Prohibir las redes: un “mal” menor

Revuelo mundial, de Australia a España, pasando por Francia, Reino Unido o Portugal. El país oceánico fue el primero en implementar la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. En Europa, Francia ha aprobado un proyecto de ley que fija la edad mínima en 15 años, mientras que España propone redoblar la apuesta.

Pedro Sánchez ya había anunciado hace meses la ampliación de la edad mínima para registrarse en redes sociales, de 14 a 16 años, a través de la ley de protección de los menores en los entornos digitales. Lo novedoso ahora es el anuncio de un paquete de medidas que incluye propuestas hasta ahora inéditas, como la que los directivos de las plataformas respondan penalmente por las infracciones cometidas en ellas bajo su gestión, si no retiran contenidos ilegales o de odio.

Dispuestos Digitales

También se propone tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilícito, junto con la creación de un sistema de rastreo, medición y trazabilidad que permita identificar y cuantificar la huella de odio y polarización en ellas. No solo eso. El presidente español también ha hecho una llamada a unirse -junto con otros cinco países europeos- a la “Coalición de los Dispuestos Digitales”, una alianza para avanzar en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

A pesar de todo, el debate público se ha centrado eminentemente en lo que ya conocíamos antes. La prohibición de los 16 años. Una necesaria medida profiláctica, tan aplaudida como criticada. Se dice que no hay que prohibir, sino educar, como si fuera una elección binaria. Se puede y se debe hacer ambas cosas. La prohibición es una salvaguarda pragmática, una reacción al estado de unas plataformas tóxicas que, por mucha educación que haya -y mientras no cambie su modelo de negocio- lo seguirán siendo.

No eludir responsabilidades.

Si no permitimos que los menores entren en webs pornográficas, a clubes de alterne o a entornos donde se comercia con ilegalidades, ¿por qué sí hacerlo en espacios digitales donde campan los depredadores sexuales y los contenidos inapropiados, diseñados para enganchar? Nadie discute que la educación digital sea necesaria, pero confiar en que por sí sola resolverá el problema no es ingenuo e irresponsable, además de una forma cómoda de eludir responsabilidades.

¿Que algunos menores se saltarán las prohibiciones o acudirán a plataformas aún más tóxicas? Por supuesto. Como siempre, hecha la ley, hecha la trampa. Pero si los sistemas de verificación son eficaces, esos casos serán marginales. ¿O es que la existencia de jóvenes que fuman o beben antes de los 18 años invalida la prohibición legal o vuelve innecesaria la norma? Regular no garantiza el cumplimiento absoluto, pero renunciar a hacerlo garantiza el desamparo.

Además, quienes alegan que dicha verificación de edad es una invasión de la privacidad, se equivocan, ya que existen formas de comprobar cuántos años tiene una persona sin necesidad de desvelar ningún otro dato, ni de pedir datos biométricos, ni documentos de identidad o tarjetas de crédito. Por tanto, que se convierta en un mecanismo de vigilancia depende del sistema elegido para implementar dicha medida.

Lo que sí viola la privacidad de los usuarios es la vigilancia y perfilado de sus comportamientos y contenidos que las redes sociales hacen de sus usuarios, tanto para presentarles anuncios y contenidos personalizados, como para entrenar sus modelos de IA. Por ese motivo, varias de ellas ya han sido multadas, o están bajo investigación.

Alternativas mejores

En cuanto al posible bien que las redes sociales pueden hacer a los menores, usadas con moderación y en el marco de comportamientos prosociales, no es un motivo que justifique no prohibir el acceso a Instagram, TikTok o X. Estas plataformas no son las únicas donde los menores pueden socializar y estar en contacto con sus amigos y compañeros, o ampliar su red.

Existen, de hecho, alternativas mejores: desde redes privadas de mensajería hasta los SMS de toda la vida o, mejor aún, usar el tiempo que antes se destinaba a esas plataformas a ver a sus amigos en persona, a hablar más con su familia, a hacer ejercicio y a dormir más. Cosas que la ciencia ya ha demostrado de sobra que aumentan la autoestima, mejoran la salud y reducen la ansiedad, y que son la verdadera fuente de una vida plena.

En paralelo, es imprescindible sanear los espacios públicos, y de ahí el otro paquete de medidas anunciado por Sánchez, el verdaderamente novedoso. Este se dirige a donde las tecnológicas más les duele: al corazón de su modelo de negocio, basado en incentivos económicos que priorizan la economía de la atención. Se maximizan el tiempo de uso, las interacciones y la recurrencia, mediante el diseño persuasivo y la manipulación algorítmica.

La consecuencia es que se favorecen contenidos emocionales, polarizantes o extremos, y una falta de moderación efectiva. Prosperan la desinformación y el extremismo, y las plataformas más privadas sirven como refugio y herramienta de difusión de comunidades radicales, lavado de dinero, etc. Esto, claro está, es más rentable que la información de interés público, o que mostrar meramente lo que comparten tus contactos o las personas a las que sigues, en orden de publicación y sin filtros.

Porno y pedofilia

Otra porción del pastel económico de estas plataformas son los ingresos procedentes del fraude publicitario, la ciberdelincuencia y el cibercrimen (según la propia meta, alrededor de un 10% de sus ingresos). Eso sin olvidar el papel central del porno y la pedofilia como motor de tráfico y monetización, en un entorno donde maximizar el beneficio económico prevalece sistemáticamente sobre la protección de los usuarios y la salud del debate público.

Dada la gravedad de la situación, los máximos responsables de estas plataformas deben rendir cuentas por los daños causados. Igualmente crucial es garantizar el cumplimiento de las normas ya existentes para este tipo de actores -como la Ley de Servicios Digitales- que ayudaría a mitigar muchos de los problemas existentes.

Además, es imprescindible extender tanto estas normativas como las medidas como las planteadas por Sánchez a las plataformas de IA generativa y chatbots. Estas tecnologías ya están amplificando los mismos vicios que las redes sociales y creando otros nuevos, con un impacto potencialmente aún más devastador. Se pasa de la economía de la atención a la economía del apego, donde los chatbots comienzan a ocupar el lugar de mentores, terapeutas, amigos e incluso parejas emocionales, tanto en menores como en adultos.

Si no queremos tropezar de nuevo con la misma piedra, debemos anticiparnos al escenario distópico que ya se atisba con el uso irresponsable de estas herramientas. Puede sonar grandilocuente, pero el futuro de la humanidad está en juego.