“El fin de la centralización”, por Miguel Pérez Subías

LA @

MIGUEL PÉREZ SUBÍAS,

presidente del comité organizador del I Congreso sobre la Huella de Carbono de los Procesos digitales y de Inteligencia Artificial

En España, comunidades como Extremadura y Aragón se están consolidando como polos emergentes para el desarrollo de centros de datos de última generación

El fin de la centralización

Durante décadas, el modelo dominante en infraestructura tecnológica se ha basado en la concentración de grandes centros de datos en núcleos urbanos o regiones altamente industrializadas. Esta centralización ofrecía ventajas logísticas, de conectividad y de acceso a talento. Sin embargo, las exigencias de la era digital —marcadas por el crecimiento exponencial del tráfico de datos, la necesidad de baja latencia y la transición hacia modelos de inteligencia artificial y edge computing con grandes necesidades de recursos energéticos— están forzando un replanteamiento estructural.

Grandes compañías tecnológicas como Meta, Amazon Web Services (AWS) o Microsoft han iniciado una clara estrategia de descentralización. Estas empresas están invirtiendo en regiones periféricas para desplegar en ellas infraestructuras críticas de datos. La razón es simple: el modelo tradicional ya no responde a las demandas actuales ni futuras del ecosistema digital global que quiere ser sostenible y minimizar las emisiones de carbono.

En España, comunidades como Extremadura y Aragón se están consolidando como polos emergentes para el desarrollo de centros de datos de última generación. Esto no es casualidad: ambas regiones combinan elementos esenciales para este tipo de operaciones.

Por un lado, cuentan con un elevado potencial en energías renovables, especialmente fotovoltaica y eólica. El consumo energético de un centro de datos es una de sus principales preocupaciones operativas y medioambientales. Poder abastecer estos complejos con energía limpia no solo reduce la huella de carbono, sino que también mejora la eficiencia y sostenibilidad del negocio digital. Y además ambas comunidades disponen de agua, necesaria para los sistemas de refrigeración que utilizan estos centros para su funcionamiento.

A esto hay que sumar la disponibilidad de amplias superficies necesarias para desplegar múltiples zonas de disponibilidad o Availability Zones, cada una en terrenos a cierta distancia para asegurar resiliencia y redundancia, a lo cual hay que sumar la escasa actividad sísmica y de fenómenos meteorológicos adversos, lo que minimiza riesgo de cortes o fallos estructurales críticos.

Importante resaltar la buena colaboración institucional, lo cual ha permitido declarar estos proyectos de interés autonómico, agilizando trámites y expropiaciones. Esto ha permitido, como es el caso de AWS en Aragón, comprometer las mayores inversiones de una tecnológica en la historia, superando los 15.700 millones de euros hasta 2033.

Por otro lado, estas regiones ofrecen una excelente conectividad digital. En la última década, las inversiones en redes de fibra óptica de alta capacidad y nodos de interconexión han permitido que zonas tradicionalmente rurales estén ahora plenamente integradas en el mapa de la conectividad global.

Otra de las grandes ventajas de alejarse de los entornos urbanos saturados es la reducción del riesgo operativo. Las grandes ciudades concentran tráfico, costes elevados y una mayor exposición a amenazas como apagones, desastres naturales o ataques cibernéticos a infraestructuras críticas. Desplegar centros de datos en regiones menos congestionadas permite una mayor resiliencia y continuidad del servicio.

Además, este movimiento puede suponer un motor de desarrollo regional. Las inversiones en infraestructuras digitales atraen talento, generan empleo cualificado y pueden transformar el tejido económico de estas regiones, alineándose con los objetivos de cohesión territorial y digitalización impulsados desde la Unión Europea.

La descentralización de los centros de datos no es una moda pasajera, sino una necesidad estructural de la economía digital. A medida que el edge computing, la inteligencia artificial y el metaverso continúan evolucionando, la demanda de procesamiento local y de redes distribuidas en entornos con capacidad de generar energía renovable y con recursos hídricos será cada vez más intensa.

Extremadura, Aragón y otras regiones con características similares tienen la oportunidad de posicionarse como actores clave en este nuevo mapa tecnológico. Las empresas que sepan anticiparse y adaptarse a esta nueva geografía digital estarán mejor preparadas para liderar la próxima fase de la transformación global y en esto los gobiernos autonómicos tienen un rol muy relevante.

La cancelación de hipotecas, más fácil y rápida

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LA CANCELACIÓN DE HIPOTECAS, MÁS FÁCIL Y RÁPIDA

CRISTINA MASSANA

La cancelación de una hipoteca es un momento relevante para todo propietario que hoy es posible hacer de forma más rápida e íntegramente online, gracias al servicio desarrollado por el Centro Tecnológico del Notariado.

El camino habitual para obtener la cancelación de una hipoteca consta de diversas fases y agentes implicados. El proceso se inicia con la solicitud, por parte del ciudadano, de un certificado de deuda cero a la entidad financiera que le concedió el préstamo. Tras conseguirlo, el interesado debe acudir a un notario para formalizar la escritura de cancelación de la hipoteca, que tiene que ser firmada por un apoderado del banco y por él mismo. También debe liquidar el impuesto de actos jurídicos documentados y presentar la escritura de cancelación en el Registro de la Propiedad.

 

PARA INICIAR EL PROCESO, EL BANCO SANTANDER DA DE ALTA LA OPERACIÓN Y EMITE EL CERTIFICADO DE SALDO CERO, QUE DEPOSITA EN EL PORTAL NOTARIAL DE LA BANCA

 

El Banco Santander es la primera entidad que ha implementado el nuevo servicio de cartas de pago y cancelación de garantías hipotecarias desarrollado por el Centro Tecnológico del Notariado. Desde el 26 de junio, todas las oficinas de su red nacional ofrecen esta nueva modalidad de cancelación. La novedad reside en que el banco concede un poder especial, irrevocable y suficiente al ciudadano que ostentaba la deuda, o a quien sea el propietario de la finca, gracias al cual este se puede personar ante el notario y cancelar la hipoteca sin que deba estar presente un apoderado de la entidad.

Para iniciar el proceso, el Banco Santander da de alta la operación y emite el certificado de saldo cero, que deposita en el Portal Notarial de la Banca. El ciudadano elige, entonces, notario, ya sea acudiendo a una notaría o en el Portal Notarial del Ciudadano (https://www.portalnotarial.es/). También puede elegir firmar la cancelación de la hipoteca de manera presencial o por videoconferencia. El notario elegido por el ciudadano tendrá acceso al certificado de saldo cero y a todos los detalles y documentos de la operación en la Sede Electrónica Notarial. Gracias a ello, el día de la cita, ya sea presencia u online, el ciudadano podrá cancelar la hipoteca rápidamente y con total trazabilidad, sin la presencia de un representante del banco.

El desarrollo, por parte del Centro Tecnológico del Notariado, del Portal Notarial del Ciudadano y, posteriormente, del Portal de la Banca responde a la inquietud del Consejo General del Notariado en avanzar en la mejora del servicio público al ciudadano facilitando y agilizando los servicios notariales.

Plan de contingencia

Miles de hogares y empresas amanecieron el pasado 20 de mayo sin conexión a internet ni telefonía fija. Una incidencia técnica en los operadores de Movistar y O2, ambos bajo el paraguas de Telefónica, paralizó actividades cotidianas, el teletrabajo y, sobre todo, afectó de forma crítica los servicios de emergencia 112 en múltiples regiones del país.

Ante esta situación, el Centro Tecnológico del Notariado activó un plan de contingencia, derivando el tráfico de datos a operadores alternativos, para garantizar los servicios al ciudadano en el ámbito digital, por ejemplo, el acceso al Portal Notarial del Ciudadano.

Aunque la actividad notarial con otras instituciones o entidades que contaban con el servicio de Telefónica se vio interrumpida durante unas pocas horas y algunas notarías vieron afectada su labor diaria, este plan de contingencia permitió que la mayoría de las miles de notarías repartidas por todo el país ejercieran su actividad con normalidad. Además, la conexión con la Sede Electrónica Notarial estuvo, en todo momento, garantizada.

Hablamos con la notaria y decana del Colegio Notarial de Murcia, Carmen Rodríguez, y con el director de Proyectos de Servicios Financieros del Centro Tecnológico del Notariado, Víctor Sánchez.

Carmen Rodríguez,

Notaria y decana del Colegio Notarial de Murcia

“La autenticidad y validez del poder queda fuera de toda duda, puesto que ha sido otorgado ante notario”

¿Ha cambiado la intervención del notario con la implementación de este nuevo servicio?

No, sigue siendo básicamente la misma, con igual garantía, seguridad y confianza que lleva consigo toda intervención notarial. La diferencia fundamental estriba en que se va a realizar la cancelación de una manera mucho más ágil y eficaz, garantizando además la libre elección del notario por parte del ciudadano. Este último es quien comparecerá ante el notario elegido, vía presencial o mediante videoconferencia (a través del Portal Notarial) y el que otorgará la escritura de cancelación de su préstamo hipotecario. Todo ello, una vez la entidad de crédito haya aportado toda la documentación necesaria a través del Portal Notarial de la Banca. Por tanto, agilidad y eficacia con la misma seguridad de siempre.

¿Qué garantías ofrece este nuevo sistema para asegurar la autenticidad y validez del poder otorgado por el banco al ciudadano?

La autenticidad y validez del poder queda fuera de toda duda, puesto que ha sido otorgado ante notario. El notario autorizante dispone en nuestra Sede Electrónica de la copia autorizada electrónica del poder dado al ciudadano por la correspondiente entidad financiera.

¿Cree que este modelo puede aplicarse en el futuro a otros servicios notariales con entidades bancarias?

Estoy convencida de que a través del Portal Notarial de la Banca se irán ampliando las actuaciones a realizar. Recordemos que algunas entidades financieras ya lo utilizan también para los préstamos personales. La entidad de crédito envía la documentación al portal para el otorgamiento del préstamo personal, con lo que se entiende prestado su consentimiento, de conformidad con el artículo 17 ter de la Ley del Notariado. El ciudadano entonces acude a su notaría de confianza, de nuevo presencialmente o a través de videoconferencia, a la prestación de su consentimiento. De este modo, se evitan desplazamientos innecesarios por parte de los representantes de las entidades financieras, sin merma de la garantía y seguridad jurídica que lleva la intervención del notario, prestando su asesoramiento imparcial al ciudadano.

Víctor Sánchez,

director de Proyectos de Servicios Financieros del Centro Tecnológico del Notariado

“Los tiempos de solicitud de la cancelación se reducen en beneficio del ciudadano”

¿Se prevé la incorporación de más entidades a este nuevo servicio de cancelación hipotecaria?
Sí, ya estamos colaborando con numerosas entidades financieras para su incorporación en breve al nuevo servicio.

¿Qué ventajas tiene este nuevo sistema para los ciudadanos que quieren cancelar su hipoteca?

Como gran novedad destacaría el poder especial que otorgan las entidades financieras a sus clientes para que unilateralmente puedan cancelar la hipoteca. La creación de este poder especial fue una propuesta del Consejo General del Notariado y que esté disponible en la Sede Electrónica Notarial facilita la gestión de todo el procedimiento. Entre las ventajas destacaría que se reducen ostensiblemente los tiempos de solicitud de la cancelación para los ciudadanos, además de aportar transparencia a todo el procedimiento para las entidades y sus clientes, gracias a contar con una total trazabilidad del proceso, desde su inicio hasta su finalización.

¿Cuáles son los próximos pasos en la evolución del Portal Notarial de la Banca?

Estamos manteniendo reuniones con las entidades bancarias y eso nos permite recoger sus inquietudes y peticiones. Con esta información prevemos lanzar en breve nuevos servicios y productos en el Portal Notarial de la Banca, siempre con el objetivo de optimizar los tiempos de gestión, consolidar la digitalización de los procesos entre entidades financieras y la corporación notarial, y con la vista puesta en el beneficio final del ciudadano.

Entrevista a Juan Ramón Flames Omarrementaría, ceo de Bolsas y Mercados Españoles

EN ESTE PAÍS

JUAN RAMÓN FLAMES OMARREMENTARÍA

CEO DE BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

“Es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social”

FERNANDO GEIJO
Licenciado en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y con una vasta trayectoria en los mercados internacionales de capitales y una amplia experiencia en el campo de la banca de inversión, Juan Flames es desde mediados de noviembre de 2024 el nuevo consejero delegado y responsable de Mercados de Bolsas y Mercados Españoles (BME). Una doble función que le afianza como una de las indiscutibles voces de referencia en nuestro país a la hora de analizar el presente y futuro de la Bolsa en España.

Desde su nombramiento como consejero delegado, ¿cuáles han sido las prioridades estratégicas para BME y qué avances destacaría?

Mi absoluta prioridad es hacer crecer el negocio, en el marco del plan Scale Up 2027 del Grupo SIX -empresa suiza de infraestructura de mercado financiero-, que busca reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes en los tres próximos años. Queremos estar cerca de nuestros clientes y ofrecerles los mejores servicios y esa es nuestra guía diaria.

También es vital contribuir a reforzar los mercados de capitales como pieza clave para el crecimiento económico y el bienestar social. Cuando lanzamos en enero del año pasado el libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, que incluía 56 medidas concretas, dimos un paso adelante para impulsar este necesario debate junto al resto del sector. Tras ese informe llegaron otros, como los realizados por Draghi, Letta o el de la OCDE, y todos coinciden en lo esencial: el fortalecimiento de los mercados de capitales es imprescindible para reforzar la posición competitiva de Europa en el mundo y para financiar la transición hacia una economía sostenible.

Sin duda, otra de mis prioridades, en línea con lo anterior, es impulsar las salidas a Bolsa. La Bolsa es el mejor lugar para que las empresas accedan a financiación recurrente y obtengan visibilidad y reputación. Para ello hemos llevado a cabo distintas medidas como el refuerzo de nuestro Entorno Pre Mercado, que prepara a las compañías que quieren dar el salto a la Bolsa; la incesante llegada de nuevas empresas a los mercados de crecimiento de BME (BME Growth y BME Scaleup); nuestra reciente alianza con EsTech para atraer a los mercados de capitales a los unicornios del futuro y, la más reciente, el lanzamiento, fruto de un trabajo conjunto con la CNMV, de BME Easy Access, una nueva modalidad de salidas a Bolsa que aporta flexibilidad a las compañías y que ha sido muy bien recibida por el sector.

¿Cómo está afrontando BME los desafíos que plantea la creciente digitalización de los mercados financieros, especialmente frente al auge de plataformas alternativas y criptomonedas?

En primer lugar, creemos que la competencia es siempre positiva, porque nos hace mejores. Así que no es algo que nos preocupa, sino que nos ocupa.

Respecto a la digitalización, es uno de nuestros principios rectores. Nosotros pensamos que las infraestructuras de los mercados de capitales, y SIX es la tercera mayor de Europa, están en una posición excelente para liderar la transformación digital del sector. Si algo dejan claro empresas e inversores es que quieren que avancemos en materia de innovación y en la oferta de nuevos activos, pero siempre manteniendo la seguridad y confianza que ofrecemos los mercados. Y ese es nuestro objetivo, siempre atendiendo las necesidades de nuestros clientes.

Son numerosos los proyectos innovadores a través de los que canalizamos nuestro compromiso con la digitalización. Por poner sólo dos de los ejemplos más recientes, mencionaré nuestra inversión en OpenBrick, una plataforma digital pionera en España de valores inmobiliarios tokenizados, y nuestra participación en el programa de experimentación del Banco Central Europeo (BCE) para la liquidación de operaciones de pago utilizando tokens digitales, en la que reunimos a parte de la comunidad financiera española. Desde nuestra posición, nos gusta aglutinar los esfuerzos del sector y aunar fuerzas en el campo de la digitalización. Tenemos mucho que decir desde España.

 

“LA BOLSA ES EL MEJOR LUGAR PARA QUE LAS EMPRESAS ACCEDAN A FINANCIACIÓN RECURRENTE Y OBTENGAN VISIBILIDAD Y REPUTACIÓN”

 

En España está creciendo el interés por la inversión minorista. ¿Qué está haciendo BME para acercar el mercado de valores a los pequeños inversores?

Traer de vuelta a la Bolsa a los inversores minoristas es una de nuestras prioridades. Las familias llegaron a controlar a finales de 1998 el 35,1% de la Bolsa española, en pleno proceso de privatizaciones, y a cierre de 2023 ese porcentaje estaba en el 16,4%.

Evidentemente, debe existir una protección para los inversores minoristas, pero existe un consenso en el sector en relación con la existencia en los últimos años de una sobrerregulación que ha alejado a los minoristas de la Bolsa. En un momento, además, en el que se acerca a activos de mucho más riesgo y menos garantías.

En BME vemos con muy buenos ojos el proyecto de crear una cuenta de ahorro e inversión europea, al estilo de la cuenta sueca, que tiene una fiscalidad muy ventajosa. Es fundamental que los ahorradores pasen a ser inversores, y en ese objetivo la Bolsa debe situarse en el centro.

 

“EXISTE UN CONSENSO EN EL SECTOR EN RELACIÓN CON LA EXISTENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DE UNA SOBRERREGULACIÓN QUE HA ALEJADO A LOS MINORISTAS DE LA BOLSA”

 

En un contexto de incertidumbre económica global, ¿cuáles son los sectores en España que más potencial tienen desde la óptica del mercado de capitales?

No nos corresponde a nosotros como gestores de los mercados de capitales señalar a determinados sectores por encima de otros. Con carácter general, el tejido empresarial español es muy innovador. De hecho, contamos con compañías punteras y líderes mundiales en distintas áreas de actividad. Para nosotros es importante que la Bolsa sea el reflejo de la economía, en este caso, la española. Por eso es tan positiva, por ejemplo, la fuerte presencia de compañías con perfiles digitales e innovadores en los mercados de crecimiento de BME. Sin olvidar la llegada al mercado principal de empresas que abren nuevos sectores como es el caso de Puig, que debutó el año pasado, u otras de sectores bandera de la economía española como el turismo, representado por HBX, el gran estreno bursátil de lo que llevamos de año.

¿Qué papel juega BME en la promoción de la sostenibilidad y la inversión ESG (ambiental, social y de gobernanza)?

Es fundamental para nosotros y forma parte de nuestra estrategia. Tenemos un compromiso firme con la sostenibilidad desde nuestro doble rol, como gestores de los mercados de capitales y como compañía. Como empresa, trabajamos para reducir nuestro impacto en el medio ambiente, contribuir a la mejora de la sociedad y garantizar un entorno de trabajo igualitario. Estamos comprometidos con ello y entendemos que la sostenibilidad no es una moda, sino algo que forma parte de nuestra cultura corporativa.

Como gestores de los mercados de capitales, promovemos las finanzas sostenibles con medidas como la creación de índices de sostenibilidad como el IBEX ESG o el IBEX Gender Equality, además de acoger en nuestros mercados de renta fija emisiones sostenibles. Sólo el año pasado, en nuestros mercados y plataformas de renta fija se admitieron a negociación 65 emisiones de renta fija verdes, sociales y sostenibles por un importe total de 89.386 millones de euros, de los que casi 9.300 millones de euros correspondieron a emisores españoles. También aquí, los mercados de capitales están en una posición central.

Otro pilar de nuestro compromiso con la sostenibilidad es nuestra promoción de la educación financiera, que canalizamos a través de Instituto BME y de Braindex. Estamos convencidos de que una sociedad con una buena cultura financiera es una sociedad mejor preparada y que toma mejores decisiones de ahorro e inversión.

¿Considera que el actual marco regulatorio en España es favorable para atraer a más empresas a Bolsa? ¿Qué reformas serían necesarias?

Como defendemos en nuestro libro blanco sobre el impulso de la competitividad de los mercados de capitales en España, es importante que todos los actores implicados tomemos conciencia de la importancia estratégica de la Bolsa como un asunto de Estado. En este sentido, todas las medidas regulatorias o fiscales que incentiven la llegada de nuevas empresas a la Bolsa serán siempre bienvenidas. Fortalecer los mercados de capitales es algo que pasa, en gran medida, por hacer crecer el número de cotizadas, y ese es un empeño colectivo por el bien de todos.

En este campo, me gustaría destacar BME Easy Access, la nueva modalidad de salida a Bolsa, que hemos desarrollado junto a la CNMV y tras escuchar al conjunto del sector. En esencia, la principal novedad que aporta este nuevo procedimiento es que permitirá la admisión directa de las acciones en los mercados regulados sin la exigencia de obtener una distribución mínima, o free float, con carácter previo a la admisión. De esta forma se favorece la planificación de las empresas y se evita el riesgo de que circunstancias ajenas a la compañía frustren la operación.

 

“VEMOS CON MUY BUENOS OJOS EL PROYECTO DE CREAR UNA CUENTA DE AHORRO E INVERSIÓN EUROPEA”

 

¿Cómo imagina el futuro de BME en los próximos cinco años y qué legado le gustaría dejar como consejero delegado?

Creo que es importante volver a poner a los mercados financieros en el centro de la economía del país; que la Bolsa vuelva a estar de moda. Estoy muy contento con el equipo profesional de BME y con nuestra posición. Pienso que podemos seguir contribuyendo de manera decidida a reforzar la financiación empresarial, ofrecer alternativas a los inversores y, en conjunto, impulsar la economía. A cinco años vista quiero una Bolsa con más empresas cotizadas de todos los tamaños y sectores, con más presencia de inversores minoristas y pionera en la digitalización del sector.

En su amplia trayectoria profesional ha estado fuertemente vinculado al sector financiero. ¿Qué lecciones ha aprendido de esa experiencia y cómo las aplica en su rol como consejero delegado?

Creo que es enriquecedor haber pasado por distintas posiciones y áreas dentro del sector financiero, porque contribuye a tener una visión global. La gran constante a lo largo de mi trayectoria, que sin duda aplico también a mi labor como consejero delegado de BME y como responsable de Mercados Primarios de SIX, es mantener siempre el foco puesto en los clientes. Debemos escuchar y atender sus necesidades, estar siempre muy cerca de ellos. Es uno de los pilares de la estrategia del grupo SIX Scale Up 2027, con el que buscamos impulsar nuestra ambición comercial, reforzar el crecimiento de los ingresos y mejorar los márgenes.

 

“LOS NOTARIOS JUEGAN TAMBIÉN UN PAPEL PROTAGONISTA EN EL SISTEMA FINANCIERO EN SU CONJUNTO”

 

La intervención del notario proporciona seguridad jurídica y mejora la confianza del sistema financiero. ¿Podrían de algún otro modo contribuir los notarios a la estabilidad de estos mercados?

 Por supuesto. Los mercados de capitales son como una orquesta; no es un solista. Es decir, necesitamos al conjunto de la comunidad: empresas, inversores, despachos de abogados, asesores, bancos, gestoras de activos… Para que el mercado funcione bien es clave contar con todo tipo de instrumentos convenientemente afinados y, por supuesto, los notarios juegan también un papel protagonista en el sistema financiero en su conjunto.

HUELLA DIGITAL

JUAN Flames es un directivo con un perfil muy activo en Linkedin, la red social profesional por excelencia.

El equipo de la Dirección de Comunicación de Bolsas y Mercados Españoles (BME) ofrece, además, en el portal de la institución información relevante sobre la actividad del consejero delegado, así como de su perfil profesional.

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Presión fiscal sobre las ganancias de capital

EN ESTE PAÍS

PRESIÓN FISCAL SOBRE LAS GANANCIAS DE CAPITAL

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo.

ELVIRA ARROYO
España está entre los países europeos que más gravan las ganancias de capital en los tramos más altos. Frente a quienes defienden que esta presión fiscal debería reforzarse para las personas que ganan más, se abre el debate de si una tributación muy elevada puede desincentivar la venta de activos o la inversión en un momento en el que la Unión Europea apuesta por financiar proyectos estratégicos con el ahorro de sus habitantes.

El dinero ganado con la venta de acciones, un fondo de inversión o una vivienda; los dividendos que reparten las empresas a sus accionistas; o los intereses que el banco paga por un depósito o una cuenta de ahorro, son ejemplos de ganancias de capital que tributan en el IRPF.

 

DESDE 2019, EL IMPUESTO MÁXIMO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL EN ESPAÑA HA SUBIDO 7 PUNTOS

 

En España, se aplica por estos conceptos un tipo impositivo progresivo, con diferentes porcentajes según la cantidad de renta obtenida. En los últimos años, el incremento ha sido significativo, sobre todo en los tramos más altos, pasando de un tipo máximo del 23% en 2019 al 30% vigente en 2025 para las ganancias de capital superiores a 300.000 euros. Según Tax Foundation Europe, España es el séptimo país europeo con el tipo impositivo más alto para las rentas de capital.

Novedades. La Ley 7/2024, de 20 de diciembre, introdujo modificaciones que afectan a la escala del ahorro desde el 1 de enero de 2025. Concretamente, se eleva del 28% al 30% el tipo del último tramo de la escala del ahorro (ganancias que exceden los 300.000 euros) para los contribuyentes que tengan su residencia habitual en el extranjero y aquellos que estén acogidos al régimen especial de trabajadores desplazados a territorio español.

También, desde el 1 de enero de 2025, se ha modificado la escala que se aplica a la parte de la base liquidable del ahorro para determinar la cuota íntegra estatal, elevándose el tipo del último tramo del 14% al 15%.

Este tipo de medidas aumentan los impuestos para quienes más ganancias obtienen de su capital, algo que han reivindicado formaciones políticas como Sumar, que defiende equiparar la tributación de las rentas del capital con las del trabajo subiendo los tipos impositivos en las franjas más altas del IRPF.

 

EUROPA PRESENTA UN SISTEMA IMPOSITIVO MUY DIVERSO PARA LAS GANANCIAS DE CAPITAL QUE VIENE DETERMINADO POR LA CONCEPCIÓN FISCAL DE CADA PAÍS

 

Otros países. La mayoría de los países desarrollados gravan las ganancias de capital, pero el tipo impositivo y las reglas exactas (porcentajes progresivos, la posibilidad de desgravación por tenencia prolongada o exenciones) dependen de la legislación local.

España está en un nivel relativamente alto de tributación sobre los beneficios obtenidos por la venta de activos o por la inversión del dinero, aunque está muy por debajo de Dinamarca, que aplica un tipo máximo del 42% o Noruega, con un 37,8%. En el lado opuesto, Rumanía aplica el tipo más bajo, del 1%, seguida de Moldavia con el 6% y Bulgaria con el 10%.

Además, Tax Foundation Europe destaca que varios países europeos, entre los que se encuentran Bélgica, República Checa, Suiza, Eslovenia o Luxemburgo, no gravan las ganancias de capital por la venta de acciones mantenidas a largo plazo.

Se trata, por tanto, de un sistema impositivo muy diverso determinado por la concepción fiscal de cada país. Queda claro que los beneficios obtenidos por la venta de un activo a un precio mayor que el precio de compra o los réditos que aportan el dinero ahorrado o invertido deben tributar, aunque el criterio para definir la carga impositiva no es uniforme.

Algunos expertos apuntan que penalizar con un impuesto muy alto las ganancias del ahorro favorece que la ciudadanía opte por el consumo en detrimento de la inversión. Del mismo modo, si la venta de activos conlleva pagar muchos impuestos, la opción más cómoda es no vender.

En España las rentas del capital mobiliario mantienen una tendencia creciente, a pesar de que en el primer trimestre de 2025 se ha frenado el ritmo, tras registrar una subida del 8,3%. Este dato dista bastante de los ascensos de dos dígitos observados los últimos tres años (26,5% en 2022, 15,9% en 2023 y 45,3% en 2024), según señala la Agencia Tributaria.

 

LA UNIÓN EUROPEA NECESITA PARA 2030 ENTRE 750.000 Y 800.000 MILLONES DE EUROS ADICIONALES PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

 

Proyectos europeos. Sin embargo, las autoridades europeas consideran que el ahorro puede ser una importante fuente de financiación para determinados proyectos. De hecho, en marzo de 2025 la Comisión Europea presentó la Unión de Ahorros e Inversiones (SIU, por sus siglas en inglés), una iniciativa que busca generar oportunidades financieras para los ciudadanos de la UE, mejorando la capacidad para conectar el ahorro con inversiones productivas.

El objetivo es crear un ecosistema de financiación que beneficie la inversión en objetivos estratégicos de la UE, como el cambio climático, los avances tecnológicos y las nuevas dinámicas geopolíticas. Se calcula que para sacar adelante estos retos se necesitarán entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para 2030, cifra que se ve aún más afectada por la ampliación de las necesidades de defensa. Gran parte de estas están relacionadas con las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a las empresas innovadoras, que no pueden depender únicamente de la financiación bancaria. Mediante el desarrollo de mercados de capital integrados, SIU puede conectar eficazmente ahorro e inversión.

De este modo, habrá nuevas alternativas para los ahorradores que deseen potenciar su patrimonio y se fomentará el crecimiento de las empresas europeas.

La Comisión Europea ha puesto en marcha una consulta específica para recabar información sobre los obstáculos que puede haber para la integración de los mercados de capitales en la UE. Al mismo tiempo, se ha establecido un calendario de actuaciones para implantar la SIU. Como primer paso, en el tercer trimestre de 2025 se definirán las cuentas de ahorro e inversión de la UE y una estrategia de alfabetización financiera.

Más recaudación de IRPF por ganancias patrimoniales

Los ingresos totales por el IRPF en España alcanzaron los 129.408 millones en 2024, un 7,6% más que el año anterior. La mayor parte de este impuesto procede de los rendimientos del trabajo, pero en 2024 las ganancias patrimoniales registraron un avance superior al 22%, según la Agencia Tributaria. Este crecimiento se atribuye, por un lado, a las ganancias procedentes de los fondos de inversión, que, tras dos años de caídas, crecieron un 79,3% en 2024 hasta alcanzar los 3.550 millones.

Por otro lado, en las ganancias no sujetas a retención, ligadas fundamentalmente a las ventas de inmuebles y a la evolución de la cotización de las acciones, se prevé un incremento del 17% en 2024.

Tasas sobre las ganancias de capital en Europa
País

Tasa máxima de impuesto sobre las ganancias de capital para personas físicas

Austria 27,5%
Bulgaria 10%
Dinamarca 42%
Finlandia 34%
Francia 34%
Alemania 26,4%
Irlanda 33%
Italia 26%
Países Bajos 36%
Noruega 37,8%
Polonia 19%
España 30%
Suecia 30%
Reino Unido 24%
PARA SABER MÁS

Impuesto sobre las ganancias de capital en Europa. Incluye mapa interactivo con evolución 2019-2025. Tax Foundation Europe.

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Informe mensual de recaudación tributaria. Abril de 2025. Agencia Tributaria.

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Iniciativa europea Unión de Ahorros e Inversiones (Savings and Investments Union, SIU). Conectando ahorros e inversiones productivas. Comisión Europea.

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“La fiscalidad de las rentas del capital”, porDavid Cano Martínez

EN ESTE PAÍS

DAVID CANO MARTÍNEZ,

socio de Analistas Financieros Internacionales

“Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente”

La fiscalidad de las rentas del capital

De forma simplificada, podemos afirmar que hay dos grandes factores productivos: el trabajo (“L”) y el capital (“K”). El primero hace referencia a las horas dedicadas para desarrollar una determinada tarea, mientras que el segundo engloba el suministro de recursos para que se pueda materializar ese trabajo. Y un agente puede aportar capital tanto de forma directa (es decir, “poniendo” dinero) como de forma indirecta (“pone” una máquina o una nave industrial, por ejemplo).

Tanto L como K exigen una contraprestación económica (tienen un precio), que estará en función de muchas variables. Igual que es obvio (y justo) que no todos los trabajadores reciban la misma remuneración por hora, tampoco un mismo euro invertido debe obtener la misma rentabilidad. Cuanto más riesgo asuma un capital, más rendimiento debe recibir.

A partir de aquí, como sucede con los rendimientos del trabajo, entra en juego el sistema tributario. Este impone un pago vía impuestos justificado por el uso de la infraestructura, de funcionarios y, en general, de todos aquellos recursos por los que no se ha pagado de forma explícita para obtener el rendimiento. Este se somete a tributación por dos conceptos adicionales: financiar otros gastos del Estado y redistribución generalizada. Sí, todo rendimiento de cualquiera de los dos factores debe pagar impuestos.

Se inicia el debate, clave para determinar cuál debería ser la cuantía del tipo de gravamen de las rentas: ¿cómo se estiman los precios de esos recursos que se han utilizado?, ¿Qué parte del rendimiento se debe destinar a pagar otros conceptos que no son capaces de financiarse por sí solos dado que son deficitarios? y, ¿qué parte del rendimiento debe redistribuirse?

Como economista gestor de carteras y fondos de inversión, rechazo la afirmación de que “las rentas del capital deben grabarse más que las rentas del trabajo dado que el inversor no ha hecho ningún esfuerzo por conseguirlo”. Discrepo porque el “esfuerzo” no debe medirse por la intensidad física o las horas dedicadas sino, en el caso del capital, por el riesgo asumido en la inversión. Estamos en una economía en la que cada vez se necesita más factor capital (dinero) que esté dispuesto a invertir a más largo plazo y asumiendo más riesgo. Es generalizada la reivindicación de la creación de más empresas, de más startups tecnológicas, de más industria… Y no puedo estar más de acuerdo. Pero ¿quién está dispuesto a asumir el riesgo que implica invertir en el capital de esas empresas y proyectos? Ahí es cuando las voces se callan o bajan su volumen. Adaptando lo que dijo Unamuno: ¡Que arriesguen ellos!

Es muy fácil exigir que sean los demás los que asuman el riesgo con su capital (y, además, que paguen muchos impuestos por las rentas que generan). Pero es mucho más difícil hacerlo. Por ello, el riesgo, igual que el esfuerzo, se debe remunerar de forma extra. Y es eso lo que suele suceder, según nos enseñan tanto la teoría financiera como la evidencia. A más riesgo, más rentabilidad. Creo que es muy importante dejar claro este principio que pretende defender que obtener rentas del capital no es tarea fácil ni de corto plazo y que, a la hora debatir su tributación, se debería distinguir entre quien asume riesgo y quien no, entre quien invierte a corto plazo y quien lo hace a largo plazo.

Porque igual que soy un claro defensor de que un capital que asume riesgo obtenga una elevada rentabilidad (y tenga un tratamiento fiscal ventajoso, sobre todo si está invertido a largo plazo) considero que el ahorro (es decir, aquel que no asume riesgo porque está materializado en un depósito bancario o en una Letra del Tesoro) debe tener un reducido rendimiento. A ello contribuye, por cierto, la política monetaria del BCE, imponiendo tipos de interés nominales por debajo de la inflación. Insisto mucho en esta frase: si el ahorrador quiere obtener una rentabilidad real positiva (es decir, una rentabilidad nominal por encima de la inflación), es imprescindible que asuma riesgo. Si no lo hace, el precio que tendrá que pagar por ello es perder poder adquisitivo.

Si queremos que una parte importante de la sociedad se convierta en inversor, como única vía para financiar de forma estable proyectos de riesgo, debemos incentivarlo fiscalmente. Podemos debatir sobre si existe falta de oferta disponible del factor trabajo para determinados puestos y momentos a un determinado salario. Pero es un hecho que hay déficit de oferta de capital dispuesto a asumir riesgo (más aún sometidos como están los bancos a una normativa de solvencia que les impiden asumir riesgos). Es una realidad que se está incrementando la demanda de capital para financiar proyectos con mayores incertidumbres sobre su rendimiento (inteligencia artificial, computación quántica, baterías, impresión 3D, biotecnología, etc.). Más demanda que no encuentra correspondencia en la oferta, al menos en Europa.

Por ello, resulta imprescindible mantener un debate sobre cuál debe ser la fiscalidad de las rentas de capital, basado en los elementos que he tratado de exponer. Defiendo, como ya he manifestado, una fiscalidad ventajosa para aquel capital que asume riesgo a largo plazo y que lo hace en proyectos que incrementen la productividad y el crecimiento de la economía. Además, defiendo la fiscalidad ventajosa de los vehículos de inversión porque de esa forma se incentivará otro de los principios en los que más creo: la diversificación. Si queremos conseguir una sociedad más inversora debemos incentivar el mejor tratamiento fiscal de las rentas del capital si se consiguen a través de vehículos de inversión diversificados y, más aún, si estas rentas se alcanzan en períodos prolongados del tiempo (por encima de los 5 y, especialmente, 10 años).

“Los fondos de pensiones como dinamizadores del crecimiento”

Justicia para la paz

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JUSTICIA PARA LA PAZ

En la búsqueda de la paz no puede haber justicia sin verdad, ni garantía de no repetición sin una verdadera reparación a las víctimas, los cuatro pilares que definen la justicia transicional. Este fue el eje central del acto organizado por COMJIB y el Notariado español en las Naciones Unidas con motivo de la presentación del libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial.

JAIME PÉREZ DE MIGUEL
De izda. a dcha.: Alfonso Cavallé, Manuel Seda, Héctor Gómez, Digna Isabel Durán, Joseph Weiler, Enrique Gil Botero, José Ramón Antón, Diego García- Sayán y el Padre Javier.

Ante miembros del cuerpo diplomático de cuatro continentes -África, Asia, América y Europa- en el acto se apostó por una justicia transicional imperfecta frente a una guerra perfecta; se reafirmó el papel de América Latina como inventora de las Comisiones de la Verdad, y se subrayó la necesidad de una auténtica justicia de reparación hacia las víctimas.

La sesión comenzó con el testimonio de Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz, quien afirmó que la transición de la justicia no es una fórmula matemática, sino un mecanismo valioso que ofrece herramientas fundamentales para abordar violaciones graves de los derechos humanos que resultan de los conflictos armados. “Los cuatro pilares que sostienen este enfoque -la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición- constituyen el fundamento en torno al que hemos construido los procesos de paz sostenibles, como en el caso que vivimos en Colombia en 2016”, aseguró.

 

LA JUSTICIA TRANSICIONAL NO ES UNA FÓRMULA EXACTA, SINO UN MECANISMO VALIOSO

 

Forjar la paz
La ponencia principal corrió a cargo del profesor Joseph Weiler, catedrático de Derecho de la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022, quien resaltó que en la resolución de los conflictos la clave es conocer cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo para alcanzar una paz duradera, y los cuatro pilares en los que se basa la llamada Justicia Transicional lo son.

Weiler señaló que las peores guerras de la historia fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que acabaron con la vida de millones de personas. La primera finalizó con el acuerdo de Versalles que, según el profesor, “buscó someter al enemigo para que nunca más pudiera ser una amenaza. No se siguieron los principios que se han plasmado en esta obra, por lo que se convirtió en una garantía de que la guerra se repetiría”.

Sin embargo, para el profesor, Weiler, tras la Segunda Guerra Mundial sucedió lo contrario: “Con el Plan de Schuman y el Tratado de París, el objetivo fue dar al enemigo un ´gran abrazo´ para crear una estructura de convivencia. Estos acuerdos trajeron consigo el periodo de paz más largo en Europa occidental, desde 1952 a la actualidad”. “No es sorprendente que, después, la UE recibiera el Premio Nobel de la Paz. Es como si hubieran podido leer esta obra tan importante para alcanzar un periodo de paz tan prometedor”, añadió Weiler.

 

LA LABOR NOTARIAL TRATA DE CONSTRUIR LA PAZ EN EL DÍA A DÍA CREANDO RELACIONES JURÍDICAS DE LAS QUE SE DERIVE CONFIANZA

 

Espacio para la reflexión
A continuación, tuvo lugar una mesa redonda moderada por Jorge P. López, patrono de Fundación Notariado, y en la que participaron el exministro de Justicia y Asuntos Exteriores de Perú, Diego García-Sayán; Alfonso Cavallé, delegado para América del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Islas Canarias; el Padre Javier Prades, miembro de la Comisión Teológica Internacional (Santa Sede); y la fiscal ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz de la Unidad de Investigación y Acusación, Digna Isabel Durán.

Al acto asistieron también en representación del Notariado español, su vicepresidente, Manuel Seda (decano del Colegio Notarial de Andalucía), y los decanos de los colegios notariales José María Graíño (Galicia), Ignacio Ferrer (Extremadura), Carmen Rodríguez Pérez (Murcia), Marcos Prieto (La Rioja) y José Carmelo Llopis (Valencia).

Construir la paz

El coloquio abordó la justicia transicional como vía para la construcción de la paz en América Latina. Diego García-Sayán abrió destacando la creación de Comisiones de la Verdad en países como Argentina, Chile y Colombia como señales positivas, pese a las dificultades de la región. Por su parte, Alfonso Cavallé subrayó el papel del Notariado en la justicia preventiva, al fomentar relaciones jurídicas basadas en la confianza y el derecho a la verdad, elementos que previenen conflictos.

El Padre Javier Prades aportó la visión del Papa Francisco, centrada en la dignidad humana y el respeto a los derechos humanos como base del desarrollo y la reconciliación.

Digna Isabel Durán destacó que la reparación a las víctimas debe partir de ellas mismas, desde su experiencia y voz, rechazando modelos protocolarios impuestos desde el Estado. Finalmente, Enrique Gil Botero, secretario general de COMJIB, cerró el acto reflexionando sobre el origen del libro que motivó el encuentro, nacido de la preocupación por un mundo marcado por conflictos y guerras. Señaló que la justicia transicional representa una esperanza frente al caos global y una vía ética para la paz y la convivencia. Reivindicó además que “es mejor una justicia imperfecta que una guerra perfecta”.

Imagen de la sala durante el evento. FOTOGRAFÍA DE MERCEDES LAVIÑA
Pasado, presente y futuro
de la Justicia Transicional

El libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial ha sido promovida conjuntamente por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), el Consejo General del Notariado y Fundación Notariado. En él participan una veintena de ponentes, entre ellos filósofos, humanistas y profesores universitarios iberoamericanos, así como ministros, ex ministros y altos cargos de los gobiernos de diferentes países latinoamericanos y organismos internacionales.

MÁS INFORMACIÓN

Acciones colectivas: ¿más protección para los consumidores?

DEBATE PARLAMENTARIO

ACCIONES COLECTIVAS: ¿MÁS PROTECCIÓN PARA LOS CONSUMIDORES?

Cuando la cantidad reclamada supere los 3.000 euros por beneficiario, el tribunal podrá establecer que el resultado del proceso judicial solo afecte a los consumidores que expresamente se hayan adherido a él.
El Proyecto de Ley de Acciones Colectivas, que actualmente se tramita en el Parlamento, busca fortalecer la posición de los consumidores frente a infracciones que perjudiquen sus derechos, permitiendo la interposición de acciones colectivas por parte de entidades legalmente habilitadas. Como novedad, cuando se reclame una reparación o compensación económica, el proceso vinculará a todas las personas afectadas, salvo desvinculación expresa.
ELVIRA ARROYO

La debilidad del consumidor se pone especialmente de manifiesto cuando, ante una práctica ilícita por parte de un empresario, quiere acudir a la vía judicial y comprueba que en la mayoría de los casos existirá una desproporción entre los gastos que el proceso conlleva y las cantidades que podría obtener.

Para evitar estas situaciones, la Unión Europea cree que los Estados miembros deben establecer mecanismos de defensa colectiva del consumidor, tal y como recoge la Directiva (UE) 2020/1828. En España existen regulaciones dispersas sobre la materia, pero es importante unificarlas e incorporar a nuestro ordenamiento jurídico los principios de la citada directiva.

Con este objetivo se ha llevado al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Acciones Colectivas para la Protección y Defensa de los Derechos e Intereses de los Consumidores y Usuarios, que pretende proporcionar al consumidor una herramienta eficaz para proteger sus derechos de manera colectiva, sobre todo cuando los daños individuales son pequeños pero afectan a un gran número de personas.

 

LA REFORMA EXCLUYE LA INTERVENCIÓN A TÍTULO INDIVIDUAL DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN PROCESOS COLECTIVOS

 

Ámbito. Se considerarán acciones colectivas aquellas a través de las cuales una o varias de las entidades habilitadas pretendan obtener medidas de cesación o resarcitorias frente a las conductas de empresarios o profesionales que perjudiquen los intereses colectivos de los consumidores y usuarios.

La acción colectiva de cesación podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta, incluso cuando ésta haya finalizado antes de que concluya el procedimiento, si existen indicios suficientes que hagan temer su reiteración.

La acción colectiva resarcitoria tratará de obtener una sentencia que condene al demandado a reparar los daños padecidos por los consumidores o usuarios perjudicados. Se podrá pretender la condena al pago de indemnizaciones, la reparación o sustitución de los bienes adquiridos o el reembolso del precio pagado por estos. Se podrá igualmente pedir la resolución de los contratos en que se haya materializado la conducta infractora.

Uno de los cambios más destacados es que cuando se solicite una reparación o compensación económica ante los tribunales, el proceso vinculará a todas las personas que sean titulares de los derechos o intereses lesionados, salvo que se solicite expresamente la desvinculación (mecanismo al que resulta habitual referirse como opt-out) por alguna de ellas. Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la cantidad reclamada supere los 3.000 euros por beneficiario, el tribunal podrá establecer un sistema en el que el resultado del proceso judicial solo afecte a los consumidores que expresamente se hayan adherido a él.

Para asegurar la publicidad de este tipo de procedimientos cada uno contará con una plataforma electrónica, de modo que cada afectado tenga acceso a toda la información y pueda manifestar su voluntad de vincularse o desvincularse de la acción colectiva.

Además, a diferencia de lo que sucede ahora, la reforma excluye la intervención a título individual de consumidores y usuarios en procesos colectivos, para lograr una gestión más eficaz del proceso.

 

LA UNIÓN EUROPEA CREE QUE LOS ESTADOS MIEMBROS DEBEN ESTABLECER MECANISMOS DE DEFENSA COLECTIVA DEL CONSUMIDOR

 

Entidades. El proyecto de ley legitima tanto al Ministerio Fiscal como a las denominadas entidades habilitadas -asociaciones de consumidores, órganos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas o municipios competentes en materia de tutela de los consumidores-, para dirigir las acciones colectivas frente a cualquier tipo de infracción. También se incorporan los criterios que deben cumplir las estas entidades para ejercitar acciones colectivas transfronterizas.

El empresario o profesional demandado en una acción colectiva tendrá derecho a plantear que la entidad demandante no cumple con las exigencias establecidas para ser designada como entidad habilitada.

Para garantizar los requisitos exigibles a estas entidades, se designarán  puntos de contacto nacionales donde podrán canalizar las reservas planteadas respecto del cumplimiento dichos criterios.

Las asociaciones de consumidores y usuarios que soliciten ser designadas entidades habilitadas para ejercitar acciones colectivas nacionales o transfronterizas deberán acreditar, entre otros requisitos, el desempeño de su actividad de manera pública durante un mínimo de doce meses antes. Además, tendrán que ser entidades sin ánimo de lucro, no estar dentro de un procedimiento de insolvencia ni haber sido declaradas insolventes, y ser independientes.

Procedimiento. Las acciones colectivas en defensa de consumidores y usuarios serán competencia de los Juzgados de Primera Instancia del lugar donde el demandado tenga su domicilio, con independencia de la materia sobre la que versen.

El proceso comenzará con una demanda, que deberá contener una serie de informaciones específicas sobre los sujetos y la conducta que motiva su interposición. Como novedad, para que resulte admisible la demanda cuando se pretenda la cesación de una conducta, será imprescindible la reclamación previa al empresario o profesional.

Una vez admitida la demanda, se convocará a las partes a la audiencia de certificación. En esta etapa se verificarán que se dan las condiciones para que resulte legítima la acción colectiva. Entre otras cuestiones, el tribunal comprobará la homogeneidad de las pretensiones y que la acción no es infundada. También será el momento adecuado para controlar que una eventual financiación del proceso por terceros no sea fuente de conflictos de intereses perjudiciales para los consumidores y usuarios.

Si se cumplen los requisitos, el tribunal dictará el auto de certificación, una pieza crucial del proceso, pues en él se determinarán los consumidores y usuarios afectados. Tras la certificación, el proceso quedará en suspenso durante el plazo marcado por el tribunal para que los sujetos afectados manifiesten su voluntad de desvinculación o, en su caso, de vinculación.

Cuando se reanuden las actuaciones, el demandado contestará a la demanda por escrito. Después se requerirá a las partes para que realicen su proposición probatoria también de manera escrita. En todo caso, se celebrará el acto del juicio conforme a las reglas del juicio ordinario.

 

CADA PROCEDIMIENTO CONTARÁ CON UNA PLATAFORMA ELECTRÓNICA, EN LA QUE CADA AFECTADO PODRÁ VINCULARSE O DESVINCULARSE DE LA ACCIÓN COLECTIVA

 

El tribunal deberá pronunciarse tratando de alcanzar el mayor grado de determinación en cuanto a los beneficiarios y la prestación que corresponderá a cada uno de ellos.

Los partidos opinan*

FRANCISCO ARANDA

Diputado y portavoz de Justicia del GPS en el Congreso

Grupo Parlamentario Socialista

X: @arandapaco

Mail: [email protected]

“Un paso necesario y urgente”

El proyecto de Ley de acciones colectivas, actualmente en tramitación en el Congreso, es un paso necesario y urgente en la regulación entre consumidores/usuarios y las empresas prestadoras de bienes y servicios, muchas veces en total desequilibrio y desigualdad.

Mecanismo de tutela (judicial), entidades legalmente habilitadas y salvaguarda de los intereses de consumidores son los elementos centrales de la voluntad del legislador. Además, contar con un procedimiento judicial que permita a los consumidores y usuarios víctimas de acciones abusivas de carácter colectivo poder operar jurídicamente en defensa de sus intereses. Reducir, así, la situación de debilidad (económica, por ejemplo) en la que se encuentran en estos procesos ante los que puedan haber sido dañados sus derechos. Todo ello, haciéndolo de la mano de entidades especializadas, legalmente habilitadas y con solvencia en la defensa de los intereses de los consumidores.

En este momento procesal de la ley, los partidos en el Congreso estamos en el momento de escuchar al sector y a los agentes implicados, así como en la búsqueda de las mayorías y consensos necesarios para poder llegar a un punto de acuerdo que nos permita transponer la Directiva y mejorar la protección colectiva y la defensa de los consumidores y usuarios.

MARÍA JESÚS MORO ALMARAZ

Diputada y portavoz de Justicia GPP en el Congreso

X: @MoroMjesus

Mail: [email protected]

“Arrastra graves consecuencias
que han de ser ponderadas con más rigor”

Segunda oportunidad para un proyecto que ya fue camuflado y rechazado en la reforma organizativa de la justicia. Nuevamente el Gobierno recurre al comodín de las obligaciones europeas. La Directiva 2020/1828 relativa a las acciones de representación, no conmina a asumir este procedimiento conocido como “opt-out” o de vinculación por defecto. Es una decisión en exclusiva del proponente que no ha rectificado a pesar de las numerosas observaciones técnicas formuladas por los letrados del Congreso (las del principal partido de la oposición no las escucha nunca).

Este discutido modelo mereció un durísimo informe del Ministerio de Economía y arrastra graves consecuencias que han de ser ponderadas con más rigor, sin cargas ideológicas contra la empresa y sin utilizar como excusa a los consumidores a los que no reportará beneficios, aunque si suculentas ganancias a ciertos fondos de inversión. Basta escuchar a OCU.

* Se recogen las opiniones de los principales grupos parlamentarios que han considerado oportuno participar.

Entrevista a Luis María Cazorla Prieto, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

EN CURSO LEGAL

Luis María Cazorla Prieto,

presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

“La labor del prestigioso notariado español es crucial para que prevalezca la seguridad jurídica”
CARLOS CAPA
Luis María Cazorla Prieto (Larache, Marruecos español, 1950) ha sido elegido nuevo presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y del Instituto de España, institución que reúne a las Reales Academias de ámbito nacional. Con un impresionante currículo -es doctor en Derecho, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Rey Juan Carlos, abogado del Estado, letrado de las Cortes Generales e inspector de Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda-, en su discurso de toma de posesión reafirmó su compromiso de fortalecer la voz autorizada e imparcial de la institución en los grandes debates jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional e iberoamericano.

Acaba de ser elegido presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. ¿Qué supone para un jurista de tan nutrida trayectoria? ¿Cuáles son los objetivos que se fija para su mandato?

Haber sido elegido por unanimidad presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España representa para mí un gran honor y la culminación de una larga carrera profesional en la que la defensa del Derecho en general y las exigencias del Estado de Derecho más en particular han sido un eje fundamental en mi proceder intelectual y profesional.Con este motivo siento un enorme agradecimiento a todos los miembros de número de la Real Academia y mi compromiso personal e institucional con ellos es enorme.

En el contexto actual, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta el derecho en España y cómo puede la Academia contribuir a gestionarlos?

Como afirmé en mi discurso de ingreso en el Consejo de Estado, creo que hoy asistimos a un «rampante desprecio» al Derecho en ciertos sectores de la sociedad y del Estado. La Real Academia debe contribuir con su autoridad a mejorar esta situación, algo clave para la salud de nuestro Estado de Derecho, que, a mi juicio, no vive sus mejores momentos.

 

“ESTAMOS SUFRIENDO DESDE HACE DÉCADAS UN DETERIORO GRAVE DE LA CALIDAD JURÍDICA DE LAS LEYES”

 

¿Cómo debe contribuir la Real Academia a lograr lo que acabo de apuntar? Puede hacerlo, primero, seleccionando los temas jurídicos claves de cada momento, y, después, abordándolos con seriedad, pluralidad y sentido institucional, consciente de que es un foro jurídico privilegiado e influyente y de que no es un foro político en sentido estricto.

Vivimos en una época de superproducción normativa. ¿Qué opina de la calidad jurídica de las leyes y reglamentos de los últimos años?

Mi opinión es firme: estamos sufriendo desde hace décadas algo que en estos días se acentúa; un deterioro grave de la calidad jurídica de las leyes, que a veces conculcan los más elementales requerimientos de la buena técnica legislativa y normativa en general. Como letrado de las Cortes Generales con más de cuarenta y cinco años ininterrumpidos de servicio al Congreso de los Diputados, alguno de ellos de Secretario General del Congreso de los Diputados y Letrado Mayor de las Cortes Generales, y estudioso de la materia, he sumado mi voz y mi pluma a muchísimas otras, aunque con poco éxito, como acredita que la ya de por sí mala producción normativa va a más, desgraciadamente.

Desde su perspectiva en la RAJYL, ¿cuál es la importancia de la historia y el legado jurídico, del que la Academia es depositaria, en la formación de las nuevas generaciones de juristas?

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España es depositaria, en efecto, de un legado jurídico-histórico que apabulla contemplando en el Salón de Plenos los apellidos grabados en mármol de sus presidentes a lo largo de su prolongadísima historia.

La Real Academia debe mantener vivo este legado y esforzarse en incrementarlo y, sobre todo, actualizarlo y acomodarlo a los tiempos que corren para así servir a la sociedad y al Estado a través del Derecho.

 

“HOY ASISTIMOS A UN «RAMPANTE DESPRECIO» AL DERECHO EN CIERTOS SECTORES DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO”

 

¿Qué aspectos del Derecho actual deben formar parte de los debates de la Academia?

En la Real Academia se deben abordar, además de los temas clásicos que forman el cimiento de nuestro ordenamiento jurídico, los aspectos más actuales de la realidad jurídica. Su estructura interna está adaptada para ello. Sus veintitrés secciones abarcan desde las materias más tradicionales hasta las más de vanguardia, canalizadas en este último supuesto y por ejemplo a través de la sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Considerando el papel relevante del Derecho comunitario, ¿cómo ve al derecho español en un entorno globalizado?

En un hecho de gran fuerza que el ordenamiento jurídico español se zambulle cada vez más en el europeo y sufre su influencia tanto en la forma como en el fondo. El gran reto es adaptar la riqueza conceptual y categorial de nuestro Derecho a tan poderoso fenómeno sin perder sus esencias y sin desfigurar técnicas, conceptos y categorías destilados a lo largo de muchos años y que le dan unidad y sentido.

La función notarial ha sido siempre un baluarte para el derecho. ¿Cómo valora el papel del notariado para las relaciones sociales, jurídicas y económicas de ciudadanos y empresas?

La labor del prestigioso notariado español es crucial para que prevalezcan la seguridad jurídica, el respeto a la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos en las relaciones jurídicas de todo tipo y, por tanto, en las relaciones entre ciudadanos y empresas entendidas en sentido amplio.

 

“A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO LES PEDIRÍA QUE NO CEJEN CADA UNO EN SU ESFERA EN LA INTERMINABLE LUCHA POR EL PREDOMINIO DE LA SEGURIDAD JURÍDICA”

 

La seguridad jurídica es uno de los valores fundamentales de nuestro sistema. ¿Cree que goza de buena salud? ¿Cuál es el aporte del notariado a la misma?

Creo que la seguridad jurídica no vive en España sus mejores momentos. La pluralidad de los subordenamientos jurídicos que se dan cita en el ordenamiento jurídico español, los cambios legislativos y reglamentarios precipitados, la jurisprudencia a veces contradictoria, la técnica legislativa lamentable, las interpretaciones economicistas, son, entre otros, factores que contribuyen a debilitar un valor esencial en el Estado de Derecho como es la seguridad jurídica.

Aun navegando en aguas nada tranquilas por lo que acabo de decir, la aportación del notariado para que prevalezca lo más posible la seguridad jurídica es crucial.

¿Qué mensaje o recomendación le gustaría transmitir a los profesionales del Derecho y a los ciudadanos que buscan una mayor comprensión y seguridad en el ámbito jurídico?

A los profesionales del Derecho en todas sus variantes les pediría que no cejen cada uno en su esfera en la interminable lucha por el predominio de la seguridad jurídica.

A los ciudadanos les pediría, por una parte, paciencia y comprensión ante la enorme complejidad del ordenamiento jurídico actual, y, por otra, que lo piensen bien a la hora de votar…

HUELLA DIGITAL

Luis María Cazorla no tiene un perfil propio en redes sociales, pero si lo tienen en X el bufete que preside @CazorlaAbogados y la RAJYL @rajylecom

Wikipedia tiene un perfil biográfico accesible.

WIKIPEDIA

Un mercado digital europeo más justo y competitivo

ÁMBITO EUROPEO

UN MERCADO DIGITAL EUROPEO MÁS JUSTO Y COMPETITIVO

La Comisión Europea ha multado con 500 millones de euros a Apple y con 200 millones de euros a Meta por incumplir la Ley de Mercados Digitales. Esta norma, junto con la Ley de Servicios Digita-les, promueven un espacio digital más seguro y competitivo.
MARTA RUIZ-CASTILLO

Se trata de las primeras multas que aplica Bruselas desde la entrada en vigor de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés), en 2024. A partir de ahora, los desarrolladores de las aplicaciones Apple deben informar a sus usuarios de opciones de compra más baratas fuera de su AppStore. En el caso de Meta, debe retirar la obligación que tienen los usuarios de elegir entre consentir el rastreo de datos o pagar por no tener publicidad en Facebook e Instagram. Meta y Apple son dos de los guardianes de acceso designados en su día por la Comisión Europea junto a Alphabet, Amazon, ByteDance y Microsoft.

 

LOS DESARROLLADORES DE LAS APLICACIONES APPLE DEBEN INFORMAR A SUS USUARIOS DE OPCIONES DE COMPRA MÁS BARATAS FUERA DE SU APPSTORE

 

Seguridad y competencia.

Para ser guardianes de acceso, las plataformas tecnológicas deben ofrecer servicios de intermediación online como tiendas de aplicaciones, motores de búsqueda, servicios de redes sociales, determinados servicios de mensajería, servicios de plataformas de intercambio de vídeos, asistentes virtuales, navegadores web, servicios informáticos en la nube, sistemas operativos, mercados online y servicios de publicidad.

Junto a la propuesta de la Ley de Servicios Digitales, la Comisión propuso la Ley de Mercados Digitales en diciembre de 2020 para hacer frente a las consecuencias negativas derivadas de determinados comportamientos de las grandes tecnológicas que actúan como guardianes digitales del mercado único de la UE. La normativa «constituye un conjunto único de normas que se aplican en toda la UE con la finalidad de crear un espacio digital más seguro en el que estén protegidos los derechos fundamentales de los usuarios y se establezcan unas condiciones de competencia equitativa entre las empresas», explica la Comisión Europea. Se busca, así, poner fin a las «prácticas desleales de las empresas que actúan como guardianes de acceso en la economía de las plataformas digitales». La DMA fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo en marzo de 2022.

Para lograr un correcto cumplimiento de la legislación, la UE cuenta «con una sólida estructura de supervisión, en la que la Comisión Europea es la única instancia responsable del cumplimiento de las normas, en estrecha cooperación con las autoridades de los Estados miembros de la UE».

La Comisión puede también imponer sanciones y multas de hasta el 10% del volumen de negocios mundial de una empresa y hasta del 20% en caso de reincidencia. «En caso de infracciones sistemáticas, podrá imponer las medidas correctoras estructurales o de comportamiento necesarias para garantizar la eficacia de las obligaciones, incluida la prohibición de nuevas adquisiciones».

La DMA también otorga a la Comisión la facultad de llevar a cabo «investigaciones de mercado que garanticen que las obligaciones establecidas en el reglamento se mantengan realmente actualizadas».

 

META DEBE RETIRAR LA OBLIGACIÓN QUE TIENEN LOS USUARIOS DE ELEGIR ENTRE CONSENTIR EL RASTREO DE DATOS O PAGAR POR NO TENER PUBLICIDAD EN FACEBOOK E INSTAGRAM

 

Transparencia

La DMA supone un paso importante para mejorar el mercado digital en constante evolución, asegura la CE. Entre los beneficios de la norma, destaca que «las empresas usuarias que dependen de los guardianes de acceso para ofrecer sus servicios en el mercado único tengan un entorno empresarial más justo». Además, «los innovadores y las empresas tecnológicas emergentes disponen de nuevas oportunidades de competir e innovar en el entorno de las plataformas online sin condiciones abusivas que limiten su desarrollo».

Para apoyar la aplicación de las normas con conocimientos técnicos y científicos de alto nivel, el Centro Común de Investigación (CCI) creó en 2023 el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica (CETA), una herramienta clave para la regulación digital de la Comisión. El CETA ayuda a la Comisión a evaluar si el funcionamiento de los sistemas algorítmicos que sirven de base a los servicios digitales se ajusta a las obligaciones de gestión de riesgos que establece la Ley de Servicios Digitales para las plataformas en línea. «Lo que pretendemos es comprender mejor cómo funcionan los sistemas algorítmicos. Estos sistemas pueden tomar decisiones autónomas sobre los contenidos y los resultados de búsqueda que han de visualizarse. Queremos asegurarnos de que este proceso de toma de decisiones sea transparente, de modo que los ciudadanos puedan comprender porque se les ofrecen determinados contenidos o productos», explicó Carlos Torrecilla Salinas, jefe de la Unidad de Economía Digital del CCI durante la presentación del centro.

Defensa de los usuarios.

Los usuarios profesionales establecidos en la UE que dependen de los servicios ofrecidos por los seis guardianes de acceso para llegar a sus clientes disfrutan, gracias a la legislación, de nuevas oportunidades. Podrán «beneficiarse de un trato justo y de unas condicio-nes de competencia equitativas cuando compitan con los servicios de los guardianes de acceso en sus plataformas», explica la Comisión Europea. También podrán «solicitar la interoperabilidad con los servicios de los guardianes de acceso para ofrecer nuevos servicios innovadores», y «vender sus aplicaciones a través de canales alternativos distintos de las tiendas de aplicaciones de éstos». Estas empresas tienen acceso, con la entrada en vigor de la norma, «a los datos generados por sus actividades en las plataformas de los guardianes de acceso, promover ofertas y realizar con-tratos con clientes fuera de las plataformas» de las seis grandes.
Los usuarios directos, por su parte, «podrán elegir entre más y mejores servicios, tendrán más oportunidades de cambiar de proveedor si lo desean y disfrutarán de un acceso directo a los ser-vicios, por los que pagarán precios más justos».
Los guardianes de acceso, añade la Comisión Europea, «conservarán todas sus oportunidades de innovar y ofrecer nuevos servicios. La única diferencia es que no se les permitirá someter a prácti-cas desleales, para obtener ventajas indebidas, a las empresas y clientes usuarios que dependen de ellos».

Mercado único digital.
«Se ha concebido para eliminar las barreras comerciales entre los Estados miembros que ha dado lugar al mercado interior, que promueve la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales», informa la CE. Para impulsar el mercado único digital, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre la Ley de Servicios Digitales el 20 de octubre de 2020 y, posteriormente, la Ley de Mercados Digitales para «reforzar el mercado interior, garantizar la igualdad de trato de las actividades dentro y fuera de internet, mantener la transparencia, respetar los derechos e incluir a las entidades de terceros países que afecten a los consumidores de la Unión».
Europa opina.
«El nuevo conjunto de normas hará que los mercados digitales sean más abiertos para que las pequeñas empresas innovadoras tengan también una oportunidad equitativa de ha-cerlo. Como consumidores, tendremos opciones más asequibles. Esto cambiará profundamente la forma en que funcionan los mercados digitales y abrirá este mercado en beneficio de todos los agentes económicos y usuarios europeos», afirma Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva responsable de la política de competencia. Para Thierry Breton, comisario responsable de Mercado Interior, la norma «cambiará profundamen-te el panorama digital. La Unión Europea adopta con ella un planteamiento proactivo para garantizar unos mercados digitales equitativos, transparentes y competitivos. Un pequeño número de gran-des empresas tiene en sus manos un poder de mercado considerable. Los guardianes de acceso que disfruten de una posición afianzada en los mercados digitales tendrán que demostrar que compiten de forma equitativa». «El objetivo del mercado único digital es que Europa reciba a las mejores empresas y no sólo a las más grandes. Por eso tenemos que centrarnos en la aplicación de la legislación. Necesitamos una supervisión adecuada para asegurarnos que el diálogo regulador funciona», opina Andreas Schwab, eurodiputado alemán del PPE encargado de la Ley de Mercados Digitales en el Parlamen-to Europeo. Por su parte, Christel Schaldemose, eurodiputado danés del grupo S&D, encargado de la Ley de Servicios Digitales en el Parlamento, considera que «durante demasiado tiempo los gigan-tes tecnológicos se han beneficiado de la ausencia de reglas. Ahora se reforzarán las normas y los derechos».

“De la regulación a la resignación: ¿una Europa sin rumbo?», por Esther Paniagua

ÁMBITO EUROPEO

ESTHER PANIAGUA,

periodista y autora especializada en tecnología

“La UE ha hecho algo más que legislar: ha cuestionado la lógica que ha gobernado internet durante dos décadas de salvaje oeste"

De la regulación a la resignación: ¿una Europa sin rumbo?

La Unión Europea ha lanzado su órdago contra las grandes tecnológicas. Durante años, el dominio de las ‘big tech’ se ha sostenido sobre la premisa de la innovación, la eficiencia y el progreso, y sobre la idea de que su tamaño y poder eran inevitables. Europa, sin embargo, ha decidido poner en duda ese relato.

Con la Ley de Servicios Digitales y de la Ley de Mercados Digitales (DSA y DMA, por sus siglas en inglés), y también con otras como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con la Ley de IA, la UE ha hecho algo más que legislar: ha cuestionado la lógica que ha gobernado internet durante dos décadas de salvaje oeste. No es que el Viejo Continente esté hiperregulando: es que se está poniendo al día con todo lo que tenía que haber hecho estos últimos 20 años.

El objeto de estas leyes, y en particular de la DMA, tiene nombre y apellidos: Apple, Google, Meta, Amazon, Microsoft y ByteDance. Los designados como “guardianes digitales” ya no gozan de la impunidad de solían. Ahora se les exige lo que durante años parecía imposible: abrir sus jardines amurallados, renunciar a las autopreferencias (que favorecen a sus propios productos) y devolver al usuario un mínimo de poder de decisión.

La victoria no es teórica. Es tangible. Los consumidores europeos ahora pueden instalar aplicaciones fuera de la App Store y pagar con métodos distintos a Apple Pay. Estas medidas no han estado exentas de críticas. Una de las principales tiene que ver con la ciberseguridad. Forzar a Apple a permitir tiendas de aplicaciones externas abre la puerta a apps maliciosas, suplantaciones de identidad y fallos de verificación, entre otros problemas. Existen mecanismos para minimizar estos riesgos, pero a partir de ahora habrá que tener más precaución.

En cuanto Microsoft, debe permitir desinstalar su navegador Edge. Google debe ofrecer pantallas de elección de buscadores y navegadores, e implementar algunas medidas de reducción del rastreo publicitario, y además se enfrenta a investigaciones por abusar de su posición en las búsquedas y en su tienda de apps. A Meta se le exige que WhatsApp sea interoperable con otros servicios de mensajería instantánea, y que los usuarios puedan usar sus plataformas sin tener que aceptar anuncios personalizados (o pagar por una suscripción de 12 euros al mes) para ello.

Las sanciones también han llegado. 500 millones de euros para Apple, 200 para Meta… Algunas organizaciones critican que deberían haber sido mayores, pero esto es solo el principio: las cifras podrían llegar al 10% de sus ingresos globales, o al 20% si reinciden.

Las ‘big tech’ no están contentas -y han anunciado apelaciones- pero la organizaciones de consumidores tampoco lo están. La DMA , la DSA, el RGPD y la ley de IA son sectoriales, por lo que falta una visión de conjunto: una arquitectura coherente que proteja a los consumidores más allá del tamaño de las plataformas.

La DMA apunta a los gigantes, muchos actores apenas por debajo del umbral siguen funcionando sin restricciones. Frente a esto, son necesarias obligaciones proporcionales para plataformas intermedias, y también una implementación accesible, para que la interoperabilidad no se traduzca en dificultades técnicas para el consumidor que quiera cambiar de navegador o tienda de apps.

Pero no solo se trata de eso. La catedrática de derecho europeo Monika Namysłowska apunta a una “muerte silenciosa de la ley del consumidor de la UE” en un artículo publicado en la revista científica Journal of Consumer Policy. En él, argumenta que el derecho de consumo tradicional de la UE, históricamente basado en la equidad, la diligencia profesional y un «consumidor» claramente definido, se está volviendo obsoleto en el entorno digital.

En primer lugar, por la fragmentación de las leyes sectoriales que redefinen a las personas como «usuarios» o «personas físicas», términos más genéricos que “consumidores”, que diluyen su significado e ignoran sus vulnerabilidades específicas. Y en segundo lugar por la opacidad legal e inadecuación de herramientas existentes para abordar la manipulación algorítmica, el abuso del diseño de interfaces (por ejemplo, los llamados ‘patrones oscuros’ que llevan al consumidor a realizar acciones contrarias a su voluntad) y las asimetrías digitales.

Como consecuencia, se debilita la protección del consumidor, y eso genera daños tanto económicos como sociales: menos confianza en los mercados digitales, desventajas competitivas para las empresas éticas, explotación de vulnerabilidades psicológicas, elaboración de perfiles, manipulación y aumento de la desigualdad, especialmente entre los grupos con menor alfabetización digital.

Para subsanar esto, Namysłowska propone una ‘Ley de Equidad Digital’: un reglamento horizontal que se aplique de forma uniforme en todos los Estados miembros; que incluya una cláusula general, basada en la “diligencia profesional digital”, que obligue a los comerciantes online a evitar explotar las asimetrías y vulnerabilidades digitales; la creación de una lista negra de prácticas comerciales digitales desleales, y el reconocimiento de los perjuicios no económicos (como la manipulación emocional y cognitiva).

“La pregunta ya no es si el marco jurídico debe evolucionar. La única pregunta que queda es si la Unión Europea está dispuesta a liderar esa evolución”, concluye la catedrática. Y lo cierto es que no está claro. Lejos de introducir estos cambios, el momento geopolítico actual hace pensar que pueden darse pasos hacia atrás.

Las grandes tecnológicas, aliadas con Trump, presionan para desregular y aligerar las normativas digitales, y para frustrar su correcta aplicación. Lo reflejan los tira y afloja para tratar de diluir el texto final del Código buenas prácticas de IA de propósito general. Además, han obtenido ya algunas victorias, como la reapertura del RGPD para introducir modificaciones a su favor o la propuesta de la CE de derogar la Directiva de Responsabilidad civil en materia de IA y la de Privacidad Electrónica. También se está considerando pausar la aplicación de la Ley de IA, junto con enmiendas de simplificación.

Europa parece perdida en un momento que exige, más que nunca, liderazgo. Un liderazgo fiel a su modelo, que conjuga innovación con responsabilidad, desarrollo con derechos, y progreso con principios, en línea con los valores europeos. La UE ha demostrado que es posible -y necesario- poner límites al poder desmedido de las grandes tecnológicas. Frente a la hegemonía tecnológica de los gigantes de Silicon Valley, ha exhibido su músculo como superpotencia regulatoria. Ahora no puede tirarlo todo por la borda.

«Bueno para China, bueno para Europa»