Comprar productos usados, compromiso medioambiental

CONSUMO
El respeto al medio ambiente y el precio son los factores que determinan las compras.

Comprar productos usados, compromiso medioambiental

La compraventa de objetos de segunda mano es una práctica tan antigua como la civilización. A lo largo de la historia, estas compras han utilizado diferentes formatos (mercados, rastrillos, garajes o aplicaciones) pero la esencia ha sido la misma y su propósito también: responder a las diferentes necesidades y tendencias sociales de consumo.
MARIÁN LEZAUN

Hoy, ocho de cada diez consumidores españoles reconocen haber utilizado algunas de las plataformas de compraventa de productos usados con regularidad. No obstante, este tipo de comercios mueve ya más de 8.525 millones de euros al año, según la Radiografía de la Segunda Mano en España en 2024.

Deshacerse de productos y objetos que ya no se utilizan, renovar el hogar, limpiar el armario, hacer hueco en el trastero, buscar productos de calidad a buen precio o simplemente obtener un dinero puntual es el objetivo de los usuarios de las diferentes plataformas de compraventa de productos usados que existen en España. Por eso, el perfil de usuario es diverso. Por ejemplo, desde el departamento de comunicación de Wallapop, explican que no existe ni un vendedor, ni un consumidor tipo y que ese perfil es muy transversal: “Nuestra comunidad está compuesta por personas de todas las edades y perfiles puesto que nuestro catálogo es tan amplio que responde a cualquier necesidad”, señalan. Sin embargo, sí que se observa cierta preferencia de los clientes más jóvenes hacia el consumo de productos reutilizados. Quizá también por su mayor destreza en el uso de los dispositivos digitales.

 


NUEVE DE CADA DIEZ MENORES DE 30 AÑOS RECONOCE COMPRAR PRODUCTOS USADOS EN ALGUNA OCASIÓN


 

Las cifras

Así, según el estudio de La Red del Cambio, realizado por Wallapop y la escuela de negocios digital Isdi, nueve de cada diez personas de entre 18 y 28 años afirma comprar y vender productos reutilizados. “Este grupo dobla a los llamados boomers en esta tendencia de consumo. Esto nos da idea de cómo el consumo consciente está cada vez más integrado en los hábitos de las nuevas generaciones”, explican en la compañía. De hecho, el Eurobarómetro que mide actitudes de los europeos hacia el medio ambiente arroja que casi 6 de cada 10 encuestados están dispuestos a pagar más dinero por productos sostenibles que sean más fáciles de reparar, reciclables o hayan sido producidos de forma respetuosa. Además, según este mismo índice, los ciudadanos consideran que el impulso de la economía circular es la forma más eficaz de abordar los problemas medioambientales. En consecuencia, los datos confirman la tendencia y recogen que para un 65% de los consumidores europeos, la sostenibilidad es ya un factor de compra decisivo.

 


OBTENER UN DINERO PUNTUAL ES EL OBJETIVO DE LOS USUARIOS DE LAS PLATAFORMAS DE COMPRAVENTA DE PRODUCTOS USADOS


 

Armarios de segunda mano

El consumidor es cada vez más consciente de que el consumo indiscriminado tiene sus consecuencias en nuestro planeta. Un informe de Thredup, la compañía de reventa estadounidense, estima que, para 2030, una de cada cinco prendas del armario de los europeos será de segunda mano. Por su parte, la consultora Globaldata va más allá y señala que, este mismo año, la ropa usada podría suponer hasta un 10% del mercado de la moda.

Establecimientos como Zara o plataformas como Zalando ya se han sumado a la tendencia y ofrecen también ropa usada en sus canales de venta como una alternativa más ecológica. Sin embargo, pese a esa preocupación, la sensibilidad al precio sigue siendo un factor determinante, especialmente si se tiene en cuenta el contexto socioeconómico actual. De hecho, según los datos de Wallapop, el 65% de los españoles afirma que la compraventa de productos reutilizados les ayuda a optimizar su economía y reducir el estrés financiero.

En este contexto, la reutilización emerge como una solución eficaz ante las tensiones entre precio, consumo e impacto sostenible. “Reutilizar permite a las personas generar valor a partir de objetos que ya poseen pero no utilizan, optimizando así los recursos económicos disponibles en el hogar. De este modo, estos artículos adquieren una segunda vida y se transforman en un ingreso adicional accesible, que puede reinvertirse en aquello que realmente se necesita o se desea”, explican desde el departamento de comunicación de Wallapop. Y añaden que, gracias a la compra y venta de productos reutilizados, cada persona puede generar anualmente un importe adicional medio de 1.112 euros, el equivalente a una paga extra para un salario medio en España de 20.767 brutos anuales.

Los más buscados

Entre los productos más vendidos están los de electrónica, moda y accesorios, hogar y jardín, así como los artículos para niños y bebés, que se han mantenido como referentes dentro de la plataforma Wallapop. Pero también ganan espacio los vehículos a motor, como en el resto de plataformas multiproducto. En el caso de Vinted, la ropa y los complementos son los protagonistas. En Milanuncios, la plataforma veterana del sector, la categoría de los productos de motor es la más popular, con más de 1,2 millones de anuncios publicados en 2024 y un crecimiento del 1,47% respecto al año anterior. Le siguen los objetos para la casa y jardín (más de 1,1 millones de anuncios) y las prendas de moda y complementos (más de 628.000 anuncios). En cuanto a los productos más buscados por los españoles entre los bienes de consumo (excluyendo motor), destacan las bicicletas, que vuelven a colocarse en el primer lugar por tercer año consecutivo. Los sofás también repiten en 2024 como objeto codiciado. Por detrás de estos dos artículos se sitúan las búsquedas de armarios en todos los formatos, patinetes eléctricos, mesas, neveras, iPhones y PlayStations. Y con respecto al número de anuncios, los artículos más publicados en 2024 fueron libros, sofás, motos, monedas y libros de texto, con más de 451.000 nuevos anuncios entre todos ellos.

Para asegurar las ventas, la clave está en dar una información veraz, subir buenas fotografías de los productos, ofrecer precios atractivos y responder bien a todas las dudas que pueda tener el comprador. En las plataformas de ropa, el precio es determinante para poder vender con éxito.

En Wallapop, explican que no existe ni un vendedor, ni un consumidor tipo y que ese perfil es muy transversal.

Obligaciones del vendedor

La Agencia Tributaria quiere aumentar el control sobre las ventas online. Es decir, estará más vigilante que nunca sobre las ventas generadas en las principales plataformas que existen actualmente. Los usuarios de Wallapop, Vinted, Milanunacios, Ebay, etc., han mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la obligación de tributar no sea rentable cuando las ventas son esporádicas. Sin embargo, desde el departamento de comunicación de Wallapop aclaran que solo aquellos vendedores que hayan generado una ganancia patrimonial; es decir, que hayan vendido un producto por un precio superior al de compra; deberán declarar sus ventas a la Agencia Tributaria. En el caso de los vendedores particulares esta situación no es habitual. Los datos apuntan, además, que más del 90% de las transacciones se realizan por un precio inferior o igual al precio de compra, por lo que no conlleva ninguna obligación fiscal. Por lo tanto, solo deberán declararse aquellas ventas que generen una ganancia patrimonial y lo harán incluyendo dicho beneficio en su declaración de la renta en el apartado Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales, a partir de la casilla 1624 de la declaración. El contribuyente deberá pagar entre el 19% y el 23%, en función del beneficio obtenido. En el caso de los vendedores profesionales, deberán tributar en las mismas condiciones que cualquier otro negocio, emitiendo una factura con IVA para cada artículo al comprador, e incluyendo dichos ingresos en su declaración de la renta.

PARA SABER MÁS:

Milanuncios. Publica un informe sobre los datos y tendencias del sector: Radiografía del Mercado de la Segunda Mano de 2024.

Abanca. El banco gallego analiza las principales plataformas que ofrecen servicios de compraventa en España y descubre sus posibilidades como herramientas de ahorro.

Revista Capital. La revista Capital publica un reportaje titulado Los productos de segunda mano: una nueva realidad del comercio, en el que se analiza los retos más inmediatos para un sector cuya rentabilidad sigue siendo el punto débil.

“La revolución de la segunda mano”, por Illeana Izveniceanu

CONSUMO
ILLEANA IZVENICEANU,

directora de comunicación OCU

“Casi seis de cada diez europeos están dispuestos a pagar más por productos que sean sostenibles”

La revolución de la segunda mano

Estamos ante un cambio profundo en los hábitos de consumo, que afecta no solo a la economía, sino también a la sociedad y al medio ambiente. El auge de la segunda mano no es un fenómeno anecdótico ni pasajero: ocho de cada diez consumidores en España recurren hoy a plataformas digitales para comprar o vender productos usados. Este mercado ya mueve más de 8.500 millones de euros anuales, una cifra que refleja un cambio real en la forma en que valoramos los bienes y su ciclo de vida.

Este cambio tiene un significado más allá del ahorro personal. Supone un reto y una oportunidad para nuestro sistema económico y jurídico, que debe adaptarse a una realidad en la que la propiedad y el consumo se redefinen. La segunda mano implica nuevas formas de relación entre consumidores y vendedores, retos en materia de garantías, responsabilidad y protección al consumidor que requieren una respuesta clara y adecuada.

A nivel europeo, casi seis de cada diez ciudadanos están dispuestos a pagar más por productos que sean sostenibles, fácilmente reparables y reciclables. El Eurobarómetro sobre actitudes de los europeos hacia el medio ambiente confirma que la promoción de la economía circular es considerada por la ciudadanía como la vía más eficaz para abordar los problemas medioambientales. Esta percepción está alineada con la estrategia europea de economía circular, integrada en el Pacto Verde Europeo, que marca un camino para la transformación sostenible de la Unión.

Este enfoque conlleva una gestión racional y sostenible de los recursos, prolongando la vida útil de los bienes y minimizando residuos. En este contexto, la compraventa de productos usados es un pilar fundamental que contribuye a reducir la presión sobre los recursos naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, esta dinámica también plantea cuestiones jurídicas importantes. La transmisión de bienes usados requiere garantías claras y mecanismos efectivos para resolver conflictos que puedan surgir en la relación contractual. La legislación europea, como la Directiva 2019/771 sobre ciertos aspectos de los contratos de compraventa de bienes, establece un marco común para proteger a los consumidores, incluyendo normas específicas sobre bienes usados, que deben ser implementadas por los Estados miembros con sensibilidad hacia las particularidades del mercado de segunda mano.

Además, la economía circular implica fomentar la reparación y reutilización, actividades que requieren normativas que faciliten su desarrollo. La protección de los derechos de los consumidores y usuarios debe ir acompañada de una regulación que impulse la sostenibilidad, incentivando prácticas responsables por parte de fabricantes, distribuidores y plataformas intermediarias. En este sentido, la Comisión Europea trabaja para fortalecer el derecho a la reparación y mejorar la información sobre la durabilidad y reparabilidad de los productos, elementos clave para un mercado de segunda mano saludable y fiable.

El auge de la segunda mano refleja un cambio social donde el consumidor no es solo receptor pasivo, sino un agente activo que demanda mayor responsabilidad y transparencia. En este sentido, el sistema jurídico tiene la misión de garantizar que este mercado emergente se desarrolle en un marco seguro, justo y equitativo.

Es un momento para reflexionar sobre cómo adaptamos nuestras leyes y procedimientos a esta nueva realidad, promoviendo un marco legal que favorezca el consumo responsable y la economía circular, sin olvidar la protección y los derechos de los consumidores.

En definitiva, la segunda mano no es solo una tendencia, es una revolución silenciosa que exige un compromiso desde todos los ámbitos, incluido el jurídico. El futuro del consumo pasa por la sostenibilidad y la responsabilidad, y la economía circular es una herramienta clave para conseguirlo.

Desde OCU, con motivo de su 50 aniversario, seguimos comprometidos en acompañar y defender a los consumidores en este proceso de cambio, promoviendo políticas y prácticas que hagan posible un consumo justo, seguro y sostenible para todos.

“El derecho a una internet segura”, por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OLGA RUIZ LEGIDO,

presidenta de FACUA

“Los derechos digitales de la infancia y de la juventud deben contar con una protección prioritaria”

El derecho a una internet segura

Las redes y plataformas de comunicación online han pasado a ocupar un lugar preeminente en las vidas diarias de muchas personas y, además, lo han hecho a un ritmo vertiginoso. Se han convertido no solo en poderosos negocios para empresas, sino también en herramientas de información y de contacto con otras personas, en instrumentos para compartir contenidos y para seguir de cerca a ídolos y referentes sociales y en auténticos escaparates de la imagen personal de los usuarios. En 2023, el 60% de la población mundial, es decir, 4.750 millones de personas, habría utilizado las redes y plataformas sociales para expresarse, informarse y afirmarse, y ese uso tiene un incuestionable impacto, no es neutro ni neutral.

El uso de las denominadas Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación (TRIC) aporta beneficios para la ciudadanía. Sin embargo, también lleva asociados importantes riesgos; unos derivados del desequilibrio de las relaciones entre personas usuarias y empresas tecnológicas, y otros consecuencia del mal uso, la manipulación y su utilización abusiva por los distintos agentes implicados en ese ecosistema digital.

En este sentido, es necesario no solo reforzar los derechos de las personas consumidoras y usuarias, tratando de equilibrar las relaciones de poder asimétricas que se producen en el entorno digital con el fin de reducir la vulnerabilidad de los colectivos con mayores necesidades de protección, sino también aumentar y reforzar la formación e información para garantizar unas relaciones más justas y responsables.

Muchas personas usuarias y especialmente niñas, niños y adolescentes, desconocen los riesgos asociados al uso de las TRIC y a prácticas tales como compartir información personal en línea o llevar a cabo una excesiva y descontrolada exposición de la imagen. Los peligros como el acoso cibernético, el robo de identidad y la manipulación del comportamiento han sido y son denunciados por expertos, instituciones, familias, etc., como realidades a las que hay que poner freno.

Construir y garantizar un entorno digital seguro y garantizar la protección de los usuarios, y especialmente de los colectivos más vulnerables, es responsabilidad de empresas, gobiernos y usuarios, cada uno en el rol que le compete. De esta forma, corresponde que los gobiernos promuevan y protejan los derechos de la ciudadanía, estableciendo marcos regulatorios y sistemas de información, seguimiento y controles garantistas con los derechos humanos. Las empresas deben respetar esos derechos, ser transparentes y evitar usos fraudulentos y la manipulación de contenidos. Las personas usuarias, y la sociedad civil en su conjunto, debemos también fomentar un uso racional y respetuoso de las TRIC, participando y alzando la voz frente a los riesgos y denunciando aquellos contenidos y comportamientos nocivos.

En febrero de 2023, la UNESCO celebró la conferencia Por un Internet Confiable en la que se debatieron unas directrices globales que persiguen crear un entorno seguro en internet para los usuarios que a la vez proteja la libertad de expresión y el acceso a la información.

Las directrices describen el conjunto de deberes, responsabilidades y funciones de los Estados, las plataformas digitales, las organizaciones intergubernamentales, la sociedad civil, los medios de comunicación, el mundo académico, la comunidad técnica y otras partes interesadas para crear un entorno en el que la libertad de expresión y la información estén en el centro de las plataformas digitales.

En este contexto, los derechos digitales en la infancia y la juventud deben contar con una protección prioritaria. Debido a su etapa de desarrollo son más susceptibles de sufrir abusos que tendrán un importante impacto en su desarrollo, condicionando su futuro y afectando con ello al conjunto de la sociedad.

Niños y jóvenes se ven expuestos diariamente a discursos de odio y contenidos violentos, a noticias falsas, a la manipulación de contenidos y de su propia imagen y a prácticas de ciberacoso. También corren peligro cuando las empresas de tecnología violan su privacidad y recopilan datos con fines comerciales o aplican técnicas de mercadotecnia a través de aplicaciones y recursos que incitan a la conexión permanente y a comportamientos compulsivos, comprometiendo un desarrollo saludable e incluso perjudicando las economías familiares.

Precisamente, con el objetivo de reforzar la protección de los menores, posibilitando marcos regulatorios que minimicen y hagan frente a los riesgos, el Consejo de Ministros aprobó en marzo de este año un proyecto de ley destinado a la protección de los menores en el ámbito digital que, entre otras medidas, castiga el contenido sexual generado por inteligencia artificial y el grooming. Contempla medidas como las órdenes de alejamiento virtual y evaluaciones pediátricas para identificar usos inapropiados. Además, el texto recoge el fomento del aprendizaje de competencias digitales y la prevención de adicciones, entre otras acciones.

La norma también busca que las empresas asuman sus responsabilidades, legales y éticas, e incluye el etiquetado de los contenidos digitales con lenguaje accesible, que advierta sobre los riesgos potenciales de la utilización inadecuada y sus efectos para el desarrollo físico, mental y moral de los menores, y la incorporación obligatoria y sin costo de controles parentales en todos los dispositivos digitales. Otra novedad de la propuesta es que la Ley elevará de 14 a 16 años la edad de acceso a redes sociales.

Una vez que el texto entró en el Congreso el pasado mes de abril, corresponde ahora su tramitación parlamentaria y un llamamiento a la responsabilidad de nuestros representantes para aprobar un texto que sea útil al fin que se persigue. Que la norma, una vez aprobada, cumpla su objetivo dependerá también de los recursos técnicos, humanos y presupuestarios que se destinen a hacerla efectiva.

El mercado adora a los ‘silvers’

CONSUMO
El 50% de las empresas ofrece productos o servicios dirigidos a los mayores de 55.

EL MERCADO ADORA A LOS ‘SILVERS’

Se les conoce como generación silver, sellenials o simplemente séniores. Tienen entre 55 y 74 años y son el grupo de edad más goloso para las marcas de todo tipo de productos y servicios. Son esa generación que ha terminado de pagar la hipoteca, que no tiene a los hijos en casa y que cuenta con tiempo y dinero para poder consumir sin demasiadas restricciones.

MARIÁN LEZAUN

Los séniores, según datos de la consultora Kantar, son el grupo que acapara hoy el 66% de la riqueza del país. Es decir, el blanco perfecto para las empresas de consumo, pero también para el sector financiero y de servicios asistenciales que lo considera el target perfecto.

Las personas mayores de hoy no se parecen nada a las de hace apenas unas décadas y el sector económico cuenta con todos ellas para seguir creciendo. Son inquietas, les gusta formarse, conocer mundo, disfrutar y cuidarse. Por eso, este sector de la población se ha convertido en un ídolo para el mercado que busca satisfacer sus necesidades.

 


EN 2024, LOS MAYORES DE 55 AÑOS GASTARON UN 14% MÁS QUE LA MEDIA DE LOS CONSUMIDORES


 

EI informe Perspectivas de la Población Mundial, que publica la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estima que para el año 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años, lo que representa un 16% de la población global.

Países más longevos. En España, por su parte, los silvers suponen ya el 40%, acaparan el 60% del gasto y la cifra va en aumento. Así, en 2040, el país alcanzará a Japón como el más longevo del mundo con una esperanza de vida prevista superior a los 85 años, según una proyección publicada por la revista británica The Lancet. Con este escenario, no es de extrañar que empresas y administraciones trabajen sin descanso para crear productos, servicios y entornos sostenibles y amables que faciliten la vida a este colectivo. Porque se ha demostrado ya que son los ciudadanos que más consumen, los que más gastan en ocio y servicios y los que quieren aprovechar el tiempo disponible a tope.

 


LOS ARTÍCULOS DEPORTIVOS, LOS VIAJES,
LOS ELECTRODOMÉSTICOS Y LOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS ACAPARAN LAS COMPRAS DE LOS SÉNIORES


 

El perfil nacional. Los mayores españoles tienen una renta media de hasta un 6,4% superior a la de la Unión Europea y poseen más riqueza neta que sus conciudadanos más jóvenes, especialmente aquellos que cuentan con educación media y superior. Se trata de un grupo numeroso, que se retira del mercado laboral con buenas condiciones, que ha desarrollado una carrera profesional larga y productiva y que ahora espera la recompensa de años de trabajo y esfuerzo en forma de ocio y disfrute. Un estudio realizado por la agencia de medios independiente Avante divide a esta generación en dos subgrupos: los silver activos (los que tienen entre 55 y 65 años), muchos de ellos todavía en el mercado laboral y cada vez más digitales, y los retirados, de entre 66 y 74 años, con más tiempo libre y hábitos más tradicionales. También hay estudios que los reparten entre los séniores más modernos y los tradicionales.

El caso es que, aunque las líneas no siempre están claras, son numerosos y siguen creciendo. Los datos, además, recogen que no están quietos. Muchos de ellos incluso emprenden nuevos negocios y aprovechan sus contactos para seguir transmitiendo su experiencia y conocimiento.

 


UN INFORME DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) ESTIMA QUE EN 2050 UNA DE CADA SEIS PERSONAS TENDRÁ MÁS DE 65 AÑOS


 

Qué consumen. En 2024, los mayores de 55 años gastaron un 14% más que la media de los consumidores. Los artículos deportivos (75%), los viajes y los servicios turísticos (73%), los electrodomésticos y los productos tecnológicos (57%) acapararon las compras. Para los expertos, son además los que marcan hoy las tendencias de consumo y los más buscados por las marcas de todo tipo. Según el último informe Monitor de Empresas de Economía Senior que elabora la Fundación Mapfre, en colaboración con Sigma Dos, el 59% de las empresas MERCO (monitor de referencia por sus compromisos éticos y su metodología) desarrolla actividades en el mercado sénior.

No es de extrañar que el 50% de las empresas en España ofrezca hoy productos o servicios dirigidos a los mayores de 55 años, lo que supone un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto a 2023. Las empresas del sector de la alimentación y farmacia son las que han identificado más rápidamente el potencial de este segmento, al comercializar productos como suplementos vitamínicos, alimentos enriquecidos, etcétera. Sin embargo, empresas del sector financiero, turístico, de ocio, deporte o tecnología también están comenzando a orientar sus productos a este segmento.

Las ventajas de la edad. Cumplir años acarrea además ventajas añadidas. Precios especiales, descuentos, productos específicos y hasta servicios extras en muchos sectores, solo por ser mayor. Por ejemplo, INDRA cuenta con programas de formación continua y mentoría inversa, L’ORÉAL desarrolla cosméticos específicos para este colectivo y Renfe o El Corte Inglés ofrecen promociones exclusivas en sus viajes. También los servicios financieros les seducen: CaixaBank garantiza atención preferente y personalizada, Banco Santander cuenta con un proyecto dedicado a la educación financiera en este público y MAPFRE facilita seguros y servicios específicos para séniores.

¿Qué demandan los séniores?

Las demandas de este grupo de ciudadanos van cambiando con la edad, como se desprende de diversos estudios. Sin embargo, según Servimedia, “El 90% de las personas mayores lo que realmente desea es permanecer en su entorno habitual de forma independiente el mayor tiempo posible”. Esto está empujando al mercado a trabajar en materia de accesibilidad y de nuevas soluciones habitacionales ante los grandes retos que plantea el aumento de la longevidad en España.  Además, casi la mitad de los seniors (47%) reclama asesoramiento legal y de gestión patrimonial (inmobiliaria y financiera) para poder afrontar con tranquilidad y bienestar los retos que plantea la edad y asegurar su voluntad durante esta etapa.

 

De acuerdo con el estudio Asegurando el bienestar del sénior en la longevidad: necesidades y soluciones, elaborado por Onlygal, la compañía especialista en soluciones legales de protección jurídica y servicios legales, y la consultora especialista MDS Silver, esta necesidad es más acuciante cuando está relacionada con las actividades propias de su día a día y la planificación de su futuro. No obstante, viendo su comportamiento de gasto se desprende que los viajes, la equipación deportiva, las tecnologías y la alimentación acaparan la demanda. La consultora Avante apunta también que hay que tener en cuenta que son consumidores exigentes, que valoran la calidad y la confianza en las marcas y muestran un alto grado de fidelización.

Los consumidores silver suponen ya el 40% de la población.

Prepararse para una jubilación próspera

Dejar de trabajar supone también dejar de recibir un salario. Y aunque en España existe un sistema de pensiones públicas hay que tener en cuenta que los ingresos mensuales se van a ver reducidos, mientras los gastos pueden aumentar. Por eso, los expertos recomiendan simular el estilo de vida que se quiere llevar durante la jubilación para así disponer de una referencia de los gastos asociados a esa posible situación y los posibles cambios que se pueden producir en las necesidades cotidianas. Por un lado, irán aumentando los gastos asociados con la salud o con cuestiones propias de la edad (gastos médicos, de cuidados, servicios domésticos, etc.). Por otro, aquellas personas que se encuentren en buen estado de salud aumentarán su nivel de gasto en ocio: viajes, restauración y formación. Así, cuanto antes comience la planificación y el ahorro, mucho mejor.  

PARA SABER MÁS:

Silver Economy: La consultora especializada en el desarrollo de iniciativas relacionadas con la generación silver analiza los retos que representa el envejecimiento de la población.

Fundación Mapfre: Ha elaborado un estudio en el que se investiga qué representa la economía sénior y qué retos plantea.

Olimerca: La publicación especializada analiza el comportamiento de consumo de los mayores en España y por qué se han convertido en un segmento más atractivo.

Derechos y obligaciones de los mayores”, por Gustavo Samayoa

CONSUMO
GUSTAVO SAMAYOA,

presidente de FUCI

 

“Es necesario estar atentos a los derechos y obligaciones que asisten a los mayores, sin olvidar que tiran del mercado económico de nuestro país con mucha fuerza”

Derechos y obligaciones de los mayores

En España la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios no diferencia entre personas consumidoras y personas consumidoras mayores. A fin de aumentar la protección de este colectivo, el Real Decreto-Ley 1/2021 de 19 de enero, legisla el nuevo concepto de consumidor vulnerable, mediante el cual ya no se es solo vulnerable por motivos económicos, sino por otras razones, como la edad avanzada, que produce al colectivo indefensión o desprotección e impide el ejercicio de sus derechos como consumidores en condiciones de igualdad.

El texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, RDL 1/2007 y normas autonómicas, recoge los derechos de los consumidores y hace hincapié especialmente en la vulnerabilidad. La norma reconoce que las personas mayores pueden ser más vulnerables por su edad, salud o nivel de conocimientos, y exige a las empresas y a las Administraciones adaptar la información y atención que les prestan. En este sentido cabe recordar las recientes situaciones que han vivido algunas personas mayores cuando han acudido a una entidad bancaria y no se les ha prestado la atención debida; o cuando han ido a realizar operaciones en cajeros automáticos, con esperas irracionales; o la realización de operaciones bancarias imposibles de llevar a cabo, en muchos casos por desconocimiento digital.

La brecha digital en este colectivo hace muy difícil su acceso a determinados servicios, no solo a los bancarios, sino también a los ofrecidos por las Administraciones públicas; por ejemplo, el simple trámite de pedir una cita presencial, entre otros. En este sentido se han tenido que dictar normas específicas para aumentar la protección del colectivo. De esta manera se promulgó la Ley 4/2022 a fin de reforzar la protección de colectivos desvalidos en las relaciones de consumo, como menores, personas de avanzada edad o con bajo nivel de digitalización.

En cuanto a los servicios financieros, o en los ámbitos de las telecomunicaciones o la energía, la ley prevé el establecimiento de normas legales o reglamentarias que ofrezcan una mayor protección al consumidor y usuario, dictando que se eliminen las circunstancias que generan las situaciones de vulnerabilidad y se palíen sus efectos, en particular en relación con las comunicaciones comerciales o información facilitada antes del contrato, la atención post contractual o el acceso a bienes o servicios básicos.

En lo relativo a la información necesaria en la oferta comercial de bienes y servicios, esta deberá facilitarse en términos claros, comprensibles, veraces y en un formato fácilmente accesible, de forma que aseguren su adecuada comprensión y permitan la toma de decisiones óptimas para sus intereses.

En términos generales, la protección del colectivo de los mayores se centra en diferentes situaciones. La información deberá ser clara y accesible, en la publicidad, contratos, instrucciones y ofertas, que deberán ser especialmente comprensibles, claras y en formatos adecuados, así por ejemplo con letras grandes y lenguaje sencillo. Se prohíben las prácticas de venta agresiva, confusa o que aproveche su confianza o falta de experiencia, como en ventas a domicilio o telemarketing, que, en muchos casos, les han inducido a comprar bienes o servicios innecesarios o mal informados, como libros, bienes de consumo del hogar o seguros.

Los servicios de atención al cliente deben ser accesibles y fáciles de usar, evitando complicaciones innecesarias, agravadas muchas veces por algún tipo de discapacidad.

En cuanto a las reclamaciones ante las empresas, los consumidores mayores pueden hacerlas ante las organizaciones de consumidores, organismos de consumo con sistemas de resolución de conflictos, como el arbitraje de consumo, rápido, gratuito y vinculante, o directamente ante los tribunales de Justicia. En esta última posibilidad, cabe señalar a modo informativo que los ciudadanos en general pueden acudir a los tribunales, sin asistencia de abogado y procurador, cuando la reclamación no exceda de los dos mil euros. Son ya muchas las comunidades autónomas que cuentan con servicios de atención al ciudadano mayor.

Respecto al consumo de productos financieros, seguros de salud, turismo o residencias de mayores, la legislación exige mayor transparencia y garantías. Por ejemplo, el contrato de una residencia debe ser totalmente claro; especificar los servicios incluidos, los precios, las condiciones de estancia y los derechos de reclamación. En los viajes organizados debe ofrecerse información detallada sobre destinos, seguros, coberturas médicas y adaptaciones si son necesarias para su movilidad. En cuanto a los contratos bancarios, si un mayor contrata un producto financiero, como un seguro o una hipoteca, el banco debe asegurarse de que entiende bien todas las condiciones, sin ocultar riesgos.

Además, se promueven talleres y campañas para conocer los derechos y forma de actuar de manera informada por parte de las personas consumidoras mayores. En este sentido se han de informar en sus correspondientes oficinas de información al consumidor y en las organizaciones de consumidores.

Por último, recordar que no estamos hablando de la tercera edad. Hoy en día la temprana jubilación es a los 65 años, y aporta una larga vida de relaciones en general y de consumo en particular, por lo que no hemos de olvidar que las  personas mayores  tienen los mismos derechos y obligaciones que el resto de la población, pero con una protección especial por su condición de vulnerabilidad, en algunas de las relaciones de consumo en las que se encuentren en situación de inferioridad frente a las empresas, lo que no significa que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en todas sus actividades de la vida.

Existe también a este respecto preocupación en la Administración del Estado, por lo que se está preparando la Ley de Transparencia, una ley que permite el acceso de los ciudadanos a su Administración, de forma transparente, y en la que a los ciudadanos mayores se les facilitará este acceso, teniendo en cuenta la gran brecha digital que aún existe en nuestro país.

No olvidemos que la llamada Edad de Oro se enfrenta al reto de muchos y nuevos productos y servicios ad hoc, por lo que se hace necesario estar atentos a los derechos y obligaciones que les asisten, sin olvidar que es un colectivo que también tira del mercado económico de nuestro país con mucha fuerza. Y como decía Sófocles: ¨Los que en realidad aman la vida son los que se están haciendo mayores”.

“¡Ojo con los pisos turísticos!”, por Ana Etchenique

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
ANA ETCHENIQUE,

presidenta de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)

“Para que una persona consumidora tenga plenas garantías en su hospedaje se debe dirigir a hoteles, albergues u hostales”

¡Ojo con los pisos turísticos!

Desde hace años, España se encuentra inmersa una grave crisis de acceso a la vivienda en la que los precios del alquiler no paran de subir, situándose por encima del 40% del salario medio, alcanzando casi el 60% del salario en grandes ciudades como Madrid y Barcelona y convirtiéndose así en la principal preocupación de la ciudadanía española. Esta tesitura tiene una configuración compleja, provocada por distintas causas: como la concepción de la vivienda como un producto de inversión y un bien de mercado (en el caso de los pisos turísticos) y, por lo tanto, un activo con el que especular y obtener beneficio económico. O las prácticas abusivas e ilegales llevadas a cabo por algunos arrendadores, con la participación de las inmobiliarias, así como la falta de voluntad política para aplicar las herramientas de contención de precios, como la declaración de zonas tensionadas que prevé la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Para empezar a desenmarañar el problema y encontrar soluciones a la crisis de acceso a la vivienda debemos contemplar medidas tanto a corto como a largo plazo. Dentro de las soluciones a corto plazo encontramos necesaria la vuelta de las viviendas destinadas al alquiler turístico al mercado de alquiler de vivienda habitual. Según el INE, las viviendas destinadas al alquiler turistico alcanzaron una cuota de casi 400.000 viviendas en 2024. Un informe del Banco de España, basándose en datos recopilados en portales inmobiliarios, señala que estas llegan al 10% del mercado del alquiler.

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en un intento de acabar con algunas de las prácticas engañosas que se dan en el mercado inmobiliario, el pasado mes de diciembre inició una investigación respecto de algunas de estas prácticas, entre ellas “afirmar de forma fraudulenta o crear la impresión falsa de que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o usuario”.

Cuando las empresas tratan de hacerse pasar por particulares para arrendar viviendas, realmente están buscando la no aplicación de la normativa de protección de los derechos de las personas consumidoras. Vulnerando, por lo tanto, el deber de información previa sobre las características de la vivienda, sobre las condiciones económicas y jurídicas del contrato de arrendamiento, para poder aplicar cláusulas abusivas supuestamente pactadas entre particulares, no tener que disponer de hojas de reclamaciones, o evitar el uso de los canales de reclamación previstos para las personas consumidoras, entre otras. También buscan la no aplicación de la legislación autonómica sobre los alojamientos turísticos, lo que implica el cumplimiento de ciertas normas de seguridad, calidad, higiene, de servicios mínimos, tarifas, etc., además de la necesidad de registrar la actividad y cumplir con las obligaciones fiscales.

Desde CECU entendemos que desde la Administración pública se debe primar el acceso a la vivienda a un precio asequible, por encima del fomento del turismo masivo que está disparando los precios y expulsando a las personas de las ciudades. Debemos garantizar protección de las personas consumidoras, y prestar especial atención y defender los derechos de aquellas que se sitúan en una posición de vulnerabilidad.

Lo que nos muestran estas prácticas que llevan a cabo algunos arrendadores en las plataformas de alquiler de viviendas turísticas es la facilidad con la que las partes implicadas, arrendadores y plataformas, incumplen la normativa sin consecuencias. Ahora bien, debemos de ir un pasito más allá y preguntarnos si queremos que la vivienda se convierta en parte de la actividad turística y en el negocio de unos pocos en detrimento del derecho fundamental a poder acceder a una vivienda digna. Si queremos abordar el problema y proteger a las personas consumidoras, lo primero por lo que debemos abogar es porque la actividad turística se desarrolle en infraestructuras pensadas para ello. Para que una persona consumidora tenga plenas garantías en su hospedaje se debe dirigir a hoteles, albergues u hostales, que cumplen con los requisitos mínimos de calidad del alojamiento, y se asegurará que en caso de tener algún tipo de problemática puede estar protegida por la legislación.

En segundo lugar, lo que tenemos que conseguir es que la gran mayoría de las viviendas que se encuentran bajo la actividad turística pasen a formar parte del parque de inmuebles para el alquiler de vivienda habitual. Más allá de que esas viviendas se estén destinando al alquiler vacacional de manera legal o ilegal (y si tienen licencia para desarrollar la actividad o no) se debería limitar el número de licencias existentes y sancionar a las que operen sin ella, para que las viviendas destinadas al alquiler turístico engrosen la oferta de arrendamiento destinada a vivienda habitual y esta sea accesible.

Para conseguir este objetivo también contamos con el poder de la organización vecinal. El propietario de cada vivienda que quiera dedicarse al alquiler turístico deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios. Además, la comunidad de propietarios podrá limitar, condicionar o prohibir el ejercicio de esta actividad y, en su caso, denunciar su incumplimiento. De este modo, las comunidades de propietarios no solo tienen la capacidad de mejorar la convivencia de la finca, eliminando la actividad turística y sus ya conocidas consecuencias negativas para la convivencia, sino que además se estará devolviendo una vivienda para que sea usada para vivir en ella y no para especular.

De internet al plato

CONSUMO
Internet nos permite comprar desde casa y directamente al productor.

De internet al plato

Hacer la compra online es sencillo, rápido y fiable si se hace bien. Los expertos recomiendan elegir proveedores de confianza, planificar la lista y la entrega y olvidarse de hacer colas o compras impulsivas. Según publica el portal Financial Food, la compra online de alimentación crecerá a un ritmo del 19% en los próximos tres años, aunque habrá importantes diferencias regionales y los frescos seguirán siendo el gran reto.

MARIÁN LEZAUN

Internet nos permite comprar desde casa y directamente al productor desde un buen jamón de Salamanca, carne de Ávila o marisco gallego hasta verduras de la Ribera de Navarra. En apenas 24 horas la compra estará en nuestro domicilio, en perfecto estado de conservación y con total garantía. Porque, además de las grandes cadenas de alimentación, la Red está llena de pequeños comercios que ofrecen productos frescos, de proximidad y de buena calidad.

 


EL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS ‘ONLINE’
EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN
Y GRAN CONSUMO EN ESPAÑA HA ALCANZADO YA LOS 2.200 MILLONES DE EUROS


 

Cercanía online. Algunos de ellos están especializados en una gama concreta de alimentos como frutas, verduras, conservas o carnes y otros ofrecen platos preparados y otros productos menos perecederos. El consumidor solo tiene que elegir qué es lo que más le conviene, y sin salir de casa, llenar la despensa a su gusto. Los últimos operadores en llegar hasta preparan las raciones semanales, las recetas de los menores de la casa o las cantidades necesarias para las personas que están a dieta. Fue durante la pandemia cuando se puso de manifiesto que la compra de alimentos y frescos online era una necesidad para muchos clientes y desde entonces establecimientos de todo tipo luchan por dar el servicio más eficiente y ajustado a las necesidades de los mismos. Así, el crecimiento de las ventas online en el sector de la alimentación y gran consumo en España ha alcanzado ya los 2.200 millones de euros, con un aumento del 30% desde 2019.

 


INTERNET ESTÁ LLENA DE PEQUEÑOS COMERCIOS QUE OFRECEN PRODUCTOS FRESCOS, DE PROXIMIDAD Y DE BUENA CALIDAD


 

Los productos frescos. Las perspectivas son buenas, pero los expertos señalan un reajuste en el sector. Es verdad que la compra online sigue creciendo, pero también hay un gran grupo de consumidores que nunca van a renunciar a la experiencia de las tiendas físicas. Si tenemos en cuenta que, además, en nuestro país existe una enorme red de comercios a pie de calle en la que es posible encontrar productos comestibles a cualquier hora, seguimos teniendo un gran margen de crecimiento para los servicios online. Por eso, el dato refleja el crecimiento de las ventas de productos envasados, pero todavía deja en un lugar muy reducido a los productos frescos. De hecho, entre sus temores, los consumidores señalan el posible riesgo de fraude en los pagos; que los productos no estén en su momento óptimo; una experiencia de compra impersonal, y la falta de acceso inmediato a los productos (aunque ya existen comercios que en las grandes ciudades entregan en menos de dos horas). También el precio es un elemento disuasorio porque, en muchos casos, estas compras llevan asociado un recargo en la entrega y porque, en ocasiones, se ofrecen productos de alta calidad que no todos los bolsillos se pueden permitir. Desde la OCU apuntan como otra de las mejoras a realizar en este sector, la organización de los productos de la Red. Los usuarios suelen quejarse de que no siempre es fácil encontrar lo que necesitan porque no es sencillo navegar por internet cuando hay tantas referencias.

El último Observatorio de Comercio Electrónico en Alimentación realizado por ASEDAS (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), junto con los profesores María Puelles, de la Universidad Complutense, y Gonzalo Moreno, de la Universidad Autónoma de Madrid, señalaba que en el caso de los productos frescos se detecta incluso un significativo trasvase hacia el canal físico: “El 43% de los encuestados en este estudio afirma no comprar ya nunca alimentación fresca a través del comercio electrónico”. Y es que, aunque comprar en línea es muy cómodo y no está sujeto a horarios, existen ciertos reparos a la hora de convertirlo en hábito. Según estos expertos, “la principal razón por la que los consumidores prefieren la compra física es porque se trata de una compra con un gran componente experiencial. Los consumidores prefieren elegir en persona este tipo de productos e incluso buscan una compra que podríamos calificar de impulso en función de la disponibilidad diaria de producto que encuentren en el supermercado”.

 


ESTABLECIMIENTOS DE TODO TIPO LUCHAN
POR DAR EL SERVICIO MÁS EFICIENTE
Y AJUSTADO A LAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES


 

Doble canal. Para los consumidores la gran ventaja es poder combinar los dos canales y son muy pocas las personas que prescinden en todo momento de la experiencia de compra física. “Los consumidores que solo hacen la compra online (sin combinar el canal físico con el digital) se han mantenido estables en los últimos años. Es un grupo porcentualmente minoritario, pero muy fiel, que valora especialmente los elementos de conveniencia que ofrece este canal”, explican en Asedas. La cuota de mercado del comercio electrónico en productos de alimentación se sitúa en el 2,2%, según el último informe La alimentación en España del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, siendo la alimentación fresca el 1,2%. Muy lejos de nuestros vecinos europeos, donde el 35% de los compradores asegura adquirir productos frescos en la Red, con una media de 43 transacciones anuales.

Cataluña a la cabeza

Según el último informe de la plataforma FITstore.es, Cataluña es la comunidad autónoma que acapara el 20% de las compras online de productos de alimentación. No es de extrañar que, debido a este cambio en el consumo, hasta quince mercados municipales de Barcelona permitan ya realizar compras online. Los pedidos se pueden hacer a través de una aplicación móvil o en la web del ayuntamiento, y la compra se puede recibir a domicilio o bien recoger en el mismo mercado, a cualquier hora, gracias al servicio de taquillas refrigeradas situadas en los accesos de los equipamientos municipales. Pero Barcelona no es la única. También el mercado municipal de Soria permite comprar productos frescos en su plataforma digital y los mercados de Valladolid y Zaragoza cuentan con sus propios servicios de venta online que pretenden acercar a la ciudadanía los productos más frescos. Por su parte, los mercados de Madrid ofrecen su propio canal digital.

Los últimos operadores en llegar hasta preparan las raciones semanales o las cantidades necesarias para las personas que están a dieta.

Los grandes operadores

En los últimos cinco años la compra online de productos frescos ha experimentado una transformación radical, impulsada por los cambios en los hábitos de consumo, los avances tecnológicos y el desarrollo de plataformas que permiten disponer de alimentos de calidad en tiempo récord. El reto ahora está en equilibrar las diferencias regionales y, sobre todo, en convencer a los consumidores de la eficacia de este servicio. En España Amazon Fresh opera desde 2021 en ciudades como Madrid y Barcelona, ofreciendo entregas en menos de dos horas gracias a los servicios logísticos locales. Su catálogo online incluye más de 18.000 referencias de frescos. Mientras, las grandes cadenas de supermercados mantienen diferentes estrategias. Mercadona cuenta con un catálogo más reducido, de apenas 1.200 referencias, frente a Carrefour que cuenta con más de 4.000 y se basa en el consumo de productos locales. Además, en el mercado español operan diferentes comercios especializados entre los que destaca la tienda de productos ecológicos Naturitas, que con apenas 850 referencias acapara un gran volumen de ventas de frescos.

PARA SABER MÁS:

OCU: La Organización de Consumidores y Usuarios analiza cuáles son los mejores supermercados online para hacer la compra, según la experiencia de los consumidores.

Consumer: La revista de consumo de Eroski explica en qué hay que fijarse para comprar productos frescos online. Además, recoge la información que debe facilitar cada comercio.

«ITV en España: un mismo servicio y precios dispares», por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

OLGA RUIZ LEGIDO,

presidenta FACUA

“FACUA realiza cada año un estudio comparativo sobre las tarifas de ITV en todo el país. En 2024 detectó diferencias de hasta un 209,7% en la inspección obligatoria”

ITV en España: un mismo servicio y precios dispares

La finalidad de la Inspección Técnica de Vehículos no es otra que la de garantizar la seguridad vial en nuestras carreteras ante las escalofriantes cifras de víctimas que se cobran cada año. El servicio de ITV persigue reducir al mínimo el porcentaje de siniestros que pueda deberse al fallo mecánico del vehículo, por reducido que pueda ser. Dicha finalidad tiene un claro interés público, por lo que se configuró como un servicio reglado, cuya ejecución material puede efectuarse bien por las Administraciones directamente o a través de sociedades de economía mixta en cuyo capital participen, bien por empresas privadas.

Salvo en el caso en que la ejecución se lleve a cabo directamente por las comunidades autónomas o la Administración competente, será requisito imprescindible para las empresas que quieran acceder a la actividad de inspección de vehículos obtener habilitación administrativa. El procedimiento para dicha habilitación debe garantizar que la empresa titular cumple los requisitos técnicos exigidos en la normativa para realizar los servicios de inspección, así como que no debe incurrir en incompatibilidades para el desempeño de su actividad, tratando de evitar el conflicto de intereses y garantizar la imparcialidad en la prestación del servicio.

El Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, permitió avanzar en un modelo liberalizado de prestación del servicio que tuvo sus efectos en las entidades o empresas que pueden prestarlo, pero no respecto de los requisitos y procedimientos técnicos que deben seguirse en la inspección, que se encuentran debidamente regulados y que deben ser aplicados sea cual sea el modelo de explotación.

Según la comunidad autónoma, la explotación de las estaciones de ITV puede ser pública o privada. En aquellos lugares en los que es privada suele prestarse mediante un régimen de concesión en el que los precios son controlados por la Administración correspondiente, salvo en los casos de Madrid y Murcia, donde las tarifas son libres. También existen comunidades donde conviven estaciones públicas y privadas.

En la Comunidad Valenciana, la Generalitat aprobó en julio de 2022 que la gestión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) volviese a ser pública una vez concluyó la concesión de las empresas privadas que se encargaban de las revisiones periódicas desde hacía 25 años. La puesta en marcha de la nueva sociedad comenzó el 31 de diciembre de 2022.

En Extremadura conviven algunas estaciones de carácter público, explotadas directamente por la Administración, con otras privadas que funcionan en régimen de concesión o autorización. Esta situación provoca diferencias notables en los precios de las inspecciones, pues a la cantidad que se cobra en las estaciones de carácter público, por tratarse de tasas y no precio, no se les aplica el IVA. La Región de Murcia funcionaba de manera similar hasta el año pasado, cuando la única estación pública, la de Alcantarilla, echó el cierre.

Mallorca cambió su modelo en 2020, gestionándose directamente por el Consell Insular a través de una empresa (General de Servicios, S.A.).

Existe una enorme heterogeneidad con respecto al modo en que cada comunidad autónoma fija sus propias tarifas de ITV —a pesar de que las inspecciones se encuentran reguladas por una normativa estatal—, por lo que en todas ellas el procedimiento para la ITV es exactamente el que viene recogido en el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, que regula la Inspección Técnica de Vehículos en toda España.

FACUA realiza cada año un estudio comparativo sobre las tarifas de ITV en todo el país. En 2024 detectó diferencias de hasta un 209,7% en la inspección obligatoria para turismos con motor de gasolina y de hasta un 125,7% en vehículos diésel.

La Comunidad de Madrid es la más cara en términos absolutos en relación al precio de la ITV, tanto para inspecciones de vehículos diésel como gasolina, habiendo optado por un servicio plenamente liberalizado en modelo de gestión y en precios, que no se encuentran regulados por la Administración autonómica y son fijados por las propias empresas privadas habilitadas para el desarrollo de la actividad.

Murcia, la otra comunidad que, tras el cierre de la única estación que explotaba directamente la Administración, solo cuenta con estaciones privadas, también ha experimentado una subida de los precios en el último año.

De este estudio anual que FACUA elabora se desprende que las tarifas más económicas se han venido correspondiendo con estaciones explotadas directamente por las Administraciones o estaciones que se sitúan en comunidades que han optado por regular y controlar los precios.

En este sentido, la modalidad de gestión y prestación del servicio incide en el precio y, a su vez, en la accesibilidad al servicio para los consumidores, sobre todo para aquellos con economías más precarias.

El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, reconoce que existe libertad de elección de la estación ITV para efectuar tanto la primera inspección técnica como las inspecciones sucesivas tras la subsanación de defectos. Sin embargo, cabe preguntarse si realmente el consumidor tiene posibilidad real de elección en un servicio netamente territorial y, si esta circunstancia, unida a la disparidad de precios existentes, no supone un trato desigual no justificado a los consumidores en el acceso a un servicio obligatorio y de interés general.

A mal tiempo, mayor ahorro

CONSUMO

A MAL TIEMPO, MAYOR AHORRO

El 92,9% de los jóvenes no aprecia ninguna dificultad para conseguir bebidas espirituosas.
Los consumidores se han vuelto más ahorradores y precavidos. Pese al aumento de los precios y las ganas de aprovechar el tiempo de ocio que dejó la pandemia, el ahorro de los hogares españoles ha aumentado por segundo año consecutivo.
MARIÁN LEZAÚN

La incertidumbre económica, política y social hace que los ciudadanos contengan el gasto, planifiquen las compras y sobre todo tomen conciencia de lo que significa contar con un fondo que les proteja frente a imprevistos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de ahorro de los hogares españoles se situaba en el 21,2% de la renta disponible bruta en el segundo trimestre de este año, frente al 19,6% del mismo periodo de 2023.

Ahorrar no es una tarea fácil porque el estilo de vida actual invita más al gasto que a la contención, aunque cualquiera sabe lo importante que es disponer de un fondo de emergencia que permita hacer frente a gastos inesperados. De hecho, diversos estudios apuntan que la mitad de las familias españolas no disponen de ningún ahorro, algo que no ocurre en otros países europeos. Si bien en los últimos meses los datos en los hogares españoles son más optimistas y auguran un cambio de tendencia.

 


SEGÚN EL INE, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO LA TASA DE AHORRO DE LOS HOGARES ESPAÑOLES SE SITUÓ EN EL 21,2%


 

Plataformas de inversión

Actualmente abundan las aplicaciones y divulgadores populares (como Value School, El arte de invertir, Finect, Natalia de Santiago, Luis Pita, etc.) que recuerdan la importancia de gestionar bien el dinero y, sobre todo, de sacarle la máxima rentabilidad. Dicen los expertos que el origen de este cambio es la incertidumbre económica pero también el aumento de la cultura financiera de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes que ven de manera mucho más clara esa necesidad de contar con dinero extra para un futuro en el que, por ejemplo, las pensiones actuales no estén garantizadas o en el que la inestabilidad laboral será la tónica general. Así, como recoge el informe anual de EFPA (Asociación Española de Asesores y Planificadores Financieros), cada vez más personas sin conocimientos económicos previos están entrando al mundo financiero gracias a numerosas herramientas digitales que han reducido las barreras de entrada tradicionales. En este sentido, los expertos recomiendan mucha cautela y contrastar siempre toda la información para no caer en posibles timos y bulos que pueden salir caros.

 


DIVERSOS ESTUDIOS APUNTAN QUE LA MITAD DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS NO DISPONEN DE NINGÚN AHORRO, ALGO QUE NO OCURRE EN OTROS PAÍSES EUROPEOS


 

Aumentar la hucha

Los datos avalan que algo está cambiando y siempre hay una causa. “La incertidumbre económica es un factor clave que impulsa el ahorro, pues conlleva la necesidad vital del ser humano de prevenir escenarios adversos y el financiero es fundamental en las sociedades desarrolladas”, explica Ricardo J. Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo y director de la Cátedra Extraordinaria CEPSA-Digital de la misma universidad. “Este ahorro por precaución se intensifica en tiempos de crisis económicas o incertidumbre global, como ocurrió durante la pandemia. Actualmente, a pesar de la bajada de tipos de interés que puede atenuar el coste del endeudamiento, la sensación de inestabilidad geopolítica, el creciente coste de la vivienda y la incertidumbre laboral contribuyen a una mayor propensión al ahorro en los hogares con capacidad para ello”. Es decir, ese incremento se está viendo especialmente en los consumidores con rentas altas, pero poco a poco también en los que disponen de presupuestos más ajustados. De la misma opinión es Marina García Gil, analista de AFI: “La literatura económica y la evidencia empírica señalan entre los principales motivos la necesidad de prevenir escenarios futuros, el ciclo vital y obtener una rentabilidad”. Por eso, son las personas mayores y las que tienen más rentas las que lideran este despegue del ahorro.

 


LA OCDE HA ADVERTIDO SOBRE EL RIESGO EN LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN EUROPA


 

Con la vista puesta en la jubilación

Hasta ahora, los hogares españoles ahorraban más bien poco si se comparaban con sus vecinos europeos y uno de los motivos es que nuestro sistema de pensiones es más generoso en términos relativos. Pero el escenario puede cambiar antes de lo previsto. La OCDE ya ha advertido sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones en Europa, y en España crece la preocupación por complementar las pensiones públicas, que probablemente se vean mermadas con la jubilación de la generación boomer, la más numerosa en la historia de España. “Esto impulsa a más familias a considerar planes de pensiones privados (aunque bastante restringidos en los últimos años con una aportación actual máxima de 1.500 euros anuales por contribuyente) y otros instrumentos de ahorro a largo plazo, buscando mayor estabilidad económica en la jubilación”, explica Marina García. De momento, los productos financieros de previsión (planes y fondos de pensiones, seguros de vida, rentas vitalicias), tienen un peso muy reducido sobre los activos financieros de los hogares españoles: apenas representa un 3% de la riqueza bruta de los hogares españoles en las Encuestas Financieras de las Familias del Banco de España de los últimos años. “Su presencia está además concentrada de forma extrema en un reducido porcentaje de hogares de renta y riqueza más elevadas, con una alta capacidad de ahorro y beneficiarios del tratamiento fiscal favorable de dichos instrumentos”, aclara García.

Empezar pronto

Para empezar a ahorrar lo primero que hay que considerar es tener un presupuesto realista, acorde al nivel de ingresos y gastos de cada consumidor. Esto permite, como dice el experto y divulgador financiero Luis Pita, introducir el llamado ‘preahorro’, es decir, no esperar a final de mes para ver cuánto dinero sobra, sino hacerlo previamente, asegurando que se va a tener el dinero necesario. También se recomienda cierta diversificación de productos y realizar un seguimiento periódico de las inversiones. A menudo se cita la regla del 50-30-20, que implica destinar el 50% de los ingresos a cubrir las necesidades básicas y del día a día (alimentación, vivienda, educación, salud…), el 30% al ocio y el 20%, al ahorro o inversiones, apunta Ricardo J. Palomo, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo.

Gracias a la digitalización, cada vez más personas sin conocimientos económicos previos están entrando al mundo financiero.

En qué ahorran los españoles

El sector inmobiliario ha sido el destino principal de inversión durante años. Estos activos representan de hecho el 70%, mientras los productos financieros son menos populares y se reservan para los hogares de rentas más altas. Sin embargo, también se está viendo un cambio en este reparto tradicional y los activos financieros empiezan a ser una opción a considerar también en los hogares con menor renta disponible. Pese a este avance, los españoles siguen apostando por los productos conservadores, como cuentas de ahorro y depósitos bancarios, según datos de Inverco. En los últimos años ha aumentado el interés por los fondos de inversión y los planes de pensiones, pero sólo para una parte de la población con mayor capacidad de ahorro. Sin embargo, entre los jóvenes destaca el interés por el acceso a productos más complejos, como ETFs y criptomonedas, explica Ricardo Palomo, decano de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad San Pablo CEU. Este reparto “deja un residuo mínimo, casi marginal, para la inversión directa en mercados de valores, tanto de renta variable como sobre todo de renta fija, cuya presencia en las carteras de activos de los hogares es muy reducida (apenas un 4% en acciones cotizadas, y menos de un 1% en el caso de bonos y otros valores de renta fija), añade Marina García, analista de AFI.

PARA SABER MÁS:

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): En su web se pueden consultar numerosas guías para mejorar la cultura financiera e invertir mejor. Entre las publicaciones que forman parte de la iniciativa Finanzas para todos, desarrollada en colaboración el Banco de España, cuentan con una guía dedicada al ahorro y la importancia de ser previsor.

Bankinter: El banco da las claves para ahorrar y planificar el dinero mínimo que debemos tener en la cuenta corriente para afrontar imprevistos y organizar gastos futuros

Expansión: El diario económico analiza las causas del incremento del ahorro y las perspectivas para el año que viene.

«La capacidad de ahorro de las personas consumidoras», por Gustavo Samayoa

CONSUMO

GUSTAVO SAMAYOA,

presidente de FUCI

 

“Aquellos ciudadanos medios que tienen la mínima posibilidad de invertir sus escasos ahorros han empezado a explorar opciones de inversión”

La capacidad de ahorro de las personas consumidoras

La incertidumbre económica que hoy estamos viviendo; motivada por diversos factores, como la inflación, las tasas de interés elevadas y una posible recesión y las distintas situaciones como guerras y pandemias; hace que las familias vean la necesidad de controlar el consumo y priorizar el ahorro, aunque en muchos casos sea muy complicado.

En el primer trimestre del año, la tasa de ahorro de los hogares españoles se situó por encima de la renta bruta disponible en el mismo periodo de 2023, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que significa que los hogares gastaron menos de lo que ingresaron.

Según el Banco de España, el ahorro medio de los hogares españoles se sitúa en un 21,2% de sus ingresos disponibles, lejos de aquel 7% de la etapa de la pandemia. Si bien la inflación incide en el deterioro del poder adquisitivo de las familias, rebajando la posibilidad de ahorro, el aumento de los costes de los bienes y servicios hace que muchas familias destinen la mayoría de sus ingresos a cubrir las necesidades básicas, limitando cada vez más las cantidades dedicadas al ahorro de ese sector de la población.

La alimentación, la energía y la vivienda (tanto en alquiler como en los incrementos hipotecarios) han sido los sectores con mayores subidas económicas. En la alimentación, en la que hasta hace pocos años se priorizaba la calidad sobre el precio, hoy en día es el precio lo más importante a la hora de hacer la compra de alimentos. El consumidor medio, y sobre todo el más vulnerable, prioriza gastos y ahorra poco.

Las subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo han incrementado el coste de las hipotecas y demás productos financieros, lo que ha generado subidas de cuotas, limitando aún más la capacidad de ahorro de los consumidores, aunque las previsiones para 2025 sean más halagüeñas.

El miedo a situaciones como el desempleo o la reducción de ingresos ha llevado al ciudadano medio a aumentar sus reservas de efectivo como una medida de seguridad. Otra de las situaciones que se detectan en el ámbito financiero de los consumidores es la tendencia, cada vez más generalizada, de reducir o liquidar deudas, que conlleva a una búsqueda de estabilidad financiera.

Aquellos ciudadanos medios que tienen la mínima posibilidad de invertir sus escasos ahorros han empezado a buscar o explorar opciones de inversión, como fondos a renta fija o bonos del Estado, buscando las posibilidades de menor riesgo en comparación con otros productos financieros.

Evidentemente el ciudadano no puede solo soportar la incertidumbre y pérdida de su poder adquisitivo, y deberían ser las Administraciones Públicas las que ayuden a llevar esa carga con medidas como la reducción de impuestos en los productos básicos, subvenciones al transporte público o revisiones salariales, incidiendo en los más vulnerables. Si bien estas ayudas le vienen muy bien al ciudadano para equilibrar su economía, no le permiten ningún tipo de ahorro pues tiene que utilizar estos recursos para sus gastos cotidianos.

Medidas como el control de la inflación a corto plazo y las tasas de tipos de interés más bajas, así como la creación de empleo, vendrían a aliviar la economía familiar de las personas consumidoras, que podrían recuperar una mayor capacidad de ahorro. Todo ello pasa por situaciones como la estabilidad laboral, el crecimiento económico y algunas medidas adicionales de apoyo público para aliviar la presión financiera de las familias, que se traduciría en una evolución positiva del ahorro que, a corto plazo, mejoraría la capacidad de gasto del ciudadano, incidiendo indudablemente en la mejora de la economía.