-¿Cuál es su valoración en la práctica de la Ley 8/2021?

-Es una ley proceso en el sentido de que tenerla como derecho positivo es un hito, pero requiere un gran trabajo de concreción y de aplicación y eso va a llevar, al menos, una década. Desde cualquier instancia debemos ayudar a que se vaya concretando y materializando la aplicación de esta ley.

-¿Cuáles serían los próximos pasos?

-Tenemos que ser conscientes de que esta gran trasformación del sistema jurídico tiene muchas implicaciones sociales, sociológicas, económicas, de formación y de pedagogía. Cada parte debe asumir el trabajo que le toca realizar. Cabe señalar, como ejemplo de buena práctica, la Alianza, Apoyo y Autonomía de CERMI, con la Fundación Æquitas y la Fundación ONCE. Sus objetivos son conseguir una óptima implantación de la ley y en el menor tiempo posible, reforzando la información y la formación necesarias para su éxito; movilizar a la sociedad para acompasar el cambio legislativo con una transformación de mentalidad en el trato a la discapacidad y obtener el apoyo de las personas y entidades sociales que compartan la necesidad de esta transformación. Esto no es privativo ni vedado; son tres partes que se han puesto de acuerdo, pero otras muchas podrían hacer lo mismo en otros foros e instancias. Debemos multiplicar las alianzas para convertir la ley, su letra y su espíritu, en realidad.

“DEBEMOS MULTIPLICAR LAS ALIANZAS PARA CONVERTIR LA LEY, SU LETRA Y SU ESPÍRITU, EN REALIDAD”

-¿Cómo ha evolucionado la conciencia social sobre el mundo de la discapacidad en los últimos diez años?

-Se ha producido un momento histórico de emancipación colectiva; las personas con discapacidad, un grupo humano normalmente minoritario y relegado, gracias a su labor de saberse excluido, se ha movilizado y comienza a desatar espirales de cambio tanto en el ámbito legislativo, como en el político y sociológico… Todo ello teniendo en cuenta que las personas con discapacidad tienen dificultades añadidas para ser activistas. En primer lugar, su propia toma de conciencia, pues muchas personas necesitan apoyos para comprender y difícilmente se puede movilizar alguien que no tiene conciencia de que están siendo violados sus derechos porque está acostumbrado a que le traten de otra manera. O la dificultad de que, en muchos casos, para protestar las personas con discapacidad tienen que ser ayudadas por otros. Por ejemplo, si el transporte no es accesible difícilmente pueden manifestarse.

-¿Qué pasos nos quedan por dar de ahora en adelante?

-En materia de educación, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, solo admite un modelo que es el inclusivo; eso significa que otro tipo de educaciones tendrían que desaparecer en un tiempo. Cuando se ha tratado de poner esta idea sobre la mesa han surgido grandes polémicas y resistencias. También está pendiente el mandato de la accesibilidad universal de todos los entornos, o la vida independiente. Cada persona con discapacidad debería tener medios para decidir cómo y dónde quiere vivir.

-¿Cuáles son los principales objetivos del CERMI de cara al 2024?

-Nuestro referente es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su aplicación en todos los ámbitos. Actualmente trabajamos también para lograr la reforma del artículo 49 de la Constitución, para que se cambie la terminología en lo que se refiere a las personas con discapacidad y para darle un contenido acorde a esa visión de derechos humanos.

Las leyes cada vez se van pareciendo más a lo que nos gustaría, pero tenemos un problema de gestión en el que debemos trabajar. Nos surgen problemas en la aplicación pues hay numerosos funcionarios, agentes, administraciones que no la entienden, y que anulan lo que se supone que está salvaguardado en una ley.

Las asociaciones de personas con discapacidad debemos ser más críticos, más incisivos en la denuncia de la vulneración de los derechos. Nos hemos centrado más en proveer servicios de acompañamiento de las personas, lo cual es muy importante, pero no debemos olvidar la defensa de nuestros derechos.

-¿Cómo es el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad?

-Actualmente hay una tasa de empleo del 40% de las personas con discapacidad frente al 70% del resto de las personas. Esperamos que en una década podamos alcanzar el 50% pero para ello necesitamos un cambio radical de las políticas de empleo. Acaba de presentarse el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, impulsado por el Gobierno, que es el intento académico más potente que se ha hecho de describir dónde estamos, de dónde venimos y de trazar cuáles deben ser las próximas vías de actuación.

-¿Las mujeres con discapacidad sufren más el desempleo?

-Sí. El 60% de las personas con discapacidad son mujeres y en todos los índices se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad que los hombres, tanto en el sistema educativo, como en el laboral, y los índices de violencia hacia ellas son más elevados. Para evitarlo se requiere una actuación más rotunda y más sistemática. En lo relacionado con las políticas de igualdad, el feminismo, hasta ahora, no ha asumido la visión de la discapacidad, están comenzando a hacerlo, pero las políticas de discapacidad tienen que permearse mucho más de feminismo.

Así lo indica un informe del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) realizado con motivo del octavo aniversario de la entrada en vigor de la ley. Cabe destacar, dentro de los actos asociados a sucesiones, las actas de notoriedad de herederos abintestato, que con 707.858 actos desde la aplicación de la LJV han supuesto el 97% del total de los actos de este grupo.

Según afirma María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado: “La aprobación de esta ley consiguió descargar el volumen de trabajo de los juzgados y reforzó la función notarial en su carácter de autoridad pública, aprovechando aquellas áreas donde su grado de preparación y experiencia técnica favoreciese una mejora en la respuesta a los ciudadanos y ampliando sus competencias en diversos aspectos”.

En cuanto a las cifras, la portavoz señala que “en 2021 se realizaron 137.091 actos; en 2022, 148.713; y en el primer trimestre de 2023, 39.349. Así, 2022 se convirtió en el año con mayor número de actos desde la entrada en vigor de la LJV, aumentando un 8% con respecto a 2021; y el número de actos del primer trimestre de 2023 fue un 16% mayor que el del mismo periodo de 2022, alcanzando los 39.349 actos registrados”.

Todos los participantes reconocieron que la legislación debe cambiar: para la mayoría la solución pasa por la existencia de una ley estatal, aunque otros dudaron de que determinadas comunidades autónomas acepten una ley nacional que podría vulnerar sus competencias.

Parejas de hecho, una diversidad normativa nacional y autonómica. Impacto en los derechos y deberes de los miembros de la pareja fue el tema sobre el que debatieron Mar Galán, del área jurídica de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Madrid (Acurema); Silvia Oñate, presidenta de la Asociación Vida (Viudas de parejas de hecho); María Pérez Galván, vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA); Rafael Verdera, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y Vicente Martorell, notario y moderador del acto.

Diversidad y pluralidad legislativa

La presentación corrió a cargo de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, quien puso de manifiesto la diversidad y pluralidad legislativa que acompaña a una realidad como la de las parejas de hecho, con una concurrencia de catorce normativas autonómicas. “Las leyes surgen con el paso del tiempo, aunque suelen llegar tarde; es algo que los notarios detectamos en nuestro contacto con las personas y que se refleja en nuestros protocolos. No hay nada más humano que una relación de pareja, ni tan importante para que la vida siga; es una realidad que no puede aislarse. Las leyes bienvenidas sean; sin perjuicio de que se armonicen», declaró.

PARA LOS PARTICIPANTES LA LEGISLACIÓN DEBE CAMBIAR. LA SOLUCIÓN PASA POR LA EXISTENCIA DE UNA LEY ESTATAL

Rafael Verdera fue determinante: «Un análisis objetivo de la regulación autonómica de uniones de hecho plantea serias dudas sobre su constitucionalidad”, dudas que clasificó en un triple plano: “Hay catorce normativas diferentes que fundamentalmente en el plano jurídico privado de las parejas de hecho abordan también cuestiones de carácter civil, y seis de esas comunidades no tienen competencias en la materia, y así lo ha planteado el Tribunal Constitucional con respecto a leyes como la valenciana o la madrileña”. Otro problema –dijo- es que casi todas esas leyes delimitan su ámbito de aplicación en función de criterios distintos como la vecindad civil, el empadronamiento o la residencia habitual, “lo que supone que, en función de cada una de esas leyes, los criterios de aplicación son distintos y nos podríamos encontrar con tres leyes confluyendo en regular una misma situación, en una materia que solo puede regular el Estado”. Apuntó como tercera objeción “y todavía más potente” la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional 93/2013, en relación con la ley navarra, donde se establece que solo se es pareja de hecho si se ha manifestado voluntariamente serlo a través de un registro o documento público, y que no son parejas de hecho, conforme al libre desarrollo de la personalidad consagrada constitucionalmente, aquellas que no han manifestado esa voluntad, aunque hayan convivido o tengan hijos en común.

Mar Galán reconoció que Acurema no recibe muchas preguntas sobre parejas de hecho y lo atribuye a un gran desconocimiento de que organizaciones de consumidores, abogados y notarios pueden asesorar sobre la materia: “Hace falta mucha pedagogía jurídica. Muchas parejas no conocen el procedimiento a seguir cuando se produce la ruptura y qué se hace con los bienes”, manifestó, aspecto en el que coincidieron todos los ponentes.

María Pérez Galván incidió en la necesidad de mayor seguridad jurídica: «Lo que vemos en los despachos es una enorme inseguridad jurídica. Recomiendo a mis clientes, que, además de un abogado, también tengan un ‘notario de familia’ para acordar pactos. Cuando existen crisis en las parejas, se entra en un limbo jurídico diferente para cada caso. Por mi experiencia puedo decir que las parejas de hecho tienen todas las obligaciones del matrimonio, pero ninguno de sus derechos. Es un agravamiento legislativo y procedimental muy doloroso». Mi consejo es pactar antes. Con la libre voluntad de las partes, puedes alcanzar el modelo económico que mejor se adapte a tus necesidades. Se gasta mucho dinero en la boda o en la luna de miel, pero no se va al notario o abogado de familia para determinar si la vivienda es privativa, en qué régimen puedes casarte, la hipoteca o el testamento; existen muchas implicaciones y falta mucha información», apuntó la letrada.

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ PUSO DE MANIFIESTO LA DIVERSIDAD Y PLURALIDAD LEGISLATIVA EXISTENTE SOBRE LAS PAREJAS DE HECHO

Experiencia personal

Desde su experiencia personal y profesional, Silvia Oñate, como presidenta de la Asociación Vida, que agrupa a 1.800 mujeres viudas y madres de hijos e hijas huérfanos, recordó el germen de su asociación: «Al fallecer nuestras parejas, nuestros hijos se convertían en huérfanos de segunda categoría. En cuatro años, gracias a nuestro activismo, conseguimos alcanzar el necesario cambio normativo de equipar las pensiones de las viudas de parejas de hecho con las de los matrimonios, sin limitación de ingresos para el superviviente”.

Sin embargo, considera Oñate que no todo está hecho en este camino: “Nuestra pensión de viudedad no es compatible con una de jubilación o con otra de incapacidad permanente, como sí sucede con los matrimonios, aunque no lleguemos al tope máximo de la pensión de jubilación. Aún existen rocambolescas letras pequeñas que no se ajustan a Derecho y nos colocan en situación de inseguridad y discriminación arbitraria y desproporcionada”.

ES ACONSEJABLE QUE LAS PAREJAS DE HECHO HAGAN TESTAMENTO

Vicente Martorell expuso algunas consultas habituales que hacen en las notarías las parejas de hecho: «Hay casos de todo tipo, aunque lo más habitual es que me consulten sobre su régimen económico; qué les quedaría en caso de enviudar, derechos sucesorios, obligaciones fiscales, … hay muchas dudas”. El notario puso en valor la eficacia de la escritura pública: “Este documento permite acreditar la existencia de la pareja de hecho, homologando su eficacia y permitiendo pactar prácticamente lo que se quiera, con las limitaciones sucesorias propias de cada régimen autonómico. También es aconsejable el otorgamiento de testamento. Por ejemplo, a la hora de testar se puede aprovechar para definir el beneficiario de un seguro de vida. También sirve para discernir posibles conflictos sucesorios transfronterizos». «Hoy en día, los españoles no estamos adscritos a una única comunidad. Muchos nos desplazamos y residimos o trabajamos en varias autonomías. El legislador debe hacer frente a la carencia de normas y jurisprudencia estatales», concluyó.

El 94,5% de la población española de 16 a 74 años utilizó internet en 2022. La Red ha aumentado el consumo de información y ha abierto nuevos espacios de reflexión ciudadana que ayudan a tener opiniones propias sobre diversos temas. Sin embargo, en este contexto, se ha instalado de forma alarmante la desinformación, entendida como aquellos contenidos intencionadamente falsos que suelen surgir en las redes sociales, propagándose a gran escala y con rapidez.

Un ejemplo claro de este fenómeno ha sido la pandemia del Covid-19, marcada desde el primer momento por la difusión masiva de tantos rumores que algunos llegaron a hablar de “infodemia”. También es frecuente que la desinformación genere contenidos vinculados a posiciones extremistas o discriminatorias.

La desinformación no solo perjudica la capacidad de la ciudadanía de tomar decisiones libres e informadas, sino que además erosiona la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación. Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco, destacaba recientemente que sólo el 35% de las personas confía en lo que ven en las redes sociales y el 53% en los medios tradicionales.

Según el Eurobarómetro Standard 96 de la Comisión Europea, el 81% de los españoles encuentra habitualmente noticias que, en su opinión, distorsionan la realidad. Un 54% de ellos afirma que les resulta fácil detectar este tipo de informaciones, pero no siempre lo consiguen. De hecho, un informe de la Universidad de Navarra y UTECO afirma que el 72,1% de los españoles reconoce que en alguna ocasión se ha creído un mensaje o vídeo que era falso.

LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ES UNA DE LAS MÁS PREOCUPADAS DE EUROPA POR LA DIFUSIÓN DE BULOS Y POR DISPONER DE CONOCIMIENTOS PARA IDENTIFICARLOS

Un aprendizaje imprescindible.

Una de las formas más efectivas de acabar con esta realidad es lo que se conoce como alfabetización mediática e informacional (AMI), que la Unesco define como la capacidad de las personas para “realizar juicios como consumidores de información y usuarios de medios, así como convertirse en productores de información por derecho propio”. Su importancia es tal que se ha convertido en una cuestión política y educacional de primer orden.

La escuela es el mejor lugar para empezar a impartir la alfabetización mediática, pero toda la sociedad debe adquirir habilidades mediáticas e informativas para desenvolverse de forma segura y responsable en los medios de comunicación y en las redes sociales.

La situación española.

En España queda todavía mucho camino por recorrer. El informe Alfabetización mediática: contexto actual, legislación, casos de éxito, herramientas y recursos, y percepción y propuestas de especialistas y profesores, realizado por encargo del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena, concluye que nuestro país está muy retrasado en el desarrollo de iniciativas desde las Administraciones Públicas.

LA ESCUELA ES EL MEJOR LUGAR PARA EMPEZAR A IMPARTIR LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA, PERO TODA LA SOCIEDAD DEBE ADQUIRIR HABILIDADES MEDIÁTICAS

La citada publicación sostiene que nuestro país está lejos de países como Finlandia, donde la alfabetización mediática se incorporó al plan de estudios en 2014 y los estudiantes aprenden a leer las fuentes informativas de manera crítica desde los 6 años. Aprenden en clase a verificar los sitios web, a encontrar las fuentes para saber si una noticia dudosa es verídica o no, y a comprobar lo fácil que es manipular las estadísticas.

Por contra, España no cumple algunas de las recomendaciones básicas que la UE ha hecho a los Estados miembros, como apoyar la creación de redes de alfabetización mediática, desarrollar un enfoque permanente de aprendizaje o mejorar los modelos formativos existentes.

Esta situación no se puede atribuir al desinterés de la sociedad española, a la que diferentes estudios sitúan como una de las más preocupadas de Europa por la difusión de bulos y por disponer de conocimientos para identificarlos. El último Eurobarómetro revela que 69% de los españoles desea recibir educación mediática, frente al 58% de media europea.

Avances.

Aunque poco a poco, se van haciendo mejoras que es justo destacar, principalmente gracias a los esfuerzos de algunas Administraciones, asociaciones profesionales de periodistas y medios de comunicación. Cada vez hay más espacios en los medios de comunicación dedicados a la alfabetización mediática, sin olvidar las iniciativas periodísticas dedicadas exclusivamente a desmentir bulos.

En todo caso, es fundamental ampliar estas actuaciones desde todos los ámbitos porque es evidente la diferencia en aquellos países que han tomado la delantera en materia de alfabetización mediática. Como subraya la Unesco, el futuro de las sociedades democráticas y nuestra respuesta a los desafíos globales dependerá de que, gracias a la alfabetización mediática e informacional, todos los ciudadanos puedan “pensar críticamente y hacer clic sabiamente”.