Un año dedicado a los jóvenes

A esto se suman sucesos como los ocurridos a finales de septiembre en los gasoductos rusos 1 y 2 del Nord Stream, que han provocado fugas en las aguas internacionales del mar Báltico y que, según la UE, han sido «ataques deliberados». Estos gasoductos conectan directamente Rusia con Alemania. «Son tiempos difíciles, y no acabarán pronto», ha admitido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Layen. «Pero estoy profundamente convencida de que, con nuestra unidad, nuestra determinación y nuestra solidaridad, prevaleceremos».

Medidas excepcionales

Ante esta situación, los ministros de Energía de la UE, reunidos con carácter extraordinario el 30 de septiembre, llegaron a un acuerdo político sobre la propuesta de Reglamento presentada días antes por la Comisión para hacer frente a los altos precios de la energía. Los ministros acordaron una reducción global voluntaria del 10% del consumo bruto de electricidad y una reducción obligatoria del 5% del consumo de electricidad en las horas punta. También acordaron limitar los ingresos del mercado a 180 euros/MWh para los generadores de electricidad, incluidos los intermediarios, que utilizan las llamadas «tecnologías inframarginales» para producir electricidad, como las renovables, la nuclear y el lignito. Estos operadores, indicaron los ministros, «han logrado ganancias financieras inesperadamente grandes en los últimos meses, sin que aumenten sus costos operativos. Esto se debe al papel del carbón y el gas como fuentes marginales de fijación de precios que actualmente inflan el precio final de la electricidad». La idea de poner un tope al precio del gas del mercado mayorista está pensada para preservar la rentabilidad de los operadores y evitar entorpecer las inversiones en energías renovables, algo que ya se aplica en España y Portugal desde junio en el marco de la llamada «exención ibérica».

Respecto a la propuesta de la Comisión de «recaudar los ingresos obtenidos de excedentes de la producción de electricidad y una contribución solidaria de los beneficios excedentes del sector de los combustibles fósiles, que se utilizará para aliviar el impacto de los altos precios en los clientes finales y aumentar la protección a los clientes minoristas de electricidad», los ministros acordaron utilizar las medidas necesarias, en función de las circunstancias nacionales, «para recaudar y redirigir los ingresos excedentes hacia el apoyo y la protección de los consumidores, clientes finales de electricidad».

ANTES DE QUE PUTIN INVADIERA UCRANIA, LA CRISIS ENERGÉTICA YA HABÍA DADO SUS PRIMERAS SEÑALES

Contribución solidaria

También acordaron establecer una tasa de solidaridad para el sector de los combustibles fósiles. Se trataría de una contribución solidaria con carácter temporal y obligatorio a aplicar sobre las ganancias de las empresas en los sectores del petróleo crudo, el gas natural, el carbón y las refinerías a aquellas que se sitúen por encima del 20% del incremento de la media anual, teniendo en cuenta como referencia el año fiscal de 2018. Los Estados miembros también podrán establecer temporalmente un precio para el suministro de electricidad para las pequeñas y medianas empresas y ayudarlas así a contrarrestar los altos precios de la energía, y de forma excepcional y temporalmente, podrán fijar un precio por el suministro de electricidad que esté por debajo del costo. «El acuerdo alcanzado hoy supondrá un alivio para los ciudadanos y para las empresas europeas. Los Estados miembros allanarán la curva de demanda de electricidad durante las horas pico, lo que tendrá un efecto positivo directo en los precios y redistribuirán los beneficios excedentes del sector energético entre aquellos que tienen dificultades para pagar sus facturas», dijo Jozef Síkela, ministro checo de Industria y Comercio tras la reunión.

Las medidas aprobadas tienen carácter temporal y extraordinario. Los objetivos de reducción del consumo de energía se aplicarán hasta el 31 de marzo de 2023. El límite máximo obligatorio de los ingresos del mercado se aplicará hasta el 30 de junio de 2023.

LOS MINISTROS DE ENERGÍA DE LA UE HAN ACORDADO UNA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE GAS Y LIMITAR LOS INGRESOS DE LOS GENERADORES DE ELECTRICIDAD

La crisis, paso a paso.

Antes de que Putin invadiera Ucrania, la crisis energética ya había dado sus primeras señales con un aumento paulatino de los precios de los productos energéticos, destacando los de la electricidad y el gas. Desde septiembre de 2021 el precio de la energía es un tema recurrente en las reuniones de los jefes de estado y de gobierno de la UE y del Consejo Europeo. Así se refleja, por ejemplo, en la reunión informal del Consejo de Energía y Transporte del 22 de septiembre, cuando algunos Estados miembros expresaron su preocupación por el aumento de los precios de la energía y pidieron a la Comisión que investigara las causas de la importante subida de precios del gas y la electricidad. La comisaria de Energía, Kadri Simson, se comprometió a ofrecer una «caja de herramientas» energética con posibles medidas para la UE. Un par de semanas después, en el Consejo de Medio Ambiente celebrado el 6 de octubre, los ministros subrayaron la necesidad de emprender una acción urgente para proteger a los hogares vulnerables, y pidieron un enfoque coordinado de la UE.

El 24 de febrero de 2022 Rusia invade Ucrania. El Consejo Europeo celebró una reunión extraordinaria para abordar la situación y cuatro días después, los ministros de Energía de la UE presentaron sus puntos de vista sobre la situación y el estado de los suministros, existencias y flujos de energía en sus respectivos países. Pese a que, según dijeron, la UE no corría un riesgo inmediato de desabastecimiento de gas, incluso en el caso de una interrupción del suministro por parte de Rusia, sí plantearon la necesidad de adoptar medidas de contingencia, incluida la seguridad del suministro, la gestión optimizada de existencias y una mejor coordinación entre los socios para limitar el impacto de los precios de la energía en los hogares y las industrias.

En la reunión informal celebrada los días 11 y 12 de marzo de este año, los líderes europeos acordaron eliminar gradualmente la dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos e instaron a la Comisión a proponer un plan REPowerEU y pidieron otro para garantizar la seguridad del suministro y unos precios de la energía asequibles.

El 2 de mayo, los ministros de Energía abordaron el problema del suministro de gas tras la suspensión por parte de Gazprom, la empresa rusa de gas, a algunos Estados de la UE. En este encuentro analizaron el nivel de preparación de la UE en caso de una crisis de suministro y posibles medidas de emergencia y solidaridad. Ese mes, el 19, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre nuevas normas para el almacenamiento de gas a través de un reglamento cuyo objetivo es garantizar que las capacidades de almacenamiento en la UE se llenen antes de la llegada del invierno y puedan compartirse entre los países miembros «en un espíritu de solidaridad». Los legisladores aprobaron que el almacenamiento subterráneo de gas en el territorio de la UE debe llenarse al menos al 80% de su capacidad antes del invierno de 2022-2023 y al 90% antes de los siguientes períodos invernales.

Los 27 alcanzaron en la reunión del Consejo Europeo celebrado el 20 de octubre en Bruselas un «importantísimo acuerdo» en materia energética para poner en marcha las medidas propuestas por la Comisión, informó el presidente del Consejo, Charles Michel. «Hemos acordado actuar juntos, como europeos, para conseguir tres objetivos: precios más bajos, garantizar la seguridad del suministro y seguir trabajando para reducir la demanda».

Un pequeño empresario de la construcción se lamentaba recientemente en un foro de jóvenes ejecutivos del sector de tener instalada en la empresa maquinaria pesada modificada por el fabricante para cumplir con una estricta normativa anticontaminación que, si bien suma en el aspecto medioambiental, también resta en el de productividad. Su queja no era tanto por este motivo como por el hecho de tener la seguridad a través del proveedor de que dicha normativa sólo afecta a las máquinas destinadas al mercado europeo, mientras que las que se comercializan en países como Japón o EE.UU. lo hacen libres de esas modificaciones, es decir, más contaminantes, pero con una mayor capacidad de producción y un menor riesgo de complicaciones y averías. “En Europa pretendemos salvar el mundo mientras los países más contaminantes miran cómo nos hundimos”, vino a decir.

Ampliando el foco al que se reducen las vicisitudes de este pequeño empresario, es cierto que Europa lidera la acción en materia de lucha contra el cambio climático y es la que de forma más enérgica ha defendido en los últimos años la necesidad de una transición ecológica hacia una economía verde y descarbonizada. El Acuerdo de París de 2015, que establece el marco de acciones que deben abordar los Gobiernos para limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados en comparación con niveles preindustriales, sigue marcando las decisiones que a nivel regulatorio está tomando la Unión Europea en materia de economía y clima y que se materializan en grandes hitos como el Pacto Verde Europeo presentado a finales de 2019 y que constituye una hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Como continuación a ello, en junio de 2021 el Parlamento Europeo dio luz verde a la Ley del Clima de la UE, que transforma en obligación el compromiso político del Pacto Verde. En materia energética, el desarrollo de este marco normativo lleva implícita la superación paulatina de las energías fósiles como el carbón, el petróleo o el gas para dar primacía a energías renovables como la fotovoltaica, la eólica o los biocarburantes, y de esa forma revertir la tendencia de décadas de crecer más a base de contaminar más.

Todo ello con el telón de fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, establecida por Naciones Unidas en septiembre de 2015, con la que los líderes mundiales se comprometieron a alcanzar una serie de metas globales para hacer frente a los grandes desafíos de la humanidad. Pero entonces llegó febrero de 2022, Putin decidió consumar sus planes de invasión de Ucrania y el marco geopolítico y económico varió radicalmente.

Como advierte Forética en su informe ODS y Visión 2050, recientemente publicado, 2022 está siendo una auténtica “prueba de fuego” para los ODS. “El aumento de la inflación, los problemas energéticos, la crisis de recursos y los problemas derivados de la geopolítica están complicando el avance global en la consecución” de la Agenda 2030, asegura el informe de esta organización referente en sostenibilidad. Y uno de los puntos críticos de esta prueba de fuego reside, precisamente, en la energía.

La mayoría de expertos y organismos del sector coinciden en que el futuro energético en Europa y el mundo pasa sí o sí por las renovables y hay incluso quienes sostienen que, por sus condiciones climáticas, países como España o Grecia están llamados a convertirse en los próximos años respecto de la energía solar fotovoltaica o eólica en lo que hoy son los de Oriente Medio respecto del petróleo. Sin embargo, la realidad muestra que los combustibles fósiles aún representan más del 80% del consumo de energía en el mundo, prácticamente el mismo porcentaje que hace tres lustros. Una situación que la guerra no ha hecho más que agravar puesto que, en respuesta a la crisis energética y al encarecimiento del gas por los cortes de suministro de Rusia hacia Europa, hay países que han vuelto a quemar carbón y a poner la mirada en la energía nuclear. Por cierto, que la nuclear y el gas son desde el pasado mes de julio consideradas por Europa energías verdes, al ser incluidas en la taxonomía de inversiones sostenibles, lo que no deja de provocar controversia.

¿Supone la crisis de la energía un frenazo radical para los planes de transición verde? Está claro que la economía no se puede permitir una escasez de energía y que, hoy por hoy, la transición hacia una energía sostenible está sin hacer. Un parque fotovoltaico puede construirse en unos meses, pero su puesta en marcha efectiva hasta que esa energía limpia se vuelque a la red, puede demorarse años por cuestiones administrativas. Es ahí donde, según los expertos, está el mayor obstáculo para lograr esa transición y el mayor reto que enfrentan los Gobiernos. Por ello, la consecuencia de esta crisis no debería ser otra que la aceleración de esa transición. Europa ya tenía una estrategia de descarbonización y crecimiento verde, que muchos países intensificaron tras la pandemia con los fondos de recuperación. Ante una crisis energética de la magnitud de la actual, no quedaría otra solución que seguir pisando el acelerador apostando por las renovables para dar la razón a esas voces que afirman que no hay otro futuro posible. Y con una implicación a nivel mundial, para no tener que dársela a quienes creen que Europa está decidida a salvar el planeta a costa de hundirse ella misma.