De internet al plato

CONSUMO

De internet al plato

Hacer la compra online es sencillo, rápido y fiable si se hace bien. Los expertos recomiendan elegir proveedores de confianza, planificar la lista y la entrega y olvidarse de hacer colas o compras impulsivas. Según publica el portal Financial Food, la compra online de alimentación crecerá a un ritmo del 19% en los próximos tres años, aunque habrá importantes diferencias regionales y los frescos seguirán siendo el gran reto.

MARIÁN LEZAUN

Mail: marianlezaun@gmail.com
X: @mlezaun

Internet nos permite comprar desde casa y directamente al productor desde un buen jamón de Salamanca, carne de Ávila o marisco gallego hasta verduras de la Ribera de Navarra. En apenas 24 horas la compra estará en nuestro domicilio, en perfecto estado de conservación y con total garantía. Porque, además de las grandes cadenas de alimentación, la Red está llena de pequeños comercios que ofrecen productos frescos, de proximidad y de buena calidad.

EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS ‘ONLINE’
EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
Y GRAN CONSUMO EN ESPAÑA HA ALCANZADO YA LOS 2.200 MILLONES DE EUROS

Cercanía online. Algunos de ellos están especializados en una gama concreta de alimentos como frutas, verduras, conservas o carnes y otros ofrecen platos preparados y otros productos menos perecederos. El consumidor solo tiene que elegir qué es lo que más le conviene, y sin salir de casa, llenar la despensa a su gusto. Los últimos operadores en llegar hasta preparan las raciones semanales, las recetas de los menores de la casa o las cantidades necesarias para las personas que están a dieta. Fue durante la pandemia cuando se puso de manifiesto que la compra de alimentos y frescos online era una necesidad para muchos clientes y desde entonces establecimientos de todo tipo luchan por dar el servicio más eficiente y ajustado a las necesidades de los mismos. Así, el crecimiento de las ventas online en el sector de la alimentación y gran consumo en España ha alcanzado ya los 2.200 millones de euros, con un aumento del 30% desde 2019.

INTERNET ESTÁ LLENA DE PEQUEÑOS COMERCIOS QUE OFRECEN PRODUCTOS FRESCOS, DE PROXIMIDAD Y DE BUENA CALIDAD

Los productos frescos. Las perspectivas son buenas, pero los expertos señalan un reajuste en el sector. Es verdad que la compra online sigue creciendo, pero también hay un gran grupo de consumidores que nunca van a renunciar a la experiencia de las tiendas físicas. Si tenemos en cuenta que, además, en nuestro país existe una enorme red de comercios a pie de calle en la que es posible encontrar productos comestibles a cualquier hora, seguimos teniendo un gran margen de crecimiento para los servicios online. Por eso, el dato refleja el crecimiento de las ventas de productos envasados, pero todavía deja en un lugar muy reducido a los productos frescos. De hecho, entre sus temores, los consumidores señalan el posible riesgo de fraude en los pagos; que los productos no estén en su momento óptimo; una experiencia de compra impersonal, y la falta de acceso inmediato a los productos (aunque ya existen comercios que en las grandes ciudades entregan en menos de dos horas). También el precio es un elemento disuasorio porque, en muchos casos, estas compras llevan asociado un recargo en la entrega y porque, en ocasiones, se ofrecen productos de alta calidad que no todos los bolsillos se pueden permitir. Desde la OCU apuntan como otra de las mejoras a realizar en este sector, la organización de los productos de la Red. Los usuarios suelen quejarse de que no siempre es fácil encontrar lo que necesitan porque no es sencillo navegar por internet cuando hay tantas referencias.

El último Observatorio de Comercio Electrónico en Alimentación realizado por ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), junto con los profesores María Puelles, de la Universidad Complutense, y Gonzalo Moreno, de la Universidad Autónoma de Madrid, señalaba que en el caso de los productos frescos se detecta incluso un significativo trasvase hacia el canal físico: “El 43% de los encuestados en este estudio afirma no comprar ya nunca alimentación fresca a través del comercio electrónico”. Y es que, aunque comprar en línea es muy cómodo y no está sujeto a horarios, existen ciertos reparos a la hora de convertirlo en hábito. Según estos expertos, “la principal razón por la que los consumidores prefieren la compra física es porque se trata de una compra con un gran componente experiencial. Los consumidores prefieren elegir en persona este tipo de productos e incluso buscan una compra que podríamos calificar de impulso en función de la disponibilidad diaria de producto que encuentren en el supermercado”.

ESTABLECIMIENTOS DE TODO TIPO LUCHAN
POR DAR EL SERVICIO MÁS EFICIENTE
Y AJUSTADO A LAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES

Doble canal. Para los consumidores la gran ventaja es poder combinar los dos canales y son muy pocas las personas que prescinden en todo momento de la experiencia de compra física. “Los consumidores que solo hacen la compra online (sin combinar el canal físico con el digital) se han mantenido estables en los últimos años. Es un grupo porcentualmente minoritario, pero muy fiel, que valora especialmente los elementos de conveniencia que ofrece este canal”, explican en Asedas. La cuota de mercado del comercio electrónico en productos de alimentación se sitúa en el 2,2%, según el último informe La alimentación en España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siendo la alimentación fresca el 1,2%. Muy lejos de nuestros vecinos europeos, donde el 35% de los compradores asegura adquirir productos frescos en la Red, con una media de 43 transacciones anuales.

Cataluña a la cabeza

Según el último informe de la plataforma FITstore.es, Cataluña es la comunidad autónoma que acapara el 20% de las compras online de productos de alimentación. No es de extrañar que, debido a este cambio en el consumo, hasta quince mercados municipales de Barcelona permitan ya realizar compras online. Los pedidos se pueden hacer a través de una aplicación móvil o en la web del ayuntamiento, y la compra se puede recibir a domicilio o bien recoger en el mismo mercado, a cualquier hora, gracias al servicio de taquillas refrigeradas situadas en los accesos de los equipamientos municipales. Pero Barcelona no es la única. También el mercado municipal de Soria permite comprar productos frescos en su plataforma digital y los mercados de Valladolid y Zaragoza cuentan con sus propios servicios de venta online que pretenden acercar a la ciudadanía los productos más frescos. Por su parte, los mercados de Madrid ofrecen su propio canal digital.

Los grandes operadores

En los últimos cinco años la compra online de productos frescos ha experimentado una transformación radical, impulsada por los cambios en los hábitos de consumo, los avances tecnológicos y el desarrollo de plataformas que permiten disponer de alimentos de calidad en tiempo récord. El reto ahora está en equilibrar las diferencias regionales y, sobre todo, en convencer a los consumidores de la eficacia de este servicio. En España Amazon Fresh opera desde 2021 en ciudades como Madrid y Barcelona, ofreciendo entregas en menos de dos horas gracias a los servicios logísticos locales. Su catálogo online incluye más de 18.000 referencias de frescos. Mientras, las grandes cadenas de supermercados mantienen diferentes estrategias. Mercadona cuenta con un catálogo más reducido, de apenas 1.200 referencias, frente a Carrefour que cuenta con más de 4.000 y se basa en el consumo de productos locales. Además, en el mercado español operan diferentes comercios especializados entre los que destaca la tienda de productos ecológicos Naturitas, que con apenas 850 referencias acapara un gran volumen de ventas de frescos.

PARA SABER MÁS:

OCU: La Organización de Consumidores y Usuarios analiza cuáles son los mejores supermercados online para hacer la compra, según la experiencia de los consumidores.

Consumer: La revista de consumo de Eroski explica en qué hay que fijarse para comprar productos frescos online. Además, recoge la información que debe facilitar cada comercio.

«ITV en España: un mismo servicio y precios dispares», por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

OLGA RUIZ LEGIDO,

presidenta FACUA

X: @facua

“FACUA realiza cada año un estudio comparativo sobre las tarifas de ITV en todo el país. En 2024 detectó diferencias de hasta un 209,7% en la inspección obligatoria”

ITV en España: un mismo servicio y precios dispares

La finalidad de la Inspección Técnica de Vehículos no es otra que la de garantizar la seguridad vial en nuestras carreteras ante las escalofriantes cifras de víctimas que se cobran cada año. El servicio de ITV persigue reducir al mínimo el porcentaje de siniestros que pueda deberse al fallo mecánico del vehículo, por reducido que pueda ser. Dicha finalidad tiene un claro interés público, por lo que se configuró como un servicio reglado, cuya ejecución material puede efectuarse bien por las Administraciones directamente o a través de sociedades de economía mixta en cuyo capital participen, bien por empresas privadas.

Salvo en el caso en que la ejecución se lleve a cabo directamente por las comunidades autónomas o la Administración competente, será requisito imprescindible para las empresas que quieran acceder a la actividad de inspección de vehículos obtener habilitación administrativa. El procedimiento para dicha habilitación debe garantizar que la empresa titular cumple los requisitos técnicos exigidos en la normativa para realizar los servicios de inspección, así como que no debe incurrir en incompatibilidades para el desempeño de su actividad, tratando de evitar el conflicto de intereses y garantizar la imparcialidad en la prestación del servicio.

El Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, permitió avanzar en un modelo liberalizado de prestación del servicio que tuvo sus efectos en las entidades o empresas que pueden prestarlo, pero no respecto de los requisitos y procedimientos técnicos que deben seguirse en la inspección, que se encuentran debidamente regulados y que deben ser aplicados sea cual sea el modelo de explotación.

Según la comunidad autónoma, la explotación de las estaciones de ITV puede ser pública o privada. En aquellos lugares en los que es privada suele prestarse mediante un régimen de concesión en el que los precios son controlados por la Administración correspondiente, salvo en los casos de Madrid y Murcia, donde las tarifas son libres. También existen comunidades donde conviven estaciones públicas y privadas.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat aprobó en julio de 2022 que la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) volviese a ser pública una vez concluyó la concesión de las empresas privadas que se encargaban de las revisiones periódicas desde hacía 25 años. La puesta en marcha de la nueva sociedad comenzó el 31 de diciembre de 2022.

En Extremadura conviven algunas estaciones de carácter público, explotadas directamente por la Administración, con otras privadas que funcionan en régimen de concesión o autorización. Esta situación provoca diferencias notables en los precios de las inspecciones, pues a la cantidad que se cobra en las estaciones de carácter público, por tratarse de tasas y no precio, no se les aplica el IVA. La Región de Murcia funcionaba de manera similar hasta el año pasado, cuando la única estación pública, la de Alcantarilla, echó el cierre.

Mallorca cambió su modelo en 2020, gestionándose directamente por el Consell Insular a través de una empresa (General de Servicios, S.A.).

Existe una enorme heterogeneidad con respecto al modo en que cada comunidad autónoma fija sus propias tarifas de ITV —a pesar de que las inspecciones se encuentran reguladas por una normativa estatal—, por lo que en todas ellas el procedimiento para la ITV es exactamente el que viene recogido en el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, que regula la Inspección Técnica de Vehículos en toda España.

FACUA realiza cada año un estudio comparativo sobre las tarifas de ITV en todo el país. En 2024 detectó diferencias de hasta un 209,7% en la inspección obligatoria para turismos con motor de gasolina y de hasta un 125,7% en vehículos diésel.

La Comunidad de Madrid es la más cara en términos absolutos en relación al precio de la ITV, tanto para inspecciones de vehículos diésel como gasolina, habiendo optado por un servicio plenamente liberalizado en modelo de gestión y en precios, que no se encuentran regulados por la Administración autonómica y son fijados por las propias empresas privadas habilitadas para el desarrollo de la actividad.

Murcia, la otra comunidad que, tras el cierre de la única estación que explotaba directamente la Administración, solo cuenta con estaciones privadas, también ha experimentado una subida de los precios en el último año.

De este estudio anual que FACUA elabora se desprende que las tarifas más económicas se han venido correspondiendo con estaciones explotadas directamente por las Administraciones o estaciones que se sitúan en comunidades que han optado por regular y controlar los precios.

En este sentido, la modalidad de gestión y prestación del servicio incide en el precio y, a su vez, en la accesibilidad al servicio para los consumidores, sobre todo para aquellos con economías más precarias.

El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, reconoce que existe libertad de elección de la estación ITV para efectuar tanto la primera inspección técnica como las inspecciones sucesivas tras la subsanación de defectos. Sin embargo, cabe preguntarse si realmente el consumidor tiene posibilidad real de elección en un servicio netamente territorial y, si esta circunstancia, unida a la disparidad de precios existentes, no supone un trato desigual no justificado a los consumidores en el acceso a un servicio obligatorio y de interés general.

A mal tiempo, mayor ahorro

CONSUMO

A MAL TIEMPO, MAYOR AHORRO

Los consumidores se han vuelto más ahorradores y precavidos. Pese al aumento de los precios y las ganas de aprovechar el tiempo de ocio que dejó la pandemia, el ahorro de los hogares españoles ha aumentado por segundo año consecutivo.

MARIÁN LEZAÚN

Mail: marianlezaun@gmail.com
X: @mlezaun

La incertidumbre económica, política y social hace que los ciudadanos contengan el gasto, planifiquen las compras y sobre todo tomen conciencia de lo que significa contar con un fondo que les proteja frente a imprevistos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de los hogares españoles se situaba en el 21,2% de la renta disponible bruta en el segundo trimestre de este año, frente al 19,6% del mismo periodo de 2023.

Ahorrar no es una tarea fácil porque el estilo de vida actual invita más al gasto que a la contención, aunque cualquiera sabe lo importante que es disponer de un fondo de emergencia que permita hacer frente a gastos inesperados. De hecho, diversos estudios apuntan que la mitad de las familias españolas no disponen de ningún ahorro, algo que no ocurre en otros países europeos. Si bien en los últimos meses los datos en los hogares españoles son más optimistas y auguran un cambio de tendencia.

SEGÚN EL INE, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO LA TASA DE AHORRO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES SE SITUÓ EN EL 21,2%

Plataformas de inversión

Actualmente abundan las aplicaciones y divulgadores populares (como Value School, El arte de invertir, Finect, Natalia de Santiago, Luis Pita, etc.) que recuerdan la importancia de gestionar bien el dinero y, sobre todo, de sacarle la máxima rentabilidad. Dicen los expertos que el origen de este cambio es la incertidumbre económica pero también el aumento de la cultura financiera de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes que ven de manera mucho más clara esa necesidad de contar con dinero extra para un futuro en el que, por ejemplo, las pensiones actuales no estén garantizadas o en el que la inestabilidad laboral será la tónica general. Así, como recoge el informe anual de EFPA (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros), cada vez más personas sin conocimientos económicos previos están entrando al mundo financiero gracias a numerosas herramientas digitales que han reducido las barreras de entrada tradicionales. En este sentido, los expertos recomiendan mucha cautela y contrastar siempre toda la información para no caer en posibles timos y bulos que pueden salir caros.

DIVERSOS ESTUDIOS APUNTAN QUE LA MITAD DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS NO DISPONEN DE NINGÚN AHORRO, ALGO QUE NO OCURRE EN OTROS PAÍSES EUROPEOS

Aumentar la hucha

Los datos avalan que algo está cambiando y siempre hay una causa. “La incertidumbre económica es un factor clave que impulsa el ahorro, pues conlleva la necesidad vital del ser humano de prevenir escenarios adversos y el financiero es fundamental en las sociedades desarrolladas”, explica Ricardo J. Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo y director de la Cátedra Extraordinaria CEPSA-Digital de la misma universidad. “Este ahorro por precaución se intensifica en tiempos de crisis económicas o incertidumbre global, como ocurrió durante la pandemia. Actualmente, a pesar de la bajada de tipos de interés que puede atenuar el coste del endeudamiento, la sensación de inestabilidad geopolítica, el creciente coste de la vivienda y la incertidumbre laboral contribuyen a una mayor propensión al ahorro en los hogares con capacidad para ello”. Es decir, ese incremento se está viendo especialmente en los consumidores con rentas altas, pero poco a poco también en los que disponen de presupuestos más ajustados. De la misma opinión es Marina García Gil, analista de AFI: “La literatura económica y la evidencia empírica señalan entre los principales motivos la necesidad de prevenir escenarios futuros, el ciclo vital y obtener una rentabilidad”. Por eso, son las personas mayores y las que tienen más rentas las que lideran este despegue del ahorro.

LA OCDE HA ADVERTIDO SOBRE EL RIESGO EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN EUROPA

Con la vista puesta en la jubilación

Hasta ahora, los hogares españoles ahorraban más bien poco si se comparaban con sus vecinos europeos y uno de los motivos es que nuestro sistema de pensiones es más generoso en términos relativos. Pero el escenario puede cambiar antes de lo previsto. La OCDE ya ha advertido sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en Europa, y en España crece la preocupación por complementar las pensiones públicas, que probablemente se vean mermadas con la jubilación de la generación boomer, la más numerosa en la historia de España. “Esto impulsa a más familias a considerar planes de pensiones privados (aunque bastante restringidos en los últimos años con una aportación actual máxima de 1.500 euros anuales por contribuyente) y otros instrumentos de ahorro a largo plazo, buscando mayor estabilidad económica en la jubilación”, explica Marina García. De momento, los productos financieros de previsión (planes y fondos de pensiones, seguros de vida, rentas vitalicias), tienen un peso muy reducido sobre los activos financieros de los hogares españoles: apenas representa un 3% de la riqueza bruta de los hogares españoles en las Encuestas Financieras de las Familias del Banco de España de los últimos años. “Su presencia está además concentrada de forma extrema en un reducido porcentaje de hogares de renta y riqueza más elevadas, con una alta capacidad de ahorro y beneficiarios del tratamiento fiscal favorable de dichos instrumentos”, aclara García.

Empezar pronto

Para empezar a ahorrar lo primero que hay que considerar es tener un presupuesto realista, acorde al nivel de ingresos y gastos de cada consumidor. Esto permite, como dice el experto y divulgador financiero Luis Pita, introducir el llamado ‘preahorro’, es decir, no esperar a final de mes para ver cuánto dinero sobra, sino hacerlo previamente, asegurando que se va a tener el dinero necesario. También se recomienda cierta diversificación de productos y realizar un seguimiento periódico de las inversiones. A menudo se cita la regla del 50-30-20, que implica destinar el 50% de los ingresos a cubrir las necesidades básicas y del día a día (alimentación, vivienda, educación, salud…), el 30% al ocio y el 20%, al ahorro o inversiones, apunta Ricardo J. Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo.

En qué ahorran los españoles

El sector inmobiliario ha sido el destino principal de inversión durante años. Estos activos representan de hecho el 70%, mientras los productos financieros son menos populares y se reservan para los hogares de rentas más altas. Sin embargo, también se está viendo un cambio en este reparto tradicional y los activos financieros empiezan a ser una opción a considerar también en los hogares con menor renta disponible. Pese a este avance, los españoles siguen apostando por los productos conservadores, como cuentas de ahorro y depósitos bancarios, según datos de Inverco. En los últimos años ha aumentado el interés por los fondos de inversión y los planes de pensiones, pero sólo para una parte de la población con mayor capacidad de ahorro. Sin embargo, entre los jóvenes destaca el interés por el acceso a productos más complejos, como ETFs y criptomonedas, explica Ricardo Palomo, decano de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Pablo CEU. Este reparto “deja un residuo mínimo, casi marginal, para la inversión directa en mercados de valores, tanto de renta variable como sobre todo de renta fija, cuya presencia en las carteras de activos de los hogares es muy reducida (apenas un 4% en acciones cotizadas, y menos de un 1% en el caso de bonos y otros valores de renta fija), añade Marina García, analista de AFI.

PARA SABER MÁS:

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): En su web se pueden consultar numerosas guías para mejorar la cultura financiera e invertir mejor. Entre las publicaciones que forman parte de la iniciativa Finanzas para todos, desarrollada en colaboración el Banco de España, cuentan con una guía dedicada al ahorro y la importancia de ser previsor.

Bankinter: El banco da las claves para ahorrar y planificar el dinero mínimo que debemos tener en la cuenta corriente para afrontar imprevistos y organizar gastos futuros

Expansión: El diario económico analiza las causas del incremento del ahorro y las perspectivas para el año que viene.

«La capacidad de ahorro de las personas consumidoras», por Gustavo Samayoa

CONSUMO

GUSTAVO SAMAYOA,

presidente de FUCI

X: @fuciconsumo
Mail: fuciest@hotmail.com

“Aquellos ciudadanos medios que tienen la mínima posibilidad de invertir sus escasos ahorros han empezado a explorar opciones de inversión”

La capacidad de ahorro de las personas consumidoras

La incertidumbre económica que hoy estamos viviendo; motivada por diversos factores, como la inflación, las tasas de interés elevadas y una posible recesión y las distintas situaciones como guerras y pandemias; hace que las familias vean la necesidad de controlar el consumo y priorizar el ahorro, aunque en muchos casos sea muy complicado.

En el primer trimestre del año, la tasa de ahorro de los hogares españoles se situó por encima de la renta bruta disponible en el mismo periodo de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que significa que los hogares gastaron menos de lo que ingresaron.

Según el Banco de España, el ahorro medio de los hogares españoles se sitúa en un 21,2% de sus ingresos disponibles, lejos de aquel 7% de la etapa de la pandemia. Si bien la inflación incide en el deterioro del poder adquisitivo de las familias, rebajando la posibilidad de ahorro, el aumento de los costes de los bienes y servicios hace que muchas familias destinen la mayoría de sus ingresos a cubrir las necesidades básicas, limitando cada vez más las cantidades dedicadas al ahorro de ese sector de la población.

La alimentación, la energía y la vivienda (tanto en alquiler como en los incrementos hipotecarios) han sido los sectores con mayores subidas económicas. En la alimentación, en la que hasta hace pocos años se priorizaba la calidad sobre el precio, hoy en día es el precio lo más importante a la hora de hacer la compra de alimentos. El consumidor medio, y sobre todo el más vulnerable, prioriza gastos y ahorra poco.

Las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo han incrementado el coste de las hipotecas y demás productos financieros, lo que ha generado subidas de cuotas, limitando aún más la capacidad de ahorro de los consumidores, aunque las previsiones para 2025 sean más halagüeñas.

El miedo a situaciones como el desempleo o la reducción de ingresos ha llevado al ciudadano medio a aumentar sus reservas de efectivo como una medida de seguridad. Otra de las situaciones que se detectan en el ámbito financiero de los consumidores es la tendencia, cada vez más generalizada, de reducir o liquidar deudas, que conlleva a una búsqueda de estabilidad financiera.

Aquellos ciudadanos medios que tienen la mínima posibilidad de invertir sus escasos ahorros han empezado a buscar o explorar opciones de inversión, como fondos a renta fija o bonos del Estado, buscando las posibilidades de menor riesgo en comparación con otros productos financieros.

Evidentemente el ciudadano no puede solo soportar la incertidumbre y pérdida de su poder adquisitivo, y deberían ser las Administraciones Públicas las que ayuden a llevar esa carga con medidas como la reducción de impuestos en los productos básicos, subvenciones al transporte público o revisiones salariales, incidiendo en los más vulnerables. Si bien estas ayudas le vienen muy bien al ciudadano para equilibrar su economía, no le permiten ningún tipo de ahorro pues tiene que utilizar estos recursos para sus gastos cotidianos.

Medidas como el control de la inflación a corto plazo y las tasas de tipos de interés más bajas, así como la creación de empleo, vendrían a aliviar la economía familiar de las personas consumidoras, que podrían recuperar una mayor capacidad de ahorro. Todo ello pasa por situaciones como la estabilidad laboral, el crecimiento económico y algunas medidas adicionales de apoyo público para aliviar la presión financiera de las familias, que se traduciría en una evolución positiva del ahorro que, a corto plazo, mejoraría la capacidad de gasto del ciudadano, incidiendo indudablemente en la mejora de la economía.

«Administración digital sí, pero sin dejar a nadie atrás», por Ana Echenique

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ANA ETCHENIQUE,

presidenta de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU

X: @CECUconsumo

“Un entorno digital más inclusivo es un objetivo por el que deben trabajar todas las instituciones y organismos públicos”

Administración digital sí, pero sin dejar a nadie atrás

La Administración digital es algo ya habitual en la vida de muchas personas y, aunque no exenta de mejoras, ha llegado para quedarse. Sobre lo que tenemos que reflexionar es si la estamos implementando de manera justa y segura.

Las ventajas son ya conocidas por todos las que utilizamos esta vía habitualmente: el acceso a una gran cantidad de trámites ante cualquier Administración u organismo, tanto local o nacional, como internacional, sin tener que desplazarse ni perder horas en hacer gestiones, pudiendo realizarlas desde cualquier dispositivo, a cualquier hora del día. Esto, sumado al hecho de evitar imprimir o fotocopiar documentos, implica, además, un beneficio medioambiental, aunque el impacto que genera la digitalización de nuestra vida en este sentido es una cuestión pendiente de abordar.

Otra de las ventajas de este sistema es que nos permite conservar nuestros documentos originales y contar con un registro, la web de la propia Administración, que acredita los documentos que hemos presentado, las solicitudes realizadas y las notificaciones recibidas. Además, muchas Administraciones utilizan sistemas de alertas o avisos, a través de los cuales pueden informarnos sobre los plazos o fechas en las que tenemos que realizar algún pago o gestión o presentar documentos.

Sin embargo, mientras que para algunas personas poder hacer todas las gestiones desde el ordenador de su casa u oficina, sin tener que desplazarse, pedir citas, hacer cola o perder un día de trabajo, supone una gran ventaja, para otras puede ser un calvario.

Antes de nada, cabe señalar que el marco legislativo actual nos aporta dos claves sobre la Administración digital y es que a día de hoy las personas físicas no tienen obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración (art. 12 de la Ley 39/2015) y, además, se contempla la asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados (art. 12 de la Ley 39/2015).

Si hablamos de dificultades en el acceso digital, es importante señalar que cada Administración tiene su propia sede digital y no existen criterios comunes de diseño: cada una dependerá de la capacidad económica y la voluntad de cada Administración. En muchas ocasiones, estas sedes no son fáciles de utilizar, comprensibles, intuitivas, ni siempre funcionan correctamente y las opciones o posibilidades que permiten son a veces limitadas. A esto se le suman los problemas ya habituales de compatibilidad con determinados ordenadores demasiado antiguos, programas o sistemas operativos de los que no todo el mundo dispone.

Por otra parte, cuestiones como escanear documentos, comprimirlos o adjuntarlos, firmarlos digitalmente, transformarlos en diferentes formatos, el DNI electrónico, los navegadores, instalación de programas y sus diferentes versiones, entre otras, no son procesos o conceptos fácilmente comprensibles para muchas personas. Para algunas, ni siquiera es concebible enfrentarse a una sede electrónica.

Esta brecha digital no solo tiene que ver con la capacidad de las personas para manejarse en el entorno digital, sino también con la situación económica de cada persona o familia para disponer de dispositivos con capacidad suficiente para hacer estas gestiones de forma segura y efectiva, y de poder pagar una conexión a internet. Además, precisamente en las zonas más alejadas de los grandes núcleos de población donde la Administración digital es más necesaria, contar con una conexión suficientemente estable y segura para poder hacer los trámites no siempre es una garantía.

Esta transición acelerada al entorno digital sin la debida formación expone a las personas usuarias a problemas adicionales como el robo de datos personales, el acceso a toda la documentación e información que tenemos en nuestros dispositivos, al malware, al phishing, etc. A eso debemos sumar los recurrentes ataques a webs que tienen millones de datos personales sensibles o las caídas de servidores o servicios que impiden el acceso a la Administración.

Sin duda, la Administración digital es una herramienta muy útil para todas las personas, sobre todo para las que viven en poblaciones más alejadas de los grandes núcleos urbanos o las que tienen dificultades para desplazarse. Pero también debe garantizarse de forma real, efectiva y sin demoras el acceso a la Administración analógica, es decir, la posibilidad de acudir a una oficina para realizar las gestiones que necesitemos, donde el personal pueda ayudarnos y explicarnos las cuestiones que no entendemos. Como podemos comprobar, tras la pandemia, en muchas Administraciones ha sido, y sigue siendo, muy complicado obtener cita previa en las oficinas para realizar las gestiones oportunas, lo que supone un abandono de la ciudadanía.

El fomento de la vida digital no puede convertirse en una obligación a través de la limitación de acceso a las oficinas de las distintas Administraciones. No debemos dejar a nadie atrás. Por eso, la transición digital debe acompañar a las personas y asistir a todas aquellas que no tengan la capacidad o la seguridad de actuar en el entorno digital. Algunas soluciones para esto pueden ser el desarrollo de sedes electrónicas más sencillas, el uso de términos y conceptos comprensibles, contar con asistencia técnica y, también, que los municipios dispongan de equipos informáticos públicos a través de los que se puedan hacer las gestiones necesarias, así como técnicos que ofrezcan asesoramiento. Solo de esta forma podremos construir un entorno digital más inclusivo, un objetivo por el que deben trabajar todas las instituciones y organismos públicos.

El alcohol, mejor cuanto más lejos

CONSUMO

EL ALCOHOL, mejor cuanto más lejos

Beber alcohol es siempre un riesgo, especialmente cuando se consume en edades tempranas. Las consecuencias de la bebida en el organismo no son buenas, aunque se trate de un producto normalizado, legal y socialmente aceptado; así lo advierten los expertos en salud. Por eso, el Gobierno prepara un anteproyecto de ley que pretende concienciar de los efectos del consumo precoz de alcohol.

MARIÁN LEZAÚN

Mail: marianlezaun@gmail.com
X: @mlezaun

La fiesta, el tiempo de ocio y el alcohol van de la mano en muchas culturas. De hecho, en la nuestra, su consumo está muy arraigado. Celebramos los goles de nuestro equipo favorito bebiendo cervezas; damos la bienvenida a un nuevo año brindando con cava, o festejamos cualquier circunstancia con una copa de vino.

El problema, según los expertos, es que olvidamos que el alcohol es una sustancia psicoactiva y, como tal, tiene unas consecuencias que no debemos pasar por alto. “Esta normalización es la que hace que subestimemos los peligros de las bebidas alcohólicas en comparación con otras sustancias ilegales que son consideradas más peligrosas”, explica José Manuel Pérez García, profesor del Máster de Atención Educativa y Prevención de Conductas Adictivas en Niños y Adolescentes de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR).

Al respecto Yoana Granero, coordinadora de la Comisión de Prevención de la Asociación Proyecto Hombre, señala que “el inicio temprano en su ingesta y la prevalencia de patrones de consumo intensivo son preocupantes y suponen un riesgo significativo para la salud física y mental de los y las menores”. Y es que el consumo del alcohol crea adicciones y tiene graves consecuencias en el desarrollo del cerebro, especialmente entre los más jóvenes que pueden ver afectada su capacidad de concentración, su memoria y su aprendizaje. Por ello, el eje de la nueva normativa que prepara el Ejecutivo girará en torno a la necesidad de retrasar todo lo posible la edad de inicio, proteger a los menores de las consecuencias de la bebida y reducir los episodios de consumo intensivo.

EL EJECUTIVO PREPARA UN ANTEPROYECTO DE LEY PARA PREVENIR EL CONSUMO PRECOZ DE ESTA SUSTANCIA QUE TIENE GRAVES EFECTOS EN EL DESARROLLO COGNITIVO

“La percepción de que beber alcohol es algo natural y seguro contribuye a una visión más tolerante, a pesar de los riesgos bien documentados. Este trasfondo cultural influye en la manera en que los adultos interpretamos su consumo y, en muchos casos, lo transmitimos a las generaciones más jóvenes”, asegura Granero. No obstante, todos hemos escuchado las bondades de tomar una copita de vino en las comidas o los efectos de la cerveza en nuestra piel, cabello o incluso sus beneficios sobre el sueño o el fortalecimiento de los huesos.

Aunque el alcohol está demasiado presente en la vida de los adolescentes, los datos empiezan a ser algo optimistas y parece que la situación ha mejorado en los últimos años. Es lo que indican las últimas encuestas europeas sobre el tema, al tiempo que achacan ese descenso a una mayor preocupación por la salud y también al precio en muchos países. No obstante, según la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España, el alcohol es la sustancia psicoactiva que más se consume entre las chicas y chicos de 14 a 18 años. El año pasado, el 75,9% reconocía haberlo consumido alguna vez, el 73,6%, haberlo probado en el último año y el 56,6%, en el último mes. La encuesta refleja que la edad media de inicio del consumo es demasiado precoz, tanto para el consumo ocasional (14 años en hombres y mujeres), como para el semanal (15 años). Por otro lado, la percepción de los adolescentes sobre la facilidad para adquirir bebidas con graduación es muy alta y el porcentaje que considera que le resultaría fácil o muy fácil conseguirlas alcanza el 93%, pese a que todas las normativas autonómicas prohíben la venta a menores de edad.

Para las familias y los expertos la clave está en descubrir por qué los jóvenes se acercan al alcohol. Lo hacen por diversos motivos: presión social, curiosidad, búsqueda de identidad, evasión, desconocimiento de los riesgos o normalización del consumo. La facilidad de acceso al alcohol ya sea a través de amistades, familiares o la compra directa, también juega un papel importante. “De hecho, el 92,9% de los jóvenes no aprecia ninguna dificultad para conseguir bebidas alcohólicas pese a estar prohibida su venta a menores”, explica Granero. Pérez añade también la búsqueda de aceptación social y la presión de grupo en el consumo intensivo. “A menudo, el alcohol se convierte en un mecanismo de escape para lidiar con inseguridades, problemas de adaptación, o la necesidad de pertenencia. En muchos casos responde a problemas de autoestima y falta de habilidades para gestionar emociones, convirtiéndolo en un refugio potencialmente nocivo”, apunta.

Según la encuesta realizada por el Ministerio del Interior, los estudiantes declaran que beben alcohol porque les gusta su sabor, por diversión o placer o para sentir emociones nuevas. Un 15% bebe para olvidar los problemas personales y un 14,6% para superar la timidez y relacionarse mejor. Entre las razones para no consumir destacan los efectos negativos para la salud y la pérdida de control.

Alarma. Para detectar el consumo de sus hijos, los adultos pueden estar atentos a determinadas conductas. No obstante, la detección temprana de estos problemas en adolescentes pasa por la observación y el establecimiento de una comunicación abierta, según explica Pérez. “Cambios en el comportamiento, variaciones en el grupo de amigos, mayor participación en planes nocturnos o bajo rendimiento escolar” son algunas de las señales.

EL 75,9% DE LOS JÓVENES DE ENTRE 14 Y 18 AÑOS RECONOCE HABER BEBIDO ALCOHOL EN ALGUNA OCASIÓN

Por eso, para los expertos, el anteproyecto de ley debería ser más ambicioso. Responsables de Proyecto Hombre, que han participado en la elaboración del mismo, apuntan algunas alegaciones que deberían tenerse en cuenta. Por un lado, frente a acciones puntuales, debe realizarse la puesta en marcha de programas preventivos con evidencia científica y estándares de calidad reconocidos. Además, es necesario fortalecer la intervención con las familias a través de la puesta en marcha de programas preventivos en sus tres niveles (universal, selectiva e indicada), así como incorporar la regulación, su aplicación y su cumplimiento en aspectos relacionados con los horarios de los locales de ocio nocturno, los lugares de consumo y los puntos de venta de alcohol.

Efectos negativos

Peleas, vómitos y mal humor son solo los efectos visibles de un problema que va mucho más allá. “El consumo de alcohol durante la adolescencia afecta al desarrollo cerebral, interfiriendo en la maduración de áreas cerebrales como la corteza prefrontal, íntimamente implicada en procesos clave como la toma de decisiones, el control de impulsos o la planificación. Este patrón de consumo intensivo se ha relacionado con problemas de memoria, atención y aprendizaje, lo que impacta negativamente en el rendimiento académico y en el día a día de los jóvenes”, explica José Manuel Pérez García, profesor del Máster Universitario en Atención Educativa y Prevención de Conductas Adictivas en Niños y Adolescentes de la UNIR.

Publicitar un producto nocivo

Como ya ocurrió con el tabaco o las casas de apuestas, el Ejecutivo quiere acabar con la difusión comercial de las bebidas alcohólicas. El anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad que prepara el Gobierno busca desarrollar una política que prevenga de forma eficaz el consumo de bebidas alcohólicas por las personas menores de edad y sus efectos negativos, e incluye medidas de lo que se conoce como prevención ambiental, es decir, aquellas iniciativas que se refieren al acceso y disponibilidad de los productos. Por ejemplo, el texto recoge limitaciones de emplazamiento, difusión y distribución de la publicidad de bebidas alcohólicas o de las empresas productoras que no podrá hacerse, bajo ningún pretexto, en un perímetro que diste de 200 metros lineales de los accesos a zonas frecuentadas por personas menores de edad.

POR SI LAS DUDAS

Ministerio de Sanidad. En la web del Ministerio de Sanidad se pueden consultar los resultados del estudio anual sobre el consumo de drogas y alcohol entre los jóvenes y el texto del anteproyecto de ley.

Euronews. El consumo de alcohol ha descendido ligeramente entre los jóvenes europeos. Entre otros motivos, por el precio de las bebidas y la mayor preocupación por la salud.

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un estudio recoge los daños que al alcohol provoca en el cerebro y sus efectos a largo plazo.

«Un problema que afecta a toda la sociedad», por José Ramón Lozano Petit

CONSUMO

JOSÉ RAMÓN LOZANO PETIT,

secretario general de la Federación UNAE

X: @_UNAE_

“Es importante que los padres estén informados sobre los riesgos del consumo de alcohol a edades tempranas para poder abordarlo de manera efectiva”

Un problema que afecta a toda la sociedad

El consumo de alcohol entre menores de edad es un problema creciente, que afecta tanto a la salud física como emocional de los jóvenes, y representa un desafío importante para las familias, las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Muchos factores influyen en el consumo de alcohol por los adolescentes, como la curiosidad, el deseo de imitar a los adultos, de pertenecer a un grupo o encontrar una forma de escapar de los problemas emocionales, como el estrés o la ansiedad.

A esto se suma la normalización del alcohol en la cultura española, donde está presente en celebraciones familiares y eventos sociales, y resulta de fácil acceso para los jóvenes. Los medios de comunicación y la publicidad también fomentan una imagen atractiva del consumo de alcohol, que hace frecuente su uso desde edades tempranas. Como consecuencia, según recientes estudios, un alto porcentaje de jóvenes entre 12 y 17 años ha probado el alcohol alguna vez, y muchos de ellos lo consumen de manera habitual.

Sin embargo, el consumo de alcohol en menores no es inocuo, ya que afecta negativamente a su desarrollo físico y psicológico. A nivel cerebral, el alcohol puede interferir en el desarrollo normal de áreas relacionadas con la toma de decisiones, el autocontrol y la memoria, lo que aumenta el riesgo de alteraciones de comportamiento, depresión, ansiedad y fracaso escolar. Además, a largo plazo, los adolescentes que consumen alcohol tienen más probabilidades de desarrollar adicciones y otros problemas de salud, como enfermedades hepáticas y cardiovasculares.

Ante esta preocupante situación, la prevención es fundamental. Familias, escuelas, medios de comunicación y administraciones deben trabajar conjuntamente en la educación y concienciación sobre los riesgos. Pero la prevención no debe limitarse a campañas informativas puntuales, de escasa o nula repercusión sobre los jóvenes, sino que debe tener un enfoque integral que involucre a todos los actores claves en la vida de los adolescentes, promoviendo actividades alternativas al consumo de alcohol como forma de diversión.

Otras medidas como el endurecimiento de la venta de alcohol a menores, no solo en tiendas físicas, sino también en plataformas en línea, donde el acceso es cada vez más sencillo para los menores, el aumento de los controles en locales y lugares de ocio, la concienciación de comerciantes y hosteleros y la limitación del acceso a bebidas alcohólicas en eventos públicos, pueden ayudar a reducir su consumo, pero no son una panacea.

Por eso, la familia debe ser el principal pilar para la prevención del consumo de alcohol entre los jóvenes. Los padres tienen un papel fundamental para educar a sus hijos sobre los peligros del alcohol y deben ser conscientes del impacto que tienen sus propias actitudes, predicando con el ejemplo, fortaleciendo la comunicación e implicación en el hogar y fomentando modelos de comportamiento saludables y responsables. Si el consumo de bebidas alcohólicas es visto en casa como una práctica cotidiana y sin riesgos, los jóvenes lo considerarán como algo inofensivo. Además, muchas familias también sufren las consecuencias económicas y emocionales del consumo de alcohol en menores.

Por eso es importante que los padres estén informados sobre los riesgos que implica el consumo de alcohol a edades tempranas, para poder abordarlo de manera efectiva. Finalmente, es fundamental mantener en casa una comunicación abierta, donde los adolescentes se sientan cómodos para hablar de sus problemas e inquietudes. Por eso hay que establecer reglas claras y coherentes sobre el consumo de alcohol en el hogar.

La escuela, donde los jóvenes pasan una gran parte de su tiempo y socializan con sus compañeros, también juega un papel importante en la prevención, y puede facilitar una formación adecuada sobre los riesgos asociados al consumo de alcohol a través de programas de educación preventiva que incluyan charlas, talleres y actividades interactivas. Estos programas de prevención deben incluir no solo información sobre los efectos negativos del alcohol, sino también estrategias para resistir la presión social y desarrollar habilidades de toma de decisiones responsables.

Además, es importante que se promueva una cultura social que ofrezca alternativas de ocio saludables, como el deporte, la música, el arte o actividades extracurriculares que fomenten la autoestima y la convivencia sin necesidad de recurrir al alcohol. En este ámbito, los medios de comunicación también tienen una responsabilidad importante en la prevención, dejando de normalizar el consumo de alcohol entre menores en sus contenidos. Pese a las restricciones en horarios y espacios donde pueda haber menores de edad, la exposición de los adolescentes a la publicidad de bebidas alcohólicas sigue siendo alta, especialmente en plataformas digitales y redes sociales, donde las regulaciones actuales no tienen un alcance efectivo, y a menudo se asocia su consumo con diversión, éxito y popularidad, enviando un mensaje peligroso a los jóvenes, por lo que se debe regular mejor y evitar que sea accesible a los menores.

Las campañas de concienciación masivas pueden llegar a un público muy amplio, sensibilizando no solo a los jóvenes para que tomen decisiones saludables y desarrollen habilidades emocionales, como el manejo del estrés y la autoestima, sino también a sus familias y a la sociedad en general, pero para ser eficaces deben ser creativas y estar dirigidas específicamente a los adolescentes, utilizando plataformas como redes sociales y medios digitales.

En definitiva, el consumo de alcohol en menores es un problema que afecta a toda la sociedad, y en el que todos debemos implicarnos.

«Por los consumidores del sector eléctrico», por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

OLGA RUIZ LEGIDO,

presidenta de FACUA

X: @facua

“Solo mediante un marco normativo que priorice los derechos de los consumidores se podrán paliar las prácticas abusivas”

Por los consumidores del sector eléctrico

El Gobierno está tramitando una nueva norma en el ámbito del sector eléctrico donde se establecen las condiciones para la comercialización, agregación y protección del consumidor. Con esta norma se persigue, entre otros objetivos, una agrupación de la legislación del sector en materia de suministro y contratación y una adecuación del actual marco normativo a la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, reforzando el papel del consumidor.

Partimos de una regulación del suministro eléctrico muy fragmentada y dispersa, que ocasiona en el consumidor medio complejidad y dificultad para conocer el marco de sus derechos y obligaciones. El Ejecutivo pretende abordar los graves problemas que sigue suscitando la contratación del suministro prohibiendo que las comercializadoras eléctricas realicen publicidad o prácticas de contratación no solicitadas por el usuario por vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa y, en su caso, exigiendo al comercializador grabar la totalidad de las llamadas.

Para que la información de los precios sea más rigurosa y sea posible la comparación por parte del consumidor, se obligaría a las empresas a comunicar sus ofertas, tanto las nuevas, como las modificaciones de los precios ya existentes, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con una antelación de, al menos, diez días a la fecha en la que entren en vigor y se apliquen

Si primero se prohibieron las prácticas de comercialización de contratos de suministro eléctrico puerta a puerta debido a los fraudes que se detectaron en dicha fórmula, ahora la prohibición se extiende a las llamadas telefónicas. Y estas restricciones en las técnicas de contratación de un servicio esencial responden a una lamentable realidad: los constantes abusos derivados de las prácticas comerciales de algunas empresas eléctricas en el marco de un sector liberalizado.

En octubre de 2018, el Gobierno prohibió la comercialización de electricidad puerta a puerta a los consumidores domésticos, salvo que la visita sea solicitada expresamente por estos, medida que incluyó en el Real Decreto Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. Seis años después, los fraudes no cesan y se ha decidido extender la prohibición a las contrataciones telefónicas. Estas medidas cuentan con el antecedente de su vigencia en países como Reino Unido desde el año 2011.

La experiencia de la liberalización del mercado eléctrico en todos estos años, lejos de fomentar una competencia justa ha venido evidenciando múltiples disfunciones e irregularidades, como la comercialización fraudulenta del suministro eléctrico con contratos no consentidos por los usuarios, o la falta de claridad en las tarifas ofertadas y las limitaciones de acceso al bono social eléctrico para consumidores vulnerables. También se siguen estipulando condiciones contractuales abusivas y continúa habiendo dificultad para rescindir contratos o cambiar de proveedor de energía eléctrica.

Europa no puede hablar de empoderar a los consumidores de energía eléctrica y consentir en paralelo que sigan produciéndose prácticas abusivas contra ellos en la contratación del suministro eléctrico. El legislador debe ponerles fin, sobre todo a las puertas de introducir nuevos actores en el mercado eléctrico, como los agregadores independientes, figura que contempla también el proyecto normativo y cuya actividad va a requerir no solo de su regulación sino también de supervisión y control para evitar nuevos problemas y abusos. Solo mediante un marco normativo que priorice sus derechos y que vigile activamente y de forma eficaz las prácticas de los distintos agentes (comercializadores, distribuidoras, agregadores independientes, etc.) se podrán evitar las prácticas abusivas.

En este sentido, junto con una regulación exigente y garantista, necesitamos mecanismos de control del mercado eléctrico para acabar con las irregularidades como la falta de transparencia en precios, así se confunde a los consumidores a los que se les ofrece tarifas más bajas inicialmente, ocultándoles los costes y servicios adicionales y dificultándoles la comparación entre opciones de suministro. También debe acabarse con la facturación con retrasos prolongados en la emisión de las facturas y con las lecturas estimadas durante amplios periodos y las refacturaciones erróneas por presuntas incidencias en el contador no comunicadas con garantías al consumidor. Y debe ponerse fin a las tácticas de captación y contratación engañosas, como las ofertas de ahorros y bonificaciones inexistentes y que no se concretan, o a las limitaciones en la aplicación del bono social eléctrico y a la inclusión de cláusulas de permanencia con penalizaciones.

En definitiva, el funcionamiento del mercado eléctrico está generando cada vez más desconfianza y el incremento de las consultas y las reclamaciones en estos años así lo confirma. Es imprescindible que la regulación sea clara y efectiva pero también que se supervise y controle su aplicación. Solo mediante un marco normativo que priorice los derechos de los consumidores y la vigilancia activa y continua de las prácticas de los distintos agentes del sector se podrán paliar las prácticas abusivas y engañosas para el consumidor.

La fragmentación y la dispersión de la normativa reguladora del suministro eléctrico y el rudimentario seguimiento y control de las autoridades competentes dificultan avances en la protección del consumidor. Pero tampoco ayuda el escaso reproche normativo hacia las prácticas abusivas y fraudulentas y las bajas cuantías de las sanciones a las empresas comercializadoras y distribuidoras por su mala praxis.

Reparar: la mejor opción

CONSUMO

Reparar: la mejor opción

Dejamos atrás una época en la que el consumo de usar y tirar ha sido lo habitual. Pocos consumidores contemplaban la posibilidad de arreglar la lavadora estropeada, que se sustituía por una nueva sin reparar en las consecuencias ambientales. Hoy ese consumo indiscriminado ha pasado una enorme factura al planeta y las autoridades se han propuesto atajarlo de cuajo.

MARIÁN LEZAÚN

Mail: marianlezaun@gmail.com
X: @mlezaun

Para lograr este cambio, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a una ambiciosa directiva con la que se quiere fomentar la reparación de los bienes de consumo averiados. Los países miembros disponen de dos años para adaptar la nueva norma y mejorar la vida útil de los productos.

EL PARLAMENTO EUROPEO APROBÓ EL PASADO MES DE ABRIL UNA NUEVA PROPUESTA PARA REFORZAR EL DERECHO A REPARAR DE LOS CONSUMIDORES

Una segunda vida

Hace apenas unos años lo normal era comprar un electrodoméstico sabiendo que su vida era efímera. No importaban las marcas ni los fabricantes porque estaba previsto que la lavadora no resistiría más de una década o que el frigorífico empezaría a fallar pasado un tiempo. Esa escasa vida de muchos productos era normal y las tiendas de repuestos apenas cubrían reparaciones básicas. Sin embargo, la popularidad del documental Comprar, tirar, comprar de la alemana Cosima Dannoritzer, nos abrió los ojos a una realidad que muchos consumidores compartían, pero a la que aún no habían puesto nombre: la obsolescencia programada. Es decir, se estaba permitiendo fabricar cualquier producto con fecha de caducidad y programar su tiempo de uso sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Hoy, sin embargo, reparar esos productos parece ser la mejor solución al desmesurado aumento de residuos, especialmente los industriales y tecnológicos que terminan, muchas veces, de manera ilegal, en países africanos y latinoamericanos. Los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos son los que más aumentan en todo el mundo, llegando a los 35 millones de toneladas anuales y los que menos se reciclan, con una tasa inferior a 40%. Asimismo, y según datos oficiales, la retirada de esos productos causa hasta 261 millones de toneladas de emisiones de CO2.

EL COMPROMISO AMBIENTAL, EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR Y EL IMPACTO SOCIAL DE LOS GRANDES VERTEDEROS HAN LOGRADO ESTA APUESTA POR LA REPARACIÓN

Compromiso social

Por eso, el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de abril una nueva propuesta para reforzar el derecho a reparar de los consumidores. Se trata de una batería de medidas que especifica las obligaciones que tendrán los fabricantes para garantizar la reparación de los productos de consumo y que impulsa esa nueva tendencia. La directiva 1799/2024 se publicó el pasado julio en el diario oficial de la Unión Europea y, desde ese momento, los Estados miembros disponen de veinticuatro meses para incorporarla a la legislación nacional y hacerla efectiva. La norma se suma así a la Directiva (UE) 2019/771, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes, que amplió la garantía por falta de conformidad de los productos al plazo de tres años, lo que obliga a los vendedores a contar con un adecuado sistema de reposición y repuestos para garantizar el correcto funcionamiento de los productos y servicios. De igual forma, esta propuesta refuerza también la filosofía tras la futura Ley de Consumo Sostenible, que favorecerá la producción de productos más duraderos y fáciles de reparar.

HACE APENAS UNOS AÑOS LO NORMAL ERA COMPRAR UN ELECTRODOMÉSTICO SOSPECHANDO QUE SE FABRICABAN PARA TENER UNA VIDA EFÍMERA

Y es que “el reparar antes de tirar”, que ya practicaban nuestros mayores, vuelve con fuerza. Si hace un par de décadas tirar cualquier producto estropeado era la primera solución a tener en cuenta, hoy, el mayor compromiso ambiental, el desarrollo de la economía circular y también, el impacto social que generan los grandes vertederos de Nigeria y Ghana, han logrado una apuesta europea por la reparación. A esos países van a parar, por ejemplo, los viejos ordenadores, televisores, móviles o microondas que nadie quiere.

Productos longevos

La norma afectará a grandes grupos de productos, pero las autoridades ya han advertido que la lista podría aumentar. Así, sus fabricantes deberán informar a los consumidores de las posibilidades de reparación y de las condiciones de las mismas. Esos productos, cuyo diseño ya está sujeto a requisitos técnicos de reparabilidad, son las lavadoras, secadoras, lavadoras-secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aspiradoras, pantallas electrónicas, tabletas, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, servidores, productos de almacenamiento de datos, productos que incorporan baterías de medios de transporte ligeros y equipos de soldadura. Sólo en aquellos casos en los que la reparación sea imposible, los fabricantes podrán negarse. El texto recoge que en esos casos el fabricante podría ofrecer un producto reacondicionado si lo considera oportuno o uno de sustitución durante el tiempo que dure el arreglo, que deberá tener un precio razonable e incluso ser gratuito. Los expertos reconocen que estas nuevas medidas podrían suponer un aumento de los precios si tenemos en cuenta la nueva gestión de las piezas o los contratos con los proveedores, pero también tendrán un impacto en la calidad de los productos y en la protección de los consumidores.

Mercado de reparación

La normativa tiene por objeto reforzar el mercado de la reparación en la UE y reducir los costes para los consumidores. Los fabricantes tendrán que poner a su disposición piezas de recambio y herramientas a un precio competitivo. Además, las empresas no podrán impedir el uso de repuestos de segunda mano o impresos en 3D por talleres de reparación independientes, ni negarse a reparar un producto únicamente por razones económicas o porque anteriormente fue reparado por terceros, según se desprende del texto. También se obligará a los países miembros a introducir medidas para promover la reparación, como vales y fondos de reparación, campañas de información, cursos y talleres de formación para aprender a reparar o apoyo a los espacios de reparación, etc. Todo deberá hacerse de manera clara y se sancionará cualquier publicidad engañosa al respecto. La norma abre así nuevas posibilidades de mercado en el negocio de la reparación y el repuesto que los consumidores valoran de manera positiva.

Índice de reparabilidad

Los electrodomésticos y los productos electrónicos, entre otros, tendrán que incorporar, cuando entre en vigor la nueva Ley de Consumo Sostenible, una nueva etiqueta que informará sobre el índice de reparabilidad del aparato, es decir, si es fácil o difícil repararlo. La etiqueta indicará de hecho cómo de fácil o difícil es conseguir las piezas del electrodoméstico o también cómo de cara o no puede ser la reparación en función al precio del producto, como ya ocurre en Francia. En aquellos casos en los que no exista una calificación de reparabilidad europea, se exigirán detalles sobre la disponibilidad, el coste estimado y los procedimientos para obtener piezas de repuesto. También habrá que informar a los consumidores sobre la disponibilidad de instrucciones de reparación y mantenimiento, y cualquier restricción relacionada con la reparación. Respecto a los productos digitales, se deberá informar sobre el tiempo que los usuarios dispondrán de actualizaciones gratuitas de software. De esta forma, cuando vayamos a comprar una lavadora, por ejemplo, además de comparar la eficiencia energética, que ya lo podemos hacer, o el precio, podremos comparar en función de la puntuación que tenga en el índice de reparabilidad, o las facilidades para reparar con respecto a otras. Pero, además, esta ley también tendrá en cuenta el ecodiseño, es decir el diseño de los productos para que garanticen mayor durabilidad y mejor facilidad para las reparaciones.

PARA SABER MÁS:

Parlamento Europeo: En la web del Parlamento Europeo se puede consultar el texto íntegro y las medidas que deberán tomar los fabricantes.

Organización de Consumidores y Usuarios: En su página web se recoge cómo afectará esta nueva directiva a los consumidores españoles y qué nuevos derechos tienen.

Escritura Pública: En números anteriores de la revista hemos explicado otras directivas que contribuyen a mejorar la protección del consumidor y a garantizar un ciclo de vida más largo para muchos productos y servicios.

«El gran reto cultural de promover la reparación», por José Luis Gallego

CONSUMO

JOSÉ LUIS GALLEGO,

divulgador ambiental

“Va a ser preciso emprender una gran campaña informativa que convierta el derecho a reparar en un deber ciudadano”

El gran reto cultural de promover la reparación

No se trata tan solo de obligar a los fabricantes a diseñar y fabricar productos que sean fácilmente reparables. El objetivo de la nueva normativa europea es también promover el interés de los consumidores por la reparación de los dispositivos averiados antes de optar por uno nuevo. Por eso se anima a los Estados miembros a que pongan en marcha campañas divulgativas que hagan más “sexy” esta opción. Una tarea que no va a resultar fácil entre los adictos a las novedades tecnológicas.

La vida media de un terminal de telefonía móvil en la UE es de tres años, justo el período de garantía obligatoria que establece la ley. Sin embargo, esa misma normativa obliga al fabricante a asegurar el suministro de los recambios necesarios para su reparación durante diez años. Entonces, ¿por qué los usuarios damos una vida tan corta a nuestros móviles? Pues porque en buena parte de los casos la sustitución no se produce porque el terminal haya dejado de funcionar correctamente, sino porque el fabricante lanza al mercado un nuevo modelo con un cambio de diseño o un ligero aumento de las prestaciones añadidas (a menudo triviales) que lo hacen más atractivo para su público incondicional.

Estar a la última en tecnología tiene un alto coste económico. Según los cálculos de la propia UE, los consumidores europeos en su conjunto destinamos cada año alrededor de 12.000 millones de euros a sustituir nuestros aparatos eléctricos y electrónicos en lugar de repararlos. Pero es que la factura ecológica es aún más alta.

Así, además de ser la fracción de la basura doméstica que más crece en la UE, con cerca de 40 millones de toneladas de residuos anuales, la renovación prematura de este tipo de productos provoca un aumento de las emisiones de CO2 de alrededor de trescientos millones de toneladas anuales. Un auténtico lastre para avanzar hacia una economía baja en carbono y cumplir con los objetivos climáticos que se recogen en el Pacto Verde Europeo.

Por todo ello, además de obligar a los fabricantes a que los componentes de sus productos sean fácilmente extraíbles, reparables o sustituibles a bajo coste, además de obligar a la Administración a promover servicios de reparación que sean cómodos de contratar, ágiles en la entrega y competitivos a nivel de precio, va a ser preciso emprender una gran campaña informativa que convierta el derecho a reparar en un deber ciudadano.

Un deber basado en el compromiso de todos con el medio ambiente y contra el cambio climático, algo que por cierto mueve cada vez más a los jóvenes, precisamente el sector de la población que muestra una mayor devoción a estar a la última en tecnología. Lograr establecer ese vínculo entre consumo responsable y cuidado del medio ambiente es una de las empresas que deben acompañar a la implantación de esta nueva normativa.

Una normativa que supone un gran paso adelante para reducir la chatarra tecnológica y evitar su alto coste ambiental. Pero que, para que sea efectiva, deberá dar paso a un cambio de conducta en la manera de relacionarnos con la tecnología de consumo. Superada ya la excusa de que “me sale más caro repararlo que comprar uno nuevo”, el objetivo ahora es promover lo que se ha dado en llamar la “alargascencia” como nueva cultura. Alargar la vida del teléfono móvil, la tableta o el portátil debe estar bien visto socialmente, y de manera especial entre aquellos que protagonizan y generan las tendencias de su consumo.

Es magnífico que la nueva ley obligue a que los móviles ofrezcan una mayor resistencia a las caídas accidentales o al rayado, que las baterías duren más y durante más tiempo o que las actualizaciones del sistema operativo dejen de convertirse en una estrategia de obsolescencia programada. Que arreglarlos sea en verdad tan fácil como comprar uno nuevo, y que salga más barato. Pero todo ello no servirá de nada si no logramos seducir al gran público para que se ponga a ello.

De lo que se trata es de aplicar la inteligencia a la inteligencia aplicada. Y en este caso ello pasa por conseguir que todos entiendan que el agotamiento de los recursos naturales amenaza nuestra supervivencia en el planeta y que, si convenimos en aceptar que mejor residuo es el que no se genera, también deberíamos hacerlo en admitir que la reparación de los aparatos eléctricos y electrónicos es la opción más sensata y razonable para dejar de generarlos, y para avanzar hacia un consumo mucho más sostenible y responsable de estos dispositivos. Unos dispositivos que, si bien nos permiten acceder a una vida más cómoda, también nos requieren una mayor atención para evitar el alto impacto ambiental que genera su consumo alargando su vida útil y reduciendo su huella de carbono.

El reto normativo era dotarnos de un reglamento común que contribuyera de manera eficaz a la transición hacia un modelo energético más limpio y renovable; a cumplir los objetivos de eficiencia energética de la UE, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a impulsar el avance de la economía circular. El reto cultural es lograr que la sociedad entienda hasta qué punto todo eso es importante y acepten el reto.