«El gran reto cultural de promover la reparación», por José Luis Gallego

CONSUMO

JOSÉ LUIS GALLEGO,

divulgador ambiental

“Va a ser preciso emprender una gran campaña informativa que convierta el derecho a reparar en un deber ciudadano”

El gran reto cultural de promover la reparación

No se trata tan solo de obligar a los fabricantes a diseñar y fabricar productos que sean fácilmente reparables. El objetivo de la nueva normativa europea es también promover el interés de los consumidores por la reparación de los dispositivos averiados antes de optar por uno nuevo. Por eso se anima a los Estados miembros a que pongan en marcha campañas divulgativas que hagan más “sexy” esta opción. Una tarea que no va a resultar fácil entre los adictos a las novedades tecnológicas.

La vida media de un terminal de telefonía móvil en la UE es de tres años, justo el período de garantía obligatoria que establece la ley. Sin embargo, esa misma normativa obliga al fabricante a asegurar el suministro de los recambios necesarios para su reparación durante diez años. Entonces, ¿por qué los usuarios damos una vida tan corta a nuestros móviles? Pues porque en buena parte de los casos la sustitución no se produce porque el terminal haya dejado de funcionar correctamente, sino porque el fabricante lanza al mercado un nuevo modelo con un cambio de diseño o un ligero aumento de las prestaciones añadidas (a menudo triviales) que lo hacen más atractivo para su público incondicional.

Estar a la última en tecnología tiene un alto coste económico. Según los cálculos de la propia UE, los consumidores europeos en su conjunto destinamos cada año alrededor de 12.000 millones de euros a sustituir nuestros aparatos eléctricos y electrónicos en lugar de repararlos. Pero es que la factura ecológica es aún más alta.

Así, además de ser la fracción de la basura doméstica que más crece en la UE, con cerca de 40 millones de toneladas de residuos anuales, la renovación prematura de este tipo de productos provoca un aumento de las emisiones de CO2 de alrededor de trescientos millones de toneladas anuales. Un auténtico lastre para avanzar hacia una economía baja en carbono y cumplir con los objetivos climáticos que se recogen en el Pacto Verde Europeo.

Por todo ello, además de obligar a los fabricantes a que los componentes de sus productos sean fácilmente extraíbles, reparables o sustituibles a bajo coste, además de obligar a la Administración a promover servicios de reparación que sean cómodos de contratar, ágiles en la entrega y competitivos a nivel de precio, va a ser preciso emprender una gran campaña informativa que convierta el derecho a reparar en un deber ciudadano.

Un deber basado en el compromiso de todos con el medio ambiente y contra el cambio climático, algo que por cierto mueve cada vez más a los jóvenes, precisamente el sector de la población que muestra una mayor devoción a estar a la última en tecnología. Lograr establecer ese vínculo entre consumo responsable y cuidado del medio ambiente es una de las empresas que deben acompañar a la implantación de esta nueva normativa.

Una normativa que supone un gran paso adelante para reducir la chatarra tecnológica y evitar su alto coste ambiental. Pero que, para que sea efectiva, deberá dar paso a un cambio de conducta en la manera de relacionarnos con la tecnología de consumo. Superada ya la excusa de que “me sale más caro repararlo que comprar uno nuevo”, el objetivo ahora es promover lo que se ha dado en llamar la “alargascencia” como nueva cultura. Alargar la vida del teléfono móvil, la tableta o el portátil debe estar bien visto socialmente, y de manera especial entre aquellos que protagonizan y generan las tendencias de su consumo.

Es magnífico que la nueva ley obligue a que los móviles ofrezcan una mayor resistencia a las caídas accidentales o al rayado, que las baterías duren más y durante más tiempo o que las actualizaciones del sistema operativo dejen de convertirse en una estrategia de obsolescencia programada. Que arreglarlos sea en verdad tan fácil como comprar uno nuevo, y que salga más barato. Pero todo ello no servirá de nada si no logramos seducir al gran público para que se ponga a ello.

De lo que se trata es de aplicar la inteligencia a la inteligencia aplicada. Y en este caso ello pasa por conseguir que todos entiendan que el agotamiento de los recursos naturales amenaza nuestra supervivencia en el planeta y que, si convenimos en aceptar que mejor residuo es el que no se genera, también deberíamos hacerlo en admitir que la reparación de los aparatos eléctricos y electrónicos es la opción más sensata y razonable para dejar de generarlos, y para avanzar hacia un consumo mucho más sostenible y responsable de estos dispositivos. Unos dispositivos que, si bien nos permiten acceder a una vida más cómoda, también nos requieren una mayor atención para evitar el alto impacto ambiental que genera su consumo alargando su vida útil y reduciendo su huella de carbono.

El reto normativo era dotarnos de un reglamento común que contribuyera de manera eficaz a la transición hacia un modelo energético más limpio y renovable; a cumplir los objetivos de eficiencia energética de la UE, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a impulsar el avance de la economía circular. El reto cultural es lograr que la sociedad entienda hasta qué punto todo eso es importante y acepten el reto.

Otra vez, una llamada spam

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

OTRA VEZ, UNA LLAMADA ‘SPAM’

La Ley General de Telecomunicaciones establece un nuevo marco de actuación para las compañías que realizan llamadas comerciales. Si antes el consumidor tenía que oponerse a recibirlas para intentar limitarlas, ahora la norma da una mayor garantía a través del consentimiento previo.
PATRICIA ANDÚJAR
Las sanciones a las empresas que realicen llamadas sin autorización pueden llegar hasta los 100.000 euros.

Suena el móvil, miramos la pantalla y observamos un número que no conocemos. Automáticamente, nos surge una posibilidad: que se trate de una de esas incómodas llamadas comerciales no deseadas, más conocidas como llamadas spam.

 

ES NECESARIO QUE EL CONSUMIDOR HAYA AUTORIZADO EXPRESAMENTE Y DE FORMA PREVIA A LAS EMPRESAS PARA QUE PUEDAN LLAMARLE

 

Desde hace años, esta práctica habitual realizada por determinadas compañías, se ha convertido en una de las acciones que más exasperan a los consumidores, lo que ha llevado a la Administración a regular en favor de los usuarios, con el objetivo de salvaguardar sus derechos y proteger sus datos personales.

Con la entrada en vigor el 29 de junio de 2023 de la Ley General de Telecomunicaciones, se establecía un cambio importante en la legislación. Según el artículo 66.1.b de esta norma, los usuarios “tienen derecho a no recibir llamadas comerciales no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo del propio usuario”. Es decir: es necesario que el consumidor haya autorizado expresamente y de forma previa a las empresas para que puedan llamarle.

De cumplirse esta norma, tan solo aquellas compañías con las que el particular tenga un contrato vigente de menos de un año pueden ponerse en contacto para ofrecerle mejoras o servicios relacionados con los que ya tiene.

¿Qué está ocurriendo en la práctica? ¿Está siendo efectiva esta ley?

Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), asegura que “es un cambio fundamental que valoran de manera positiva porque regula de una forma más clara la situación que existía con anterioridad”. Sin embargo, explica que sigue habiendo mucha llamada spam “porque, primero, hay compañías que incumplen la norma y segundo, la Administración investiga poco y sanciona menos”. En este sentido, incide en que habla con datos en la mano: “Nosotros hemos hecho alguna encuesta después de la aplicación de la ley en la que prácticamente el 90% de los consumidores seguían recibiendo llamadas”. Según los datos que facilita Rubén Sánchez, portavoz de FACUA – Consumidores en Acción, la cifra aumenta hasta el 97%. “Casi diez de cada diez consumidores dicen seguir recibiendo estas comunicaciones”, señala.

La inseguridad del consumidor

Con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica tanto a los usuarios, como a quienes realizan las comunicaciones, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió una circular en la que se analiza la interpretación del citado artículo y en la que determina que el consentimiento previo ha de ser informado, inequívoco, libre y específico.

A pesar de ello, lo que ocurre muchas veces en la realidad es bien distinto. Ana María Paniagua, consultora y auditora de PRODACYL, la sede en Castilla y León de PRODAT, especialistas en Protección de Datos, señala que los consumidores “nos enfrentamos a extensos y complejos textos legales que, en la mayoría de las ocasiones, no nos paramos a leer. Se trata de términos y condiciones que hojeamos de forma tan rápida que no somos conscientes de lo que estamos autorizando y en ocasiones, se presenta la información enmascarada con total ausencia de transparencia, de manera que el usuario acepta recibir este tipo de comunicados sin saberlo” y añade que “hay un abuso hacia el consumidor porque desconoce lo que acepta”.

Además, este debe saber que si ese consentimiento existe y no lo revoca o no ejerce el derecho de oposición a seguir recibiendo estas comunicaciones comerciales, el mismo seguirá siendo válido. Si las comunicaciones comerciales persisten, puede presentar una reclamación o denuncia en la AEPD o en los órganos de consumo de las distintas Administraciones Públicas.

 

LA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS SEÑALA QUE EL CONSENTIMIENTO PREVIO HA DE SER INFORMADO, INEQUÍVOCO, LIBRE Y ESPECÍFICO

 

La realidad de las denuncias

Según datos publicados en la última memoria anual de la AEPD, las reclamaciones por recibir publicidad no deseada se duplicaron con respecto al año anterior (2022). En total, se presentaron casi 4.300 denuncias. Sin embargo, solo catorce terminaron en sanciones.

A ojos del portavoz de FACUA, las denuncias siguen siendo pocas, en parte, dice, “porque no hay campañas para fomentar el conocimiento de los consumidores sobre lo que dice la ley y ante quién pueden denunciar”. Por su parte, Enrique García, de OCU, va más allá: “Cuando hay 4.000 consumidores que se molestan en completar un procedimiento de reclamación, que no es fácil, y solo catorce acaban en sanción, hay algo que no funciona. Lo mismo es que las normas que regulan las sanciones no son las más adecuadas”.

Paniagua explica que a veces no se pueden llevar a efecto “porque no se sabe quién está detrás”.

Aun así, se puede denunciar. La AEDP señala que hay que anotar el número de teléfono, el día y la hora, hacer un pantallazo y dirigir un escrito relatando lo ocurrido. También, aunque se trate de un número oculto, porque pedirá a la compañía que le traslade la numeración.

El problema viene cuando la Agencia va a verificar la procedencia de la empresa. Como a veces operan desde el extranjero porque es donde tienen los call center, “es muy difícil y las denuncias se archivan”, concluye la analista y consultora de PRODACYL.

Este parece ser el principal hándicap con el que se encuentra la AEPD a la hora de hacer efectivas las sanciones, que en la actualidad están contempladas en multas de hasta 100.000 euros, y es que, según datos recogidos por OCU, tan solo el 33% de las llamadas son localizadas. Y no se trata de una dificultad legal, sino técnica.

Si bien hay quien duda de que la cuantía de las sanciones ejerza algún tipo de presión sobre las compañías por considerarlas irrisorias para el tipo de empresas a las que van dirigidas, Paniagua apunta que “sí les hacen daño porque están intentando externalizar esos servicios fuera, mediante call center que no estén domiciliados en España para poder complicar la labor de investigación”. Eso sí, no están exentas de cumplir la ley al tratar datos de ciudadanos de la Unión Europea, y la responsable sigue siendo la empresa matriz y no la centralita.

La excepción que limita la norma

Para seguir realizando llamadas comerciales, las empresas se pueden acoger al denominado ‘interés legítimo’, siempre y cuando exista una relación contractual previa, los datos se hayan obtenido de forma lícita y la llamada se refiera a productos y servicios similares a los ya contratados por el cliente con la entidad que efectúa la llamada; nunca de otras entidades. Cabe señalar que si la relación contractual ya no está en vigor y el cliente no ha realizado ninguna otra solicitud o interacción con la empresa durante el último año, no podrán llamarle.
Para denunciar hay que anotar el número de teléfono, el día y la hora, hacer un pantallazo y dirigir un escrito a la AEPD relatando lo ocurrido.

‘Plan antiestafa’

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública pondrá en marcha un plan para combatir las estafas de suplantación de identidad que se comenten mediante llamadas o SMS. El objetivo es aumentar la protección ante el creciente número de fraudes.

Además de facilitar la identificación de un posible engaño, algunas de las disposiciones ayudarán también frente a las llamadas comerciales no deseadas. Entre las normas, destaca la prohibición de utilizar numeración móvil para realizar llamadas comerciales y sí permitir estas comunicaciones a los números 800 y 900 por parte de las entidades, lo que servirá al usuario para identificar de qué tipo de llamada se trata.

PARA SABER MÁS

Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública: El pasado 30 de julio de 2024, este ministerio hizo pública una nota de prensa sobre un nuevo plan antiestafa, cuyas medidas también pueden ayudar a reducir las llamadas comerciales no consentidas.

Saber más

AEPD: En la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos se explican los pasos a seguir para formular una reclamación.

Saber más
OCU: La web de la Organización de Consumidores y Usuarios ofrece información, datos y recomendaciones para prevenir el acoso telefónico.
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«Se acabaron las llamadas ‘SPAM’», por Ana Echenique

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ANA ETCHENIQUE,
presidenta Federación de Consumidores y Usuarios CECU

“Ni el reglamento ni la ley recogen en su articulado qué se entiende por un interés legítimo del responsable del tratamiento ”

Se acabaron las llamadas SPAM

El pasado 29 de junio de 2023 entró en vigor la aplicación del artículo 66.1 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), donde se establece la prohibición de que las entidades puedan realizar llamadas comerciales a personas particulares, con dos excepciones: que exista consentimiento previo de la propia persona usuaria y que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el artículo 6.1 RGPD.

En el primer caso, el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) establece en su art. 4.11 que el consentimiento del interesado sería toda “manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen”.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales, en su artículo 6, reitera lo establecido en el Reglamento Europeo y aclara que, para cada tipo de tratamiento que se vaya a dar a los datos personales diferenciado del necesario para la normal ejecución de un contrato, es necesario un consentimiento expreso, específico e independiente. Además, establece que la posible contratación de un bien o servicio no puede quedar supeditada a la aceptación de cualquiera de estos tratamientos diferenciados. Es decir, las empresas no pueden recoger el consentimiento del interesado a través de unas Condiciones Generales de Contratación, ni obligar a aceptar un tratamiento de datos personales diferenciado del necesario para la ejecución del contrato para poder suscribirlo.

En el segundo caso, entre las situaciones previstas en el artículo 6.1 del Reglamento Europeo, se consideraría lícito el tratamiento de datos personales sin consentimiento previo cuando sea necesario para “la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran la protección de datos personales”.

Ni el reglamento ni la ley recogen en su articulado qué se entiende por un interés legítimo del responsable del tratamiento y cuándo este interés prevalece sobre los derechos de la ciudadanía, para considerar que el tratamiento sin consentimiento es lícito. El Reglamento, en su considerando 47, sí que indica que este interés legítimo podría ser los fines de mercadotecnia.

Debido a estas previsiones normativas tan genéricas, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) emitió la Circular 1/2023 de 5 de diciembre, sobre la aplicación del artículo 66.1 de la LGT. Esta circular sigue poniendo el interés de las entidades por encima de los derechos de las personas usuarias.

En primer lugar, establece que la ponderación entre los intereses legítimos de una entidad y los derechos de la ciudadanía la realizará el propio responsable del tratamiento de datos, lo que es en sí mismo una desprotección para las personas usuarias, ya que la decisión sobre qué interés prevalece se deja en manos de aquella parte cuyo comportamiento se quiere evitar.

En segundo lugar, además del principio general anterior, la Circular recoge dos escenarios donde la AEPD, a priori, consideraría que existe un interés legítimo de la entidad que prevalecería sobre los derechos de las personas usuarias y, por tanto, un tratamiento lícito.

Por una parte, cuando existe una relación contractual, la AEPD presumirá que el tratamiento es lícito si se hubiesen recogido los datos de forma lícita. Esto solo sería de aplicación en los casos de comunicaciones comerciales realizadas por la propia entidad y de productos similares -no el realizado por otras entidades del mismo grupo empresarial, salvo consentimiento específico-.

Para los casos en que no hay relación contractual, la AEPD presumirá que existe una expectativa de interés del usuario y, por tanto, un interés legítimo de la entidad y un tratamiento lícito, si ha existido una solicitud o interacción previa por parte del interesado en el último año, lo que implicaría que si una persona llama a una entidad para solicitar información y esta recoge sus datos, estaría legitimada para realizar llamadas comerciales sin necesidad de consentimiento expreso de la persona usuaria.

Este marco normativo, que tenía por objetivo que las personas consumidoras no se vieran asediadas constantemente por llamadas comerciales de todo tipo de empresas a cualquier hora del día, lamentablemente no está funcionando, o no como debería. Las llamadas se siguen produciendo, incluso sin respetar la restricción horaria establecida en la Ley General de Defensa de las Personas Consumidoras, que establece en su artículo 96.2 que “en ningún caso, las llamadas telefónicas se efectuarán antes de las 9 horas ni más tarde de las 21 horas ni festivos o fines de semana”, y sin que las empresas consulten previamente los registros de exclusión publicitaria (Lista Robinson).

Además, cuando las personas afectadas manifiestan que no desean seguir recibiendo llamadas comerciales, las entidades no suele registrar esta petición y las llamadas no cesan.

Ante esta situación, se recomienda a las personas usuarias que soliciten por escrito el cese de las llamadas comerciales y, en caso de que estas continúen, reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

No obstante, acabar con estas prácticas no puede quedar únicamente en manos de las personas afectadas. Las autoridades competentes deben llevar a cabo una labor de inspección y, en su caso, ejercer su potestad sancionadora de forma disuasoria y modificar la normativa vigente, de manera que la publicidad comercial directa solo se pueda llevar a cabo partir del consentimiento expreso.

Un tesoro medieval sin parangón en el mundo

ESFERA CULTURAL

UN TESORO MEDIEVAL SIN PARANGÓN EN EL MUNDO

El Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona pone a disposición del público en formato digital parte de sus fondos, que incluyen registros notariales desde 1221.
JULIÁN DÍEZ
Solo los volúmenes que superan el siglo de antigüedad, que es posible consultar sin otra justificación que el interés académico, ascienden a 40.000.

La incuestionable importancia de los protocolos notariales como testimonio histórico tiene un punto de referencia mundial en Barcelona. Solamente Génova cuenta con documentos tan tempranos, con un volumen considerable, aunque sin llegar a la abundancia que atesora el Archivo de Protocolos Históricos del Colegio Notarial de Cataluña, que desde 2014 está poniendo los de origen medieval a disposición de profesionales o simples curiosos por la historia en su página web.

 

LA INCUESTIONABLE IMPORTANCIA DE LOS PROTOCOLOS NOTARIALES COMO TESTIMONIO HISTÓRICO TIENE UN PUNTO DE REFERENCIA MUNDIAL EN BARCELONA

 

Siglos XIII y XIV

Hasta el momento se ha digitalizado la práctica totalidad de los registros existentes de los 196 notarios que iniciaron su actividad en la capital catalana antes de 1451. En total 3.336 documentos de más de 3.500 volúmenes. Un proceso que se inició en 2014, con la disponibilidad online de 250.000 imágenes correspondientes a los siglos XIII y XIV, a la que siguieron otras cinco fechas de subida de material. Las dos últimas se dieron el pasado mes de junio, cuando se hicieron coincidir con el Día Internacional de los Archivos que se celebra por propuesta de la UNESCO desde 1948 y con el aniversario de la inauguración de la sede del Colegio Notarial de Cataluña, hace 142 años.

“Tenemos la intención de llevar a cabo la digitalización de los fondos de notarios que se incorporaron a la profesión posteriormente, si bien no se puede dar ahora mismo un calendario”, señala Antoni Albacete. Este doctor en Historia y Graduado Superior en Archivística y Gestión Documental lleva en el colegio notarial desde abril de 2020 y es director técnico de Investigación y Difusión del Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona desde 2022.

La tarea de digitalizar todo ese archivo histórico se adivina ingente: solo los volúmenes que superan el siglo de antigüedad (los que es posible consultar sin otra justificación que el interés académico) ascienden a 40.000, que ocupan unos 5.000 metros lineales de estanterías. También es posible solicitar la consulta física en un edificio histórico de la calle Notariat, número 4. Allí existe una moderna sala de trabajo con 26 puntos de lectura, una selecta biblioteca de referencia, y la posibilidad de visitas comentadas o el uso para clases universitarias relacionadas con la temática notarial.

Gestor documental

El gestor documental que soporta la sección de archivo digital del colegio notarial ha recibido un nombre significativo para la historia del Notariado: Aurora. Según el propio colegio, se trata de “un homenaje a la conocida obra inacabada de Rolandino de’Passageri”, el llamado príncipe de los notarios boloñés, que en esa obra del siglo XIII “usó por primera vez el tenor literal de las fórmulas documentales para glosar y difundir el conocimiento sobre el ars notariae”.

 

SE HAN DIGITALIZADO 750.000 IMÁGENES DE LOS PROTOCOLOS DE LOS 196 NOTARIOS BARCELONESES QUE INICIARON SU ACTIVIDAD ANTES DE 1451

 

¿Qué tipo de material es posible encontrar en esa documentación medieval que ya se encuentra disponible? Explica Antoni Albacete que “hay documentos de todos los estratos sociales. En el caso catalán, especialmente, la figura del notario está muy inserta en la sociedad, ya que se acude a él para elevar a público numerosos actos privados referentes a todo tipo de cuestiones”.

Una particularidad de los protocolos catalanes es que la entrega de la escritura pública original al otorgador fue el procedimiento seguido durante muchos años, muchos más que en el resto de los territorios de la corona hispánica. Por ello, todo el material medieval que se encuentra escaneado en el archivo son copias y no matrices. El documento original era redactado en un pergamino que se entregaba al otorgante, mientras el notario conservaba una copia registrada. Mientras que este fue el procedimiento habitual en toda la Edad Media, en Castilla cambió a partir de 1503 con la aplicación de la Pragmática de Alcalá, que sin embargo no se siguió en Cataluña hasta 1736 para los notarios no colegiados y 1755 para los colegiados.

Antoni Albacete explica que “estas copias registradas se clasifican en series que recogen los asentamientos, por un lado, en los diversos estadios de redacción del documento original, y, por otro lado, series de libros especiales que reúnen documentos de la misma tipología. Las más comunes son los testamentos o capítulos matrimoniales. En función de la clientela de los notarios se generaban libros donde concentraban los documentos del mismo tipo, para una mejor gestión de la producción documental».

En cuanto a los temas, son tan variados como cabría esperar. Un apartado especialmente numeroso que hoy resulta sorprendente es el de los documentos relacionados con esclavos y libertos: “Barcelona, durante los siglos XIV y XV, fue un centro de primera magnitud como mercado de esclavos, junto con Génova o Venecia. Tanto asistía a la demanda interna de la ciudad y Cataluña en general (contando con los condados del norte que pasaron a Francia con el Tratado de los Pirineos de 1659), como servía de centro de reexportación a otras plazas comerciales mediterráneas”, señala Albacete.

Asimismo, encontramos documentos sobre minorías confesionales -musulmanas y judías- y gran cantidad referidos a las compañías mercantes de la época, tanto catalanas como italianas y del norte de Europa. Igualmente hay volúmenes centrados en la actividad de los órganos de gobierno de la cancillería real, o de gremios y cofradías. En ambos casos, el notario en cuestión también ejercía de escribano de esos estamentos.

Curiosos pedazos de historia

En la web del Colegio Notarial de Cataluña se presenta cada mes un documento llamativo o curioso que da testimonio de la relevancia histórica de lo conservado en su Archivo de Protocolos. Así, a lo largo del último año, han sido mostrados por ejemplo el contrato de compraventa de uno de los terrenos en los que se ubica la Sagrada Familia, del 8 de noviembre de 1881; la confirmación por parte de dos testigos de la actuación de un cirujano célebre de la época que permitió recuperar la vista a un militar que la había perdido por la extracción de una muela, en diciembre de 1765; o la constitución de la compañía que habría de construir el primer ferrocarril en territorio español: la línea Barcelona-Mataró, en 1844.

Los fondos medievales digitalizados por el Colegio Notarial de Cataluña se encuentran disponibles en su web.

VER WEB
Un apartado especialmente numeroso que hoy resulta sorprendente es el de los documentos relacionados con esclavos y libertos.
Del latín medieval al catalán
Los documentos digitalizados por el Archivo de Protocolos en la época medieval están redactados en su inmensa mayoría en latín, como explica Antoni Albacete: “El catalán entra muy pronto (siglo XIV) para los documentos más personales, como testamentos y capítulos matrimoniales, pero el latín es la lengua más común. Las dos lenguas convivirán en siglos sucesivos, pero el catalán irá progresivamente prevaleciendo para ser el empleado de forma mayoritaria”. Ese proceso quedará interrumpido cuando, tras la Guerra de Sucesión de comienzos del siglo XVIII, la centralización del Estado promovida por la dinastía borbónica prohibirá el uso del catalán para obligar en toda la documentación pública el empleo del castellano. El catalán se recuperará posteriormente a través de distintas etapas hasta su uso normalizado actual.

OTRAS FUENTES

Una muestra del trabajo que los historiadores pueden llevar a cabo a partir de este material se encuentra en los números publicados de la revista “Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols”

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Entrevista a Iván Macías, compositor

ESFERA CULTURAL

IVÁN MACÍAS

Compositor

“West Side Story es el mejor musical de todos los tiempos”

Precoz en todo lo que ha emprendido -con trece años consigue el título de Profesor de Piano con Matrícula de Honor y el Premio Honorífico Fin de Carrera-, Iván Macías (Moguer, 1982), tras su etapa de concertista, dio un salto de gigante al Teatro Musical, hasta convertirse en uno de los mayores exponentes del género. En noviembre afrontará su desafío más ambicioso con el estreno absoluto un nuevo título, Los pilares de la tierra, a partir de la popular novela del británico Ken Follett.

JUAN ANTONIO LLORENTE

¿Cuándo vio su primer musical?

Hace muchísimos años. Siendo un niño, en Huelva o en Sevilla, no recuerdo bien. Era un espectáculo en gira…

Parece que aquella primera incursión no le marcó.

La verdad es que no. Luego, desde que empecé a viajar a Madrid, creo haber visto prácticamente todo. Los Miserables fue el primer espectáculo que me deslumbró, al comprobar que un musical puede estar cercano a la revista o a una ópera popular.

Hoy se anota como compositor El médico, El tiempo entre costuras, La historia interminable, Quién mató a Sherlock Holmes… ¿Me dejo alguno?

Uno que no se ha estrenado en Madrid a nivel profesional. Se llama Germinal y fue el primero. Ahora viene Los pilares de la Tierra, el quinto que presentamos en la capital, y ya hemos anunciado que estamos en el proceso de completar una obra dramático-musical: Patria. Y tocar ese tema son palabras mayores.

 

“‘LOS MISERABLES’ FUE EL PRIMER ESPECTÁCULO QUE ME DESLUMBRÓ, AL COMPROBAR QUE UN MUSICAL PUEDE ESTAR CERCANO A LA REVISTA O A UNA ÓPERA POPULAR”

 

¿Tiene referentes a la hora de componer?

Escucho muchísimo. Me encantan John Williams y Hans Zimmer, tan distintos y a la vez tan maravillosamente complementarios. Williams, ahí está su Thomas and the King, es el maestro a la hora de instrumentar y describir una historia con música, algo que le viene muy bien al teatro. En Superman, la música cuenta la historia. No se entendería la película sin Williams…Hasta que vino Zimmer haciendo lo contrario, con una música nada narrativa apoyando la acción. Me parecen dos maneras geniales de plantear una obra.

Se ha ido a referentes del cine. ¿En musical no tiene?

Después de haber visto tantos, sin duda sería Bernstein. West Side Story es el mejor musical de todos los tiempos. Al haber sido Los Miserables el primer musical en deslumbrarme, me influyó mucho Claude-Michel Schönberg, de quien luego vinieron Miss Saigón, Martin Guerre… Y me interesa lo que están haciendo nuevos compositores como Lin-Manuel Miranda con su Hamilton.

¿Dónde deja a Sondheim?

Su trabajo es muy interesante, pero queda bastante lejos de mi tradición musical. La de Sondheim es distinta, mucho más americana.

¿Libro que lee, música que crea? ¿Qué le pide para dar el primer paso?

Una historia que contar y unos personajes con ese punto capaz de enganchar al público, a los que estamos deseando dar vida. Aunque dicho así, creo que casi todos los libros son susceptibles de trasladarse al musical. Cuando me propuse hacerlo con El médico, y luego El tiempo entre costuras, me decían: ¿Cómo vas a hacer esa obra? Es imposible. Ahora le ha llegado al ¿cómo vas a hacer Los pilares de la tierra? Y creo que es posible, porque la música viaja muy rápido, haciendo que el público sienta y viva de manera más acelerada las emociones que se cuentan en las páginas de un libro.

El público, entonces, pide historia y personajes. ¿Cuál de los dos ingredientes le inspira más para trabajar?

Sin duda, una buena historia. Un texto que emocione. La palabra clave es emoción. Si el espectador entra en la historia y se emociona en cualquiera de sus estados, sale con la sensación de que ha valido la pena pagar la entrada. Una de las críticas más bonitas que nos hicieron, creo que fue con El médico, era que durante tres horas te olvidabas de mirar el WhatsApp. Parece una tontería, pero hoy todo el mundo está pendiente del teléfono como herramienta de trabajo. Y con El médico puedes reír, llorar… y para eso hace falta una historia poderosa.

¿Juega a favor el que detrás haya un libro conocido o le apetece descubrir y apostar?

Que sea un libro conocido ahorra muchísimo de explicar. Cuando hablas de El tiempo entre costuras o Los pilares de la tierra, el público sabe qué va a ver. En España se compra mucho todavía la marca, no como en Broadway. Entre los nominados a los Tony, muchas obras no son para nada conocidas. Aquí ese trabajo queda aún por hacer. Por otra parte, cuando tienes la marca, ganas mucho tiempo de comunicación también en lo que respecta al sponsoring. Si un libro ha vendido diez o veinte millones de copias es por algo.

Recuerde lo de los cien millones de moscas…

…se pueden equivocar. Pero también necesitamos moscas que compren entradas. Además, siendo mi formación clásica, soy bastante tolerante al respecto e insisto, algo tiene un libro para que venda tantísimo. En el caso de Los pilares de la Tierra hablamos de doscientos millones de copias, porque es una de las novelas más vendidas de la historia. Pero también hay muchos libros que cuando los leo pienso: ¡qué preciosidad sería esto en un escenario…!

¿Llegarán?

Si Dios quiere.

Inspirándole tanto la poesía como la prosa, ¿por qué no poner música a su paisano?

Juan Ramón Jiménez tiene una historia increíble para un proyecto en torno al Diario de un poeta recién casado, que no salió adelante. Se podrían hacer maravillas. Ahí hay una deuda pendiente, porque soy moguereño. Pero estamos ante el problema de que el teatro público musical casi no existe. Y desde el punto de vista privado, es muy caro hacerlo y hay que recuperar la inversión. Por eso la insistencia en que sea comercial, porque tienen que venderse localidades.

¿Le resultó tan fácil convencer a Ken Follett como en su momento a Noah Gordon, cuando le dijo «estoy escuchando mi libro…»?

No puede ser fácil conseguir los derechos de Los pilares de la tierra. Y no lo fue llegar a convencerle de llevar al teatro su obra a gente que no conoce. Hubo una labor previa durísima, y un trabajo artístico muy sólido hasta poder mostrarle varios números compuestos para el musical. Pero es un hombre muy interesante con quien se puede hablar. Entendió rápidamente lo que queríamos hacer y depositó en unas personas de Huelva su obra cumbre.

 

“ESTAMOS EN EL PROCESO DE COMPLETAR UNA OBRA DRAMÁTICO-MUSICAL: ‘PATRIA’. Y TOCAR ESE TEMA SON PALABRAS MAYORES”

 

Haga un spoiler. ¿Qué aporta de novedoso en Los pilares?

La partitura es grandiosa. En el proceso de instrumentación, vimos que era catedralicia, muy visual. Va a recordar mucho a las películas de este género en el cine, porque es muy cinematográfica. Estoy muy contento con el resultado porque, a pesar de ser una partitura grande, tras numerosas lecturas y pases, comprobamos que es bastante ligera en su comprensión. Creo que el público va a salir impactadísimo de las dos horas veinte que dura el espectáculo, en el que no deja de suceder cosa tras cosa.

Generando la música, pensando en el color de la voz del personaje, ¿tiene decidido quién será, para cortarle un traje a medida?

En mi cabeza sé quién me gustaría que lo cantara. Después habrá que rematar ese traje a medida. Recuerdo la anécdota de Mozart cuando le dijeron que le faltaba un aria. «Sí, respondió, pero no lo voy a hacer hasta que conozca a la primadonna«. La componía sobre la marcha. Sin llegar a ese punto, tengo muy claro el color de la voz y el artista que me puede inspirar al componer una melodía, una canción, una escena o lo que sea. En el casting se elegirá a quien mejor encaje en el perfil que buscamos. Luego, a sus trajes habrá que hacerles ciertas costuras para que resulten como escritos para ellos.

¿En alguna ocasión se lo ha contado a quien fue su musa mientras componía?

Si, porque he tenido la gran fortuna de trabajar con muchos de los mejores del sector. Y claro que les digo: esto ha sido inspirado pensando en ti. Pasó con Sherlock Holmes, una obra gestada durante el Covid, donde cada personaje fue creado para casi todos los que los acabaron cantando. La obra fue un tiro, cada cual con el traje a su medida.

¿Dónde encontrarle?

Procrastinador que no se da tregua, hasta la foto del estreno de Los Pilares de la Tierra, junto a Ken Follett, que ha confirmado su presencia, podemos intuir a Iván Macías dando forma a algún ambicioso proyecto. Como Patria, la obra de Fernando Aramburu, cuyo advenimiento ya ha anticipado.

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Leer un cuadro: Sagunto, grupo escultórico

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CONVENIO EL PRADO-FUNDACIÓN NOTARIADO

CLAVES DE LA OBRA

Autor: Querol y Subirats, Agustín
Fecha de creación: 1888
Material: Mármol
Ubicación: Expuesto en la sala 75
Medidas: 94 x 230 x 120 cm.

‘Sagunto’

Entre las obras expuestas en el Museo del Prado siempre me ha llamado la atención el grupo semicolosal Sagunto, de Agustín Querol y Subirats (Tortosa, 1860 – Madrid, 1909), por varias razones: la primera porque acometía un tema histórico dramático y difícil de resolver.

LETICIA AZCUE BREA,

Jefa de Conservación de Escultura y Artes Decorativas

Es una escena que representa al pueblo de Sagunto resistiendo hasta la muerte, en el momento en que una madre se suicida clavándose un cuchillo en el pecho después de haber dado muerte a su hijo, para evitar que los soldados cartagineses, al mando de Aníbal, los capturaran, en el asedio del año 219 a. de C. Querol trasmitió con elocuencia los más hondos sentimientos de violencia, dolor, desesperación, y, por ende, la fortaleza de una mujer.

La segunda razón es comprobar la destacada capacidad artística que ya mostraba su escultor, que estaba perfeccionando su formación como pensionado de número en la Real Academia de España en Roma. En su último envío reglamentario en 1888 remitió esta composición de gran calidad en escayola, con desnudos de formas muy contundentes y posiciones realmente difíciles.

Y la tercera, por el llamativo formato, y por las dificultades que conlleva el moverlo, dado el peso y el tamaño. Para los escultores pensionados en Roma, sus envíos reglamentarios por barco desde Italia, y luego por caminos pedregosos desde la costa española hasta Madrid, en este caso una escayola que pesaba 800 kilogramos, siempre fueron una odisea.

 

QUEROL TRASMITIÓ CON ELOCUENCIA LOS MÁS HONDOS SENTIMIENTOS DE VIOLENCIA, DOLOR, DESESPERACIÓN, Y, POR ENDE, LA FORTALEZA DE UNA MUJER

 

De escayola a mármol

La obra, todavía en escayola, no solo hizo este viaje, sino que también fue enviada a Múnich en 1897. Una vez tallada en mármol de Carrara, pesando 1.600 kilogramos y con la complejidad que ello supone, fue una de las ocho obras que Querol envió a la Universal de París en 1900. El grupo fue presentado públicamente en Madrid en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1906, consiguió la medalla de honor, y fue adquirido en 1908 por el Estado para el Museo de Arte Moderno.

Este Museo, instalado entonces en una planta de la Biblioteca Nacional, optó, ante la falta de espacio, por exhibir en el jardín varios de los grandes formatos que tenía en mármol, un criterio que hoy no compartiríamos, pero que entonces era válido. Sagunto se expuso a la intemperie durante décadas, hasta que en 1971 fue una de las obras incorporadas a los fondos del Museo del Prado y pasó al interior del Casón del Buen Retiro. Ello explica por qué la superficie de las figuras no es lisa y homogénea, está descarnada, un testimonio mudo pero muy elocuente de la propia historia de la obra. Y finalmente me recuerda cómo la vida de un exitoso escultor, artífice de los Pegasos que coronaban el actual Ministerio de Agricultura o del frontón de la fachada de la Biblioteca Nacional, entre otras obras, quedó truncada con tan solo cuarenta y nueve años.

Absentismo laboral

EN SOCIEDAD

ABSENTISMO
LABORAL

Las bajas motivadas por problemas de salud mental entre la población ocupada se han incrementado casi casi un 120% en los últimos siete años.
El absentismo laboral ha llegado a niveles récord en España, al situarse en una tasa del 7,2% en el último trimestre de 2023. El coste que suponen para la Seguridad Social y las empresas las bajas por enfermedad y accidentes no laborales se ha incrementado un 74% en los últimos cinco años. Son cifras que hacen necesaria una reflexión para prevenir y gestionar este problema.
ELVIRA ARROYO

El número de personas que no acuden en España a su puesto de trabajo por enfermedad común o por otras razones aumenta de forma inquietante. El XIII Informe Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo, publicado en junio de 2024 por The Adecco Group Institute, confirma que en 2023 la tasa media de absentismo fue del 6,8%, una cifra solo mayor en 2020 -año en que comenzó la pandemia del Covid-19-, cuando se alcanzó un 7,1%. Sin embargo, los datos trimestrales más recientes han superado este porcentaje, al registrarse en el último trimestre de 2023 una tasa de absentismo del 7,2%.

En el año 2000 España tenía un absentismo del 3,7% y hasta 2017 nunca se había superado el 5%. Con los datos actuales, Adecco destaca que en 2023 1.115.840 asalariados no trabajaron durante todo el año.

Asimismo, el último informe trimestral de absentismo laboral de Randstad Research recuerda que un día cualquiera del cuarto trimestre de 2023 no fueron a trabajar 1,4 millones de personas, un 10% más que en el trimestre anterior. De ese total 1.075.073 personas tenían una baja médica o incapacidad temporal (IT). Según estos datos, el absentismo provocó la pérdida de un 6,5% de las horas pactadas, mientras que el absentismo por IT supuso la pérdida de un 5% de las horas pactadas.

 

UN DÍA CUALQUIERA DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2023 NO FUERON A TRABAJAR 1,4 MILLONES DE PERSONAS, UN 10% MÁS QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR

 

Distribución geográfica

Por comunidades autónomas, el País Vasco es la comunidad autónoma con un nivel de absentismo más elevado (8.4%), seguida de Asturias y Canarias, ambas con un 8,2%. Las tasas más bajas corresponden a Cataluña, con un 6,7%, la Comunidad de Madrid (6,9%) y Baleares (6,9%).

Al analizar las bajas médicas por contingencias comunes, el Estudio sobre la Incapacidad Temporal y Siniestralidad, realizado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), señala que la mayor incidencia corresponde a Navarra y Cataluña, con 600 bajas por cada 1.000 trabajadores protegidos; y la menor a Extremadura, Asturias y Galicia, con menos de 300 bajas. Igualmente, la duración de los procesos tiene importantes variaciones entre comunidades autónomas: mientras en Extremadura y Galicia superan los 60 días de media, en Baleares, Madrid, Cataluña o Navarra la duración media de las bajas es de 25 días o menos.

Coste

Más de 8 millones de las ausencias laborales de 2023 se debieron a bajas médicas por enfermedades y accidentes no laborales que, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), supusieron un gasto de más de 25.300 millones de euros para la Seguridad Social y las empresas, un 74% más que hace cinco años.

AMAT subraya que los trámites burocráticos y las largas listas de espera de la sanidad pública agravan aún más el impacto económico de esas incapacidades temporales. En 2023 las listas de espera de los sistemas públicos de salud alcanzaron los 101 días de media, siendo de 108 días en las patologías traumatológicas. Según AMAT, la agilización administrativa permitiría reducir a la mitad el tiempo de recuperación de los trabajadores diagnosticados con enfermedades traumatológicas, lo que evitaría un gasto innecesario de 2.630 millones de euros.

 

LAS MUTUAS REITERAN SU VOLUNTAD DE TENER MAYORES ATRIBUCIONES EN LA GESTIÓN SANITARIA PARA MITIGAR LA SATURACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA

 

Causas

El absentismo laboral no es solo un problema de España. Entre 2014 y 2022 aumentó una media del 0,6% en la Unión Europea, mostrando una tendencia creciente en todos los países, salvo en Bulgaria, Luxemburgo, Países Bajos y Alemania.

The Adecco Group Institute recuerda que el absentismo es la consecuencia de diversos factores interrelacionados entre los que menciona:

  • El envejecimiento de la población laboral.
  • El aumento de las listas de espera de atención primaria, consultas externas y listas quirúrgicas.
  • Las limitaciones en la colaboración público-privada.
  • La dificultad para conciliar la vida familiar y laboral.
  • Y algo que ha adquirido protagonismo en los últimos años: la mayor presencia de las enfermedades mentales.
Las ausencias por bajas médicas supusieron en 2023 un gasto de más de 25.300 millones de euros para la Seguridad Social y las empresas

Concretamente, las bajas motivadas por problemas de salud mental entre la población ocupada se han incrementado casi un 120% en los últimos siete años (2016-2023) y la duración media de estas bajas es de 108 días. El 32% de los trabajadores españoles afirman que su salud mental ha empeorado en el último año y el 25% de las empresas consideran que una cuarta parte de su plantilla se vio afectada en 2023 por trastornos psicológicos como ansiedad, depresión o estrés postraumático.

Por su parte, CEPYME (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) añade que la evolución del absentismo viene determinada por el ciclo económico (el temor a perder el empleo está relacionado con la coyuntura económica, de manera que cuando el PIB cae también se reducen las horas no trabajadas por IT y viceversa). Asimismo, la ampliación de algunos permisos reconocidos legalmente ha incrementado las ausencias laborales no ligadas a las bajas médicas.

En todo caso, la solución no es fácil pero las cifras apremian. Es fundamental que las empresas activen planes internos de gestión del absentismo que permitan medir y corregir determinados indicadores y que fomenten los hábitos saludables y el bienestar de su personal. Desde AMAT y CEPYME reiteran la voluntad de las mutuas de tener mayores atribuciones en la gestión sanitaria para mitigar la saturación de la atención médica. Sin duda, un reto complejo para todos los agentes implicados.

Sectores con menor absentismo
Sector Tasa de absentismo
Actividades relacionadas con el empleo 2,5%
Actividades jurídicas y de contabilidad 2,9%
Edición 2,9%
Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática 3,1%
Actividades cinematográficas, de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical 3,3%
Investigación y desarrollo 3,5%

Sectores con mayor absentismo

SectorTasa de absentismo
Actividades de juegos de azar y apuestas9.9%
Asistencia en establecimientos residenciales9,5%
Actividades sanitarias9,2%
Actividades de servicios sociales sin alojamiento9,2%
Servicios a edificios y actividades de jardinería8,9%
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques

Fuente: Randstad Research		8,8%
Lo que cuestan las prestaciones

% del PIB destinado a prestaciones por incapacidad temporal en la Unión Europea (2021)

Países Bajos y Alemania2%
Suecia1,5%
España1,4%
Luxemburgo1,3%
Eslovenia y Croacia1,2%
Media de la UE-271,2%
Finlandia1,1%
Austria y Bélgica1%
Eslovaquia, Polonia y Letonia0,9%
Lituania, Francia, Dinamarca y Chequia0,8%
Portugal, Malta y Bulgaria0,6%
Hungría, Chipre, Italia y Estonia0,5%
Rumanía e Irlanda0,3%
Grecia0,2%

Fuente: Eurostat. Estudio socioeconómico de la evolución de incapacidad temporal y siniestralidad en España, Umivale Activa y el Ivie. Febrero 2024.

Para saber más

XIII Informe Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo. The Adecco Group Institute. Junio 2024 (descarga del informe completo previo registro).

VER MÁS

Informe trimestral de absentismo laboral. Junio 2024. Ranstad Research.

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El Absentismo Laboral derivado de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes (ITCC). Ejercicio 2023. Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT)

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«¿Aumenta el absentismo o empeora nuestra salud?», por Unai Sordo

EN SOCIEDAD

UNAI SORDO,

secretario general de Comisiones Obreras

“Desde Comisiones Obreras hemos propuesto la creación de un observatorio para el seguimiento de la incapacidad temporal por enfermedad común"

¿Aumenta el absentismo o empeora nuestra salud?

DE FORMA RECURRENTE se publican estudios sobre el absentismo laboral en España y los titulares a menudo son similares y, habitualmente, escritos con trazo grueso. En general suelen concluir que nos encontramos “ante el peor dato de absentismo de la historia de España” y se relaciona con riesgos sobre la evolución de la productividad, lo costes empresariales y la competitividad de nuestra economía.

No es casual este análisis poco refinado, relacionado en mi opinión con el intento de desmerecer la compatibilidad entre las políticas laborales implementadas en los últimos años, con la mejor evolución del empleo y el mejor desempeño de la economía de nuestro país. Y es que, en los años transcurridos desde la pandemia, no solo se ha intervenido sobre el modelo de contratación o los salarios mínimos, también se han desplegado centenares de planes de igualdad y se han impulsado políticas de conciliación y corresponsabilidad, que debieran tener como futuro resultado la ruptura de los sesgos de género que perviven en el mercado laboral y que, como se sabe, lastran de forma especial las carreras laborales de las mujeres cuando en esas carreras interfieren los cuidados de personas dependientes.

Toda la secuencia de medidas legislativas se está demostrando compatible con una mejora de los niveles de empleo, de la evolución de la productividad o los saldos de las balanzas exteriores. ¿Qué tiene esto que ver con el absentismo? Bastante, como trataré de explicar. Hay que abordar el absentismo de forma rigurosa haciendo un análisis pormenorizado de los datos, pero también de los conceptos que a veces encierra la palabra. Para ello lo primero que habría que definir es qué entendemos por absentismo laboral, porque a día de hoy no hay una definición consensuada. La Real Academia de la Lengua dice que es “la abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación; o abandono habitual del desempeño y deberes propios de un cargo”. Por su parte quienes promueven algunos de los informes al respecto, que luego tienen una indiscutible fortuna mediática, también manejan sus propias definiciones. Adecco lo define como “abstención deliberada de acudir al lugar donde se cumple una obligación”; y Randstad como “la ausencia del trabajador a su puesto de trabajo cuando estaba prevista su presencia”. Es decir, que definen como absentismo todo aquello que no sea estar presente en el trabajo, aunque esa ausencia esté vinculada con el ejercicio de algún derecho como las vacaciones, los permisos de maternidad o paternidad, los días de asuntos propios o las horas de representación sindical. Todos estos derechos recogidos en leyes, normativas legales o en la negociación colectiva.

Otro motivo al que se alude como principal causante de estas ausencias son las incapacidades temporales y las bajas de toda la vida, si bien resulta curioso que no distingan entre aquellas vinculadas con contingencias comunes, como una gripe, con contingencias profesionales, relacionadas con un accidente de trabajo, o una enfermedad profesional.

A todo esto se añadiría un tercer epígrafe, de menor dimensión, cuando las causas del absentismo están relacionadas con las faltas injustificadas, la falta de rendimiento en el trabajo o los retrasos en el horario, ámbitos donde la empresa tiene margen para ejercer su potestad disciplinaria, aunque la incidencia de estas causas en general es escasa.

Pero yendo al grueso del asunto, lo que sí sabemos es que se está produciendo un aumento de las incapacidades temporales por contingencias comunes en bajas prolongadas desde 2013. ¿Estamos ante una sociedad que está perdiendo salud? ¿Analizamos cómo y por qué nos enfermamos? ¿Hay una falta de atención a la salud en ciertos ámbitos, como en la salud mental, donde precisamente las relaciones laborales pueden representar un factor de riesgo? A estas preguntas se les debe dar una respuesta urgente. Y por ello es importante redefinir las estadísticas y homologar la información. Tanto las mutuas respecto de los trabajadores a los que dan cobertura, como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, tienen datos que debieran ser conocidos por los agentes sociales para tener una foto de la realidad. Por eso desde Comisiones Obreras hemos propuesto la creación de un observatorio para el seguimiento de la incapacidad temporal por enfermedad común en el que estén las organizaciones empresariales y sindicales con el objetivo de evaluar los datos e identificar las patologías con mayor prevalencia.

Por otra parte, todos detectamos cómo se ha ralentizado la respuesta médica de los sistemas públicos de salud, con retrasos en las primeras citaciones, en la medicina especializada, o el alargamiento de los tiempos para intervenciones quirúrgicas y rehabilitaciones. Estos retrasos repercuten en la recuperación de las personas, y más en una población como la española, crecientemente envejecida. Desde el sindicato demandamos un aumento de las inversiones, con especial atención a la atención primaria y a la medicina preventiva, todavía lastradas por los recortes de la época de la austeridad.

Las incapacidades derivadas de causas profesionales deben abordarse desde una mejora de las condiciones laborales. La reducción del tiempo de trabajo, evitar en la medida de lo posible los desplazamientos, la extensión de las jubilaciones anticipadas o unas cargas de trabajo asumibles, deben incidir en una reducción de las bajas profesionales y, por tanto, de las tasas de absentismo.

En definitiva, abordar una cuestión de esta relevancia requiere un análisis pormenorizado de las causas. Desde Comisiones Obreras estamos comprometidos en buscar soluciones al absentismo real y esto pasa fundamentalmente por mejorar la atención sanitaria y la recuperación de la salud de los trabajadores y trabajadoras.

Apoyos y cuidados de personas adultas y mayores

ESPACIO AEQUITAS

APOYOS Y CUIDADOS DE PERSONAS ADULTAS Y MAYORES

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires albergó a finales de agosto el Congreso Mundial Apoyos y Cuidados de Personas Adultas y Mayores. Con cerca de doscientos ponentes de los cinco continentes que participaron en talleres prácticos, conferencias y sesiones plenarias monográficas.

JOSÉ M. CARRASCOSA
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Cartel del Foro.

El foro -presidido por la jurista argentina Isolina Dabove- fue organizado por International Guardianship Network, una institución global nacida con el objetivo de difundir las convenciones de la ONU (de protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad) y de la Organización de Estados Americanos –OEA- (sobre protección de los derechos humanos de las personas mayores). El acto de inauguración estuvo presidido por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Catedráticos y profesores universitarios, jueces, fiscales, notarios, médicos, psiquiatras, mediadores, representantes institucionales y del movimiento asociativo, psicólogos, abogados, terapeutas, gerontólogos, trabajadores sociales… -procedentes de Europa, Norteamérica, América Latina; Asia, África y Oceanía- analizaron en profundidad temas como: internamientos voluntarios; ética de los cuidados paliativos; apoyos y cuidados en situaciones de emergencias y catástrofes; salud mental, autonomía y dependencia; salud digital y robótica; apoyos y cuidados en cárceles; diversidad cultural, personas y comunidades indígenas; cultura, deporte y vida plena; etcétera.

 

CON MÁS DE 200 PONENTES DE LOS CINCO CONTINENTES, EL CONGRESO ABORDÓ DE MANERA GLOBAL Y MULTIDISCIPLINAR LA PROTECCIÓN DE LOS MAYORES

 

Representación de Æquitas

La Fundación Æquitas estuvo representada por su directora y su director adjunto -Almudena Castro-Girona (presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado. En la sesión plenaria Panorama mundial. Europa: De la curatela al sistema de apoyos para la toma de decisiones) y Francisco González (abogado especialista en discapacidad, en el panel de debate Actos de autoprotección y poderes preventivos)- respectivamente. También asistieron los patronos Inmaculada Vivas (catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla. Ejercicio de los apoyos en el consentimiento informado); José Luis Seoane (magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Determinación de la capacidad jurídica e interdisciplinar), y Gonzalo López Ebri (ex teniente fiscal de la Comunidad Valenciana. Autonomía, capacidad jurídica y vida independiente).

Para Inmaculada Vivas, “en España, el adulto mayor no cuenta con un marco normativo diferenciado por el mero hecho de tener arrugas. Sin embargo, sí debe prestársele atención y apoyo cuando, por su fragilidad, no puede tomar decisiones concernientes a su salud. El ordenamiento jurídico actual debe contemplar un sistema de apoyos e instrumentos eficaz y respetuoso con la libre autodeterminación de la persona mayor y resolver las situaciones en las que se prescinde de sus deseos y preferencias”.

Según Gonzalo López Ebri, “el derecho a la tutela judicial no puede comprenderse desconectado de la realidad en la que se desenvuelve. La ley nunca será igual para todos si todos no están en la misma situación, tanto en la relación jurídico material como procesal”.

José Luis Seoane puso de manifiesto la labor realizada por los notarios a la hora de reforzar la protección jurídica de los mayores: “La función notarial constata el consentimiento de estas personas mayores mediante la valoración de su capacidad como otorgantes, lo que supone una garantía preventiva esencial del sistema al denegar la aprobación de negocio jurídico si, a juicio del notario, no se cumplen las condiciones para celebrar y comprometerse contractualmente”.

Francisco González señaló que “los poderes preventivos y los acuerdos de apoyo son herramientas legales muy útiles que permiten a las personas planificar y delegar la toma de decisiones en caso de una futura falta de capacidad. Estos documentos ofrecen una forma de protección y control sobre los asuntos personales, financieros y legales en situaciones de vulnerabilidad. Hay que considerar la creación de estos poderes como parte de una planificación legal integral para garantizar que los deseos y necesidades de una persona sean atendidos de manera adecuada en el futuro”.

Por último, Almudena Castro-Girona hizo hincapié en la trascendencia de la Ley 8/2021 en nuestro país (que cumple este mes de septiembre el tercer aniversario de su entrada en vigor): “Ha sido la mayor reforma del ordenamiento jurídico español y de nuestra época democrática. Esta ley supone la eliminación de los sistemas de sustitución en la toma de decisiones y la adopción de los sistemas de apoyo consagrados por las normas internacionales”.

Inauguración: Isolina Dabove y Horacio Rosatti.
Soledad Cisternas, ex enviada especial del secretario general de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad y colaboradora de la Fundación Æquitas
Página congreso
Almudena Castro- Girona (a la derecha de la imagen) durante su intervención en el salón de actos de la la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
25 Aniversario

Este otoño se celebrará el 25º aniversario de la creación de la Fundación Aequitas. Durante el último trimestre del año tendrán lugar diversos actos relacionados con el programa de actividades puesto en marcha para conmemorar esta efeméride, entre los que cabe destacar la entrega de los premios Héroes Anónimos y Altavoz.

El galardón Héroes Anónimos nació con la finalidad de reconocer una actuación desconocida públicamente y desarrollada por una persona o entidad que pueda ser considerada un ejemplo en la inserción social de las personas con discapacidad, con el objetivo de dar visibilidad a su esfuerzo por conseguir el reconocimiento de los derechos de ese colectivo y contribuir a su inserción social. El 21 de febrero comenzó la difusión pública del premio; el 15 de junio -fecha de plazo del envío de candidaturas- se habían recibido más de cien por correo postal y electrónico. Una comisión de patronos de la Fundación seleccionará detenidamente el ganador, que será hecho público en noviembre y que recibirá una compensación de 12.000 euros.

Por su parte, el Premio Altavoz -dotado con 8.000 euros, que serán destinados a una acción social concreta elegida por el premiado cuyo objetivo sea la inclusión social de colectivos más vulnerables- se concederá a alguna persona con discapacidad de reconocida relevancia y cuya vida sea un ejemplo de superación e inclusión social. El Patronato de la Fundación elegirá entre una serie de candidatos, procedentes de distintos ámbitos en los que son referentes (política, cine, deportes, moda, redes sociales, escritores, cantantes, educadores, activistas, divulgadores, blogueros… con diferentes discapacidades funcionales y psíquicas).

La necesidad de impulsar la industria española

EN PLENO DEBATE

La necesidad de impulsar la industria española

La producción industrial se contrajo un 0,8% en 2023, según la Contabilidad Nacional del INE, que destaca cómo la industria sigue perdiendo empleo. Desde la crisis de 2008, la industria ha perdido 345.359 puestos de trabajo mientras el empleo crece en otros sectores como la hostelería. Organizaciones empresariales y Gobierno coinciden en buscar soluciones para recuperar un sector que es clave para el crecimiento económico del país.
MARTA RUIZ-CASTILLO
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Los expertos advierten de una amenaza de “desaceleración intensa” en la eurozona.

La industria española representa el 16,7% del Producto Interior Bruto (PIB) y emplea al 12,9% de la población en edad de trabajar. En el conjunto del año 2023, la producción industrial bajó un 0,8%, según datos de la Contabilidad Nacional publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por sectores, Energía (1,9%) presentó la mayor tasa anual. Por el contrario, Bienes de consumo duradero (-6,0%) registró la tasa más baja. Esta tendencia rompe el ciclo de crecimiento de los últimos años, a excepción de 2020, año de la pandemia. En el primer trimestre de 2024, la industria española se recuperó algo hasta situarse en un 0,6% en marzo.

En la zona euro, la producción industrial registró en enero de 2024 un descenso del -3,2% y del -2,1% en la UE frente al mes anterior, lo que supone un -6,7% y -5,7%, respectivamente, en comparación con el mismo periodo de 2023. Las variaciones de España, Alemania y Francia fueron del +0,9% (0,0% frente a 2023), +0,6% (-5,4%) y -1,0% (+1,0%) respectivamente, de acuerdo con los datos de Eurostat publicados en marzo de 2024.

LA INDUSTRIA ESPAÑOLA REPRESENTA EL 16,7%
DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) Y EMPLEA AL 12,9% DE LA POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR

Situación actual

La demanda en la industria española se debilita y los expertos advierten de una amenaza de “desaceleración intensa” en la eurozona, ya que la industria ha sufrido la mayor contracción en los tres últimos años. La mayoría de los profesionales del sector (74%) considera que «estamos ante una situación estructural -España es, cada vez más, una economía de servicios, con baja productividad, con la competencia de países extracomunitarios, el elevado endeudamiento público, desempleo, inflación, etc.-«, frente al 26% que opina que es coyuntural por la incertidumbre provocada por la formación de Gobierno, la desaceleración de la demanda externa u otros factores externos que generan inestabilidad. Esta es una de las principales conclusiones del VII Barómetro Industrial correspondiente a 2023 publicado por el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) y el Colegio de Economistas de España en febrero de este año.

De acuerdo con el barómetro, el 53% de los profesionales considera que «la pérdida de competitividad de la industria española es el principal motivo de la merma De su peso en el PIB español», mientras que un 30% cree que se debe a la falta de inversión en el sector industrial en I+D+i. El 81,57% cree que se debería generar un tejido industrial manufacturero en torno al sector energético.

En el informe Una perspectiva económica de la situación de la industria en España: actualización 2023 que se incluye en el Barómetro, donde se analiza la situación de la industria española desde el punto de vista económico, se constata que la recuperación del sector ha sido más débil de lo que se podría esperar. En cuanto al peso del empleo en la industria sobre el total nacional, muestra una preocupante desaceleración durante el segundo trimestre de 2023, donde pasó del 13,6% del empleo total en el primer trimestre al 12,9%.

En la comparativa europea, España ocupa el sexto lugar en el número de empresas (7,85% del total) y el cuarto lugar en el volumen de cifra de negocios (6,46% del total). En cuanto al número de trabajadores del sector industrial de cada país, en relación con el total de la UE, España ocupa el quinto lugar con el 6,80% de los trabajadores del total de la Unión.

El Gobierno, a través del Componente 12 del Plan de Recuperación, propone medidas concretas para hacer frente a los principales retos de la política industrial, con una inversión estimada de 8.356,5 millones de euros de los cuales 6.031,5 millones proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

ASOCIACIONES DEL SECTOR Y GOBIERNO CENTRAL ESTÁN DE ACUERDO EN LA NECESIDAD DE APROBAR UNA LEY DE INDUSTRIA Y AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

Nueva Ley de Industria

Asociaciones del sector y Gobierno central están de acuerdo en la necesidad de aprobar una Ley de Industria y Autonomía Estratégica que incorpore las nuevas realidades y la transformación de la economía española hacia un modelo más verde y sostenible de acuerdo con el Plan Industrial del Pacto Verde aprobado por la Comisión Europea, cuyo objetivo es mejorar la competitividad de la industria europea con cero emisiones netas e impulsar una rápida transición hacia la neutralidad climática.

Esta reforma legal proporcionará nuevos instrumentos de política industrial como los denominados Proyectos de Interés Estratégico Estatal, la ventanilla única digital, un Consejo Estatal de Política Industrial, un nuevo mecanismo para la gestión de procesos de reindustrialización, y una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial (RECAPI), según informó el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una comparecencia ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

El impulso a la competitividad de las empresas industriales pasa por medidas más ambiciosas y concretas en ámbitos estratégicos como el energético, la logística y el transporte y la innovación. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española considera necesario establecer en el seno del Gobierno una Comisión Delegada para Asuntos Industriales y la obligatoriedad de realizar análisis del impacto de cualquier propuesta de futuras normativas en la competitividad de la industria. “Aspiramos a que estas alegaciones sienten las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria”, concluyó Reinoso, para quien “una falta de ambición en el nuevo marco legislativo conllevaría perder la oportunidad de una verdadera reindustrialización de España”.

Por su parte, el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, José Antonio Galdón, manifestó durante la presentación del Barómetro que los problemas estructurales percibidos por la mayoría de los profesionales tendrían que afrontarse en la nueva Ley de Industria. En su opinión, la norma «debería apostar por la autonomía estratégica y considerar las zonas despobladas como eje del nuevo desarrollo industrial que dé soporte a la transición energética y la descarbonización de la economía”.

Retos de la industria española

Entre los retos del sector industrial destacan la transformación digital; el refuerzo de su peso en la economía española y el aumento de la dimensión de las empresas industriales; y la mejora de la eficiencia en la gestión del agua, los residuos, la energía y de los recursos, emisiones y energías renovables en el marco de la economía circular. «España dispone de un importante tejido productivo en algunos sectores que serán clave para abordar la transición ecológica y la transformación digital de la economía y se impulsarán mediante el Plan de Recuperación del Gobierno. Entre ellos cabe destacar la automoción y su transición hacia el vehículo eléctrico, el sector agroalimentario, el de la salud, el sector aeronáutico o el naval, entre otros».

España ocupa en la UE el sexto lugar en número de empresas y el cuarto en volumen de negocios.
Demandas del sector
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que representa el 60% de la producción industrial de nuestro país, considera positivo un nuevo marco legislativo, aunque reclama una mayor concreción en cuanto a las medidas y herramientas con las que deberá materializarse. En un comunicado hecho público en julio, la Alianza considera esencial establecer plazos concretos para la aplicación de medidas, así como que la futura ley se comprometa a destinar recursos humanos y financieros. Para impulsar una verdadera reindustrialización de España resulta fundamental que la norma contemple la simplificación de la burocracia administrativa, “y por supuesto, evitar que la nueva ley introduzca más cargas en este sentido”, así como «garantizar la seguridad jurídica para las empresas industriales», subrayó Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza.

OTROS ENFOQUES

Industry talks: El reportaje aborda los retos de la industria española para 2024 y los problemas que se vislumbran a partir de las previsiones de las empresas.

El economista: El autor analiza las causas de la pérdida de empleo en la industria, sobre todo en las economías desarrolladas.

Expansión: La información se centra en las claves para entender la evolución de la producción industrial durante el último año.