EE.UU. contra todos y todos contra EE.UU. por Carlos Sánchez

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN EL ESCAPARATE

Lo que está en juego es, ni más ni menos, quién ganará un formidable un pulso entre superpotencias, cada una con sus respectivos aliados

EE.UU. contra todos y todos contra EE.UU.

Ya es un tópico decir que ha vuelto la geopolítica. En realidad, nunca se fue, pero después de tres largas décadas de globalización, acelerada a principios de siglo tras la adhesión de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), ha regresado con intensidad. ¿La causa? Una nueva correlación de fuerzas ha trastocado el tablero mundial, y la vuelta de Trump a la Casa Blanca —el ensayista Robert Kagan lo ha resumido con un provocador: EE.UU. contra el mundo— sólo ha exacerbado esa tendencia. Y la guerra desatada en Oriente Medio hay que insertarla en ese contexto. La batalla geopolítica entre los dos colosos pasa por una reconfiguración de la región.

Lo que está en juego es, ni más ni menos, quién ganará un formidable un pulso entre superpotencias, cada una con sus respectivos aliados, como sucedió durante la guerra fría. La nueva Estrategia de Seguridad de EE.UU. —coherente con la posición de la OTAN en su reunión de Madrid— lo deja claro: China es el enemigo a batir.

Hay, sin embargo, una diferencia respecto de aquel tiempo, y no es pequeña. Trump no sólo ha quebrado el marco de relaciones comerciales de las últimas décadas entre Occidente y Oriente vía aranceles, es decir, la globalización tal y como la hemos conocido hasta ahora, sino que ha cuarteado el tradicional vínculo entre EE.UU. y Europa.

Presión arancelaria

El viejo continente está siendo hostigado por Washington mediante una presión arancelaria y diplomática, Groenlandia es el caso más evidente, impensable hace pocos años. Y en medio, por si este cambio de escenario no fuera suficiente, el auge del nacionalismo identitario que amenaza el prestigio de la democracia. En última instancia, el fin del orden liberal basado en reglas como el mejor instrumento para dirimir el conflicto social. El populismo, que se nutre de emociones, siempre lleva en su seno un componente nacionalista que responde a intereses tribales. La justificación que hace Rusia de la invasión de Ucrania es un buen ejemplo del auge del nacionalismo, como el movimiento MAGA, todavía de forma pacífica, cuando enarbola el America First.

La disputa, y este sí que es un fenómeno nuevo distinto a la guerra fría, abarca, incluso, a una de las grandes tendencias que han ofrecido estabilidad al sistema mundial de pagos desde Bretton Woods (1944). El dólar, que salió hegemónico de la II Guerra Mundial como moneda universal de reserva, con la oposición de un Keynes que perdió el debate frente al Harry Dexter White, está siendo amenazado por divisas todavía poco relevantes en el comercio mundial, pero en auge.

No es un asunto menor. Es, de hecho, la guerra de todas las guerras por su ascendencia sobre otros frentes. John Connolly, entonces secretario del Tesoro de EE.UU., quien viajaba junto a su mujer en el mismo coche en el que John F. Kennedy fue asesinado en Dallas, lo dijo claramente en 1971 refiriéndose a Europa: el dólar “es nuestra moneda”, pero es “vuestro problema”. Gracias a ese privilegio, EE.UU. ha podido financiar sus ingentes déficits, tanto público como por cuenta corriente. Y merece la pena recordar que China, a través del propio Xi Jinping, ya ha reclamado que el renminbi se convierta en una moneda de reserva global.

La causa es obvia. Pekín, en coherencia con su peso económico, pretende desempeñar un papel más importante en los sistemas financieros internacionales porque sus intereses ya van mucho más allá que sus fronteras físicas. No sólo es una carrera contrarreloj por la supremacía tecnológica (la inteligencia artificial o los avances biotecnológicos) o por la soberanía energética, incluido los minerales críticos o las tierras raras, sino que va mucho más allá.

China la prestamista

No en vano, China se ha convertido, gracias a sus inconmensurables superávits, en el primer prestamista del planeta, por encima de organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial y, por supuesto, EE.UU., lo que explica su interés en reivindicar el papel del renminbi. Nunca antes China se había manifestado tan claramente a favor de su moneda y en contra de los intereses de Washington en un asunto de vital importancia, ya que una moneda fuerte que compita con el dólar puede provocar una reconfiguración de los flujos financieros globales.

No es extraño, por eso, que en ocasiones Trump haya amenazado con aranceles a los países que paguen el petróleo en monedas distintas al dólar. La fortaleza de EE.UU. frente a Europa, y al margen de la superioridad militar, tiene que ver, precisamente, con la dependencia del viejo continente de los medios de pagos (Visa, Mastercard…) y de la nube, ambos controlados por empresas de EE.UU.

Es en este contexto en el que Europa busca su papel en el mundo. Pero no sólo en el plano económico, sino en el de los valores. Ya hay pocas dudas de que la democracia, aunque cueste creerlo, ha perdido prestigio en el planeta, donde los sistemas autoritarios, que han logrado desbordar los marcos ideológicos de la guerra fría, ganan brillo a causa de su presunta eficacia para generar prosperidad.

El planeta, como muchos no se cansan de repetir, no solo asiste a un pulso entre superpotencias, sino que, además, se enfrenta al fin del orden liberal basado en reglas. Exactamente, el mismo que ha funcionado desde 1945 tras la creación de organismos multilaterales, aunque también, hay que decirlo, no siempre lo hizo con acierto.

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Prohibir las redes: un “mal” menor, por Esther Paniagua

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LA @

Se dice que no hay que prohibir, sino educar, como si fuera una elección binaria. Se puede y se debe hacer ambas cosas."

Prohibir las redes: un “mal” menor

Revuelo mundial, de Australia a España, pasando por Francia, Reino Unido o Portugal. El país oceánico fue el primero en implementar la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. En Europa, Francia ha aprobado un proyecto de ley que fija la edad mínima en 15 años, mientras que España propone redoblar la apuesta.

Pedro Sánchez ya había anunciado hace meses la ampliación de la edad mínima para registrarse en redes sociales, de 14 a 16 años, a través de la ley de protección de los menores en los entornos digitales. Lo novedoso ahora es el anuncio de un paquete de medidas que incluye propuestas hasta ahora inéditas, como la de que los directivos de las plataformas respondan penalmente por las infracciones cometidas en ellas bajo su gestión, si no retiran contenidos ilegales o de odio.

Dispuestos Digitales

Se propone, además, tipificar como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilícito, junto con la creación de un sistema de rastreo, medición y trazabilidad que permita identificar y cuantificar la huella de odio y polarización en ellas. No solo eso. El presidente español también ha hecho una llamada a unirse -junto con otros cinco países europeos- a la “Coalición de los Dispuestos Digitales”, una alianza para avanzar en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

A pesar de todo, el debate público se ha centrado eminentemente en lo que ya conocíamos antes. La prohibición de los 16 años. Una necesaria medida profiláctica, tan aplaudida como criticada. Se dice que no hay que prohibir, sino educar, como si fuera una elección binaria. Se puede y se debe hacer ambas cosas. La prohibición es una salvaguarda pragmática, una reacción al estado de unas plataformas tóxicas que, por mucha educación que haya -y mientras no cambie su modelo de negocio- lo seguirán siendo.

No eludir responsabilidades.

Si no permitimos que los menores entren en webs pornográficas, a clubes de alterne o a entornos donde se comercia con ilegalidades, ¿por qué sí hacerlo en espacios digitales donde campan los depredadores sexuales y los contenidos inapropiados, diseñados para enganchar? Nadie discute que la educación digital sea necesaria, pero confiar en que por sí sola resolverá el problema no es ingenuo e irresponsable, además de una forma cómoda de eludir responsabilidades.

¿Que algunos menores se saltarán las prohibiciones o acudirán a plataformas aún más tóxicas? Por supuesto. Como siempre, hecha la ley, hecha la trampa. Pero si los sistemas de verificación son eficaces, esos casos serán marginales. ¿O es que la existencia de jóvenes que fuman o beben antes de los 18 años invalida la prohibición legal o vuelve innecesaria la norma? Regular no garantiza el cumplimiento absoluto, pero renunciar a hacerlo garantiza el desamparo.

Además, quienes alegan que dicha verificación de edad es una invasión de la privacidad, se equivocan, ya que existen formas de comprobar cuántos años tiene una persona sin necesidad de desvelar ningún otro dato, ni de pedir datos biométricos, ni documentos de identidad o tarjetas de crédito. Por tanto, que se convierta en un mecanismo de vigilancia depende del sistema elegido para implementar dicha medida.

Lo que sí viola la privacidad de los usuarios es la vigilancia y perfilado de sus comportamientos y contenidos que las redes sociales hacen de sus usuarios, tanto para presentarles anuncios y contenidos personalizados, como para entrenar sus modelos de IA. Por ese motivo, varias de ellas ya han sido multadas, o están bajo investigación.

Alternativas mejores

En cuanto al posible bien que las redes sociales pueden hacer a los menores, usadas con moderación y en el marco de comportamientos prosociales, no es un motivo que justifique no prohibir el acceso a Instagram, TikTok o X. Estas plataformas no son las únicas donde los menores pueden socializar y estar en contacto con sus amigos y compañeros, o ampliar su red.

Existen, de hecho, alternativas mejores: desde redes privadas de mensajería hasta los SMS de toda la vida o, mejor aún, usar el tiempo que antes se destinaba a esas plataformas a ver a sus amigos en persona, a hablar más con su familia, a hacer ejercicio y a dormir más. Cosas que la ciencia ya ha demostrado de sobra que aumentan la autoestima, mejoran la salud y reducen la ansiedad, y que son la verdadera fuente de una vida plena.

En paralelo, es imprescindible sanear los espacios públicos, y de ahí el otro paquete de medidas anunciado por Sánchez, el verdaderamente novedoso. Este se dirige a donde las tecnológicas más les duele: al corazón de su modelo de negocio, basado en incentivos económicos que priorizan la economía de la atención. Se maximizan el tiempo de uso, las interacciones y la recurrencia, mediante el diseño persuasivo y la manipulación algorítmica.

La consecuencia es que se favorecen contenidos emocionales, polarizantes o extremos, y una falta de moderación efectiva. Prosperan la desinformación y el extremismo, y las plataformas más privadas sirven como refugio y herramienta de difusión de comunidades radicales, lavado de dinero, etc. Esto, claro está, es más rentable que la información de interés público, o que mostrar meramente lo que comparten tus contactos o las personas a las que sigues, en orden de publicación y sin filtros.

Porno y pedofilia

Otra porción del pastel económico de estas plataformas son los ingresos procedentes del fraude publicitario, la ciberdelincuencia y el cibercrimen (según la propia Meta, alrededor de un 10% de sus ingresos). Eso sin olvidar el papel central del porno y la pedofilia como motor de tráfico y monetización, en un entorno donde maximizar el beneficio económico prevalece sistemáticamente sobre la protección de los usuarios y la salud del debate público.

Dada la gravedad de la situación, los máximos responsables de estas plataformas deben rendir cuentas por los daños causados. Igualmente crucial es garantizar el cumplimiento de las normas ya existentes para este tipo de actores -como la Ley de Servicios Digitales- que ayudaría a mitigar muchos de los problemas existentes.

Además, es imprescindible extender tanto estas normativas como las medidas como las planteadas por Sánchez a las plataformas de IA generativa y chatbots. Estas tecnologías ya están amplificando los mismos vicios que las redes sociales y creando otros nuevos, con un impacto potencialmente aún más devastador. Se pasa de la economía de la atención a la economía del apego, donde los chatbots comienzan a ocupar el lugar de mentores, terapeutas, amigos e incluso parejas emocionales, tanto en menores como en adultos.

Si no queremos tropezar de nuevo con la misma piedra, debemos anticiparnos al escenario distópico que ya se atisba con el uso irresponsable de estas herramientas. Puede sonar grandilocuente, pero el futuro de la humanidad está en juego.

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Aportación notarial a la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda, por Concepción Pilar Barrio Del Olmo

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA @ EN DESARROLLO

El Notariado juega un destacado papel por la función que tiene de cara a garantizar la seguridad jurídica, máxime en un contexto de enorme complejidad normativa."

Aportación notarial a la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda

La vivienda es uno de los problemas esenciales a los que se enfrentan las personas y familias en la actualidad. Un problema complejo y multifacético que afecta no solo a los grupos más vulnerables (personas sin hogar, hogares con bajos ingresos), sino también a la juventud y a la clase media.

Una crisis social

El mismo se extiende a toda la Unión Europea, habiendo indicado al efecto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en el discurso por ella pronunciado sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo el 10 de septiembre de 2025, que es más que una crisis inmobiliaria, es una crisis social, que desgarra el tejido social europeo, debilita nuestra cohesión y también amenaza nuestra competitividad. La Comisión ha presentado el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible.

En semejante sentido se pronunció el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, tras la reunión que tuvo lugar el 22 de octubre de 2025 con los presidentes del Comité Europeo de Regiones y del Consejo Económico y Social Europeo.

A tal efecto expuso que la asequibilidad y el acceso a la vivienda figuran entre las preocupaciones más urgentes de los europeos, teniendo la crisis de la vivienda un peligroso triple impacto: afecta a los derechos fundamentales de la ciudadanía, perjudica la competitividad y socava la confianza en las instituciones democráticas.

También el Parlamento Europeo está ocupándose de esta problemática siendo ejemplo de ello la constitución de una Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea.

Demanda de respuestas rigurosas

La crisis de la vivienda exige respuestas rigurosas, basadas en la experiencia práctica y en información fiable, que permitan adoptar medidas eficaces y sostenibles.

En la solución a este problema el Notariado juega un destacado papel por la función que tiene de cara a garantizar la seguridad jurídica, máxime en un contexto de enorme complejidad normativa y constantes reformas.

Por ello, resulta oportuno plantear algunas de las soluciones que, desde el Notariado, pueden contribuir a afrontar este reto esencial.

En primer lugar, la experiencia práctica y el contacto diario con las personas. Las notarías están en contacto permanente con el mercado inmobiliario y por ellas pasan en torno a 60.000 personas cada día. Esto nos permite observar de primera mano los efectos de la normativa sobre la vida cotidiana de la ciudadanía y sobre el funcionamiento real del mercado.

En este contexto, resulta imprescindible hablar de seguridad jurídica y de confianza, especialmente en un entorno marcado por la complejidad y la continua modificación normativa. La falta de seguridad jurídica se manifiesta de forma clara en dos ámbitos: en el proceso precontractual, previo a la compra de vivienda, y en el mercado del alquiler. En el primero, es frecuente la firma de contratos de arras sin asesoramiento ni control, con consecuencias relevantes una vez entregadas cantidades de dinero que, en muchos casos, son elevadas.

Inseguridad del mercado del alquiler

En segundo lugar, la falta de seguridad jurídica se aprecia también de manera evidente en el mercado del alquiler que no garantiza, hoy, la seguridad jurídica ni del propietario ni del inquilino. Es cierto que en España no existe una tradición consolidada de constituir los contratos de alquiler en escritura pública. Durante años, la propia legislación contribuyó a ello al establecer contratos normados en los que, existiendo acuerdo sobre el objeto y la duración, el resto de las condiciones venían determinadas por la ley. Esta situación cambió a partir del año 2013 y desde entonces existe una mayor flexibilidad, pero también una mayor complejidad normativa, lo que hace necesario el asesoramiento y el control de legalidad. Si se quiere profesionalizar el mercado del alquiler, será imprescindible profesionalizar también la redacción de los contratos y contar con un asesoramiento notarial imparcial y gratuito.

Un contrato bien comprendido y claramente consensuado no solo facilita su aplicación, sino que coadyuva a su cumplimiento. La intervención notarial permitiría reforzar la seguridad jurídica mediante el control del título, del derecho del arrendador, confirmando la titularidad del inmueble; aportando información al arrendatario sobre la situación jurídica de la vivienda; verificando la legalidad del contrato; e incorporando un inventario del estado de la vivienda y de los bienes arrendados. Asimismo, podría preverse la utilización de medios adecuados de solución de controversias, de conformidad con la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Además, la intervención notarial permitiría controlar el depósito de la fianza en los órganos correspondientes de las comunidades autónomas, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y detectar prácticas fraudulentas: como la celebración de contratos de temporada que tratan de eludir la regulación más protectora para el inquilino, del arrendamiento de vivienda.

Por no mencionar los efectos probatorios y ejecutivos de la escritura pública notarial.

Las tecnologías facilitarían la formalización del contrato si fuera posible el otorgamiento ante notario por videoconferencia, como ya lo permite la ley para otros actos y negocios jurídicos.

Transparencia e información

Todo ello contribuiría a fomentar el mercado del alquiler (hoy lastrado frente al de la propiedad por la falta de seguridad jurídica) aportando transparencia e información.

Junto a la seguridad jurídica, para avanzar en materia de acceso a la vivienda, resulta esencial disponer de datos objetivos y claros. Y en respuesta a esa necesidad, el Notariado ha puesto a disposición de la Administración y de la ciudadanía el Portal Estadístico de la vivienda, basado en datos auténticos, desagregados y actualizados procedentes del Índice Único Informatizado, que recoge los datos contenidos en las escrituras públicas. Su información es necesaria no solo para una buena política pública de vivienda, sino también para comprobar el impacto real de las medidas que se adopten. Y termino mencionando una frase de la Comisión Europea sobre la crisis de la vivienda: “Sin datos viables y detallados, la elaboración de políticas sólidas seguirá estando fuera de alcance”.

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Ni jóvenes ni viejos, por Carmelo Encinas

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

Es un colectivo lo bastante numeroso y está lo bastante desesperado para que el Estado ponga la mayor atención a su desgracia"

Una jubilación más flexible y gradual

Acaba de cumplirse el 40 aniversario de la muerte de Enrique Tierno Galván, el político que mejor vistió la alcaldía de Madrid. Tierno logró una transversalidad envidiable que le hacía querido y respetado por gente de toda condición social y política, incluidos los más alejados a su ideología. Lo consiguió transmitiendo una imagen de bonhomía y respetabilidad que envolvía en aquel traje gris de chaqueta cruzada que vestía en invierno y en verano. Era la imagen del “viejo profesor” que cultivaba desde los mítines de la España predemocrática a los que asistimos tantos adolescentes seducidos por su discurso y la proximidad que irradiaba. Tierno no tenía entonces más de 60 años y ya sujetaba con orgullo ese título de “viejo” como un sinónimo de vulnerabilidad. Cuarenta años después nadie con 60 años se atribuiría esa condición y menos la generación a la que pertenezco, esa que sucedió a la de la de la postguerra.

Hijos del desarrollismo

Nosotros no tuvimos que soportar las penalidades de los años de hambre, los de la escasez y el aislamiento internacional a que nos condenó una dictadura retrograda. Fuimos hijos del desarrollismo ilusionados con la causa democrática y la apertura a Europa que llevaría implícita el fin de la autocracia. Nuestros padres, en la medida de sus posibilidades, se habían esforzado en evitarnos las penalidades que ellos padecieron y nos abrían un futuro prometedor que anunciaba un modo de vida substancialmente mejor que la que ellos tuvieron. Y así fue. España asistió a los mejores años de su historia, años de progreso, de modernización, de prosperidad y, también, de libertad. Problemas serios no faltaron, pero el país evolucionó con tal dinamismo que en un tiempo récord consiguió equipararse a nuestros referentes europeos a los que tanto envidiábamos, Ese crecimiento proporcionó a la clase media una calidad de vida hasta entonces inédita permitiéndonos ofrecer a nuestros hijos ventajas y posibilidades en su educación y desarrollo de las que la mayoría de nosotros no disfrutó porque nunca estuvo al alcance de nuestros padres el proporcionarías. Les dimos todo aquello que nos habría gustado tener y estuvimos orgullosos de hacerlo desde la convicción de que la generación que nos sucedió gozaría de un futuro aún más prometedor que el nuestro. Tuvieron así la mejor infancia imaginable y una adolescencia tan confortable y placentera que muchos se negaban a madurar con tal de permanecer instalados en el status dorado que esa edad dorada les procuraba.

Paro endémico

Los problemas vendrían después cuando los puestos de trabajo escasearon a consecuencia del paro endémico que aun hoy no termina de despejar el mercado laboral español. El desempleo juvenil se disparaba, la ley de la oferta y la demanda en la contratación lastraba el crecimiento de los salarios y empezó a perfilarse ya la perspectiva de un futuro menos halagüeño del de sus progenitores. Fue cuando la pensión de los abuelos se convirtió en el refugio que soportaba la manutención de hijos y nietos en situaciones extremas y las casas de tantos jubilados hubieron de tapizarse de colchones para acoger la prole de su descendencia caída en desgracia.

Los últimos años tras la pandemia han sido de crecimiento sostenido hasta el punto de poner a España a la cabeza de los países con mayor empuje de la UE. Esto ha ocurrido en un contexto de atonía económica de nuestros socios europeos que, habida cuenta del estrecho vínculo financiero y comercial que nos relaciona con ellos, tiene especial notoriedad porque de haberles ido mejor a los países comunitarios el crecimiento de nuestro país habría sido aún mayor. Un crecimiento que ha saneado el tejido empresarial y que rebajó las tasas de empleo en términos absolutos, pero que no ha permeado lo bastante en la llamada economía micro que ahora presenta problemas estructurales diferentes a los que nos agobiaron años atrás. El de la vivienda es sin lugar a duda el más acuciante porque limita de forma radical la posibilidad de independizarse y formar nuevos hogares, además de poner en situación crítica a quienes viven de alquiler y, su sueldo, o la precariedad laboral, les impide satisfacer los pagos de la casa. Esto que parecía afectar solo a la gente joven se está manifestando con una crudeza extraordinaria entre la llamada “generación senior”, el segmento entre los 50 y 65 años que son parados de larga duración y ya no pueden pagar el alquiler, sus hijos no consiguen emanciparse y el mercado laboral les vuelve la espalda porque les considera demasiado mayores. No son lo suficientemente jóvenes para interesar a las empresas ni lo suficientemente viejos para llegar airosos a la jubilación. Es un colectivo lo bastante numeroso y está lo bastante desesperado para que el Estado ponga la mayor atención a su desgracia y establezca incentivos que reviertan su situación. Ninguna generación merece ser olvidada.

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La custodia del territorio: alianzas para conservar la naturaleza, por Félix Romero Cañizares

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

La Fundación Biodiversidad y el Consejo General del Notariado mantienen un convenio de colaboración que tiene como objetivo reforzar la seguridad jurídica de los acuerdos de custodia del territorio"

La custodia del territorio: alianzas para conservar la naturaleza

La naturaleza es fundamental para nuestra supervivencia y bienestar. Bosques, ríos, océanos y suelos nos proporcionan materiales y alimentos, regulan la calidad del aire que respiramos, el agua que bebemos y aquella con la que regamos nuestros campos.

Como muestra de su importancia, el Foro Económico Mundial, en su Informe de Riesgos Globales de 2025, afirma que el 55% del PIB mundial depende de la naturaleza.

En ese informe se identifican los riesgos medioambientales como una de las principales amenazas para el planeta, encabezados por los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y la escasez de recursos naturales.

El reto al que nos enfrentamos como humanidad es tan grande que no basta con la acción de los gobiernos y, por ello, diferentes estrategias y organismos de conservación de la naturaleza de ámbito europeo e internacional destacan la necesidad de mejorar la gobernanza ambiental, incorporando a la ciudadanía, a las ONG y al sector privado en la toma de decisiones y reforzando la colaboración entre todos los niveles de gobierno y actores relevantes.

En este sentido, la custodia del territorio se erige como una herramienta clave para impulsar la colaboración público-privada-social, ya que se basa en acuerdos voluntarios entre titulares de terrenos o derechos de un territorio con organizaciones sin ánimo de lucro, con el objetivo de conservar o restaurar los valores naturales, paisajísticos o culturales de ese territorio.

Esta figura un tanto desconocida por la sociedad, tiene amparo legal en España desde la aprobación de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Sus grandes potenciales son, por una parte, su carácter voluntario y, por otra, su capacidad para implicar a las personas y la sociedad civil para conservar y recuperar la naturaleza.

Los principales actores que intervienen en los acuerdos son las entidades de custodia, organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, y los titulares de terrenos o derechos, que se comprometen voluntariamente a proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural y la biodiversidad del espacio objeto del acuerdo.

Las entidades de custodia son, en su mayoría, ONG y fundaciones, aunque algunas administraciones pueden ejercer este papel. La titularidad de la propiedad es mayoritariamente privada, si bien también se formalizan acuerdos en terrenos públicos o comunales. Para la propiedad privada, implicarse en iniciativas de custodia supone una oportunidad de cuidar de su territorio contando con apoyo técnico y, en ocasiones, financiero. Sus motivaciones están relacionadas con estos beneficios y con el sentimiento de pertenencia al lugar y la responsabilidad y el interés de conservarlo.

En España, la custodia se lleva impulsando desde hace décadas y es una figura reconocida y consolidada, como muestran los datos del 7º Inventario de iniciativas de custodia del territorio en España, que recoge información aportada por 268 entidades de custodia, con un total de 4.632 acuerdos que abarcan una superficie de más de 708.000 hectáreas (1,4 % de la superficie del país).

La Plataforma de Custodia del Territorio (PCT), impulsada por la Fundación Biodiversidad (MITECO) y que lleva ya casi 20 años de andadura, es un espacio de promoción de la custodia y de encuentro para los distintos agentes que intervienen en los acuerdos en España. Desde el año 2019, además, la Fundación Biodiversidad y el Consejo General del Notariado mantienen un convenio de colaboración que tiene como objetivo reforzar la seguridad jurídica de los acuerdos de custodia del territorio.

Alcanzar este objetivo es una de las metas previstas en la Estrategia de la PCT 2023- 2027 y es una de las líneas de trabajo del proyecto LIFE CUSTODIA, inspirado en esa estrategia y que sirve de palanca para impulsar la custodia del territorio.

Una mayor seguridad jurídica de los acuerdos aporta garantías a la propiedad, a las entidades y a potenciales financiadores, incrementa el valor de conservación de los acuerdos y podría facilitar la integración de la información de las iniciativas de custodia en las políticas públicas y el reporte de su contribución a la conservación a través de los sistemas de seguimiento nacionales e internacionales, como el Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, la Base Mundial de Áreas Protegidas o los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

España es uno de los países con mayor biodiversidad de la Unión Europea y del mundo. Somos un país rico en naturaleza, pero nos enfrentamos a numerosas amenazas derivadas de la transformación del territorio, la pérdida y degradación de los hábitats naturales, la sustitución de los usos tradicionales, la fragmentación de las poblaciones naturales, el cambio climático y las especies exóticas invasoras.

Es imprescindible contar con el tejido social, alentar la convicción colectiva de que realmente tenemos que aliarnos para mejorar el estado de la biodiversidad y de los ecosistemas.

En un contexto de creciente crisis ecológica y climática, la implicación activa de los servidores públicos, la propiedad privada y las organizaciones de la sociedad civil resulta imprescindible para avanzar hacia modelos de gestión del territorio más eficaces, corresponsables y orientados al bien común.

Conservar esa riqueza supone una gran responsabilidad y la custodia del territorio es una herramienta transformadora para lograrlo, en la que el notariado, como garante de la seguridad jurídica, ejerce un papel clave.

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El valor de la seguridad jurídica en la protección del medio ambiente, por Ignacio Ferrer Cazorla

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN ESTE PAÍS

La Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Notariado constituye un instrumento clave para articular una respuesta institucional prudente, rigurosa y jurídicamente sólida"

La custodia del territorio: alianzas para conservar la naturaleza

El abandono rural, el aumento del riesgo de incendios forestales, la degradación de montes y cauces o el impacto de episodios climáticos extremos —como las danas— obligan a repensar la gestión y protección del territorio. Estos fenómenos evidencian que los desafíos ambientales son hoy, de forma directa, desafíos humanos, ya que afectan a la seguridad de las personas, a sus medios de vida y a la sostenibilidad del medio rural.

Desde esta perspectiva, los retos ambientales no pueden abordarse únicamente desde una óptica técnica o administrativa. Requieren diálogo, corresponsabilidad y cooperación entre Administraciones públicas, sector primario y sociedad civil, así como un marco de seguridad jurídica que permita conciliar intereses legítimos en ámbitos como la agricultura, la ganadería, la gestión forestal, la protección del medio natural y la prevención de riesgos.

Vocación transversal

En este contexto se enmarca la creación de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General del Notariado. Con una vocación transversal, la Comisión nace como un espacio de análisis, reflexión y propuestas, orientado a impulsar una visión integradora del territorio, en la que la protección ambiental se conciba como una oportunidad para reforzar la cohesión social, prevenir riesgos y favorecer un desarrollo rural equilibrado.

La experiencia demuestra que las políticas ambientales resultan más eficaces cuando cuentan con la implicación de quienes viven y trabajan en el territorio. Agricultores, ganaderos y propietarios forestales son aliados esenciales para compatibilizar conservación, actividad económica, diversificación productiva, fijación de población y prevención de riesgos.

En este escenario, el Notariado aporta un valor diferencial como garante de la legalidad, de la seguridad jurídica y de la voluntad informada de las partes. Su intervención permite dar solidez y estabilidad a compromisos ambientales de largo recorrido, ya sea mediante la formalización de acuerdos voluntarios o el asesoramiento imparcial en operaciones vinculadas a la gestión del territorio.

Instrumentos como la custodia del territorio ejemplifican esta aportación. A través de acuerdos voluntarios, es posible compatibilizar la conservación del medio natural con los usos tradicionales, dotando de seguridad jurídica a todas las partes y favoreciendo una gestión responsable del territorio.

Claridad y seguridad jurídica

Más allá de figuras concretas, la sostenibilidad exige gestión, y la gestión requiere seguridad jurídica. La indefinición en la titularidad, los usos o las responsabilidades sobre fincas, montes, caminos o cauces suele traducirse en abandono, falta de mantenimiento y aumento de riesgos ambientales. Por el contrario, la claridad jurídica favorece una gestión activa, continuada y responsable del territorio.

En definitiva, afrontar los desafíos ambientales de forma eficaz implica situar a las personas y al territorio en el centro. La seguridad jurídica es un elemento clave para generar confianza, facilitar acuerdos, prevenir conflictos y promover una implicación real en la conservación del entorno.

La Comisión nace con una vocación clara: integrar los principios de sostenibilidad en la gobernanza institucional del Notariado, sin alterar su esencia ni invadir ámbitos competenciales ajenos. Su labor no se asienta en la definición de políticas ambientales materiales, sino en garantizar que el Notariado español se adapte de forma ordenada, rigurosa y neutral a un entorno normativo cada vez más complejo y exigente.

La sostenibilidad, entendida en este ámbito, no se limita a la dimensión ambiental. Abarca también aspectos económicos, sociales y jurídicos íntimamente ligados a la seguridad jurídica preventiva, la transparencia del tráfico jurídico y la confianza de la ciudadanía. Buena parte de los actos y contratos que se autorizan ante notario –transmisiones inmobiliarias, operaciones mercantiles, constitución de sociedades, financiación, actos urbanísticos o sucesorios- se encuentran hoy directamente condicionados por normas ambientales, energéticas o de uso del territorio.

Ejemplaridad institucional

En este escenario, la comisión de sostenibilidad y medio ambiente actúa como órgano de análisis, propuesta y coordinación técnica, identificando los ámbitos en los que la sostenibilidad incide en la función notarial y proponiendo criterios que refuercen la homogeneidad y claridad en la práctica diaria. Uno de los ejes del trabajo de la comisión es la ejemplaridad institucional. La modernización del Notariado pasa por la digitalización de procesos, la reducción del uso de papel, la eficacia en el consumo de recursos y la optimización de la gestión interna. Estas actuaciones no responden a una lógica simbólica, sino a criterios de eficiencia administrativa y responsabilidad institucional, acordes con la condición del Consejo General del Notariado como corporación de derecho público.

Asimismo, la Comisión impulsa la formación y actualización profesional, consciente de que la creciente densidad normativa en materia de sostenibilidad exige un conocimiento técnico sólido y actualizado. La formación se concibe desde un enfoque estrictamente jurídico práctico, orientado a facilitar la correcta aplicación del Derecho en el ejercicio de la función notarial.

Finalmente, la Comisión promueve la cooperación institucional con otras corporaciones públicas, Administraciones y operadores jurídicos, reforzando el papel del Notariado como interlocutor técnico de referencia en aquellos ámbitos en los que la sostenibilidad se proyecta sobre el tráfico jurídico.

La Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General del Notariado constituye un instrumento clave para articular una respuesta institucional prudente, rigurosa y jurídicamente sólida ante los retos de la sostenibilidad, reforzando el papel del Notariado como garante de la seguridad jurídica y del interés general en una sociedad en constante transformación.

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El nuevo horizonte de las transferencias instantáneas en la UE: el Bizum a la europea, por Fernando Serrano Antón

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

ÁMBITO EUROPEO

La motivación principal es recobrar el control europeo de los flujos de pago y reducir la dependencia de las grandes redes de tarjetas extranjeras"

El nuevo horizonte de las transferencias instantáneas en la UE: el Bizum a la europea

La transformación digital de los pagos se ha convertido en un eje crítico de la agenda económica de la Unión Europea. La Comisión Europea y el Banco Central Europeo, junto con los principales bancos, impulsan la creación de una infraestructura paneuropea de transferencias instantáneas inspirada en Bizum y basada en las normas SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst). El objetivo es combinar exigencias regulatorias con innovación para proporcionar a todos los ciudadanos un servicio de pagos soberano, interoperable y disponible 24/7.

Modalidad instantánea

En marzo de 2024, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el Reglamento (UE) 2024/886, que obliga a cualquier proveedor que ofrezca transferencias ordinarias a prestar también la modalidad instantánea, con abono en la cuenta del beneficiario en menos de diez segundos y disponibilidad continua. Las comisiones no pueden superar las de las transferencias convencionales y los bancos deben estar preparados para recibir pagos inmediatos el 9 de enero de 2025 y enviarlos el 9 de octubre de 2025. El Reglamento también incorpora un servicio de verificación que exige comprobar que el IBAN del destinatario corresponde con su nombre antes de ejecutar la operación, con la finalidad de evitar pagos a beneficiarios equivocados.

El marco normativo se ha visto modificado con el acuerdo político, con fecha 27 de noviembre de 2025, para la aprobación de la PSD3 (Directiva 3 de servicios de pago) y el Reglamento de Servicios de Pago (PSR). Estas normas refuerzan la lucha contra el fraude, conceden más derechos a los usuarios en casos de fraude y permiten que proveedores no bancarios accedan directamente a los sistemas de pago. Además, amplían las bases para la banca abierta y la futura open finance.

El monedero Wero

La European Payments Initiative (EPI), respaldada por grandes bancos europeos, lanzó en 2024 el monedero Wero. Este sistema, ya operativo en Francia, Alemania, Bélgica y Países Bajos, permite enviar o solicitar dinero y realizar compras en línea mediante transferencias SCT Inst en menos de diez segundos. Wero planea sustituir métodos locales como iDEAL en los Países Bajos y se expandirá en 2026 para admitir pagos en comercios físicos.

Por otro lado, la European Payments Alliance (EuroPA) agrupa a Bizum (España), Bancomat (Italia), SIBS–MB Way (Portugal), Vipps MobilePay (países nórdicos) y la propia EPI. A principios de 2026, firmaron un memorando de entendimiento para interconectar sus soluciones. La fase técnica está en marcha y se espera que las transferencias personales transfronterizas comiencen en 2026 y los pagos en comercios en 2027. Los socios crearán una entidad central de interoperabilidad que respetará las marcas y aplicaciones existentes; los usuarios seguirán usando su app habitual, pero verán un distintivo que indicará la aceptación en otros países. La alianza cubrirá inicialmente 13 países y llegará a unos 130 millones de usuarios.

Reducir la dependencia

La motivación principal es recobrar el control europeo de los flujos de pago y reducir la dependencia de las grandes redes de tarjetas extranjeras (VISA y Mastercard). La infraestructura conjunta de Wero y EuroPA, junto con el posible euro digital, es la respuesta europea al dilema entre soberanía y conveniencia. Los beneficios previstos incluyen la autonomía estratégica de la UE al disponer de una red de pagos propia que limita la dependencia de proveedores extracomunitarios. Además, los costes deben mantenerse reducidos, ya que las normas prohíben cobrar más por una transferencia instantánea que por una ordinaria. Asimismo, se garantiza la rapidez y la eficiencia al procederse al abono en menos de diez segundos. Otro beneficio consiste en la inclusión y dinamismo, dado que la interoperabilidad fomentará el comercio transfronterizo y la movilidad dentro de la UE. Por último, la extensión a pagos en comercios físicos y electrónicos, así como la integración con servicios de identidad digital, podría impulsar nuevos servicios digitales.

Retos pendientes

Obviamente esta transformación debe afrontar algunos retos pendientes: el primero, la propia coordinación técnica y regulatoria, ya que la creación de un hub paneuropeo exige armonizar sistemas antifraude, verificación de titulares y vigilancia de ciberseguridad, todo ello bajo la supervisión del RGPD y de la Autoridad Bancaria Europea. El segundo, consiste en el reparto de costes y gobernanza, o lo que es lo mismo se precisa definir la participación accionarial y la responsabilidad de cada entidad en la nueva sociedad central; en tercer lugar, el reto consiste en la adopción por los usuarios y comercios, porque, aunque Bizum tiene una alta penetración en España, otros mercados pueden presentar barreras culturales o regulatorias, por ello la experiencia de usuario y la confianza serán claves. Y, por último, tenemos el reto de la competencia de otras iniciativas como, por ejemplo, el desarrollo del euro digital, la llegada de la PSD3 y la presencia de grandes plataformas globales que obligan a diseñar un servicio de valor añadido y conforme a la regulación.

El “Bizum a la europea” resulta de la confluencia entre regulación (Reglamento 2024/886, la Directiva de servicios de pagos 3 y el Reglamento de servicios de pago), infraestructura (SEPA Instant y TIPS) e innovación (Wero y EuroPA). Si los desafíos se gestionan bien, esta iniciativa consolidará la soberanía digital de la UE, reforzará el mercado interior y ofrecerá a usuarios y empresas un sistema de pagos rápido, seguro y asequible. Más que replicar el éxito de Bizum en España, aspira a crear un mercado de pagos verdaderamente unificado y adaptado a la era digital en Europa.

The main motivation is to regain European control of payment flows and reduce dependence on large foreign card schemes"

The new horizon of instant transfers in the EU: European-style Bizum

The digital transformation of payments has become a critical part of the European Union’s economic agenda. The European Commission and the European Central Bank, together with major banks, are pushing for the creation of a pan-European instant credit transfer infrastructure inspired by Bizum and based on SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) standards. The aim is to combine regulatory requirements with innovation in order to provide all citizens with a sovereign, interoperable and 24/7 payments service.

Instant mode

In March 2024, the European Parliament and the Council adopted Regulation (EU) 2024/886, which obliges any provider offering ordinary credit transfers to also provide the instant transfers option, with the beneficiary’s account being credited in under ten seconds and continuous availability. Fees cannot exceed those for conventional transfers and banks must be prepared to receive immediate payments on 9 January 2025 and send them on 9 October 2025. The Regulation also incorporates a verification service that requires checking that the recipient’s IBAN corresponds to their name before executing the transaction, in order to avoid payments going to the wrong beneficiaries.

The regulatory framework has been modified with the political agreement, dated 27 November 2025, for the adoption of PSD3 (Payment Services Directive 3) and the Payment Services Regulation (PSR). These rules strengthen the fight against fraud, grant users more rights in cases of fraud and allow non-bank providers direct access to the payment systems. In addition, they broaden the bases for open banking and the future of open finance.

The Wero wallet

Backed by major European banks, the European Payments Initiative (EPI) launched the Wero wallet in 2024. This system is already operational in France, Germany, Belgium and the Netherlands, allows money to be sent or requested and online purchases to be made via SCT Inst transfers in less than ten seconds. Wero plans to replace local methods such as iDEAL in the Netherlands and will expand in 2026 to support payments in physical stores.

On the other hand, the European Payments Alliance (EuroPA) brings together Bizum (Spain), Bancomat (Italy), SIBS–MB Way (Portugal), Vipps MobilePay (Nordic countries) and EPI itself. In early 2026, they signed a memorandum of understanding in order to interconnect their solutions. The technical phase is underway and cross-border personal transfers are expected to start in 2026 and merchant payments in 2027. The partners will create a central interoperability entity that will respect existing brands and applications; users will continue to use their usual app, but will see a badge indicating acceptance in other countries. The alliance will initially cover 13 countries and reach some 130 million users.

Reducing dependency

The main motivation is to regain European control of payment flows and reduce dependence on large foreign card schemes (VISA and Mastercard). The joint infrastructure of Wero and EuroPA, together with the possible digital Euro, is Europe’s answer to the dilemma between sovereignty and convenience. The expected benefits include the EU’s strategic autonomy by having its own payment network that limits dependence on non-EU suppliers. In addition, costs must be kept low, as the rules prohibit charging more for an instant transfer than for an ordinary transfer. Speed and efficiency are also ensured, as the payment is made in less than ten seconds. Another benefit is inclusiveness and dynamism, as interoperability will encourage cross-border trade and mobility within the EU. Finally, the extension to payments in physical and e-commerce stores, as well as integration with digital identity services, could drive new services.

Pending challenges

Obviously, this transformation must face some upcoming challenges: first, the technical and regulatory coordination itself, as the creation of a pan-European hub requires harmonisation of anti-fraud systems, verification of holders and cybersecurity monitoring, all under the supervision of the GDPR and the European Banking Authority. The second challenge is the distribution of costs and governance, i.e., the shareholding and responsibility of each entity in the new central company must be defined; thirdly, the challenge is the adoption by users and merchants, because, although Bizum has a high penetration in Spain, other markets may present cultural or regulatory barriers, so the user experience and trust will be key. Finally, there is the challenge of competition from other initiatives, such as the development of the digital euro, the arrival of PSD3 and the presence of large global platforms, which shall require a value-added and compliant service to be designed.

The «European-style Bizum» is a result of the confluence of regulation (Regulation 2024/886, the Payment Services Directive 3 and the Payment Services Regulation), infrastructure (SEPA Instant and TIPS) and innovation (Wero and EuroPA). If the challenges are well managed, this initiative will strengthen the EU’s digital sovereignty, strengthen the internal market and offer users and businesses a fast, secure and affordable payment system. Rather than replicating the success of Bizum in Spain, it aims to create a truly unified and digitally adapted payments market in Europe.

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La esperada ley de atención a la clientela ya está entre nosotros, por Gustavo Samayoa Estrada

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

CONSUMO

El servicio telefónico en ningún caso proporcionara ingresos adicionales, ni directos ni indirectos a la empresa, a costa de la clientela"

La esperada ley de atención a la clientela ya está entre nosotros

La Constitución española en su art 51 recoge que los poderes públicos deben garantizar la defensa de las personas consumidoras y usuarias, protegiendo mediante procedimientos eficaces, entre otros, sus legítimos intereses económicos.

De ahí emana la nueva norma de atención a la clientela, así como de la normativa europea de protección al consumidor, que, por otro lado, viene a dar respuesta a las reivindicaciones de los usuarios, que urgían ciertas exigencias en relación a los servicios de atención a la clientela de grandes empresas. Las organizaciones de consumidores han venido reivindicando durante mucho tiempo, ante los diferentes problemas estructurales entre esas grandes empresas y las personas consumidoras, esa atención a la clientela.

Falta de respuesta

El consumidor tenía problemas para presentar sus quejas, incidencias o reclamaciones. En algunos casos existía una falta de respuesta por parte de las empresas o se daban informaciones confusas o incompletas y en otros casos poco transparentes. Necesitábamos un marco legal para evitar permanencias abusivas, clausulas poco claras generadoras de conflictos o facturaciones erróneas. Necesitábamos canales reales de atención para salvar dificultades, así como servicios automatizados de atención humana. Se prevé en la norma la obligación para las grandes empresas de que sus oficinas y servicios de atención a la clientela aseguren a las personas consumidoras la constancia de sus quejas y reclamaciones, y, si tales servicios utilizan la atención telefónica o electrónica para llevar a cabo sus funciones, deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar otros medios técnicos a su alcance.

En este mismo sentido la ley 4/22 de protección de los consumidores y usuarios frente a actuaciones de vulnerabilidad económica y social, impone a las Administraciones públicas la obligación de velar por la protección de los derechos de las personas vulnerables, definiendo el concepto de consumidor vulnerable.

Evitar la vía judicial

Uno de los objetivos de la norma es evitar que muchas reclamaciones acaben en los Tribunales Ordinarios de Justicia. Promueve los sistemas alternativos de Justicia, como el Arbitraje de Consumo, para la resolución de los conflictos, cuando estos no se resuelvan entre la persona consumidora y la empresa, debiendo la empresa informar sobre estos organismos u otros para plantear las reclamaciones.

Esta regulación busca fortalecer la confianza del consumidor. Se regulan plazos máximos de respuesta, registro de reclamaciones y la obligación de contestar en plazos razonables y de una forma fundamentada. Hasta hoy los usuarios se quejaban, entre otras, de largas esperas telefónicas, derivaciones a diferentes departamentos cuando se utilizaban los medios telefónicos para solicitar atención, y líneas de tarificación adicional, sin informar sobre ello al consumidor, que convertían en onerosas una simple consulta o la resolución de un problema. Un alto número de quejas y reclamaciones de los usuarios se centraba en llamadas a servicios de atención a la clientela atendidos por personal que, en algunas ocasiones, no había recibido una formación específica, dando información diversa o incluso discrepante y que no facilitaba clave o números identificativos, como dispone el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios. Estas carencias se observaban, sobre todo, en empresas que prestan sus servicios de tracto sucesorio, como las de telecomunicaciones, las empresas de suministro energético y otras análogas. La ley establece que, cuando se trate de acceder a los servicios de atención al cliente a través de una llamada telefónica, en relación al contrato celebrado, esto no suponga para los clientes un coste superior al coste de una llamada a una línea telefónica fija o móvil estándar. Además, en aquellos casos de servicios básicos de interés general, las empresas deben disponer de un teléfono gratuito de atención al cliente.

También se garantiza que las oficinas y servicios de información y atención a la clientela sean diseñados utilizando medios y soportes que salvaguarden los principios de accesibilidad universal.

Defensa efectiva

Es una norma que viene a equilibrar, para la persona consumidora, una defensa efectiva, garantizando la atención, respuestas y resoluciones inmediatas, a través de canales efectivos, y para las empresas menos conflictividad, fidelización de la clientela y mejora de su reputación. Bien es cierto que algunas grandes empresas ya contaban con sistemas de atención a la clientela, pero esta norma busca, sobre todo, que esa atención sea mejorada y que su eficacia sea total, procediendo a abordar los servicios de atención, estableciendo unos parámetros mínimos de calidad que deberán cumplirse obligatoriamente.

También recoge que la norma sea de aplicación a los servicios de interés general prestados por las Administraciones públicas a los consumidores. En el ámbito financiero con respecto a las entidades, se prevé la aplicación de la norma sectorial, y la Ley de Atención de la Clientela actuara con carácter supletorio.

En relación al medio ambiente, también la norma se ocupa que los principios generales que han de regir en los servicios de atención a la clientela especialmente en aquellas empresas que tienen un impacto directo sobre el medio ambiente, como son las empresas de suministro de energía.

Atención presencial

Por otro lado, los medios de interlocución con los usuarios han de figurar en los contratos y, las consultas, reclamaciones, quejas e incidencias, y han de ser en el idioma en el que se realizó el contrato. Los niveles mínimos de comunicación deberán hacerse desde el mismo medio en que se inició la relación contractual. Esta relación se realizará de forma presencial, si así lo solicita el cliente, debiendo ser prestada por personal formado de la empresa, sin olvidar que también se pueden hacer por otros medios: postal, telefónico o electrónico, siempre a discreción de los consumidores y, en su caso, a la publicidad de la empresa.

En cuanto a los plazos, la ley prevé que las consultas telefónicas deberán ser atendidas por la empresa, garantizando que el 95% ha de ser atendido en un plazo inferior a 3 minutos. El servicio telefónico en ningún caso proporcionara ingresos adicionales, ni directos ni indirectos a la empresa, a costa de la clientela. Las reclamaciones, consultas, quejas o incidencias tendrán que resolverse en el plazo más breve posible, y en todo caso no superior a 15 días, salvo que la normativa sectorial establezca un plazo distinto. Cuando se trate de contratos de tracto sucesivo vinculados a los servicios de carácter básico de interés general, las consultas o incidencia relacionadas con la continuidad del servicio, tales como cortes o suspensión de suministros, deberán resolverse en un plazo máximo de dos horas, informando sobre las causas y el plazo estimado de restauración del servicio. En el caso de facturaciones o cobros indebidos deberán responderse en el plazo máximo de 5 días.

En definitiva, es una norma que viene a regular las relaciones entre los consumidores y las empresas cuando se trate de los servicios de atención al cliente, las sanciones por su incumplimiento y la protección de datos de los clientes.

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La protección de los consumidores ante la manipulación digital, por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Estamos ante unas prácticas abusivas que persiguen interferir y manipular las decisiones de compra de las personas consumidoras"

La protección de los consumidores ante la manipulación digital

Los mercados digitales y el exponencial auge del comercio en línea provocan importantes desafíos para los consumidores que se enfrentan a riesgos, reales y potenciales, como la afectación de la seguridad de sus datos personales o la proliferación de prácticas engañosas de manipulación (patrones oscuros), entre otros, que lesionan sus derechos básicos.

El Consejo y el Parlamento Europeo aprobaron el 19 de octubre de 2022 la Ley de Servicios Digitales (Reglamento de Servicios Digitales) con el objetivo de proteger el ámbito digital ante la difusión de contenidos ilícitos y prácticas engañosas y garantizar los derechos fundamentales de consumidores y usuarios. Nuevas normas que se aplican desde el 17 de febrero de 2024 y que persiguen crear un entorno en línea más seguro, reforzando la trazabilidad, la transparencia y la supervisión.

Prácticas de manipulación

Tras la aprobación de este marco regulatorio, la Comisión Europea y las autoridades nacionales de protección de los consumidores de veintitrés Estados miembros, Noruega e Islandia, que conforman la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores o Red CPC, publicaron en febrero de 2023 los resultados de un cribado de sitios web de venta minorista. Se analizaron 399 tiendas en línea de venta de productos textiles y electrónicos buscando prácticas abusivas de manipulación online de los consumidores.

La investigación puso de manifiesto que, de las 339 tiendas visitadas, 148 sitios contenían tres tipos de prácticas de manipulación o patrones oscuros que incidían en el comportamiento del consumidor para empujarlo a tomar decisiones sobre sus compras que podían no responder a sus intereses e incluso les perjudicaban. Las prácticas identificadas respondían a estas tres categorías. Por un lado, falsos temporizadores con cuenta atrás para la compra de productos específicos que buscaban forzar decisiones rápidas y compulsivas de compra. Por otro, interfaces para inducir a la compra: 54 páginas web redireccionaban hacia determinadas opciones como suscripciones, productos u opciones de entrega más caros. También información oculta: 70 sitios web ocultaban o relegaban información relevante para los clientes como gastos de envío, composición del producto o posibilidad de un precio más barato. Otras 23 escondían información con el objetivo de conseguir que los consumidores se suscribieran a algún tipo de servicio.

En resumen, casi el 40 % de los sitios web de compras en línea analizados utilizaban prácticas manipuladoras con el objetivo de engañar al consumidor.

Sus objetivos

El término patrón oscuro, o dark pattern, hace referencia a interfaces o implementaciones de experiencias del usuario utilizadas en el entorno digital con el objetivo de influenciar el comportamiento y las decisiones de las personas que interactúan con páginas web, aplicaciones o redes sociales. Estamos ante unas prácticas abusivas que persiguen interferir y manipular las decisiones de compra de las personas consumidoras. Estos patrones oscuros pueden presentarse al usuario en distintos momentos o fases del proceso de interacción: durante el proceso de registro o alta, al realizar una compra online, al iniciar sesión, o también en otros escenarios como en la configuración de las opciones de privacidad, banners de cookies, ejercicio de derechos de tratamiento de datos o incluso al intentar darse de baja de una plataforma.

Junto con la regulación, la supervisión y la denuncia de estas prácticas de manipulación son herramientas clave para luchar contra ellas y, por ello, resulta crucial el papel que deben desempeñar las autoridades de protección del consumidor y las asociaciones de consumidores.

Respecto de las autoridades nacionales de consumo, la propia Comisión Europea hizo un llamamiento, tras el citado informe de 2023, a los Estados miembros para que reforzaran la supervisión y adoptaran medidas eficaces en la lucha contra los contenidos ilícitos, la falta de transparencia e información y las prácticas abusivas en los entornos digitales.

Medidas nacionales

En España, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impulsó recientemente, en noviembre de 2025, una campaña de monitorización y vigilancia para investigar posibles prácticas engañosas de grandes empresas durante la conocida época de rebajas denominada Black Friday o viernes negro, y el posterior Cyber Monday. En concreto, la Dirección General de Consumo ha supervisado, a través de un barrido tecnológico, prácticas como las subidas de precio de los productos antes del Black Friday para luego rebajarlos a su precio original, además de otros patrones oscuros ilícitos como los precios por goteo, técnicas de venta bajo presión, precios dinámicos o precios personalizados basados en datos personales. Todas ellas, prácticas que reducen la transparencia y buscan inducir a error a la persona consumidora o a que tome decisiones de compra precipitadas.

De otra parte, las asociaciones de consumidores estamos comprometidas con la lucha contra los patrones oscuros y promovemos tanto la denuncia de estas prácticas como la información y formación de los consumidores, factores clave también para prevenir y evitar técnicas de manipulación y engaño en los mercados digitales y el comercio electrónico.

La vigilancia por parte de todos los interesados es el primer aliado. Los consumidores debemos relacionarnos con los mercados en línea desde la precaución, la prevención y la reflexión, dedicando tiempo para leer con detenimiento opciones y contenidos, especialmente pantallas de pago, donde a menudo se ocultan los trucos más astutos.

Con tiempo

Debemos estar atentos al proceso de compra y sus detalles, evitando la precipitación y aceptar sin querer una suscripción o un cargo adicional y revisando el carrito de compra con esmero antes de dar el paso final, asegurándonos de que cada artículo y servicio en el listado se corresponden con el elegido de forma consciente y eliminando cualquier elemento que no se reconozca o no se recuerde haber seleccionado, ya que algunos sitios web añaden automáticamente productos adicionales, seguros o garantías no pedidos.

Junto con la vigilancia, el conocimiento de los derechos que tenemos en nuestra condición de consumidores y usuarios resulta otra herramienta fundamental. La legislación europea establece un marco de protección contra las prácticas comerciales desleales. Conocer ese marco y los mecanismos para reclamar y denunciar prácticas abusivas colocan al consumidor en una posición más fuerte para relacionarse y navegar en el mundo digital.

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La Inteligencia Artificial y un doble Homo Cretinus, por José Juan Toharia

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EN SOCIEDAD

La inteligencia artificial no se produce precisamente en el mejor momento de la otra inteligencia de la que emana: la humana"

La Inteligencia Artificial y un doble Homo Cretinus

De forma tan súbita como arrolladora, el tema de nuestro tiempo no es ya la explosión demográfica, o el calentamiento global, o el proceso de profunda remodelación geo-estratégica (económica, política y cultural) que está experimentando nuestro mundo. El ´tema rey´ es ahora la Inteligencia Artificial (IA): justo título, sin duda, por lo que ya ha logrado y lo que, se nos dice, está en condiciones de lograr.

Socialmente, todos los cambios tecnológicos revolucionarios han suscitado, en sus momentos iniciales, una mezcla de asombrado interés y de profundo recelo: sucedió con la imprenta, o con los primeros telares mecánicos, o con el ferrocarril (al que, recuérdese, inicialmente se consideró pernicioso para el ser humano tenido por biológicamente incapaz de sobrellevar velocidades superiores a 40 kilómetros por hora). Pero siempre las claras ventajas y beneficios de las sucesivas grandes innovaciones acabaron por aventar las iniciales reticencias o exageraciones a su respecto.

Homo cretinus

Ahora la IA genera también, lógicamente, pasiones encontradas. Pero a diferencia de otros grandes avances tecnológicos su aparición estelar no se produce precisamente en el mejor momento de la otra inteligencia de la que emana: es decir, la humana. No sin cierta paradoja, en nuestras sociedades —siendo como son ya tan avanzadas— el Homo Sapiens lleva ya tiempo teniendo que vérselas, de forma cada vez más frecuente, con un crecido Homo Cretinus, cada vez desinhibido y engreído, y con más de una cara, como advierte Olivier Postel-Vinay. Según este periodista científico de larga y reconocida trayectoria, nunca antes la estulticia humana habría estado tan diversificada, envalentonada y segura de sí misma como ahora; nunca antes la memez habría revestido tantas caras, desde tantos ángulos (ideológicos, culturales, sociales) y con tanto aplomo y beligerante arrogancia como la que, desacomplejadamente, ahora exhibe. Existe ahora un revigorizado Homo Cretinus que, en sus diversas y, al parecer, cada vez más numerosas variantes, no se esfuerza ya tanto en cuestionar directamente la verdad científica oficial como en ignorarla y dar por sentado que, junto —o frente— a ella existen posibles “ciencias alternativas”. El actual Homo Cretinus dista mucho de ser el homo, obtuso e irracional ignorante de antaño, sin apenas capacidad argumentativa. Muy al contrario: con un nivel cultural generalmente elevado, esta nueva variante de estulticia planta ahora sus múltiples caras, desacomplejada y beligerantemente, a cuanto considera ciencia convencional.

Mirada alternativa

Afirma así, por ejemplo, y con condescendiente altanería, la legítima existencia de un ´cientifismo alternativo´, asentado en una racionalidad de nuevo cuño, liberada de los (supuestos) múltiples sesgos de variado tipo (culturales, raciales, de género, de condición social, etc.) hasta ahora ignorados y que la llevaron a ser sesgada y sectaria. La mirada alternativa que ahora se propone, más alerta y compleja, permite en cambio detectarlos y eliminarlos. En realidad, esto es, en definitiva, en lo que ha acabado desembocando el inicialmente razonable pero posteriormente desbocado y enloquecido movimiento woke. La vigente versión desaforada y sin límites del wokismo que ha terminado por imponerse no ha propiciado tanto el pretendido ´despertar´ clarificador sino más bien un malsano sueño de la razón (lo cual, ya se sabe, suele producir monstruos…).

Una primera variante de la extendida estulticia actual es un negacionismo, de base meramente emocional e impermeable a prueba alguna que, adoptando un cierto ropaje científico (alternativo, por supuesto) trata de parecer fundado y depuradamente racional. Es el caso, por ejemplo, de movimientos como los antivacunas, o los terraplanistas o, incluso, de algunas variantes del veganismo más excesivo y extremo. También es el caso de aquellos a los que su proceso de despertar ideológico ha llevado a descubrir la existencia de lineamientos identitarios diferenciadores de tan extrema sutileza que solo su liberada, nueva, y ya plenamente despierta mirada logra captar. Postel-Vinay menciona, en este sentido, y como ejemplo sin duda extremo, que todo un Jacques Derrida (prolífico autor, renombrado filósofo ´deconstructivista´, docente en la Universidad de California y en la parisina École des Hautes Études) tras asumir el antiespecismo predicado por Peter Singer adquiriera conciencia plena de la diferenciada condición animal un día en que, súbitamente, se sintió incómodo por estar desnudo ante su gato.

El futuro

La segunda variante de Homo Cretinus, de muy distinto signo, es la del creyente excesivo, la de los visionarios o iluminados que, dando ya por segura la segunda, o incluso tercera, derivada de un proceso que apenas ha empezado, definen con rotunda precisión en que va a derivar lo que la IA aporta. Por lo general, se trata de personas con demostrada inteligencia y experiencia técnica: pero nadie, por brillante que sea, está libre de que las emociones le lleven a decir, o creer, ensoñaciones o simples tonterías. Así, Ray Kurzweil, laureado ingeniero, en su libro The Age of Spiritual Machines (Cuando los ordenadores superen a la inteligencia humana en español) anuncia que, en unos decenios, descargaremos nuestro espíritu en un ordenador y nuestra identidad se confundirá con su software. No habrá ya diferencias entonces entre robots y humanos y podremos garantizar nuestra inmortalidad “refrescando regularmente nuestro programa”. Y ahora emerge y florece el transhumanismo: la idea de que la inteligencia artificial y la biotecnología abrirán el camino a una nueva especie mixta, de vida impredeciblemente prolongada. Y hasta Yuval Noah Harari, en su Homo Deus llega a afirmar que en este siglo XXI el ser humano vivirá ya 150 años.

Frente a una u otra estulticia, procede, sin duda la templanza: desde luego no el desdén, pero tampoco el utopismo. “Llaneza —advierte en nuestro Quijote Maese Pedro a su ayudante—, no te encumbres, que toda afectación es mala». Conviene, sin duda, tomar con la adecuada sorpresa, alegría y prudencia lo que la humanidad va logrando: en este caso, la asombrosa y prometedora IA. Pero embridando, ante lo que nos viene, toda tentación de desvarío, que nos haga temer más de lo necesario o desear más de lo posible.