La elección de carrera universitaria es quizás una de las primeras decisiones importantes a las que se enfrenta una persona y no suele ser fácil. Exige valorar las preferencias y habilidades individuales, las salidas profesionales o hasta dónde se puede llegar con la calificación obtenida. El camino se allana para quienes tienen clara su vocación y además la nota les permite seleccionar la titulación que quieren, pero esto no siempre sucede. Una gran parte de los estudiantes se quedan por debajo de la nota de corte que necesitan y, salvo que esperen un año más para volver a examinarse de las pruebas de acceso, tendrán que conformarse con uno de los grados a los que puedan optar.

Las notas de corte más altas normalmente se encuentran en universidades públicas para grados como Matemáticas y Física (13,5), Ingeniería Informática y Matemáticas (13,6), Estudios Internacionales y Derecho (13,4) Medicina (13,3), Biotecnología (13) y Odontología (13), entre otras. Aun así, para una misma titulación puede haber diferencias importantes en las notas de corte de cada universidad. Además, en algunos centros privados se pueden cursar determinadas titulaciones con la nota más baja (5).

LOS ESTUDIOS SUPERIORES SON LA OPCIÓN ESCOGIDA POR EL 41% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA DE 20 A 24 AÑOS

Evolución.

Los estudios superiores son la opción escogida por el 41% de la población española de 20 a 24 años, frente al 36% de la Unión Europea. Actualmente, el Sistema Universitario Español cuenta con 1,7 millones de alumnos. Los estudiantes de grado representan el 78,6%, los de máster el 16% y los de doctorado el 5,4%.

En el curso 2022-2023 iniciaron un nuevo estudio de grado 360.000 estudiantes, de los que casi la mitad eligieron la rama de ciencias sociales y jurídicas. Aunque las universidades públicas siguen acogiendo a un mayor número de alumnos, en los últimos ocho años han perdido 68.000 matriculados en grado. Inversamente, las universidades privadas han ganado casi 100.000.

Las titulaciones de grado han aumentado un 18% desde 2015, superando en este momento las 3.200, y cada año se suman nuevas propuestas con el fin de adaptar la formación al mercado laboral. En el curso 2024/2025 destaca la incorporación de los grados de Neurociencia en la Universidad Carlos III; Audiología General en la Universidad de Salamanca; Logopedia en la Universidad del País Vasco; Ingeniería de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra; Ciencias Gastronómicas en la Universidad de Burgos; Valladolid y León; e Ingeniería de Satélites en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Dentro del amplio abanico de titulaciones disponible, los ámbitos con mayor volumen de matrículas, según el informe Datos y cifras del Sistema Universitario Español. Publicación 2023-2024 (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), son: Administración y Gestión de Empresas (133.670 estudiantes en el curso 2022-2023), Ingenierías (132.807) y Derecho (106.807). Les siguen a una razonable distancia Formación de docentes de enseñanza primaria (81.889), Psicología (81.036); otras Ciencias de la Salud (78.187) e Informática (61.987).

Sin embargo, cuando se selecciona una carrera, no siempre se acierta a la primera. Un 11,7% de los alumnos de nuevo ingreso cambian a otros estudios; otros, el 20%, directamente abandonan.

Qué pide el mercado.

Uno de los factores que más se tienen en cuenta a la hora de elegir carrera es saber las posibilidades de empezar a trabajar una vez obtenido el título. Para dar respuestas a esta cuestión, el portal de trabajo Infoempleo y la consultora LHH Recruitment Solutions han realizado un análisis de las titulaciones con mayores salidas profesionales, que se engloba dentro del Informe Infoempleo Adecco 2023: Oferta y demanda de empleo en España.

LOS ÁMBITOS CON MAYOR MATRICULACIÓN SON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, LAS INGENIERÍAS Y DERECHO

Los resultados muestran que los grados de educación y pedagogía encabezan la lista de titulaciones más demandadas en España durante 2023, al concentrar el 11% de las ofertas para universitarios. El grado de enfermería, que en 2022 lideraba la demanda en España, ahora está en segundo lugar, seguido de Administración y Dirección de Empresas (ADE). En la cuarta posición están medicina y biomedicina, que un año atrás ocupaban el segundo puesto del ranking. Este retroceso, al igual que el de otras carreras de ciencias de la salud, se debe a que, después de la pandemia, hay menos vacantes que cubrir.

La quinta titulación con más salidas laborales es Ingeniería Informática. Por detrás están Ingeniería Industrial; Psicología y Psicopedagogía; Comercio y Marketing; el doble grado de Administración de Empresas y Derecho; y Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Hay futuro.

Otra duda que a veces surge al decantarse por cursar estudios superiores es si realmente hacer un grado, un máster, e incluso un doctorado, abrirá mejores perspectivas laborales. La respuesta es claramente afirmativa según el informe La inserción laboral de los universitarios: 2013-2023: evolución, diferencias por estudios y brechas de género, publicado por la Fundación BBVA y el IVIE.

Su conclusión es que la colocación profesional de los jóvenes universitarios ha sido tradicionalmente mejor que la del conjunto de los jóvenes, pero las ventajas se han incrementado notablemente en el último decenio. Entre 2013 y 2023 se han creado 437.000 empleos netos nuevos para el colectivo de entre 22 y 29 años, de los cuales el 79% han sido ocupados por universitarios. Estas cifras reflejan un crecimiento del empleo de universitarios del 58% en los últimos diez años. Además, el incremento ha sido aún mayor en el caso de los puestos altamente cualificados.

En definitiva, hacer una carrera universitaria tiene futuro y parece que la población española lo tiene claro porque cada vez está mejor formada. En 2022 un 41% de la población tenía estudios superiores, frente al 23% que los tenían en el año 2000.

La proposición ha sido remitida a la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso de los Diputados, que tendrá competencia legislativa plena sobre ella. Concluidos sus trabajos la norma será enviada al Senado que, si como se prevé no la modifica, la remitirá directamente al Gobierno para su publicación en el BOE. No hay que olvidar que, una vez aprobada, la Ley debe implementarse por las comunidades autónomas, ya que son estas las que tienen competencias en Sanidad y Dependencia.

LA INICIATIVA LEGISLATIVA BUSCA MEJORAR LA COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES, CON LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Sin color político

“Lo primero que quiero saber es cuántos diputados y diputadas hay en la sala. Creo que he contado cinco. El resto tendrá algo importante que hacer. Parece que no les importamos demasiado”. Estas contundentes palabras pronunciadas por el exfutbolista y enfermo de ELA, Juan Carlos Unzué, el pasado 20 de febrero durante una jornada sobre la enfermedad celebrada en la Cámara Baja, obtuvieron respuesta y el Congreso respaldó a las tres semanas tramitar una Proposición de Ley de ELA del PP, a la que siguió otra del PSOE y Sumar, extendiéndose esta además a otras patologías progresivas y degenerativas, como las distrofias musculares.

Pilar Fernández Aponte, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), recuerda que “la ELA no tiene color político” y que “los enfermos sufren una terrible enfermedad y no tienen tiempo para esperar a trámites y burocracia”.

Entre las reformas que persigue la iniciativa legislativa se incluyen reducir los trámites y acortar los tiempos para el reconocimiento de la situación de discapacidad y las revisiones del grado de dependencia. Según recoge el texto de proposición de Ley aprobada por el Congreso “uno de los principales objetivos es garantizar que no se produzcan desfases significativos entre el proceso de una enfermedad y la respuesta que se ofrece a las personas que la padecen por parte de las Administraciones públicas, desde todos los ámbitos”.

Peticiones concedidas

Asimismo, se recoge una de las reivindicaciones recurrentes de los afectados: la ayuda a la electrodependencia. Es decir, a aquellas personas que dependen de una máquina conectada a la red eléctrica para preservar su salud e incluso la vida. Además, se busca mejorar la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, con la participación de las comunidades autónomas.

EL COSTE DE LA LEY ELA SERÍA DE UNOS 200 MILLONES DE EUROS, EL 0,045% DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

La iniciativa legislativa prevé actualizar la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Nacional de Salud para el tratamiento de la ELA, creando un registro estatal de pacientes afectados para «proporcionar información epidemiológica sobre la incidencia, la prevalencia y los factores determinantes asociados a la enfermedad, así como para facilitar información con la que orientar la planificación, la gestión sanitaria y la evaluación de las actividades asistenciales».

Tramitación urgente

Para los enfermos de ELA cada minuto cuenta. Por ello, el proyecto legislativo establece una tramitación urgente de las medidas de un máximo de tres meses y cubre los gastos de desplazamiento del paciente a centros, servicios y unidades de referencia a otra comunidad autónoma distinta a su lugar de residencia. También prevé poner en marcha residencias especializadas concebidas como unidades de convivencia, para personas enfermas de esclerosis lateral amiotrófica, específicamente adaptadas a sus requerimientos y necesidades.

La celeridad con la que se tramite la ley depende ahora del Congreso. Los afectados han recordado que hasta en 49 ocasiones se prorrogó el plazo de presentación de enmiendas a la proposición de Ciudadanos en la pasada legislatura, antes de que terminara decayendo con la convocatoria de elecciones para el 23 de julio del pasado año. También han señalado que los españoles no entenderían que no haya una tramitación urgente de una ley que supondría un coste para el Estado de unos 200 millones de euros al año en un presupuesto consolidado para el 2023 de 436.370 millones, es decir, el 0,045%.

Cómo reconocerla

La ELA es, según la Sociedad Española de Neurología (SEN), la tercera enfermedad neurodegenerativa más común tras el alzhéimer y el párkinson.

La esclerosis lateral amiotrófica se manifiesta de forma diversa. Con frecuencia se inicia en los músculos que controlan el habla, la deglución, la respiración o en los músculos de las extremidades, por lo que su diagnóstico suele comenzar ante manifestaciones de debilidad muscular o disminución anormal de la masa muscular en las extremidades. Según la SEN, un tercio de los pacientes acude por primera vez a la consulta por tener dificultades para hablar o para tragar.

EN MÁS DEL 50 % DE LOS CASOS LA ENFERMEDAD AFECTA A PERSONAS AÚN ACTIVAS O INCLUSO EN LA INFANCIA O ADOLESCENCIA

A diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, señala la SEN, en más del 50 % de los casos, la enfermedad afecta a personas aún activas o incluso- aunque es poco frecuente- en la infancia o adolescencia, lo que provoca un mayor impacto sociosanitario. Así, la SEN estima en más de 50.000 euros anuales el coste sociosanitario por paciente, muy superior al de otras enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer o el párkinson.

Los datos apuntan que de las 114.538 sociedades constituidas el pasado año, 83.356 se realizaron con un capital fundacional de entre 3.000 y 4.000 euros y la práctica totalidad de ellas adquirieron la forma jurídica de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Este grupo conforma en términos generales el nicho de microempresas y pymes que concentra la inmensa mayoría del tejido empresarial español. El resto de las nuevas sociedades, constituidas con un capital fundacional superior, alcanzaron las 31.182. Cabe señalar que, por cada 100 nuevas sociedades que se constituyeron el pasado año, solo 28,7 se liquidaron en ese mismo periodo.

EL 73 % DE LAS EMPRESAS FUERON CREADAS CON UN CAPITAL DE ENTRE 3.000 Y 4.000 EUROS

Por comunidades autónomas

En el último año se observa, en todas las regiones, un aumento anual en la creación de empresas. Cerca del 72% se concentraron en Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana y, en el conjunto del país, la proporción de sociedades creadas en 2023 con menor capital inicial fue mayoritaria.

Si se compara por población, en España se crearon unas 2.382 sociedades por millón de habitantes. Este promedio fue superado por las autonomías de Madrid (3.646), Baleares (3.417), Cataluña (2.835) y Comunidad Valenciana (2.809), que concentraron en conjunto el dinamismo emprendedor.

Según María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado: “Desde noviembre de 2023, con la entrada en vigor de la Ley 11/2023, los notarios podemos prestar algunos servicios notariales íntegramente online. Fundamentalmente los de carácter mercantil, como la constitución de sociedades online, las ampliaciones de capital, el nombramiento de administradores, los cambios de domicilio de sociedades, o las actas de junta general, entre otros”.

A la hora de crear una empresa, asegura la portavoz que “el notario puede asesorar al emprendedor sobre el tipo de sociedad que le puede interesar más constituir en función del capital inicial que aporte, del número de socios que la vayan a integrar, de la actividad que va a desarrollar y del grado de flexibilidad y control que desee que caracterice su funcionamiento”.

Supervivencia empresarial

En cuanto al tiempo de duración de las empresas, el informe señala que entre 2007 y 2023 se crearon 1.495.650 sociedades, y aunque 411.143 no sobrevivieron, más de un millón siguen “vivas”. Además, por cada 100 sociedades creadas en ese periodo se liquidaron 28,7 y continuaron activas un promedio 72,5. Esto implica que, año a año, hay una creación neta positiva a nivel nacional.

EN EL ÚLTIMO EJERCICIO SE CREARON 114.538 EMPRESAS, UN 8,9 % MÁS QUE EN 2022

¿Qué caracteriza al grupo de sociedades liquidadas? Según el estudio tenían un capital social fundacional un 22% menor que el resto, así como un número de socios de media un 10,2% superior que el resto de los casos. Por tanto, y sin tener en cuenta otros factores, “la supervivencia podría ser más probable cuando el capital inicial es mayor y el número de socios fundacionales es menor”, asegura Federico Zanatta, analista del Centro de Información Estadística del Notariado.

Zanatta explica además que “los datos del informe aseguran que solo un 0,6% de las empresas creadas entre 2007 y 2023 en España se liquidaron antes de su primer año de vida”. “Destaca la situación de Castilla-La Mancha, autonomía en la que hubo menos sociedades que sobrevivieron al año (el 1,2% no lo superó) y Navarra en la que solo el 0,3% se disolvió antes de los 12 meses”, puntualiza.

El informe también indica que, entre uno y dos años después de su creación, se liquidaron el 1,2% de sociedades constituidas en el conjunto de España, siendo Cataluña la comunidad que mayor tasa presenta (1,5%) y Murcia la que menor (0,7%). Por último, entre dos y tres años tras su constitución, el conjunto de España muestra una tasa de liquidación del 1,4%, destacando Cataluña como la autonomía donde se liquida un mayor porcentaje de sociedades (1,8%) y Murcia donde nuevamente el porcentaje es menor (0,9%).

¿Cuáles son las comunidades que más sociedades crearon en este periodo? Madrid y Cataluña que, a la vez, presentaron tasas de supervivencia inferiores al total de la nación, quizá por su mayor vocación emprendedora en la creación de sociedades de menor capital inicial. En este caso, del total de 320.498 y 280.791 sociedades creadas en Madrid y Cataluña, respectivamente, se liquidaron menos de un año después de su creación, un total de 2.269 (un 0,7%) y 1.824 (un 0,6%), mientras que con antigüedad de entre uno a dos años después de su creación se disolvieron 4.018 (un 1,4%) y 3.940 sociedades (un 1,5%) y, finalmente, entre dos y tres años después de su constitución se liquidaron 4.290 (un 1,6%) y 4.337 (un 1,8%).

Las agencias o institutos responsables de las estadísticas nacionales hacen periódicamente las denominadas “proyecciones”. En otras palabras, qué sucedería con el aspecto estudiado si las correspondientes condiciones se mantuvieran como cuando se hace la proyección y teniendo en cuenta la evolución hasta ese momento. Y un apunte: predicción, pronóstico y proyección no son términos sinónimos en materia de análisis de datos. Incluso podemos encontrar matices diferenciales entre pronóstico y estimación (y recuérdense la cantidad de “estimaciones” de carácter económico de las que tenemos noticia a lo largo del año).

SE PREVÉ QUE LAS AGRUPACIONES FAMILIARES O DE CONVENIENCIA TENGAN CADA VEZ MENOS MIEMBROS Y QUE EN EL FUTURO AUMENTEN LOS HOGARES UNIPERSONALES

Proyecciones

En materia demográfica, nos interesan aspectos como el número de habitantes, sexo, edad, distribución geográfica, formación, situación económica… Los censos ofrecen una foto fija en un momento dado, pero intentar prever, por ejemplo, qué servicios necesitará una población al cabo de un tiempo, y a falta de una buena “bola de cristal”, requiere que se hagan proyecciones.

Los últimos análisis de datos, en este sentido, publicados por nuestro Instituto Nacional de Estadística, INE, (octubre de 2022) aportan dos tipos de proyecciones relacionables: la de población y la de hogares. Los documentos ponen el foco en dos periodos distintos, pero coinciden en tres lustros: desde 2022 a 2037.

Calcula el INE que en los 15 próximos años España podría ganar 4.236.335 habitantes (incremento de un 8,9%), hasta superar los 51 millones de personas en 2037. En el mismo periodo, el número de hogares residentes en España se incrementaría en 2.735.555 (un 14,5%). Si la tendencia, por tanto, es a que el número de hogares crezca más que el de habitantes, es síntoma de que las agrupaciones familiares o de conveniencia tendrían cada vez menos miembros y hasta de que habría más hogares unipersonales.

De hecho, los hogares de una sola persona serían los que tendrían mayor incremento, creciendo un 27,3 %. Los de dos personas, que en 2037 supondrían casi una tercera parte del total, serían los más numerosos, pero su crecimiento (22 %) sería inferior al de los unipersonales. Los de tres personas experimentarían un crecimiento mínimo (4,3 %) y los de cuatro incluso decrecerían, con un 4,1 %. Los hogares de cinco y más miembros crecerían un 5 %, pero seguirían siendo, como hoy sucede, los más infrecuentes (menos de un 6 % del total). Observando las cifras de población entre 1970 y 2021 (publicadas por el INE en junio de 2023, con datos del censo a 1 de enero de 2021), el número medio de miembros por hogar pasó en 50 años de 3,82 (1970) a 2,54 (2021).

Tendencias

Las proyecciones de población nos pueden dar una idea de cómo serán las personas que tengan o formen hogar en 2037. La tendencia desde hace años, y no solo en España, es que el número de defunciones sea mayor que el de nacimientos. “Este saldo vegetativo negativo –explican en el INE– sería superado por el saldo migratorio positivo, lo que provocaría un aumento de población durante todos los años del periodo proyectado”. Es decir: los más de 4,2 millones de personas en que aumentaría el censo de residentes en España se debería, exclusivamente, a la migración internacional. Por otro lado, el grupo de edad más numeroso a 1 de enero de 2022 –que son los nacidos en los años 1981-1972 (es decir, las personas entre 40 y 49 años en 2022)– lo seguiría siendo en 2037 (con edades entre 55 y 64 años). Se puede incluir también aquí la esperanza de vida a partir de los 65 años para hombres (21 años más) y para mujeres (24,5 años más), igualmente calculada en las proyecciones.

EN LOS 15 PRÓXIMOS AÑOS ESPAÑA PODRÍA GANAR 4.236.335 HABITANTES Y EL NÚMERO DE HOGARES SE INCREMENTARÍA EN 2.735.555, SEGÚN EL INE

Por otro lado, la tendencia por parte de los más jóvenes es a prolongar su pertenencia al hogar paterno. En la actualidad, los jóvenes españoles no se “van de casa” hasta pasados los 30 años, según datos de Eurostat (abril de 2023). Dicha tendencia podría revertirse en el horizonte de 2037 en la medida en que creciese el empleo juvenil, puesto que el retraso de la emancipación en toda la UE (Eurostat) está ligado al paro o el trabajo inestable. Puede decirse, pues, que el empleo crea nuevos hogares.

“El Notariado desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos y de la seguridad jurídica de las personas mayores, poniendo a disposición de los ciudadanos actuaciones notariales que abordan cuestiones cruciales relacionadas con la planificación sucesoria, la toma de decisiones en muchos ámbitos incluido el médico, las operaciones financieras y otros asuntos, todo ello con el objetivo de garantizar su bienestar y dignidad”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

Mª TERESA BAREA: “EL NOTARIADO DESEMPEÑA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y DE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES”

Actos notariales más solicitados

Los actos notariales que resultan más relevantes para los mayores, y por tanto los más demandados por este colectivo, son:

• Los documentos de voluntades anticipadas mediante los cuales una persona, al amparo de la normativa autonómica en cada caso aplicable, expresa sus deseos con respecto a los tratamientos médicos que desearía o no recibir en situaciones en las que no pudiera expresar su voluntad. Esto incluye decisiones sobre el destino de sus órganos, la designación de personas para comunicarse con los equipos médicos, resoluciones sobre el manejo de su cuerpo después del fallecimiento y otras cuestiones reguladas por estas normativas.
• Los testamentos abiertos ante notario, por los que se dispone quiénes serán los herederos y en qué proporción, quiénes serán legatarios o perceptores de bienes concretos, el nombramiento de albacea y otras muchas previsiones sobre la sucesión mortis causa.
• La cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, cuyo objetivo es transmitir a un tercero uno o más bienes a cambio de recibir una renta o pensión o de que el cesionario se haga cargo de la manutención del cedente.
• Las hipotecas inversas, en las que el propietario de una vivienda recibe una cantidad de dinero de una sola vez o en forma de renta periódica utilizando dicho inmueble como garantía real. El dueño puede cancelar la hipoteca cuando así lo desee y de igual forma disfruta de la vivienda hasta su fallecimiento, pues en ningún momento pierde su propiedad. Esta figura suele utilizarse para obtener liquidez con la que complementar la pensión de jubilación.
• Los poderes generales y los poderes generales preventivos. El poder general es un documento notarial por el que una persona confiere a otra u otras la facultad de realizar un amplio conjunto de actos y negocios jurídicos en su nombre, lo que incluye todo tipo de actos de administración y disposición patrimonial e incluso decisiones sobre la atención y cuidados que deben prestarse al poderdante en determinadas circunstancias. Cuando el poder general es preventivo incluye una cláusula por la que se mantiene la vigencia del poder incluso en caso de que el poderdante esté en situación de discapacidad o bien se dispone que solo empiece a surtir efectos cuando dicha situación de discapacidad llegue.

Los testamentos, a la cabeza

Los notarios han autorizado, desde enero de 2017 y hasta junio de 2023, 5.543.340 testamentos, poderes generales y preventivos, voluntades anticipadas, cesión de bienes e hipotecas inversas, llegando en 2022 al máximo anual, donde se realizaron 903.916 actos.

LA EVOLUCIÓN DE LOS ACTOS HA SIDO DISPAR A LO LARGO DE ESTOS SEIS AÑOS Y MEDIO. LOS TESTAMENTOS SON EL GRUPO QUE MAYOR PESO TIENE, SEGUIDO POR LOS APODERAMIENTOS

Si bien se ha registrado un aumento en el número de actos autorizados desde 2017, la tendencia ha sido desigual ya que más allá del descenso ocasionado por el parón del año 2020 debido a la Covid 19, en 2018 se registró una caída (-0,4%) y en 2022 el aumento fue tímido (0,06%). Entre 2017 y 2022 se observa un crecimiento modesto del 10% pasando de 819.905 actos en 2017 a 903.916 en 2022. El año 2023, sin embargo, muestra un incremento, con el mejor primer semestre desde 2017, llegando a los 494.896 actos, lo que significa un crecimiento del 6,2% con respecto a 2022, año en el que se registraron 465.963 expedientes.

La evolución de los actos ha sido dispar entre los servicios notariales analizados a lo largo de estos seis años y medio. Los testamentos son el grupo que mayor peso tiene, seguido por los apoderamientos. Estos dos grupos constituyeron en 2017 el 99% de los actos realizados (812.390 de 819.905 actos), aunque en la primera mitad de 2023 la proporción bajó ligeramente y se situó en el 98% de los actos realizados (485.179 de 494.986 actos). Los 3 grupos restantes concentraron el remanente de actos y en estos seis años y medio alcanzaron los 66.895 expedientes realizados, lo que significa un 0,6% del total desde enero de 2017 hasta junio de 2023.

Los testamentos abiertos, pese a tener la mayor proporción dentro de los 5 grupos, han experimentado un crecimiento con altibajos a lo largo de estos seis años y medio, mostrando en 2022 una caída del 2,6% con respecto a 2021. Pese a esto, el total de estos actos alcanzó hasta junio de 2023 la cantidad de 4.315.080 documentos. Por su parte, el grupo de apoderamientos continúa la tendencia alcista que se observa desde 2017, exceptuando el año 2020, al tener en 2022 un crecimiento del 8,2% al compararse con el número de actos en 2021. En su totalidad, los poderes notariales (generales y preventivos) registrados en estos años ascendieron a los 1.161.365 actos.

LOS DOCUMENTOS DE VOLUNTADES ANTICIPADAS, LA CESIÓN DE BIENES A CAMBIO DE ALIMENTOS Y/O RENTA, Y LAS HIPOTECAS INVERSAS HAN TENIDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO

Los documentos de voluntades anticipadas, la cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, y las hipotecas inversas desde 2021 han tenido, como conjunto, un crecimiento sostenido, registrando en 2022 una subida del 34% comparándolos con el año anterior, para llegar a un total de 66.895 expedientes. De manera particular el mayor aumento se dio en el grupo de las hipotecas inversas, procedimiento que ha cobrado relevancia en los últimos años, habiéndose registrado en 2017 solamente 31 actos mientras que en el primer semestre de 2023 se autorizaron 321 hipotecas inversas. En 2022, con respecto a 2021, las hipotecas inversas tuvieron un avance del 178,7% aumentando de 197 a 549 actos autorizados. Los documentos de voluntades anticipadas registraron en 2022 un aumento del 34,5% con respecto a 2021 (pasando de 9.839 a 13.230 actos), mientras que la cesión de bienes tuvo una caída del 18,7% entre 2022 y 2021 (pasando de 642 a 522 actos).

-¿Cuál es su valoración en la práctica de la Ley 8/2021?

-Es una ley proceso en el sentido de que tenerla como derecho positivo es un hito, pero requiere un gran trabajo de concreción y de aplicación y eso va a llevar, al menos, una década. Desde cualquier instancia debemos ayudar a que se vaya concretando y materializando la aplicación de esta ley.

-¿Cuáles serían los próximos pasos?

-Tenemos que ser conscientes de que esta gran trasformación del sistema jurídico tiene muchas implicaciones sociales, sociológicas, económicas, de formación y de pedagogía. Cada parte debe asumir el trabajo que le toca realizar. Cabe señalar, como ejemplo de buena práctica, la Alianza, Apoyo y Autonomía de CERMI, con la Fundación Æquitas y la Fundación ONCE. Sus objetivos son conseguir una óptima implantación de la ley y en el menor tiempo posible, reforzando la información y la formación necesarias para su éxito; movilizar a la sociedad para acompasar el cambio legislativo con una transformación de mentalidad en el trato a la discapacidad y obtener el apoyo de las personas y entidades sociales que compartan la necesidad de esta transformación. Esto no es privativo ni vedado; son tres partes que se han puesto de acuerdo, pero otras muchas podrían hacer lo mismo en otros foros e instancias. Debemos multiplicar las alianzas para convertir la ley, su letra y su espíritu, en realidad.

“DEBEMOS MULTIPLICAR LAS ALIANZAS PARA CONVERTIR LA LEY, SU LETRA Y SU ESPÍRITU, EN REALIDAD”

-¿Cómo ha evolucionado la conciencia social sobre el mundo de la discapacidad en los últimos diez años?

-Se ha producido un momento histórico de emancipación colectiva; las personas con discapacidad, un grupo humano normalmente minoritario y relegado, gracias a su labor de saberse excluido, se ha movilizado y comienza a desatar espirales de cambio tanto en el ámbito legislativo, como en el político y sociológico… Todo ello teniendo en cuenta que las personas con discapacidad tienen dificultades añadidas para ser activistas. En primer lugar, su propia toma de conciencia, pues muchas personas necesitan apoyos para comprender y difícilmente se puede movilizar alguien que no tiene conciencia de que están siendo violados sus derechos porque está acostumbrado a que le traten de otra manera. O la dificultad de que, en muchos casos, para protestar las personas con discapacidad tienen que ser ayudadas por otros. Por ejemplo, si el transporte no es accesible difícilmente pueden manifestarse.

-¿Qué pasos nos quedan por dar de ahora en adelante?

-En materia de educación, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, solo admite un modelo que es el inclusivo; eso significa que otro tipo de educaciones tendrían que desaparecer en un tiempo. Cuando se ha tratado de poner esta idea sobre la mesa han surgido grandes polémicas y resistencias. También está pendiente el mandato de la accesibilidad universal de todos los entornos, o la vida independiente. Cada persona con discapacidad debería tener medios para decidir cómo y dónde quiere vivir.

-¿Cuáles son los principales objetivos del CERMI de cara al 2024?

-Nuestro referente es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su aplicación en todos los ámbitos. Actualmente trabajamos también para lograr la reforma del artículo 49 de la Constitución, para que se cambie la terminología en lo que se refiere a las personas con discapacidad y para darle un contenido acorde a esa visión de derechos humanos.

Las leyes cada vez se van pareciendo más a lo que nos gustaría, pero tenemos un problema de gestión en el que debemos trabajar. Nos surgen problemas en la aplicación pues hay numerosos funcionarios, agentes, administraciones que no la entienden, y que anulan lo que se supone que está salvaguardado en una ley.

Las asociaciones de personas con discapacidad debemos ser más críticos, más incisivos en la denuncia de la vulneración de los derechos. Nos hemos centrado más en proveer servicios de acompañamiento de las personas, lo cual es muy importante, pero no debemos olvidar la defensa de nuestros derechos.

-¿Cómo es el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad?

-Actualmente hay una tasa de empleo del 40% de las personas con discapacidad frente al 70% del resto de las personas. Esperamos que en una década podamos alcanzar el 50% pero para ello necesitamos un cambio radical de las políticas de empleo. Acaba de presentarse el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, impulsado por el Gobierno, que es el intento académico más potente que se ha hecho de describir dónde estamos, de dónde venimos y de trazar cuáles deben ser las próximas vías de actuación.

-¿Las mujeres con discapacidad sufren más el desempleo?

-Sí. El 60% de las personas con discapacidad son mujeres y en todos los índices se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad que los hombres, tanto en el sistema educativo, como en el laboral, y los índices de violencia hacia ellas son más elevados. Para evitarlo se requiere una actuación más rotunda y más sistemática. En lo relacionado con las políticas de igualdad, el feminismo, hasta ahora, no ha asumido la visión de la discapacidad, están comenzando a hacerlo, pero las políticas de discapacidad tienen que permearse mucho más de feminismo.

Así lo indica un informe del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) realizado con motivo del octavo aniversario de la entrada en vigor de la ley. Cabe destacar, dentro de los actos asociados a sucesiones, las actas de notoriedad de herederos abintestato, que con 707.858 actos desde la aplicación de la LJV han supuesto el 97% del total de los actos de este grupo.

Según afirma María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado: “La aprobación de esta ley consiguió descargar el volumen de trabajo de los juzgados y reforzó la función notarial en su carácter de autoridad pública, aprovechando aquellas áreas donde su grado de preparación y experiencia técnica favoreciese una mejora en la respuesta a los ciudadanos y ampliando sus competencias en diversos aspectos”.

En cuanto a las cifras, la portavoz señala que “en 2021 se realizaron 137.091 actos; en 2022, 148.713; y en el primer trimestre de 2023, 39.349. Así, 2022 se convirtió en el año con mayor número de actos desde la entrada en vigor de la LJV, aumentando un 8% con respecto a 2021; y el número de actos del primer trimestre de 2023 fue un 16% mayor que el del mismo periodo de 2022, alcanzando los 39.349 actos registrados”.