«Talento en fuga”», por Casimiro García Abadillo

ALDEA GLOBAL

CASIMIRO GARCÍA ABADILLO,

director de «El Independiente»

"La realidad es que hoy el mercado laboral es más dual que nunca. No sólo hay diferencias abismales en los salarios, sino en las condiciones de trabajo"

Talento en fuga

Atraer o retener el talento es hoy uno de los principales desafíos de toda empresa que pretenda ser competitiva. Entender cómo se consigue fichar y conservar a los mejores es la clave principal del éxito empresarial.

Hace décadas, la respuesta a esa incógnita era simple. Todo dependía de la cantidad de dinero que una compañía estuviera dispuesta a pagar por contratar o por evitar la marcha de un empleado brillante. Ahora eso ya no es así. O ya no es del todo así. Por supuesto que el dinero influye, pero ya no es el único factor o el principal para determinar que una empresa sea deseada.

El paradigma ha cambiado totalmente. En España, un joven bien formado en los setenta o en los ochenta soñaba con incorporarse a una gran empresa, con un buen salario y, a partir de ahí, ascender hasta llegar a un puesto de alta dirección. No le importaba el esfuerzo, ni las horas de trabajo; su familia siempre estaba en un segundo plano.

Pero las cosas han cambiado mucho. El joven bien formado de hoy sabe que tiene un puesto de trabajo asegurado y tiene otras aspiraciones que, probablemente, a su padre ni se le pasaban por la cabeza. Cambiar frecuentemente de empresa no es visto como una prueba de inadaptación o fracaso, la demostración de que un empleado es un culo de mal asiento, sino la vía para conseguir mejores condiciones y nuevas experiencias. El trabajo ya no es percibido como un fin en sí mismo, sino un medio para vivir, y, en última instancia, para ser feliz. En muchas ocasiones, la prioridad no es tanto el salario o la posición que se va a ocupar en el organigrama de la compañía, sino la flexibilidad en el horario o la posibilidad de teletrabajar.

También entran en juego otros factores más filosóficos o ideológicos. Por ejemplo, que la empresa en cuestión respete la igualdad de género o mantenga estrategias que respeten el medio ambiente.

Las barreras fronterizas ya no son un obstáculo. El joven bien formado de hoy está acostumbrado a viajar, domina el inglés y a veces otro idioma a la perfección y sabe que su futuro puede estar a miles de kilómetros de la ciudad donde nació o se crio.

El matrimonio o la vida en pareja, algo que era una meta habitual en la vida hace cuarenta años, ahora es una opción. Y, de ser así, tampoco tiene lugar a una temprana edad, sino más bien a partir de los 30 o incluso cerca de los 40 años. Ese alargamiento del llamémosle periodo de juventud hace que la movilidad, la capacidad para decidir cambios sin ataduras, se prolongue en el tiempo.

Alfonso Escámez (histórico presidente del Banco Central, fallecido en 2010) llamaba a los trabajadores de su banco “funcionarios”. Y no lo hacía como un insulto o una crítica, sino con el orgullo de que el banco que él presidía era una institución tan sólida como el propio Estado. Él comenzó de botones y acabó siendo presidente. Su carrera era el arquetipo del triunfo para una clase que no pertenecía ni a la nobleza ni a la alta burguesía. Ahora eso sería imposible. Para empezar ya no hay botones en los bancos y seguro que mucha gente no sabe ni siquiera qué son y para qué sirven, aparte de para abrochar camisas y chaquetas.

El modelo ahora es radicalmente distinto. El cambio es en sí mismo un valor, así como el sector en el que se trabaja, que tiene que estar ligado de una u otra forma a la tecnología. Los referentes están claros y tienen nombres y apellidos: Javier Oliván (Meta); Pilar Manchón (Google IA); David Carmona (Microsoft IA); Alex Acero (Apple), y tantos otros. Españoles que triunfan en las empresas punteras de alta tecnología. Ya no existe el complejo de inferioridad que durante tanto tiempo lastró a los profesionales españoles. El talento no tiene barreras y ese hecho dificulta la retención de los mejores.

La movilidad, la apertura al cambio, asumir dificultades sin miedo, son valores muy positivos. Pero esa capacidad, por desgracia, sólo la tienen una parte de los jóvenes; la que ha tenido acceso a una buena educación.

La realidad es que hoy el mercado laboral es más dual que nunca. No sólo hay diferencias abismales en los salarios, sino en las condiciones de trabajo. Los peor formados tienen que conformarse con los trabajos más precarios. Son esos jóvenes, por desgracia la mayoría, los que se conforman con un empleo fijo y temen la movilidad porque, por lo general, esta no viene condicionada por una mejora, sino por un despido o un ajuste.

En fin, el factor humano, la calidad de los trabajadores que componen una empresa, es el elemento esencial para determinar si una compañía tiene futuro. La inversión, el capital, los recursos propios, son ya una herramienta, algo que se puede conseguir en el mercado sin grandes dificultades si detrás de una empresa hay una idea clara y un equipo con iniciativa y capacidad para ilusionar a sus empleados.

Es algo tan fácil de entender como difícil de alcanzar. Que el empleado considere que su empresa le da oportunidades para crecer, que fomenta la iniciativa y la creatividad, que hace algo no sólo para satisfacer a sus accionistas, sino para mejorar la sociedad. Y aceptar que, aun así, la fidelidad absoluta no existe.

Un dragón con el que conviene llevarse bien

¿Puede remontar la economía europea frente a China y Estados Unidos?

ÁMBITO EUROPEO

La política comercial china podría poner en peligro 30 millones de empleos industriales europeos en países como Alemania o Francia.

¿Puede remontar la economía europea frente a China y Estados Unidos?

La Unión Europea lleva años perdiendo fuelle frente a las otras dos superpotencias que rigen los destinos de la economía mundial. Y la remontada se vuelve más acuciante cada día que pasa.

GONZALO TOCA

Hay pocos expertos más sobrios y ponderados que el ex presidente del BCE Mario Draghi. Y sus palabras fueron muy reveladoras hace pocos meses: la UE no se estaba tomando en serio la competencia extranjera en un mundo en el que sus rivales económicos ya no jugaban “según las reglas”.

El manual clásico de la globalización liberal tras la Guerra Fría, con excepciones y zonas grises sobre todo en materias como fiscalidad transnacional, ha ido dejando paso a un modelo cada vez más definido por la intervención abrumadora de las grandes potencias en la promoción de sus campeones e industrias nacionales en sectores críticos.

Un ejemplo reciente de esto es la transición ecológica en general y la movilidad sostenible en particular. Si, en 2009, China solo vendía 500 vehículos eléctricos (EV por sus siglas en inglés) en su territorio, en 2022 y más de 29.000 millones de dólares en subsidios e incentivos fiscales después, ya comercializaba en su territorio más de seis millones de unidades y concentraba más de la mitad de la demanda mundial. Y no es solo eso: el gigante asiático ha catapultado sus exportaciones de EV en más de un 70% en los últimos dos años, algo que ha atizado la respuesta de Washington.

Mayores aranceles

Así, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que supuestamente iba a desescalar la “guerra comercial” de su predecesor con Pekín, anunció en mayo unos aranceles que incluyen el 100% para los vehículos eléctricos importados del gigante asiático y el 50% para los componentes de placas solares hasta 2026. China, que siguió una estrategia parecida en el sector fotovoltaico a la de los EV, produce hoy el 86% de toda la energía solar fotovoltaica global.

 

ESTADOS UNIDOS AVENTAJA A LA UE EN ÁREAS TAN CRUCIALES COMO TECNOLOGÍAS ESPACIALES, BIOTECNOLOGÍA SANITARIA, COMPUTACIÓN CUÁNTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 

La Unión Europea, en un contexto en el que se esperaba un diluvio de vehículos eléctricos del gigante asiático ante el cierre de facto del mercado estadounidense, fue la última en mover, una vez más, sus peones. En agosto, la Comisión propuso unos aranceles sobre los EV chinos durante los próximos cinco años que irían del 17% como mínimo a poco más del 36% como máximo dependiendo de las marcas afectadas cuando, hasta ahora, se habían mantenido en un 10%.

Esa propuesta quedaba sujeta a negociación con Pekín y con los miembros del bloque comunitario, que deberían aprobarla en su forma definitiva antes de noviembre. También cabe recordar que los coches Tesla fabricados en China “disfrutarían” de un arancel privilegiado del 9%, porque el lugar de procedencia de la marca es Estados Unidos.

 

EL MANUAL CLÁSICO DE LA GLOBALIZACIÓN LIBERAL TRAS LA GUERRA FRÍA HA IDO DEJANDO PASO A UN MODELO CADA VEZ MÁS DEFINIDO POR LA INTERVENCIÓN

 

Mucho más que coches

Lo que está sucediendo ahora con la movilidad sostenible se puede extender fácilmente a otros sectores, como advirtió el economista-jefe del Centre for European Reform, en una reflexión de urgencia en la red social X en agosto. Según Sander Tordoir, China ha paliado la pérdida de empleo, derivada del estallido de su burbuja inmobiliaria en 2023, híper-estimulando la producción no solo de vehículos eléctricos, sino también de chips, productos químicos y maquinaria… y canalizando toda la sobreproducción hacia unas exportaciones fuertemente subvencionadas.

Eso, apunta Tordoir, podría poner en peligro los 30 millones de empleos industriales europeos en países como Alemania o Francia y llevar al bloque comunitario a perder más ocupaciones industriales de las que perdió Estados Unidos en su desindustrialización con China a principios del siglo XXI.

En estas circunstancias, todas las miradas se han vuelto sobre Bruselas. Y las dudas sobre su capacidad de reacción no son pocas, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos años en su competición con Estados Unidos, que es una potencia mucho más comparable que China.

Si una de las claves de los elevados niveles de vida comunitarios son los estados del bienestar, la otra podría ser perfectamente la renta per cápita (RPC) que los financia. Pues bien, según Eurostat, la RPC estadounidense habría crecido el doble que la europea desde 1993 hasta 2022 y, según el Banco Mundial, Estados Unidos habría ampliado su ventaja en renta per cápita sobre la eurozona en más de un tercio durante las últimas dos décadas.

Pero los problemas no terminan ahí. Según un informe de DigitalEurope, la UE solo lidera dos de los ocho grandes sectores tecnológicos (conectividad avanzada y fabricación aditiva) que definirán la economía del futuro y China ya se habría convertido en el campeón mundial en innovación energética gracias, sobre todo, a su apuesta por la solar fotovoltaica.

Mientras tanto, Estados Unidos nos aventajaría en áreas tan cruciales como tecnologías espaciales, biotecnología sanitaria, semiconductores avanzados, computación cuántica e inteligencia artificial. En estos momentos, según las cifras de la OCDE, el volumen de inversión del capital riesgo en inteligencia artificial en Estados Unidos multiplica por más de ocho la de la Unión Europea.

 

LA UE SOLO LIDERA DOS DE LOS OCHO GRANDES SECTORES TECNOLÓGICOS: CONECTIVIDAD AVANZADA Y FABRICACIÓN ADITIVA

 

Claves de la remontada

Los expertos coinciden en que la remontada comunitaria necesitaría avanzar en las recomendaciones que presentó el ex primer ministro italiano Enrico Letta en su informe de abril. Según Letta, sería necesario suscribir un Pacto Europeo por la Competitividad que extendiera el mercado común a la energía, las telecomunicaciones y las finanzas.

Dentro de la parte financiera, habría que dar pasos hacia la integración de los mercados de capitales en línea con el esfuerzo iniciado en 2014 y, al mismo tiempo, Bruselas debería tener, según el informe, cada vez más que decir en la coordinación de ayudas públicas concretas a sectores críticos y que ya están recibiendo enormes subsidios o ventajas fiscales no solo en China… sino también en Estados Unidos con la reciente Inflation Reduction Act, que ha movilizado 350.000 millones de dólares para impulsar, entre otras, la transición ecológica.

De todos modos, aunque Europa se juega mucho y Hungría se ha comprometido a implementar durante estos meses de su presidencia europea un pacto por la competitividad, lo cierto es que hoy sigue siendo una mera declaración de intenciones que comparten sobre el papel los 27 miembros de la Unión con notables discrepancias en aspectos como la integración del mercado de capitales o el aumento del poder de Bruselas sobre las ayudas públicas a empresas y sectores críticos. ¿Seremos capaces de pisar el acelerador?

Europa opina

Según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, “la competitividad y el mercado único parten de una base sólida”. Sin embargo, considera que hay que ampliar el acceso al capital, reducir la factura energética, mejorar la formación y fortalecer los lazos comerciales. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pide apostar por “la unión de los mercados de capitales y aumentar las capacidades del Banco Europeo de Inversiones para financiar sectores estratégicos”.

Rivales comerciales sí, pero no enemigos

EE.UU., China y la UE comparten grandes intereses globales, como la lucha contra el cambio climático, la estabilidad de la economía mundial o la resolución pacífica de conflictos como el de Ucrania. También depende de ellos pactar un nuevo marco legal que prevenga la competencia desleal que suponen las ayudas públicas masivas a las empresas.

Un nuevo futuro para las relaciones transatlánticas

Como recuerda el informe del Centre for European Reform Europe and the superpowers: Responding to economic nationalism, hay que buscar una forma de preservar el histórico vínculo entre Estados Unidos y la UE que compatibilice la autonomía estratégica europea en sus relaciones con Pekín y la estrecha cooperación transatlántica de Washington y Bruselas frente a los excesos comerciales de China.

China ha paliado la pérdida de empleo híper-estimulando la producción con exportaciones fuertemente subvencionadas.

«Colocar bien las fichas», por María Andrés Marín

ÁMBITO EUROPEO

MARÍA ANDRÉS MARÍN,

directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España

“Rusia y China han sido el mejor pegamento transatlántico en los últimos años"

Colocar bien las fichas

Celebrando su reelección como un gol: con ese gesto de victoria y los puños en alto recibió la alemana Ursula von den Leyen la noticia de su reelección como presidenta de la Comisión Europea, el pasado julio en Estrasburgo. 401 de 720 eurodiputados votaron a favor de su plan de prosperidad para Europa, una apuesta por la continuidad en momentos de incertidumbre global… pero esta vez con un acento muy diferente en los ritmos y prioridades para los próximos cinco años.

Si la pasada fue la legislatura del Pacto Verde, esta será la legislatura del Pacto Industrial.

Los grandes objetivos de fondo son continuistas: Europa necesita terminar de costear la transición verde y digital de su tejido empresarial, hacerlo más competitivo, avanzar en su autonomía estratégica de terceros -lo que significa mucho más que lograr una verdadera política de defensa, que va desde lograr la independencia energética hasta acortar las cadenas de valor, la producción local de microchips y paracetamol o la protección de infraestructuras críticas de posibles ciberataques-. Debe la UE también en esta legislatura honrar los compromisos de ampliación al este, no sin antes completar las reformas institucionales necesarias que permitan que la futura UE ampliada se maneje en aguas navegables.

La clave, sin embargo, estará como siempre en los matices. En este caso, en el cambio de acento que los grupos políticos mayoritarios y proeuropeos han incluido en sus primeras intervenciones, y que la presidenta de la CE hizo suyos durante el discurso de candidatura a la investidura.

En su reelección al frente del ejecutivo comunitario, además del necesario apoyo de la mayoría de delegaciones conservadoras, socialistas y liberales, el voto del grupo de los Verdes fue clave para revalidar a Ursula von der Leyen. Ella se comprometió con los ecologistas a no dar marcha atrás en la agenda verde, aunque la abordará de manera más “pragmática”: presentará durante los primeros cien días un nuevo plan de “industria limpia” para impulsar empresas europeas y, a la vez, luchará para comprometer una reducción del 90% de las emisiones para el año 2040. La apuesta está en demostrar que la dicotomía entre industria o clima es un falso debate.

Espoleados por los efectos de la pandemia y de la inflación, los ciudadanos buscan soluciones urgentes a sus problemas sociales o económicos y en las últimas elecciones europeas muchos se han dejado seducir por partidos soberanistas de extrema derecha: Francia, Alemania, Italia, Austria, Hungría… España es, de hecho, el único país de los 5 grandes de la UE donde la ultraderecha antisistema o euroescéptica no ha quedado ni en primera ni en segunda posición en las urnas.

Sin negar esa realidad, es importante también destacar que los grupos políticos del centro constructivo en el Parlamento Europeo -conservadores, socialistas, liberales y verdes- siguen componiendo una mayoría amplia y han reeditado su intención de seguir avanzando juntos, pero son muy conscientes de que necesitarán dar mejores respuestas a un sector de la ciudadanía que se siente perdedora de la globalización desenfrenada. Agricultores, empresarios abrumados por una normativa verde y unos precios energéticos que no les permiten recuperar su ventaja competitiva, jóvenes que no pueden emanciparse y sienten que, a pesar de ser la generación mejor formada, vivirá peor que sus padres.

El principal cambio de paradigma en el pleno de julio fue el sentido de urgencia que se imprimió en cada discurso al objetivo de lograr una mayor competitividad con respecto a otros grandes gigantes comerciales como EE.UU. o China. Y en blindar una Europa más segura contra los ataques rusos o la inmigración ilegal, pero también más social (el “plan europeo de vivienda”, una nueva política que contará con fondos de cohesión y permitirá más ayudas de Estado, fue una clara demanda del grupo socialista a cambio de su apoyo a la candidata alemana).

¿Cómo afectará este nuevo ciclo a las relaciones comerciales con EE.UU.? En 2022 la administración de Joe Biden promulgó la Ley de la Reducción de la Inflación (IRA) para apoyar con subsidios a los fabricantes norteamericanos que reúnan estándares medioambientales de producción. La IRA excluyó de su plan de estímulos a los países que carecen de un acuerdo de libre comercio con EE.UU., como Europa. La UE reaccionó preocupada por el impacto de la ley en sectores económicos clave como el del vehículo eléctrico, y para evitar que las nuevas exenciones fiscales atrajeran a empresas e inversiones europeas en EE.UU. en plena crisis inflacionaria por la guerra en Ucrania. En marzo de 2023, la CE anunció su propio “plan industrial del pacto verde”. Otras disputas recientes han sido la negociación entre ambos lados del Atlántico para establecer un acuerdo sobre minerales críticos, todavía sin resolver, o los aranceles sobre varios productos verdes con los que EE.UU. quiere protegerse de la producción china y que la UE sufre como nueva guerra comercial.

¿Lograrán en esta nueva legislatura EE.UU. y la UE alinear sus enfoques discordantes hacia la descarbonización? La UE además ha adoptado importantes regulaciones en el sector de las nuevas tecnologías -ley de servicios y mercados digitales, ley de protección de datos, ley de inteligencia artificial- que afectan especialmente a las Big Tech estadounidenses. Teniendo en cuenta la próxima cita electoral en EE.UU. y la posible victoria de Donald Trump, la posibilidad de sufrir los efectos de nuevas políticas aislacionistas desde allí será un factor clave para la industria europea.

También hay que tener en cuenta, en momentos de grandes crisis geopolíticas, que nada une más que un enemigo común. Salvo, quizás, compartir un enemigo común (Rusia) y además un “rival sistémico” (China). Ambos países, Rusia y China, han sido el mejor pegamento transatlántico en los últimos años. “Las elecciones son las bisagras del destino”, vaticinó Von der Leyen en su discurso de candidatura. Vivimos momentos de cambios profundos en el proceso de globalización y en lo que llevamos de siglo varias crisis han sacudido el tablero de juego en las relaciones comerciales y diplomáticas de la UE. En este año macroelectoral, seguimos intentando anticipar de qué lado va cayendo cada ficha.

De la tribu al ‘flex living’

ALDEA GLOBAL

DE LA TRIBU AL ‘FLEX LIVING’

Solemos referirnos a “vivienda compartida” cuando queremos diferenciar un espacio habitacional unifamiliar o unipersonal de aquel que, por distintas circunstancias, comparten varias personas sin un vínculo estable previo. Las tendencias poblacionales, empero, están conduciéndonos a que, más que vivienda, algunas personas prefieran compartir modo de vida en un espacio común. Más o menos, lo que ya hacíamos cuando nos organizábamos en tribus o en comunas.

Espacio de coliving de Life X en Copenague.

MELCHOR DEL VALLE

En este contexto, la colonización lingüística viene a decirnos que se trata de distintas formas de flex living, que pueden diferenciarse en coliving, coworking o cohousing. Nada nuevo bajo el sol en un panorama internacional de falta y encarecimiento de viviendas, pero con innovaciones que pueden explicar la atención, también de los inversores, a esos términos.

Decía Aristóteles (s. III a. de C.), para diferenciar al género humano de otros “animales sociales”, que el hombre es un “animal político”. Dicho de otra forma, que se trata de un ser vivo cuya relación con sus congéneres se desarrolla en las polis (ciudades-Estado); que tiene lugar, pues, en sociedades complejas. Desde que nos organizábamos en grupos tribales, por otro lado, el progreso en la colaboración entre los miembros del colectivo determinaba su desarrollo y crecimiento. Es decir: desde las tribus a las polis, hemos ido configurando las formas más eficaces en cada momento de establecer y aprovechar sinergias, vocablo, por cierto, que también procede del griego (συνεργία synergía) y se traduce como “cooperación”.

 

EXISTE UNA NOTABLE DEMANDA DE ESPACIOS HABITABLES INNOVADORES Y ASEQUIBLES, CUYO PRINCIPAL MERCADO SERÍAN PERSONAS DE ENTRE 30 Y 40 AÑOS

Los grandes núcleos urbanos

Según datos del Grupo Banco Mundial (WBG, abril, 2023), “En la actualidad, alrededor del 56% de la población mundial —4.400 millones de habitantes— vive en ciudades. Se espera que esta tendencia continúe, ya que la población urbana aumentará a más del doble para 2050, momento en que casi siete de cada diez personas vivirán en ciudades”. Esto tiene una lógica: más del 80% del PIB mundial se genera en las ciudades, dice también el WBG. Pero, claro, en el momento en que se desequilibra la oferta y la demanda de la vivienda que necesitan esas personas para habitar en esas ciudades, se produce la crisis inmobiliaria, lo que se traduce en menos viviendas disponibles y más caras. Y sí: es un problema mundial.

Solo por dar una idea, que este asunto es absolutamente poliédrico, podemos citar un informe del Instituto de Estudios Financieros (noviembre de 2023) en el que se utilizan datos de distintas fuentes para afirmar que, en el panorama internacional, “los precios de la vivienda han crecido 0,45 puntos porcentuales anualmente (periodo 1975-2023) por encima de la renta disponible, lo que, visto de otra forma, implica una reducción en la accesibilidad de la vivienda”. Esto no es uniforme en todo el mundo, obviamente. Añade este informe, por ejemplo, que “Los países cuyo precio de la vivienda ha aumentado más del doble de la renta disponible han sido Australia, Luxemburgo y los Países Bajos, y aquellos en los que el precio de la vivienda no ha llegado a aumentar ni la mitad de la renta disponible han sido Japón, Corea del Sur y Colombia”.

Vistazo al retrovisor.

La historia más reciente, sin ir más atrás del siglo XX, nos va marcando diferentes hitos de colaboración residencial, como el colectivo de Fick (Copenhague, 1903) y sus cocinas centrales, de manera que cada familia tuviera su casa, pero sin cocina; como las casas de huéspedes tan populares en los EE. UU. a mediados de siglo, cuando se impuso la tendencia de que los adolescentes se emanciparan a la primera de cambio; como las comunidades agrarias de Israel, los conocidos kibutz; como las mismísimas y peculiares colonias hippies de los 70; o, ya entrados en el siglo actual, como las “casas de hackers”, ingenieros informáticos que vivían y trabajaban juntos, que surgieron principalmente en San Francisco.

El antecedente directo de las actuales tendencias habitacionales basadas en compartir y colaborar lo encontramos en Dinamarca, en los años 70, con grupos de familias que se organizaron en casas con espacios comunes (algo así como una urbanización, vaya). Según explica la plataforma “coliving.com”, “La diferencia entre este movimiento cohousing y las muchas iteraciones anteriores es que nació tanto de una necesidad como de un deseo. Los residentes querían interactuar entre sí a lo largo del día, tanto social como productivamente”.

 

EL ANTECEDENTE DIRECTO DE LAS ACTUALES TENDENCIAS HABITACIONALES BASADAS EN COMPARTIR Y COLABORAR LO ENCONTRAMOS EN DINAMARCA, EN LOS AÑOS 70

Actualidad y tendencia

Con los mimbres económicos y sociales que hemos ido desgranando (no son todos, pero son los principales) la conclusión es que existe una notable demanda de espacios habitables innovadores y asequibles, cuyo principal mercado serían personas de entre 30 y 40 años. Incluso de más edad: pensemos en el crecimiento de la esperanza de vida. Una investigación, en este sentido, publicada por el estudio de arquitectura Studio Weave (2018) afirma que “el coliving debería ser una opción para personas de todas las edades a fin de abordar los problemas relacionados con la asequibilidad y la soledad”. Una opción, recordemos, a la que toca ser innovadora. Y no hay más que echar un vistazo, para constatarlo, al éxito de proyectos como Common coliving, que se fundó en Nueva York y cuenta ya con veinticinco propiedades en seis ciudades de Estados Unidos; Life X (Dinamarca), de exquisitos diseños; The Collective (Londres) y sus conocidas lavanderías discoteca; o Quarters y Vonder en Berlín, con cuidadísimos detalles de decoración, potente red wifi y suscripción incluida en el precio de alquiler a plataformas de películas (Netflix, HBO).

En esa innovación juega un gran papel la tecnología móvil. El smartphone será (está siendo) la llave de casa, la aplicación para organizar pagos y gastos, para reservar espacios compartidos o para contactar con vecinos que quieran ser compañeros de actividades deportivas. Piénsese, en este punto, la importancia que tiene la atención a la tecnología para los “nómadas digitales”, habituales usuarios del coliving. También es un factor de interés para el mercado que los espacios residenciales destinados a este modo de vida sean verdes y sostenibles, cosa que importa a los jóvenes, pero también a las nuevas familias y a las personas mayores que están viendo con buenos ojos otra forma de vivir su jubilación.

El modelo para los mayores

De nuevo los países del norte y el centro de Europa supusieron la avanzadilla en lo que podemos llamar el cohousing senior, pero ya todos los países desarrollados van construyendo sus proyectos o viendo crecer organizaciones cuyo fin es que los mayores puedan ponerse de acuerdo para crear sus espacios habitacionales. En España, por ejemplo, existen organizaciones como Living Cohousing, dedicada a la difusión del concepto y a la gestión del proyecto que se les encomiende, o Hábitat Colaborativo, una cooperativa que ya ha hecho realidad hábitats como el Balneario de Frailes Senior Cohousing, en la Sierra Sur de Jaén.

La idea que trasladan las citadas organizaciones, y que es común en las que se dedican a la vivienda colaborativa para mayores en todo el mundo, es que con este modelo se construye un ambiente amigable que ayuda a vencer los problemas derivados de la soledad (según las proyecciones de población del INE, un total de 6,5 millones de personas podrían vivir solas en España en 2037) y se reduce la carga financiera y de costes por los servicios comunes –que cada colectivo definirá a su criterio–, a la vez que los residentes mantienen su independencia y pueden participar en la toma de decisiones. ¿Alguien dijo “tribu”?

 

LOS PAÍSES DEL NORTE Y EL CENTRO DE EUROPA SUPUSIERON LA AVANZADILLA EN LO QUE PODEMOS LLAMAR EL ‘COHOUSING SENIOR’

 

Los modelos de vida comunitaria

La revista Pixel-Bit, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, publicó en julio de 2024 un estudio en el que analiza las tendencias y variaciones en las discusiones relacionadas con cohousing y coliving en la red social X. “Temas clave como espacios de trabajo compartido, pisos en alquiler y planificación urbana -señala el estudio-destacan de manera prominente en las discusiones sobre la vivienda colaborativa, demostrando el impacto multifacético de los modelos de convivencia en diversas poblaciones”.

En el trabajo Explorando tendencias sociales en las discusiones sobre cohousing y coliving en X (Twitter), los investigadores, que analizaron cerca de diez mil posts en inglés entre 2019 y 2022, explican que: “Nuestros hallazgos enfatizan la importancia de los modelos de vida comunitaria y los espacios compartidos, especialmente en la resolución de desafíos globales relacionados con la asequibilidad y la adaptación a nuevas necesidades como el envejecimiento o los nuevos modelos de relaciones laborales. Entre los usuarios, surge el interés y la discusión sobre Live Spaces, un término altamente asociado con la innovación y el diseño. Este grupo está más cercano al cohousing que al coliving debido al énfasis del primero en el carácter permanente de la residencia”.

Interior del espacio residencial Balneario de Frailes Senior Cohousing, de Habitat Colaborativo.
Lavandería-discoteca en uno de los espacios de The Collective en Londres.
El perfil del coliver

La empresa Urban Campus, en su informe Coliving impact report 2024, concluye que el perfil de los usuarios europeos de sus modelos residenciales (en España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido) corresponde a un joven profesional de 35 años, mayoritariamente trabajador por cuenta ajena (71%) y algo más de la mitad (51%) son residentes nacionales de cada país. Un 11% de ellos son emprendedores. El 86% afirma que es más feliz viviendo en este modelo de vivienda y el 82%, que se siente menos solo.

Para saber más

OECD Affordable Housing Database.
Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023.

VER

Design study into co-living as typology of shared living.
MVRDV, HUB y Bridges Fund Management, 2024.

VER

Explorando tendencias sociales en las discusiones sobre cohousing y coliving en X(Twitter) mediante el uso de técnicas de PNL y de análisis de texto.
Rafael Sosa Ramírez, Esteban Vázquez Cano, Norberto Díaz-Díaz y Eloy López-Meneses.
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación (Universidad de Sevilla), 2024.

VER

«Del piso compartido al coliving; de la corrala al cohusing», por José Luis Fernández Santillana

ALDEA GLOBAL

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SANTILLANA,

presidente de CEOMA

"¿Por qué no se ofertan opciones de cohousing en régimen de alquiler, especialmente dirigidas a personas mayores que conforman una pareja o a situaciones de vida unipersonales?"

Del ‘piso compartido’ al ‘coliving’; de la corrala al ‘cohousing’

La novedad de estas fórmulas de vivir o convivir radica más en las nuevas denominaciones que, una vez más, importamos del mundo anglosajón.

Del piso compartido de estudiantes al coliving es una forma de vivir en un espacio en el que se reducen gastos, se crean espacios colaborativos a nivel laboral y se favorece un estilo de vida sostenible. Un rasgo importante del coliving es que favorece las alianzas profesionales (antes estudiantes) al mismo tiempo que se comparte residencia; es en la práctica una prolongación natural del coworking.

Se pretende compartir un espacio donde trabajar y vivir, a partir del uso para todos de elementos comunes: zonas de trabajo, descanso, ocio, servicios de limpieza o comedor, etc. Donde cada participante tiene su espacio propio donde ¿vivir, desconectar del resto, o dormir?, pero todos bajo un mismo techo.

Esta nueva modalidad de residir va más allá de lo que sería el tradicional piso compartido de estudiantes; el coliving necesita espacios más amplios, una mayor oferta de servicios. Si bien es una fórmula de disminuir gastos, está más pensada para jóvenes profesionales, donde en muchos casos prima la movilidad y por tanto no hay un sentido de propiedad o de pertenencia, algo propio de lo que hoy denominamos ¨nómadas digitales¨. Muchas de estas personas residen temporalmente en un espacio de coliving y viajan constantemente de uno a otro espacio sin ningún tipo de condicionamiento.

El paradigma lo podemos encontrar en la oferta de cruceros para quienes hacen del teletrabajo un estilo de vida, un coliving temporal en alta mar. Un crucero para nómadas digitales.

También a veces se plantea como una posibilidad de convivencia intergeneracional entre jóvenes y mayores. Creo que no es la fórmula más utilizada por estos últimos, que entre otras cuestiones buscan estabilidad y continuidad en sus relaciones.

No siempre es fácil vivir y convivir bajo un mismo espacio, y ello dificulta la relación intergeneracional en estos espacios, y si bien, no es imprescindible, unos intereses o aficiones comunes ayudan.

De la corrala al cohousing es otro fenómeno residencial que guarda alguna semejanza con el coliving, pero no son lo mismo. Pueden parecer conceptos residenciales semejantes, pero son dos planteamientos vitales diferentes.

El cohousing es un modelo de vivienda colaborativa en el que los residentes disfrutan de espacios privados en los que viven y zonas compartidas, adaptándose a las necesidades y a los intereses de todo el grupo.

De alguna manera, podríamos decir que los primeros cohousing en España habrían sido las corralas, pequeñas casas (apartamentos) con un gran patio común y con unos servicios compartidos muy esenciales: los baños y el lavadero, este en el patio común y junto a un pozo que, además de para sacar agua, servía para refrescar las frutas y bebidas. Unos espacios en los que primaba el juego de los más pequeños, la vecindad; no había anonimato, sino ayuda mutua.

Un modelo este alejado de la tradicional residencia, que está haciendo que las generaciones que más tienden a acercarse a este modelo de convivencia sean las de las personas mayores o familias con miembros en esta situación.

Los que optan por el cohousing buscan espacios compartidos que favorecen la convivencia y la interrelación personal. Es un modelo de convivencia pensado para una residencia permanente, mientras que el coliving se disfruta de un modo más ocasional o breve. En el cohousing los residentes comparten un proyecto de vida a largo plazo, y con frecuencia orientado a un mayor contacto entre ellos, conformando una comunidad de personas más diversa en las que abundan familias y mayores.

Hay algunos aspectos de cohousing en los que podemos profundizar: es una alternativa a las tradicionales residencias; y posibilita la independencia que muchos reclaman garantizando la percepción de servicios de los que no tienes que preocuparte: comida, limpieza, etc.; tareas estas que a veces pueden resultar penosas para algunos mayores. También puedes realizar las comidas en una zona común o llevártela a ¨casa¨.

¿Cómo se conforma el cohousing? Tenemos diversas alternativas para ello: las promotoras de viviendas empiezan a ofertar esta modalidad: pisos y apartamentos con zonas de uso común. El ¨problema¨ es: ¿te arriesgas a compartir espacios con personas que no conoces o con intereses distintos?

Una buena opción es la cooperativa: personas con un interés y proyecto común. Otra posibilidad es el acuerdo entre los futuros componentes para adquirir su vivienda en un mismo edificio o zona, y abordar entre todos la compra de las zonas comunes y su equipamiento. Aquí podría aparecer una nueva dificultad: uno puede desprenderse de su propiedad, pero, ¿qué pasa con la participación en la propiedad común? ¿Se puede vender sin más?

Algunos de estos planteamientos se realizan sin necesidad de esperar a la jubilación, incluso con carácter preventivo a situaciones que se darán en un futuro próximo. Una familia puede entrar en el cohousing pensando en que en unos años uno o varios de sus miembros serán mayores y necesitarán de esos servicios comunes y de la relación con un entorno amigable y conocido.

Una última cuestión es el papel que deben jugar las administraciones en ofertar este tipo de soluciones a los mayores, especialmente a aquellos que no tienen capacidad económica para constituir un cohousing. ¿Por qué no se ofertan opciones de cohousing en régimen de alquiler, especialmente dirigidas a personas mayores que conforman una pareja o a situaciones de vida unipersonales? Una propuesta: que en todas las promociones de vivienda pública se reservase una parcela a este fin.

Entrevista a Antón Leis, director de la AECID

ALDEA GLOBAL

ANTÓN LEIS,

DIRECTOR DE LA AECID

Antón Leis García es director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desde el 23 de agosto de 2021. Con anterioridad ocupó diversos cargos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), trabajó como asesor senior en la Secretaría General de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global del Gabinete del presidente del Gobierno español, y fue asesor de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional. Cooperante de reconocida trayectoria habla, además del español, inglés, francés, portugués y gallego.
CARLOS CAPA

“Hay que modernizar y fortalecer el Estado de Derecho en el mundo para alcanzar la plena igualdad”

Después de tres años al frente de la Agencia , ¿qué valoración hace de este periodo dirigiendo la AECID?

Con mi pasado de cooperante, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida profesional. La AECID cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y comprometidos de los que he aprendido muchísimo y sigo haciéndolo cada día. Ese compromiso nos ha permitido llegar hasta aquí y superar etapas difíciles, de abandono político y presupuestario.

Por un lado, ha sido un periodo difícil, marcado por las crisis superpuestas a las que hemos tenido que responder desde la agencia humanitaria y de cooperación de España canalizando la solidaridad de la ciudadanía española. Las crisis más inmediatas pueden visualizarse en tres momentos: la evacuación de Afganistán en verano de 2021 (que incluyó a muchos antiguos colaboradores de la AECID); la guerra de agresión de Rusia a Ucrania iniciada en febrero de 2022, y el conflicto en Oriente Medio y la grave situación humanitaria en Gaza desde octubre del año pasado. Podría citar más, como los terremotos de Turquía, Siria y Marruecos, pero esas tres grandes emergencias nos han puesto definitivamente a prueba.

Tampoco podemos olvidar las crisis más estructurales, las de largo plazo. En este tiempo hemos estado trabajando por revertir las consecuencias de la triple crisis sanitaria, económica y social de la Covid-19 en todo el mundo, que ha revertido una dinámica de décadas de reducción de la pobreza en todo el mundo. Hemos trabajado para combatir la situación de inseguridad alimentaria generada en lugares como el Sahel y el Cuerno de África. Y estamos profundizando en el compromiso verde de nuestra cooperación, apoyando a nuestros países socios en sus esfuerzos de adaptación y mitigación en el marco de una transición ecológica justa.

 

“LA AECID CUENTA CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS Y COMPROMETIDOS”

 

¿Cómo visualiza el futuro?

Son años de cambio y de reforma para la agencia y para el conjunto de nuestro sistema de cooperación. Así, el presupuesto de la AECID experimentó el crecimiento más importante en cerca de una década, superando los 700 millones de euros tras un incremento de más de un 70% en la aportación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Quiero destacar la participación de la AECID en la redacción de la nueva Ley Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que se aprobó en febrero de 2023.

En las próximas semanas esperamos aprobar también el nuevo Estatuto de la AECID, que actualizará la estructura y recursos humanos de la agencia para que podamos ser capaces de gestionar el doble de presupuesto que ahora y retener y atraer el talento que necesitamos. Y en los siguientes meses, tendremos el nuevo Estatuto del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES), que impulsará nuestra cooperación financiera con nuevos instrumentos, más transparencia y flexibilidad para financiar el desarrollo sostenible; y otro más para facilitar la gestión de nuestras subvenciones.

Quiero destacar la ampliación de nuestra actuación en ámbitos como el nuevo Programa Democracia para América Latina y Caribe en una apuesta por apoyar a nuestros países socios en la región.

España ha estrenado recientemente un nuevo marco jurídico para la cooperación, la Ley 1/2023. ¿En qué se diferencia de regulaciones anteriores?

Estamos hablando de una ley vanguardista que nos permitirá cooperar más (y ahí está el mandato legal del 0,7 y los incrementos presupuestarios que el gobierno ha venido impulsando en los últimos años) pero también mejor, con instrumentos más eficaces y un modelo basado más en la alianza y menos en la ayuda tradicional, cada vez más en entredicho en un mundo de mayor competencia geopolítica. Y no solo porque hemos multiplicado la cantidad de presupuesto que canalizados, sino también por haber sentado las bases de su reforma. De hecho, en 2022 nuestro consejo rector aprobó una hora de ruta con casi 150 acciones bajo el lema Cooperamos. Cambiamos, que ha puesto las bases hacia una agencia más estratégica, con mayores capacidades y con mayor impacto.

La ley fortalece a la AECID como piedra angular del sistema de cooperación, mandatando aprobar un nuevo estatuto que reforzará sus capacidades de manera estructural: el desarrollo de los y las profesionales que forman parte y al talento que queremos atraer y en particular el fortalecimiento en relación con la generación de alianzas y la coordinación operativa de un sistema plural y diverso.

Además, con el Estatuto de las Personas Cooperantes aseguramos la consolidación de una carrera profesional digna y atractiva que atraiga y retenga talento al sector, así como la capacitación, especialización y promoción de nuestros más de 2.700 cooperantes en todo el mundo y mejora la transparencia financiera y su eficacia además de reducir cargas burocráticas.

El Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, la Solidaridad Global y la Conferencia Sectorial, permitirán articular mejor la cooperación descentralizada y la Comisión Interministerial permitirá la implicación de toda la estructura administrativa del Estado.

España dedica un 0,3% a la Ayuda al Desarrollo, lejos del 0,5% de compromiso para la legislatura y del 0,7% que fija la Agenda 2030. ¿Cree posible un mayor esfuerzo presupuestario?

No solo es posible: es un mandato legal aprobado por todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados excepto uno. El artículo 1 de la ley lo mandata. Y, por tanto, vamos a cumplirlo. Nuestras previsiones son alcanzar el 0,5% en 2027 y estar listos para un último esfuerzo y alcanzar dicho 0,7% en 2030. Y por lo tanto, va a ser difícil pero vamos a trabajar por cumplir los objetivos marcados.

 

“QUEREMOS QUE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEAN REALES ALLÁ DONDEI TRABAJAMOS”

 

Quisiera recordar que la AOD española estaba en el 0,19% de la RNB en 2017 y en 2022, que son los últimos datos oficiales contabilizados alcanzaba el 0,30%. Hemos prácticamente doblado en dos años el presupuesto de la AECID hasta los 708 millones de euros en 2023, un nivel que no veíamos desde hace más de una década.

¿Cuál es el rol de las ONGD en la gestión de las ayudas al desarrollo? ¿Deben profundizar en su profesionalización?

Las ONGD son contrapartes clave para la AECID, como socios y colaboradores necesarios para trabajar con nuestros países socios. Además, son portavoces de la sociedad civil, no solo de la española, sino también de las sociedades en las que trabajamos.

Partiendo del reconocimiento del alto nivel de profesionalidad con el que cuentan, humildemente creo que deberían seguir diversificando sus fuentes de financiación, para no depender exclusivamente de subvenciones públicas y aumentar así su campo de acción. Creo que deben ampliar su cooperación financiera y profundizar alianzas tanto entre ellas como con otro tipo de actores de la cooperación.

También animaría a seguir en su diálogo con la sociedad civil de nuestros países socios para ampliar el espacio de la participación social, la democracia y los derechos humanos.

¿Qué región es prioritaria para España en la cooperación?

La ley prioriza el trabajo con los países socios del norte de África, Oriente Próximo y África subsahariana (en particular a los países de África Occidental y el Sahel y los países de habla española y portuguesa), así como con los países de América Latina y el Caribe, incluido en el marco iberoamericano.

España es el primer donante del CAD de la OCDE en hacer cooperación para el desarrollo sostenible con países “graduados” en línea con un enfoque más basado en la alianza que en la “ayuda”.

La acción humanitaria española tiene el mandato de seguir dando apoyo a las crisis crónicas en América Latina y el Caribe, el Sahel, los campamentos de población refugiada saharaui, la crisis regional siria y Palestina, Ucrania y Afganistán, atendiendo al mismo tiempo aquellas emergencias que surjan en atención a los llamamientos humanitarios que se produzcan, por ejemplo, en respuesta a desastres naturales, priorizando los países y contextos donde podamos aportar mayor valor añadido, además de atender a emergencias puntuales haya dónde se produzcan.

Usted define a la Cooperación Española como “feminista”. ¿Podría desarrollar este concepto?

Esto significa, ni más ni menos, que queremos que la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes sean reales allá donde trabajamos. El firme compromiso feminista de nuestra cooperación se traduce en un incremento constante de nuestros proyectos en materia del ODS5: un 173% desde 2018. El año pasado, el 55% del presupuesto de la agencia se relacionaba con programas marcados como “de género”. Es decir, además de identificar la igualdad de género como sector prioritario, también se establece como transversal el enfoque feminista y de género en el resto de las acciones que realizamos, desde proyectos de agua, salud o culturales hasta nuestra acción humanitaria.

Finalmente, me gustaría destacar uno de nuestros compromisos más sólidos: el que tenemos para prevenir, detectar, tratar e, incluso, erradicar el cáncer cervicouterino, al que dedicamos importantes recursos.

 

“EL PAPEL DEL NOTARIADO ES IMPORTANTE EN EL OBJETIVO DE PROMOVER EL ESTADO DE DERECHO Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA”

 

¿Cómo cree que debiera ser la participación de las empresas y el capital privado español en la cooperación?

Nuestra nueva ley ya prevé el mayor papel de las empresas y el capital privado en la cooperación. De hecho, su artículo 39 nos mandata fomentar los partenariados y las alianzas público-privadas entre los órganos ejecutores de la cooperación española y el sector privado empresarial, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en los países socios de la cooperación y la difusión de buenas prácticas españolas en materia de sostenibilidad.

En el marco de la reforma en la que estamos inmersos, reforzar las alianzas de la AECID va a ser fundamental para avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos, y el sector privado va a ser clave en ello.

 

“HEMOS ESTADO TRABAJANDO POR REVERTIR LAS CONSECUENCIAS DE LA TRIPLE CRISIS SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COVID-19 EN TODO EL MUNDO”

 

Los notarios prestan seguridad jurídica preventiva a ciudadanos y empresas en más de 90 países del mundo. ¿Qué pueden aportar a las políticas de cooperación sobre el terreno?

Sin duda ninguna, el Notariado puede ser un actor fundamental en contribuir al cumplimiento del ODS 16 “paz, justicia e instituciones sólidas”, tanto con capacitación técnica como con innovación.

Y en ese sentido, su papel es importante en la meta 16.3. de promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia, especialmente en trabajar para garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo ejercerlos, así como fortalecer los sistemas de gestión del sector público y apoyar a las instituciones en la lucha contra la corrupción.

De hecho, la AECID colabora con el Consejo General del Notariado y la Fundación Aequitas en varios proyectos. ¿Con qué fines?

Nuestra colaboración recoge ocho actividades encaminadas hacia la potenciación de la gestión de los empleados públicos a través de su formación en las materias respectivas, la puesta en común de las novedades más relevantes y la implementación de las competencias digitales.

Otro de nuestros fines es fortalecer las capacidades de los servicios notariales de los países iberoamericanos en su vinculación con los sistemas de gestión del sector público y el desarrollo de competencias digitales. Resulta patente la necesidad de modernización y fortalecimiento del Estado de Derecho y las instituciones, encaminadas al logro de la plena igualdad, reforzando la protección de las personas en situación de especial vulnerabilidad, al tiempo que se contribuye al diseño de asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Es precisa la formación de los empleados públicos y en especial de aquellos a cargo de la seguridad jurídica preventiva que juegan, precisamente por su papel preventivo, un rol esencial en tal tarea y ello estamos trabajando en colaboración.

Huella digital

Antón Leis mantiene abiertos varios perfiles en las redes sociales más habituales como LinkedIn  o X ( antigua Twitter) @anton_leis

La AECID tiene una página web con una completa información de sus, proyectos, regulaciones, actividades y las de su director 

Impulso académico para ex opositores a notario

FUNDACIÓN NOTARIADO

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IMPULSO ACADÉMICO PARA EX OPOSITORES A NOTARIO

En junio tuvo lugar en la sede de ICADE el acto de graduación de la segunda promoción del Diploma en Experto en Formación Jurídica Complementaria a la Oposición a Notario, impulsado por la Universidad Pontificia Comillas -a través de su Facultad de Derecho (ICADE)- y Fundación Notariado.
JAIME PÉREZ DE MIGUEL
De izda. a dcha.: Abel Veiga, Ignacio Gomá, las alumnas Blanca Domenech, Julia González y Marta Arriaga; Vanesa Morente y Antonio Alonso.

A lo largo de cuatro meses los estudiantes profundizaron en materias que no habían sido tratadas en la oposición, además de potenciar la vertiente práctica y procesal de Derecho civil y mercantil y desarrollar habilidades profesionales y personales que favorezcan su acceso al mercado laboral.

Formación y futuro

En un acto cargado de emotividad, los alumnos graduados recibieron la banda de la Universidad y el título del Diploma de la mano de Abel Veiga, decano de la Facultad de Derecho-ICADE; Ignacio Gomá, director general de Fundación Notariado; Antonio Alonso Timón, director del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE), y Vanesa Morente, profesora de ICADE y directora del Diploma.

También estuvo presente el profesor de Derecho Mercantil y coordinador de dos de los cinco módulos, Cecilio Molina, quien declaró que “el grupo ha sido muy compacto y sólido”, y agradeció “su predisposición en todas las asignaturas, incluso a hacer exámenes los fines de semana”. Las clases se impartieron durante 200 horas divididas a lo largo de cuatro meses en un formato trimodal (online, directo y diferido). El programa incluyó una veintena de asignaturas divididas en cinco bloques temáticos: habilidades profesionales, derecho laboral, derecho administrativo, derecho tributario, y sistemas alternativos de resolución de conflictos (ARDs). Al finalizar cada módulo, los alumnos realizaron exámenes teóricos y talleres prácticos.

 

LAS SALIDAS LABORALES PARA LOS GRADUADOS SON PROMETEDORAS, ABARCANDO DESDE DEPARTAMENTOS JURÍDICOS DE EMPRESAS, HASTA NOTARÍAS Y CONSULTORÍAS

 

Las salidas laborales para los graduados son prometedoras, abarcando desde departamentos jurídicos de empresas, hasta notarías y consultorías. Además, ICADE ha creado una tabla de reconocimientos para las asignaturas del Diploma, facilitando la realización del Máster de Acceso a la Abogacía de ICADE, y todos los graduados pueden incluir su currículum en el Servicio de Orientación Profesional (OPE) de la universidad, beneficiándose de la bolsa de empleo de Comillas.

Abel Veiga, en un momento de su intervención.
Entrevista a Abel Veiga, decano de la Facultad de Derecho-ICADE

“SE TRATA DE UNA TITULACIÓN ÚNICA EN ESPAÑA”

Usted fue uno de los mayores impulsores de este diploma. ¿Cómo surgió este proyecto?

En octubre de 2020, en plena pandemia -algo que nos parece ya muy lejano- tuvimos una reunión en el Consejo General del Notariado con el presidente del Consejo y de Fundación Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz. Nos expresó el profundo compromiso que el Notariado tiene con la sociedad y la inquietud moral que los notarios, y él personalmente, tenían de poder ofrecer una vía a aquellas personas que han dedicado años de su vida a preparar la oposición a notario pero que, por diferentes motivos, no han logrado sacarla. Tras varias conversaciones comprendimos que son personas altamente cualificadas, con un extensísimo conocimiento jurídico, que han sacrificado mucho tiempo y renunciado a muchas cosas, pero que, sin embargo, se han quedado a las puertas, con el desgaste físico y mental que ello supone. Vimos que necesitaban un empujón moral y una vía académica para canalizar todo ese conocimiento y tener una salida laboral. Y de esa premisa nació este diploma. Ha sido un trabajo de estrecha colaboración entre ICADE y Fundación Notariado, y en el que José Ángel Martínez Sanchiz puso un especial entusiasmo personal e ilusión para poder llevarlo a cabo, algo que aprovecho para agradecerle una vez más.

Esta ha sido la segunda edición del diploma. ¿Qué balance hace?

Estas dos primeras ediciones han sido un aprendizaje constante, tanto para los organizadores del postgrado, como para los alumnos e, incluso, para los propios docentes. Hemos seguido trabajando para enriquecer aún más el programa y puedo decir que el resultado es altamente satisfactorio. Los profesores se han implicado al máximo para adaptar sus métodos de enseñanza a las exigencias del diploma y han motivado mucho a los alumnos con su ejemplo profesional. Y, por su parte, los alumnos han demostrado en estas dos ediciones la ilusión y el compromiso con los que encaran este curso, que abre una nueva etapa en sus vidas.

Por tanto, en el cómputo global, el resultado está siendo muy positivo. Y hay que ponerlo en valor, porque se trata de una titulación única en España.

Ha tenido la oportunidad de charlar con los alumnos y conocer sus impresiones. ¿Qué sensaciones tienen ellos?

Los alumnos de estas dos primeras ediciones valoran el programa académico muy positivamente y lo consideran un punto de inflexión en su trayectoria, ya que favorecerá su acceso al mercado laboral. Además, tal y como ellos mismos me cuentan durante nuestras charlas, cursar este diploma les ha ayudado a reafirmarse en sus capacidades, ganar confianza y superar la dificultad emocional de no haber aprobado las oposiciones. Estoy seguro de que con sus conocimientos y este programa van a marcar la diferencia y serán muy valorados por los operadores jurídicos por su excepcional preparación.

“CURSAR ESTE DIPLOMA LES HA AYUDADO A REAFIRMARSE EN SUS CAPACIDADES, GANAR
CONFIANZA Y SUPERAR LA DIFICULTAD EMOCIONAL DE NO HABER APROBADO LAS OPOSICIONES”

El curso que viene convocarán la tercera edición. ¿Contemplan realizar algún cambio?

Aunque el programa ya es muy completo, en ICADE trabajamos siempre desde la perspectiva de un proceso constante de mejora para ofrecer a nuestros alumnos la mejor formación posible. Por ejemplo, tras escuchar las opiniones de los profesores y alumnos que participaron en la primera edición, este año hemos potenciado la parte práctica y procesal de derecho mercantil y civil, dos materias en las que los alumnos vienen con una formación eminentemente teórica.

Al ayuntamiento lo que es del César

ENTRE MAGNITUDES

Al ayuntamiento lo que es del César

La disciplina fiscal es una práctica de obligado cumplimiento en la que se han afanado los ayuntamientos españoles en los últimos años. Eso es lo que toca si quieren cuadrar unas cuentas donde ingresos menguantes y gastos crecientes se repelen en sus balances como polos opuestos.
FERNANDO GEIJO
Los municipios más pequeños, con menos de 500 habitantes, suelen ser los más saneados.

Las obligaciones con las que cargan los consistorios no han hecho más que crecer en las últimas décadas. Y todo ello sin olvidar la pérdida de ingresos que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el impuesto de plusvalías y los ‘atracones’ de turistas y retornados que cada verano catapultan los censos de cientos de municipios a lo largo y ancho del litoral.

En los últimos cuatro años un tercio de los ayuntamientos españoles han conseguido rebajar su deuda; los municipios con más de 100.000 habitantes suelen ser los más hipotecados. Entre ellos destacan los de Jaén, Jerez y Marbella, en Andalucía; Parla, en la Comunidad de Madrid; así como la capital de Cataluña. Tanto Barcelona como el resto de ciudades mencionadas arrastran problemas para honrar sus compromisos financieros desde hace lustros.

Por su parte, entre las que mejoran se encuentran ejemplos como Madrid, que acumulaba un déficit de 588 millones de euros a 31 de diciembre de 2023, cifra cercana a los 573 millones de euros de Murcia, y superada por los 719 millones de euros de Granada o los 883 millones de euros de Zaragoza.

 

LOS AYUNTAMIENTOS ESPAÑOLES AFRONTAN LA GESTIÓN DE MÚLTIPLES SERVICIOS CON INGRESOS AJUSTADOS, LO QUE ENTRAÑA UN GIGANTESCO RETO

 

Reformas a la vista

La razón que explica en parte estos abultados endeudamientos, al igual que ocurre con otros más magros repartidos entre miles de municipios situados por toda España, sería la creciente asunción de un mayor número de competencias sin que ello conlleve un aumento de la correspondiente dotación presupuestaria.

De hecho, para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) abordar el reajuste de la financiación local es una reivindicación histórica. Un aspecto que consideran urgente plantear al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local, órgano permanente de colaboración entre el Estado y los ayuntamientos, de cara a abordar la reforma de la ley de bases de régimen local y como paso previo de los trámites para elaborar los presupuestos generales del Estado de 2025. Un proceso que se producirá en paralelo a la revisión de la financiación autonómica -que se antoja inminente tras el reciente pacto de gobierno PSC-ERC en Cataluña-.

En este sentido, la clave estaría en reinterpretar el techo de gasto para aliviar la presión sobre los municipios, derivada, también, de la merma de ingresos relativa al cercenado impuesto de plusvalías, una de las principales fuentes de recursos de la que se nutrían las arcas de los consistorios, junto con el de circulación, el famoso ‘numerito’, o el de bienes inmuebles (IBI).

El asunto no es baladí, dado que la prórroga de los presupuestos para 2024 lastra acometer la reforma de la financiación por la que claman las entidades locales desde hace tiempo. Una vieja reivindicación, ajena a la disputa política partidista, que aglutina el consenso de ayuntamientos de distinto signo político y a la que se une la solicitud de una mayor transparencia sobre las reglas fiscales a aplicar o la revisión de las condiciones de los préstamos a los consistorios con problemas de liquidez, entre otros asuntos.

Agujero económico

Desde Hacienda están de acuerdo en la necesidad de reformar el sistema de financiación local, máxime desde que en octubre de 2021 el Tribunal Constitucional tumbase algunos aspectos del denominado impuesto de plusvalía municipal, al declarar inconstitucional el sistema de cálculo de su base imponible que establecía que siempre había habido un incremento patrimonial del valor de los terrenos urbanos, independientemente de que hubiese sido así y de su cuantía real, con su evidente reflejo en su valor catastral y en el pago de los impuestos relacionados. No en vano, a posteriori se determinó que era posible reclamar la devolución de la plusvalía si la venta se había producido a pérdida.

El varapalo judicial, sin efectos retroactivos, aunque con afectación en litigios aún vivos, tuvo un claro reflejo en las cuentas municipales, cifrado en su día en un porcentaje de entre el 2,5% y el 15% del presupuesto, en función de la actividad inmobiliaria de cada municipio en cuestión.

Los consistorios denunciaron en su día inseguridad jurídica y la puesta en marcha de un fondo de compensación hasta que se aclarase la situación jurídica para compensar los ingresos esperados que se quedaron en el limbo.
Sin embargo, el Gobierno aseguraba a finales del pasado año que las entidades locales nunca habían estado mejor dotadas para cumplir con sus obligaciones, puesto que sus recursos habrían crecido de forma sostenida en los últimos años, hasta recibir en 2024 alrededor de 28.500 millones de euros, un 22,6% más en comparación con 2023, mientras que las entregas a cuenta está previsto que sumen 23.774 millones de euros, un 5,1% más que en el pasado ejercicio.

 

BARCELONA, JAÉN, JEREZ, MARBELLA Y PARLA SON LOS AYUNTAMIENTOS MÁS ENDEUDADOS DE ESPAÑA

 

Urbi et orbi

El incumplimiento reiterado de las obligaciones financieras municipales no parece responder a un patrón geográfico claro. Así, a lo largo y ancho del país encontramos por doquier municipios tiznados tanto del rojo del déficit como del ansiado azul del superávit. Y esto se produce tanto al norte como al sur de la imaginaria línea horizontal que traza la capital del España en el centro de la llamada ‘piel de toro’.

A pesar de que, por regla general, el sur suele ser el hogar de los ayuntamientos más deudores, como en las provincias de Cádiz y Jaén al contar con una media per cápita por habitante superior a los 1.000 euros, también es cierto que el carácter meridional de otras como Huelva y Murcia no evita que brillen con niveles de pasivo por habitante inferiores a los 100 euros, al menos entre los municipios con entre 500 y 1.000 vecinos.

La gestión de cada municipio tiene su propio intríngulis, plagado de singularidades y vicisitudes, aunque parece que se suele cumplir la norma de lo pequeño como sinónimo de eficiente. En este caleidoscopio de más de 8.000 municipios que tejen la realidad local española encontramos, según los datos de Hacienda, desde casas consistoriales que han logrado reducir de forma significativa la deuda neta por habitante, un 33% del total, hasta otras que la han empeorado de forma manifiesta o moderada, un 14,5% del censo, mientras que el resto, que suman 4.245, o lo que es lo mismo el 52%, se han mantenido más o menos igual que en 2019.

En cualquier caso, el análisis de las cifras del fisco muestra una serie de tendencias recurrentes: los municipios más pequeños, con menos de 500 habitantes, suelen ser los más saneados, los que ya tenían la deuda más alta han incrementado su agujero fiscal y, entre ellos, los más poblados, con 100.000 ciudadanos para arriba, cumplen con la estadística de mayor endeudamiento y aumento del mismo.

Si trasladamos el foco a las mayores urbes del país, a pesar de contar con un destacado nivel de déficit fiscal en función de la masa poblacional a la que prestan servicios, la verdad es que solo A Coruña y Bilbao, con un menor montante negativo, y Córdoba, Gijón y Valladolid, han aumentado sus respectivos déficits fiscales. Mención aparte merece la Ciudad Condal, ya que aumentó en el período de referencia su volumen de fondos en rojo nada menos que en un 70%, hasta superar los 800 millones de euros.

De la necesidad, virtud

Las competencias municipales en España tienen un amplio espectro y varían, léase se amplían, en función de la población residente. Esto ha supuesto a menudo la transferencia de una serie de servicios a la población si contar con la correspondiente dotación presupuestaria pero que, aún así, han sido aceptadas por un cierto sentido altruista.

Para tratar de paliar esta situación, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a finales de 2023 la decisión del Gobierno de flexibilizar la senda de estabilidad para este subsector. De esta manera, en 2024 las entidades locales pasarían a tener un objetivo de equilibrio presupuestario, frente al anterior que preveía en el Programa de Estabilidad un superávit del 0,2%, y que ahora asumirá la Administración General del Estado.

Como ocurre con los hombres orquesta, acostumbrados a tocar varios instrumentos a la vez utilizando para ello en ocasiones manos y pies, los ayuntamientos españoles afrontan la gestión de múltiples servicios con ingresos ajustados, lo que entraña un gigantesco reto a la hora de armonizar generosas expectativas con limitados recursos en el marco del auténtico sudoku que supone la gestión municipal moderna.

Servicios municipales

El marco competencial de los municipios en España está regido por la Ley 7/1985 Reguladora de Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en la que se establecen los servicios a prestar en el ámbito local, que se dividen en:

  • Para todos los municipios:
    • Abastecimiento domiciliario de agua potable
    • Acceso a núcleos de población
    • Alcantarillado y alumbrado público
    • Cementerio
    • Limpieza viaria y recogida de residuos
    • Pavimentación de vías públicas
  • De más de 5.000 habitantes, además de lo anterior:
    • Biblioteca pública
    • Mercado
    • Parques públicos
    • Tratamiento de residuos
  • De más de 20.000 habitantes, además de todo lo anterior:
    • Instalaciones deportivas
    • Prevención y extinción de incendios
    • Protección civil
    • Servicios sociales
  • De más de 50.000 habitantes, además de todo lo anterior:
    • Medio ambiente urbano
    • Transporte municipal de pasajeros
Limpieza viaria y recogida de residuos.

‘Liberté, Égalité’ pero ‘Payer’

La posesión de propiedades inmobiliarias en Francia está regulada principalmente por dos gravámenes: el impuesto sobre bienes inmuebles (denominado taxe foncière) y el impuesto municipal (taxe d´habitation), que se corresponde con el IBI español. La particularidad del sistema galo reside en que, si bien el dueño es siempre el responsable de satisfacer el primero, en caso de alquiler de la propiedad es el inquilino quien abona los impuestos locales, mientras que el propietario lo hará sólo en los períodos en que no está arrendada.

Este tipo de impuestos son gestionados por el municipio, commune en francés, mínima unidad administrativa de la administración gala, y se basan en el valor catastral, actualizado en 2018.

OJO AL DATO

Informe Deuda viva de las entidades locales a 31/12/2023. Secretaría General de Financiación Autonómica y local, Secretaría de Estado de Hacienda. Ministerio de Hacienda.

Ver más

Propuestas de reforma del sistema de financiación local. Revisión de la literatura. Fundación Democracia y Gobierno Local y Diputación de Barcelona. Paula Salinas, Maite Vilalta y Pere A. Taberner. Diciembre de 2021.

Ver más

Informe de Fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2022. Tribunal de Cuentas.

Ver más

«Déficit, deuda y gasto público», por Antonio Durán-Sindreu

ENTRE MAGNITUDES

ANTONIO DURÁN-SINDREU
profesor Asociado UPF, Doctor en Derecho y Socio-director de Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios.

“Gestionar de forma eficiente significa evitar las duplicidades, eliminar lo superfluo, obviar el gasto “político”, y promover la colaboración público-privada”

Déficit, deuda y gasto público

Tras un largo periodo de tiempo de continuo saneamiento financiero, los municipios españoles han empezado a invertir su positiva tendencia.

El motivo no es otro que la aparición de nuevo de situaciones de déficit e irremediablemente de aumento del importe de la deuda pública.

Personalmente, nunca he entendido que los presupuestos públicos arrojen déficit, esto es, que el importe de los gastos pueda superar al de los ingresos.

Cuando esto sucede, el “agujero” que en las cuentas públicas se produce se traduce en endeudamiento, es decir, en deuda pública, o, para entendernos, en dinero prestado que hay que devolver.

Por su parte, esa deuda solo es posible sanearla con futuros superávits, esto es, y salvo milagros, con mayores impuestos.

Claro que la “bola” siempre se puede hacer más grande. Pero ello limitará el margen de maniobra de la Administración de que se trate.

La deuda pública es, por tanto, el importe que una Administración Pública ha tenido que solicitar a un tercero para poder pagar todos sus gastos.

¿Quiénes son estos terceros? Pues no hay otros que los bancos, y/o los inversores privados (empresas o familias).

El problema es que la deuda conlleva el pago de intereses que, inevitablemente exige mayores ingresos, normalmente, mayores tributos (o mayor deuda).

Es posible, eso sí, que en circunstancias extraordinarias, como el Covid, la Administración tenga inevitablemente que asumir pagos imprevistos, por ejemplo, el de ayudas directas, que impacten negativamente en las cuentas públicas. Pero se trata de circunstancias extraordinarias o, mejor, difícilmente previsibles.

Es posible, también, que determinadas inversiones públicas se tengan que financiar con deuda, por ejemplo, la inversión en las instalaciones necesarias para celebrar un determinado acontecimiento extraordinario, como la Expo, o las Olimpiadas.

Pero en tales casos, es necesario el correspondiente plan de inversiones, y su viabilidad financiera.

Fuera de tales casos, el objetivo de cualquier Administración Pública es el equilibrio presupuestario.

Aunque parezca una obviedad, esto es lo que el art. 135.1 de la Constitución señala: todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

Por si hubiera alguna duda, el art. 3.2 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante, LOEPSF), señala que se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural.

En definitiva, salvo en los casos de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, o de acuerdo con normativa europea, ninguna Administración Pública puede incurrir en déficit estructural (art. 11 LOEPSF).

Desgraciadamente, tengo la impresión de que la mayoría de nuestros responsables políticos ignoran la claridad y rigidez de tales normas.

Pero sigamos. Una Administración diligente ha de procurar además tener siempre el “colchón” suficiente para afrontar los avatares de años con viento desfavorable.

El objetivo, en definitiva, no es ni gastar más, ni endeudarse más, sino gestionar de forma eficiente.

Gestionar de forma eficiente significa evitar las duplicidades, eliminar lo superfluo, obviar el gasto “político”, y promover la colaboración público-privada.

Conviene recordar, también, que la naturaleza pública de un determinado servicio, por ejemplo, el transporte municipal, no obliga a que su gestión sea pública. Esta se puede encomendar a un tercero. Lo importante, pues, no es su gestión, sino la regulación y control de los estándares de calidad del servicio. Se trata, por tanto, de un equilibrio entre eficiencia económica y calidad del servicio.

No en vano, el art. 7.2 de la LOEPSF establece que la gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Insisto de nuevo en que el objetivo de cualquier Administración no es gastar, sino prestar servicios públicos de calidad.

Si la eficiencia en el gasto es importante, también lo es la eficacia, esto es, si las políticas de gasto que se han aprobado están dando los resultados esperados. De ahí la importancia de valorar su eficacia adoptando, en su caso, las medidas correctoras que sean necesarias. Valoración que necesariamente ha de ser pública, esto es, accesible a los ciudadanos.

Sea como fuere, la queja mayoritaria del ciudadano no es por los impuestos en sí mismos, sino por su falta de correlación con la percepción de servicios de calidad, y por la enorme burocratización de nuestras vidas.

Sería, pues, necesario que el debate público no se centrara en la mera presión fiscal, sino en la existencia de dicha correlación. En el grado de eficiencia, eficacia, y calidad de los servicios.

En este contexto, sería deseable consensuar una lista cerrada de servicios básicos obligatorios; lista que exige recordar que la Administración no ha de cubrir todas las necesidades de sus ciudadanos, sino aquellas que sean imprescindibles para garantizar una vida digna, en especial, en los casos de vulnerabilidad social.

En definitiva, lo relevante no es tanto el superávit o déficit presupuestario, sino el grado de satisfacción de los ciudadanos con relación a los servicios que la Administración les presta.

Por pedir, sería también necesario regular supuestos de responsabilidad patrimonial personal de nuestros responsables políticos en los casos de gestión irresponsable de los recursos públicos.

Sin ejemplaridad pública, se pierde la confianza en el Estado. En definitiva, quien exige cumplir está obligado también a cumplir.

La tributación mínima de las multinacionales: ¿un acuerdo histórico?

Reparar: la mejor opción

CONSUMO

Reparar: la mejor opción

Dejamos atrás una época en la que el consumo de usar y tirar ha sido lo habitual. Pocos consumidores contemplaban la posibilidad de arreglar la lavadora estropeada, que se sustituía por una nueva sin reparar en las consecuencias ambientales. Hoy ese consumo indiscriminado ha pasado una enorme factura al planeta y las autoridades se han propuesto atajarlo de cuajo.
MARIÁN LEZAÚN
La norma afectará a grupos de productos, como lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas, tabletas, teléfonos móviles…

Para lograr este cambio, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a una ambiciosa directiva con la que se quiere fomentar la reparación de los bienes de consumo averiados. Los países miembros disponen de dos años para adaptar la nueva norma y mejorar la vida útil de los productos.

 

EL PARLAMENTO EUROPEO APROBÓ EL PASADO MES DE ABRIL UNA NUEVA PROPUESTA PARA REFORZAR EL DERECHO A REPARAR DE LOS CONSUMIDORES

 

Una segunda vida

Hace apenas unos años lo normal era comprar un electrodoméstico sabiendo que su vida era efímera. No importaban las marcas ni los fabricantes porque estaba previsto que la lavadora no resistiría más de una década o que el frigorífico empezaría a fallar pasado un tiempo. Esa escasa vida de muchos productos era normal y las tiendas de repuestos apenas cubrían reparaciones básicas. Sin embargo, la popularidad del documental Comprar, tirar, comprar de la alemana Cosima Dannoritzer, nos abrió los ojos a una realidad que muchos consumidores compartían, pero a la que aún no habían puesto nombre: la obsolescencia programada. Es decir, se estaba permitiendo fabricar cualquier producto con fecha de caducidad y programar su tiempo de uso sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Hoy, sin embargo, reparar esos productos parece ser la mejor solución al desmesurado aumento de residuos, especialmente los industriales y tecnológicos que terminan, muchas veces, de manera ilegal, en países africanos y latinoamericanos. Los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos son los que más aumentan en todo el mundo, llegando a los 35 millones de toneladas anuales y los que menos se reciclan, con una tasa inferior a 40%. Asimismo, y según datos oficiales, la retirada de esos productos causa hasta 261 millones de toneladas de emisiones de CO2.

 

EL COMPROMISO AMBIENTAL, EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL IMPACTO SOCIAL DE LOS GRANDES VERTEDEROS HAN LOGRADO ESTA APUESTA POR LA REPARACIÓN

 

Compromiso social

Por eso, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de abril una nueva propuesta para reforzar el derecho a reparar de los consumidores. Se trata de una batería de medidas que especifica las obligaciones que tendrán los fabricantes para garantizar la reparación de los productos de consumo y que impulsa esa nueva tendencia. La directiva 1799/2024 se publicó el pasado julio en el diario oficial de la Unión Europea y, desde ese momento, los Estados miembros disponen de veinticuatro meses para incorporarla a la legislación nacional y hacerla efectiva. La norma se suma así a la Directiva (UE) 2019/771, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, que amplió la garantía por falta de conformidad de los productos al plazo de tres años, lo que obliga a los vendedores a contar con un adecuado sistema de reposición y repuestos para garantizar el correcto funcionamiento de los productos y servicios. De igual forma, esta propuesta refuerza también la filosofía tras la futura Ley de Consumo Sostenible, que favorecerá la producción de productos más duraderos y fáciles de reparar.

 

HACE APENAS UNOS AÑOS LO NORMAL ERA COMPRAR UN ELECTRODOMÉSTICO SOSPECHANDO QUE SE FABRICABAN PARA TENER UNA VIDA EFÍMERA

 

Y es que “el reparar antes de tirar”, que ya practicaban nuestros mayores, vuelve con fuerza. Si hace un par de décadas tirar cualquier producto estropeado era la primera solución a tener en cuenta, hoy, el mayor compromiso ambiental, el desarrollo de la economía circular y también, el impacto social que generan los grandes vertederos de Nigeria y Ghana, han logrado una apuesta europea por la reparación. A esos países van a parar, por ejemplo, los viejos ordenadores, televisores, móviles o microondas que nadie quiere.

Productos longevos

La norma afectará a grandes grupos de productos, pero las autoridades ya han advertido que la lista podría aumentar. Así, sus fabricantes deberán informar a los consumidores de las posibilidades de reparación y de las condiciones de las mismas. Esos productos, cuyo diseño ya está sujeto a requisitos técnicos de reparabilidad, son las lavadoras, secadoras, lavadoras-secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas electrónicas, tabletas, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, servidores, productos de almacenamiento de datos, productos que incorporan baterías de medios de transporte ligeros y equipos de soldadura. Sólo en aquellos casos en los que la reparación sea imposible, los fabricantes podrán negarse. El texto recoge que en esos casos el fabricante podría ofrecer un producto reacondicionado si lo considera oportuno o uno de sustitución durante el tiempo que dure el arreglo, que deberá tener un precio razonable e incluso ser gratuito. Los expertos reconocen que estas nuevas medidas podrían suponer un aumento de los precios si tenemos en cuenta la nueva gestión de las piezas o los contratos con los proveedores, pero también tendrán un impacto en la calidad de los productos y en la protección de los consumidores.

Mercado de reparación

La normativa tiene por objeto reforzar el mercado de la reparación en la UE y reducir los costes para los consumidores. Los fabricantes tendrán que poner a su disposición piezas de recambio y herramientas a un precio competitivo. Además, las empresas no podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes, ni negarse a reparar un producto únicamente por razones económicas o porque anteriormente fue reparado por terceros, según se desprende del texto. También se obligará a los países miembros a introducir medidas para promover la reparación, como vales y fondos de reparación, campañas de información, cursos y talleres de formación para aprender a reparar o apoyo a los espacios de reparación, etc. Todo deberá hacerse de manera clara y se sancionará cualquier publicidad engañosa al respecto. La norma abre así nuevas posibilidades de mercado en el negocio de la reparación y el repuesto que los consumidores valoran de manera positiva.

Los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos alcanzan los 35 millones de toneladas anuales.

Índice de reparabilidad

Los electrodomésticos y los productos electrónicos, entre otros, tendrán que incorporar, cuando entre en vigor la nueva Ley de Consumo Sostenible, una nueva etiqueta que informará sobre el índice de reparabilidad del aparato, es decir, si es fácil o difícil repararlo. La etiqueta indicará de hecho cómo de fácil o difícil es conseguir las piezas del electrodoméstico o también cómo de cara o no puede ser la reparación en función al precio del producto, como ya ocurre en Francia. En aquellos casos en los que no exista una calificación de reparabilidad europea, se exigirán detalles sobre la disponibilidad, el coste estimado y los procedimientos para obtener piezas de repuesto. También habrá que informar a los consumidores sobre la disponibilidad de instrucciones de reparación y mantenimiento, y cualquier restricción relacionada con la reparación. Respecto a los productos digitales, se deberá informar sobre el tiempo que los usuarios dispondrán de actualizaciones gratuitas de software. De esta forma, cuando vayamos a comprar una lavadora, por ejemplo, además de comparar la eficiencia energética, que ya lo podemos hacer, o el precio, podremos comparar en función de la puntuación que tenga en el índice de reparabilidad, o las facilidades para reparar con respecto a otras. Pero, además, esta ley también tendrá en cuenta el ecodiseño, es decir el diseño de los productos para que garanticen mayor durabilidad y mejor facilidad para las reparaciones.

PARA SABER MÁS:

Parlamento Europeo: En la web del Parlamento Europeo se puede consultar el texto íntegro y las medidas que deberán tomar los fabricantes.

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Organización de Consumidores y Usuarios: En su página web se recoge cómo afectará esta nueva directiva a los consumidores españoles y qué nuevos derechos tienen.

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Escritura Pública: En números anteriores de la revista hemos explicado otras directivas que contribuyen a mejorar la protección del consumidor y a garantizar un ciclo de vida más largo para muchos productos y servicios.

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