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PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @ EN DESARROLLO

CONCEPCIÓN PILAR BARRIO DEL OLMO,

presidenta del Consejo General del Notariado. Decana del Colegio Notarial de Madrid.

El Notariado juega un destacado papel por la función que tiene de cara a garantizar la seguridad jurídica, máxime en un contexto de enorme complejidad normativa."

Aportación notarial a la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda

La vivienda es uno de los problemas esenciales a los que se enfrentan las personas y familias en la actualidad. Un problema complejo y multifacético que afecta no solo a los grupos más vulnerables (personas sin hogar, hogares con bajos ingresos), sino también a la juventud y a la clase media.

Una crisis social

El mismo se extiende a toda la Unión Europea, habiendo indicado al efecto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en el discurso por ella pronunciado sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo el 10 de septiembre de 2025, que es más que una crisis inmobiliaria, es una crisis social, que desgarra el tejido social europeo, debilita nuestra cohesión y también amenaza nuestra competitividad. La Comisión ha presentado el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible.

En semejante sentido se pronunció el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, tras la reunión que tuvo lugar el 22 de octubre de 2025 con los presidentes del Comité Europeo de Regiones y del Consejo Económico y Social Europeo.

A tal efecto expuso que la asequibilidad y el acceso a la vivienda figuran entre las preocupaciones más urgentes de los europeos, teniendo la crisis de la vivienda un peligroso triple impacto: afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía, perjudica la competitividad y socava la confianza en las instituciones democráticas.

También el Parlamento Europeo está ocupándose de esta problemática siendo ejemplo de ello la constitución de una Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea.

Demanda de respuestas rigurosas

La crisis de la vivienda exige respuestas rigurosas, basadas en la experiencia práctica y en información fiable, que permitan adoptar medidas eficaces y sostenibles.

En la solución a este problema el Notariado juega un destacado papel por la función que tiene de cara a garantizar la seguridad jurídica, máxime en un contexto de enorme complejidad normativa y constantes reformas.

 Por ello, resulta oportuno plantear algunas de las soluciones que, desde el Notariado, pueden contribuir a afrontar este reto esencial.

En primer lugar, la experiencia práctica y el contacto diario con las personas. Las notarías están en contacto permanente con el mercado inmobiliario y por ellas pasan en torno a 60.000 personas cada día. Esto nos permite observar de primera mano los efectos de la normativa sobre la vida cotidiana de la ciudadanía y sobre el funcionamiento real del mercado.

En este contexto, resulta imprescindible hablar de seguridad jurídica y de confianza, especialmente en un entorno marcado por la complejidad y la continua modificación normativa. La falta de seguridad jurídica se manifiesta de forma clara en dos ámbitos: en el proceso precontractual, previo a la compra de vivienda, y en el mercado del alquiler. En el primero, es frecuente la firma de contratos de arras sin asesoramiento ni control, con consecuencias relevantes una vez entregadas cantidades de dinero que, en muchos casos, son elevadas.

Inseguridad del mercado del alquiler

En segundo lugar, la falta de seguridad jurídica se aprecia también de manera evidente en el mercado del alquiler que no garantiza, hoy, la seguridad jurídica ni del propietario ni del inquilino. Es cierto que en España no existe una tradición consolidada de constituir los contratos de alquiler en escritura pública. Durante años, la propia legislación contribuyó a ello al establecer contratos normados en los que, existiendo acuerdo sobre el objeto y la duración, el resto de las condiciones venían determinadas por la ley. Esta situación cambió a partir del año 2013 y desde entonces existe una mayor flexibilidad, pero también una mayor complejidad normativa, lo que hace necesario el asesoramiento y el control de legalidad. Si se quiere profesionalizar el mercado del alquiler, será imprescindible profesionalizar también la redacción de los contratos y contar con un asesoramiento notarial imparcial y gratuito.

Un contrato bien comprendido y claramente consensuado no solo facilita su aplicación, sino que coadyuva a su cumplimiento. La intervención notarial permitiría reforzar la seguridad jurídica mediante el control del título, del derecho del arrendador, confirmando la titularidad del inmueble; aportando información al arrendatario sobre la situación jurídica de la vivienda; verificando la legalidad del contrato; e incorporando un inventario del estado de la vivienda y de los bienes arrendados. Asimismo, podría preverse la utilización de medios adecuados de solución de controversias, de conformidad con la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Además, la intervención notarial permitiría controlar el depósito de la fianza en los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y detectar prácticas fraudulentas: como la celebración de contratos de temporada que tratan de eludir la regulación más protectora para el inquilino, del arrendamiento de vivienda.

Por no mencionar los efectos probatorios y ejecutivos de la escritura pública notarial.

Las tecnologías facilitarían la formalización del contrato si fuera posible el otorgamiento ante notario por videoconferencia, como ya lo permite la ley para otros actos y negocios jurídicos.

Transparencia e información

Todo ello contribuiría a fomentar el mercado del alquiler (hoy lastrado frente al de la propiedad por la falta de seguridad jurídica) aportando transparencia e información.

Junto a la seguridad jurídica, para avanzar en materia de acceso a la vivienda, resulta esencial disponer de datos objetivos y claros. Y en respuesta a esa necesidad, el Notariado ha puesto a disposición de la Administración y de la ciudadanía el Portal Estadístico de la vivienda, basado en datos auténticos, desagregados y actualizados procedentes del Índice Único Informatizado, que recoge los datos contenidos en las escrituras públicas. Su información es necesaria no solo para una buena política pública de vivienda, sino también para comprobar el impacto real de las medidas que se adopten. Y termino mencionando una frase de la Comisión Europea sobre la crisis de la vivienda: “Sin datos viables y detallados, la elaboración de políticas sólidas seguirá estando fuera de alcance”.