La transmisión de participaciones sociales en documento privado solo tiene una finalidad: favorecer la evasión fiscal, el blanqueo de capitales y la ocultación del auténtico propietario tras un testaferro.
Esta transmisión, porque así lo establece el artículo 106 del texto refundido de la ley de sociedades de capital, ha de ser formalizada necesariamente en escritura pública notarial. Si no se formaliza en escritura pública, independientemente de que se inscriba o no en cualquier registro público, carece de efectos en el tráfico jurídico frente a terceros, incluyendo entre esos terceros a la propia sociedad mercantil, cuyas participaciones se están pretendiendo transmitir y al resto de socios ajenos al documento suscrito. Eso quiere decir que el que ha comprado participaciones en documento privado no adquiere la condición de socio, ni tampoco los derechos derivados de tal condición. Todo lo anterior no obsta a que ese documento privado pueda producir, entre las partes que lo han firmado, otro tipo de efectos civiles. Pero hacia afuera, hacia el tráfico y hacia la sociedad mercantil, no surte los efectos.
Por las razones expuestas, el uso del documento privado solo pretende eludir el control jurídico público en la trasmisión de participaciones atribuido al notario, puesto que quien utiliza el documento privado conoce plenamente que si tal negocio jurídico se hiciera ante notario, este procedería a volcar su contenido en el Índice Único Informatizado Notarial, existente desde el 1 de enero de 2004, al que tienen acceso jueces, fiscales, policía judicial (UCO y UDEF), el Sepblac y administraciones tributarias, de modo que se conocería en menos de quince días quién ha transmitido y quien ha adquirido participaciones.
El Notariado dispone de una Base de Datos de Titular Real (BDTR), única en el mundo, que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas. La BDTR contiene información de tres millones de personas jurídicas; no solo de sociedades mercantiles, sino también de sociedades civiles, partidos políticos, asociaciones, etc. Informacion basada en manifestaciones e información calculada, que consiste en seguir la transmisión de las participaciones en las sociedades limitadas. Esta información es accesible para los notarios, el Sepblac y las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Sobre esta base el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha señalado: “que las medidas adoptadas por España para gestionar y permitir el acceso a la información constituyen un ejemplo de buenas prácticas para otros países”. En la evaluación efectuada por GAFI en mayo de 2014, dicha organización solicitó a las autoridades españolas que extendieran por su eficacia e importancia el mismo régimen de control jurídico público que existe respecto de las participaciones sociales a las acciones de sociedades anónimas no admitidas a cotización en un mercado secundario oficial, dada la posible opacidad de este vehículo societario. Desde tal fecha, no se han adoptado las medidas para cumplir con esta recomendación.
