La autora, María Sebastiá, explica lo sucedido en dicha fecha: «Ese día era viernes y “cantaba” online con Gonzalo López Ebri. Recuerdo levantarme con muchos planes para hacer después. Esas navidades estaban siendo muy intensas en cuanto al estudio porque en febrero iba a ser el primer examen de la oposición”. Durante el encuentro en línea le tocó el tema 54 de Derecho Penal -acusación y denuncias falsas-. “Llevaba diez minutos y empecé a encontrarme mal. Le dije a mi preparador que me estaba mareando. Él, para evitar que me diese un golpe al caer de la silla, me dijo que me sentase en el suelo. Me desmayé, mis ojos se cerraron y ya no recuerdo nada, todo lo demás lo sé porque me lo han contado mis padres y mis hermanos, ya que entré en coma», explica María.

Para el ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de la Fundación Aequitas, su alumna ese día «parecía tranquila, como siempre”. Según explica “dominaba el tema y lo exponía ordenadamente y ajustado al tiempo marcado, como un reloj. Sabía que le faltaban tan solo dos minutos para terminar. Del otro lado de la pantalla comencé a observar que algo no iba bien. María se ladeaba dejándose caer inconscientemente hacia un lado. Ya no reaccionó, cayó al suelo, desapareció del plano de visión y todo fue silencio. Decidí llamar a su madre, magistrada, que atendió el teléfono y avisó a sus hijos para que acudiesen en ayuda de su hermana. Hay historias que te cambian la vida y días que te cambian la historia. A mí me la ha cambiado. Antes era yo el preparador de María, ahora tras leer el libro y ver su trayectoria existencial, yo soy el opositor y ella mi preparadora de las oposiciones para aprender a vivir».

UN 30 DE DICIEMBRE LA VIDA DE MARÍA
DIO UN GIRO. SUFRIÓ UN DERRAME Y ESTUVO VEINTITRÉS DÍAS EN COMA

La recuperación. María describe cómo se enfrentó a su difícil proceso de recuperación: «En un primer momento, cuando mis padres llegaron a urgencias del Hospital Clínico de Valencia, los médicos les dijeron que no podían operarme, que el derrame cerebral era tan grande que no había posibilidad de intervenir y que avisasen a mis hermanos para que fuesen al hospital a despedirse de mí”. “Tras unos momentos de absoluta desesperanza, apareció un neurocirujano que dijo que no podía dejarme morir siendo tan joven, con sólo 26 años, por lo que decidió operarme. Tras ocho horas en el quirófano, estuve veintitrés días en coma, en estado de extrema gravedad”, indica. Se despertó el 22 de enero de 2023. En ese momento, no podía hablar ni andar. Tenía hemiparesia en la parte derecha. Comía por una sonda nasogástrica y le había practicado una traqueotomía. Los médicos informaron a su familia de la gravedad de su lesión cerebral, que comprometería poder hablar y andar. Según María: “Desde ahí empecé el camino de la recuperación. Una nueva etapa, en la que no debería preocuparme por sobrevivir, porque mi vida estaba estabilizada, sino por conseguir recuperarme lo mejor posible. Cuando me dieron el alta, el equipo del hospital me indicó que tenía que luchar y que no había límites. Esa frase me ha acompañado durante estos dos años de rehabilitación. Gracias a esa perseverancia he conseguido llegar a metas que nadie pensaba que fuese posible alcanzar».

La idea de escribir su vivencia surgió como sugerencia de su médico. Según explica: «Mis padres habían contactado con el doctor Álvaro Pascual-Leone, que es catedrático de neurología de la escuela de medicina de la Universidad de Harvard. Cuando nos recibió y empecé a contarle mi historia, me cortó y me dijo: “Tienes que hacer un libro y contar lo que te ha pasado. Podrías titularlo Las cosas que no quieres aprender como he tenido que aprenderlas yo, pero que tú debes saber”. “A partir de ahí, nos pusimos manos a la obra”, cuenta. “Quería transmitir lo que había vivido para poder ayudar a personas que viven situaciones de sufrimiento y, sobre todo, mostrar que se puede ser feliz a pesar del dolor que, a veces, aparece en nuestras vidas», finaliza la autora.

López Ebri, autor del prólogo, adelanta lo que el lector encontrará en las páginas de Volver a Nacer: «Es una historia desoladora desde el derrame cerebral, pasando por la situación de coma durante casi un mes, el despertar en una situación de hemiplejia e impotencia para hablar, comer, andar… Hasta la situación actual de recuperación y rehabilitación; pero encontrará también un camino, el que cualquiera puede escribir sobre su propio destino desde la humildad y el reconocimiento del inmenso valor que tienen las pequeñas cosas. Asimismo, el lector encontrará el largo recorrido de lucha en compañía, empezando por su familia más próxima. Padres y hermanos forman un núcleo sólido y unido y la han acompañado en todo este proceso de cambio igual que han hecho a lo largo de toda su vida. A ellos se unen el amor de su novio, la amistad de todas sus amigas y amigos y de toda la comunidad de la que ella forma parte».

La nueva regulación reconoce y potencia la labor que realizan los notarios mediante los denominados medios adecuados de solución de controversias en el ámbito extrajudicial. Medios como la conciliación, labor que está en la propia naturaleza de su función (al prestar asesoramiento imparcial para evitar el conflicto y aportar seguridad jurídica preventiva), así como la mediación, la opinión del experto independiente, la oferta vinculante confidencial o cualquier otro procedimiento de negociación.

“Esta ley ha dado unidad y estructura al uso de estos mecanismos de resolución de conflictos” explica la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea. “Entre las numerosas controversias que podrían resolverse por esta vía cabe citar la liquidación de una sociedad de gananciales, la adjudicación hereditaria, un contrato de arras, la relación entre los socios de una empresa, o comunidades de propietarios y un largo etcétera”, señala.

LA NUEVA LEY POTENCIA LA LABOR NOTARIAL EN LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Solución extrajudicial. Según el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en una nota de prensa enviada el día de la entrada en vigor de la ley, la regulación “establece que, salvo las excepciones previstas (tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otros) será obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda”. Además, indica, “la norma modifica el sistema de costas, ya que los tribunales entrarán a valorar si efectivamente alguna de las partes se ha negado a solucionar el conflicto de manera consensuada, lo cual tendrá un impacto en el criterio para su imposición”.

Un análisis sobre el proceso de implementación de la reforma de la Justicia, presentado por el Ministerio en la Conferencia Sectorial celebrada en Barcelona, incidió en que la aplicación de la ley “supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos diez años, en las doce comunidades autónomas que tienen transferida la competencia en esta materia”. “Su implantación, en cambio, solo requerirá en este momento una inversión de alrededor de quince millones entre todos los territorios, ya que no será necesario construir nuevas sedes judiciales, sino solo adecuar las existentes a la nueva estructura prevista en la norma”, puntualizó.

La función notarial. La nueva ley unifica y estructura los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Medios mediante los cuales los notarios pueden desempeñar una función muy relevante, dado su doble carácter de funcionarios públicos y profesionales del Derecho.

La Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles reconoció el papel que pueden desempeñar los notarios en este ámbito, dada la naturaleza preventiva de su labor, el asesoramiento imparcial que prestan y su cercanía con las personas con las que tratan a diario.

Diversos colegios notariales cuentan con centros de mediación como la Fundación Notarial Signum (del Colegio Notarial de Madrid) que es además corte de arbitraje, con la que tienen acuerdos los colegios notariales de Murcia, Castilla y León y Galicia; la Fundación Solutio Litis (del Colegio Notarial de Valencia); la Fundació Mediació Notarial (del Colegio Notarial de Cataluña); y la Fundación Notarial Andaluza para la Mediación y Arbitraje (del Colegio Notarial de Andalucía).

Por su parte, la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, que reforzó el carácter de autoridad del notario, reguló la conciliación notarial recogiendo los acuerdos alcanzados en escritura pública con los efectos propios de tal documento público notarial (ejecutivo, probatorio y legitimador).

Y ahora, la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia incluye también otros dos mecanismos que pueden realizar los notarios. Por un lado, dar su opinión como experto independiente cuando las partes, para resolver una controversia, lo designen de mutuo acuerdo. Por otro lado, podrán intervenir como autoridad que notifica lo que la ley regula como oferta vinculante confidencial en el marco de la negociación.

ESTA REGULACIÓN TIENE ENTRE SUS PRINCIPALES OBJETIVOS PROPICIAR EL ACUERDO Y DAR SOLUCIÓN A LAS CONTROVERSIAS EN EL ÁMBITO EXTRAJUDICIAL

Cómo elegir. A la hora de optar por uno de los mecanismos de resolución de controversias pueden surgir dudas. La portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, explica que “recurriremos a uno u otro en función del caso concreto, de la materia y de las características del conflicto, así como del perfil que tengan las partes. De lo que se trata es de tener la habilidad de elegir para cada caso el medio más adecuado”.

En la mediación hay un tercero neutral que se sitúa entre las partes, no por encima de ellas o con un nivel superior, sino en medio. Su misión es intentar el acercamiento, pero no impone ninguna asociación y ni siquiera propone la solución. Lo que hace es aplicar técnicas para que las partes dialoguen, se acerquen y para que en ese diálogo lleguen a proponer soluciones y a ponerse de acuerdo sobre alguna de ellas.

En el caso de la conciliación, también se acude a un tercero neutral. Los notarios pueden desarrollar expedientes de conciliación y en ellos actúan como tales notarios, como funcionarios y como autoridad, porque los expedientes de conciliación están dentro del marco de la ley de Jurisdicción Voluntaria. La conciliación se parece a la mediación en que también se recurre a un tercero neutral. Se diferencia en que, en este caso, la propuesta de solución sale del conciliador. Después, las partes podrán aceptar o no y, si llegan a un acuerdo, también se puede elevar a escritura pública ante notario.

Otra posibilidad es la negociación. Un medio más informal que implica que las partes, bien por sí solas, o bien con algún tipo de asesor, puedan intercambiar posiciones e intentar llegar a un arreglo.

Las españolas retrasan cada vez más la maternidad (36,2 años en 2022) y cada vez hay más jóvenes que optan por no formar una familia. Sólo el 13,3% de los jóvenes de entre 18 y 44 años considera la maternidad en los próximos cinco años, mientras que el 82% la descarta, según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo. Entre las causas para retrasar o rechazar la maternidad/paternidad destaca la crisis residencial: siete de cada 10 considera imprescindible tener una vivienda en propiedad.

Como todos los temas sociales, el de la natalidad es complejo ya que existen muchas variables, «pero una que es clarísima y los jóvenes nos lo dicen, tiene que ver con la estabilidad económica y laboral», explica Eulalia Alemany, directora de Innovación de FAD Juventud, entidad que lleva años trabajando para mejorar su bienestar, dándoles voz y recogiendo sus inquietudes y demandas. «Se han ido encadenando varias crisis que han impedido que haya esa estabilidad económica y laboral que tiene que ver con tener un trabajo estable, con un lugar para vivir y solvencia económica. Son tres condicionantes que ellas mismas nos cuentan que son importantes para tener el primer embarazo».

LAS ESPAÑOLAS RETRASAN CADA VEZ MÁS LA MATERNIDAD (36,2 AÑOS EN 2022) Y CADA VEZ HAY MÁS JÓVENES QUE OPTAN POR NO FORMAR UNA FAMILIA

Nuevos valores. Es importante también comprender que hay un tema cultural, de nuevos valores, añade Alemany en conversación telefónica con Escritura Pública. «Creo que ha habido un cambio en torno a lo que tiene que ver con el género y las desigualdades de género, y cómo las mujeres están siendo conscientes de que les corresponde otro lugar en la sociedad, y esto es algo que también tienen en cuenta» a la hora de formar o no una familia. FAD Juventud ha comprobado cómo «desde hace un tiempo, la juventud toma más conciencia de las desigualdades de género y hay un rechazo hacia los tópicos más grandes que significan idealizar la maternidad, y ellas mismas también nos explican que tienen posturas encaminadas hacia una mayor igualdad de género».

Este cambio tiene que ver con una transformación de la propia sociedad. «Antes, y estamos hablando de no hace tanto tiempo, 50 años, la única manera de salir de casa de tus padres era casándote, en el caso de las mujeres, y teniendo un hijo; era como tu provisión de futuro. Eso ha cambiado radicalmente; ahora tienen posibilidad de estudiar, se alargan los estudios y tienen opciones que antes no existían y eso, claramente, afecta a la natalidad».

Esos nuevos valores se reflejan en el Barómetro de The Family Watch: viajar es la prioridad en los próximos cinco años para el 63,5% de los jóvenes, seguido de prosperar en su vida profesional (59,3 %); sólo uno de cada tres encuestados piensa en formar una familia en los próximos cinco años.

Políticas públicas. El hecho de que España esté a la cola de la tasa de natalidad respecto a países de la UE como Francia, que tiene una de las tasas más altas de nacimientos, tiene también mucho que ver con las políticas públicas. «Si un país no hace políticas públicas para que sus jóvenes tengan hijos, también repercute. Hay países en Europa que ya están aplicando medidas para fomentar la natalidad, que tienen que ver con la conciliación, con las ayudas, con muchas cosas que hay que hacer desde las administraciones públicas. Esto, que es ya un tema más estructural, plantea como país qué es lo que queremos», subraya la directora de Innovación de FAD Juventud.

En el citado barómetro de The Family Watch, el 74,8% de los encuestados cree que las medidas principales para mejorar “el bienestar de las familias” son las que favorecen la conciliación, y el 66,5% apunta al acceso a la vivienda en los jóvenes. En la encuesta del CIS, el 47,6% cree que es necesario flexibilizar la jornada laboral de los trabajadores con responsabilidades familiares; el 31% afirma que hay que mejorar el tratamiento fiscal en el IRPF de familias con hijos, y el 27,5% asegura que hay que facilitar el acceso a mejores viviendas para familias con hijos. «Se ha avanzado en este país con los permisos maternales y paternales, pero queda camino por recorrer; es un cambio también de mentalidad para los que contratan; que no sea un estigma querer ser madre, y esto ha cambiado también, pero queda por hacer», puntualiza Alemany.

VIAJAR ES LA PRIORIDAD EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS PARA EL 63,5% DE LOS JÓVENES, SEGUIDO DE PROSPERAR EN SU VIDA PROFESIONAL

Para revertir la actual situación es clave que los jóvenes sean capaces de emanciparse. «Creemos que es fundamental que puedan hacer su trayectoria vital» y, en este sentido, tener acceso a una vivienda es una prioridad para la gran mayoría de los ellos. Está claro que el actual mercado residencial en España «está truncando muchas trayectorias vitales de jóvenes entre las que está formar una familia y tener hijos»; FAD Juventud es partidaria de «trabajar en esto intensamente» y que los que deseen formar una familia y tener hijos no tengan que renunciar a ello por falta de recursos.

La necesidad de que el Derecho responda a los pasos que va dando la sociedad en materia de relaciones asistenciales y el gran desconocimiento que existe sobre algunos instrumentos sí regulados, como el contrato de alimentos o los pactos de ayuda mutua, fueron dos de las conclusiones de una quincena de expertos reunidos recientemente en el Foro Temas que importan de Fundación Notariado para analizar los desafíos jurídicos que presentan estas situaciones de convivencia.

La inauguración del acto corrió a cargo del entonces presidente de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, que señaló que “las relaciones afectivas que se establecen entre las personas y la ayuda que se presta a quienes tenemos alrededor es lo que contribuye a crear una sociedad sana”. En su opinión, las llamadas nuevas formas de convivencia ya existen de facto y el Derecho va por detrás. Tras su intervención, se fueron sucediendo cuatro mesas redondas conformadas por notarios, expertos juristas, economistas, profesores universitarios y responsables de organizaciones de mayores, de juventud y de infancia.

CONCEPCIÓN PILAR BARRIO: “EL ACOGIMIENTO DE PERSONAS MAYORES ES UNA OPCIÓN PARA ATENDER SUS NECESIDADES EN UN AMBIENTE FAMILIAR”

Primer diálogo

La mesa Acogimiento familiar de las personas mayores, estuvo moderada por Concepción Pilar Barrio Del Olmo, entonces vicedecana del Colegio Notarial de Madrid y actualmente presidenta del CGN, y contó con la participación de Rosa María Moreno, catedrática Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid; la fiscal de la unidad coordinadora para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra, y Juan Ignacio Vela, coordinador del Ecosistema Senior de Fundación ONCE.

Concepción Pilar Barrio estableció el punto de partida aclarando que en una sociedad donde la esperanza de vida es cada vez mayor y existen más mayores solos “el acogimiento de estas personas en un entorno familiar y afectivo es una opción que parte de la autonomía privada y de la libertad de las personas, a diferencia de la asistencia social”. “A pesar de la falta de una regulación nacional, que podría ser conveniente -explicó- no existe impedimento alguno para que se pacten acogimientos en escrituras públicas en las que las partes cuenten con el adecuado asesoramiento notarial”.

Por su parte, María José Segarra consideró muy interesante estudiar la manera de organizar estas nuevas situaciones de convivencia y se mostró partidaria de potenciar esta figura dándole todas las garantías de seguridad para los más vulnerables. Rosa María Moreno expuso que la solución vendría dada por crear una ley específica para este tipo de pactos de carácter nacional. A la hora de definir qué tipo de contenido deberían recoger los acuerdos privados, los ponentes asumieron que debían realizarse contando con la asesoría imparcial de un notario y hacerlo en escritura pública.

Juan Ignacio Vela vio en estos acuerdos una alternativa a la institucionalización de los cuidados y subrayó que estos acuerdos “deben ser específicos, pero a la vez plurales. Una multiplicidad de modelos que permitan la suficiente flexibilidad para que se adapte a lo que ambas partes decidan”.

Contrato de alimentos

El segundo diálogo se tituló La autofinanciación de las necesidades asistenciales a través del contrato de alimentos vitalicio, y contó con la doctora en Derecho y notaria, Alicia Calaza, como moderadora. Los participantes fueron Lázaro González, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP); Inés de Araoz, coordinadora del departamento jurídico en Plena inclusión España; y Paloma Abad Tejerina, presidenta de la Asociación Madrileña de Abogacía de Familia e Infancia.

Para Alicia Calaza “en un escenario socioeconómico con altas tasas de precariedad laboral y problemas de vivienda, el contrato de alimentos podría ser una solución razonable para todos los implicados”. Por su parte, Abad Tejerina explicó las bases jurídicas de este tipo de contratos, y aseguró que apenas se utiliza y que ni siquiera muchos juristas lo conocen.

JORGE PRADES: “LOS MENORES ACOGIDOS SIGUEN TENIENDO EL MISMO DERECHO A FORMAR PARTE DE UNA FAMILIA AL ALCANZAR LA MAYORÍA DE EDAD”

Lázaro González reconoció la gran labor de los servicios residenciales, pero manifestó que no son suficientes para los dos millones de personas acogidas al sistema de dependencia. De Araoz concluyó el diálogo poniendo el foco en la vulnerabilidad económica de las personas que requieren cuidados especiales de larga duración. “A esto se le podría dar solución con el contrato de alimentos, con un contenido claro, fundamentado, explicado y accesible, con búsqueda de apoyo de terceros”, señaló.

Ayuda mutua

El tercer coloquio, Pactos convivenciales. Una mirada a los ciudadanos que se ayudan mutuamente con vocación de permanencia, estuvo moderado por Albert Domingo, notario, y contó con la participación de Carmen Jover, vicepresidenta del Registro de Economistas y Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), y Judith Solé, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Domingo explicó que la relación convivencial de ayuda mutua se refiere a aquellas personas que, unidas por vínculos de amistad o de parentesco, deciden voluntariamente convivir con un único objetivo solidario de colaborar, auxiliarse y apoyarse mutuamente, compartiendo gastos y trabajos domésticos como libremente pacten, para hacer más fácil, agradable y menos solitaria su vida. Estos pactos solo están regulados en Navarra y Cataluña.

Su escasa penetración en estas CC. AA. fue compartida por los tres participantes. Jover aseguró que estos acuerdos aportan en Cataluña beneficios fiscales en el impuesto de sucesiones, pero, para fomentarlos, haría falta difundir su utilidad e implementar una más incentivadora regulación fiscal que seguramente implicaría menos gasto público asistencial, al quedar cubiertas estas necesidades, mediante la iniciativa privada. La profesora Solé apuntó que estos contratos “que las personas podemos celebrar libremente de acuerdo con la autonomía de la voluntad, podrían tener un importante papel como medidas de apoyo al ejercicio de nuestra capacidad jurídica, sea cual sea nuestra edad o nuestra situación de discapacidad”.

IGNACIO GOMÁ: “CON ESTA JORNADA SOBRE LOS
PACTOS CONVIVENCIALES, NOSOTROS COMO
NOTARIOS Y COMO FUNDACIÓN TENEMOS EL DEBER DE REFLEXIONAR SOBRE ELLO”

Acogimiento familiar y emancipación

La última mesa de la jornada titulada El derecho de los menores a crecer en familia: acogimiento y tránsito a la emancipación, estuvo moderada por el notario y patrono de Fundación Notariado, Jorge Prades. Junto a él intervinieron la directora general de la Infancia, la Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid, Silvia Valmaña; el presidente de Plataforma de Infancia, Carles López Picó; y Raúl Jiménez, director de Acción Social de la ONG CESAL.

Jorge Prades recordó que los pactos de convivencia son una herramienta que puede resultar muy útil en el momento de emancipación de los jóvenes que son acogidos en instituciones y que, a los 18 años, pierden el entramado de apoyo del que disfrutaban.

Por su parte, Carles López recordó que el propio Comité de Derechos del Niño recomendó a España aumentar los recursos destinados a la acogida y mayor celeridad en el proceso de desinstitucionalización. Raúl Jiménez describió la metodología formativa de CESAL con respecto a los jóvenes en tránsito a la emancipación, donde un tutor les enseña el oficio y se convierte en un referente. “Difícilmente se puede insertar un joven en la sociedad si no tiene trabajo”, afirmó.

La directora general de la Infancia, la Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid coincidió en que todo el sistema de protección para los jóvenes que cumplen 18 años está focalizado en el centro y no en el acogimiento familiar, “como sería recomendable”.

Según los datos del INE, en España, a 1 de julio de 2024, había un total de 9.470.725 españoles con 65 años o mayores.

MARÍA TERESA BAREA: “EL NOTARIADO DESEMPEÑA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y DE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES”

Función notarial. “El Notariado desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos y de la seguridad jurídica de las personas mayores, poniendo a disposición de los ciudadanos actuaciones notariales que abordan cuestiones cruciales relacionadas con la planificación sucesoria, la toma de decisiones en muchos ámbitos incluido el médico, las operaciones financieras y otros asuntos, todo ello con el objetivo de garantizar su bienestar y dignidad”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

Los actos notariales que resultan más relevantes para los mayores, y por tanto los más habituales, son:

• Los documentos de voluntades anticipadas mediante los cuales, una persona, al amparo de la normativa autonómica en cada caso aplicable, expresa sus deseos con respecto a los tratamientos médicos que desearía o no recibir en situaciones en las que no pudiera expresar su voluntad. Esto incluye decisiones sobre el destino de sus órganos, la designación de personas para comunicarse con los equipos médicos, resoluciones sobre el manejo de su cuerpo después del fallecimiento y otras cuestiones reguladas por estas normativas.
• Los testamentos abiertos ante notario, por los que se dispone quiénes serán los herederos y en qué proporción, quiénes serán legatarios o perceptores de bienes concretos, el nombramiento de albacea y otras muchas previsiones sobre la sucesión mortis causa.
• La cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, cuyo objetivo es transmitir a un tercero uno o más bienes a cambio de recibir una renta o pensión o de que el cesionario se haga cargo de la manutención del cedente.
• Las hipotecas inversas, en las que el propietario de una vivienda recibe una cantidad de dinero de una sola vez o en forma de renta periódica utilizando dicho inmueble como garantía real. El dueño puede cancelar la hipoteca cuando así lo desee y de igual forma disfruta de la vivienda hasta su fallecimiento, pues en ningún momento pierde su propiedad. Esta figura suele utilizarse para obtener liquidez con la que complementar la pensión de jubilación.
• Los poderes generales y los poderes generales preventivos. El poder general es un documento notarial por el que una persona confiere a otra u otras la facultad de realizar un amplio conjunto de actos y negocios jurídicos en su nombre, lo que incluye todo tipo de actos de administración y disposición patrimonial e incluso decisiones sobre la atención y cuidados que deben prestarse al poderdante en determinadas circunstancias. Cuando el poder general es preventivo incluye una cláusula por la que se mantiene la vigencia del poder incluso en caso de que el poderdante esté en situación de discapacidad o bien se dispone que solo empiece a surtir efectos cuando dicha situación de discapacidad llegue.

LA REALIZACIÓN DE ACTOS NOTARIALES PARA NUESTRA PROTECCIÓN PERSONAL Y PATRIMONIAL SE INTENSIFICA A PARTIR DE LOS 45 AÑOS

Perfil social. La realización de actos notariales de este tipo se intensifica a partir de los 45 años y, en general, las mujeres utilizan más los actos notariales para mayores.

En el caso de los documentos de voluntades anticipadas, las mujeres representan consistentemente una mayor proporción de los usuarios, con porcentajes que van desde el 58,1% en 2020 hasta el 58,6% en 2024, mientras que los hombres se mantienen por debajo del 42%.

Por otro lado, en lo que respecta a los testamentos, los porcentajes de otorgamiento por parte de hombres y mujeres se han mantenido bastante equilibrados durante todo el período analizado. Las mujeres han otorgado testamento en un 54,7% de los casos, mientras que los hombres lo hicieron en un 45,3% de las ocasiones.

En cuanto a la cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, la realización de este acto por parte de las mujeres ha predominado a lo largo de los años, alcanzando el 59,5% en 2021 y situándose en un 52,4% en 2024, mientras los hombres la han realizado en un 40,5% en 2021 y en un 47,6% en 2024.

En el caso de las hipotecas inversas, también son mayoritariamente realizadas por las mujeres, especialmente en 2024, año en el que representaron el 63%.

Finalmente, los poderes generales y preventivos muestran una distribución bastante estable en términos de género, con una ligera preponderancia femenina. Las mujeres han representado entre el 54,8% y el 55,3% de los usuarios, mientras que los hombres se han mantenido cerca del 45%.

El número de personas que no acuden en España a su puesto de trabajo por enfermedad común o por otras razones aumenta de forma inquietante. El XIII Informe Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo, publicado en junio de 2024 por The Adecco Group Institute, confirma que en 2023 la tasa media de absentismo fue del 6,8%, una cifra solo mayor en 2020 -año en que comenzó la pandemia del Covid-19-, cuando se alcanzó un 7,1%. Sin embargo, los datos trimestrales más recientes han superado este porcentaje, al registrarse en el último trimestre de 2023 una tasa de absentismo del 7,2%.

En el año 2000 España tenía un absentismo del 3,7% y hasta 2017 nunca se había superado el 5%. Con los datos actuales, Adecco destaca que en 2023 1.115.840 asalariados no trabajaron durante todo el año.

Asimismo, el último informe trimestral de absentismo laboral de Randstad Research recuerda que un día cualquiera del cuarto trimestre de 2023 no fueron a trabajar 1,4 millones de personas, un 10% más que en el trimestre anterior. De ese total 1.075.073 personas tenían una baja médica o incapacidad temporal (IT). Según estos datos, el absentismo provocó la pérdida de un 6,5% de las horas pactadas, mientras que el absentismo por IT supuso la pérdida de un 5% de las horas pactadas.

UN DÍA CUALQUIERA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 NO FUERON A TRABAJAR 1,4 MILLONES DE PERSONAS, UN 10% MÁS QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

Distribución geográfica

Por comunidades autónomas, el País Vasco es la comunidad autónoma con un nivel de absentismo más elevado (8.4%), seguida de Asturias y Canarias, ambas con un 8,2%. Las tasas más bajas corresponden a Cataluña, con un 6,7%, la Comunidad de Madrid (6,9%) y Baleares (6,9%).

Al analizar las bajas médicas por contingencias comunes, el Estudio sobre la Incapacidad Temporal y Siniestralidad, realizado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), señala que la mayor incidencia corresponde a Navarra y Cataluña, con 600 bajas por cada 1.000 trabajadores protegidos; y la menor a Extremadura, Asturias y Galicia, con menos de 300 bajas. Igualmente, la duración de los procesos tiene importantes variaciones entre comunidades autónomas: mientras en Extremadura y Galicia superan los 60 días de media, en Baleares, Madrid, Cataluña o Navarra la duración media de las bajas es de 25 días o menos.

Coste

Más de 8 millones de las ausencias laborales de 2023 se debieron a bajas médicas por enfermedades y accidentes no laborales que, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), supusieron un gasto de más de 25.300 millones de euros para la Seguridad Social y las empresas, un 74% más que hace cinco años.

AMAT subraya que los trámites burocráticos y las largas listas de espera de la sanidad pública agravan aún más el impacto económico de esas incapacidades temporales. En 2023 las listas de espera de los sistemas públicos de salud alcanzaron los 101 días de media, siendo de 108 días en las patologías traumatológicas. Según AMAT, la agilización administrativa permitiría reducir a la mitad el tiempo de recuperación de los trabajadores diagnosticados con enfermedades traumatológicas, lo que evitaría un gasto innecesario de 2.630 millones de euros.

LAS MUTUAS REITERAN SU VOLUNTAD DE TENER MAYORES ATRIBUCIONES EN LA GESTIÓN SANITARIA PARA MITIGAR LA SATURACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA

Causas

El absentismo laboral no es solo un problema de España. Entre 2014 y 2022 aumentó una media del 0,6% en la Unión Europea, mostrando una tendencia creciente en todos los países, salvo en Bulgaria, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania.

The Adecco Group Institute recuerda que el absentismo es la consecuencia de diversos factores interrelacionados entre los que menciona:

• El envejecimiento de la población laboral.
• El aumento de las listas de espera de atención primaria, consultas externas y listas quirúrgicas.
• Las limitaciones en la colaboración público-privada.
• La dificultad para conciliar la vida familiar y laboral.
• Y algo que ha adquirido protagonismo en los últimos años: la mayor presencia de las enfermedades mentales.

Concretamente, las bajas motivadas por problemas de salud mental entre la población ocupada se han incrementado casi un 120% en los últimos siete años (2016-2023) y la duración media de estas bajas es de 108 días. El 32% de los trabajadores españoles afirman que su salud mental ha empeorado en el último año y el 25% de las empresas consideran que una cuarta parte de su plantilla se vio afectada en 2023 por trastornos psicológicos como ansiedad, depresión o estrés postraumático.

Por su parte, CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) añade que la evolución del absentismo viene determinada por el ciclo económico (el temor a perder el empleo está relacionado con la coyuntura económica, de manera que cuando el PIB cae también se reducen las horas no trabajadas por IT y viceversa). Asimismo, la ampliación de algunos permisos reconocidos legalmente ha incrementado las ausencias laborales no ligadas a las bajas médicas.

En todo caso, la solución no es fácil pero las cifras apremian. Es fundamental que las empresas activen planes internos de gestión del absentismo que permitan medir y corregir determinados indicadores y que fomenten los hábitos saludables y el bienestar de su personal. Desde AMAT y CEPYME reiteran la voluntad de las mutuas de tener mayores atribuciones en la gestión sanitaria para mitigar la saturación de la atención médica. Sin duda, un reto complejo para todos los agentes implicados.

La elección de carrera universitaria es quizás una de las primeras decisiones importantes a las que se enfrenta una persona y no suele ser fácil. Exige valorar las preferencias y habilidades individuales, las salidas profesionales o hasta dónde se puede llegar con la calificación obtenida. El camino se allana para quienes tienen clara su vocación y además la nota les permite seleccionar la titulación que quieren, pero esto no siempre sucede. Una gran parte de los estudiantes se quedan por debajo de la nota de corte que necesitan y, salvo que esperen un año más para volver a examinarse de las pruebas de acceso, tendrán que conformarse con uno de los grados a los que puedan optar.

Las notas de corte más altas normalmente se encuentran en universidades públicas para grados como Matemáticas y Física (13,5), Ingeniería Informática y Matemáticas (13,6), Estudios Internacionales y Derecho (13,4) Medicina (13,3), Biotecnología (13) y Odontología (13), entre otras. Aun así, para una misma titulación puede haber diferencias importantes en las notas de corte de cada universidad. Además, en algunos centros privados se pueden cursar determinadas titulaciones con la nota más baja (5).

LOS ESTUDIOS SUPERIORES SON LA OPCIÓN ESCOGIDA POR EL 41% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA DE 20 A 24 AÑOS

Evolución.

Los estudios superiores son la opción escogida por el 41% de la población española de 20 a 24 años, frente al 36% de la Unión Europea. Actualmente, el Sistema Universitario Español cuenta con 1,7 millones de alumnos. Los estudiantes de grado representan el 78,6%, los de máster el 16% y los de doctorado el 5,4%.

En el curso 2022-2023 iniciaron un nuevo estudio de grado 360.000 estudiantes, de los que casi la mitad eligieron la rama de ciencias sociales y jurídicas. Aunque las universidades públicas siguen acogiendo a un mayor número de alumnos, en los últimos ocho años han perdido 68.000 matriculados en grado. Inversamente, las universidades privadas han ganado casi 100.000.

Las titulaciones de grado han aumentado un 18% desde 2015, superando en este momento las 3.200, y cada año se suman nuevas propuestas con el fin de adaptar la formación al mercado laboral. En el curso 2024/2025 destaca la incorporación de los grados de Neurociencia en la Universidad Carlos III; Audiología General en la Universidad de Salamanca; Logopedia en la Universidad del País Vasco; Ingeniería de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Navarra; Ciencias Gastronómicas en la Universidad de Burgos; Valladolid y León; e Ingeniería de Satélites en la Universidad Politécnica de Cataluña.

Dentro del amplio abanico de titulaciones disponible, los ámbitos con mayor volumen de matrículas, según el informe Datos y cifras del Sistema Universitario Español. Publicación 2023-2024 (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), son: Administración y Gestión de Empresas (133.670 estudiantes en el curso 2022-2023), Ingenierías (132.807) y Derecho (106.807). Les siguen a una razonable distancia Formación de docentes de enseñanza primaria (81.889), Psicología (81.036); otras Ciencias de la Salud (78.187) e Informática (61.987).

Sin embargo, cuando se selecciona una carrera, no siempre se acierta a la primera. Un 11,7% de los alumnos de nuevo ingreso cambian a otros estudios; otros, el 20%, directamente abandonan.

Qué pide el mercado.

Uno de los factores que más se tienen en cuenta a la hora de elegir carrera es saber las posibilidades de empezar a trabajar una vez obtenido el título. Para dar respuestas a esta cuestión, el portal de trabajo Infoempleo y la consultora LHH Recruitment Solutions han realizado un análisis de las titulaciones con mayores salidas profesionales, que se engloba dentro del Informe Infoempleo Adecco 2023: Oferta y demanda de empleo en España.

LOS ÁMBITOS CON MAYOR MATRICULACIÓN SON ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, LAS INGENIERÍAS Y DERECHO

Los resultados muestran que los grados de educación y pedagogía encabezan la lista de titulaciones más demandadas en España durante 2023, al concentrar el 11% de las ofertas para universitarios. El grado de enfermería, que en 2022 lideraba la demanda en España, ahora está en segundo lugar, seguido de Administración y Dirección de Empresas (ADE). En la cuarta posición están medicina y biomedicina, que un año atrás ocupaban el segundo puesto del ranking. Este retroceso, al igual que el de otras carreras de ciencias de la salud, se debe a que, después de la pandemia, hay menos vacantes que cubrir.

La quinta titulación con más salidas laborales es Ingeniería Informática. Por detrás están Ingeniería Industrial; Psicología y Psicopedagogía; Comercio y Marketing; el doble grado de Administración de Empresas y Derecho; y Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Hay futuro.

Otra duda que a veces surge al decantarse por cursar estudios superiores es si realmente hacer un grado, un máster, e incluso un doctorado, abrirá mejores perspectivas laborales. La respuesta es claramente afirmativa según el informe La inserción laboral de los universitarios: 2013-2023: evolución, diferencias por estudios y brechas de género, publicado por la Fundación BBVA y el IVIE.

Su conclusión es que la colocación profesional de los jóvenes universitarios ha sido tradicionalmente mejor que la del conjunto de los jóvenes, pero las ventajas se han incrementado notablemente en el último decenio. Entre 2013 y 2023 se han creado 437.000 empleos netos nuevos para el colectivo de entre 22 y 29 años, de los cuales el 79% han sido ocupados por universitarios. Estas cifras reflejan un crecimiento del empleo de universitarios del 58% en los últimos diez años. Además, el incremento ha sido aún mayor en el caso de los puestos altamente cualificados.

En definitiva, hacer una carrera universitaria tiene futuro y parece que la población española lo tiene claro porque cada vez está mejor formada. En 2022 un 41% de la población tenía estudios superiores, frente al 23% que los tenían en el año 2000.