Entrevista a María Isabel Valdés-Solís, decana del Colegio Notarial de Asturias

EN ESTE PAÍS

María Isabel Valdés-Solís,

decana del Colegio Notarial de Asturias

La decana del Colegio Notarial de Asturias, María Isabel Valdés-Solís, ha entrado a formar parte de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia como académica de número. Hablamos con ella sobre este reconocimiento, su discurso de ingreso sobre la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y, con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, le preguntamos por la presencia de las mujeres en el Notariado español.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

«La Ley 8/2021 es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos»

El 16 de enero entró a formar parte de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia como académica de número. ¿Qué supone en su carrera profesional?

Para mí es un honor y una gran satisfacción no solo como jurista, sino como notaria y como asturiana.

¿Qué puede aportar desde su profesión a la Academia?

Espero trabajar en las actividades que desarrolla y que mi contribución sea, además de jurídica y teórica, también practica y enfocada a las necesidades y realidades de los ciudadanos que día a día veo en la notaría.


«DESDE QUE COMENCÉ A EJERCER EL PORCENTAJE DE NOTARIAS HA IDO CRECIENDO SIGNIFICATIVAMENTE»


Para su ingreso eligió como tema la Ley 8/2021 desde la perspectiva notarial. ¿Por qué?

Porque esta ley es muy reciente. Entró en vigor en septiembre de 2021; y es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos, especialmente porque afecta a la persona, a su propia esencia como sujeto de derechos y al ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todos los demás. Es una ley para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica con el apoyo o apoyos que sean necesarios y con respeto a su voluntad, a sus deseos y a sus preferencias.

Con la nueva regulación se elimina la incapacitación judicial y se regulariza un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos. En su exposición explicó los retos de la profesión notarial en la aplicación de esta reforma. ¿Cuáles son?

El reto del Notariado es servir de medio de apoyo a las personas con discapacidad para ayudarlas en su comprensión y para que puedan tomar decisiones de una manera informada y conforme a su voluntad, deseos y preferencias. Ese es el eje de la reforma.

Mi exposición se centró en las medidas voluntarias de apoyo. Medidas en las que todos tenemos que ir pensando, que atañen a cómo queremos que sea nuestra vida, y a cómo queremos organizar los apoyos para cuando sean necesarios. Y para ello existen distintos medios.


«CON LA NUEVA LEY LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÁN EJERCER SU CAPACIDAD JURÍDICA CON EL APOYO QUE SEA NECESARIO»


¿Cómo valora su aplicación tras un año y medio de su entrada en vigor?

Tratándose de una ley de esta envergadura un año y medio es poco tiempo para que se aprecien sus efectos. No obstante, ya antes de la ley se ha venido adaptando, especialmente la jurisprudencia, a la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, y publicada en el BOE el 21 de abril de 2008, Convención a la que se adapta la Ley 8/2021.

¿Qué lleva a una notaria a querer ser académica?

Mis inquietudes jurídicas y la apertura a otras facetas jurídicas más allá de las que ejerzo como notaria.

Y al revés: ¿por qué eligió ser notaria?

Decidí ser notaria porque es una profesión mediante la cual puedo facilitar a los ciudadanos el desarrollo satisfactorio de sus asuntos jurídicos. Además, esta profesión implica creatividad en la aplicación del derecho, que es abstracto, general y objetivo, y los notarios tenemos que adaptarlo a las necesidades de cada ciudadano concreto, en función de los fines lícitos que cada uno desee obtener.

Este número de Escritura Pública llegará a los lectores en fechas muy aproximadas al Día internacional de la Mujer, el 8 de marzo, por ello me gustaría preguntarle por la evolución que ha percibido usted en la profesión, en cuanto a la presencia de mujeres dentro del cuerpo en los últimos años.

Desde que comencé a ejercer, en el año 1983, el porcentaje de notarias ha ido creciendo significativamente hasta que en el año 2003 se logró la paridad por primera vez. La mayor diferencia a favor de la mujer se produjo en las oposiciones de 2019: con 55 mujeres frente a 36 hombres. Y desde entonces el número de mujeres y hombres que aprueban es muy similar. Por ejemplo, en la promoción del 2022 han sido 44 hombres y 46 mujeres los que han aprobado.

Atención profesional a la dependencia

EN ESTE PAÍS

La esperanza de vida en la UE en 2021 fue de 80 años, frente a los 83 de España.

Atención profesional a la dependencia

El sector de la asistencia a la dependencia es uno de los que muestran una mayor demanda de empleo, con la previsión de que se sostenga en los próximos años, cifrando en unos 300.000 los cuidadores necesarios a corto plazo.
CARLOS CAPA

«LA FORMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ES FUNDAMENTAL PARA PODER OFRECER LA CALIDAD QUE NECESITAN LAS PERSONAS DEPENDIENTES»

La realidad es que cada vez vivimos más y tenemos menos hijos, y en estas dos variables España se encuentra en los primeros puestos mundiales.

Según las estadísticas europeas, en 2021 la esperanza de vida en la UE fue 80,1 años por los 83,3 años de España. En lo que se refiere a la natalidad la media de la Unión fue en 2020 de 9,1 mientras que en España apenas se llegó al 7,1.

Así, en 2020 los españoles mayores de 65 años eran 9,4 millones, cifra que las proyecciones estadísticas hacen llegar hasta los 16 millones cuando se alcance la mitad del siglo. La consecuencia inevitable es que un mayor número de ancianos hace crecer proporcionalmente el número de personas en situación de dependencia, y por lo tanto se requiere una mayor cantidad de cuidadores profesionales. En diciembre de 2021 había ya en España un total de 1.415.578 personas reconocidas oficialmente como dependientes.

Variedad de perfiles

Lamentablemente la inversión pública en esta materia deja mucho que desear, lo que obliga a un mayor esfuerzo familiar. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el incremento del gasto de Comunidades Autónomas y Entidades Locales en servicios sociales en 2020 no ha repercutido en una mayor oferta de servicios y casi 2 de cada 3 personas (62,2% de la población) vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes.


LA DEPENDENCIA TIENE MULTITUD DE FACETAS E INTENSIDADES, LO QUE SE REFLEJA EN UNA ENORME VARIEDAD DE PERFILES PROFESIONALES PARA SU ATENCIÓN


La dependencia tiene multitud de facetas e intensidades, lo que se refleja en una enorme variedad de perfiles profesionales para su atención. Hablar de dependencia es hablar de un abanico muy amplio de situaciones y necesidades que hacen necesarias intervenciones muy diferentes, desde la teleasistencia a la ayuda a domicilio, centros de día o atención residencial permanente. Desde médicos, enfermeras, gerocultores, psicólogos, trabajadores sociales o fisioterapeutas, hasta empleos menos cualificados- pero igualmente imprescindibles- abarcan el abanico de la demanda de empleo en el sector.

Para acceder a estos empleos es necesaria una cualificación profesional que va desde el Grado (antigua licenciatura) hasta las titulaciones técnicas impartidas en la Formación Profesional en sus diferentes niveles, como el de técnico en Atención Sociosanitaria, Auxiliar de Enfermería o Atención a Personas en Situación de Dependencia, así como los certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria.

En cualquier caso, los especialistas demandados en el área de la dependencia son muy numerosos, y su función y remuneración dependen de cada caso. Para la asistencia domiciliaria es clave la figura del cuidador que se ocupa de atender a perfiles diversos que van desde las personas necesitadas de una asistencia esporádica o limitada a varias horas diarias para colaborar en tareas cotidianas relacionadas con elementos como la movilidad, el aseo personal o la medicación, a aquellos que han pasado por algún tipo de ingreso hospitalario y necesitan apoyo en su recuperación. Sin olvidar a quienes necesitan ayuda continuada del cuidador por padecer algún tipo de enfermedad crónica, degenerativa o incapacitante, -como puede ser el Alzheimer o la ELA- y que pueden conllevar la necesidad de que el cuidador conviva con la persona dependiente.

Salud mental

No olvidemos por otra parte, como nos recordaban las campañas de la semana de la salud mental, que ésta es una parte consustancial a una vida plena y feliz, y que bien la edad, bien la dependencia sobrevenida por otros factores, son un elemento que influye de forma determinante en ella.


EN DICIEMBRE DE 2021 HABÍA YA EN ESPAÑA UN TOTAL DE 1.415.578 PERSONAS RECONOCIDAS OFICIALMENTE COMO DEPENDIENTES


Por ello profesiones como la de psicólogo o terapeuta ocupacional tienen un perfil resaltado en la atención a la dependencia que demanda la sociedad y el mercado. La labor del psicólogo, centrada en elementos como la soledad, el sentimiento de utilidad personal o la falta de círculo social que alivie la presión emocional provocada por la vejez o por enfermedades inmovilizantes – todo ello agravado por la por la pandemia- deviene en imprescindible, como lo es también la figura del logopeda que ayude a tratar patologías como la disfagia (dificultades para la deglución que pueden afectar al habla).

El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 publicó en septiembre de 2022 un informe ejecutivo de Evaluación del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD) que concluye que “la cartera de servicios actual no es suficiente para atender a la demanda y necesidades reales de las personas en situación de dependencia. Es necesario introducir nuevos servicios y prestaciones y fomentar fórmulas más flexibles para la provisión de apoyos diversos en la comunidad”.


PROFESIONES COMO LA DE PSICÓLOGO O TERAPEUTA OCUPACIONAL TIENEN UN PERFIL RESALTADO EN LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA


Según el Ministerio de Asuntos Sociales, el 80% de las personas con dependencia que residen en hogares particulares deben complementar los servicios y prestaciones del SAAD con cuidados informales o servicios contratados de forma particular.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en su estudio sobre Dependencia (2019) indica que “la formación de los profesionales para las nuevas necesidades y modelos de atención es fundamental para poder ofrecer la calidad que necesitan nuestros mayores. En este sentido se entiende necesario que las Administraciones adapten el pago de la prestación al servicio ofrecido, dado que en este momento quien sostiene el coste del servicio son los trabajadores, las empresas y los usuarios privados”.

Por su parte el Consejo Económico y Social (CES), organismo público que agrupa a organizaciones sindicales empresariales, de consumidores o gremiales, en su estudio sobre el empleo en el sector, indica que las actividades de atención a la dependencia habrían dado lugar a la creación neta de algo más de 80.000 empleos entre 2009 y 2018.

Se necesita formación

Qué España sea uno de los escasos países que ofrecen una sólida seguridad jurídica en el tratamiento de la dependencia, regulada por el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, también se traslada a la existencia de un sistema formativo que, cada vez más, ofrece la posibilidad de obtener titulaciones específicas, desde la universitaria a la profesional, para cubrir esta demanda actual y desde luego futura de puestos de trabajo, para cuyo desempeño los expertos relacionan estas aptitudes: interés en actividades del ámbito sociosanitario, capacidad comunicativa, concentración y observación, alto control emocional y sensibilidad para atender a personas con la salud delicada y comprensión, atención, amabilidad y empatía hacia los demás.

La importancia de la fisioterapia

Entre las necesidades del mercado de trabajo, la de los profesionales de la fisioterapia ocupa un lugar destacado. Las limitaciones organizativas y de personal de los servicios sanitarios públicos, o los propios impedimentos de movilidad de los dependientes hacen necesaria la existencia de fisioterapeutas que acudan a los domicilios de los dependientes para mejorar su calidad de vida mediante la práctica de ejercicios de movilidad, coordinación y equilibrio.

Muchos de nuestros mayores sufren dolencias crónicas como el reuma, la artritis, la osteoporosis o la incontinencia, que pueden ser aliviadas con la intervención de un especialista

PARA SABER MÁS

Estudio del Ministerio de Asuntos Sociales sobre la dependencia en España
Web del Ministerio de Educación y Formación Profesional con el catálogo de formación para la asistencia a la dependencia
Informe de la CEOE sobre la dependencia
Apoyos para decidir libremente

Las personas con discapacidad también tienen derecho al ejercicio de su capacidad jurídica. La Ley 8/2021 eliminó la incapacitación judicial, regularizando un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos contando con un sistema de apoyos.

“Esta ley es un hito histórico porque supone que las personas con discapacidad puedan actuar en el marco de su autonomía y auto realizarse, y este progreso lo que hace es reestablecer nuestra fe en la humanidad” afirmó el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Con la ayuda y asesoramiento de los notarios, las personas con una discapacidad pueden designar quién o quiénes han de prestarles apoyo y con qué alcance. También se establecen las salvaguardas necesarias para garantizar que en cualquier momento y circunstancia se respete su libertad.

Junto a los notarios, otros muchos profesionales pueden ayudar a las personas con discapacidad en este camino.

«El cuidado como factor de civilización», por Luis Cayo Pérez

EN ESTE PAÍS

LUIS CAYO PÉREZ BUENO,

presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)

 

“Lo primordial es la autonomía personal, la posibilidad de ser y hacer la mayor cantidad posible de cosas por uno mismo"

El cuidado como factor de civilización

Afirma la paleontología que el inicio de la civilización humana (si es que existe tal cosa) puede datarse en aquel momento preciso en que alguien lesionado fue atendido y curado por sus más cercanos, evitando así que la naturaleza inexorable, abandonado a su propia suerte, hubiera terminado con su vida. El socorro de alguna manera mutualizado, la asunción y puesta en práctica de la responsabilidad espontánea del grupo humano respecto de uno de sus individuos amenazado, parece estar en el origen de esa aspiración siempre procrastinada del logro efectivo de una civilización humana digna de tal nombre.

Los cuidados estaban al principio y están ahora, sea cual sea la fase en que el proyecto civilizatorio se halle. Y es deseable que así sea, en una época como la nuestra en que elementos como la prolongación generalizada de la esperanza de vida o el surgimiento sobrevenido de discapacidades en número no menor afloran fragilidades extendidas, ante las que la propia persona y su núcleo más próximo no se bastan, y que precisan pues de la atención y de la respuesta organizada de la comunidad.

La provisión de apoyos y cuidados a la población más frágil deviene así una de las cuestiones palpitantes de la vida actual, sobre la que los poderes públicos, la sociedad civil, el mercado y la propia ciudadanía, todos los operadores sociales y económicos, en fin, han de tomar conciencia, pensar, discernir, comprometer y materializar. Qué hagamos (o dejemos de hacer) en lo que atañe a los cuidados, es hoy el mejor indicio del estado (decente o calamitoso) de nuestra civilización.

Sentado lo anterior, a guisa siquiera de presupuesto de partida harto provisional, ¿cómo debería ser en nuestras sociedades contemporáneas un sistema de cuidados? Desde luego no está todo dicho y menos hecho, pero se pueden esbozar algunos rasgos de lo que sería tal entramado. Así lo hemos intentado desde la discapacidad organizada que encarna el CERMI, contribuyendo con nuestras propuestas y sugerencias (de parte sí, pero en extremo interesada) al diseño de un sistema de apoyos y cuidados a la altura de la demanda ahora tan palmariamente desatendida.

En primer término, la mutualización de los cuidados que necesitamos, valga la expresión, ha de concebirse y desplegarse como responsabilidad pública. El asunto es de tal relevancia, ha adquirido tal magnitud y alcance, que solo la comunidad política estructurada (el Estado) puede promoverla y sostenerla, mediante una (casi) nueva arquitectura robusta de protección social. El carácter incuestionablemente público -en cuanto a la regulación y la garantía, al menos- del sistema no obsta, empero, a que otras instancias, privadas, cívicas y económicas, puedan y deban ser cooperadores necesarios de su buen funcionamiento y resultados.

La protección social de los apoyos y los cuidados, además, ha de configurarse como derecho sí, como derecho subjetivo de lo más perfecto; un derecho de las personas y las familias que lleva consigo indefectiblemente el deber inexcusable de los poderes públicos de proveerlo y garantizarlo, en grado suficiente y en tiempo ágil. Son inaceptables las medias tintas, que todo lo emborronan, de que los derechos sociales, como ocurre en nuestra España actual, se ofrecen siempre capitidisminuidos, precarios, limitados y discontinuos, a tal punto que queda disuelto el pretendido derecho si es que alguna vez lo hubo.

Pero incluso lo mejor y más deseable no se puede imponer. Es habitual que, respecto de lo social, en cuanto generosamente se ayuda y asiste, la opinión de la persona en situación de necesidad apenas cuente. La bondad del propósito anula la voluntad de quien recolecta sus efectos. Esto ya no es de recibo. Los deseos, las preferencias, las opiniones de la persona, su autonomía intangible, pese a precisar apoyos externos, han de prevalecer en cualquier trance. El sistema de cuidados ha de obedecer a este designio, a saber, colaborar eficazmente con la persona a realizar su querido y deliberado plan de vida.

Del mismo modo, no todo cuidado sirve. Se debe y se puede hacer acepción de los mismos. Y las personas con discapacidad queremos y exigimos un determinado tipo de apoyos, aquellos que, respetando nuestras preferencias, a la par sean inclusivos, es decir, que nos mantengan en nuestro medio de pertenencia, insertados enteramente en la vida en comunidad, en la corriente general, sin forzarnos a soportar dispositivos separados y segregados, pensados en exclusiva para quienes necesitan cuidados, que consienten y hasta justifican tratos desiguales y mucho menos exigentes.

Siendo los apoyos y los cuidados una aspiración legítima de los individuos y de las familias, y hasta un derecho que la comunidad política ha de satisfacer, lo primordial es la autonomía personal, la posibilidad de ser y hacer la mayor cantidad posible de cosas por uno mismo, proveyendo a nuestro propio cuidado y bienestar y aportando leal y cooperativamente al de los demás. Hemos de autorresponsabilizarnos de nuestro mejor decurso existencial y corresponsabilizarnos del de quienes nos rodean. El autocuidado resulta crucial, tanto como la generación previa y preventiva de entornos vitales amistosos (al tiempo accesibles e inclusivos) que permitan maximizar y prolongar las mayores cotas de autonomía personal. Aquí las tecnologías también vienen en nuestro auxilio, siempre que sean asequibles, en la medida en que potencian las habilidades y minimizan las necesidades.

Si la civilización, al decir de algunos, comenzó por los cuidados, su resultado más feliz es que nos termine deparando en una civilización de los cuidados. Hagámoslo posible.

Entrevista a Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado

EN ESTE PAÍS

Magdalena Valerio,

presidenta del Consejo de Estado

CARLOS CAPA

«El Consejo de Estado es para los juristas el templo del Derecho»

Magdalena Valerio Cordero (Torremocha, Cáceres, 1959) tomó posesión como presidenta del Consejo de Estado el pasado noviembre, cuestión que señala como “un gran privilegio”. Licenciada en Derecho y funcionaria de la Seguridad Social, siempre ha estado vinculada al mundo de las relaciones laborales. Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de 2018 a 2020, ha sido diputada por Guadalajara en dos ocasiones y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo.

Acaba de llegar a la presidencia del principal órgano consultivo del Estado. ¿Se esperaba este giro en su carrera política? ¿Qué ha supuesto para usted?

No me había imaginado este cambio, esta nueva etapa. Yo estaba trabajando en el Congreso como diputada por Guadalajara y en concreto como presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, dónde conseguimos alcanzar un gran acuerdo sobre las pensiones. Desde luego mi perspectiva era acabar la legislatura en el Congreso. En todo caso para mí es un gran privilegio ser presidenta del Consejo de Estado: una institución con un tremendo prestigio; con esa “auctoritas” que define el Derecho Romano. Creo que el Consejo de Estado es para los juristas el templo del Derecho.

¿Ha cambiado la visión que tenía del Consejo de Estado al conocerlo desde dentro?

Siempre he apreciado mucho los dictámenes del Consejo de Estado, pero ciertamente no conocía el detalle del proceso mediante el que se elaboran. El tiempo que llevo al frente de la institución me ha hecho ver el formidable trabajo que se hace. Terminaremos 2022 con cerca de 2.000 consultas. Es un trabajo ingente de una altísima calidad. Por encima del 97% de las recomendaciones del Consejo de Estado son admitidas por el órgano consultante.

El Consejo de Estado ha realizado en los últimos años un impresionante esfuerzo de transparencia y cercanía, desconocido en sus 500 años de historia. ¿Continuará en esa dirección?

Desde luego vamos a continuar en la línea de acercarnos a la sociedad y a los medios de comunicación, sin perder de vista que esta es una institución para la reflexión, y esto requiere sosiego. No debemos sentirnos presionados, para trabajar desde la independencia. Entre la opacidad y estar todo el día en los medios hay un espacio para ser transparentes sin tener que estar más preocupados por el cómo se dice antes de por qué se dice.

Cada vez más voces y de más diversa procedencia reclaman que sea necesario el informe preceptivo del Consejo de Estado para todas las leyes, incluidas las que se tramiten como Proposición de Ley. ¿Cuál es su opinión?

Primero, querría recordar que a pesar de que, efectivamente, no todas las leyes y normas son preceptivas de ser consultadas al Consejo de Estado, la cantidad de textos legales que siendo solo potestativos llegan al Consejo es muy alta. Es decir, en numerosas ocasiones, incluso sin ser obligatorio consultarnos, el Gobierno y otras instituciones lo hacen.

¿Qué quiero decir con esto? Que, al hilo de su pregunta, si alguien piensa, o pretende crear la imagen, de que el Consejo de Estado no es suficientemente consultado por el Gobierno de turno y demás instituciones que permite nuestro reglamento, está muy equivocado.

Dicho esto, tampoco me parece justo inferir que las leyes, como las Proposiciones de Ley, que se tramitan directamente en el Congreso, no tienen todas las garantías jurídicas. El cuerpo de letrados de las Cámaras y antes que ellos los asesores jurídicos de los ministerios y de los grupos parlamentarios aseguran también una calidad legislativa propia de un Estado de Derecho avanzado como es el nuestro.

¿Sería más eficiente que el Consejo de Estado asumiera todas las funciones consultivas o funciona bien el actual sistema en el que algunas comunidades autónomas disponen de sus propios órganos de consulta?

La descentralización del Estado a través de las comunidades autónomas se realiza bajo la premisa de que aproximar la Administración a la ciudadanía la hace más útil, porque es mejor conocedora de las necesidades y retos que aborda cada territorio. Y funciona. La misma idea se desprende de los consejos consultivos. Son ellos los que mejor pueden dictaminar sobre asuntos que se circunscriben al gobierno autonómico al que asesoran y a la ciudadanía que habita en el territorio donde actúan. Y debe tenerse en cuenta que desde el Consejo de Estado mantenemos una constante y fluida comunicación y colaboración con el resto de consejos consultivos, de manera que compartimos experiencias, doctrina, etcétera. Esta colaboración se intensificó durante el mandato de mi predecesora, María Teresa Fernández de la Vega, y es una de las líneas que pretendo mantener y poner en valor como una de las colaboraciones interinstitucionales tan necesarias que antes le comentaba.

Ha dedicado gran parte de su trayectoria política al Derecho del Trabajo y las relaciones laborales, hoy sacudidas por la realidad cambiante de la economía y la digitalización. ¿Cómo será el mundo del trabajo en los próximos años?

Hace tiempo que sabemos que el mundo laboral de aquí a diez o veinte años será probablemente bastante distinto del que conocemos hoy en día, por no hablar respecto del que teníamos hace solo dos o tres décadas. En todos los organismos internacionales, desde el G20 hasta la OIT pasando por la UE, cuando se han mantenido reuniones respecto al mundo laboral, el tema fundamental ha sido el futuro del trabajo. A mí me gusta decir que ese futuro es ya, de hecho, el presente. El mundo laboral está siendo impactado de una forma importantísima por tres fenómenos: la digitalización, la robótica y la IA; el cambio climático y la transición ecológica y energética; y los desequilibrios demográficos. Esto implica que haya puestos de trabajo que están desapareciendo, pero al mismo tiempo se abren muchísimas oportunidades laborales. Yo me adscribo a la tesis de que son más los tipos de trabajo que están apareciendo que los que están desapareciendo.

¿Están aseguradas las pensiones?

Las pensiones en España por supuesto que están aseguradas, porque el garante de las pensiones es el Estado. En primera instancia, la Seguridad Social, pero también el Estado. Tenemos un sistema básicamente contributivo en el que las prestaciones se mantienen con las cotizaciones. Pero las propias recomendaciones del Pacto de Toledo, concretamente la recomendación 20, que es nueva, habla del impacto de la digitalización, de la robótica y cómo puede llegar un momento en el que baje la masa salarial y, por tanto, las cotizaciones. Y se deja la puerta abierta para que esas cotizaciones se tengan que complementar con otras vías de financiación. Además, se han adoptado otras medidas. Siguiendo la recomendación número uno del Pacto de Toledo, y regulado ya en la Ley de 28 de diciembre de 2021 de Reforma del Sistema de Pensiones, los gastos impropios que durante muchas décadas ha estado pagando la Seguridad Social con cotizaciones, en el año 2023 se deben dejar de pagar totalmente.

Usted también se ha caracterizado por su constante y firme lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuándo cree que llegará esa deseada real y efectiva igualdad?

Aquí la realidad y el deseo se confunden con mucha facilidad. El deseo es que esta igualdad real y efectiva, que jurídicamente hace tiempo existe, llegará pronto. Porque hemos avanzado mucho en los últimos años y porque no venimos de la nada: tenemos toda una genealogía de luchadoras por los derechos de la mujer que haríamos bien en reivindicar; si no, parece que cada generación empiece de cero, y no es cierto. Pero la realidad, ciertamente, es que a pesar de los avances extraordinarios todavía sigue habiendo desigualdades que no podemos seguir tolerando por más tiempo.

No hablo solo de esos ‘techos de cristal’, que más bien son de cemento armado, que impiden acceder a las mujeres a los máximos puestos de multitud de sectores, entre ellos el jurídico –un apunte: María Luisa Segoviano fue la primera mujer que presidió una Sala del Tribunal Supremo… ¡en 2020!-. Hablo también de situaciones totalmente inaceptables como que las mujeres cobren menos salario por el mismo trabajo que realiza un hombre. Desigualdad que luego incide directamente en que estas mujeres tengan una pensión más baja que la de sus compañeros. O la conciliación, que todavía parece que no sea algo que interpela a toda la sociedad sino solo a las mujeres. De hecho, yo prefiero hablar de corresponsabilidad. Será imposible conseguir un equilibrio entre hombres y mujeres hasta que no haya una corresponsabilidad entre ambos en todos los niveles, especialmente en lo que respecta a los cuidados.

La seguridad jurídica es sin duda la base de una democracia consolidada, una materia unida intrínsecamente a la función notarial. ¿Qué valor tiene, en su opinión, para el Estado y sus órganos?

Como le comentaba, la seguridad jurídica es vital para mantener y asegurar nuestro Estado de Derecho a través de los actos jurídicos que abordamos los ciudadanos, pero también, por supuesto, para los órganos que conformamos el entramado institucional del Estado. Sin seguridad jurídica en los ámbitos políticos, empresariales, también en el ámbito privado de los ciudadanos, tendríamos un Estado fallido. No es posible garantizar derechos sin seguridad jurídica.

«Los notarios son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica»

El Notariado es un cuerpo que ha ejercido siempre una inalterable vocación de servicio de colaboración al Estado. ¿Cómo valora su trabajo?

El Notariado forma parte esencial en la vida de las personas desde que nacemos hasta que morimos, en multitud de actos jurídicos que tenemos que abordar a lo largo de nuestra existencia. En este sentido, los notarios son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica de todas estas situaciones por las que pasamos prácticamente todos.

Además, el Notariado ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, tanto desde el punto de vista de cambios jurídicos que han afectado a sus funciones como a las innovaciones tecnológicas que también han modificado su trabajo diario. Por ejemplo, a través de la Cátedra sobre seguridad jurídica en la Sociedad Digital que impulsa la Fundación Notariado junto con ICADE. Este estar constantemente adaptándose a las nuevas realidades por parte del Notariado es importantísimo para el resto de la sociedad, porque es la única manera de proporcionar seguridad jurídica en una sociedad cada vez más tecnológica, cada vez con más derechos digitales.

Huella digital

La presidenta del Consejo de Estado tiene un perfil público en Twitter con más de 21.000 seguidores @mvalerio_gu

«Terminaremos 2022 con cerca de 2.000 consultas. Es un trabajo ingente de una altísima calidad»
«Las pensiones en España por supuesto que están aseguradas, porque el garante de las pensiones es el Estado»
«La seguridad jurídica es vital para mantener y asegurar nuestro Estado de Derecho»
«Yo me adscribo a la tesis de que son más los tipos de trabajo que están apareciendo que los que están desapareciendo»

92.000 oportunidades de empleo

EN ESTE PAÍS

92.000 OPORTUNIDADES DE EMPLEO

La falta de profesionales cualificados con titulación de FP que den respuesta a las demandas del mercado se vislumbra como un problema persistente. Esa es la principal conclusión del Informe sobre la Formación Profesional (FP) elaborado anualmente por CaixaBank Dualiza con la colaboración de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.

Una de cada cuatro empleos que se generarán hasta 2030 serán para Formación Profesional

CARLOS CAPA

«EL DÉFICIT DE PROFESIONALES CUALIFICADOS SE ATENUARÁ CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL»

El estudio, que este año lleva por título Una nueva Ley de FP para unos nuevos tiempos, cifra en 92.500 las oportunidades de empleo para FP que quedarán no cubiertas hasta el año 2030, teniendo en cuenta el empleo que se generará, así como las personas que se titulan.

Ese déficit viene atenuado por la entrada en vigor de la nueva Ley de FP, que tendrá un impacto directo en la generación de empleo, por dos motivos. El primero, el aumento de recursos en el sistema se traducirá en un incremento de plazas ofertadas, lo que, de modo directo, afectará a un mayor número de personas tituladas en FP incorporándose al mercado laboral. El segundo, que facilitará una mayor adecuación de esos titulados a las necesidades del tejido productivo, lo que aumentará la empleabilidad de los técnicos de FP, facilitando el cambio en la percepción social, así como de los propios empleadores.

Sin embargo, ese impacto provocado por la nueva normativa no comenzará a sentirse hasta el año 2026, cuando accederán al mercado los primeros titulados promovidos por el nuevo marco regulatorio.


LA FP HA RESPONDIDO SIEMPRE CON MAYOR VELOCIDAD QUE OTRAS OPCIONES FORMATIVAS A LOS CAMBIOS SOCIALES


Oportunidades

Por primera vez, el estudio ha cuantificado las oportunidades de empleo que se generarán en España hasta el año 2030 para titulados de Formación Profesional, y que se estima en más de dos millones (2.131.325).

En concreto, más de un millón (1.219.136) corresponden a quienes cursen una FP de Grado Superior y algo menos (912.189) a aquellos que estén cursando un Grado Medio.

Según esos cálculos, una de cada cuatro nuevas oportunidades del total de 8.654.362 que se generarán en toda la economía hasta 2030 sería para FP.

Los sectores donde más empleo se generará serán el comercio, la educación, la hostelería, la construcción y la industria, y ese desarrollo tendrá una traslación directa al empleo en Formación Profesional.

De ese modo, el comercio será el ámbito donde más profesionales de FP se requieran: 242.380 oportunidades en Grado Superior y 203.868 en Grado Medio; seguido de la industria manufacturera (153.332 para Grado Superior y 103.560 para Grado Medio), y de las actividades sanitarias (101.517 para Grado Superior y 112.805 para Grado Medio).

Según se recoge en el estudio, falta por ver si la Formación Profesional contará con las herramientas suficientes para poder dotar de profesionales a las demandas que se generarán en cada uno de esos sectores. Lo cierto es que, hasta ahora, la FP ha respondido siempre con mayor velocidad que otras opciones formativas a los cambios sociales.

De este modo, el informe de CaixaBank Dualiza refleja cómo los sectores donde más ha aumentado la presencia de personas ocupadas con estudios de FP durante los últimos cinco años, han sido energía eléctrica, gas y vapor (+4,6%), comercio (+3,4%), actividades recreativas (+3%), e industria manufacturera (+2,9%).

El estudio también ha analizado cuáles son las familias profesionales en las que un mayor porcentaje de alumnos se titulan, así como, una vez se han titulado, cuáles son los profesionales que más pueden desarrollarse en los campos donde se han formado.

Sectores prometedores

En el primer aspecto, aparecen Sanidad, Administración y Gestión, y Servicios Socioculturales a la comunidad, que alcanzan un 44% de titulados totales. En el segundo, Sanidad sería la que en mayor medida provee titulados a su propia actividad. Un 65% de quienes se titulan en esta familia pueden emplearse en la misma.

Otras actividades como la Fabricación Mecánica (58,5%) u Hostelería (46,6%) también presentan un alto grado de especialización mientras que otras familias profesionales, como Administración y Gestión, o Electrónica y Electricidad ofrecen un carácter más transversal.


EL 36,3% DE LAS PERSONAS CON ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OCUPARON PUESTOS DE TRABAJO QUE CORRESPONDERÍAN A TITULADOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL


Según observa el estudio, en sectores como la hostelería, una amplia parte del personal del que se nutre proviene de familias profesionales que no tienen nada que ver con el desempeño real, como imagen y sonido, imagen personal, actividades deportivas o administración y gestión, señalando que parte de ese efecto proviene del desajuste vertical que se produce cuando algunas personas se ocupan en puestos de trabajo para los que están sobrecualificadas o infracualificadas.

La nueva ley: elemento clave

La observación del comportamiento de los indicadores de FP durante 2022 confirma las tendencias que afianzan el crecimiento y mayor protagonismo de esta formación dentro del sistema educativo español, en el que se ha superado el millón de alumnos matriculados.

En primer lugar, el sistema educativo debe afrontar desafíos específicos como la disminución de la tasa de abandono escolar (el doble que la del conjunto de países de la OCDE); el aumento del nivel educativo de la población menos cualificada; el ajuste entre la oferta de personas cualificadas y la demanda de los sectores productivos, y el impulso de la formación a lo largo de la vida de todas las personas activas en el mercado laboral.

Asimismo, debe dar respuesta a retos más globales como la revolución digital; la transición hacia una economía más sostenible, o el reto demográfico como consecuencia del envejecimiento de la población.

Los expertos consideran que la FP puede contribuir a todos estos desafíos de una manera decisiva, ayudando a adaptar los perfiles profesionales a las necesidades reales de las empresas en los próximos años.

En este contexto, la nueva Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, aprobada en marzo de este año, constituye un elemento clave para reforzar el papel de la FP en el sistema educativo y formativo español. Una ley que aspira a cambiar el modelo de desarrollo de nuestra Formación Profesional cumpliendo una de las grandes aspiraciones del sistema: aunar en un solo sistema la formación inicial y la formación para el empleo.

PARA SABER MÁS

Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.

El Observatorio de la Formación Profesional ha publicado una extensa guía sobre la nueva Ley de Formación Profesional

El comercio será el ámbito donde más profesionales de FP se requerirán, seguido de la industria manufacturera y de las actividades sanitarias
Intrusismo laboral

En 2021, el 36,3% de las personas con estudios universitarios ocuparon puestos de trabajo que corresponderían a titulados de FP, principalmente de Grado Superior, mientras que el 67,4% de las personas con FP de Grado Superior se emplearon en puestos que podrían ser desempeñados por profesionales de Grado Medio.

Ese desajuste tiene un impacto negativo en el conjunto del sistema educativo, en términos de inversión en educación no rentabilizada. Pero a la vez esa sobrecualificación provoca costes personales, por un aumento de la frustración de quienes consideran que se han formado para posiciones superiores, y costes empresariales, por un mayor índice de rotación.

«Universidad, sociedad y progreso», por Eva Alcón

EN ESTE PAÍS

EVA ALCÓN,
rectora de la Universitat Jaume I de Castelló

“En CRUE Universidades Españolas nos preocupa la disminución del peso de la demanda de estudios de ingeniería y ciencias"

Universidad, sociedad y progreso

El objetivo primordial de las universidades es el de formar profesionales cualificados, con conciencia crítica, capaces de cuestionar las condiciones de la sociedad actual y de responsabilizarse respecto de las diversas problemáticas sociales, ambientales, económicas, políticas y culturales de la modernidad. En definitiva, formar ciudadanos y ciudadanas capaces de desarrollarse profesionalmente y de implicarse en la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

Son numerosos los análisis e informes que confirman que las sociedades más avanzadas son aquellas que destinan más recursos a la educación superior y a la investigación. Tampoco cabe duda que los estudios universitarios son un claro vector de promoción social porque aumentan la probabilidad de acceder a empleos más estables, de mayor calidad y con mejores retribuciones.

Por ello, para la formación del estudiantado, la universidad asume de manera muy activa la actualización de los conocimientos y su adaptación a las necesidades sociales y de los sectores productivos. Una adaptación que no siempre tiene la flexibilidad que nos gustaría, pero más frecuente de lo que muchas veces se atribuye a la Universidad y que se traduce en aspectos como la actualización de la oferta académica, la renovación de planes de estudio, el impulso a la innovación educativa y el desarrollo de competencias transversales entre nuestro estudiantado que ofrecen, a su vez, un valor añadido a la formación reglada universitaria.

Pese a estos esfuerzos, somos conscientes de que todavía hay ámbitos de mejora. Por ejemplo, como así queda recogido en el informe La contribución socioeconómica del sistema universitario español, en CRUE Universidades Españolas nos preocupa la disminución del peso de la demanda de estudios de ingeniería y ciencias que representan en nuestro país tan solo el 18,4% y 5,9%, respectivamente, frente a la media del 21,2% y del 8,1% de la UE-28. Ante esta situación, insistimos en la necesidad de despertar vocaciones en estos ámbitos desde las primeras etapas de la escolarización, porque estas áreas serán, en un futuro inmediato, las de mayor crecimiento, calidad y estabilidad en el empleo.

En todo caso, nuestro compromiso con la excelencia del sistema universitario es global. En este sentido, a finales de 2020, CRUE Universidades Españolas presentó la estrategia Universidad 2030. Qué sociedad queremos dentro de una década, un documento consensuado que recoge una batería de propuestas –en materia de docencia, investigación, transferencia, sostenibilidad, transformación digital, internacionalización, igualdad, personas y financiación– para que el Sistema Universitario Español impulse el cambio de rumbo de España hacia la Economía del Conocimiento en 2030, con la Universidad como motor de ese cambio.

En este documento proponemos, entre otras cuestiones, que se pase de un sistema de verificación y acreditación de titulaciones a otro de acreditación de centros, basado en la autonomía y la confianza en las universidades, con la obligada rendición de cuentas, tan asumida ya en la cultura de gobernanza universitaria. Consideramos que es imprescindible flexibilizar las etapas iniciales de los títulos para que el estudiantado pueda seguir itinerarios académicos abiertos en dos o más titulaciones de grado de la misma rama o de diferentes ramas de conocimiento.

Necesitamos, además, impulsar la formación dual de grado y máster –combinando ejercicio profesional y formación académica–, la formación a lo largo de la vida y el desarrollo de titulaciones conjuntas de carácter internacional, tal y como demanda una economía globalizada. Con ello, desde las universidades mejoraremos la empleabilidad del estudiantado, formando profesionales más solventes y versátiles, dotados de los conocimientos propios de la profesión, las competencias digitales y transversales del actual entorno tecnológico, y las habilidades necesarias para la cooperación en un mundo sin fronteras.

La transferencia del conocimiento a la sociedad que se realiza desde la universidad tiene su pilar fundamental en la formación de nuevas promociones de ciudadanos y ciudadanas profesionales y genera un impacto en el progreso de nuestras sociedades cuyo beneficio es difícil de cuantificar. Por ello, la relación de las universidades con el tejido productivo tiene siempre como motivación fundamental, primero, el desarrollo personal y profesional de su estudiantado, después, el de sus titulados y tituladas, y, finalmente, el de la sociedad de su territorio de influencia en su conjunto.

La gran cantidad de empresas nacidas y ‘criadas’ en nuestros viveros empresariales, de iniciativas de colaboración en nuestros parques científicos y tecnológicos, de proyectos de cátedras y de aulas generados con el sector empresarial, son una muestra irrefutable del buen resultado que da este modelo de relación entre empresa y universidad, más aún con un tejido productivo como el español, con una capacidad limitada –por el tamaño de sus empresas- de inversión en I+D+i, aunque también en este ámbito se están produciendo avances.

Como pueden comprobar, lejos del inmovilismo que a veces se nos atribuye como institución, la Universidad es un espacio en constante cambio que contribuye a la trasformación de la sociedad para responder a los grandes retos del presente y del futuro. Somos plenamente conscientes de todo nuestro potencial como sistema universitario para responder a los desafíos de un contexto marcado por la globalización, el ‘big data’, la transición verde y las transformaciones rápidas y profundas en todos los ámbitos. Un escenario muy exigente al que las universidades debemos responder con responsabilidad institucional y desde un compromiso firme con la defensa de los valores de convivencia de los que nos hemos dotado como sociedad democrática.

El dato: un bien público

EN ESTE PAÍS

EL DATO: UN BIEN
PÚBLICO

El Ministerio de Justicia ha impulsado el Manifiesto del dato, un documento elaborado en cogobernanza con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que recoge aspectos estratégicos, técnicos y éticos para el uso de los datos en el servicio público de Justicia.

CARLOS CAPA

 

Implicaciones éticas

En cuanto a las implicaciones éticas de este proyecto, se contará con equipos o procesos que garanticen la protección de datos, la privacidad y la confidencialidad cuando estén afectados por algún derecho de terceros (anonimización, pseudonimización, privacidad diferencial, generalización, aleatorización). Los responsables públicos encargados de la gestión de este sistema se comprometen a proteger las condiciones de acceso; la existencia de derechos de terceros; y la protección del secreto comercial y estadístico.

Este documento fue ratificado unánimemente en la Conferencia Sectorial de Justicia que, celebrada el 23 de junio en Toledo, y que reúne a los consejeros de esta materia de las comunidades autónomas con la Administración del Estado.

El documento, que también ha recibido el aval del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), es un instrumento que busca mejorar la eficiencia de la Justicia mediante el tratamiento de datos y diseñar las políticas públicas en este ámbito.

La propia ministra de Justicia, Pilar Llop, ha destacado la importancia de los datos en el nuevo modelo de transformación digital que aborda la Administración de Justicia y en la que es fundamental para dar el servicio que la ciudadanía se merece en el siglo XX.

La producción de datos y la gestión del servicio público de justicia basado en ellos no predetermina -según recoge el documento- un modelo de servicio, sino que incentiva la innovación y el intercambio de experiencias con el objetivo de mejorar el sistema y dar soluciones a problemas concretos. Los datos en el ámbito de justicia comprenden tanto los relativos al funcionamiento de los sistemas judiciales como al resto de elementos integrantes del estado de Derecho; en particular, la capacidad normativa en la resolución de controversias y la seguridad jurídica.

 


SE PRETENDE LA CREACIÓN DE UN ESPACIO PÚBLICO DE DATOS SEGURO, INTEROPERABLE Y ORIENTADO A SU REUTILIZACIÓN


 

Objetivos

El primero de los objetivos de esta propuesta es el de la consideración del dato como un bien público, de manera que se garantice tanto su producción como su libre acceso. En este sentido, la producción y utilización de los datos, con fines estadísticos entre otros, contribuye a garantizar la separación de poderes, el imperio de la ley y la efectiva garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía, gracias a un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema de justicia y la evaluación del impacto de los cambios en el marco normativo.

También se pretende la creación de un espacio público de datos seguro, interoperable y orientado a su reutilización, con la participación de las diferentes Administraciones, así como de otros actores de los sectores público y privado.

Con esto se busca la creación de espacios en los que compartir datos de calidad bajo los principios de confianza y seguridad.

La gestión pública orientada a datos supone la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen las demandas, el funcionamiento y los resultados que produce el sistema de justicia.

Esa identificación de índices e indicadores sirven para mejorar los resultados; colaborar en la producción de datos; y compartir y comparar los resultados de las distintas iniciativas y reformas en este sector.

El manifiesto pretende también garantizar la innovación mediante el intercambio de experiencias y orientando el uso de los datos a proveer soluciones a problemas concretos. En este sentido, se apuesta por impulsar la extracción de datos que permita procesar cantidades ingentes no estructuradas y transformarlas en indicadores de alto valor en la toma de decisiones.

El cuarto objetivo es el de la gestión orientada a datos, con la identificación y definición de indicadores e índices que reflejen resultados que busquen la mejora continua. La calidad del sistema de datos depende de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno, así como de la participación de actores del sector público y actores privados. La consideración de los datos como bien público exige la implementación de un sistema de cogobernanza entre las diferentes Administraciones dirigido en última instancia a la creación de un espacio público de datos del sector de la justicia que garantice el acceso y la calidad de los datos compartidos y fomente la participación en el mismo del mayor número de actores públicos y privados.

Igualdad y cohesión

Por último, se recoge la igualdad y la cohesión como objetivos, para prevenir un aprovechamiento excluyente de los datos y lograr así la implementación de políticas públicas más eficaces y próximas a la ciudadanía, con las máximas garantías legales de protección de datos y los mayores estándares de ciberseguridad. La gestión del sistema basada en datos está orientada a generar herramientas para contribuir a la cohesión, garantizar la igualdad y respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas.

El compromiso alcanzado por el Gobierno y las comunidades autónomas pone especial énfasis en dos cuestiones que considera prioritarias: la transparencia y accesibilidad por una parte y el compromiso ético en el tratamiento de los datos, máxime cuando estos se refieren a un espacio tan sensible como el de la relación de los ciudadanos con la Justicia.

 


EL PRIMERO DE LOS OBJETIVOS DE ESTA PROPUESTA ES EL DE LA CONSIDERACIÓN DEL DATO COMO UN BIEN PÚBLICO


 

Así, todos los organismos implicados deben garantizar las condiciones de reutilización de los datos a partir del respeto a los derechos individuales; la existencia de una base jurídica suficiente y exigiendo la obtención del consentimiento cuando concurran datos sometidos a derechos de terceros como son el secreto comercial, la propiedad intelectual o la privacidad, para lo que se fomentará la eliminación de restricciones de acceso tanto de carácter técnico como jurídico y económico. La interconectividad entre los distintos organismos del sector público y entre los distintos niveles de gobierno en la elaboración y el intercambio de información supone una herramienta que lleva en último término a impulsar la cohesión territorial.

Este proyecto de ley es uno de los pilares legislativos del plan Justicia 2030, financiado gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

PARA SABER MÁS

El Manifiesto del dato. Aprobado por la Conferencia Sectorial de Justicia.

Texto del Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital

LA LEY DE MEDIDAS DE EFICIENCIA DIGITAL

El Manifiesto está en relación con uno de los más ambiciosos proyectos que se ha emprendido para modernizar la Justicia española: la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital, cuyo objetivo fundamental es dar cobertura jurídica y regular la transformación digital del servicio público de Justicia y está dirigida a la eliminación de cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la misma, ya sea por razones de género, geográficas, culturales o de cualquier otro tipo, para construir una Administración de Justicia accesible e integradora, mejorando la cohesión social, territorial y digital.

En el texto se recoge la igualdad y la cohesión como objetivos, para prevenir un aprovechamiento excluyente de los datos.

El resurgir del turismo

EN ESTE PAÍS

EL RESURGIR DEL TURISMO

La prohibición del Tesoro de EE.UU. de vender y comprar activos ha afectado directamente a los inversores estadounidenses.

El turismo es uno de los pilares de la economía española. Tras una larga y dura pandemia sanitaria que dejó inmersos en ERTEs a cientos de miles de trabajadores, el retorno a una relativa normalidad, propiciado por la relajación de las medidas de restricción a la movilidad de los viajeros, ha supuesto un auténtico balón de oxígeno para miles de empresas a lo largo y ancho del país.

FERNANDO GEIJO,

 

LEJOS QUEDAN aún las cifras globales obtenidas en 2019, con un techo histórico de 83,7 millones de visitantes internacionales. Sin embargo, España ha sido este verano uno de los destinos favoritos, junto con Italia, México y Turquía.

En el otro lado de la balanza se sitúan países como Tailandia que, a duras penas, ha conseguido captar de nuevo una parte de lo obtenido en el período prepandémico.

Entre las claves de esta bonanza turística patria se encontrarían, según los expertos, la amplitud de la oferta de servicios, la calidad de las infraestructuras y la solidez de nuestra marca‐país.

La anhelada resurrección.

Tras dos largos años de travesía del desierto, las ganas de viajar se han impuesto en el imaginario colectivo de millones de ciudadanos en todo el mundo.

Así lo constatan las cifras y certifican los profesionales que repiten, al unísono, como un coro de voces bien afinado que este ha sido, por fin, el verano de la anhelada resurrección del turismo en España.

Lo que hasta hace apenas unos meses parecía aún una quimera, propia de los más diletantes al placer que supone visitar nuevos paisajes y entornos, se ha convertido ahora en una sólida realidad por mor de las recurrentes estadísticas al alza, que dejan obsoletas cada mes a sus predecesoras.

 


ESPAÑA HA SIDO ESTE VERANO UNO DE LOS DESTINOS FAVORITOS, JUNTO CON ITALIA, MÉXICO Y TURQUÍA


 

Para muchos, el turismo es sinónimo de empleo precario y estacional. Sin embargo, también es una fuente indispensable de riqueza que generaba en 2019 nada menos que el 12,4 del PIB español, con una ocupación vinculada de 2,72 millones de puestos de trabajo, el 12,9% de la fuerza laboral. No en vano, este sector es tradicionalmente, junto con el de la construcción, uno de los dos motores que impulsan, con sus luces y sombras, a la economía española.

En este sentido, a lo largo de los siete primeros meses del año los turistas internacionales llegados a España han alcanzado una cifra acumulada de 39,3 millones, lo que ha supuesto un alza del 299,9% con respecto a los 9,8 millones del mismo período de 2021; un gasto de 47.637 millones de euros y la recuperación del 92% del total de turistas que el país recibía antes de la pandemia sanitaria provocada por el coronavirus.

 


TRAS DOS LARGOS AÑOS DE TRAVESÍA DEL DESIERTO, LAS GANAS DE VIAJAR SE HAN IMPUESTO EN EL IMAGINARIO COLECTIVO DE MILLONES DE CIUDADANOS


 

Los principales países emisores de visitantes extranjeros hasta julio de 2022 han sido el Reino Unido, con un total de 8,4 millones de turistas (lo que ha supuesto un aumento del 908,5%); Alemania, con un incremento del 190,7% y una suma de 5,5 millones de visitantes; y Francia, con alrededor de 5,3 millones y un alza del 159,7%.

De esta manera, España ha recuperado hasta julio 9 de cada 10 turistas internacionales recibidos en 2019, que han gastado en sus desplazamientos solo en ese mes un total de 11.869 millones de euros, con un gasto medio de 1.309 euros por visitante, 100 más que en julio de 2019, y una estancia media de 7,7 días, frente a una pernoctación estándar de 7,5, según datos recogidos en las encuestas Frontur y Egatur, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

God save the British’.

La recuperación del turismo internacional tiene nombres y apellidos. A la espera de la llegada de chinos y japoneses, aún afectados por restricciones más severas, los turistas británicos encabezan el ranking de visitantes internacionales al contabilizar, solo en julio pasado, 1,9 millones de llegadas: un 20,9% del total de los 9,1 millones de turistas que llegaron a España ese mes, lo que supone un incremento de nada menos que del 241,6% con respecto al año anterior, de acuerdo con las cifras manejadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El resto de principales países emisores de turistas hacia nuestro país sitúa a Francia y Alemania como los seguidores de los ciudadanos del Reino Unido, con 1,4 millones, un 61% más en tasa anual, y 1,1 millones de visitantes, un 55% más, respectivamente. En 2021 la suma de ambas naciones ya superó a los británicos, y este año la situación se mantiene a pesar de la mejoría provocada en el Reino Unido gracias al levantamiento definitivo de las restricciones que afectaban a las Islas Británicas.

Entre el resto de los principales países emisores de turistas a España cabe destacar los crecimientos experimentados a lo largo del pasado mes de julio por Irlanda, con un alza exponencial nada menos que del 347,8%; y Estados Unidos (198,2%) e Italia, con un significativo aumento acumulado también del 113,4%.

Como un auténtico maná se ha recibido la llegada masiva de visitantes a las grandes zonas turísticas de nuestro país. De esta manera, comunidades autónomas como Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, entre otras, se han beneficiado de la firme reactivación del turismo internacional.

En los meses de verano, los considerados de temporada alta, se han batido los registros prepandemia, según los datos aportados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y todo ello, a pesar del alza de los precios derivada, entre otros aspectos, del aumento del coste de la energía y de los alimentos, ya que se trata de un fenómeno global que afecta a todos los mercados.

Reparto asimétrico.

Como es lógico, no todas las regiones recibieron la atención de los visitantes con la misma intensidad. En este sentido, Baleares se alzó como el claro vencedor entre los destinos preferidos por los extranjeros en julio pasado, con una cuota del 25,1% del total; con Cataluña (21,8%) y Comunidad Valenciana (12,4%) completando este particular tridente ganador.

En este sentido, a las Islas Baleares arribaron cerca de 2,3 millones de turistas, lo que ha supuesto un nada desdeñable aumento del 72,2%, con los ciudadanos británicos (27%) y germanos (25%) como claros protagonistas en este ranking de llegadas.

Cataluña es la segunda comunidad más visitada en julio, al registrar un aumento del 142,8% en el número de turistas computados, lo que totaliza dos millones de ciudadanos, procedentes en su mayoría de la vecina Francia (23,2%).

La Comunidad Valenciana sería la tercera región que completa este podio al sumar 1,1 millones de visitantes, un 85,4% más que en julio de 2021, donde Reino Unido vuelve a ser el principal país emisor, con un 22,4% del total, y Francia se sitúa en segunda posición, a muy escasa distancia, con un 22,1%.

 


ESTE SECTOR ES TRADICIONALMENTE, JUNTO CON EL DE LA CONSTRUCCIÓN, UNO DE LOS DOS MOTORES QUE IMPULSAN, CON SUS LUCES Y SOMBRAS, A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA


 

En el resto de comunidades la subida de turistas ha supuesto un aumento de visitantes que también ha sido significativo en el séptimo mes del año, destacando Madrid, con un alza del 185,6%, las Islas Canarias (148,4%) y Andalucía (101,7%).

En términos acumulados relativos a los siete primeros meses del año, Cataluña recibió 8 millones de turistas (un 346,8% más que en el mismo período de 2021); Baleares cerca de 7,5 millones (+190,1%); y Canarias casi 6,8 millones de visitantes, alcanzando un destacado 480,1% más.

OJO AL DATO

Movimientos Turísticos en Fronteras
(FRONTUR), mayo de 2022. Instituto Nacional de Estadística (INE). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El mes de julio ya apuntaba la recuperación

Encuesta de gasto turístico (EGATUR), julio de 2022. Instituto Nacional de Estadística (INE). Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Gasto de los turistas internacionales. Julio 2022

EL CONFIDENCIAL: Daniel Iriarte se pregunta hasta qué punto las sanciones están afectando a Rusia y da respuesta a esta y otras preguntas relacionadas con las medidas restrictivas adoptadas por la comunidad internacional contra Rusia.

UNIVISIÓN NOTICIAS: El artículo incluye opiniones de expertos que apuntan a la necesidad de que Occidente intensifique las acciones contra Putin para asegurarse que las sanciones económicas surten efecto.

Nuevos hábitos de consumo

Tras la incertidumbre provocada por la pandemia sanitaria, los ciudadanos han cambiado algunas pautas a la hora de gestionar sus vacaciones, entre las que destacan:

  1. La utilización de las recomendaciones en internet como base en la toma de decisiones.
  2. La compra directa por vía digital de servicios turísticos para evitar intermediarios.
  3. La preferencia por la reserva en el último momento de cara a obtener gangas.
  4. La apuesta por las opciones de cancelación, sin o con bajo coste.
  5. La contratación generalizada de seguros de viaje.

“Turismo vintage”, por Carmelo Encinas

LA @

CARMELO ENCINAS,

periodista. Asesor editorial de 20 minutos

"Desde Madrid y echándole un montón de horas se podía llegar a Santander en un día; para ir a Galicia o al sur de Andalucía había que hacerlo en dos etapas"

TURISMO VINTAGE

Aquello era emocionante. Un mes antes ya andábamos nerviosos dándole vueltas al viaje del verano, una salida en coche de no más de diez días en que recorríamos alguna zona vistosa de la geografía ibérica. Era un turismo austero, tanto que no recuerdo haber dormido nunca en un hotel con estrellas. Íbamos de pensión en pensión o buscábamos habitaciones de alquiler en domicilios privados, una fórmula muy similar a los actuales apartamentos turísticos que, a falta de internet, se publicitaban entonces por el boca a boca. Lo de los restaurantes de mantel también nos estaba vetado, nuestras posibilidades económicas eran limitadas y bastante hacían mis padres con enseñarnos España cuando la inmensa mayoría de los chavales de entonces lo más que viajaban era al pueblo de sus progenitores. Es verdad que cómodo no era; las cuatro plazas de aquel cochecillo comprado a plazos apenas daban para encajar las piernas, pero aguantábamos estoicamente con la nariz pegada a la ventanilla fascinados por el paisaje intentando superar en cada curva nuestra capacidad de asombro. Aquel vehículo no disponía de maletero alguno, viajábamos como los caracoles, despacio y con la casa encima. Una sola maleta para los cuatro que mi madre lograba que pareciera el bolso de Mary Poppins; una mesa plegable, unas sillas de aluminio y un infiernillo de camping gas para cocinar sopas de sobre o calentar alguna cosa. Desde Madrid y echándole un montón de horas se podía llegar a Santander en un día; para ir a Galicia o al sur de Andalucía había que hacerlo en dos etapas. De esa guisa recorrimos, verano tras verano, la piel de toro de forma y manera que al cumplir los quince años era, con diferencia, el chico más viajado de mi clase. En esos años fuimos viendo cómo el turismo en España iba creciendo lenta pero inexorablemente allí donde la hostelería y la infraestructura viaria empezaban a ofertar algún confort al visitante extranjero. Eso ya ocurría en regiones como Cantabria o ciudades como San Sebastián, destinos vacacionales de la aristocracia y la alta burguesía desde finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, la irrupción del automóvil y el asfaltado de carreteras contribuyeron a hacer algo más accesibles y, por tanto, atractivos nuevos lugares potencialmente visitables. En 1928 se creó el Patronato Nacional de Turismo, con la declarada intención de abrirnos al mundo y mostrar nuestro rico patrimonio-artístico y natural, pero la Guerra Civil no ayudó mucho a esa causa, y la España pobre y hambrienta de la postguerra, así como el bloqueo internacional redujeron casi a cero el gancho de nuestro país para los foráneos. Eso empezó a cambiar en los años 60 cuando Manuel Fraga Iribarne llegó al Ministerio de Información y Turismo con la decidida intención de fomentar la actividad turística en distintas zonas de España aprovechando la pujanza de una clase media que el desarrollismo había originado. Se apostó por el turismo exterior a pesar de los temores del franquismo a que costumbres europeas tan aberrantes como el bikini, que dejaba a la vista el excitante ombligo, o el amor libre, contaminaran de amoralidad la “reserva espiritual del continente”. Acuñaron aquel slogan del “Spain is different” para vender las playas del Mediterráneo, la piel morena, el folclore y la gastronomía de un país que, en efecto, era diferente, aunque no siempre para bien. El caso es que funcionó; en un tiempo récord pasamos de agasajar al turista un millón, que casualmente siempre era una señorita físicamente agraciada, a los 20 millones de los años 70. Desde aquel entonces el crecimiento fue exponencial al punto de que, en el 2019, año previo a la pandemia, España recibió casi 83 millones de visitantes convirtiéndose en la tercera potencia turística mundial después de los Estados Unidos y a punto de alcanzar a nuestra vecina Francia. Ningún sector productivo ha ponderado tanto en la economía nacional como este de la hostelería, que aporta al PIB español tres veces más que el de la automoción y superando incluso al de la construcción. El turismo es nuestro petróleo, la mayor fuente de divisas y el que más empleo absorbe; se calcula que por cada millón de euros la actividad hostelera genera casi una veintena de puestos de trabajo. El éxito es de tal naturaleza que en lugares tan emblemáticos como Barcelona o las Islas Baleares se han planteado el imponer limitaciones para impedir que la masificación dificulte la vida de los residentes o que la congestión les haga perder atractivo. La pandemia frenó en seco esta locomotora de nuestro sistema productivo poniendo blanco sobre negro sus debilidades y dependencias. No parece muy lógico que un país que consigue atraer a semejante volumen de visitantes no disponga de una estructura propia que garantice el movimiento de viajeros. Los grandes operadores turísticos son extranjeros y otro tanto ocurre con las compañías aéreas de bajo coste que trasladan más turistas a los aeropuertos españoles. El turismo de sol y playa está sobreexplotado; en cambio en el cultural, gastronómico o de naturaleza queda mucho por hacer y, además, de ser menos estacional, atrae a un tipo de visitante de calidad y en general con mayores recursos. Lo mejor de aquel turismo vintage de mi infancia fue que me inculcó una cultura viajera que alimenté con el paso del tiempo. He recorrido medio mundo y visitado los lugares más bellos y exóticos del planeta. Esa experiencia me permite asegurar que ningún país del mundo entiende mejor la forma de vivir ni reúne tantos y tan diversos atractivos como España. Ya solo nos falta quererla y cuidarla un poco más.

La vejez en el arte

EN ESTE PAÍS

Fortuny, Viejo desnudo al sol, h. 1871.
Murillo, Vieja hilando, siglo XVII.

La sede del Consejo General del Notariado acogió la presentación del catálogo y la exposición virtual La vejez como experiencia humana en las pinturas del Museo Nacional del Prado, ambos proyectos desarrollados por la Fundación Notariado.

JOSÉ M. CARRASCOSA

Twitter: @JMCarrascosa

Mail: [email protected]

LA VEJEZ EN EL ARTE

Mesa de presentación del acto.

El acto estuvo presidido por José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), quien estuvo acompañado por María Rodríguez, doctora en Historia del Arte de la Universidad San Pablo-CEU y coautora del Catálogo junto con María Arriola Jiménez; Juan Manuel Martínez, presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA); Inmaculada Ruiz, presidenta de Unión Democrática de Pensionistas (UDP); y Jorge Prades, vicesecretario del Consejo General del Notariado, coordinador del Catálogo y de la Exposición Virtual.

La exposición, organizada en el marco del XII Congreso Notarial Español que se celebró el 19 y 20 de mayo en Málaga, permite reflexionar sobre la vejez en el arte, y cómo trascienden a la pintura la vulnerabilidad y la dignidad de los mayores. Una muestra representativa de una veintena de pintores, desde Tiziano a Sorolla, pasando por Baldung Grien, Velázquez, Goya o Fortuny, entre otros.

Martínez Sanchiz señaló que «la exposición nace del convenio alcanzado entre la Fundación Notariado y el Museo del Prado, que nos ha permitido escoger estas obras maestras, cuya estructura se acopla a los temas que aborda el Congreso «.

 


LA EXPOSICIÓN VIRTUAL Y EL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN CONTIENEN UNA SELECCIÓN DE OBRAS DEL MUSEO DEL PRADO


 

La dignidad

Para el presidente del Notariado «la vejez es una experiencia, no una enfermedad. La exposición recuerda la máxima de Unamuno sobre ‘pensar el sentimiento y sentir el pensamiento’; el sentimiento que habla a la razón y, a su vez, la razón que también siente. La emoción expresada en estas pinturas permite contemplar de manera paladina la expresión de esas personas mayores: de ese viejo tomando al sol del cuadro de Fortuny; o la anciana que está pidiendo a la puerta de una casa; o esos mendigos llenos de dignidad… La dignidad se mantiene también a pesar de las situaciones de discapacidad».

Hizo hincapié en cómo una de las obras reúne a «tres generaciones presentes, que expresan el cariño a los mayores y donde se supera la soledad que va unida en muchas ocasiones a la vejez. Todo esto nos habla de una vida y unos sentimientos. Los notarios no podemos dejar de aunar esos sentimientos recogiéndolos junto a cláusulas jurídicas; sentimientos de generosidad y ayuda que se expresan en cuadros como el del testamento de Isabel la Católica».

«Esta exposición es el pórtico del XII Congreso Notarial. Para los notarios la vejez requiere un reconocimiento; para nosotros tiene un valor ejemplar. Es necesario defender los derechos de las personas mayores, fomentar la autoestima, evitar el edadismo y que tengan el sentimiento de que han vivido una vida lo más plena posible, con el cariño de amigos y familiares. Todo esto se pone de manifiesto en este catálogo», resaltó.

 

Los derechos

Juan Manuel Martínez, de CEOMA, inició su intervención resaltando «la suerte que tenemos los mayores por la defensa que van a realizar los notarios de nuestros derechos y nuestra dignidad». Sobre la exposición, señaló que «las pinturas reflejan que el envejecimiento no es una enfermedad. Las obras recuerdan esa soledad que afecta al 26% de nuestros mayores, casi siempre no deseada. La muestra permite contemplar la imagen de los mayores a través de la mirada de grandes pintores, y cómo se refleja el paso del tiempo en las arrugas, las miradas, las sensaciones de dolor y las sombras que aparecen ante la cercana muerte. Esta selección de pinturas plasma el sentir de las personas mayores, cada vez más sabias y centenarias. Hoy en día, en España, hay 15.000 hombres y mujeres que ya superan esa edad».

Por su parte, Inmaculada Ruiz (UDP) destacó que «la selección está hecha con acierto y cariño; las pinturas impactan por su humanidad. Este recorrido por 19 maestros de la pintura nos anima a contemplar con mirada distinta el fenómeno de la vejez, que en ocasiones es invisible frente a la belleza y la juventud, que con los años se pierden en el interior. Las obras reflejan el carácter efímero de la vida y su vulnerabilidad; aunque también muestra la astucia acumulada a lo largo de los años. La vejez no es una renuncia de la vida: el amor maduro, por ejemplo, permite afrontar la soledad y dependencia a las que la suma de los años nos conduce. Los maestros de la exposición constatan, asimismo, el valor del afecto en todas las etapas de la vida. La exposición es una prueba de cómo las personas mayores somos valiosas para el mundo, por nuestra experiencia y nuestro saber».

María Rodríguez, coautora del catálogo, enumeró los pormenores de la selección de obras: «Las pinturas reflejan realidades de distintos siglos. Hemos podido contemplar con nuevos ojos pinturas que nos eran desconocidas desde la mirada de sus ancianos protagonistas. En el proceso de búsqueda hemos encontrado obras en los fondos del Museo del Prado o en otras instituciones. Recogemos óleos de distintas escuelas y de maestros tan significativos como Tiziano, Velázquez, Goya, Sorolla y Fortuny. Todos ellos nos hablan de vulnerabilidad, soledad, paso del tiempo; y, al mismo tiempo, de sabiduría, experiencia y madurez».

La historiadora se detuvo en algunas obras como Aun aprendo, de Goya («donde se ve las ganas de seguir aprendiendo hasta el final de los días de un anciano»); El testamento de Isabel la Católica de Rosales («una pintura histórica, que expone la vejez como experiencia universal») o el Autorretrato de Tiziano («transmite la fragilidad del autor y el orgullo de una vida ya vivida»).

 


LA MUESTRA SE ENMARCA DENTRO DEL XII CONGRESOINOTARIAL ESPAÑOL BAJO EL LEMA ‘EL ENVEJECIMIENTO DE LA SOCIEDAD: PRINCIPAL DESAFÍO DEL SIGLO’


 

Con esta muestra «esperamos haber contribuido al desarrollo del congreso notarial en sus tres grandes bloques. Les animo a recorrer la exposición virtual, acompañada de una preciosa selección de piezas musicales, y a una lectura reposada del catálogo, que hemos considerado como un homenaje a nuestros mayores».

Para Jorge Prades, «la belleza de las obras de arte seleccionadas nos ensancha el corazón y nos abre el intelecto. No queríamos un planteamiento didáctico en la muestra; buscamos que el recorrido por estos cuadros despertara el alma y aportara un punto de vista enriquecedor a la hora de hablar de cualquier cuestión que afecta a los mayores».

El notario concluyó con dos reflexiones: «Naciones Unidas nos recuerda que debemos construir una sociedad para todas las edades; y la vejez puede ser un reto o también un privilegio, como reza el lema del antiguo Hospital de Cáceres: ‘Languidecer te hará brillar’.

Tras el acto tuvo lugar el recital de piano Audición guiada: la vejez en el último Brahms, interpretado por Luis Prades, estudiante de piano, dirección y musicología.

Cecilio Pla, Dos generaciones, 1901.
El ejemplo de nuestros mayores
«En la sociedad moderna, a veces valoramos en exceso la juventud. En nuestro congreso queremos poner en valor el ejemplo de nuestros mayores y la dignidad que reflejan, a pesar de que puedan padecer incluso un deterioro cognitivo. Nuestra cita en Málaga, además de una interpelación para todos, quiere ser un diálogo con la juventud en la que nos tenemos que apoyar. Un diálogo como el que aparece en estos cuadros. Tenemos la obligación de dar a nuestros mayores ese cariño y respeto por toda su vida. Al final hay una comunidad y fraternidad que la vejez siempre nos hace recordar. Debemos seguir trabajando juntos en la defensa de esos derechos de la vejez», defendió el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz.

Visita a la exposición

Esta exposición virtual permite ver 19 obras del Museo del Prado relacionadas con la vejez y comentadas por sus comisarias, las profesoras de Historia del Arte de la Universidad San Pablo CEU, María Rodriguez Velasco y María Arriola Jiménez. Se ofrece también una selección de música clásica para acompañar la visualización de cada pintura.

El respeto a la dignidad versus la protección de la vulnerabilidad

  • Hans Baldung, Las edades y la muerte, 1541-1544
  • Tiziano, Dánae y la lluvia de oro, 1560-65
  • Velázquez, Esopo y Menipo, 1638
  • Fortuny, Viejo desnudo al sol, h. 1871
  • Rosales, Doña Isabel la Católica dictando su testamento, 1864
  • Pinazo, Últimos momentos del rey don Jaime el Conquistador en el acto de entregarle la espada a su hijo don Pedro, 1881
  • José Nogué, Interior, 1909, Depósito en Ministerio de Justicia (Madrid)
  • Sorolla, Aún dicen que el pescado es caro, 1894

La vida centenaria y su previsión individual

  • Tiziano, Autorretrato, h. 1562
  • Cecilio Pla, Dos generaciones, 1901
  • Vicente Carducho, La Sagrada Familia, 1631
  • Luis Graner, Noticias frescas, 1905-1910, Depósito en Museo Provincial de Lugo
  • Carreño de Miranda, La reina Mariana de Austria, h. 1670

La vida centenaria y su previsión social y política

  • Murillo, Vieja hilando, siglo XVII
  • José Alea, Sala de hospital, 1895, Real Academia de Farmacia
  • José Martí, La pobre de los sábados, 1881, Depósito en la Real Academia de Farmacia
  • Goya, Saturno, 1820-1823
  • Ribera, Bendición de Isaac, 1537
  • Bertodano, La nieta del marinero, 1895, Depósito en el Museo de la Rioja (Logroño)
  • Goya, Aun aprendo, 1826
  • Van Dyck, Cabeza de anciano, 1618-1620

JUAN MANUEL MARTÍNEZ,
presidente de CEOMA

«Las obras recuerdan esa soledad que afecta al 26% de nuestros mayores, casi siempre no deseada»

INMACULADA RUIZ,
presidenta de UDP

«Este recorrido por 19 maestros de la pintura nos anima a contemplar con mirada distinta el fenómeno de la vejez»

MARÍA RODRÍGUEZ,
doctora en Historia del Arte USP-CEU

«Hemos podido contemplar con nuevos ojos pinturas que nos eran desconocidas desde la mirada de sus ancianos protagonistas»

JORGE PRADES,
vicesecretario del CGN

«La belleza de las obras de arte seleccionadas nos ensancha el corazón y nos abre el intelecto»