promoción del desarrollo de Cáritas en países azotados por la crisis climática, la violencia o la pobreza extrema. Otra prioridad es revitalizar el voluntariado: uno de los pilares más importantes de nuestra identidad y acción social; y la tercera es acompañar a las comunidades cristianas y parroquias para impulsar un mayor compromiso social. Todo ello, a través de un acompañamiento cercano a nuestras 70 Cáritas Diocesanas.

 


«LA POBREZA EN ESPAÑA NO PUEDE ENTENDERSE HOY COMO UN FENÓMENO ESTACIONAL, SINO COMO UNA EXCLUSIÓN ESTRUCTURAL QUE SE HA CRONIFICADO»


 

-Tras años de crisis encadenadas —sanitaria, económica y habitacional—, ¿cómo describiría hoy la situación de la pobreza en España?

– La situación de la pobreza en España no puede entenderse hoy como un fenómeno estacional, sino como una exclusión estructural que se ha cronificado tras dos décadas de crisis encadenadas. A pesar de ciertos periodos de recuperación macroeconómica, la fractura social permanece abierta y la exclusión severa ha crecido de forma alarmante, afectando en 2024 a 4,3 millones de personas, un 52% más que en 2007. Si duda, una situación a la que – como Iglesia- debemos de seguir haciendo frente desde la corresponsabilidad y la estrecha colaboración con otras entidades del tercer sector, las empresas o la administración pública.

 


«LA RESPUESTA INSTITUCIONAL SIGUE SIENDO INSUFICIENTE PARA TRANSFORMAR LAS RAÍCES DE LA DESIGUALDAD»


 

-¿Qué perfiles emergen entre las personas atendidas?

– Podríamos decir que hay cuatro perfiles que emergen y se consolidan. Los de los trabajadores pobres: uno de cada diez vive en exclusión. También se profundiza la brecha generacional, con un 33% de menores en exclusión severa. Al mismo tiempo, el riesgo de pobreza golpea con mayor intensidad a los hogares encabezados por mujeres, que han pasado del 17% al 21% desde 2007. La población de origen inmigrante sufre además una tasa de exclusión del 47%, que triplica la de la población autóctona debido a barreras estructurales persistentes. Todo ello configura un escenario donde la pobreza se consolida como un problema profundo, multidimensional y sostenido en el tiempo.

 


«CÁRITAS SIGNIFICA “CARIDAD”, “AMOR”, Y ÉSTE ES EL MOTOR QUE NOS MUEVE»


 

-Cáritas lleva décadas reclamando una mayor atención a la exclusión estructural. ¿Percibe avances reales en las políticas públicas o sigue siendo insuficiente la respuesta institucional?

– Estamos en un escenario de claroscuros. Si bien es justo reconocer avances técnicos en la protección social, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente para transformar las raíces de la desigualdad. Por un lado, hay avances innegables en las herramientas de contención. La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y medidas como los ERTE demostraron un efecto protector real durante la pandemia, evitando que millones de personas cayeran en la pobreza extrema.

– Además, los datos del IX Informe FOESSA desmienten el mito de la pasividad de las personas pobres. La tasa de activación de los hogares en exclusión severa subió al 77% en 2024. Esto demuestra que cuando existe un soporte mínimo, las personas se mueven, se forman y buscan empleo con más determinación.

-¿Cómo debería articularse la respuesta para que la integración de las personas en exclusión sea plena y duradera?

– Debería coordinarse en tres niveles. El Estado debe garantizar los pilares de la vida en sociedad, es decir, empleo digno, vivienda y protección social, mediante medidas predistributivas que eviten la desigualdad antes de que se genere. La sociedad civil a su vez debe ser un motor de acompañamiento capaz de aportar la personalización que la Administración a menudo no alcanza.

– Pero también es crucial una comunidad activa como escudo relacional. El informe FOESSA revela que una red sociofamiliar fuerte es el factor que mejor frena los golpes de una crisis. En definitiva, es vital construir un «nosotros» inclusivo que rechace los discursos de odio y la tentación de culpabilizar a quien sufre la pobreza. Solo así el futuro dejará de ser un privilegio de unos pocos para ser una promesa compartida.

 


«LA FUNCIÓN NOTARIAL ES CLAVE PARA LA SEGURIDAD JURÍDICA, ESPECIALMENTE EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD O DESPROTECCIÓN»


 

-La colaboración entre entidades sociales y el sector privado es cada vez más necesaria. ¿Qué papel deberían asumir las empresas en la lucha contra la desigualdad?

– Las empresas juegan un rol vital en la lucha contra la desigualdad. En este sentido, hay mucho trabajo que hacer y enormes retos futuros. En los últimos años desde Cáritas observamos cómo cada vez más entidades se dirigen a nosotros, no solo para hacer una donación económica, sino para poner en marcha iniciativas que permitan a las personas acceder a derechos básicos como el empleo, la formación, la salud, la alimentación. Por otro lado, las empresas pueden también hacer partícipes a sus empleados y grupos de interés de los proyectos que apoyan, para fomentar esa corresponsabilidad que necesitamos para acabar con la exclusión social. La solidaridad es enormemente transformadora.

Concienciar y movilizar a las personas para que donen o para que sean voluntarios es otra forma de luchar contra la pobreza y tener un impacto positivo en la sociedad. Promover el trabajo en red, creando sinergias y tendiendo puentes con empresas y otras entidades sociales, es también parte de nuestra misión.

-En los últimos años, Cáritas ha reforzado su transparencia y sus mecanismos de rendición de cuentas. ¿Cómo se garantiza que la ayuda llegue donde más se necesita y que la ciudadanía confíe en su gestión?

– Gracias a la capilaridad de nuestra organización, que llega a cada diócesis, ciudad y muchos pueblos a través de la presencia de las Cáritas parroquiales y de distintos centros podemos adaptar nuestra acción social a cada situación de pobreza. Incluso, son ellos mismos los que plantean y promueven proyectos, actividades y ayudas adecuadas a lo que viven en su entorno.

Respecto a la credibilidad y confianza de la sociedad en nuestra gestión de los fondos, contamos con una política comprometida con la transparencia. Eso se plasma en toda la información económica disponible en la web, en la realización de una auditoría de cuentas anual realizada por una empresa auditora externa, en la rendición de cuentas que hacemos a la sociedad con nuestra memoria de actividades y con otros informes que publicamos anualmente, tanto desde Cáritas Española como desde cada Cáritas Diocesana.

Un elemento añadido es que la acción de Cáritas, incluida la gestión económica, está realizada por más de 5.500 empleados y por más de 60.000 voluntarios. Son estos voluntarios nuestra fuerza de presencia en cada lugar y nuestra garantía de que las cosas que hacemos tienen la confianza y la supervisión de muchas personas.

-Usted procede de una trayectoria marcada por el compromiso social y el trabajo en red. ¿Cómo se traduce esa experiencia en su visión de liderazgo dentro de una organización tan amplia y diversa?

– El sentido del verdadero liderazgo es el servicio; aprender a mirar la realidad desde la escucha atenta, desde la responsabilidad, la cercanía, la humildad, la sencillez y tener siempre presente la pedagogía de los últimos, poniendo a la persona en el centro. Hay un proverbio africano que repetía mucho el papa Francisco y que dice: “Si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado”. En ese mensaje se concentra el gran desafío de nuestra organización: ayudar a construir una sociedad verdaderamente inclusiva, comprometida, donde la dignidad inalienable de cada persona nos recuerde que todos formamos parte de una misma familia humana.                      

-Desde su perspectiva, ¿qué significado debe tener hoy la palabra caridad en una sociedad tan diversa y plural?

– Cáritas significa “caridad”, “amor”, y éste es el motor que nos mueve. Para los cristianos ese amor nace de la experiencia de sentirnos amados por Dios. Pero como bien dice Benedicto XVI, todos los hombres perciben en su corazón el anhelo de amar y ser amados de manera auténtica. La primera consecuencia del amor es sentirnos responsables del otro, sobre todo del más débil y vulnerable, y esforzarnos por buscar su bien.

La segunda es la justicia, que significa dar al otro lo que es “suyo”, lo que le corresponde en virtud de ser una persona. Por eso la justicia es la “medida mínima” del amor. La denuncia profética e incidir y defender políticas más justas es parte también de nuestra misión. En una sociedad cada vez más diversa, plural y polarizada como la nuestra, la caridad nos hace capaces de mirar y amar a los demás incluso a aquellas personas que no piensan como nosotros y a trabajar por el bien común. La oportunidad de servir, de llegar a las periferias y ser testigos del amor y misericordia de Dios es lo que da sentido a nuestra acción.

-El Notariado español mantiene una larga vinculación con Cáritas y otras organizaciones del Tercer Sector, en gran medida a través de su Fundación Aequitas, con 26 años de existencia. ¿Qué valor otorga a esta cooperación y cómo podría profundizarse en beneficio de las personas más vulnerables?

– Efectivamente, la colaboración con la Fundación Aequitas nos ha permitido exponer la realidad compleja y multidimensional de las personas que Cáritas acompaña y realizar propuestas concretas en procesos de trabajo, que posteriormente han dado su fruto como el Libro Blanco de la Infancia en Movimiento que se presentará en breve.

El Notariado ha asumido un liderazgo muy importante como defensor de los derechos humanos de las personas con discapacidad y desde Cáritas nos gustaría mucho profundizar en esa línea con las personas que acompañamos y que quizás sienten la figura del Notariado como algo lejana a sus vidas, y no como una posibilidad de contar con un asesoramiento especializado y preventivo.

Desde la óptica de la justicia social: ¿cómo valora la función notarial como garantía de seguridad jurídica y como instrumento al servicio de la ciudadanía, especialmente en situaciones de vulnerabilidad o desprotección?

– La función notarial es clave para la seguridad jurídica, especialmente en situaciones de vulnerabilidad o desprotección. Su papel, por ejemplo, en la Ley 8/2021, de 2 de junio, para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica valorando los apoyos que cada persona necesita y ayudando a su autonomía, ha sido fundamental.

Hemos visto también cómo en la DANA y posteriormente en otras emergencias, el Notariado ha reaccionado, brindando servicios de forma gratuita, facilitando la gestión de actas de daños o la reconstrucción de documentos.

Las personas en situación de exclusión social necesitan de todos los apoyos posibles, pero fundamentalmente necesitan, como señala el IX Informe FOESSA, un cambio estructural que aborde, desde todos los espacios de la sociedad, el problema de la vivienda, del empleo precarizado, con una mirada y un enfoque de derechos humanos, y ahí, sin duda, el Notariado tiene mucho que decir y aportar.

Finalmente: ¿qué mensaje le gustaría trasladar a quienes aún creen que la solidaridad es tarea exclusiva de las instituciones caritativas y no una responsabilidad compartida por toda la sociedad?

El dicho “tu indiferencia te hace cómplice” nos recuerda que acabar con la pobreza, la injusticia o la desigualdad dentro o fuera de nuestras fronteras, es una tarea de todos. Cada uno de nosotros puede ayudar a construir un orden justo desde el lugar o momento donde le toca estar. El Estado, las administraciones públicas, los partidos políticos, la sociedad civil, el sector privado, los ciudadanos… podemos convertirnos en cauce y oportunidad para quienes más nos necesitan.

Lo podemos hacer poniendo en el centro a la persona, creando empleo digno, buscando tiempo y espacio para un voluntariado, tejiendo comunidad, dejando de lado los intereses particulares para trabajar por el bien común. Todos somos necesarios si queremos construir un verdadero “nosotros”, y es que, como bien cita Hechos 20:35: “Hay más felicidad en dar que en recibir».

HUELLA DIGITAL

María González Dyne está presente en la mayoría de las redes sociales.

Dos décadas del OCP: el puente entre el notario y la Unidad de Inteligencia Financiera de España

EN SOCIEDAD

• Más del 80% de las operaciones comunicadas al SEPBLAC terminan judicializándose.

Dos décadas del OCP: el puente entre el notario y la Unidad de Inteligencia Financiera de España

FÁTIMA PÉREZ DORCA

Cuando una persona intenta utilizar sociedades interpuestas o estructuras empresariales complejas para ocultar dinero de origen ilícito, el paso por la notaría puede convertirse en un punto clave para detectar la operación. La intervención directa del notario, la información que se incorpora al Índice Único Informatizado Notarial y, en caso de ser preciso, el análisis posterior del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP) permiten reconstruir cadenas societarias y averiguar quién controla realmente esas sociedades.

Como explica Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis del OCP, “el hecho de que los notarios incorporen continuamente información al Índice Único Informatizado permite que autoridades y analistas trabajen con datos permanentemente actualizados y accesibles de forma prácticamente inmediata”.

Ese engranaje forma parte del sistema español notarial de lucha contra la delincuencia financiera, articulado desde 2005 a través del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP), creado por el Ministerio de Economía en el seno del Consejo General del Notariado para reforzar la colaboración con las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes.

 


EL SISTEMA PERMITE RECONSTRUIR ENTRAMADOS SOCIETARIOS COMPLEJOS E IDENTIFICAR A LA PERSONA FÍSICA QUE SE ENCUENTRA DETRÁS DE UNA SOCIEDAD


 

El trabajo del OCP no se limita al ámbito de la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo, donde colabora con fiscales, jueces, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza o Vigilancia Aduanera. También trabaja en el ámbito tributario con las Administraciones fiscales; en el ámbito de valores, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y en materias relacionadas con tesorería e inspección laboral, con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo.

En el ámbito específico de la lucha contra el blanqueo, las entidades con las que mantiene una relación más estrecha son el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Comisaría General de información  de la Policía Nacional y la Unidad Técnica de Policía judicial y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La gran base de datos del Notariado

El trabajo del OCP se apoya en el Índice Único Informatizado Notarial, una gran base de datos que almacena y clasifica electrónicamente la información contenida en escrituras y actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios españoles.

Los técnicos del OCP analizan esa información —siempre dentro del marco de la normativa de protección de datos— para detectar operaciones sospechosas y facilitar información a las autoridades competentes.

Desde su creación en 2005 y hasta finales de 2025, el OCP ha contestado telemáticamente a más de 415.000 requerimientos de información y cerca de 200.000 solicitudes de documentación. Todos ellos solo en materia de prevención del blanqueo y financiación del Terrorismo, con tiempos de respuesta que en la mayoría de los casos no superan los tres minutos.

 


LA BASE DE DATOS DEL NOTARIADO PERMITE CONOCER LA TITULARIDAD REAL DE MÁS DE 3,3 MILLONES DE ENTIDADES JURÍDICAS


 

La ´debida diligencia´

Una de las claves del sistema está en el trabajo previo que realizan los notarios. Como explica García Fresno “hacen un proceso exhaustivo de ´debida diligencia´, tienen delante a las personas cuando constituyen una sociedad, cuando manifiestan un titular real de una sociedad extranjera, etc., y si el notario percibe algo extraño puede pedirles más información o documentación”. De esa forma, puede verificar si el otorgante o la operación tienen un riesgo superior al promedio.

Esa presencia física es precisamente una de las grandes diferencias del modelo notarial frente a otros sistemas puramente registrales. Para alguien con fines ilícitos es más sencillo “presentar una manifestación en un registro sin presencia física, sin que nadie le pueda preguntar nada, a que tenga que contarle a un notario en una firma de una escritura, quién es el socio de esa sociedad y darle la información o documentación solicitada”, comenta García Fresno.

Cuando el notario detecta elementos de riesgo en una operación la comunica al OCP de manera confidencial para que sus analistas estudien si existen indicios de blanqueo o de otros delitos financieros. Para facilitar esa detección, el órgano cuenta con una batería de indicadores de riesgo que sirven de guía a los notarios.

Santiago Muelas, analista del OCP, explica que existen indicadores objetivos y subjetivos. Por ejemplo, “se pueden considerar señales de riesgo, objetivas, el pago de altas cantidades en efectivo, la intervención de personas o sociedades domiciliadas en territorios especialmente sensibles o determinadas operaciones triangulares en las que quien recibe el dinero no coincide con quien vende”.

Pero el análisis no se limita a los datos objetivos, también “hay indicadores más subjetivos que el notario aprecia en la relación directa con la persona, como, por ejemplo, si el usuario realmente entiende lo que va a firmar y sus implicaciones, si es de verdad el administrador de la sociedad o si está manejado por un tercero”, indica Muelas.

Una vez recibida la comunicación, el OCP analiza la operación y el resto de la operativa que puedan haber realizado esas personas en otras notarías y decide si debe trasladarse al SEPBLAC en función de los indicios de blanqueo apreciados.

 


EL OCP UTILIZA MAPAS ACCIONARIALES PARA RECONSTRUIR CADENAS DE SOCIEDADES


 

La base de datos que identifica al titular real

A partir del Índice Único Informatizado se creó en 2012 la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), una herramienta que permite identificar quiénes son las personas físicas que se encuentran detrás de sociedades y otras estructuras jurídicas.

En unas jornadas sobre lucha contra el blanqueo celebradas el pasado septiembre en el Colegio Notarial de Madrid, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, destacó que “gracias al Índice Único Informatizado Notarial, OCP creó dos bases de datos sustanciales en la lucha contra el blanqueo y de las que se nutren jueces, fiscales, el SEPBLAC y demás autoridades: la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y la de Personas con Responsabilidad Política”.

Actualmente, la BDTR tiene identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 3,3 millones de entidades jurídicas nacionales y extranjeras, entre ellas sociedades limitadas, sociedades anónimas, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y entidades extranjeras.

Según la presidenta del Notariado, “la BDTR permitió en 2021 que España recibiera el primer tramo de fondos de la UE Next Generation, porque hizo posible acreditar en la UE que teníamos información de una alta calidad, lo que no sucedía con otros países”.

Seguir el rastro hasta la persona física

Uno de los elementos más relevantes del trabajo del OCP es la capacidad de reconstruir entramados societarios complejos para identificar quién controla realmente una sociedad.

Cuando una estructura resulta especialmente compleja, los analistas utilizan un “mapa accionarial” que permite reconstruir cadenas de sociedades y propiedades encadenadas hasta llegar a la persona física final.

“Somos capaces de ver, en una sociedad que se presenta ante notario quién está detrás. Hay sociedades muy sencillas donde las personas físicas están inmediatamente detrás, son los dos propietarios, y en otros casos hemos llegado a detectar a la persona física que estaba al final de la cadena tras seis sociedades interpuestas”, explica García Fresno.

Ese rastreo se realiza combinando la información del Índice Único Informatizado, la Base de Datos de Titularidad Real y los datos obtenidos por el notario durante la debida diligencia.

Además de analizar las comunicaciones de operaciones de riesgo remitidas por las notarías, el OCP realiza búsquedas autónomas dentro de la base de datos para localizar patrones sospechosos. “Recibimos información de los notarios, pero también tenemos obligación de ir a buscar al Índice Único Informatizado operaciones extrañas”, explica García Fresno.

La eficacia del sistema se refleja en el recorrido posterior de las comunicaciones realizadas por el OCP. Más del 80% de las operaciones sospechosas remitidas al SEPBLAC terminan destapando delitos graves y acaban judicializándose.

Foto de Charles Forerunner

Índice Único Informatizado

Actualmente, el Índice Único Informatizado Notarial contiene información parametrizada de más de 162 millones de documentos públicos y de más de 45 millones de personas físicas y jurídicas, lo que la convierte en la segunda mayor base de datos de España, solo por detrás de la Agencia Tributaria.

Foto de Max Fleischmann

El ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN (OCP)

Veinte años después de su creación, el OCP se ha consolidado como una de las principales herramientas de apoyo a las investigaciones económicas en España. Un sistema silencioso, alimentado diariamente desde las notarías, que permite seguir el rastro de sociedades y operaciones hasta llegar, incluso tras numerosas sociedades interpuestas, a la persona física que se encuentra detrás.

Reconocimientos

El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha sido reconocido por el “Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera” del Consejo de la Unión Europea. Los notarios han sido positivamente valorados por su colaboración con las autoridades en materia de prevención del blanqueo de capitales y por su permanente actualización y mejora de conocimientos, así como por la centralización de la información y los avances tecnológicos alcanzados, entre los que destaca el Índice Único Informatizado Notarial.

El éxito de la colaboración del Notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales también ha sido puesto de manifiesto por diversos organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha destacado la colaboración de los notarios españoles en la lucha contra los delitos económicos, y por el Sepblac, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía. 

20 años de OCP: ¿Funciona el sistema? Juzguen ustedes mismos, por Pedro Galindo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN SOCIEDAD

PEDRO GALINDO,

director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado

El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas”

20 años de OCP: ¿Funciona el sistema? Juzguen ustedes mismos

El Ministerio de Economía creó en 2005, en el Consejo General del Notariado, el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia. Desde entonces, la ayuda notarial ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos.

El OCP permite fortalecer la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y con las autoridades policiales y judiciales, y facilita enormemente la labor del notario. Así, es el propio órgano el que comunica, en nombre del notario correspondiente, las operaciones con indicios o sospechas.

Los técnicos del OCP son los responsables de analizar, en el marco de la normativa de protección de datos, la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, una gran base que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país.

Desde que se constituyó en 2005 hasta finales de 2025, el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales (OCP) ha contestado de forma telemática a más de 415.000 requerimientos de información y casi 200.000 solicitudes de documentación. Solo en materia de prevención del blanqueo se ha contestado a requerimientos policiales, fiscales o judiciales en más de 344.000 ocasiones, de manera telemática y con medias de tiempo que no superan los tres minutos en la mayoría de los casos. Más del 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que realiza al Sepblac acaban judicializándose.

Gracias al Índice Único Informatizado y al OCP tenemos identificada la titularidad real de más de 3,3 millones de entidades jurídicas en la Base de Datos de Titular Real y conocemos en la mayoría a la totalidad de los socios.

¿Cambiar lo que funciona?

Si siguiese adelante el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que plantea sustituir el actual sistema de transmisión de participaciones sociales basado en la escritura pública por la inscripción constitutiva en el Registro Mercantil de un documento privado, se acabaría con un sistema que funciona. Y funciona no porque lo diga yo, sino porque ha sido reconocido por el Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera del Consejo de la Unión Europea; por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha señalado este sistema de prevención del blanqueo de capitales como modelo a seguir destacando la Base de Datos de Titular Real; y por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que aseguró en una intervención en el Parlamento Europeo realizada en 2024, que “especialmente a través de los notarios, tenemos una base de datos (de Titular Real) que ha sido señalada por numerosos informes como mejores prácticas”.

Una buena ley no se mide por su retórica, sino por su necesidad, su proporcionalidad y su eficacia. El artículo 129 de la Ley 39/2015 establece que, en el ejercicio de la iniciativa legislativa, las Administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. También señala que una norma es necesaria y eficaz siempre que esté justificada por una razón de interés general y siempre que sea el instrumento más adecuado para garantizar su consecución, que es proporcional siempre que su regulación sea imprescindible para atender la necesidad a cumplir con la norma, y que nunca ha de generar cargas administrativas innecesarias. Y concluye indicando que, para garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea. No hay ni una sola norma de la Unión Europea que exija la modificación legislativa que aquí se plantea. Juzguen ustedes mismos.

Entrevista a José Antonio Carbonell, Notario y miembro de la Academia de Jurisprudencia de Baleares

EN SOCIEDAD

El notario se encuentra en primera línea a la hora de hacer frente a los problemas de las personas con discapacidad"

JOSÉ ANTONIO CARBONELL,

Notario y miembro de la Academia de Jurisprudencia de Baleares

José M. Carrascosa

El pasado diciembre, José Antonio Carbonell, fue nombrado miembro de la Real Academia de Jurisprudencia de Baleares, institución fundada en 1998. La reforma en el tratamiento de las personas con discapacidad por la Ley 8/2021. Un análisis desde la perspectiva de un notario, fue el tema elegido para su discurso de ingreso. En esta entrevista repasa su amplia trayectoria como servidor público ejerciendo en diferentes notarías.

-¿Qué ha supuesto para usted el ingreso en la Academia de Jurisprudencia?

– Acceder a la Academia ha supuesto para mí un verdadero orgullo ya que supone la culminación a una carrera profesional de cuarenta años. Todo ello teniendo en cuenta, además, que me propusieron tres académicos para cubrir la vacante producida como consecuencia del fallecimiento del notario jubilado, Eduardo Martínez-Piñeiro Caramés, propuesta a la que se adhirieron tres académicos más.

-¿Cuáles son los principales rasgos de identidad que definen el ordenamiento propio de las Islas Baleares en materia civil?

– La actual legislación sobre el Derecho civil de las Islas Baleares está contenida en el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre y tiene su antecedente en la Ley 5/1961 de 19 de abril, con tres libros, el I con disposiciones aplicables a la isla de Mallorca, el II aplicable a la isla de Menorca y el III a las islas de Ibiza y Formentera. A su vez el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre ha sufrido una importante modificación por la Ley 8/2022, de 11 de noviembre, de sucesión voluntaria paccionada o contractual de las Illes Balears, que ha derogado la regulación contenida en el mencionado decreto legislativo en relación con dicha materia. Hay que tener en cuenta que nuestra legislación está muy influenciada por el Derecho romano y figuras como la sucesión contractual, en sus diversas modalidades, así como la regulación del régimen legal de separación de bienes, como régimen supletorio a falta de pacto, son las dos instituciones características de nuestro Derecho, junto con la necesidad de institución de heredero para la validez del testamento.

 


ACCEDER A LA ACADEMIA HA SUPUESTO PARA MÍ UN VERDADERO ORGULLO YA QUE SUPONE LA CULMINACIÓN A UNA CARRERA PROFESIONAL DE CUARENTA AÑOS


 

-Desde su ingreso en el Notariado hace más de cuarenta años pasó por plazas en Cataluña y Canarias, antes de recalar en su Palma de Mallorca natal. Además de tratar con un 20% de población procedente de otros países, ¿qué caracteriza el trabajo de los setenta notarios de su colegio?

– Dada el diverso origen de muchas personas residentes en las islas, que provienen de distintas comunidades autónomas dentro del Estado español o de diferentes países no sólo europeos, sino iberoamericanos, africanos o asiáticos, es necesario tener claros los principios que informan la solución de los conflictos interregionales  o transfronterizos  que se pueden producir a la hora de determinar su régimen económico matrimonial o la ley aplicable a su sucesión; y, en segundo lugar, las ventajas fiscales concedidas a los residentes, tanto nacionales como extranjeros, en relación con el Impuesto sobre las Donaciones y las Sucesiones, lo que ha producido un incremento del otorgamiento de escrituras que contienen pactos sucesorios y donaciones.

-Dentro de su trayectoria, cabe destacar su papel como mediador en la Fundación Notarial Signum. ¿Cree que las Medios Adecuadas de Solución de Controversias (MASC) -tras el impulso de la Ley 1/2025 sobre eficiencia procesal- están suficientemente implantados como solución extrajudicial de conflictos entre la ciudadanía?

– A nivel personal, creo firmemente en ellos, de forma tal que cursé en la Universidad de las Illes Baleares un Máster de Mediación en conflictos familiares, civiles y mercantiles y las técnicas que aprendí no sólo durante el mismo, sino además en cursos seguidos en el Colegio Notarial de Madrid a través de la Fundación Notarial Signum, me han servido en múltiples ocasiones para resolver conflictos en materia sucesoria planteados en mi despacho profesional. De todas formas, considero que la utilización de los denominados MASC no tendrán plena implantación en la sociedad hasta que se convenza a los abogados de las ventajas que tiene su utilización.

 


LA EMPATÍA ES UNA HABILIDAD IMPRESCINDIBLE A LA HORA DE TRATAR CON EL CIUDADANO QUE ACUDE A NUESTROS DESPACHOS EN BUSCA DE SOLUCIONES A SUS PROBLEMAS


 

-Es autor de la obra Los documentos de voluntades anticipadas (Editorial Tirant Lo Blanch). ¿Se ha notado en los últimos años un mayor interés por plasmar estas instrucciones previas (o testamento vital) en escritura pública ante notario?

– Efectivamente, sobre todo en personas que, por desgracia, sufren algún tipo de enfermedad grave, las cuales acuden al despacho aconsejadas por su médico. Además, es curioso que todas ellas muestran su conformidad en que se incluyan disposiciones relativas a la aplicación del procedimiento eutanásico en el caso de que se den los supuestos legalmente previstos en la ley.

-La reforma en el tratamiento de las personas con discapacidad, el análisis desde la perspectiva de un notario fue el título de su discurso de ingreso en la Academia el pasado diciembre. Se cumplen ahora veinte años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. ¿Cree que este tratado internacional está suficientemente implantado?

– Tal y como señalé en mi discurso de ingreso en la Academia, creo que las personas necesitadas de apoyo, y sus familias tienen, por regla general, muy claros los principios contenidos en la Convención de Nueva York, así como en la Ley 8/2021, de 2 de junio, con el correspondiente cambio en la percepción de su situación. Ello es debido, en la mayoría de los casos, a la labor de los asesores de las fundaciones especializadas en la materia (abogados, psicólogos etc.) y también al asesoramiento realizado por los notarios que están especializados en la materia. En cuanto a los jueces y fiscales, tras las conversaciones mantenidas con ellos, consideran que el notario se encuentra en primera línea a la hora de hacer frente a los problemas específicos que se plantean con estas personas necesitadas de apoyo, ya que la Ley 8/2021, de 2 de junio, nos ha trasladado mucha responsabilidad a la hora de tomar ciertas decisiones relacionadas con la materia. En cuanto al colectivo notarial, independientemente de la excelente labor llevada a cabo por el Consejo General del Notariado a través de Fundación Notariado y Fundación Aequitas, en lo referente a la formación de los notarios, es imprescindible una mayor implicación personal de cada uno de nosotros a la hora de poner en práctica todo el cambio que ha representado en nuestra actuación profesional la entrada en vigor de la Ley 8/2021, de 2 de junio.

-Otro hito que se celebra este 2026 es el quinto aniversario de la Ley 8/2021, que modificó sustancialmente toda la normativa existente en discapacidad, dotando al notario de mayores funciones a la hora de definir las medidas de apoyo. ¿Cómo ha afectado la nueva normativa a las personas con discapacidad y sus familias?

– La nueva legislación ha supuesto, como he dicho anteriormente, un cambio en la percepción de la situación por parte de algunas de las personas necesitadas de apoyos, las cuales, en función de grado de apoyo que necesitan, reivindican que no se las excluya, como se hacía anteriormente, a la hora de tomar determinadas de decisiones que les afectan. Quieren que se cuente con ellas, por muchas dificultades que tengan a la hora de expresar su voluntad, lo que exige cada vez más a los notarios una mayor dedicación, preparación y comprensión hacia ellos. En cuanto a las familias, generalmente los padres, lo que demandan es seguridad y garantías para que en el futuro sus hijos no sean víctimas de engaños y fraudes.

-Precisamente, uno de los principales ‘caballos de batalla’ de la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado, es la difusión de esa ley, con iniciativas como la puesta en marcha de la Alianza Apoyo y Autonomía. ¿Hay suficiente conocimiento de las figuras jurídicas actuales de protección personal y patrimonial a la discapacidad?

– Como ya he señalado, actualmente la Fundación Aequitas pone los medios suficientes para que el colectivo notarial tenga pleno conocimiento de estas figuras jurídicas y ya es tema de responsabilidad de cada notario el aprovecharlas o no. Tal vez sería conveniente que los colegios notariales insistiesen un poco en la necesaria formación continuada de sus colegiados sobre esta materia.

 


LA FUNDACIÓN AEQUITAS PONE LOS MEDIOS SUFICIENTES PARA QUE EL COLECTIVO NOTARIAL TENGA PLENO CONOCIMIENTO DE ESTAS FIGURAS JURÍDICAS (PROTECCIÓN PERSONAL Y PATRIMONIAL)


 

-En su discurso de ingreso habló sobre la necesidad de empatizar con las personas con discapacidad. ¿Qué medidas se deben poner en marcha para que los servicios jurídicos sean lo suficientemente accesibles para todo tipo de colectivos?

– La empatía es, a mi juicio, una habilidad que o es innata o hay que trabajarla y que además es imprescindible a la hora de tratar con el ciudadano que acude a nuestros despachos en busca de soluciones a sus problemas. No sólo tiene que ser aplicada a la hora de tratar con las personas necesitadas de apoyo o sus familias, sino también a la hora de conversar con un testador o testadora que te transmite, por ejemplo, la angustia que sufre porque hace quince años que un hijo no se relaciona con él; o con un viudo o viuda que está en pleno duelo por la pérdida de su consorte y trae al despacho la documentación para aceptar su herencia.

-Su primer destino fue en un pequeño pueblo de la Sierra de Tramontana. ¿Qué aporta el notario rural a los habitantes de municipios más pequeños?

– Efectivamente, estuve en Esporles desde el mes de enero del año 1986 hasta principios de 1990. El notario rural aporta proximidad con el ciudadano, dedicación a los problemas planteados y mucha ilusión que compensa la poca experiencia que se tiene. Pienso que a los notarios que comienzan su andadura les sirve para ir aprendiendo poco a poco el ejercicio práctico de la función notarial y además para ir cogiendo experiencia. 

La Inteligencia Artificial y su impacto en Internet

EN SOCIEDAD

La tendencia conocida como zero-click searches se ha disparado en los últimos tiempos.

La Inteligencia Artificial y su impacto en Internet

PATRICIA ANDÚJAR

La IA generativa amenaza la supervivencia de Internet: ya no se trata de conseguir tráfico, sino de aparecer mencionado o referenciado en las respuestas que ofrece la inteligencia artificial de Google. Para ello, las empresas deben iniciar la transición, olvidarse del tan ansiado clic y convertirse en un referente para el buscador.

Aunque hay que remontarse hasta los años 50 para encontrar el origen de la Inteligencia Artificial (IA), no fue hasta hace tres años cuando se puso al alcance de la gente de a pie a través de una variante que se conoce como inteligencia artificial generativa. Mientras que la tradicional analiza, clasifica o predice datos existentes, esta nueva rama es capaz de crear contenido original -ya sea texto, imágenes o música- a partir de modelos entrenados con grandes volúmenes de datos. Y para ello utiliza sus propias herramientas: programas que crean ese material nuevo a partir de instrucciones y que se conocen como chatbots. Algunos de los más famosos son ChatGPT, Gemini o Claude, entre otros, y no son una pieza de software más. Se trata de buscadores sofisticados que pronto se han convertido en una herramienta laboral de alto impacto, hasta tal punto que ya se considera uno de los grandes cambios tecnológicos más significativos de la historia moderna.

 


LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL ESTÁ PONIENDO EN APRIETOS A LAS MISMAS WEBS QUE LA NUTREN DE CONTENIDO


 

La amenaza

Aunque es lógico pensar que este aumento de la productividad resulta muy atractivo, como sucede con cualquier herramienta, la verdadera cuestión no es qué puede hacer la IA, sino qué puede sustituir o disminuir. Casi al mismo tiempo en que se valoraba el impacto positivo que podía traer consigo, surgía también el otro lado de la balanza: el miedo a que, con su llegada, se reemplazaran profesionales, poniendo fin a determinados puestos de trabajo.

Pero la amenaza no queda ahí. Si la llegada de la IA generativa entraña un riesgo para el trabajador, pronto las empresas han empezado a sentir también un efecto indeseado. La realidad es que está revolucionando el panorama SEO (optimización en buscadores), que afronta una importante caída del tráfico web. Y es que los chatbots están alterando la forma en que los usuarios consumen en la Red. Existe una evolución en las búsquedas de Google, ya que, desde que este buscador lanzó su modalidad de respuestas directas alimentadas con IA, el porcentaje de consultas que empiezan y terminan ahí, en Google, se ha disparado. Ya no generan visitas a las webs que tienen la información original.

De hecho, según datos recientes de Sparktoro, en colaboración con el portal SimilarWeb, encargados de monitorizar el comportamiento de los clics en los resultados de Google, entre el 30% y el 40% de las búsquedas que hacemos en Internet no generan ya visitas a ninguna otra página web. De hecho, informes más recientes sugieren que en dispositivos móviles la cifra es incluso mayor, superando el 50% o 60% en algunos mercados. Todo esto supone una auténtica paradoja, pues evidencia que la inteligencia artificial está poniendo en aprietos a las mismas webs y fuentes que la nutren de contenido.

 


ENTRE EL 30% Y EL 40% DE LAS BÚSQUEDAS QUE HACEMOS EN INTERNET NO GENERAN YA VISITAS A NINGUNA OTRA PÁGINA WEB


 

Principales afectados

Para las empresas todo esto se traduce en una caída del tráfico web que se sitúa entre el 15% y el 34%, según el sector. Se trata de una tendencia conocida como zero-click searches que se ha disparado en los últimos tiempos y que ha puesto especialmente en el disparadero a algunos sectores.

La premisa es clara: cuando la IA extrae información del sitio web sin que los usuarios lo visiten, su aparición en la Vista General de IA cuenta como una impresión, sin embargo, los clics, que son las visitas reales al sitio web de la empresa en cuestión, disminuyen porque los usuarios encuentran suficiente información en el resumen que les ofrece la IA y, por lo tanto, ya no hacen clic. El resultado es que el sitio sigue posicionado, pero los usuarios no generan una visita, que es lo que cuenta.

 


LA IA GENERATIVA ESTÁ REVOLUCIONANDO EL PANORAMA SEO, QUE AFRONTA UNA IMPORTANTE CAÍDA DEL TRÁFICO WEB


 

Renovarse o morir

Llegados a este punto, ¿cuál es el reto? ¿Qué necesitan conseguir las empresas para adaptarse a las nuevas circunstancias y seguir obteniendo beneficios? Lo primero, asumir que se trata de “un camino de no retorno”, afirma Álvaro Peña, coCEO de iSocialWeb, pues “la búsqueda generativa ofrece una experiencia de usuario superior por comodidad y eficiencia” y, por lo tanto, tiene claro que “no volveremos al modelo exclusivo de listas de enlaces, ya que la IA ha redefinido la interfaz de acceso al conocimiento”. Pero al mismo tiempo, asegura que se trata de una “oportunidad” para las empresas. Lo sustancial es convertirse en una fuente fiable y estructurada que la inteligencia artificial pueda utilizar y citar. Para ello, es fundamental generar contenido de calidad, posicionarse como un referente y actualizar periódicamente la información, respondiendo con claridad y estructura a las preguntas de los usuarios. En definitiva, se trata de redefinir el éxito en la web, que antes radicaba en conseguir tráfico y ahora lo importante es aparecer citado, mencionado o referenciado dentro de esas respuestas de la IA. Y los profesionales están buscando quienes les ayuden en este sentido. Por ejemplo, Álvaro Peña asegura que desde iSocialWeb están notando “un incremento muy notable por parte de las empresas de este tipo de servicios desde este último año” y añade que “los servicios son mucho más rápidos que el SEO tradicional y el tráfico puede estar mucho más cualificado, puesto que viene de una conversación con la IA que ha resuelto sus dudas y ha convencido al usuario”. Para ello, existen herramientas, y en esta agencia de SEO, centrada en liderar esta transición, han creado soluciones propias dirigidas a empresas que pueden adquirirse como plataformas de autoservicio o mediante un servicio gestionado por el equipo de iSocialWeb, quien ejecuta la estrategia íntegra. Una es Growwer, “enfocada en la reputación y autoridad, logrando que la marca aparezca en las fuentes que las IA consultan para responder”, señala Peña y otra Vuela.ai, que «optimiza la creación de contenido de marketing escalable con IA”.

Para saber más

Informe Panorama by Kantar del cuarto trimestre de 2025. Datos del último trimestre de 2025 sobre cómo la IA ha modificado los hábitos de búsqueda de los consumidores españoles.

 

Web oficial de la Comisión Europea. Toda la información sobre la ley de IA, donde se puede también descargar el texto legal.

 

Informe SparkToro y Analytics de Similar Web. Estudio de SparkToro en colaboración con Analytics de Similar Web sobre el comportamiento de los clics en los resultados de Google.

Las empresas han sufrido una caída del tráfico web que se sitúa entre el 15% y el 34%. Aidin-Geranrekab

Los jóvenes, los más fieles a la Inteligencia Artificial

Los datos recogidos por la consultora Kantar, relativos al último trimestre de 2025, no mienten. La IA ha modificado los hábitos de búsqueda de los consumidores españoles, ya que uno de cada tres reconoce haber reducido sus visitas a páginas web tras realizar sus consultas con inteligencia artificial. Y existe un apunte importante: aunque más del 60% de los usuarios nacionales siguen accediendo a los enlaces sugeridos por la IA tras realizar una consulta online, el uso de esta herramienta reduce sus visitas a páginas web, sobre todo, y aquí viene lo más reseñable, entre aquellos que se encuentran en la franja de edad de entre 25 y 34 años. Es más, el 54% de estos jóvenes admite que antes de profundizar en los resultados sugeridos por la IA, elige dar por buena la respuesta que les proporciona la propia herramienta. En la franja entre los 45 y 65 años, solo lo hace el 27%.

ChatGPT, Gemini o Claude son buscadores que se han convertido en una herramienta laboral de alto impacto. Igor Omilaev
La Inteligencia Artificial se puso al alcance de la gente de a pie hace tres años. Andrea de Santis

¿Qué dice la Ley?

Con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial el pasado 2 de agosto de 2025, los chats de IA generativa están obligados a mostrar a los usuarios las fuentes que han empleado para generar sus respuestas, así como hacer público un listado de sitios web con los que entrenan a sus modelos. Sin embargo, el escenario resulta confuso, ya que mientras que compañías como OpenAI, Microsoft y Google aceptaron el compromiso de que sus próximos modelos disponibles en Europa se lancen teniendo en cuenta que tienen que cumplir para 2027 la regulación de la IA y los compromisos sobre seguridad y transparencia en el uso de datos, la mayoría de las capitales europeas no han aprobado aún la creación de las autoridades encargadas de controlar que así se produzca. Mientras, parece que en España las autoridades competentes serán la Agencia Española para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y la Agencia Española de Datos.