Ministra, ¿cómo valora el ritmo de los avances en materia de igualdad en un contexto político tan polarizado?

El compromiso de este Gobierno con la igualdad es férreo y, a pesar del contexto político complejo, hemos sido capaces de dar pasos muy importantes. El mejor ejemplo es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que hemos renovado gracias a todos los grupos políticos, con la excepción de Vox. Cuando estamos ante temas que son así de sensibles, no hay excusas, tenemos que avanzar. El diálogo y el consenso son el camino. Todos los grandes avances en igualdad en nuestro país han venido de la mano de consensos mayoritarios. Y esa es la línea en la que trabajamos día a día.

“TODOS LOS GRANDES AVANCES EN IGUALDAD EN NUESTRO PAÍS HAN VENIDO DE LA MANO DE CONSENSOS MAYORITARIOS. Y ESA ES LA LÍNEA EN LA QUE TRABAJAMOS DÍA A DÍA”

Usted se ha comprometido a que 2026 no será un año perdido en derechos de igualdad. ¿Cuáles son las prioridades que marcarán su agenda este ejercicio?

Nuestra prioridad siempre es y será la lucha contra la violencia de género. Seguimos avanzando en mejorar la coordinación y en medidas que permitan abordar otras formas de violencia, como la digital o la económica.  Este año también daremos un impulso y culminaremos reformas normativas de gran calado. Nuestros esfuerzos se centran ahora mismo en la ley de trata o en la ley abolicionista, que queremos que se sumen a la de violencia vicaria. Son avances que precisan de mucho diálogo y negociación con actores institucionales, parlamentarios y sociales.

¿En qué consiste el proyecto de «agente de igualdad» promovido por su Ministerio?

Se trata de regular la profesión de agente de igualdad y dar así respuestas a las entidades especializadas y a las profesionales que llevan años ejerciendo en condiciones complejas, precisamente porque la falta de regulación ha permitido que personas sin la experiencia ni el conocimiento suficiente lleven a cabo estas funciones. Pero, además, se trata también de poner la igualdad en el lugar que le corresponde y de tomarnos en serio esta cuestión: para trabajar en igualdad es necesario formarse adecuadamente. No puede hacerlo cualquiera ni de cualquier forma. Por eso, regular de una vez por todas esta profesión no solo es una obligación legal que nos marca la Ley de Igualdad de 2007, sino que lo hacemos convencidas de que con ello se va a contribuir a seguir avanzando en el análisis con perspectiva de género en el ámbito laboral y, con ello, a consolidar los derechos ya conquistados.

“NUESTROS ESFUERZOS SE CENTRAN AHORA MISMO EN LA LEY DE TRATA O EN LA LEY ABOLICIONISTA, QUE QUEREMOS QUE SE SUMEN A LA DE VIOLENCIA VICARIA”

Parece que la sociedad es incapaz de reducir significativamente la violencia machista, en particular los asesinatos de mujeres, que se mantienen en cifras similares año tras año. ¿Estamos haciendo algo mal o es una cuestión de tiempo?

 Cuando hablamos de violencia de género y de políticas dirigidas a erradicarla hemos de partir de que nos hallamos ante un fenómeno estructural, que impregna a nuestras comunidades, países y continentes, que permea todas las capas sociales, profesiones, niveles culturales y económicos, espacios urbanos o rurales y que se viene produciendo desde hace milenios. La sociedad ha tomado conciencia de este problema, de la violencia contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, que es una grave vulneración de derechos humanos, hace poco más de dos décadas. Antes de eso la violencia estaba normalizada y ni siquiera se recogían cifras. Si las denuncias aumentan, no significa necesariamente que la violencia de género haya aumentado, sino que nuestro sistema de abordaje institucional llega a las mujeres y estas se encuentran amparadas por el mismo y acuden a pedir ayuda.  Ahora esta violencia se persigue por el Estado y se condena. Particularmente en España, en 2003, las mujeres asesinadas por violencia de género fueron 71. El pasado año no llegaron a 50. Siguen siendo demasiadas, pero existe una evolución. Se ha avanzado en la respuesta penal, en el abordaje integral de la violencia y en la atención y protección de las mujeres y de sus hijos e hijas. Pero debemos seguir trabajando por mejorar todo el sistema institucional, la detección temprana de casos, la prevención y, sobre todo, por cambiar la cultura machista que nos envuelve y asfixia. Hay que saber que el negacionismo mata.

“LA SEGURIDAD JURÍDICA ES CLAVE PARA UNA EFICAZ PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y EXIGE QUE LAS LEYES SEAN CLARAS”

Desde su perspectiva como jurista- es usted doctora en Derecho Constitucional- ¿cómo intersecciona la lucha contra la violencia machista con la seguridad jurídica, especialmente en la protección de datos sensibles de víctimas y agresores?

La seguridad jurídica es clave para una eficaz protección de los derechos fundamentales y exige que las leyes sean claras. A menudo unos derechos pueden entrar en colisión con otros y los tenemos que sopesar. Pero no olvidemos que, en materia de lucha para erradicar la violencia de género, el Estado tiene una obligación de «diligencia debida» para proteger la vida y la integridad física y moral de las mujeres. No podemos obviar que la gestión de datos sensibles es un tema complejo donde pueden entrar en colisión distintos derechos. Tenemos que cumplir con nuestra obligación de diligencia debida en violencia de género, pero también tenemos que garantizar el derecho a la protección de datos de carácter personal. Por ello, en violencia de género se comparte información relativa a los casos, pero existen limitaciones al acceso a información personal, estableciéndose por ejemplo en el sistema VioGén diferentes perfiles de acceso dependiendo de la función de cada profesional, y por eso no podemos publicar desde el Ministerio de Igualdad los datos personales que puedan identificar tanto a la víctima como al agresor. En definitiva, tenemos que trabajar este equilibrio necesario entre  protección del derecho a la vida y la integridad y de los derechos a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal, sin vulnerar garantías fundamentales.

¿Qué mecanismos de diálogo interinstitucional pueden implementarse para armonizar políticas públicas en materia de igualdad?

Ya existen mecanismos de diálogos entre instituciones, que son fruto de los consensos para la materialización de las políticas públicas a los que me refería antes. Por ejemplo, contamos con la Conferencia Sectorial de Igualdad, que es el máximo órgano de cooperación y cogobernanza entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, que ha demostrado su efectividad y que podemos llegar a acuerdos por encima de intereses partidistas en materias importantes para la sociedad.

“LA CONCILIACIÓN, LOS CUIDADOS Y LOS ESTEREOTIPOS CONTINÚAN Y DIFICULTAN QUE TERMINEMOS CON LAS BRECHAS DE GÉNERO”

¿La salud de las mujeres (menstruación, reproducción, menopausia…) debe ser objeto de una atención más intensa por parte de las Administraciones? ¿Cree que se le dedican los medios suficientes para no generar una situación discriminatoria?

Desde el Ministerio de Igualdad, concretamente desde el Instituto de las Mujeres, llevamos más de 40 años trabajando en salud sexual y reproductiva a través de campañas de sensibilización, talleres de educación afectivo-sexual o investigaciones que han demostrado que la educación y la ciencia son las herramientas más potentes para impulsar cambios duraderos en la sociedad. Pero es cierto que el cuerpo de la mujer necesita más visibilización. Necesitamos más y mejores políticas públicas de salud con enfoque de género, que atiendan de forma específica las necesidades de las mujeres en todas las etapas de su vida, incluida la menopausia.

El Notariado defiende no tener techo de cristal. De hecho, son ya más las mujeres que aprueban la oposición que los hombres.  ¿Cree que en las profesiones se está avanzando en el camino de la igualdad?

​Se avanza en casi todas las profesiones en general, pero no al mismo ritmo. Aunque hay más mujeres notarias, persisten sesgos de género que dificultan la igualdad real en puestos de representación. Por ejemplo, en algunos colegios notariales, solo el 25% de los cargos en juntas directivas son ocupados por mujeres, evidenciando una subrepresentación en las decisiones de alto nivel. El techo de cristal en España ha disminuido, pero sigue presente. La conciliación, los cuidados y los estereotipos continúan y dificultan que terminemos con las brechas de género.

En el ámbito de la función notarial, ¿qué pueden hacer los notarios y las notarias para contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres y poner fin a las diferencias aún existentes?

​Todos podemos aportar. Desde la función notarial, por ejemplo, incluyendo la perspectiva de género en el día a día, evitando situaciones de abuso o desequilibrios. Creo que es fundamental también la formación y, por supuesto, impulsando también en el sector aspectos como la corresponsabilidad laboral o el acceso de las mujeres a los puestos directivos.