La geomática y topografía es una disciplina donde la aplicación de las nuevas tecnologías se hace más evidente. ¿Cómo se está adaptando la profesión a los vertiginosos cambios tecnológicos actuales?

Nuestra profesión vive una adaptación continua gracias a tecnologías como drones, láser escáner, GNSS (Sistema de Navegación Global por Satélite) avanzado y software SIG (Sistema de Información Geográfica), entre otras, que permiten una precisión y eficiencia impensables hace pocos años. Hoy nuestra labor va más allá del registro de datos, incluyendo procesamiento, análisis, interpretación, almacenamiento, modelización, aplicación y difusión de información geográfica tridimensional procedente de sensores orbitales, aéreos, terrestres y subacuáticos. Además, ofrecemos soluciones integradas mediante Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), garantizando interoperabilidad y acceso compartido a datos geográficos por instituciones públicas y privadas. La formación continua certificada y el desarrollo profesional permanente son fundamentales para afrontar con éxito estos cambios y ofrecer servicios adaptados a las necesidades actuales y futuras.

Ahora mismo es inevitable mencionar la Inteligencia Artificial a la hora de abordar cualquier tipo de actividad. ¿Están incorporando esta herramienta a su trabajo diario?

La inteligencia artificial está entrando con fuerza en nuestro sector, sobre todo en el análisis predictivo de escenarios virtuales y la automatización del procesamiento masivo de geodatos mediante Big Data. Estas técnicas permiten manejar grandes volúmenes de información geoespacial eficientemente, proporcionando resultados estadísticos precisos que apoyan políticas públicas basadas en la realidad social. Además, estamos potenciando la localización inteligente (tecnología SIG avanzada) para mejorar aún más la eficiencia y precisión de nuestras soluciones. Estas herramientas fortalecen la calidad y la fiabilidad de nuestros servicios, aportando más valor y seguridad jurídica al tráfico inmobiliario.

LOS INGENIEROS EN GEOMÁTICA DESEMPEÑAMOS UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA

Durante el boom inmobiliario la imagen de un ingeniero con su casco de obra y su teodolito era familiar en todas las obras. ¿Qué papel juegan en la construcción privada y pública?

Los ingenieros en geomática desempeñamos un papel fundamental en la construcción, tanto pública como privada, participando desde la planificación inicial hasta la finalización de las obras. La construcción está vinculada a las propiedades inmobiliarias, es decir, a los espacios públicos y privados, así como a lo que puede edificarse en ellos. En el ámbito público, intervenimos en grandes infraestructuras, asegurando exactitud y seguridad técnica en la ejecución. En el privado, aportamos rigor en la delimitación y representación de propiedades, evitando conflictos y facilitando los trámites registrales y notariales, lo que garantiza respaldo técnico y una sólida seguridad jurídica.

HACEMOS POSIBLE ENTENDER DÓNDE OCURREN CIERTOS FENÓMENOS Y POR QUÉ, ALGO FUNDAMENTAL EN LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN ANTE CATÁSTROFES NATURALES

Madrid acoge próximamente el Geospatial World Forum ¿Puede explicarnos cuáles son las principales aportaciones de su colectivo en el sector de la industria aeroespacial?

La geomática es una pieza fundamental en la transformación de la industria y ecosistema geoespacial. Gracias a la integración de datos en tiempo real provenientes de sensores, software inteligente y algoritmos avanzados, hoy es posible modelar con un alto grado de detalle la trayectoria de vehículos espaciales, así como optimizar las técnicas de teledetección y observación de la Tierra. Tecnologías como la Realidad Aumentada y la Realidad Virtual están dando lugar a entornos avanzados para visualizar, interpretar y optimizar información geoespacial de manera rigurosa y eficiente, facilitando la toma de decisiones estratégicas en materia de sostenibilidad, seguridad y desarrollo tecnológico.

En un momento como el actual en el que la sociedad está especialmente sensibilizada ante las catástrofes naturales (con fenómenos como la dana o la Filomena en la memoria de todos), ¿en qué medida puede la ingeniería ‘invisible’ ayudar a la prevención de estas situaciones, la sostenibilidad del planeta y la Agenda 2030?

Desde nuestro ámbito de trabajo, hacemos posible entender dónde ocurren ciertos fenómenos y por qué, algo fundamental en las estrategias de prevención y gestión ante catástrofes naturales como inundaciones, grandes nevadas, terremotos o actividad sísmica y volcánica. Mediante modelos digitales del terreno, análisis predictivos y monitoreo continuo, proporcionamos datos esenciales y en gran escala para una planificación social eficaz, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y resiliencia establecidos en la Agenda 2030.

Está en proceso la firma de un convenio con el Consejo General del Notariado. ¿Cómo valora esta colaboración?

Este convenio representa un gran avance, al establecer una colaboración directa y específica entre los ingenieros técnicos en topografía, los actuales titulados de grado en geomática y los notarios, con el objetivo de mejorar la precisión y eficacia de los certificados de georreferenciación y la subsanación de discrepancias catastrales. Permitirá implementar un sistema ágil y seguro para el intercambio telemático de información a través de la Sede Electrónica Notarial, garantizando además la autenticidad y colegiación de nuestros técnicos mediante el visado profesional y el uso de firmas electrónicas verificadas. Asimismo, contempla planes de formación conjunta dirigidos a técnicos, notarios y personal de notarías, lo que reforzará la calidad técnica y jurídica del servicio ofrecido, al tiempo que contribuirá a reducir los costes asumidos por la ciudadanía.

EL CONVENIO CON EL NOTARIADO PERMITIRÁ IMPLEMENTAR UN SISTEMA ÁGIL Y SEGURO
PARA EL INTERCAMBIO TELEMÁTICO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA SEDE ELECTRÓNICA NOTARIAL

Al igual que el Consejo General del Notariado, mantienen una estrecha política de colaboración con la Dirección General del Catastro para definir una adecuada información de las fincas. ¿Puede detallar sus líneas de trabajo conjuntas en materia de gestión de territorio?

Nuestro convenio con la Dirección General del Catastro permite un intercambio fluido de información gráfica y alfanumérica, facilitando la actualización y precisión continua del parcelario catastral mediante acceso telemático directo a la cartografía oficial. Además, contempla asistencia técnica en declaraciones catastrales y establece procedimientos ágiles para subsanar discrepancias físicas entre la realidad inmobiliaria y la información catastral oficial. Asimismo, hemos puesto en marcha los Puntos de Información Catastral que ofrecen servicios directos de consulta y certificación a los ciudadanos, reforzando así la seguridad jurídica y eficacia en la gestión territorial.

Coincidiendo con la fecha del Día Mundial del Topógrafo (21 de marzo), pusieron de manifiesto en unas jornadas la necesidad de que la sociedad conozca los valores que puede aportar un oficio milenario, ya presente en las civilizaciones romana y egipcia. ¿Cómo pretenden alcanzar este objetivo?

Buscamos acercar a la sociedad el valor histórico y actual de la topografía mediante jornadas, conferencias y eventos divulgativos. Desde el antiguo Egipto, donde se utilizaban técnicas topográficas para dividir tierras tras las crecidas del Nilo, hasta el Renacimiento, cuando Leonardo da Vinci representaba el relieve con gran precisión, la topografía ha sido una herramienta esencial para el progreso. Hoy sigue siendo fundamental en áreas como la planificación urbana o la navegación satelital. Una anécdota ilustrativa es que tres de los cuatro presidentes representados en el Monte Rushmore —Washington, Jefferson y Lincoln— ejercieron como topógrafos, reflejando el valor histórico y estratégico de esta profesión en la construcción de las naciones.

Con una tasa laboral prácticamente del 100% y una alta previsión de empleo para los próximos años, ¿aconsejaría a los jóvenes la geomática y topografía como salida profesional? A su juicio, ¿cuáles son las características que debe tener un ingeniero para desarrollar su carrera en este momento del siglo XXI?

Absolutamente sí. Es una profesión con pleno empleo y creciente demanda. Desde las Administraciones debe fomentarse su estudio, especialmente entre los jóvenes. Necesitamos más profesionales altamente cualificados, capaces de adaptarse a los avances tecnológicos, con pensamiento analítico, visión interdisciplinar y sensibilidad social. También es clave apoyar la incorporación de la mujer. Los ingenieros en geomática deben contribuir activamente a los nuevos modelos de convivencia que exige la sociedad del conocimiento, que evoluciona rápidamente desde la sociedad de la información.

ESTAMOS POTENCIANDO LA LOCALIZACIÓN INTELIGENTE (TECNOLOGÍA SIG AVANZADA)
PARA MEJORAR AÚN MÁS LA EFICIENCIA Y PRECISIÓN DE NUESTRAS SOLUCIONES

Su Colegio es uno de los 36 miembros que integran Unión Profesional. A pesar de sus diferentes competencias, ¿qué aportan los profesionales colegiados al tejido productivo del país?

Los profesionales colegiados garantizamos calidad, ética y responsabilidad en un ejercicio regulado que protege al ciudadano. Unión Profesional, que agrupa a más de 1,5 millones de profesionales en España, fomenta sinergias entre sectores clave y el diálogo con los poderes públicos. Promueve políticas que refuerzan el valor social de las profesiones. Desde la ingeniería, contribuimos al desarrollo económico y social con soluciones tecnológicas en infraestructuras, medio ambiente y ordenación territorial, optimizando recursos y apoyando la toma de decisiones.

Desde los últimos coletazos de la crisis financiera y la gran recesión, los ahorros de los municipios españoles no han dejado de crecer. Al cierre de 2023 alcanzaron los 38.698 millones de euros en efectivo y depósitos, según datos del Banco de España. El montante de su deuda, sin embargo, ha seguido el camino inverso y al cierre del citado ejercicio se situaba en 23.309 millones de euros, el nivel más bajo desde 2004 y casi la mitad que sus ahorros. Estas cifras no son consecuencia de que los alcaldes de los más de 8.000 municipios que hay en España sean todos unos virtuosos de la gestión pública o unos amantes de la austeridad, sino que responden a unas estrictas reglas fiscales aprobadas en 2011 y 2012, en un intento de convencer a nuestros socios comunitarios de que estábamos dispuestos a sanear nuestras cuentas públicas y a evitar así el rescate del país.

En concreto, ese incremento de los ahorros de los municipios tiene detrás la reforma del artículo 135 de la Constitución en septiembre de 2011, con un pacto entre el entonces presidente del Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Detrás de esa reforma, como más tarde confesó Rodríguez Zapatero, no solo estaban las presiones de la Comisión Europea, sino muy especialmente las del entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, que, en una misiva enviada al presidente del Gobierno español, reclamaba «medidas urgentes encaminadas a devolver la credibilidad» a la deuda española.

La reforma tenía como objetivo blindar por la vía constitucional el equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas, y dar prioridad al pago de la deuda pública sobre cualquier otra rúbrica presupuestaria. Con estas dos medidas se pretendía mejorar la confianza de los mercados en la capacidad de la economía española para hacer frente al pago de la deuda.

Este mandato constitucional se desarrolló en 2012 con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que fijó rígidos controles financieros para todas las administraciones. Para las corporaciones locales, esto se tradujo en la obligación de presentar presupuestos equilibrados y someterse a la regla de gasto, un mecanismo que limita su incremento. Según esta regla, el incremento de gasto está ligado al crecimiento del PIB, sin tener en cuenta si las cuentas están saneadas, si se aumentan los ingresos o si hay superávit presupuestario.

De este modo, y a diferencia de lo que ha ocurrido en las comunidades y en el Estado, que han disparado su gasto y, por tanto, su déficit y su deuda tanto para hacer frente a la pandemia como después para paliar los efectos de la crisis de inflación tras la invasión rusa de Ucrania, los ayuntamientos han seguido aumentando sus ahorros y saneando sus cuentas.

Este ahorro acumulado y este colchón financiero, que ha servido para compensar, aunque solo en parte, los abultados números rojos del resto de administraciones, genera debate tanto entre la clase política como entre los propios economistas. Si bien es cierto que estos ahorros pueden ser muy útiles en tiempos de crisis, si no pueden gastarse en lo que realmente se necesita, de poco pueden servir.

Desde 2014 se pueden emplear parte de estos ahorros en inversiones financieramente sostenibles, como infraestructuras o proyectos muy específicos. No obstante, muchos municipios, con sus cuentas saneadas y libres de deuda, no encuentran los proyectos adecuados en los que intervenir con lo que, para cumplir la ley, tienen que destinar sus superávits a amortizar deuda.

Ante esta situación son varias las alternativas que proponen los expertos para poder utilizar estos recursos. Una de ellas sería reordenar competencias, de manera que los ayuntamientos prestaran más servicios que ahora recaen en otras administraciones.

Otra propuesta sugiere invertir los ahorros en la deuda de otras administraciones, como la de las autonomías, obteniendo una rentabilidad que podría destinarse a ingresos corrientes. Esto evitaría la situación actual de mantener el dinero en depósitos, pagando incluso comisiones por ello.

Desde la Federación de Municipios y Provincias se va más allá y en varias ocasiones se ha pedido que se permita a las entidades locales reinvertir su superávit en aquello que consideren más conveniente para los ciudadanos, sin “supervisión ni autorización” por parte de otras administraciones. Se quejan los ayuntamientos de las estrictas reglas presupuestarias a las que están sometidos y que contrastan con la flexibilidad que se permite a las comunidades autónomas o a la Administración Central.

Es cierto que, a diferencia de estas administraciones, los ingresos de los ayuntamientos están mucho menos ligados al ciclo económico. El IBI, una de sus principales fuentes de financiación, es mucho menos errático que los ingresos ligados al consumo (IVA o impuestos especiales) o a las rentas (IRPF o Sociedades), con los que se financian el Estado y las autonomías. Pero también lo es que las exigencias de estabilidad son mucho mayores con los entes locales que con el resto de administraciones.

Ante esta situación el debate está abierto y lo cierto es que los grupos políticos, a pesar de la crispación, le debían dar solución. Se debería flexibilizar esta regla para los ayuntamientos, pero también aumentar las exigencias para el resto de administraciones, de manera que se eviten desequilibrios en las cuentas globales del Estado español superiores a los que ya tenemos. Al Estado y a las autonomías les vendría bien en estos momentos tener un colchón para hacer frente a la guerra arancelaria.