Un segundo objetivo será dejar huella en el tablero estratégico en que se mueven los 27 países que conforman la UE y, por ende, tratar de incrementar la influencia política española en Bruselas. Y todo ello en medio de la convocatoria de elecciones generales en nuestro país, previstas para finales del presente año, además de la cita electoral para que 501 millones de ciudadanos renueven los 705 miembros del Parlamento europeo, fijada para mayo/junio de 2024, con el consiguiente nombramiento posterior de una nueva Comisión.

Tres en uno

El Tratado de Lisboa, firmado en 2007 y en vigor desde 2009, estableció la costumbre de asignar un plazo de 18 meses para la presidencia rotatoria compartido por un trío de Estados miembros. Se trata de completar las presidencias semestrales por turnos de seis meses, que se producen desde 1958, e hilvanar sus políticas con los otros dos países que conforman cada terna respectivo. El objetivo es dar una mayor continuidad a los trabajos realizados en ese lapso de tiempo propuesto. En estos momentos, Suecia es el país que ejerce la presidencia del Consejo de la Unión Europea, como tramo final del conjunto de tres que conforma con Francia y la República Checa, mientras que España inaugurará el suyo en julio, que será completado sucesivamente por Bélgica y Hungría a lo largo de 2024.

La colaboración entre los países que integran cada respectivo trío debe estar, como es lógico, previa y convenientemente coordinada, organizada y consensuada entre ellos, al modo en que lo harían los corredores por relevos de un equipo de atletismo de élite que se precie. En el caso español, no sólo va a prestar formación específica a alrededor de 1.000 funcionarios públicos para que afronten con garantías la gestión de estos intensos meses, sino que ha puesto en marcha un Comité Organizador ad hoc.

Asimismo, es preciso que todo este engranaje administrativo de distintos Estados organizados en oleadas de sucesivas ternas tenga presente que las propuestas integradas en su propio programa de actuación, tanto conjunto como específico de cada país, deben estar alineadas y, por consiguiente, encajar con las líneas políticas emanadas desde Bruselas, a saber: el fomento de la transición ecológica hacia una economía verde en su lucha contra el cambio climático y a favor de la biodiversidad; la transformación digital de la sociedad; la agenda social con el foco puesto en el Pilar Europeo de Derechos Sociales y su respectivo Plan de Acción, y el desarrollo de las interconexiones y la correspondiente reforma del mercado energético, así como la revisión de los planes de recuperación y resiliencia, y el fomento de la colaboración con regiones de importancia para la UE, como son América Latina y el Sur del Mediterráneo.

EL 1 DE JULIO DE 2023 MARCARÁ EL PISTOLETAZO DE SALIDA DE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

Deberes a la vista

Entre las obligaciones de la presidencia de turno se encuentra la planificación y dirección de las sesiones de nueve de las diez formaciones que integran el Consejo, excepto la relativa a Asuntos Exteriores, que sigue siendo responsabilidad exclusiva del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, cargo que ejerce el español Josep Borrell desde su nombramiento en 2019, además del de Vicepresidente de la Comisión Europea. También debe impulsar las reuniones de sus órganos preparatorios y del Comité de Representantes Permanentes (Coreper), así como de la mayoría de los grupos de trabajo que ya están en marcha, sin descuidar la representación del Consejo ante el resto de instituciones de la UE.

Las tareas del país anfitrión de la presidencia semestral de turno deben, asimismo, centrarse en el fomento del trabajo legislativo mediante la culminación de las negociaciones en curso de los expedientes abiertos en torno a las grandes líneas de trabajo de la Unión Europea, entre las que destacan la transición ecológica, la transformación digital y la agenda social. Sin descuidar impulsar la cooperación entre los países miembros a través de una intermediación que pueda calificarse como imparcial. Y todo ello con la necesaria flexibilidad y cintura para que el aparato burocrático responda de manera eficiente a las diferentes crisis que puedan surgir sobre la marcha en el ciclo europeo semestral en cuestión.

Sin cabos sueltos

Sin embargo, cada Estado miembro tiene la potestad de señalar, dentro siempre de la panoplia europea, los ámbitos en los que prefiere que se concentre la atención bajo su presidencia. Para ello, presenta un Programa específico ante el Consejo de Asuntos Generales, que en el caso de España está previsto que lo haga en junio de 2023.

En el bosquejo del mismo, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ya adelantó en septiembre pasado a los embajadores europeos de la UE en nuestro país los ejes fundamentales que guiarán la acción de la Presidencia española.

En la reunión con los mismos, el titular de Exteriores remarcó la necesidad de robustecer la unidad de Europa frente a la volatilidad y complejidad del actual contexto internacional, con Ucrania y la inflación en mente. Asimismo, recordó que el programa de trabajo impulsado por España estará vinculado a reforzar los ejes verde, social y digital que ya marcan la hoja de ruta paneuropea, al tiempo que subrayó la oportunidad que para la Presidencia española supondrá seguir incrementando las relaciones con dos regiones clave para el Viejo Continente, como son América Latina y la Vecindad Sur del Mediterráneo, con las cumbres previstas con ambos bloques en Bruselas y Barcelona, respectivamente, en el segundo semestre de 2023.

Por tierra, mar y aire

25 ciudades españolas acogerán a lo largo del semestre algún tipo de reunión o acto en relación con la Presidencia española del Consejo de la UE. En concreto, está previsto que se celebren reuniones de alto nivel repartidas en las diecisiete comunidades españolas.

Diferentes localidades situadas en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y el País Vasco albergarán dos reuniones de alto nivel, mientras que Cataluña será la anfitriona de tres. Andalucía será la clara ganadora de esta pedrea diplomática al aglutinar otros tres encuentros y sumar, además, el premio gordo con la sede en la Alhambra de Granada de la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno.

En total, serán alrededor de 2.000 reuniones las que habrá que organizar entre Bruselas y Luxemburgo, a las que hay que añadir más de 200 en territorio español, 22 de ellas de carácter ministerial, para lo que se contará con un presupuesto que podría rondar los 100 millones de euros, una cifra situada entre los 40-60 millones de las presidencias checa y portuguesa y los 140 millones de coste de la francesa.

De entre todas ellas, sin duda destacan dos citas marcadas en rojo en la agenda de la Presidencia. Por un lado, la cumbre en Granada de los 27 jefes de Estado y Gobierno de la UE con los 33 de la CELAC (Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe), con el bloqueo del acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur (formado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) en el punto de mira y con la próxima Cumbre Iberoamericana en marzo en República Dominicana como antesala y, por otro, coincidiendo con el día del Mediterráneo el 28 de noviembre, tendrá lugar en Barcelona el encuentro de ministros de Exteriores de la UE con sus homólogos de Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina y Túnez.

EL PROGRAMA DE TRABAJO IMPULSADO POR ESPAÑA ESTARÁ VINCULADO A REFORZAR LOS EJES VERDE, SOCIAL Y DIGITAL QUE YA MARCAN LA HOJA DE RUTA PANEUROPEA

Responsabilidad compartida

Como en cualquier comunidad de vecinos que se precie, la Presidencia rotativa acaba recayendo en todos los Estados miembros cuando les llega su momento. Además, al organizar los turnos se pretende que en los tríos que ejercerán la Presidencia en períodos conjuntos de 18 meses se combinen países grandes con pequeños, veteranos con noveles y que haya un cierto balance cronológico entre Estados situados en el Norte y el Sur de Europa.

Asimismo, cabe destacar que la Presidencia del Consejo de la UE va más allá de las meras reuniones de trabajo y, a la postre, implica tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, sin olvidar a la propia sociedad civil. No en vano, está previsto que se organicen actividades culturales de diversa índole por toda la geografía española a lo largo del semestre.

25 CIUDADES ESPAÑOLAS ACOGERÁN A LO LARGO DEL SEMESTRE ALGÚN TIPO DE REUNIÓN O ACTO EN RELACIÓN CON LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DEL CONSEJO DE LA UE

Aparte de los objetivos específicos esgrimidos, a partir de julio de 2023 España presidirá una Europa que ya ha debatido, con una amplia participación ciudadana, un nuevo contrato social emanado de los resultados obtenidos en la Conferencia sobre el futuro de Europa, en relación con la defensa de la libertad de expresión, la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la pobreza, entre otros asuntos. Un punto de partida que no se puede obviar y que supone la auténtica columna vertebral sobre la que construir las políticas del futuro en la Unión Europea.