¡Socorro! Tengo «tecnoestrés»

LA @

Cada pocos minutos chequeamos el teléfono para que nada se nos escape.

¡Socorro! Tengo "tecnoestrés"

Se acaba de levantar y enciende el móvil. Usted mismo ha dado el pistoletazo de salida de un día frenético. Sin tan siquiera pisar la calle, ya está pendiente de los mensajes y notificaciones que suenan como timbres. En el trabajo, va rezagado con el dominio del nuevo programa que le acaban de instalar y cuando llega a casa deseoso de ver esa película que le desconecte, le aparece un mensaje en el televisor que le pide actualizar. Pare. Póngase a leer este reportaje antes de suspirar: no llego.

GABRIEL CRUZ,

Periodista

Fue un encantamiento. Las nuevas tecnologías nos sedujeron con sus posibilidades: comunicarnos con quien sea en cualquier parte del mundo, estar informado al instante, pasar de ser un anónimo ciudadano a otro famoso con miles de seguidores que nos hacen más felices al marcarnos con un corazoncito en las redes sociales. Entonces el hechizo nos atrapó.

Cada pocos minutos chequeamos el teléfono para que nada se nos escape. En el trabajo cada cierto tiempo debemos adaptarnos a un nuevo programa, y en casa ese novedoso electrodoméstico con funciones que no usaremos nunca nos demanda atención para explotar todas sus posibilidades. Un hechizo al que los expertos en salud laboral le pusieron nombre: tecnoestrés.

Si ya fue identificado en 1984 cuando ni siquiera había móviles ni internet, imagínese como estaremos ahora. Lo definió el psiquiatra estadounidense Craig Brod como «una enfermedad de adaptación causada por la falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de manera saludable». El concepto se ha extendido y como señala el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Ministerio de Trabajo: “el tecnoestrés abarca los efectos psicosociales negativos del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”. El término está aprobado por la RAE y también sus diferentes tipos, como la tecnoansiedad (rechazo ante el uso de las TIC), tecnofatiga (cansancio por el uso) y tecnoadicción (enganchado a los dispositivos tecnológicos).

Sin embargo, como señala Alicia Arenas, profesora de psicología social de la Universidad de Sevilla, este problema psicológico oficialmente no se ha considerado como un tipo de estrés porque no forma parte de las encuestas ni europeas ni nacionales sobre condiciones laborales. “Por tanto, parece que no existe”, asegura.


El tecnoestrés puede derivar en el síndrome del trabajador quemado y, de ahí, generar una baja laboral


 

Señales de alarma

En todo caso lo que existen son sondeos de investigación. En España el más reciente es de 2021, en plena pandemia. Elaborado por la consultora española Affor Health con unas 931 entrevistas y que contó con el asesoramiento de Alicia Arenas y Donatella Di Marco, del grupo de Investigación de Recursos Humanos y Organizaciones de la Universidad de Sevilla. Las preguntas versaron sobre:
-Tecnosobrecarga. Las TIC nos fuerzan a trabajar más rápido y más tiempo. Un 52% de los trabajadores aseguraban padecerla.
-Tecnoinseguiridad. Cuando creemos que podemos, por ejemplo, perder el trabajo si no nos ponemos al día en el manejo de las TIC. Según la encuesta la padecen un 29% de los empleados.
.Tecnointrusión. Al ser contactado en cualquier momento y difuminando los límites entre ocio y trabajo. Eso crea estrés. “Cuando su vida personal está siendo invadida por estas tecnologías”, apunta Arenas. Un 59% de los trabajadores lo percibe así.
-Tecnocomplejidad. Esa sensación propia de que no se posee capacidad para absorber la velocidad de actualización tecnológica. Lo padecen un 64% de los encuestados. Curiosamente, Arenas nos asegura que “hemos detectado mayor incidencia en las mujeres porque se perciben así”. En esto, Alicia Arenas, que también es investigadora del Observatorio de Salud Laboral desde la perspectiva de género, nos insiste en que “es algo subjetivo. No es algo real”. Pero el efecto real que provoca es la inseguridad.
-Tecnoincertidumbre. La tensión generada por los continuos cambios. Esto afecta a menos trabajadores, un 34%.

Si se viven estas situaciones es cuando surge el tecnoestrés y su consecuencia, la tecnofatiga. ¿Lo ha “tecnoentendido”? Perdón se me fueron las teclas, seguramente porque los periodistas seamos de los que más lo sufrimos, porque la esencia de nuestro trabajo requiere estar actualizados constantemente, al minuto…
Arenas y Di Marco trabajan en un juego de simulación para que pequeñas y medianas empresas detecten estas situaciones. Y es que el tecnoestrés puede derivar en el síndrome del trabajador quemado, y de ahí, generar una baja laboral psicológica por una depresión, por ejemplo.

Para no llegar hasta ese punto, sea realista con sus posibilidades y afronte metas que pueda alcanzar. Desactive las notificaciones de las aplicaciones que menos utilice. Márquese un horario libre al día para hacer algo que le guste y separe los objetivos en bloques de 20 minutos, centrando la atención sólo en ellos. No sea multitarea ni intente hacer varias cosas al mismo tiempo. Después levántese y descanse 5 minutos. Sobre todo, diferencie urgente de importante. No todo tiene que hacerse de forma inmediata.

Y EN TWITTER QUÉ OPINAN

Nos hemos tecnoestresado buscando trinos cibernéticos sobre el tema porque abundan muchos, sobre todo en la nueva tendencia de los “coach”. Sin embargo, los tuit de perfil más técnico son de cuentas sobre prevención laboral que tratan muchos otros temas.

@AFFORPrevencion
Consultora que realizó el último estudio de tecnoestrés en España.

@CSIFCV (sindicato de funcionarios)
¿Sabías que el #tecnoestrés es el síndrome que causa la utilización de tecnologías de forma extrema?

@Tecnoestres
Controlar la #ansiedad: consejos para conseguirlo

@SaluDigital_es
Revista online semanal de #eHealth

Web3: la última red

LA @

La web3 se refiere a la cadena de bloques, mientras que la web 3.0 es la semántica, que predice mucho mejor el sentido de nuestras búsquedas.

WEB3:

LA ÚLTIMA RED

¿Se sentía seguro porque sabía lo que era la web? Cambie el chip y adáptese de nuevo. Ya estamos en la tercera generación y a punto de sumergirnos en la cuarta. Si se siente superado por el tecnoestrés, no deje de mirar unas páginas más allá los consejos para no padecerlo.

GABRIEL CRUZ,

Decano del Colegio Notarial de Extremadura.

Vamos despacio. No queremos que sufra ansiedad. Ya lo hemos padecido nosotros por usted: documentarnos, hablar con expertos… Si quiere hacer el camino por su cuenta le advertimos: mucha de la información que circula por internet no es fiable. Algunos blogs y vídeos que “venden” las maravillas de la web3, lo que de verdad venden son criptomonedas. Muchos de esos foros tecnológicos son mercados persas en que se encuentran anuncios como “urgente: quien compre ahora se hará millonario” o “esto subirá un 697% en unos días”

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Si tiene más de 40 años ha pasado por la web 1.0. ¿Se acuerda de los pitidos del módem cada vez que se conectaba? La web de los años 90 era la de la información estática. No había interacción entre el que difundía y el que la recibía. El receptor no podía comentar nada. La mayoría eran páginas informativas. Tenían la misma forma que un periódico, pero en vez de en papel, en la pantalla. Además, el contenido de la web estaba en una computadora localizada en el mismo edificio de su propietario. Entonces, no había posibilidad de enviar ficheros adjuntos en un email, las fotos eran poco comunes y no había videos.


Algunos blogs y vídeos «venden» las maravillas de la web3, pero lo que de verdad venden son criptomonedas


Menos mal que en el 2000 llegó la web 2.0, la misma en la que estamos casi todos ahora. La creación de servidores externos que la empresa contrata, eso que se llama la nube, aumentó la velocidad y la capacidad de contenido. Aparecieron los megaedificios donde están los discos duros que contienen la información. Son tan eficientes que las webs permiten compartir datos e interactuar con gran facilidad. Parecía que lo teníamos todo pero entonces… ¡Llegaron las redes sociales! Facebook, Twitter, Youtube… Si en la web 1.0 el flujo de información era en una dirección, en la 2 se puede interaccionar, pero el contenido está en manos de unos pocos: los dueños de los servidores y el propietario de las redes sociales. Usted no puede llevarse sus seguidores de Twitter a otra red porque en el fondo son clientes de Twitter, como usted. La empresa les deja usar gratis su software y almacenamiento. ¿Y qué ganan a cambio? Justo: sus datos. Para vendérselos a terceros.

Descentralizar de nuevo

En el año 2014 a este panorama viene a sumarse la web3. Con ella la idea que se busca es volver al principio, a la descentralización. Pero, en vez de que cada uno tenga el contenido de su web en su ordenador, inasumible por el coste, estará compartido mediante la cadena de bloques informáticos (blockchain en inglés) y repartido en una comunidad de ordenadores llamados nodos. Cualquiera puede montarlos en su casa con un presupuesto de 150 euros.

Algunas cifras apuntan a que pueden existir 300.000 nodos en el mundo. Como nos señala Jesus García, profesor en la UTAD Universidad de Tecnología y Arte Digital en Madrid: “Se quiere volver al principio para que la web deje de pertenecer a unos pocos y esté más repartida”. El sistema es seguro; aunque un nodo falle, la información está replicada, repetida en bloques encadenados.


Los defensores de la web3 aseguran que lo que se busca es volver al principio, a la descentralización


En teoría, todo suena muy bien. Los defensores del blockchain aseguran que es mayor la seguridad en las transacciones porque están replicadas en todos los bloques y por tanto, más vigiladas; que se garantiza el anonimato, que no se depende de grandes empresas, que tiene menor coste… El único inconveniente es que encontramos pocas aplicaciones prácticas del blockchain a día de hoy. Dos de ellas son el negocio de las NFT o de las criptomonedas, de las que hay 1.500 tipos y que, por cierto, algunos analistas aseguran que es un timo piramidal, un valor especulativo a la espera de que alguien lo compre.

La seguridad del sistema centralizado

Jordi Romero, es socio de Itnig, una cuna de empresas tecnológicas emergentes, (start-ups): “Respecto a la blockchain soy escéptico. Cuando da problemas se resuelve con un servidor. La principal diferencia es que, en el sistema centralizado, el de los servidores, uno tiene la llave del servidor y en la web3 está entre todos. No he encontrado grandes soluciones en el blockchain. Todo lo que nos rodea ya es digital: mi cuenta bancaria, las escrituras de mi casa… pero están respaldadas por la ley. Si yo tengo un problema puedo denunciarlo, estoy respaldado. Pero en el blockchain nadie responde. El servidor tiene valor porque hay alguien que tiene la llave de la base de datos y al que le puedo pedir responsabilidades”.

Los defensores del blockchain señalan que es imposible hackear su sistema porque como la información está replicada en todos los nodos, si se hackea uno el resto se daría cuenta porque la información no coincide. Es decir, habría que hackear el 51% de esos 300.000 ordenadores que participan en la cadena de bloques para ser exitoso en la empresa.

La web actual también tiene sus inconvenientes. Seguro que recuerda bien las veces en que se ha caído el servicio de empresas como Meta o WhatsApp


La web actual también tiene sus inconvenientes. Seguro que recuerda bien las veces en que se ha caído el servicio de algunas empresas


Pero en la blockchain también pasan otras cosas. Los hackers, por ejemplo, roban criptomonedas en plataformas de intercambios. Algunas cifras aseguran que el robo alcanza los 1.800 millones de euros desde 2017. Además, las transacciones aquí son más caras (unos 50 euros) y no se pueden revertir. Es decir, si se equivoca o le estafan no hay posibilidad de que le devuelvan el dinero.

Si aún no lo tiene claro, Jesús García introduce un matiz más: la diferencia entre la web3 y la web 3.0: “La web 3 es la que se refiere a la cadena de bloques mientras que la web 3.0 estrictamente hablando es la que se denomina web semántica, porque mediante la inteligencia artificial predice mucho mejor el sentido de nuestras búsquedas”. Es mucho más acertada gracias al aporte de millones de datos de usuarios.

El siguiente paso será la web 4.0 en la que ya se traspasa el marco de la pantalla con una inteligencia artificial mejorada, con un comportamiento todavía más predictivo. Por ejemplo, si su reloj inteligente detecta una subida de su ritmo cardiaco, algo propio de un infarto, alertará automáticamente al hospital más cercano. Pero si le parece vamos a dejar esto para otro artículo, cuando la web 3.0 se convierta en la penúltima red.

¿Compraría un NFT?

Los bienes muebles, los que puede mover, son fungibles o no fungibles. Los primeros se gastan con su uso, pero se reemplazan por otros iguales (el dinero, la comida). Los no fungibles no se gastan con su uso y son irrepetibles (como una obra de arte o un artículo exclusivo). Los NFT son las siglas de Non Fungible Token (un token no fungible). Un token, en inglés es una ficha como las de un coche de choque, pero en este caso no es física sino un código digital único. Cada criptomoneda de bitcoin es un token, pero fungible: puedo conseguir más. Sin embargo, un token no fungible, un NFT, es como una marca digital que identifica como único un archivo digital. Crear esa “marca” se denomina mintear. Los archivos suelen ser un dibujo o un texto convirtiéndolo en único. Aunque puede ver ese mismo archivo online gratis, da igual, hay gente que paga por ello. Por ejemplo, el primer tweet de la historia, publicado el 21 de marzo de 2006, fue «just setting up my twttr» (“solo estoy configurando mi twttr”, en español) (En el código QR lo tiene) Se vendió en bitcoins por el equivalente a 2,9 millones de dólares a @sinEstavi, un malasio que no para de presumir de que lo tiene y… que lo pone en venta. También la casa Sotheby’s subastó un pixel gris (un puntito de una pantalla) por 1,13 millones de euros. No se culpe, somos muchos los que no entendemos el arte.

Metaverso y la Web 3 no son lo mismo
En el número 132 de Escritura Pública le hablamos de ese universo de realidad virtual al que sólo se puede acceder con unas gafas y guantes especiales. Erróneamente se ha identificado al metaverso como un producto de la web 3 pero no siempre es así. La confusión está en que en el metaverso hay “mundos virtuales” construidos con tecnología blockchain, la misma que la de la web3. El punto de conexión más fuerte es que en ambos, web3 y metaverso, se manejan criptomonedas.

«Web3: el mismo perro con distinto collar», por Esther Paniagua

LA @

ESTHER PANIAGUA,

Periodista y autora especializada en tecnología

 

"El solucionismo tecnológico no nos conducirá a un futuro mejor, pero la gobernanza tecnológica sí"

Web3: el mismo perro con distinto collar

Una plataforma revolucionaria libre, descentralizada y basada en la relación entre pares, de igual a igual. ¿Les suena? Es lo que nos ofrecía internet en sus comienzos, y es lo mismo que prometen ahora los evangelizadores de la Web3. En 1989 Tim Berners-Lee democratizó la red de redes gracias a la World Wide Web: un sistema de conexión de documentos que nos permite acceder al contenido online. Ahora, los defensores de la Web3 proponen esta como la evolución natural de la web.

Parece lógico, pero no es así. La evolución de la web no es la Web3 sino la Web 3.0. El barullo de nombres no es casual: se pretende generar confusión y reemplazar la una por la otra. Sin embargo, no son lo mismo. La Web 3.0 -a la que, por claridad, llamaré «Web semántica»- es una continuación de la Web 2.0, de igual modo que esta lo es de la Web 1.0, la primera versión de la invención de Berners-Lee.

A la Web 3.0 se le llama también Web semántica porque una de sus principales características o funcionalidades es la de hacer que los recursos a los que podemos acceder online sean más legibles para las máquinas para que puedan organizar mejor la información. Eso redundaría, por ejemplo, en búsquedas más precisas, guiadas por el significado y no por el contenido textual.

La Web semántica no solo tiene una filosofía totalmente diferente a la Web3, sino que se basa en una infraestructura diferente. La primera es continuista con sus predecesoras (la Web 1.0 y la Web 2.0), y se basa un protocolo llamado HTTP que crea una red de recursos unidos mediante hipervínculos. La Web3, sin embargo, se basa en una tecnología llamada blockchain, y su foco está puesto en la resolución distribuida de problemas relacionados con la propiedad de activos.

La cadena de bloques es conocida por ser el vehículo de Bitcoin, la famosa criptodivisa. Es un sistema de consenso distribuido que permite realizar registros descentralizados con copias en millones de ordenadores en todo el mundo protegidas criptográficamente, que en teoría no se pueden atacar, ni prohibir, ni borrar. Además de guardar datos y documentos, también permite establecer reglas particulares para cada transacción. Esto tiene muchas ventajas (y algunos inconvenientes) pero desde luego no es una evolución de lo que conocemos como web, sino otra cosa diferente.

La Web3 se basa en la idea de aplicaciones descentralizadas y finanzas descentralizadas, a través de herramientas como los contratos inteligentes, las criptomonedas o cualquier otro tipo de token o unidad de valor. Por ejemplo, las NFT son una forma de monetización digital basada en tokens no fungibles, una especie de certificados digitales de autenticidad y propiedad de una obra de arte que solo existen en formato electrónico y que están validados por tecnología blockchain.

A las organizaciones que operan en esta infraestructura se las denomina DAO (del inglés Decentralized Autonomous Organisation). En una tienda DAO, el precio de todos los productos y los detalles sobre quién recibirá los ingresos, se mantienen en una cadena de bloques, y los accionistas pueden votar para cambiarlo.

Los predicadores de la Web3 proclaman que cada vez más organizaciones se convertirán en DAO, más objetos se convertirán en NFT y más tokens serán interoperables, eliminando así fricciones e intermediarios. Sin embargo, la criptoweb camina hacia lo contrario: no es libre ni abierta, dado que la mayoría de las personas no tiene recursos, medios ni conocimientos para participar, y ni siquiera entiende lo que es ni cómo funciona.

A lo anterior se suman otros problemas asociados a la Web3. La huella de carbono de blockchain es uno de ellos, y no menor. Bitcoin, por sí sola, tiene un consumo energético anual de 204 kilovatios por hora, equivalente a un país como Tailandia, según las estimaciones de Digiconomist. Se calcula que sus emisiones en 2021 podrán asociarse a alrededor de 19.000 muertes futuras. Y comprar una obra de arte NFT equivale al consumo mensual de alguien que vive en la Unión Europea (UE), según el análisis del tecnólogo y artista Memo Akten en Cryptoart.wtf.

Pero hay más. Como es bien sabido, las criptodivisas facilitan el lavado de dinero criminal, ya que permiten disociar los pagos de su fuente y convertir esas monedas en dinero para gastar, todo ello de forma anónima. Es decir, da la posibilidad a los delincuentes de ocultar el origen de los ingresos de las actividades ilícitas para que puedan cobrarlos de forma segura. La especulación, las estafas y la criminalidad en este torno es algo que no se puede obviar.

Muchos consideran que la elección de nombre ‘Web3’ responde a la intención de hacer un cambio de imagen de todo lo asociado con el mundo ‘cripto’, y critican que sus promesas de revolución se basan en un análisis superficial de los movimientos sociales, tomando ejemplos del mundo del arte y los videojuegos, que difícilmente representan cómo vive y trabaja la mayoría de la gente. «Son incapaces de ver el Estado como algo más que una patología obsesionada con la búsqueda de rentas y la vigilancia que no puede ser reformada o readaptada; que solo se puede domar o abolir», dice Evgeny Morzov en un artículo en The Crypto Syllabus.

El solucionismo tecnológico no nos conducirá a un futuro mejor, pero la gobernanza tecnológica sí. Solo creando nuevas instituciones y reglas que encaucen los avances técnicos hacia el bien común, que eviten las concentraciones de poder que ya dominan la economía digital, que pongan por delante el respeto a los derechos humanos y cuyo norte sea la creación de valor para todos los ciudadanos como sujetos, y no como objetos de consumo y mercantiles (meros datos), será posible la prosperidad compartida.

Entrevista a Tontxu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia

EN ESTE PAÍS

Tontxu Rodríguez:

SECRETARIO DE ESTADO DE JUSTICIA

“La reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el tejido empresarial»

El pasado diciembre Antonio Julián (Tontxu) Rodríguez, abogado desde 1987, tomó posesión del cargo de secretario de Estado de Justicia.
Senador en las cuatro últimas legislaturas por designación del Parlamento Vasco, también fue alcalde del Ayuntamiento de Barakaldo (2003-2013).
Quien le ha acompañado en su vida pública le considera un hombre cercano y campechano, además de un especialista en la justicia volcado en mantener un estrecho contacto con los operadores jurídicos.

CARLOS CAPA,

En estos pocos meses a cargo de la Secretaría de Estado de Justicia, ¿ha podido ya fijar las prioridades de las responsabilidades puestas a su cargo?

Desde mi llegada nuestra misión es generar en la ciudadanía el sentimiento de que la Administración de Justicia es, ante todo, un servicio público, como lo son (y deben seguir siéndolo) la sanidad, la educación o la atención a la dependencia.

Todo con el máximo respeto al paradigma de la gobernanza multinivel, así como a que la justicia es una herramienta para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres; la justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo.
En este contexto, los tres objetivos fundamentales que pretende lograr esta Secretaría de Estado son:

  • Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la configuración de la justicia como un servicio público orientado al bienestar en derechos.
    •Mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector de la justicia.
  • Contribuir desde el ámbito de la justicia a la transformación del país, haciendo lo posible para lograr una sociedad más democrática, igualitaria y cohesionada a nivel social y territorial.

Accede al poder ejecutivo después de más de 30 años de responsabilidades en otros ámbitos, como la Administración municipal o el poder legislativo. ¿Cómo afronta este cambio?

Es muy diferente ser alcalde de una ciudad como Barakaldo (Vizcaya) con más de 100.000 habitantes, con los problemas más cercanos a los ciudadanos, a estar en la Cámara Alta donde estás “haciendo” leyes que mejoran la calidad de vida de todos los ciudadanos, y ahora me ha tocado estar en el Ejecutivo gestionando la justicia como servicio público. Un cambio radical, que ha sido una decisión personal y a propuesta de la Ministra de Justicia, Pilar Llop.

Un honor tener presentes asuntos que preocupan a todos los ciudadanos, porque sin justicia no hay estado social y democrático.

Desde su condición de abogado ejerciente en el sector privado durante años, es conocedor de primera línea del día a día de la justicia. ¿En qué estado cree que se encuentra? ¿Responde su funcionamiento a las necesidades de la sociedad?

Se está avanzando en la mejora de la justicia, entendida no como una mera respuesta que ofrece el ordenamiento jurídico, desde una actitud lateral, sino que debemos pasar a verla como un poder público empeñado en la igualdad y en la supresión de todas las trabas que la sociedad encuentre en ese camino, porque lamentablemente aún quedan.

Por ello, nos hallamos ante un cambio de cultura política donde estamos configurando, desde la política pública de justicia, una esfera legal de todas las personas, como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada.

 

El pasado 4 de marzo representó a España en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea donde se manifestó en la dirección de impulsar una iniciativa común que contribuya a combatir la incitación y los delitos de odio. ¿Podría hablarnos de esta propuesta?

Efectivamente, en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia del pasado 4 de marzo debatimos la propuesta presentada por la Comisión Europea de incorporar al catálogo de los denominados “eurodelitos”- aquellos para los que podría adoptarse una regulación común a nivel UE- el de la incitación al odio y los delitos de odio. Como no podía ser de otra forma, España comparte la necesidad de esta iniciativa y creemos que su adopción queda plenamente justificada al objeto de permitir una respuesta penal más eficaz a estos delitos, así como una mejor y más completa protección de las víctimas de los mismos. No debemos olvidar que los delitos de odio y de incitación al odio tienen un marcado carácter transnacional y ha adquirido un extraordinario auge en todos los países de la UE. Es por ello que, para luchar de manera más eficaz contra este fenómeno, resulta necesario impulsar una acción común de la UE que, respetando el derecho a la libertad de expresión, contribuya a evitar la impunidad de la incitación al odio y los delitos de odio, tanto en su dimensión en línea como fuera de ella.

El proyecto de Ley Concursal, que debe transponer una directiva comunitaria, está generando un intenso debate entre los operadores jurídicos y los expertos fiscales, sobre todo en lo referente a las pymes y a la regulación de la segunda oportunidad. ¿Será una solución eficiente para la supervivencia del tejido empresarial en una situación tan extraordinaria como la que vivimos?

Sin duda, la reforma de la legislación concursal va a resultar muy positiva para el conjunto del tejido empresarial.

La reforma introducirá los planes de reestructuración, un instrumento preconcursal para evitar la insolvencia, o superarla, incentivando una reestructuración más temprana, y por tanto con mayores probabilidades de éxito, contribuyendo a la descongestión de los juzgados y, de este modo, a una mayor eficacia del concurso.

A su vez, la ley reformará el procedimiento concursal para incrementar su eficiencia, introduciendo múltiples modificaciones procedimentales dirigidas a agilizar el procedimiento, facilitar la aprobación de un convenio cuando la empresa sea viable y una liquidación rápida cuando no lo sea.

Por último, la ley configura un procedimiento de segunda oportunidad más eficaz, ampliando la relación de deudas exonerables e introduciendo la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y con un plan de pagos, permitiendo así que éste conserve su vivienda habitual y sus activos empresariales.

Su vida política ha estado siempre vinculada al País Vasco. A más de diez años de la disolución de ETA, ¿cree que la normalidad ha vuelto a la política vasca y por ende a la española?

Tras 10 años del cese definitivo de la lucha armada de ETA, en Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria, y yo creo que se mezcla la generosidad y el recuerdo. Es el momento de los consensos, de los acuerdos, pero desde la memoria. Vivimos una nueva etapa; un nuevo tiempo para Euskadi y también para España. Hay que compartir lo que supuso el terrorismo de ETA, pero celebrar la convivencia plena entre vascos y con el resto de España.

Las víctimas conformaron la infantería de la democracia a pie de calle. Hay que recordar a todas las víctimas, porque nunca ha habido una razón para aniquilar al diferente. Medio siglo de terror ha dejado mucha sangre y muchos recuerdos. En Euskadi vivimos un nuevo tiempo y ahora toca reconocer a las víctimas de ETA; es una obligación y un deber moral y cívico, para poder ser una sociedad digna. Democracia sin rencor sí, pero con sentido de historia; somos una sociedad sin terrorismo, pero con memoria.

La Violencia de Género está enquistada en la sociedad sin que parezca que las medidas tomadas sean todo lo eficaces que deseamos. ¿Es necesario replantearse algo?

Sin duda debemos seguir trabajando para erradicar o reducir la violencia que sufren las mujeres, pero no comparto la idea de que las medidas adoptadas a partir de 2004 con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, hayan sido ineficaces. Cada día hay muchos recursos puestos a disposición de las mujeres que sufren violencia para conseguir que salgan de ella y, de hecho, muchas lo hacen. Uno de los mayores logros, junto al de la protección de las mujeres, ha sido el de crear una conciencia social de rechazo hacia cualquier tipo de violencia que pueda sufrir una mujer a manos de su pareja, convirtiéndose esa violencia, que hasta entonces permanecía en la esfera de lo privado o de lo estrictamente familiar, en un problema de orden público, que nos concierne a todos como ciudadanos de un país que se dignifica rechazando que una mujer esté sometida al dominio de un hombre.

En un escenario tan complejo como el que vivimos marcado por elementos como la pandemia o la guerra de Ucrania, la seguridad jurídica, elemento consustancial a la función notarial, es más que nunca un valor fundamental para la recuperación. ¿Cómo valora el trabajo que realiza el notariado español?

El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica. En momentos como los que estamos viviendo esta capacidad de evolución resulta fundamental para seguir cumpliendo su función de garantes de la seguridad jurídica en el tráfico jurídico extrajudicial, adaptándose a las necesidades de la sociedad actual. En esta línea, la futura Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia profundizará en la digitalización del servicio prestado por los notarios con la regulación del protocolo electrónico, previéndose que los instrumentos incorporados al mismo se considerarán originales, dado que las matrices electrónicas serán un espejo de las matrices físicas. Del mismo modo, la Ley de Eficiencia Digital, sin desnaturalizar la función notarial, prevé también la posibilidad de realizar determinadas actuaciones notariales mediante videoconferencia.

Recientes estudios cifran que la lentitud de la Justicia bloquea más 11.000 millones de euros en los tribunales. ¿El impulso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en la que los notarios juegan un relevante papel, debe contribuir a aliviar esta congestión?

El anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia, que en breve se remitirá nuevamente al Consejo de Ministros para iniciar su trámite parlamentario, pretende, efectivamente, impulsar los medios adecuados de solución de controversias, de forma alternativa a la jurisdicción, para ofrecer respuestas más ágiles a los conflictos de la ciudadanía y más ajustadas al caso concreto. Dotará, por tanto, de eficiencia operativa al sistema, a lo que también contribuirán enormemente los anteproyectos de ley de medidas de eficiencia organizativa y digital, igualmente en una fase muy avanzada de tramitación; pero además, la implicación de las partes en la solución de sus propias controversias, ayudadas, en su caso, por un tercero neutral, como son los y las profesionales del Notariado, redundará sin duda en un mayor grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados y, sobre todo, contribuirá a preservar las relaciones y al mantenimiento de la paz social.

“El Notariado español es un colectivo pionero y muy activo en el proceso de implantación de la administración electrónica”

Huella digital

Tontxu Rodríguez no tiene cuenta propia en Twitter pero de sus actividades oficiales informa el perfil que mantiene el Ministerio de Justicia en la red social @justiciagob

“La justicia y sus políticas públicas deben estar informadas e inspiradas en el feminismo”

“Estamos configurando la justicia como un servicio público digno de la sociedad democrática avanzada”

“En Euskadi se vive en una situación de paz extraordinaria en la que se mezcla la generosidad y el recuerdo”

Seguridad jurídica y custodia del territorio

EN ESTE PAÍS

Ignacio Torres en la inauguración.
José Ángel Martínez Sanchiz, en el acto inaugural.

Redacción

[email protected]

 

Seguridad jurídica y custodia del territorio

La custodia del territorio es un tema inagotable, de enorme trascendencia territorial, social y económica para España, en el que deben llegar a acuerdos múltiples sectores de la esfera pública y privada utilizando todo tipo de herramientas, pero todas guiadas por la seguridad jurídica, “sin ella cualquier medida adoptada se la llevará el viento.

Esta es una de las conclusiones generales de la I Jornada Seguridad Jurídica y Custodia del Territorio en la que participaron una treintena de expertos, entre conservacionistas, notarios, políticos, alcaldes y ONGs.

La jornada fue organizada por la Fundación Notariado, la Comisión de Custodia del Territorio del Consejo General del Notariado (CGN) y la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

La inauguración corrió a cargo de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN y de la Fundación Notariado e Ignacio Torres Ruiz-Huerta, subdirector de Biodiversidad y Cambio Climático de la Fundación Biodiversidad. El presidente del Notariado expresó el deseo de los notarios “de colaborar en distintos ámbitos como la custodia del territorio; la repoblación de los pueblos que necesitan recuperar el pulso de la vida ordinaria con más habitantes; y el aprovechamiento y configuración jurídica de los medios propios del campo, generando situaciones rentables para posesiones olvidadas como los montes de socios, que ocupan una parte significativa del territorio nacional».

Por su parte, Torres Ruiz-Huerta ratificó la importancia de las iniciativas de custodia del territorio en el marco de la recuperación económica y la transición ecológica, resaltando que “impulsar las oportunidades que nos ofrece el mundo rural debe ir asociado al fomento de la bioeconomía, a su vez asociado a la conservación de la biodiversidad y al cuidado de los servicios ecosistémicos. La custodia del territorio es una de las herramientas clave puesto que para poder abordar este gran reto son imprescindibles las alianzas estratégicas y trabajar coordinadamente con diferentes agentes, algo que nuestro acuerdo con el CGN y estas jornadas escenifican a la perfección”.

Estado actual

La primera mesa redonda se centró en el Estado actual de la Custodia del Territorio. De la conservación pública a la intervención ciudadana. Moderada por Ignacio Ferrer, decano del Colegio Notarial de Extremadura, miembro de la comisión permanente del CGN y patrono de la Fundación Notariado, contó como ponentes con Carlos Javier Durá, investigador del CIEDA; Antonio Ruiz Salgado, abogado y consultor jurídico ambiental, asesor jurídico del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio; y Federico Cabello de Alba, notario y miembro de la Comisión de Custodia del Territorio del CGN (quien participó de manera telemática).

 


LA COMUNIDAD INTERNACIONAL PREVÉ AMPLIAR PARA 2030 AL 30% LA CANTIDAD DE SUPERFICIE TERRESTRE O MARINA PROTEGIDA JURÍDICAMENTE


 

Ferrer indicó que se debe «profundizar en la seguridad jurídica que aportan los notarios en la custodia del territorio para asegurar la legalidad y adecuar la voluntad de las partes». El investigador del CIEDA-CIEMAT, subrayó que “podemos realizar adaptaciones imaginativas de fórmulas empleadas con éxito en otros países para su incorporación al ordenamiento jurídico español. Entre otras, la adecuación de la fiscalidad ambiental para fomentar y consolidar iniciativas de custodia.”

El asesor jurídico del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio, Antonio Ruiz, afirmó que “las líneas de trabajo para fortalecer la custodia del territorio están bien definidas en el Libro Blanco; entre otras, modificar la Ley 49/2002 de Mecenazgo e Incentivos a las Entidades no Lucrativas, mejorando el marco de desgravación actual e incorporando mejor el patrimonio natural y la biodiversidad”.

Federico Cabello de Alba, destacó que “hay necesidad de realizar acciones de formación combinada, tanto en el ámbito de las entidades de conservación como en el Notariado, en los montes de socios y en los comunales para asumir el reto de la demanda social representada por el movimiento de custodia del territorio y su trascendencia para la conservación de la biodiversidad y la despoblación del medio rural”. Cabello de Alba recordó que, en 2019, la Fundación Biodiversidad y el Consejo General del Notariado firmaron un acuerdo de formación y asesoramiento mutuo.

 

Montes de socios

El segundo panel de debate abordó los Montes de socios. Formalización y aportación al desarrollo rural. Con Miguel Latorre, subdelegado del Gobierno en Soria, como moderador, intervinieron Pedro Agustín Medrano, director de «Montes de socios» y «Asociación Forestal de Soria»; José Manuel Benéitez, notario de Soria; Beatriz Martín Larred, senadora de ‘Teruel Existe’ y Pedro Gracia, letrado de la Asociación Forestal de Soria.

Latorre aseguró que no existe un marco legal adecuado para los montes de socios, lo que favorece que terceros interesados puedan caer en el abuso de hacerse con propiedades que no son suyas, de explotar recursos naturales sin pagar a sus legítimos dueños y de evitar la función social de la propiedad, que es la de hacer que parte de los beneficios obtenidos reviertan en la conservación de los propios montes y revitalicen las comunidades en las que se ubican. Medrano aseguró que desde su asociación quieren «custodiar los montes de socios -que sólo en Castilla y León ocupan 180.000 hectáreas- para los que vengan; es nuestra cuota de responsabilidad generacional». La senadora Martín apuntó que «los montes de socios son un fenómeno vinculado al fenómeno del éxodo rural. Entre las personalidades jurídicas que ayudan a regularlo destacan los colegios notariales que hacen posible la reanudación del tracto, permitiendo a los dueños empoderarse y recuperar su raíz»

El notario soriano José Manuel Benéitez aclaró que un monte de socios no es público, sino un monte privado en comunidad romana o por cuotas y que no existe una legislación completa que los abarque. Por ello pidió una ley integral que responda jurídicamente a todas sus características, y subrayó su valor para la biodiversidad:

 

La biodiversidad

Conservación de la biodiversidad, ¿Qué esperamos del mundo jurídico? fue la mesa dirigida por Oscar Prada, de la Fundación Biodiversidad, que tuvo como participantes a Cristina Álvarez, asesora Legal de SEO/BirdLife; Eduardo de Miguel, director gerente de la Fundación Global Nature; Javier Manrique, secretario de la Fundación Amigos del Águila Imperial, Lince Ibérico y Espacios Naturales de Carácter Privado y notario de Jerez de la Frontera y Pedro García Moreno, presidente de ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste).

 


EL NOTARIO RURAL ES UNO DE LOS PRINCIPALES RECURSOS JURÍDICOS DE LAS ZONAS DESPOBLADAS


 

Álvarez-Vaquerizo señaló las que han tenido con administraciones municipales tras el cambio de secretario y su reinterpretación de los antiguos acuerdos de custodia en el marco de los contratos públicos, y por tanto sujetos a licitación, siendo algo muy diferente. Por su parte, Eduardo de Miguel reivindicó “un cambio jurídico para que puedan establecerse a perpetuidad los objetivos de conservación vinculados a un determinado terreno sujeto a un acuerdo de custodia o directamente propiedad de una entidad de conservación. Debido a esa carencia jurídica estamos dejando de recibir importantes donaciones de dinero privado que exige la garantía de perpetuidad.” Pedro García focalizó su intervención en las dificultades administrativas y la inseguridad jurídica de la custodia del territorio en entornos litorales.

Las tres entidades coincidieron en señalar las dificultades burocráticas encontradas con la administración en terrenos de dominio público, a pesar de que la custodia del territorio llega muchas veces donde no alcanza aquella, ahorrando a la sociedad costes para la conservación’.

Por su parte Manrique señaló que “el censo podría ser una fórmula jurídica a desarrollar para conseguir mayor duración, incluso perpetuidad de los objetivos de conservación vinculados a un terreno concreto”.

 

Despoblación en el mundo rural

La última mesa analizó las Soluciones jurídicas y experiencias prácticas al reto de la despoblación en el mundo rural. Carmen Rodríguez Pérez, decana del Colegio Notarial de Murcia, moderó el coloquio donde tomaron parte Luis Antonio Calderón, presidente de SIEMBRA y alcalde de Paredes de Nava; Judit Flórez, directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP); Susana Gende, psicóloga del área de Estudios e Innovación Social de Cruz Roja; Conrado Giménez, presidente de Fundación Madrina y José María Graiño, decano del Colegio Notarial de Galicia.

Rodríguez centró el debate señalando que «el 53% del territorio español está ocupado por sólo el 5% de la población. Este dato pone de manifiesto la situación de despoblación en la que nos encontramos». Calderón puso en valor el papel activo de los alcaldes y la labor del notario rural: «su labor pública les convierte en referentes para los más vulnerables. Cuentan con un perfil universitario que les convierte en uno de los últimos recursos ante la despoblación». Flórez puntualizó que «nunca como hasta ahora ha habido una arquitectura institucional para abordar este reto desde todas las instituciones públicas». Por su parte, Gende señaló que “estamos a la cola de Europa en la inclusión del talento femenino en un entorno rural muy masculinizado. Las mujeres son las primeras que se van de los pueblos por la persistencia de los roles de género en el campo». Giménez explicó la creación de Abuelos Madrina en el entorno rural para proteger la maternidad vulnerable, así como el proyecto Pueblos Madrina “por el que buscamos alojamiento para familias cuya vida en la ciudad es extremadamente difícil».

Por último, Graíño puso de manifiesto la conexión de las notarías con la población de los pueblos, que «constituyen una estructura que garantiza la seguridad jurídica personal y patrimonial. El notario es una persona imparcial que sirve de guía en Derecho Privado; su intervención ex ante en la información precontractual permite conocer qué derechos se tienen o qué instrumentos jurídicos utilizar en materia de emprendimiento. El decano gallego recordó algunas iniciativas recientes puestas en marcha por el Notariado que pueden beneficiar a la población rural: «Se ha suscrito un convenio con empresas de microfinanzas para establecer créditos ventajosos con personas vulnerables facilitando la inclusión social. También cabe destacar la apuesta por la digitalización, con la creación del Portal Notarial del Ciudadano, donde podrán realizarse gestiones sin necesidad de desplazarse».

Custodia del territorio

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la custodia del territorio es una figura que facilita «iniciativas voluntarias de conservación de la naturaleza en fincas privadas y públicas entre el propietario y una entidad de custodia que le asesora para gestionar su territorio orientándolo hacia la conservación».

Montes de socios
En algunas regiones de España existen montes y terrenos rústicos propiedad de un colectivo de vecinos. Es una situación de proindiviso de varias personas físicas o jurídicas que poseen un porcentaje del territorio.
Primera mesa redonda (de izquierda a derecha): Antonio Ruiz, Carlos Durá, Ignacio Ferrer. Federico Cabello de Alba en pantalla.
Segunda mesa redonda (de izquierda a derecha): Pedro Medrano, José Manuel Benéitez, Beatriz Martín, Pedro Gracia y Miguel Latorre.
Tercera mesa redonda (de izquierda a derecha): Javier Manrique, José Ángel Martínez Sanchiz, Cristina Álvarez, Eduardo de Miguel, Oscar Prada y Pedro García.
Cuarta mesa redonda (de izquierda a derecha): José María Graíño, Conrado Giménez, Susana Gende, Luis Calderón, Judit Flórez y Carmen Rodríguez.

«Un instrumento para el desarrollo rural», por Ignacio Ferrer

EN ESTE PAÍS

IGNACIO FERRER,

Decano del Colegio Notarial de Extremadura.

"En la medida en que fomenta la colaboración público-privada, la custodia del territorio refuerza esa vía de integración y compatibilidad"

Un instrumento para el desarrollo rural

El concepto de custodia del territorio está unido al objetivo de la conservación del patrimonio natural y cultural de nuestro medio rural. Implica, por decirlo de forma sencilla, un conjunto de estrategias e instrumentos que pretenden comprometer a los propietarios y usuarios del territorio en su conservación y buen uso, promoviendo para ello acuerdos y mecanismos de colaboración continua con entidades de custodia y otros agentes públicos/privados. Pero quizás por esa dimensión ambiental indudable que tiene la custodia del territorio existe la idea equivocada de una cierta incompatibilidad entre estos acuerdos con usos tradicionales como la agricultura, la caza, la pesca o la ganadería, cuando la realidad es justamente la contraria.

Estas actividades no sólo resultan complementarias, sino que frecuentemente facilitan y encajan como un guante en las estrategias de conservación del territorio. La lógica de un desarrollo sostenible enfocado simplemente al ecologismo, sin consideración de las dimensiones social, económica y cultural, hace años que abandonó la esfera y el discurso público, incluso el de las propias entidades conservacionistas. Hoy la sostenibilidad se entiende en un sentido integral e integrador, desde la asunción de que, del mismo modo que hay que poner límites y cauces a las actividades productivas para la protección del medio ambiente, también hay que proteger esas actividades, sin las cuales el medio ambiente sufriría una merma semejante o superior, asociada al abandono del medio rural y el preocupante fenómeno de la despoblación.

Muchos caminos rurales se perderían y se desaprovecharían para nuevos usos ligados al ocio o el disfrute de la naturaleza si no fueran explotados también para otros usos productivos, de nuevo cuño, como el turismo, o tradicionales, como la ganadería. En numerosos pueblos de la España rural la arboleda cubre la función de absorción de CO2 que cubren los bosques en países de Centroeuropa. La protección de esas actividades tradicionales no sólo tiene encaje dentro de las políticas públicas de sostenibilidad sino que son necesarias para ellas, y el reto no es otro que encontrar la mejor integración, desde el convencimiento de ser sostenible implica no solo armonía con el entorno sino también viabilidad, es decir, posibilidad de que esa actividad pueda ser mantenida en el tiempo sin perjuicio para el que la emprende.

En la medida en que fomenta la colaboración público-privada para ello, la custodia del territorio refuerza esa vía de integración y compatibilidad y por tanto supone o puede suponer un impulso a esas actividades tradicionales desarrolladas de una forma no antagonista sino complementaria con el entorno. Estas formas de colaboración han sido históricamente infrautilizadas en España, perjudicadas probablemente por un ambiente social que recela de la posibilidad de una colaboración real y leal entre actores privados, públicos y sociales orientada al interés general. Sin embargo, las propias políticas comunitarias están fomentando esta cooperación, ante la evidencia de que los grandes desafíos de la sociedad del bienestar no pueden afrontarse exclusivamente con financiación pública, sino que demandan la implicación (la inversión y también la inteligencia) de los actores privados.

Pues bien, si hay un ámbito en el que merezca explorar esa colaboración público-privada, sin duda, ese es el medio ambiente, no sólo por su relevancia intrínseca, sino porque todo lo que gira alrededor de la transición ecológica y el cambio climático se va a convertir, si no se ha convertido ya, en el gran motor de desarrollo de las próximas décadas, junto a las actividades productivas ligadas a la digitalización, el análisis y la inteligencia de datos y la ciberseguridad.

Además, en este caso, y hasta donde se le ha puesto a prueba, la custodia del territorio ya ha presentado sus credenciales favorables, mostrándose como un instrumento jurídico eficaz para la protección del entorno y la biodiversidad. Al sustituir una lógica de imposición/supervisión por otra de responsabilidad y colaboración, ha permitido un mejor cumplimiento de los objetivos ambientales. Y se ha revelado además como una fórmula menos costosa para el erario público y por tanto más eficiente para el ciudadano que una intervención de la Administración basada en figuras jurídicas de protección del paisaje y su avifauna y patrimonio cultural.

Teniendo en cuenta que más de la mitad del territorio en Red Natura 2000 es de propiedad privada, parece cuanto menos sensato y oportuno que se apueste por esta vía, implicando a propietarios y usuarios en la estrategia de conservación y fomentando su compromiso activo y colaboración con entidades conservacionistas de carácter público o privado. Para ello, sería conveniente desarrollar una regulación específica estructurada, al estilo de la que existe en otros países, sobre todo anglosajones, así como promover algunos estímulos (por ejemplo, fiscales) que sin duda saldrían a cuenta para el erario público.

Ni que decir tiene que los notarios, sobre todo en esas comunidades de la llamada España vaciada, podemos aportar -y estamos aportando ya-, mucho al desarrollo de esta institución, que, insisto, resulta totalmente compatible con los usos ganaderos, agrícolas, de caza, etc. que son tradicionales y casi consustanciales con nuestro campo. De ahí, también, que el Consejo General del Notariado venga trabajando desde hace dos años junto a la Fundación Biodiversidad en el análisis de la normativa y la presentación de propuestas legislativas para reforzar la seguridad jurídica de la custodia del territorio como herramienta de conservación.

Una ley de vivienda para facilitar el acceso a los colectivos más vulnerables

DEBATE PARLAMENTARIO

Una ley de vivienda para facilitar el acceso a los colectivos más vulnerables

La ley de vivienda llega al Parlamento

Las políticas de planificación públicas se articulan sobre dos categorías de vivienda protegida: la vivienda social y la vivienda de precio limitado.
Después de varios intentos, el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda ha llegado al Congreso de los Diputados, donde se tramita por el procedimiento de urgencia. Si sale adelante, será la primera ley de la democracia que regule de forma integral este derecho constitucional. Su objetivo es ofrecer a las Administraciones territoriales los instrumentos necesarios para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles.
ELVIRA ARROYO,

La Constitución Española reconoce el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna e impone a los poderes públicos el deber de promover las condiciones y desarrollar las normas que lo hagan efectivo.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Constitución no se ha aprobado ninguna ley estatal que regule el acceso a la vivienda. El Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que ahora se debate en el Congreso, sería la primera, si el gobierno y los grupos parlamentarios que la han apoyado logran un acuerdo sobre su contenido definitivo. Esta ley es también una de las reformas comprometidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que canaliza los fondos europeos destinados a reparar los daños de la pandemia.

Uno de sus retos es reducir el desequilibrio existente entre la obra nueva y la actividad de rehabilitación, o entre la tenencia de vivienda en propiedad y en alquiler. Aunque la población que vive de alquiler en España ha subido en la última década del 20% al 25%, la media europea es del 30% y en Alemania alcanza el 50%.

Vivienda social.

Según las últimas estimaciones del Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en España hay unas 290.000 viviendas sociales en alquiler, lo que apenas cubre el 1,6% de los 18,6 millones de hogares que hay en nuestro país.


Uno de los retos es reducir el desequilibrio existente en el mercado español entre la tenencia de vivienda en propiedad y en alquiler


Este parque público de viviendas es claramente insuficiente para atender las necesidades de los colectivos y hogares con escasos medios económicos. Es el caso, por ejemplo, de las personas jóvenes que tienen que retrasar la edad de emancipación por sus dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y acceder a una vivienda. Su situación ha empeorado con la crisis económica, que ha elevado la edad media de emancipación en España en 2020 a los 29,8 años, cuando la media de la Unión Europea es de 26,4 años.

La nueva ley apuesta por unos parques públicos que se nutrirán del desarrollo urbanístico y edificatorio de los suelos de titularidad pública, para lo que pueden contar con fórmulas de colaboración público-privada. También integrarán el parque público las viviendas sociales adquiridas por las Administraciones Públicas.

Las políticas de planificación públicas se articulan sobre dos categorías de vivienda protegida: la vivienda social y la vivienda de precio limitado.

El parque de vivienda social estará integrado por viviendas construidas sobre suelo público, destinado al alquiler, cesión u otras formas de tenencia temporal, para atender a los sectores de población con mayores dificultades económicas.

La vivienda protegida de precio limitado es aquella que está sujeta a limitaciones administrativas en los precios de venta y/o alquiler, por un plazo de tiempo determinado. Su volumen y características en cuanto a superficies y precios estará condicionado por la demanda de hogares en su ámbito territorial.

Como novedad, no se podrá volver a enajenar el parque de vivienda social, que será considerado un patrimonio permanentemente protegido. Con esto se quiere evitar que se repita la venta de este tipo de viviendas a fondos de inversión por parte de algunas Administraciones territoriales.

También se incluye la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre un periodo mínimo de 30 años para su descalificación en determinados supuestos. Hasta ahora, la mayoría de los 5,7 millones de viviendas protegidas construidas entre 1962 y el año 2020 han dejado de estar sujetas a límites de venta o alquiler en plazos relativamente cortos.

Otro aspecto destacado es la introducción del concepto de vivienda asequible incentivada, como figura para incrementar la oferta a corto plazo. Entrarán en esta categoría aquellas viviendas de titularidad privada, incluidas las entidades del tercer sector, cuyo titular recibirá beneficios urbanísticos, fiscales o de otro tipo, a cambio de alquilarlas a precios reducidos como vivienda habitual para personas que no pueden optar a una vivienda a precio de mercado.

Zonas tensionadas.

El texto legal establece que las Administraciones competentes podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado, en las que se podrán aplicar medidas para equilibrar y bajar los precios del alquiler.

En este contexto se introduce también el concepto de “gran tenedor”, que es la persona física o jurídica titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, también de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros. Sobre esta definición, en las zonas de mercado residencial tensionado podrán establecerse criterios adicionales para estos propietarios.


Para evitar la venta de viviendas sociales a fondos de inversión, con la nueva ley no se podrá volver a enajenar el parque de este tipo de vivienda


Entre los mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler en las zonas tensionadas, se incentivará la incorporación de más inmuebles en alquiler para vivienda habitual. Además, en las viviendas arrendadas, el arrendatario podrá acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

En los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ya arrendadas, a nuevos inquilinos, se limitará en estas zonas a la renta del contrato anterior (con el incremento del IPC correspondiente). Cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos estará limitada por el contrato anterior o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. Habrá un período de 18 meses desde la aprobación de la ley para aplicar el sistema de índices de referencia, que definirá la Administración estatal.

Viviendas vacías. La futura ley de vivienda especifica también que los ayuntamientos podrán aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas que lleven vacías más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal. Asimismo, el actual recargo del 50% sobre la cuota líquida del IBI podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.

Finalmente, en los procedimientos de desahucio de hogares vulnerables, se asegura que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los afectados, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Mientras estas soluciones llegan, se incrementan los plazos de suspensión de los lanzamientos de 1 a 2 meses cuando el propietario sea una persona física, y de 3 a 4 meses cuando sea una persona jurídica. Además, se introducen en el procedimiento criterios objetivos para definir los casos de vulnerabilidad económica.

Para alcanzar las metas fijadas, España necesita multiplicar por diez el ritmo de rehabilitaciones energéticas, hasta alcanzar unas 300.000 al año.

Consejo Asesor de Vivienda

Se creará el Consejo Asesor de Vivienda para asegurar la participación de todos los agentes en las políticas de vivienda. Será un órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Estado, integrado por representantes de los departamentos ministeriales con competencias en materia de vivienda; asociaciones del tercer sector y otras asociaciones; representantes empresariales, profesionales y del sector financiero; así como distintos profesionales expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación.

Nuevas reducciones fiscales para incentivar el alquiler
La futura ley de vivienda incluye incentivos fiscales en el IRPF para los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda. En concreto, se modula la actual reducción del 60% en el rendimiento neto positivo del alquiler, estableciendo en los nuevos contratos de arrendamiento una reducción del 50%, que podrá incrementarse con los siguientes criterios:

Reducción IRPF

90%

Motivo

Cuando se firme un nuevo contrato de alquiler en una zona de mercado residencial tensionado, con una bajada de al menos un 5% sobre la renta del contrato anterior.

70%

Alquiler por primera vez de viviendas en áreas tensionadas a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Vivienda arrendada a la Administración pública o entidad del tercer sector, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler.

60%

En caso de que se hubiesen llevado a cabo obras de rehabilitación en los dos años anteriores.
Estimación del parque de viviendas en España

Total nacional

Total

Viviendas principales

Viviendas no principales

Total nacional

25.882.055

19.408.777

6.473.278

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Cas. La Mancha
Cataluña
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Ceuta y Melilla

4.461.156
802.471
628.899
607.701
1.057.779
366.442
1.755.699
1.276.824
3.950.905
3.205.483
666.776
1.631.754
3.029.616
790.183
324.981
1.065.274
203.832
56.280

3.377.381
569.997
480.898
463.143
877.744
255.331
1.053.552
832.851
3.216.977
2.076.623
446.401
1.132.822
2.709.101
533.557
266.085
921.088
139.464
55.762

1.083.775
232.474
148.001
144.558
180.035
111.111
702.147
443.973
733.928
1.128.860
220.375
498.932
320.515
256.626
58.896
144.186
64.368
518

(*) Datos provisionales.
Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los partidos opinan

Eva Bravo

Diputada y portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario
Socialista

Twitter: @EvaBravoBarco

“La primera norma estatal en la historia de la democracia” 

El Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda tiene como objetivo dotar al derecho a la vivienda, reconocido en el art. 47 de la Constitución, de un desarrollo legislativo que le otorgue un contenido efectivo en todo el territorio nacional.

Este proyecto de ley no es una medida aislada. Junto a otras muchas, como el bono joven, la promoción de más de 100.000 viviendas de alquiler social o el aumento en casi un 600% del Presupuesto del Estado en vivienda, todo ello forma parte de una política de largo alcance.

Estamos en el momento oportuno para movilizar al conjunto de los poderes públicos para la construcción de un quinto pilar del Estado del Bienestar, el que asegure de una forma definitiva una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos de este país.

Ana Zurita

Diputada y portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular

Twitter: @AnaZurita7

“La Ley de vivienda debe retirarse”

La Ley por el derecho a la vivienda del Gobierno se debería retirar, independientemente de la falta de consenso, porque, lejos de su objetivo, será fuente de gran inseguridad jurídica, ya no solo por la invasión competencial de las comunidades autónomas, sino por la penalización que se hace al poseedor de una propiedad inmobiliaria, vulnerando el derecho a la propiedad por una aplicación tendenciosa de su función social.
Exime al Gobierno de sus obligaciones de desarrollar una política de vivienda eficaz, responsabilizando de ello a los propietarios privados.

Exceso de regulación, intervencionismo, impuestos y nuevas cargas son atributos de esta ley, y todos ellos, factores inflacionistas en el mercado de la vivienda. Muy lejos de una regulación que vaya en el sentido de aumentar la oferta, de garantizar el equilibrio entre medidas sociales y económicas y de desarrollar claramente las competencias del Estado.

* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.

Entrevista a Eva González Pérez, abogada de los Países Bajos

EN CURSO LEGAL

Eva González Pérez,

abogada de los Países Bajos

“Hago mi trabajo como todos los abogados: con la Ley en la mano y exigiendo que el Gobierno la cumpla»

Eva González Pérez salto a la fama a finales del año pasado cuando su perseverancia en investigar y defender a los perjudicados por las acciones discriminatorias en el reparto de ayudas del Gobierno holandés de Mark Rutte hizo dimitir a éste y adelantar las elecciones en los Países Bajos. En 2021 recibió el Premio “Puñetas de Plata” de la asociación española ACIJUR por su trabajo en este caso de discriminación, que afectó a 26.000 familias inmigrantes.

CARLOS CAPA,

Periodista.

Desde entonces viene recibiendo numerosos reconocimientos por su rigor y perseverancia en la defensa de la ley. Graduada en Derecho por la Universidad de Utrecht y ejerciendo la abogacía desde hace más de 20 años, hasta la plataforma Netflix estudia hacer una serie contando su caso.

 

Aunque española de nacimiento, su vida personal y profesional se ha desarrollado en los Países Bajos. ¿Cuál es su vínculo con España?

Mi conexión con España es, por supuesto, a través de mi pueblo San Martín de Trevejo. Allí nací y, después de venirnos a vivir a Holanda, era el sitio donde pasábamos todos los veranos las vacaciones. Ahora que soy mayor y estoy casada y con hijos, seguimos haciéndolo, preferiblemente dos veces al año. Es agradable estar en el pueblo, volver a ver a mi madre. Es volver a casa.

En los últimos meses se ha convertido en una personalidad de renombre tanto en su país de adopción como en el de origen, recibiendo varios reconocimientos y galardones. ¿Alguna vez pensó en que su actividad profesional podría llevarle a este reconocimiento público?

Es algo muy especial para mi e increíble que un caso te lleve a la «fama». Yo hago como todos los abogados: trabajar con la Ley en la mano y exigir que el Gobierno también la cumpla. Así es como he ejercido mi profesión durante 20 años. Asimismo, es un gran honor que haber recibido diversos premios y que se reconozca públicamente mi trabajo por hacer lo correcto. Me sirve de viento de cola para hacerlo aún mejor en los siguientes 20 años y mantenerme alerta.

¿Por qué quiso ser abogada?

Siempre fue mi sueño, desde niña, para poder enorgullecer a mis padres.

Y ¿Por qué dedicarse a un territorio jurídico menos rentable que otros, como la abogacía de los negocios, por ejemplo?

No sé cómo funciona exactamente en España el abogado pro-bono, pero en Holanda puedes llevar tu bufete de abogados de forma rentable como abogado pro-bono si también tienes una parte comercial.

Esta combinación hace que un bufete de abogados sea rentable. En los últimos años, el gobierno ha hecho nuevos recortes y está poniendo cada vez más difícil a los abogados lo que en España se denomina asistencia jurídica gratuita. Estoy en contra de esos recortes. Mi caso también ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia jurídica financiada por el Estado, ya que fueron especialmente los menos pudientes los que tuvieron que enfrentarse a los métodos ilegales del Gobierno. Los abogados comerciales no asisten a estas personas.

Yo no he elegido mi trabajo en función de lo que se puede ganar con él; el dinero no es mi motor. Creo que, si trabajas en un campo del derecho con pasión, te irá bien económicamente. Siempre facturo lo menos posible a mis clientes, y más a la otra parte. Por lo general, eso tiene éxito. Este es también mi método de trabajo en este caso en contra de la Hacienda holandesa.

Su constancia en la defensa de los derechos de los más desfavorecidos frente al innegable poder del Estado ha tenido que ser complicada en lo personal y lo profesional. ¿Se siente satisfecha?

No es satisfactorio ser un abogado que defiende los derechos de los ciudadanos contra un Gobierno mentiroso que a su vez viola la ley, discrimina a las personas, oculta documentos al tribunal, y pone a los ciudadanos en listas secretas de fraude sin darles un juicio justo (porque estas personas ni siquiera sabían que estaban siendo consideradas autoras de un fraude). Es más bien una decepción. Creo que, en los procedimientos hacia los ciudadanos, el gobierno debe ser íntegro, transparente en documentos y respetar sus derechos.

El hecho de que haya podido defender los derechos de estos ciudadanos se debe a que accidentalmente recibí un expediente de un funcionario en el que vi cosas que se nos ocultaron al juez y a mí. El encuentro con un denunciante, la política y los medios de comunicación después, llevaron el expediente a este nivel. Me siento honrada de trabajar con otros para hacer que el gobierno en los Países Bajos sea más justo.

Si no hubiera sido por la visibilidad de su defensa de colectivos desfavorecidos como los inmigrantes es probable que muchos ciudadanos europeos no hubieran descubierto que en países como Holanda también existe la discriminación. ¿Se ha sentido intimidada por alguien en algún momento por hacer este trabajo?

En mi estrategia mediática, al principio no ponía a mis clientes de origen extranjero en primer plano en la televisión, los periódicos y la radio. Al principio puse a sus parejas (si eran de origen holandés) en primer plano para que el caso no se limitara a los problemas con los extranjeros y todos los holandeses pudieran identificarse. Hasta julio de 2020 no tenía pruebas fácticas de la discriminación porque la investigación de la Autoridad de Datos Personales aún estaba en curso y no había concluido. No me pareció bien que sin un informe de esta autoridad, que confirmara que había habido discriminación, ya se dijera que la había habido, aunque lo supiera desde 2014. Creo que este método de trabajo ha creado un precedente y el clamor general de la población.

No me he sentido intimidada. Por supuesto, se lanzaron acusaciones y ha habido funcionarios que enfadados salieron gritando de las reuniones con una actitud agresiva. Se siente la presión del lado de Hacienda porque obviamente ve que está perdiendo. Pero esa presión era fácil de soportar quedándote tranquila, y como nunca fue física no me afectó.

 

El proyecto europeo, y en concreto la primacía del derecho comunitario, vive momentos difíciles ante el desafío de algunos países. ¿Qué papel considera que juega el derecho de la Unión en estos momentos?

Creo que el derecho europeo siempre desempeña un papel en todas las normativas de un país. También considero que hay que cumplirla porque esta legislación contiene derechos y obligaciones que se aplican a todos y protegen a todos. Estoy en contacto con personas del Parlamento Europeo en relación con este expediente.

¿En que ha afectado a su vida personal y profesional haber hecho – nada más y nada menos- caer a un Gobierno y provocar un adelanto electoral?

La caída del Gobierno en enero de 2021 fue, nada más y nada menos, que una caída inteligente. Al fin y al cabo, la semana siguiente debía celebrarse un debate y se daría un voto de censura. No me ha afectado personalmente ni en mi vida profesional. El nuevo Gobierno vuelve a tener la misma composición. Sigo teniendo que lidiar con los funcionarios del Departamento de Impuestos que ya estaban antes de la caída. Con o sin Gobierno esto continuará de la misma manera. Como decía Albert Einstein: “No podemos resolver los problemas utilizando el mismo tipo de pensamiento que utilizamos cuando los creamos”. En este momento estamos en esta fase.

Estas personas que ya trabajaban en esos puestos tienden a mantener las cosas como estaban en lugar de esforzarse por cambiarlas. Wanda de Kanter, una especialista en pulmones y activista antitabaco, siempre me dice que existen personas que son “frenos permanentes”. Personas que actúan como si quisieran el progreso (y en mi caso que quieren resolver los problemas que han causado a, por ejemplo, mis clientes), pero mientras tanto frenan las soluciones porque, de lo contrario, serán redundantes. Y no quieren perder sus puestos de trabajo. Por eso se está viendo que no avanzan en la resolución y en pagar los daños y perjuicios.

Los Países Bajos liberalizaron funciones notariales, estableciendo modelos de competencia de precios, hace casi 20 años. En España sigue siendo un cuerpo de naturaleza pública con aranceles establecidos, ¿Qué modelo le parece mejor?

Desconozco los métodos de trabajo del notariado en España o si los ciudadanos españoles consideran importante que el modelo siga siendo el actual. Creo que los ciudadanos de los Países Bajos en general dan cada vez más por sentada la «seguridad jurídica». En un mercado liberalizado, esto hace que la seguridad jurídica «secular» sea un producto difícil. Pero ofrecer seguridad jurídica sigue siendo la piedra angular de la práctica notarial. Creo que, en un modelo liberalizado, la práctica notarial debería desarrollarse y también debería aportar valor en otras áreas, como el asesoramiento, el control de los registros y la supervisión de los procesos.

“Mi caso ha puesto de manifiesto la importancia de la asistencia jurídica financiada por el Estado”

Huella digital

Eva González mantiene una cuenta de Twitter en la dirección @MEGonzalezPere2 y tiene una entrada en Wikipedia con un resumen de su biografía

La BBC realizó un reportaje donde explica los detalles del caso destapado por Eva González que puede leerse aquí

“No es satisfactorio ser un abogado que defiende los derechos de los ciudadanos contra un Gobierno mentiroso que viola la ley”

“Me siento honrada de trabajar con otros para hacer que el gobierno en los Países Bajos sea más justo”

Bruselas marca el camino para una carta magna digital

ÁMBITO EUROPEO

BRUSELAS

MARCA EL CAMINO PARA UNA CARTA MAGNA DIGITAL

La Unión Europea abandera la defensa de los derechos humanos y valores fundamentales como la democracia, la libertad de expresión, la defensa de las minorías, la solidaridad y la sostenibilidad. Pero en un mundo cada vez más digital, Europa quiere garantizar que todos estos valores también se respetan y promueven en línea. Por ello ha propuesto una Declaración de Derechos y Principios Digitales, una especie de carta magna digital, que deberá regir las políticas que regulen este sector una vez sea aprobada por el Consejo Europeo y la Eurocámara, para garantizar así un enfoque europeo también en la Red.

JÚLIA MANRESA NOGUERAS,

 

La UE propone una declaración que deje claro que las tecnologías digitales deben garantizar «proteger los derechos de las personas» y «sustentar la democracia».

“Lo que es ilegal offline también debería serlo online”. Con esta contundencia se expresaba el comisario de Mercado Interior Thierry Breton a principios de este año, cuando la Comisión Europea presentó su propuesta de Declaración sobre los derechos y principios digitales que pretende ser una guía para la transformación digital en la que el conjunto de la Unión se ha embarcado esta década. Europa quiere ser (y está siendo) pionera en la regulación del sector online por diferentes frentes y quiere que cualquiera de estas regulaciones tenga en cuenta los derechos y principios fundamentales que abandera en el resto de ámbitos. Dicho de otra manera: la Unión quiere garantizar la protección de los derechos fundamentales también en el ámbito digital y que este sector respete también los principios europeos. El principal objetivo, dicho en pocas palabras, es que las personas están en el centro de esta transformación. La Comisión Europea espera que esta declaración qualificada de solemne sea firmada por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo el verano de este 2022.


El acceso a internet tiene que ser seguro para niños, mujeres y colectivos vulnerables


Solo este año, la Unión Europea tiene previsto adoptar leyes digitales de gran calado, como la Directiva de Servicios Digitales o la Directiva de Mercados Digitales, que afectarán directamente las normas de competencia de grandes plataformas como Facebook o de gigantes del sector como Google, Apple o Amazon. La aprobación de estas directivas ha provocado que el sector tecnológico -principalmente dominado por grandes empresas americanas- se haya volcado en Bruselas, incrementando su gasto en actividades de lobby hasta dedicar 100 millones de euros anuales, más de lo que gasta el lobby farmacéutico, según los cálculos de la ONG Corporate Europe. Estas directivas pretenden proteger la privacidad del consumidor, exigiendo más responsabilidades al sector tecnológico y evitando sus prácticas monopolísticas y, por descontado, este sector está empleando recursos para evitar que se les pongan límites.

El pasado marzo la Unión Europea llegó a un acuerdo sobre la Directiva de Mercados Digitales y también este año está previsto aprobar la Directiva de Servicios Digitales, dos leyes que afectarán directamente las normas de competencia de grandes plataformas como Facebook o de gigantes del sector como Google, Apple o Amazon. El impulso de estas directivas ha provocado que el sector tecnológico principalmente dominado por grandes empresas americanas– se haya volcado en Bruselas, incrementando su gasto en actividades de
lobby hasta dedicar 100 millones de euros anuales, más de lo que gasta el lobby farmacéutico, según los cálculos de la ONG Corporate Europe. Estas directivas pretenden proteger
la privacidad del consumidor, exigiendo más responsabilidades al sector tecnológico y evitando sus prácticas monopolísticas y, por descontado, este sector está empleando recursos para evitar que se les pongan límites.

Las personas en el centro

De aquí que la Comisión Europea, y de hecho también el Parlamento Europeo, así como los líderes y organizaciones de la sociedad civil, consideren necesario establecer cuáles son los derechos de la ciudadanía en el mundo digital. El difunto presidente de la Eurocámara, David María Sassoli, por ejemplo, ya había promovido en 2018 la idea que el acceso a internet fuera reconocido como un nuevo derecho humano. Pero, ¿cuáles son los derechos que recoge Bruselas? La declaración que propuso la Comisión Europea se articula en seis capítulos: las personas en el centro de la transformación digital; la solidaridad e inclusión; la libertad de elección; la participación en el espacio público digital; la seguridad, la protección y el empoderamiento; y la sostenibilidad.


Cuatro de cada diez europeos no son conscientes de que la libertad de expresión, la privacidad o la no discriminación deben respetarse también en internet


Dentro de estos capítulos, Bruselas propone una declaración que deje claro que las tecnologías digitales deben garantizar “proteger los derechos de las personas” y “sustentar la democracia”. Pero también garantizar que los europeos tengan acceso asequible y rápido a la Red. Este acceso, a su vez, debe ser seguro; seguro para niños, mujeres y colectivos vulnerables. La privacidad de los datos o la transparencia de los algoritmos y el derecho a tener servicios públicos digitales, como una identidad digital accesible y fiable, también están contemplados en esta declaración.

Según datos de la misma Comisión, cuatro de cada diez europeos no son conscientes de que sus derechos, como la libertad de expresión, la privacidad o la no discriminación, deben respetarse también en la Red. Además, en 2019 la mitad de los usuarios de internet de la UE aseguró que limitaba sus actividades en línea debido a sus preocupaciones relacionadas con la seguridad.

El derecho a la desconexión

Un ejemplo tangible de lo que implica esta declaración es, por ejemplo, el llamado derecho a la desconexión, que debe garantizar que los trabajadores puedan desconectar de su trabajo en línea al concluir su jornada laboral. El Parlamento Europeo aprobó en enero de 2021 una resolución pidiendo a la Comisión que regule este derecho. Países como Bélgica ya lo contemplan en sus renovadas legislaciones laborales y, por lo tanto, ya se está teniendo como un derecho laboral más después de una pandemia que disparó el teletrabajo. En otros casos, sus efectos prácticos todavía están por ver o simplemente no se ha traducido todavía en legislación. El control o el libre acceso de los datos y que las Administraciones Públicas sean accesibles también en el ámbito digital son otros ejemplos contemplados en este texto. Pero hay otros muchos aspectos que deben verse incluidos, como la inteligencia artificial, la ciberseguridad o, por ejemplo, los derechos del consumidor a tener más información sobre sus productos digitales, su huella medioambiental o su posibilidad de reparación.


Bruselas quiere garantizar que todas las actividades que son consideradas ilegales en el mundo offline también lo son en la red


No es gratuito que la transformación digital sea uno de los vectores regentes de cualquiera de las políticas que llegan a las capitales marcadas desde Bruselas. Y es que este es un pilar fundamental de la hoja de ruta que la Comisión liderada por Ursula Von der Leyen, cosa que se ha traducido no solo en la agenda legislativa del ejecutivo bruselense, sino también, por ejemplo, en los criterios fijados para la obtención de los fondos de recuperación articulados como respuesta a la pandemia del coronavirus. El 40% de las inversiones y proyectos previstos por cada gobierno europeo deben consagrarse a la transformación digital. Todo este dinero, proyectos y nuevas formas de negocio o de generar actividad económica implican una intensificación de la vida online de la ciudadanía europea que, a ojos de Bruselas, no tiene por qué perder ningún tipo de protección fundamental respeto a la vida que mantiene offline.

Los antecedentes

Este proyecto de declaración, que tiene que ser aprobado todavía por los veintisiete y por la Eurocámara, tiene sus raíces en otras iniciativas similares que provienen de los mismos gobiernos europeos, como la Declaración de Tallinn sobre el Gobierno Digital (2017), la Declaración de Berlín sobre la Sociedad Digital y un Gobierno Digital basado en valores (2020), o la Declaración de Lisboa sobre la Democracia Digital (2021). Todas estas iniciativas tienen como objetivo último adoptar un modelo de transformación digital que refuerce y no debilite los derechos humanos.

Las bases legales

Según explica la Comisión Europea, la Declaración de Derechos y Principios Digitales está profundamente arraigada en la legislación europea. Tanto en la Declaración de Derechos Fundamentales como en la jurisprudencia que ha ido marcando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por eso, se ha llegado a bautizar como la carta magna digital. Bruselas también considera que esta iniciativa es comparable al Pilar Europeo de Derechos Sociales. Para garantizar que no se queda únicamente en una declaración, la Comisión propone a su vez un proceso de monitarización con un informe anual.

Europa opina

Declaración de Derechos y Principios Digitales para la Década Digital. Enlace a la declaración que propuso la Comisión a principios de año en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea.
Documento de trabajo de la Comisión Europea para la elaboración del proyecto de declaración.
Contribución de la red de ONGs, expertos y académicos EDRI, dedicada a defender y promover los derechos digitales.

«La Carta de Derechos digitales de España”, por Moisés Barrio Andrés

ÁMBITO EUROPEO

MOISÉS BARRIO ANDRÉS,

Letrado del Consejo de Estado, Profesor de Derecho digital y Director del postgrado en Legal Tech y transformación digital (DAELT) de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid

 

"El ordenamiento jurídico tiene que garantizar que estos derechos pueden ejercerse en el entorno digital con la misma eficacia que fuera de él"

La Carta de Derechos digitales de España

La transformación digital ejerce una influencia trasversal en todas las actividades de la sociedad, y naturalmente en el propio Derecho. El gran problema jurídico que plantea consiste en que los comportamientos y las actividades desplegadas con o en virtud de la transformación digital no siempre se encuentran previstos por la legislación vigente. Por eso constituyen auténticas lagunas en las normas jurídicas.

Además, algunas de las innovaciones tecnológicas emergentes operan al margen del Derecho y ponen en cuestión el tradicional papel del Estado. Y suscitan asimismo importantes desafíos relacionados con la descentralización (pensemos en las tecnologías DLT/blockchain), el anonimato, la protección de datos, la identidad digital, la opacidad de los procesos, la interconectividad global, las amenazas de ciberseguridad, la propiedad de los datos, etc.

Por ello es urgente actualizar las declaraciones de derechos, adaptando las vigentes a los fotónicos cambios tecnológicos y sociales que se están produciendo, salvaguardando al mismo tiempo el indispensable equilibrio entre las utilidades que reporta la transformación digital y la garantía de los derechos de los ciudadanos en los nuevos espacios y escenarios de relación y conflicto.

Así las cosas, los nuevos entornos y contornos disruptivos provocan desazón en los ciudadanos y empresas, ante lo cual crecientes voces reclaman seguridad jurídica y cartas de derechos digitales.

Ello tanto desde el sector público, como sucedió en la Cámara de Diputados de Italia en 2015 con la Declaración de Derechos de Internet o con la reciente Declaración europea de Principios y Derechos Digitales de la Unión Europea presentada por la Comisión Europea el 26 de enero de 2022, como también en el sector privado, pudiéndose citar entre nosotros el Manifiesto por un Nuevo Pacto Digital promovido por Telefónica en 2018.

Jurídicamente, la cuestión se articula a través del concepto de «derechos digitales», que engloba los derechos de los ciudadanos en el entorno digital, ya sean derechos fundamentales reconocidos en la Constitución o derechos de rango ordinario previstos en las leyes.

Por tanto, la categoría de «derechos digitales» comprende no sólo la actualización de derechos tradicionales para identificar en ellos nuevas facultades en el marco de la sociedad digital (por ejemplo, el derecho al olvido dentro del derecho fundamental a la protección de datos, como lo ha admitido la STC 58/2018, de 4 de junio), sino también para reconocer nuevos derechos fundamentales en sentido genuino en los textos constitucionales, como serían por ejemplo el caso del acceso universal a internet y la ciberseguridad, así como un derecho fundamental a la verdad para luchar contra las noticias falsas (fake news), un derecho a la conciliación familiar y laboral o los neuroderechos.

Esta categoría es especialmente relevante porque la transformación digital debe tener como principio estructural maximizar la calidad de la democracia y los derechos. El ordenamiento jurídico tiene que garantizar que estos derechos pueden ejercerse y están asegurados en el entorno digital con la misma eficacia que fuera de él, lo que plantea el problema de cómo protegerlos adecuadamente dadas las especiales características del mundo digital.

Ahora bien, a la hora de encajar los derechos digitales en el marco constitucional vigente las opiniones son diversas y se plantea incluso la necesidad de que éste sea actualizado con una reforma expresa de la Constitución Española de 1978.

Por el momento, en España ya el título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (la LOPDGDD) establece una primera regulación de los mismos. Es una regulación jurídica, no ética, y su promulgación supuso una importante novedad en el Derecho comparado.

El paso siguiente se ha producido con la Carta de Derechos digitales de España, de 2021.

La Carta, adoptada el pasado 14 de julio de 2021 por el Gobierno, se estructura en cinco grandes apartados: «derechos de libertad», «derechos de igualdad», «derechos de participación y de conformación del espacio público», «derechos del entorno laboral y empresarial» y, finalmente, «derechos digitales en entornos específicos». Y en cada uno de estos ámbitos se contiene una relación de derechos que suman un total de veinticinco.

Ahora bien, su objetivo no es el de elaborar un proyecto de norma jurídica (algo que ha ocasionado una comprensible decepción) sino el de redactar un documento que pueda servir de referencia para una futura ley orgánica que actualice los derechos digitales, si bien en principio sería muy conveniente una reforma expresa de la Constitución.

Pero la Carta cumple finalidades adicionales. Por ejemplo, puede servir para el fomento activo por los poderes públicos de códigos de conducta inspirados en los principios del texto. O de impulso de políticas públicas digitales. Del mismo modo, es un útil instrumento interpretativo de algunos conceptos difusos en la legislación vigente. O, en fin, constituye el inicio de un debate sobre nuevos derechos digitales no positivizados hasta la fecha y la forma en que deberían modularse, como es el caso del empleo de las neurotecnologías.

La influencia de la Carta la encontramos por ejemplo en la próxima Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, así como en la señalada Declaración de Principios y Derechos Digitales de la UE, de 26 de enero de 2022.

A partir de ahora, corresponde a los titulares de la iniciativa legislativa (esto es, fundamentalmente al Parlamento y al Gobierno según el art. 81.1 CE) promulgar nueva legislación para mejorar la protección de los derechos digitales en nuestro país.