Entrevista a José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública

CON SELLO PERSONAL

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ,

MINISTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

«La Inteligencia Artificial tiene potencial para generar un gran cambio social y económico»

CARLOS CAPA
José Luis Escrivá defiende en esta entrevista la complementariedad que existe entre las dos áreas de su ministerio: Transformación Digital y Función Pública. Al frente de esta cartera desde el pasado mes de diciembre, fue ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones entre 2020 y 2023.

Economista y auditor fiscal, es experto en análisis económico y en econometría; fue presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea.

Transformación digital y Función Pública. ¿Cómo se gestionan dos responsabilidades de tanta amplitud?

Aprovechando su complementariedad, porque es una combinación que tiene mucho sentido. No somos, por poco, el primer ministerio de Europa que conjuga estas dos responsabilidades (Noruega se nos adelantó por unos meses), pero estamos viendo cada vez más interés en otros países por esta fórmula. En un mundo cada vez más digital, existen enormes sinergias entre los dos ámbitos. La Administración tiene la obligación de impulsar y facilitar la adopción de las nuevas tecnologías además de promover el debate social en torno a su uso ético, y a la vez no puede dejar de aprovechar su enorme potencial para mejorar los servicios a los ciudadanos.

Los países más ricos y prósperos, los nórdicos, son también los que tienen administraciones públicas más desarrolladas, y nos muestran el camino que queremos recorrer: capitalizar las ganancias en productividad que propician las nuevas tecnologías en un marco de garantía y ampliación de los derechos sociales.

 


«ESTAMOS ADAPTANDO PROGRAMAS PÚBLICOS EXITOSOS COMO EL KIT DIGITAL DE FORMA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN FINANCIAR SOLUCIONES DE IA CON ESTAS AYUDAS»


 

¿La Administración y la empresa privada van a diferente ritmo en la transformación digital?

Hay distintas velocidades de transformación digital dentro de las propias empresas, entre diferentes sectores, y también por su tamaño. Las grandes compañías no están teniendo problema para estar a la vanguardia de ese proceso mientras que las pequeñas y medianas empresas lo tienen más difícil, y ahí tenemos que actuar desde la Administración para asegurarnos de que los beneficios de las nuevas tecnologías llegan a todo el tejido productivo. Por ejemplo, estamos adaptando programas públicos exitosos como el Kit Digital -que ha ayudado a digitalizarse a centenares de miles de pymes- hacia la Inteligencia Artificial, de forma que las empresas puedan financiar soluciones de IA con estas ayudas. También vamos a poner en marcha un programa de asesoramiento en digitalización porque hemos detectado que, en muchas ocasiones, las pymes y los autónomos quieren digitalizarse y adoptar nuevas tecnologías, pero necesitan saber cómo hacerlo y este nuevo programa les ayudará a saber cuáles son las soluciones que más pueden contribuir a su negocio.

En este sentido, la Administración tiene un papel clave en la transformación digital, porque no sólo se beneficia de sus avances, sino que debe impulsarla con su potencia normativa y económica: puede canalizar inversiones, apoyar al sector privado en la apuesta por tecnologías disruptivas, liderar proyectos piloto y generar marcos legislativos favorables para el desarrollo de iniciativas innovadoras, entre otras posibilidades. Hay un círculo virtuoso entre tecnología y Administración que tenemos que aprovechar al máximo.

La pandemia y los conflictos bélicos en Europa nos han hecho conscientes de la pérdida de soberanía europea en materia energética. ¿También en la tecnología?

Sin duda. Pensemos en los cortes en la cadena de suministros que se vivieron cuando los cierres de fábricas ocasionados por la pandemia, cuando la interrupción en la producción y en los transportes hizo que medio mundo se quedase sin coches nuevos y otros dispositivos fundamentales para nuestra vida cotidiana. Frente a debilidades como esta, Europa está reaccionando (con propuestas como las contenidas en el Libro Blanco sobre ¿Cómo dominar las necesidades de infraestructura digital de Europa?, de la Comisión Europea, o el reciente Informe Letta). En España lo estamos haciendo también: singularmente en materia de chips, que como vemos es una tecnología fundamental, estamos dedicando a través del PERTE Chip más de 12.000 millones: un 0,9% de nuestro PIB.

¿Debe Europa apretar el acelerador para no perder la carrera frente a las grandes multinacionales norteamericanas o chinas?

Lo está haciendo. Muchos países europeos, entre ellos España, estamos impulsando la atracción de plantas de semiconductores en nuestros países. A través del PERTE Chip ya hemos impulsado la llegada de grandes empresas como Cisco, Broadcom o IMEC y estamos en conversaciones para realizar nuevas operaciones.

 


«EL NOTARIADO ME HA MOSTRADO EL EXCELENTE TRABAJO QUE HACE PARA IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN»


 

¿Cambiará la vida de los ciudadanos la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial tiene potencial para generar un gran cambio social y económico; por eso es tan importante que en Europa hayamos sentado las bases regulatorias, impulsadas por España durante la Presidencia Europea. No obstante, debemos ser conscientes de que la dimensión de la IA es claramente internacional y, por ello, creo que buena parte de la regulación la realizarán instancias supranacionales.

España también cuenta con una ventaja respecto a otros países de nuestro entorno y es que ya tenemos la AESIA (la Agencia Española de Supervisión de la IA), que será nuestro supervisor en la materia y, además, queremos que también impulse el debate social sobre esta tecnología con análisis y estudios.

¿Impulsará el Gobierno español sistemas de inteligencia artificial al margen de las iniciativas privadas?

Rotundamente sí, y aquí la iniciativa clave es ALIA, el modelo fundacional de lenguaje en castellano y lenguas cooficiales que anunció hace unas semanas el presidente del Gobierno y que estará listo a la vuelta del verano. El desarrollo de la IA se ha hecho hasta ahora alimentando motores y modelos sobre todo en inglés, y esto impide aprovechar al máximo las potencialidades de esta tecnología en otras lenguas. Así que, aprovechando la potencia del español -la segunda lengua más hablada del mundo- vamos a desarrollar un modelo transparente y en código abierto que va a permitir a los sectores productivos desarrollar productos, aplicaciones e iniciativas mucho mejores en castellano y lenguas cooficiales. Para ello contaremos con las instituciones con más reputación -las Reales Academias, el Instituto Cervantes, la Biblioteca Nacional…- con la ambición de crear un modelo de referencia, con los más altos estándares mundiales.

También queremos que el sector público sea promotor de la Inteligencia Artificial. Hay numerosos servicios públicos, como la sanidad, la justicia o la atención al ciudadano, en los que la Inteligencia Artificial puede propiciar importantes mejoras y, por ello, también queremos impulsar casos de uso en el sector público.

Las proyecciones estadísticas indican que en esta década se jubilarán más de la mitad de los funcionarios. ¿Cómo se va a afrontar esta situación?

Con varias medidas que tienen un objetivo común: que la gestión del personal de las administraciones públicas se haga con visión de medio plazo, planeando las necesidades en función de los servicios públicos que hay que prestar y en el marco de programaciones presupuestarias plurianuales; y no como hasta ahora, con un modelo reactivo, que mira al pasado y en el que el empleo público es considerado como un coste a recortar en momentos de dificultades económicas, que es lo que sucedió en la pasada década, después de la crisis financiera, y lo que ha llevado a la situación que mencionaba ante las jubilaciones de los próximos años.

En este sentido, vamos a acabar con la tasa de reposición –que sólo sirve para replicar las plantillas que ya existen- y sustituirla por un sistema de gestión previsional de efectivos, en el que las organizaciones que constituyen el sector público tendrán más autonomía para definir sus plantillas en función de sus necesidades reales presentes y futuras. Estamos preparando planes para atraer talento junior y senior, incluyendo la cobertura de puestos de información y telecomunicaciones -tan necesarios ahora, y por los que la competencia con el sector privado es tan fuerte- utilizando como modelo el sistema MIR de los médicos, que tan buen resultado ha dado; y también vamos a agilizar los procesos de acceso al empleo público, para que no pasen años entre que se abre una vacante y se cubre la plaza: nos hemos comprometido a que la ejecución de las ofertas de empleo público no duren más de 12 meses.

 


«ELABORAREMOS UN ESTATUTO DEL DIRECTIVO PÚBLICO QUE CONCRETE SISTEMAS FORMALIZADOS DE SELECCIÓN DE CARÁCTER MERITOCRÁTICO»


 

¿Cree que la Administración debe incorporar algunos conceptos de la empresa privada en cuanto a la gestión de sus relaciones laborales?

No se trata tanto de comparar u homogeneizar situaciones que son diferentes entre sí (la provisión de servicios públicos conlleva unas exigencias de prestación, cobertura, imparcialidad y mérito que no tiene la empresa privada) como de localizar los puntos en los que las cosas no funcionan óptimamente y transformarlas. Y en el sector público hace falta, en mi opinión, plantear unas posibilidades de carrera profesional más atractivas para competir en la captación de talento con el sector privado. En este sentido, trazaremos itinerarios de carrera por áreas funcionales en los que el empleado público tenga además una evaluación de su desempeño, de forma que tenga un horizonte claro de desarrollo profesional, y posibilidades de mejora en su formación o recualificación (upskilling y reskilling) para diseñar su progreso a la medida de sus aspiraciones. Además, para profundizar en la excelencia en las responsabilidades más altas de la función pública, elaboraremos un Estatuto del Directivo Público que concrete sistemas formalizados de selección de carácter meritocrático y con retribuciones ligadas a los objetivos alcanzados.

También estamos trabajando con los sindicatos en ampliar el abanico de posibilidades de jubilación flexible para que los empleados públicos tengan mayor homogeneidad con los asalariados del sector privado.

Los notarios, que también son funcionarios públicos, han apostado firmemente por la digitalización. ¿Cómo valora este esfuerzo?

Muy positivamente. Hace unas semanas me reuní con los responsables del Notariado y me mostraron el excelente trabajo que están haciendo para impulsar la digitalización. Desde el sector público, nuestra obligación es propiciar que los ciudadanos puedan beneficiarse de todas las ventajas de una mayor digitalización, pero a la vez, que aquellos que tengan más dificultades para desenvolverse en un entorno digital, sean atendidos de la forma más adecuada a sus necesidades. En nuestro Ministerio también estamos trabajando en este ámbito para eliminar la obligatoriedad de cita previa que se impone en algunos servicios públicos.

La seguridad jurídica es un pilar imprescindible para el desarrollo económico. ¿España goza de buena salud económica?

Totalmente. En mi opinión, en el momento actual, hay que diferenciar bien entre la realidad de fondo de la buena marcha del país y los discursos artificiales que se expresan con titulares grandilocuentes que muchas veces no tienen ninguna conexión con lo que está pasando. Por ejemplo, es habitual leer noticias en las que se habla de crisis económica, incluso con expresiones como “cataclismo”, cuando la economía española está comportándose de forma excelente, como lo indican los análisis de las grandes organizaciones internacionales. Es importante ver cómo nos ven desde fuera, y lo cierto es que los datos de compra de deuda pública, de prima de riesgo o de inversiones extranjeras en nuestro país muestran que la confianza en España es máxima.

Huella digital

José Luis Escrivá mantiene una cuenta en X (antigua Twitter) donde expresa sus opiniones e informa de su agenda @joseluisescriva

En el Portal de Transparencia del Gobierno se puede consultar su currículo y demás datos de acceso público

«VAMOS A AGILIZAR LOS PROCESOS DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO PARA QUE NO PASEN AÑOS ENTRE QUE SE ABRE UNA VACANTE Y SE CUBRE LA PLAZA»

Entrevista a Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia

EN CURSO LEGAL

Manuel Olmedo,

secretario de Estado de Justicia

El pasado noviembre, Manuel Olmedo fue nombrado ‘número dos’ del Ministerio de Justicia. Magistrado desde 2003 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, anteriormente fue letrado del Consejo General de Poder Judicial y jefe de Selección de la Escuela Judicial. En sus más de cien días al frente de la Secretaría de Estado, analiza en Escritura Pública los principales retos de esta etapa.
JOSÉ M. CARRASCOSA

"España es hoy referente internacional en digitalización"

¿Qué proyectos afronta en su mandato?

Todas nuestras líneas de trabajo están orientadas a transformar la Administración de Justicia en un servicio público moderno, que cuide de sus profesionales y tenga a la ciudadanía en el centro. Es un proyecto ilusionante, con un marcado impulso reformista para traer la justicia al siglo XXI, que se centra en tres grandes líneas de actuación.

En primer lugar, vamos a culminar el Proyecto Justicia 2030, iniciado en la anterior legislatura, con el que impulsamos la necesaria transformación de la justicia en esta década. Un importante hito fue la aprobación del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que incorpora tanto la Ley de Eficiencia Digital como gran parte del contenido de la Ley de Eficiencia Procesal, y se ha continuado la tramitación parlamentaria de la Ley de Eficiencia Organizativa, ahora bajo la denominación de Proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

En segundo lugar, como el ministro Bolaños ha anunciado ya, vamos a ampliar y mejorar el acceso a la Justicia mediante la aprobación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita adaptada a las necesidades actuales y la reanudación de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de Derecho a la Defensa. Quiero hacer énfasis en que todo ello se enmarca en un modelo de Justicia pensada para las personas en sus concretas circunstancias vitales, especialmente para aquellas que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad.

En tercer lugar, vamos a dar un impulso a la democratización en el acceso a las profesiones jurídicas, reforzando y ampliando el programa de becas para oposiciones a las carreras judicial y fiscal, letrados de la Administración de Justicia y abogacía del Estado. Una iniciativa de la que este Gobierno está especialmente satisfecho, porque pretendemos que el acceso a las profesiones de la justicia no esté condicionado por la renta o el origen social. Es un sistema que debe permitir el acceso de todos.

Todas estas iniciativas, como ha reiterado el ministro Bolaños, han de partir de grandes consensos en la sociedad y el sector jurídico. Y en ello trabajamos sin descanso.

 


«NUESTRO TRABAJO ESTÁ ORIENTADO A TRANSFORMAR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN UN SERVICIO PÚBLICO MODERNO, QUE CUIDE DE SUS PROFESIONALES Y TENGA A LA CIUDADANÍA EN EL CENTRO»


 

Durante su etapa como secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio implementó medidas en pro de la digitalización de Justicia. ¿Queda mucho por hacer?

Hay que dejar claro que España ya es hoy referente internacional en digitalización, especialmente en el ámbito de la Justicia, donde trabajamos para conseguir un servicio público mucho más cercano a la ciudadanía y acorde a las necesidades de la sociedad digital. Dicho esto, es verdad que todavía queda trabajo para conseguir una administración de justicia todo lo ágil y rápida, igualitaria, accesible y digital que necesitamos y merecemos. Estamos en ello, avanzando hacia hitos como la interoperabilidad completa con todo el ecosistema de la Administración de Justicia. Además, estamos impulsando los procesos de robotización e incorporando tecnologías basadas en Inteligencia Artificial en todos los procesos en los que es viable como ayuda y apoyo al personal tramitador, con el fin de agilizar los procedimientos y dedicar su talento a tareas de mayor valor añadido.

Proyectos como Carpeta Justicia, los Medios Adecuados de Solución de Controversias y las Oficinas de Justicia en el Municipio, ya en pleno desarrollo, contribuirán decisivamente a la eficiencia del sistema judicial y favorecerán la cohesión social y territorial, al facilitar recursos a la ciudadanía con independencia de su origen, residencia o circunstancias. Con los avances en digitalización estamos fortaleciendo derechos y contribuyendo a un país más igualitario, ecologista y digital.

 


«ESTAMOS IMPULSANDO LOS PROCESOS DE ROBOTIZACIÓN E INCORPORANDO TECNOLOGÍAS BASADAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN TODOS LOS PROCESOS EN LOS QUE ES VIABLE»


 

La Ley 11/2023, de 8 de mayo, entró en vigor para el ámbito notarial el pasado 9 de noviembre. ¿Cree que es un modelo aplicable a otros ámbitos de la Justicia?

La implicación de su Consejo, de las y los notarios, de las personas que trabajan en las notarías y su colaboración con el Ministerio en la elaboración de la ley ha sido decisiva para que haya podido implantarse con éxito. Más allá del diseño notarial, y de sus particularidades, que convierten a esta ley en un traje a medida, la clave de este modelo es la implicación y la lealtad en la colaboración, el diálogo y la cooperación institucional. Eso, que es aplicable a todos los ámbitos de la Justicia, es nuestra seña de identidad. El propio ministro ha insistido desde que tomó posesión de la cartera de Justicia en que el diálogo es el método de trabajo a seguir. No concebimos la política como una toma de decisiones individuales. La deliberación colectiva y el intercambio de opiniones debe ser la norma, también para los servidores públicos.

De su Secretaría depende la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Cuáles son las principales líneas de actuación previstas para este centro directivo?

Al igual que en el conjunto de la administración de Justicia, nuestro objetivo es aprovechar la imparable transformación digital que estamos impulsando para dar un giro de 180º en la manera en la que los ciudadanos y las empresas van a relacionarse con este servicio público. En la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es, tal vez, donde más se estén haciendo notar los beneficios de los mecanismos de robotización de procesos automatizables, idóneos para tramitación de expedientes de contenido repetitivo. El mejor ejemplo son los trámites para la obtención de nacionalidad, cuya robotización ha supuesto un ahorro de más de 300.000 horas de trabajo que se destinan a labores de mayor valor añadido. Vamos a seguir trabajando en esa línea porque esta dirección general es un centro directivo de capital importancia en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y, en especial, para la ciudadanía. Estamos preparando la documentación que servirá, en 2025, para la redacción de las normas reglamentarias que exigen las numerosas reformas legales de modernización que se han aprobado en los últimos tiempos, especialmente en materia de digitalización de actuaciones notariales y registrales.

Una de las áreas en la que más intensamente ha trabajado el Notariado es en todo lo relativo a las personas con discapacidad. ¿Qué iniciativas abordará el ministerio en este ámbito?

El ministerio está utilizando todos los medios a su alcance para poder ofrecer una justicia de calidad a las personas con menos recursos o en situaciones vulnerables. Es uno de los puntales de nuestra actuación, tal y como explicamos en Palencia el 29 de febrero, en el marco de la última Conferencia Sectorial.

Vamos a hacer hincapié en el diseño de proyectos que rompan las brechas de acceso a la Justicia a las que, tristemente, aun han de enfrentarse los colectivos en situación de vulnerabilidad, entre ellos el de las personas con discapacidad. Porque no podemos actuar ajenos a la presencia en nuestra sociedad de límites a la igualdad material efectiva, que es uno de nuestros derechos fundamentales y, a su vez, principio fundamental de nuestra Carta Magna y criterio de actuación de los poderes públicos.

Por ello, desde el ministerio venimos implementando medidas legislativas y soluciones tecnológicas que permitan reducir o eliminar las dificultades presentes en nuestra sociedad que, o bien impiden o bien limitan, el acceso a la justicia para toda la ciudadanía.

 


«EL MINISTERIO ESTÁ UTILIZANDO TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA PODER OFRECER UNA JUSTICIA DE CALIDAD A LAS PERSONAS CON MENOS RECURSOS O EN SITUACIONES VULNERABLES»


 

Además de por su cargo, como experto en Derecho Penal, ¿conoce la actuación del Notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales?

Efectivamente, la Secretaría de Estado conoce y valora el magnífico y constante trabajo del Notariado en este ámbito, en ocasiones por delante de las normas europeas.

En el ámbito internacional no europeo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) destaca y alaba la actuación extraordinaria del Notariado, así como en el ámbito de seguimiento de las sanciones aprobadas por las organizaciones internacionales.

La creación en el año 2005 en el Consejo General del Notariado del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP) sirvió para intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en esta materia, y ha fortalecido la colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) y con las autoridades policiales, judiciales y fiscales.

Con estos antecedentes, no me cabe la menor duda de que el colectivo notarial seguirá adaptándose y colaborando como hasta ahora.

Recientemente participó en La Haya en la Conferencia de Restauración de la Justicia para Ucrania. ¿Qué postura mantiene España?

En la Conferencia de Restauración de la Justicia para Ucrania reiteré el firme compromiso del Gobierno de España para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos en la agresión rusa contra Ucrania. Puse de manifiesto la solidaridad de España con los ciudadanos y autoridades ucranianos, que están sufriendo las consecuencias de la guerra, y la necesidad de que prevalezca la ley frente a crímenes internacionales.

Quiero recordar que España ha aprobado la puesta en marcha del Centro Internacional para el Enjuiciamiento del Crimen de Agresión contra Ucrania, en las instalaciones de Eurojust, en La Haya. También contribuimos a los esfuerzos de la Corte Penal Internacional, ayudando de forma creciente a su financiación; y apoyamos la creación de un tribunal que tenga jurisdicción para enjuiciar los crímenes de guerra en Ucrania.

Ha trabajado en la reforma del acceso a las carrera fiscal y judicial. ¿Considera que el actual sistema de oposiciones es el adecuado?

Partiendo de la base de que el sistema actual de oposiciones a los cuerpos jurídicos de la Administración puede considerarse un método de selección eficaz, posiblemente podrían abordarse algunas reformas en el campo de la formación y evaluación continua de cada cuerpo jurídico, en aras de fortalecer la calidad del servicio público

También quiero hacer un apunte desde la perspectiva de género que nos debe invitar a la reflexión. Las últimas promociones demuestran que las mujeres superan en amplio número a los hombres, sin que dicha proporción se mantenga, lamentablemente, cuando se utilizan otros métodos para conformar órganos de dirección dentro de esos mismos cuerpos.

En cualquier caso, el sistema debe estar dotado de un sólido sistema de becas para garantizar la igualdad en el acceso, ámbito en el que podemos estar orgullosos del trabajo que venimos haciendo y que, tal y como ha anunciado el ministro Bolaños, vamos a potenciar.

QUIERO DESTACAR EL COMPROMISO DEL COLECTIVO NOTARIAL

El Notariado ha realizado en los últimos años una decidida apuesta por las nuevas tecnologías en su relación con los ciudadanos. ¿Cómo valora iniciativas de este tipo?

El Notariado, como institución ligada a la Administración Pública, no es ajeno a la imparable apuesta por la digitalización en la que España es pionera. Por ejemplo, la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales, ha supuesto un salto cualitativo importante en la utilización de las nuevas tecnologías en las actuaciones notariales mediante la regulación del protocolo electrónico notarial. Regulación que ha acercado al ciudadano la actuación notarial. La posibilidad de utilización de la videoconferencia para la realización de múltiples actuaciones, como la constitución de sociedades, apoderamientos y revocación de poderes, cancelación de garantías, entre otros actos, implica un gran avance.

Además, quiero aprovechar para destacar el compromiso del colectivo notarial en la implantación efectiva de la nueva legislación y el esfuerzo realizado para que haya sido un éxito desde su entrada en vigor.

Entrevista a Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización Nacional de Trasplantes

CON SELLO PERSONAL

BEATRIZ DOMÍNGUEZ-GIL,

DIRECTORA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES

«Multitud de países han emulado total o parcialmente nuestro modelo»

ALEJANDRO MOYA BLAY
España es líder mundial en donación y trasplante de órganos. Lo lleva siendo los últimos 32 años. Beatriz Domínguez-Gil es la directora general del organismo desde 2017, aunque forma parte de su plantilla desde hace casi 20 años; un equipo de menos de 50 personas que se encarga de coordinar y organizar la actividad de donación y trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país, además de la gestión de las listas de espera y otras muchas actividades para promover la donación.

Gallega, especializada en nefrología, dice sentirse frustrada por no tener tiempo para hacer más cosas, aunque no son pocas las funciones que desempeña, pues también preside el Comité de Trasplantes del Consejo de Europa y la Red Iberoamericana de Donación y Trasplante, espacios en los que España lidera el intercambio de conocimiento entre países.

¿Cómo valora estos siete años dirigiendo la ONT?

Han sido años duros, pero también fascinantes. Hemos puesto en marcha numerosos proyectos que nos han permitido seguir aumentando nuestra actividad y mejorar nuestra respuesta a las necesidades de los pacientes. También tuve que vivir al frente de la institución la pandemia de la Covid-19, con un impacto abrumador en el programa de donación y trasplante. No obstante, creo que dimos lo mejor de nosotros mismos y hemos sido capaces de recuperar la senda de crecimiento en un tiempo muy razonable.

 


ESPAÑA ES EL PAÍS DEL MUNDO QUE TIENE MAYOR TASA DE TRASPLANTE DE DONANTE EN ASISTOLIA, GRACIAS A LOS MÉTODOS DE PRESERVACIÓN QUE HEMOS DESARROLLADO


 

En 2023, nuestro país, de nuevo, a la cabeza del ranking mundial.

Es una situación de absoluto privilegio y que se debe básicamente a tres elementos: una población muy solidaria, nuestro Sistema Nacional de Salud de carácter público y universal y el modelo organizativo y de gestión, lo que se conoce internacionalmente como “el modelo español”, cuya base fundamental es el coordinador intrahospitalario de trasplantes. En los hospitales, que es donde surgen las oportunidades de donación, contamos con equipos de coordinación integrados por personal con la formación adecuada y casi siempre liderados por intensivistas.

Yo creo que el mérito de España es impresionante, no solamente porque mantengamos el liderazgo en donación de órganos, sino porque nos hemos sabido adaptar a un potencial donante que es complejo, pero que afortunadamente tenemos. En términos generales, nuestro donante es una persona mayor, de edad avanzada o muy avanzada, y que fallece por causas naturales.

La donación en asistolia sigue creciendo exponencialmente…

En el mundo, aproximadamente el 75 % son donantes en muerte cerebral. No obstante, la gran mayoría de las personas no fallece en estas condiciones, sino tras una parada cardiorrespiratoria. Hace algo más de una década se empezó a ver que se podían trasplantar también órganos procedentes de personas fallecidas en estas circunstancias. Actualmente ya son 23 los países que han desarrollado un programa de donación en asistolia y España es el país del mundo que tiene mayor tasa de trasplante de donante en asistolia, gracias a los métodos de preservación que hemos desarrollado. Ahora mismo el 45 % de los donantes fallecidos en nuestro país son donantes en asistolia. Hemos logrado trasplantar con éxito todo tipo de órganos: riñones, hígados, pulmones, páncreas, corazones e incluso intestinos, algo que nadie salvo España ha conseguido.

¿Es trasladable el modelo español a otros países?

Multitud de países han emulado total o parcialmente nuestro modelo y han mejorado extensiblemente su actividad de donación y trasplante. Croacia lo ha replicado exactamente y ha alcanzado tasas de donación similares a la española. También Portugal o la región toscana en Italia. Otros países como Reino Unido incorporaron la figura de los intensivistas y consiguieron mejoras significativas. Lo mismo han hecho en Canadá, Estados Unidos o Australia con resultados extraordinarios. En los países de América Latina, con los que llevamos desde el año 2005 replicando aspectos del modelo español, se han duplicado las cifras de donación de órganos.

 


EL COORDINADOR DE TRASPLANTES TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSULTAR EL REGISTRO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS


 

Después de casi cinco décadas en vigor, ¿considera necesaria alguna reforma de la Ley sobre Extracción y Trasplante de Órganos?

Yo creo que es una ley ejemplar. Ha sobrevivido 45 años y hoy sigue siendo una ley moderna, objeto de escrutinio por parte de todos los países del mundo, que nos ha permitido con sus fundamentos y principios básicos irnos adaptando perfectamente a los avances científico-técnicos. La ley se ha desarrollado a través de tres reales decretos, estando ahora mismo en vigor el Real Decreto de 2012, del que probablemente iniciemos un proceso de revisión y actualización en los próximos meses.

Llevan tiempo trabajando para la tramitación de una ley que asegure la protección laboral y social de los donantes vivos de órganos.

Está gafada… (risas) Ha estado a punto de salir adelante en varias ocasiones, pero por cuestiones políticas se nos ha quedado en el tintero. Los donantes vivos y los donantes altruistas se someten voluntariamente a una intervención quirúrgica que puede tener ciertas complicaciones e incapacitarles para trabajar temporalmente, por lo que deben estar perfectamente protegidos también desde esta perspectiva. A ver si en esta legislatura…

En España todos somos considerados donantes si en vida no hemos expresado lo contrario; por ejemplo, realizando ante notario un documento de voluntades anticipadas.

El coordinador de trasplantes tiene la obligación de consultar el registro de voluntades anticipadas, así como cualquier otra documentación en la que haya podido expresarse el deseo de la persona. Además, siempre realizamos un acercamiento a la familia y pedimos su consentimiento. Yo creo que, en un país como el nuestro, en el que todos tenemos acceso al trasplante, que se considere que lo normal es ser donante envía un buen mensaje a la ciudadanía. Es una llamada a la corresponsabilidad.

 


EN TÉRMINOS GENERALES, NUESTRO DONANTE ES UNA PERSONA MAYOR, DE EDAD AVANZADA O MUY AVANZADA, Y QUE FALLECE POR CAUSAS NATURALES


 

¿Cuál es el tiempo promedio de espera para recibir un trasplante en nuestro país?

El tiempo de espera en España es extremadamente corto. En el caso del riñón, hablamos de un año o año y medio; y en el de los órganos vitales como corazón, pulmón o hígado, de menos de tres meses. Por ejemplo, en Alemania el tiempo que se puede esperar para un trasplante renal es de más de siete años.

Recientemente se ha aprobado el Reglamento Europeo sobre normas de calidad y seguridad de las Sustancias de Origen Humano…

Europa se ha dado cuenta que han empezado a surgir sustancias de origen humano que no estaban cubiertas por ninguna directiva. Estamos hablando de que millones de pacientes se benefician anualmente de estas sustancias: 200.000 niños nacen cada año en la UE con técnicas de reproducción humana asistida, más de 150.000 pacientes reciben el trasplante de un tejido y 30.000 un trasplante de médula ósea de donante no emparentado. Nuestro objetivo es que sean cada vez más y lo que pretende esta directiva es que los pacientes puedan tener un mejor acceso y con mayores garantías de calidad y seguridad a las terapias basadas en tejidos y células.

¿Cuál es su posición frente a la regulación de la compraventa de órganos que plantean algunos países?

Mi postura, la postura de España y de la mayoría de los países del mundo, es que la donación no sea remunerada, por respeto a la dignidad de la persona. Si generamos un sistema de compraventa de órganos llega un momento en que ese gesto de donación está condicionado por una necesidad. Por lo tanto, al final el sistema redunda en que sean los sectores más vulnerables de la población los que terminen transformándose en fuente de órganos para los que lo necesitan. Y tenemos ejemplos que así lo demuestran, como el sistema de compraventa de Irán o el caso de la donación remunerada de plasma en Estados Unidos.

Hablábamos al principio del modelo español y sus fantásticos resultados… ¿Qué posibilidades de mejora cree que tiene nuestro sistema?

Podemos mejorar consolidando las vías de innovación que hemos implementado en los últimos años y que nos han permitido seguir creciendo y avanzando en nuevas líneas de trabajo, como la incorporación de los centros de sanidad privada a la donación o el desarrollo de técnicas novedosas de preservación. Yo tengo mucha tendencia a ver lo que falta por hacer, pero es cierto que cuando echo la vista hacia atrás veo que ya hemos hecho muchas cosas. Estamos muy orgullosos de lo logrado, pero todavía tenemos mucho camino por delante.

Huella digital
  • Beatriz Domínguez-Gil cuenta con su propio perfil en X (Twitter).
  • También tiene sendos perfiles en redes sociales la Organización Nacional de Trasplantes.
  • Puede consultar todos los datos del Balance de Actividad 2023 de la ONT en su página web (www.ont.es).

«LA POSTURA DE ESPAÑA, Y DE LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES DEL MUNDO, ES QUE LA DONACIÓN NO SEA REMUNERADA, POR RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA»

Entrevista a Aurora Elósegui, magistrada. Premio Foro Justicia y Discapacidad

EN CURSO LEGAL

AURORA ELÓSEGUI,

magistrada. Premio Foro Justicia y Discapacidad

El Foro Justicia y Discapacidad concedió el pasado diciembre su premio A una trayectoria profesional a la magistrada jubilada Aurora Elósegui. En el acto de entrega, el presidente del Foro, Juan Manuel Fernández, destacó de la jueza galardonada su «respeto, cuidado, exigencia, cercanía y trabajo en equipo».

JOSÉ M. CARRASCOSA

"Todos los operadores jurídicos tienen su papel en el tratamiento integral y transversal de la discapacidad"

¿Qué ha supuesto para usted este reconocimiento a su trayectoria profesional?

Este premio inicialmente me incomodó. No soy amiga de reconocimientos oficiales por hacer tu trabajo con dedicación, como creo debe hacer cualquier profesional. El verdadero premio es el reconocimiento de las personas a las que has ayudado en la solución de sus conflictos en el día a día de la labor judicial; y ese premio creo que lo he tenido durante estos largos años de contacto personal con quienes acudieron al juzgado en busca de apoyo. En mi jubilación ya me sentía reconocida. En todo caso, reflexionando, creí entender que se otorgaba no a mi persona, sino a una manera de trabajar en el ámbito de la discapacidad y esto podía ser un acicate para que ese modelo sirviera, en algún sentido, de orientación a los profesionales que siguen trabajando en ese ámbito. Así entendido, expreso mi profundo agradecimiento al Foro Justicia y Discapacidad por este premio, que quiero hacer extensivo a todos cuantos colaboraron conmigo en ese modelo de trabajo.

 


LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO ES DIFÍCIL EN CUALQUIER TIEMPO; LAS FORMAS DE ATACARLA SON DIVERSAS Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL SUELE LEVANTAR AMPOLLAS


 

Ingresó en la magistratura en 1987, en plena época de los ‘años de plomo’ de ETA, llegando a ser la decana de los juzgados guipuzcoanos. ¿Qué papel jugaron los jueces vascos en esos primeros años de democracia?

Creo que los jueces, entonces como ahora, defendíamos la Constitución y los derechos fundamentales en ella reconocidos -como son la libertad, la igualdad, la no discriminación-, frente a los intolerantes totalitarios e identitarios que pretendían imponer por la fuerza un pensamiento único. No plegarse a sus exigencias tuvo sus consecuencias. Hubo una huida de ciudadanos y también de jueces de esta tierra y los que nos quedamos perdimos una parcela de libertad pues vivimos todos bastantes años escoltados. No fue una experiencia fácil para nadie, pero la defensa del Estado de Derecho es difícil en cualquier tiempo; las formas de atacarla son diversas y la independencia judicial suele levantar ampollas.

 


A LOS FAMILIARES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD LES DIGO QUE NO TENGAN MIEDO A PEDIR AYUDA. QUE NO ESTÁN SOLOS


 

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de San Sebastián, del que usted era titular hasta su jubilación en 2019, está considerado como uno de los pioneros en especializarse en discapacidad e internamientos voluntarios. ¿Qué recuerda de aquellos primeros pasos?

Entonces los procedimientos que afectaban a la discapacidad eran los llamados de incapacitación y los ingresos psiquiátricos involuntarios, fundamentalmente. No entraban muchos asuntos. Se tramitaban mediante modelos, con nulo contacto con las personas afectadas. No se cumplía tan siquiera la escasa normativa existente. Las resoluciones se basaban en informes médicos y testimonios de familiares que no se comprobaban; y, en general, se actuaba con una ignorancia total de la dimensión emocional de la vida de una persona, sus familiares y allegados que comportaba una declaración de incapacitación. Las sentencias eran escuetas, genéricas, abstractas, … Se declaraba a una persona incapaz para todo y se nombraba un tutor que la representara en el ejercicio de su capacidad jurídica.

¿Qué le hizo pensar esa realidad?

Inmediatamente fui consciente de que no se podía tratar este campo como tratábamos las hipotecas, los contratos, las sociedades… Esto era otra cosa. Requería cercanía, escucha, comprensión, principios muy alejados de la burocracia, formalismos y protocolos habituales en los juzgados civiles. Había que profundizar en el conocimiento de la escasa legislación y jurisprudencia existente, ver la forma de aplicarla de acuerdo con los principios reconocidos en la Constitución y en convenciones internacionales sobre discapacidad y salud mental. Se requería dedicación y especialización. Eso era imposible si seguíamos repartiendo estos asuntos entre seis juzgados. Entendiendo que la situación era urgente vi otra vía para poder hacerlo que fue a través de las normas de reparto de asuntos, de tal manera que todos los temas relacionados con la discapacidad se turnaran a un solo juzgado a cambio de una exención de otro tipo de procedimientos.

 


ANIMO A TODOS LOS QUE PUEDAN, A QUE ACUDAN A LA NOTARÍA A EXPRESAR SU VOLUNTAD Y SUS PREVISIONES PARA UNA POSIBLE SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD


 

¿Por qué eligió el ámbito civil de la discapacidad como principal área de actuación?

Dentro del derecho, el ámbito civil es un poco ‘la madre’ de todos los derechos. Es el más extenso, el que contempla a la persona en sí misma. Es también, por decirlo de alguna manera, la cara más amable del derecho, distante del carácter punitivo y sancionador del penal. Además, dentro del procedimiento civil, existe una rama -por llamarla de alguna manera- que contempla determinadas relaciones, situaciones, actividades de las personas en las que no existe confrontación, pero que requieren ser reguladas, supervisadas, para evitar abusos. Esa función se realiza mediante la jurisdicción voluntaria, tan olvidada y menospreciada por nuestros juristas, pero a través de la cual el juez puede ejercer una función que para mí es importante, que es la de cuidar. Hicimos muchas cosas con la jurisdicción voluntaria en beneficio de las personas con discapacidad, medidas puntuales, planes temporales, provisionales…

Participa activamente como patrona en las actividades de la Fundación donostiarra Hurkoa. ¿Cuál es la contribución de las ONG de este tipo?

Este tipo de entidades son esenciales en el mundo de la discapacidad intelectual, porque de nada sirve que se reconozca en una resolución judicial la existencia de una situación de discapacidad que necesita ayuda, si no existe una persona o entidad dispuesta a prestársela. Es más, estas entidades son muy importantes para determinar qué tipo de ayuda requiere la persona, por qué la requiere, para qué, cómo se puede ejercer y con qué recursos.

En unas jornadas organizadas por el Foro Aequitas de la Discapacidad en el Parlamento de Vitoria se puso de manifiesto el avance logrado desde la entrada en vigor hace dos años de la Ley 8/2021 a la hora de adaptar los expedientes a la nueva normativa. ¿Está de acuerdo o cree que queda camino por recorrer?

La Ley 8/2021 exige revisar todas las sentencias de incapacitación dictadas hasta su entrada en vigor. Sé que es una carga de trabajo enorme para estos juzgados, ya de por sí sobrecargados, y seguramente estarán retrasando los nuevos procedimientos para la fijación de medidas de apoyo de las personas que los necesiten. Siento no compartir esa urgencia de revisión de sentencias, que creo surge de una desconfianza injustificada respecto, al menos, de las sentencias dictadas en la última década. La Convención de Nueva York rige desde el año 2006 y debía ser aplicada. La jurisprudencia desde hace tiempo iba revocando aquellas sentencias genéricas, abstractas, y exigiendo que se detallaran los aspectos en que la persona requería ser asistida o sustituida, así como la prohibición de privar de derechos.

¿Qué recomienda a las familias a la hora de configurar las mejores ayudas que garanticen la situación patrimonial, personal o laboral de sus seres queridos?

A los familiares y personas con discapacidad les digo que no tengan miedo a pedir ayuda. Que no están solos. Que acudan a los servicios sociales, a las entidades del tercer sector, a los notarios, al juzgado, … Que sean persistentes y exijan.

Imágenes del acto de entrega del premio a la magistrada jubilada Aurora Elosegui.
Fotos: Consejo General del Poder Judicial
El papel de los operadores jurídicos

¿Qué papel juegan los operadores jurídicos en un derecho de la discapacidad cada vez más desjudicializado?

Todos los operadores jurídicos, y en conjunto toda la sociedad, tienen un papel en el tratamiento de la discapacidad que ha de ser transversal e integral. La función de los notarios es relevante porque mediante su ejercicio podemos conocer de modo fehaciente la voluntad de las personas -expresada cuando están con plenitud de facultades para hacerlo- sobre cómo quieren ser tratadas cuando no puedan decidir por sí mismas y quién debe ser la persona o entidad que ponga en práctica sus decisiones anticipadas. En esa dirección puede otorgar los apoderamientos o instrumentos jurídicos necesarios para ello. El notario debe realizar el juicio de capacidad preciso para la adopción de dichas decisiones; así como el asesoramiento sobre el conjunto de medidas que pretenda establecer. También deberá asesorar sobre las salvaguardas posibles para el caso de que las circunstancias futuras que se han previsto como idóneas, no sean tales o sufran modificaciones. Una resolución judicial o un acta notarial, constituyen una foto fija de la persona y su voluntad en un momento determinado, pero sus efectos se proyectan hacia el futuro y la realidad nos demuestra que las cosas y las personas pueden cambiar.

En todo caso, aun cuando finalmente estas situaciones puedan llegar a los juzgados, estimo esencial conocer cuál fue la voluntad de la persona. Animo a todos los que puedan a que acudan a la notaría a expresar su voluntad y sus previsiones para el caso de que se produzca -que seguramente se producirá porque la edad nos llega a todos- una posible situación de discapacidad, anticipando de esta manera las decisiones que le gustaría que se adoptaran para su atención, sin olvidar la provisión de recursos económicos para ello.

Entrevista a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

CON SELLO PERSONAL

FÉLIX BOLAÑOS,

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES

«Vamos a continuar fortaleciendo derechos y contribuyendo a un país más igualitario, ecologista y digital»

CARLOS CAPA
Félix Bolaños (Madrid, 1975) ocupa desde el 21 de noviembre de 2023 una de las carteras más relevantes del Consejo de Ministros, aunando las competencias de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. El ahora Notario Mayor del Reino es un jurista prestigioso, habiendo ejercido la abogacía en firmas de referencia internacional, altas responsabilidades en la Administración del Estado, así como la docencia en centros universitarios de referencia.

-Desde el pasado mes de noviembre se ha convertido en uno de los miembros del Gobierno que acumula más responsabilidades. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con profunda responsabilidad, pero con una fuerte convicción: trabajar para la ciudadanía. Soy consciente de las dificultades, pero también de los retos y los objetivos prioritarios. Queremos seguir consolidando las reformas emprendidas en la legislatura pasada, ensanchando el Estado del bienestar, ampliando derechos y mejorando la convivencia. En mi caso lo voy a hacer con el mismo empeño desplegado en mi anterior etapa como ministro: con trabajo, con diálogo, con dedicación y con esfuerzo.

-Es usted el responsable de implementar la agenda legislativa del Gobierno. ¿Cuáles son las prioridades del Ejecutivo?

La legislatura pasada aprobamos más de doscientas leyes que hicieron avanzar a España sin dejar a nadie a un lado. Esta legislatura vamos a continuar por ese camino: fortaleciendo derechos, contribuyendo a un país más igualitario, ecologista y digital. Y lo haremos desarrollando grandes consensos y con un gran impulso reformista.

 


«HEMOS APROBADO EL IMPORTANTÍSIMO REAL DECRETO LEY 6/2023 QUE SUPONE LA MAYOR TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA EN DÉCADAS»


 

En el ámbito de la justicia, por ejemplo, queremos dar respuesta política a algunas de las grandes demandas de la ciudadanía en esta materia: conseguir una administración de justicia más ágil y rápida, más igualitaria, accesible y digital. Y ya tenemos resultados tangibles. Hemos aprobado el importantísimo Real Decreto Ley 6/2023, que ha sido convalidado por el Congreso el 10 de enero y que supone la mayor transformación de la Justicia en décadas, estableciendo, por ejemplo, que la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática no sean una excepción, sino la norma. También hemos creado la Carpeta Justicia, que permite a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesado, así como pedir cita previa para ser atendida.

Otros ejes prioritarios serán el refuerzo del derecho a la defensa, con la actualización de ley que la asistencia jurídica gratuita y de las cantidades para la misma, o la aprobación de la primera ley orgánica que regula el derecho de defensa. También la apuesta por la justicia de los cuidados, velando por los derechos de las personas con discapacidad o las víctimas de los delitos. O la mejora de la eficiencia a través de una ley pendiente de la pasada legislatura, como es la Ley orgánica de eficiencia organizativa.

 


«EL PRIMER GRAN ACUERDO DE ESTADO HA DE SER LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Y SUPERAR ASÍ UNA CRISIS INSTITUCIONAL QUE AFECTA A UNO DE LOS PODERES DEL ESTADO: EL JUDICIAL»


 

-¿Y en el ámbito notarial?

Estamos trabajando para que la interoperabilidad no se circunscriba al Registro Civil; ya tenéis acceso directo a la obtención de certificaciones y están preparados los sistemas para el envío de procedimientos/escrituras, lo que supone un ahorro en tiempos y trámites a los ciudadanos y también a los operadores por hacerse de forma electrónica sino que como decía, también trabajamos conjuntamente, el Notariado y el Ministerio de Justicia, para que todas las comunicaciones entre notarios y administraciones se realice por medios telemáticos.

Para ello se están integrando los sistemas notariales con el Sistema de Intercambio de Registros (SIR) para un intercambio de la información orientada al dato, y de manera cien por cien electrónica, con el sistema que conecta todas las administraciones españolas.

Del mismo modo, aprovechando la conexión anterior, se posibilitaría la comunicación de los notarios con cualquier órgano judicial, lo que permitiría eliminar las comunicaciones por fax, correo electrónico o correo tradicional que aún se están realizando en algunos casos.

-¿Goza nuestra Constitución de buena salud?

La Constitución española tiene una salud de hierro a salvo de opiniones y críticas apocalípticas. En 45 años desde su ratificación se ha convertido en un texto símbolo de igualdad y libertad y que ha contribuido de manera decisiva a construir el país moderno, diverso y plural que somos ahora.

La fortaleza de la Constitución es indiscutible, pero eso no significa que partes de su texto no puedan ser sometidas a cambios requeridos por el paso del tiempo y su adaptación a un lenguaje que ya no se corresponde con el de los años en los que se redactó nuestra Carta Magna. Me estoy refiriendo a la necesaria modificación del artículo 49 para eliminar un término ofensivo como es el de «disminuido» por el de personas con discapacidad y que ya es una realidad tras su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero. Este Gobierno ha estado comprometido, desde su inicio, con este cambio para alcanzar un acuerdo que deje atrás esta terminología hiriente y se adapte a un lenguaje propio del siglo XXI y también para reforzar los derechos de las personas con discapacidad. Es la primera reforma social de la Constitución de nuestra historia.

Por último, no quiero olvidarme del gran desafío que tenemos hoy por delante y que ha tensado como nunca el correcto funcionamiento de nuestra Carta Magna: la no renovación del Consejo General del Poder Judicial debido al bloqueo permanente e injustificable del principal partido de la oposición. Como hicimos en otras ocasiones, afrontamos este problema de la justicia con diálogo y como una prioridad en este mandato: recuperar la normalidad institucional del CGPJ y del servicio público de justicia. La Constitución nos lo pide y la ciudadanía nos lo demanda.

-Los operadores jurídicos siguen reclamando un Pacto de Estado sobre este servicio público esencial. ¿Lo considera necesario? ¿Lo cree posible?

El diálogo es mi método habitual de trabajo. No concibo la política como una toma de decisiones individuales. La deliberación colectiva y el intercambio de opiniones debe ser la norma y no la excepción de los servidores públicos. Así lo he puesto en práctica desde que tomé posesión de mi cargo como Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En pocas semanas me he reunido con el presidente por suplencia del CGPJ; con el presidente del Tribunal Supremo; con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y con el presidente de la Audiencia Nacional. Mi propósito es seguir manteniendo encuentros con todos los operadores: judicatura, fiscalía, abogacía, procuradores, registradores, funcionariado, asociaciones, colegios y sindicatos profesionales y, por supuesto, notariado.

Con esta norma haré todo lo que esté en mi mano para tender puentes y llegar a acuerdos beneficiosos para todos. El primer gran acuerdo de Estado ha de ser la renovación del CGPJ y superar así una crisis institucional que afecta a uno de los poderes del Estado: el judicial.

-¿Será la recuperación de las leyes de eficiencia procesal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal una prioridad del Gobierno?

Ya hemos aprobado gran parte de dichas iniciativas. Algunas medidas de carácter procesal ya se incorporaron en la legislatura pasada, en textos como el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio. Y esta semana hemos dado un paso de gigante con la convalidación del RDL 6/2023, que es un hito importante para el servicio público de la justicia, porque conseguirá que la justicia española, esté, por fin, en el s. XXI, con todo lo que esto significa.

Ahora el reto es sacar adelante la Ley orgánica de eficiencia organizativa, con iniciativas como la incorporación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

 


«EL MINISTERIO CONOCE LA EXTRAORDINARIA COLABORACIÓN DEL NOTARIADO A TRAVÉS DEL ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO»


 

-El Notariado siempre ha colaborado con el Ministerio de Justicia en las políticas que este implementa. ¿Hay algún campo que su ministerio piensa desarrollar en el que el Notariado pudiera ser útil?

Al comienzo efectivo de la legislatura se analizan proyectos tanto legislativos como reglamentarios. El Notariado, en el ámbito de las actividades que se le encomiendan, siempre ha sido un apoyo firme para este ministerio, por su disposición de cumplimiento, su alta preparación y su red urbana y rural con implementación efectiva en todo el territorio nacional, siempre arraigado en las distintas comunidades autónomas.

Este Gobierno conoce y valora la función notarial y cuenta con ella en la implementación de sus políticas. La altísima cualificación jurídica y profesional de los notarios y notarias de nuestro país es una garantía para el Estado de derecho y la seguridad jurídica en España.

-A pesar de los incuestionables avances de los últimos años en materia de digitalización, la Administración de Justicia está lejos en esta materia de la realidad de otros servicios públicos. ¿Se conseguirá un salto significativo en esta legislatura?

Si vemos el ranking europeo elaborado por la Comisión, EU Justice Scoreboard 2023, en el ámbito de la digitalización, España se mantiene en los puestos de liderazgo en todos los ámbitos estudiados, casi siempre en las primeras cinco posiciones de los Estados miembros, situando a España muy por encima de la media de la Unión Europea.

Esto nos permite liderar proyectos en la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), que ha puesto como ejemplo nuestro proyecto de Ley de Eficiencia Digital, que ya esa una ley en vigor gracias al RDL 6/2023.

Además de la iniciativa Carpeta Justicia, que he mencionado antes, también quiero destacar la implantación del nuevo modelo de Registro Civil, con la puesta en marcha de la plataforma digital DICIREG, que establece como novedad la creación de un registro electrónico y único en toda España, centrado en las personas y elaborando un folio personal único con el historial de cada individuo.

Esta nueva visión del Registro Civil y su proceso de digitalización permite además la interoperabilidad con otros operadores (hospitales, notarías, órganos judiciales…) lo que supondrá una mejora sustancial y definitiva en el proceso de digitalización del Servicio Público de Justicia.

A la UE y al gobierno español le preocupa y ocupa la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. ¿Seguirá siendo una prioridad del Gobierno?

La lucha contra el blanqueo de capitales y otros graves delitos financieros, es una prioridad internacional, europea y por supuesto de la Administración española.

El Ministerio conoce la extraordinaria colaboración del Notariado a través del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado, que es una pieza esencial en el funcionamiento del Registro Central de Titularidades Reales, con sede en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, mediante el suministro al citado registro de datos fiables sobre los verdaderos titulares personas físicas de las sociedades.

La localización de la sede de la Autoridad Europea de Prevención de Blanqueo (AMLA) sin duda tendrá en cuenta la alta calidad preventiva de las autoridades y profesionales españoles, en la que es pieza de gran importancia la OCP.

La digitalización del Notariado

En la pasada legislatura se aprobó una gran reforma de la Ley del Notariado para ultimar su digitalización. ¿Cómo valora sus primeros resultados?

Somos conscientes de la complejidad que supone la implantación de esta gran reforma, que requiere de un esfuerzo personal y económico de adaptación que sabemos que se está llevando a cabo, coordinada por el Consejo General del Notariado y con el mayor de los esfuerzos por parte de todas las notarias y notarios.

En esta reforma destacan asuntos tan importantes como la regulación de un protocolo electrónico que refleje las matrices de los instrumentos públicos; una más ágil circulación del documento notarial con las copias electrónicas autorizadas dotadas de código seguro de verificación; prever la posibilidad de consulta digital motivada de un índice único notarial informatizado, y, por primera vez, habilitar, para determinados supuestos, la intervención telemática notarial con el objetivo de facilitar la prestación de los servicios notariales sin necesidad de presencia física, así como disposiciones en materia de seguridad y archivos.

El Ministerio estará ahí para colaborar con el Notariado en la plena implementación de esta reforma.

Huella digital

 

Entrevista a Pedro Crespo, Fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

EN CURSO LEGAL

Pedro Crespo,

fiscal jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional

«El modelo de sociedad compleja en el que estamos inmersos exige un estándar muy elevado de seguridad jurídica»

En mayo de 2021, Pedro Crespo fue nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional; organismo que se ocupa de procedimientos relacionados con cuestiones de constitucionalidad y con los recursos de amparo. Con muchos años de experiencia en diversos campos, el fiscal analiza para ‘En Curso Legal’ su trayectoria y objetivos profesionales.
JOSÉ M. CARRASCOSA,

¿Puede detallar cuáles han sido las principales líneas de actuación del órgano que preside hasta el momento?

Tengo claro que la prioridad es rentabilizar el trabajo que hace esta fiscalía, a mi juicio bastante desaprovechado. Por nuestras manos pasan cuestiones muy relevantes que se plantean en el devenir cotidiano de todos los poderes públicos de este país, especialmente en materia de derechos fundamentales. Por otra parte, la unidad de actuación que caracteriza constitucionalmente al Ministerio Fiscal español surge en esta fiscalía de un debate jurídico continuo, a veces apasionante y prolongado durante horas, entre fiscales con muchísima experiencia y un conocimiento muy profundo de la materia. Mucha gente se sorprende, incluso dentro de la carrera fiscal, cuando explico que todos y cada uno de los asuntos sobre los que informamos son sometidos, después de un estudio profundo y riguroso; a deliberación en la junta de fiscalía. Todos, sin excepción. No puede ser que el resultado de todo ese esfuerzo se agote en un dictamen escrito que una vez enviado al Tribunal Constitucional se guarda en un cajón. Es imprescindible que ese trabajo sea accesible y pueda ser utilizado y compartido, especialmente por las y los fiscales, pero en general por todo aquel a quien pueda resultar útil. Además, mostrar nuestro trabajo ayuda a que se entiendan mejor las razones estrictamente jurídicas en las que se apoyan nuestras decisiones. Aunque pueda discreparse de ellas. Estoy convencido de que si los ciudadanos conocieran bien cómo trabajamos, tendrían una imagen mucho mejor de la institución. Y de esta fiscalía en particular, sin la más mínima duda. Por eso estamos haciendo un esfuerzo importante en materia de transparencia, de comunicación, de explicación de lo que hacemos y por qué lo hacemos.

 


QUIENES TENEMOS ASIGNADAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES QUE SE SUSTENTAN SOBRE LOS VALORES DE LA INDEPENDENCIA Y LA IMPARCIALIDAD, DEBERÍAMOS PROCURAR SER MUY PRUDENTES


 

Desde el inicio de la democracia hasta ahora se han aprobado por parte de las Administraciones Públicas más de 400.000 leyes. ¿Cómo es la calidad, comprensión y grado de conocimiento de estos textos legislativos?

La motorización legislativa es en mi opinión un fenómeno en cierto modo inevitable, porque el modelo de sociedad compleja en el que estamos inmersos exige un estándar muy elevado de seguridad jurídica, y en nuestro sistema jurídico continental las ideas de previsibilidad y certeza van tradicionalmente ligadas al concepto de ley formal. El problema, a mi juicio, es la muy deficiente técnica de la que con frecuencia adolecen los textos legislativos, y también el error que desde mi punto de vista supone tratar de abarcarlo y acotarlo todo en el propio texto de la norma, lo que por una parte la hace más farragosa e incomprensible y por otra parte obliga a permanentes reformas para adaptarla a cada cambio puntual de la realidad, de modo que el resultado acaba siendo contraproducente: en lugar de mayor seguridad jurídica, se genera confusión e incertidumbre, hasta el punto de que hay ámbitos en los que es dificilísimo saber cuál es la norma aplicable a cada situación y en cada momento. Así que aquello de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento parece hoy un sarcasmo. Y eso que la tecnología ayuda. Sin las bases de datos de legislación y jurisprudencia estaríamos absolutamente perdidos.

 


AQUELLO DE QUE LA IGNORANCIA DE LA LEY NO EXCUSA DE SU CUMPLIMIENTO PARECE HOY UN SARCASMO


 

Ahora bien, no es fácil saber cuál puede ser la solución para el problema de fondo. Desde luego un procedimiento legislativo con mejores controles técnicos y –puesto que la propia tecnología lo facilita- más atento a la coordinación normativa, podría ayudar bastante. Y un funcionamiento más eficiente de la Administración de Justicia, que a fin de cuentas resulta clave para la interpretación y la comprensión de las leyes, también. Pero no sé si me estoy metiendo en el terreno de la ciencia-ficción.

Existe cierta preocupación en la opinión pública por la posible quiebra del principio de separación de poderes. ¿Puede aportar su opinión sobre este particular?

La incorporación de conceptos constitucionales al debate –o al ruido- político me genera siempre cierta inquietud. Cuando desde posiciones antagónicas unos y otros se presentan como paladines de los valores y principios constitucionales, pero al mismo tiempo parecen tener serias dificultades para practicarlos, algo está fallando en algún sitio, y no es la Constitución, que precisamente fue concebida para acoger a todos. Es innegable que en la actualidad asistimos a determinadas anomalías que pueden generar cierta confusión sobre la aplicación de esos principios.

Mantener, por ejemplo, cinco años bloqueada la formación del Consejo General del Poder Judicial por razones de oportunidad política transmite, en mi opinión, un mensaje poco edificante acerca de la capacidad de incidencia de la política –de la política partidista, quiero decir- en el ámbito judicial. O el hecho mismo de que se trate reiteradamente de inmiscuir a jueces y fiscales, o sus decisiones, en la contienda ideológica, no facilita la visión sobre la imprescindible distancia que impone ese principio constitucional de separación de poderes. Aunque también creo que deberíamos tener más cuidado con el fenómeno simétrico, que se traduce en una creciente, y a mi juicio inconveniente, inclinación de personas e incluso órganos del mundo judicial a la exteriorización pública de mensajes de palpable contenido y sentido político, que, por cierto, no deja de percibirse por más que a veces se envuelva en un discurso de connotaciones corporativistas, lo que no sé si es todavía peor. Creo que quienes tenemos asignadas funciones constitucionales que se sustentan sobre los valores de la independencia y la imparcialidad, deberíamos procurar ser muy prudentes en ese terreno.

Ha pasado por distintas áreas, instancias y destinos de la Fiscalía desde su ingreso en la carrera hace más de treinta años. ¿Con qué se quedaría de cada una de esas etapas?

Pues, por orden cronológico, me quedaría –de hecho, me quedé- con el aprendizaje enormemente enriquecedor, en lo profesional y en lo personal, que me aportó mi primer destino, que fue la Fiscalía de Barcelona, una auténtica escuela de fiscales en una época en la que además aquella ciudad vivía su mayor esplendor, a comienzos de los noventa. Me quedé con la inmersión directa en los problemas reales de la gente que viví en Segovia, donde además inicié mi relación con algunas personas que luego han marcado de forma determinante mi vida personal y profesional; y con la fortaleza y la enorme experiencia que significa para cualquier fiscal la actividad frenética y desbordante de la Fiscalía de Madrid, donde además hice doblete –otra experiencia profesionalmente apasionante- como delegado de la Fiscalía Anticorrupción. Y después, me quedo con la visión institucional amplia y profunda que obtuve a lo largo de casi ocho años en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, que por una parte me llevó a conocer muy bien esta institución, y por otra me dio la enorme oportunidad de participar de forma directa en una de sus reformas más importantes, mediante la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal que tuvo lugar en 2007, cuyo impulso, a mi juicio, podría haber sido mejor aprovechado en algunos aspectos. En la última etapa, antes de llegar a mi puesto actual, ocupé la jefatura de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, durante ocho años. Lo que hice ahí fue, sobre todo, estudiar y aprender mucho Derecho, y confirmar algo que ya venía intuyendo mucho tiempo atrás: lo importante que es para un jurista conocer bien la lógica de funcionamiento de la Administración.

 


A LAS NUEVAS PROMOCIONES DE FISCALES SUELO DECIRLES QUE SUS VERDADEROS JEFES SON LOS CIUDADANOS, SON LOS QUE PAGAN EL SUELDO Y TIENEN DERECHO A QUE HAGAN BIEN SU TRABAJO


 

Pero a ese largo recorrido por el Ministerio Fiscal no puedo dejar de añadir dos experiencias que han marcado absolutamente mi forma de ser y estar en el mundo jurídico, y quizá han incorporado algún rasgo no convencional a mi forma de ser fiscal. Me refiero al contacto con el mundo universitario y, sobre todo, a mi estancia –muy breve, entre 2003 y 2004- como letrado en el Tribunal Constitucional, que naturalmente me resulta muy útil en mi actual responsabilidad, pero que valoro sobre todo porque allí empecé a entender de verdad la trascendental importancia que tiene para la labor de cualquier jurista, y no digamos de un fiscal, el enfoque constitucional de los problemas.

Como abogado y profesor de la Universidad Carlos III, ¿qué consejo daría a los alumnos en Derecho que quieran presentarse a una oposición o ejercer profesionalmente?

¿Un consejo? Estudiar, estudiar, estudiar, y no perder jamás el contacto con la realidad y el sentido de su trabajo. Que no se dejen vencer nunca por la rutina, ni se rindan a la comodidad. Que, si quieren ser ricos y famosos, se dediquen a otra cosa. Solo puedes ser un buen jurista si estás dispuesto a pasarte toda tu vida estudiando y trabajando muchas horas y, además, estás dispuesto a aceptar que, después de todo ese esfuerzo, posiblemente no te den la razón. Y, desde luego, para quienes se planteen ser jueces o fiscales, que ni un solo minuto de su vida profesional olviden que su trabajo consiste en resolver los problemas de la gente, no en crearles más problemas, y, por tanto, que no están por encima de nada ni de nadie, sino al servicio de todos. Se lo digo cada año a los compañeros de las nuevas promociones de la carrera fiscal: tened siempre presente que el fiscal jefe será vuestro superior jerárquico, pero vuestros verdaderos jefes son los ciudadanos, que son los que os pagan el sueldo y tienen derecho a que hagáis bien vuestro trabajo; así que tenéis que tratarlos así: como se trata a un jefe.

«El campo de colaboración entre notarios y fiscales puede y debe abrirse muchísimo más»

El Consejo General del Notariado y la Fiscalía General del Estado suscribieron hace cinco años un convenio para incrementar la colaboración en la lucha contra los delitos económicos. ¿Cómo valora la aportación de los notarios en esta materia?

Diría que esta pregunta la podría haber contestado mejor hace veinticinco años, cuando era delegado de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora. Creo que desde la perspectiva constitucional se entiende aún mejor el enorme peligro que supone la corrupción, y en general eso que llamamos delincuencia económica, para el Estado de Derecho. La función notarial, al menos tal y como está concebida en España, encierra un potencial enorme para la lucha contra esas formas complejas de delincuencia, y además opera en el frente más eficaz, que es el de la prevención, porque el Derecho Penal, por definición. siempre llega tarde, cuando el daño ya está hecho. El convenio al que se refiere tiene por objeto principalmente agilizar la transmisión de información en materia de prevención del blanqueo, sobre la base de experiencias previas con las fiscalías especiales que habían funcionado bien. No obstante, si me permite, diría que el campo de colaboración entre notarios y fiscales puede y debe abrirse muchísimo más, y de hecho me consta que hay otros terrenos en los que estamos trabajando con ese fin.

Igual que la Fiscalía, el Notariado ha experimentado en las últimas décadas una considerable ampliación y modernización de su ámbito de competencia y actividad, y al final coincidimos en la función de tutela del interés público en aspectos absolutamente relevantes para la seguridad jurídica y la protección de los derechos de las personas. Hay que seguir ampliando el marco de colaboración. Y, en este punto, déjeme destacar que la anterior directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, que ahora ha pasado a ser secretaria general del Ministerio de Justicia, y quien acaba de sustituirla en el cargo, Esther Pérez Jerez, son dos excelentes fiscales con una acreditada capacidad de gestión. Resultaría imperdonable no aprovechar esa circunstancia.

Entrevista a Félix Barrio, director del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE)

CON SELLO PERSONAL

FÉLIX BARRIO,

DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD DE ESPAÑA (INCIBE)

“El Notariado siempre se ha mostrado muy preocupado y comprometido con la ciberseguridad”

CARLOS CAPA
Félix Barrio Juárez es director del Incibe desde junio de 2022, aunque tiene una dilatada trayectoria tanto en el organismo como en el sector. Máster en Ingeniería de Software y Sistemas, experto Universitario en Dirección y Gestión de la Información y sus Tecnologías por la Universidad de Alcalá; y doctor por la Universidad de Salamanca y gerente de Ciberseguridad CISM por ISACA, es uno de los más destacados expertos internacionales en la materia.

Lleva usted un año y medio como director del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), pero acumula una mucho más larga trayectoria profesional en el mismo. ¿Cómo ha sido la evolución de la institución en este periodo?

En este periodo al frente de Incibe hemos tenido que hacer frente a dos retos principales: por un lado, cumplir con los compromisos adquiridos en la Agenda España Digital 2026, donde la ciberseguridad obtuvo una financiación «muy importante» que permitió acelerar el lanzamiento de convocatorias públicas y, por otro, reestructurar la organización con la ampliación de la plantilla, que ha sumado 32 personas en este período para cumplir con las demandas de las directivas comunitarias.

Actualmente, desde Incibe estamos centrados en tres vectores principales, entre ellos, el crecimiento exponencial de los incidentes relacionados con la seguridad online, un ámbito en el que están incrementando los sistemas de detección proactiva para corregir los riesgos antes que se efectúe el posible ataque.

A este se suma los ciberataques dirigidos, especialmente, contra los colectivos más vulnerables, donde se incluye el fraude online, pero también los que afectan a menores. Los datos del último año alcanzan casi los 400.000 delitos de este tipo. Por ello, hemos acelerado el despliegue de mecanismos de trabajo conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

 


“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LOS CIBERDELINCUENTES HAN ACAPARADO PROTAGONISMO, CON UN INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ESTAFAS, FRAUDES Y DELITOS”


 

¿Y de cara al futuro?

Los próximos años serán claves para el ámbito académico de la seguridad online. Acabamos de lanzar una primera tanda de 15 cátedras centradas en la ciberseguridad en universidades españolas y más de 50 proyectos estratégicos con los que se espera formar una nueva generación de investigadores que cubran las necesidades existentes.

A la par hemos empezado la ejecución de más de 120 proyectos de I+D+i con empresas mediante el programa de Compra Pública Innovadora, lo que va a permitir que las pymes puedan adentrarse en este ecosistema, desarrollando nuevas soluciones.

 


“QUE UNA EMPRESA ESTÉ PROTEGIDA EN INTERNET NO ES UNA VENTAJA, ES IMPRESCINDIBLE”


 

Recientemente hemos conocido que España es el tercer país del mundo que más ciberataques recibe. ¿A qué cree que se debe?

Efectivamente, España ha alcanzado el tercer país a nivel mundial en materia de ciberataques, después de haber sufrido más de 375.000 delitos a través de internet o mediante herramientas digitales. Así se advierte en un reciente estudio publicado por Deloitte donde casi el 90% fueron fraudes o estafas informáticas durante 2022. El número de ciberdelitos del pasado año supuso un incremento de un 72% respecto a los datos de 2019, el último año de normalidad antes de la pandemia y sus restricciones.

El cibercrimen ha alcanzado niveles inéditos: 90 millones de ataques anuales que cuestan 10,5 billones de euros, una cifra muy superior a los 3.000 millones de dólares de hace una década o a los 6.000 millones de 2021.

En los últimos años, los ciberdelincuentes han acaparado protagonismo, con un incremento en el número de estafas, fraudes y delitos. La cibercriminalidad en España no hace más que crecer mientras baja la delincuencia convencional. Uno de cada cinco delitos en España se comete en la red, y todo indica que generará 150.000 denuncias en 2025.

Incibe gestionó en 2022 más de 118.000 incidentes de ciberseguridad, de los cuales 110.100 afectaron a ciudadanos y empresas. Cabe destacar que 1 de cada 3 fueron una filtración de datos (sensibles, protegidos o confidenciales que son robados por una persona no autorizada); y 2 de cada 5 fueron vulnerabilidades de sistemas tecnológicos (debilidad de un sistema que puede poner en riesgo su seguridad).

Asimismo, el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’ atendió más de 67.000 consultas en 2022. Entre las más frecuentes, relativas a empresas, destacan el phishing, smishing o extorsión (20,8%), el business email compromise, BEC, o del fraude del CEO (15,3%).

 

¿Son las empresas españolas conscientes de la importancia de la ciberseguridad?

La ciberseguridad es vital, ahora más que nunca. Todos utilizamos software a diario y la conectividad de datos e información es gigante y universal. Por eso, que una empresa esté protegida en internet no es una ventaja, sino que es imprescindible. Si la información que recoge una compañía se ve atacada, afectará a su funcionamiento, su estabilidad económica y a los empleados. El ciberdelito existe, y no siempre el tejido empresarial es consciente de lo que supondría ser víctima de un ciberataque.

Una organización debe realizar una evaluación de riesgos, desarrollar planes de seguridad y respuesta a incidentes, capacitar a los empleados, implementar medidas de seguridad, realizar pruebas y simulaciones, y considerar la colaboración con expertos externos.

Incibe-CERT es uno de los equipos de respuesta de referencia ante incidentes que se coordina con el resto de los equipos nacionales e internacionales para mejorar la eficacia en la lucha contra los delitos que involucran a las redes y sistemas de información, reduciendo sus efectos en la seguridad pública.

Durante el año 2022, los equipos de Incibe-CERT han gestionado casi 119.00 incidentes, concretamente 118.820. Es decir, un 9% más que en el año previo. Del total de esta cifra, más de 110.100 de los incidentes afectaron a ciudadanos y empresas, 546 a operadores estratégicos (desglosados por porcentajes en cada sector: energía 30,4%; sistema financiero y tributario 25,3%; agua 17,2%; transporte 17,2%) y casi 8.000 a la Red Académica y de Investigación Española (RedIRIS).


«LA ‘CIBERSEGURIDAD’ NO DEBE NUNCA ENTENDERSE COMO UN COSTE, SINO COMO UNA INVERSIÓN EMPRESARIAL INELUDIBLE»


¿Cuáles son los retos que se plantean en política de ciberseguridad en la protección de los sectores estratégicos?

La demanda de profesionales cualificados en ciberseguridad es una realidad. Según el ‘Análisis y Diagnóstico del Talento en Ciberseguridad’, realizado desde Incibe y ONTSI, la cifra de profesionales que buscaban empleo en ciberseguridad en 2021 ascendía a 39.072 y la previsión es que se incrementen hasta los 42.283 en 2024. Del mismo modo, el número de profesionales necesarios en ciberseguridad se elevaba a 63.191 empleos, mientras que en 2024 superará los 83.000.

Estas cifras reflejan la urgente necesidad de contar con personas formadas en este sector, y nos hacen ver que hemos de recorrer aún un largo camino en el que no solo hemos de seguir mejorando, sino también debemos lograr que se incorporen a esta senda aquellas empresas que aún no han dado este paso tan importante. Estamos hablando de un cambio prioritario si queremos garantizar la viabilidad y el correcto funcionamiento de todas las empresas, independientemente de su tamaño y su sector.

Por estas razones, la ciberseguridad no debe nunca entenderse como un coste, sino como una inversión empresarial ineludible, basada en la prevención.

¿El actual marco regulatorio de la ciberseguridad es suficiente o necesita alguna ampliación o reforma?

En España el marco regulatorio de la ciberseguridad se ha desarrollado en los últimos años. El Real Decreto 43/2021, que desarrolla numerosos aspectos del Real Decreto-ley 12/2018 de seguridad de las redes y sistemas de información, es la principal norma referida a cuestiones de ciberseguridad en España. Además, también contamos con la Ley NIS (Ley 8/2011), que establece medidas para garantizar un nivel adecuado y homogéneo de seguridad de las redes y sistemas de información en toda la Unión Europea.

Por otro lado, el pasado 15 de septiembre de 2022, la Comisión Europea presentó una propuesta innovadora a nivel mundial para mejorar la seguridad de los dispositivos a nivel de hardware y software, frente al masivo ataque que está sucediendo sin precedentes, tanto a nivel corporativo como doméstico, con los dispositivos digitales.

Esto ha sido fomentado por el aumento del teletrabajo, del número de dispositivos conectados, de la consolidación tecnológica y la mayor digitalización en sectores más tradicionales. Factores que suponen un avance, tanto a nivel social, como económico, pero que generan un aumento de riesgo ciber muy difícil de anticipar, mitigar y minimizar. La superficie de ataque aumenta y es necesario proteger los ecosistemas IoT emergentes, así como más casuísticas que se han identificado en los últimos dos años que están utilizando las organizaciones cibercriminales a raíz de esta nueva arquitectura que se genera con diferentes capas tecnológicas, en diferentes etapas del ciclo de vida del producto, nuevas vulnerabilidades y tipos de ataque.

La Ley de Ciberresiliencia europea (The Cyber Resilience Act – CRA), nace con el objetivo de proteger a usuarios y empresas de productos con características digitales (dispositivos del ecosistema del Internet de las Cosas, IoT) que no cumplan con los requisitos de ciberseguridad.

La ciberseguridad es un campo en constante evolución y los marcos regulatorios deben adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas amenazas.

El Notariado es una pieza clave en la seguridad jurídica. ¿Cree que tiene un papel relevante en la protección de las empresas?

El Notariado desempeña un papel esencial en la seguridad jurídica de las empresas al garantizar que los actos y documentos legales se ajusten a la ley y sean válidos. Su labor ayuda a prevenir fraudes, facilita la resolución de disputas y brinda confianza a las empresas en sus transacciones legales.

El Notariado siempre se ha mostrado muy preocupado y comprometido con la ciberseguridad, siento el cuarto organismo de la Organización General del Estado en alcanzar la certificación que reconoce el nivel alto de seguridad de sus sistemas, servicios, bases de datos, plataformas, portales…

Aunque la implementación de la tecnología en el ámbito jurídico notarial presenta muchas oportunidades, también plantea desafíos importantes en términos de ciberseguridad. La seguridad y la privacidad de los datos son una preocupación importante, ya que los documentos notariales contienen información confidencial y privada. Por eso, el notariado ha mostrado su compromiso total.

En este sentido, hay que asegurarse de que la tecnología utilizada para autenticar y procesar los documentos sea segura y esté protegida contra posibles ciberataques, ya que estos podrían comprometer la privacidad y la seguridad de los datos.

Huella digital
  • Aunque Félix Barrio no tiene un perfil personal en X (antiguo Twitter) si lo tiene Incibe, desde donde se da cuenta de la actividad institucional de su director. @INCIBE
  • El director del Incibe sí tiene una cuenta personal en LinkedIn 
  • La página web del Incibe recoge tanto la información de su actividad como el perfil de Félix Barrio

Entrevista a Rosa Ana Morán Fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga

EN CURSO LEGAL

ROSA ANA MORÁN,

Fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga

En 1987 se incorpora a la carrera fiscal, y en 2000 ingresa en la Fiscalía General del Estado, donde ha realizado fundamentalmente labores relacionadas con la cooperación internacional, creando con su ascenso a Fiscal de Sala en 2011 la Unidad de Cooperación Internacional de la FGE. Su experiencia en ese ámbito la hizo acreedora de su nombramiento al frente de una fiscalía que lucha contra un problema global que no conoce de fronteras: el mercado de la droga.

«El narcotráfico es cada vez más especializado, digital y trasnacional»

JOSÉ M. CARRASCOSA,

¿Cómo valora el trabajo realizado en este período al frente de la Fiscalía Antidroga?

En diciembre se cumplirá un año y medio desde el día en que tomé posesión. Ha sido, sin duda, un periodo de trabajo intenso. Creo que la Fiscalía tiene cada vez una mayor dimensión internacional y por eso estamos reforzando el servicio de cooperación con los fiscales que ya conocen el tema, que hablan varios idiomas y tienen experiencias anteriores de trabajo con otros países. También se ha reforzado la recuperación de activos, con el nombramiento de un coordinador experto y la redacción de un protocolo para dirigir el trabajo de los fiscales en esta materia y realizar puntuales y completas investigaciones patrimoniales que nos lleven a incrementar nuestra efectividad en esta materia. Asimismo, nos estamos enfrentando con un aumento de casos derivados de la explotación de las informaciones de plataformas encriptadas como EncroChat o SKY-ECC; la información proporcionada por estas herramientas nos ha abierto los ojos sobre la realidad de la situación del narcotráfico que es cada vez más especializado, digital y trasnacional.

 


“NUESTRA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DETERMINA QUE SEAMOS UN PAÍS DE LLEGADA Y TRÁNSITO DE LA DROGA, PERO TAMBIÉN DE CONSUMO”


 

¿Es el lavado de activos una de las principales maneras de detectar a los traficantes?

El narcotráfico es, en primer lugar, un negocio. Por tanto, una de las actividades que realizan, una vez obtenidos los beneficios, es la introducción de estos en la economía legal. Sin embargo, aunque hay algún caso en que a través de alertas de supuestos de lavado de activos podemos llegar a conocer la actividad de narcotráfico precedentes, en la mayoría de los casos es simultáneo o, al contrario, se detecta el narcotráfico y posteriormente se analizan las operaciones de blanqueo o se realiza la investigación paralelamente.

España se encuentra en un enclave geográfico ‘privilegiado’ para las rutas de la droga. ¿Qué incidencia tiene esta especial situación?

La situación geográfica determina que seamos un país de llegada y tránsito de la droga, pero también de consumo y, en los últimos años, lamentablemente también un país productor (en el caso del cánnabis). La vecindad con Marruecos provoca un continuo tráfico de hachís que ha dado lugar a problemas bien conocidos en la zona del Campo de Gibraltar y que se ha extendido a otras zonas como Huelva, Málaga, Sevilla, etc. Por otro lado, tenemos grandes puertos por donde entran los contenedores con cocaína procedente de los países productores de Latinoamérica. Valencia, Algeciras y Barcelona son puertos muy relevantes de entrada de cocaína, aunque, afortunadamente, no han llegado a los niveles de Amberes o Rotterdam. Y Galicia sigue siendo un lugar con gran actividad de llegada de barcos con droga aprovechando también las características de la costa y la existencia de organizaciones de narcotraficantes con gran experiencia en esta actividad. Me preocupa especialmente que España se haya convertido en el primer país productor de cannabis del continente europeo, desde luego no es para sentirse orgulloso y hay que advertir de los peligros, no solo de mayor consumo, sino también de la instalación cada vez más frecuente de organizaciones criminales de otros países (de los Balcanes, de China, etc.) dedicadas a la producción y comercialización ilegal del cannabis.

 


“LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES DEL DAÑO DE ALGUNAS DROGAS COMO LA COCAÍNA ES CORRECTA, PERO ME PREOCUPA LA GRAN BANALIZACIÓN DEL CONSUMO DE CÁNNABIS”


 

El Plan Nacional sobre Drogas hace hincapié en la prevención como principal herramienta para hacer frente a las adicciones. ¿Considera que es suficiente la información aportada a nuestros jóvenes sobre los peligros de las sustancias ilegales?

Efectivamente la tendencia al nuevo abordaje del problema de la droga es tratarlo con una visión holística que combine las tareas de reducción de la demanda con el esfuerzo en la disminución de la oferta, por eso todo lo que se haga en el ámbito de la prevención es importantísimo. Creo que en este momento la percepción de los jóvenes del daño de algunas drogas como la cocaína es más o menos correcta, pero me preocupa -y preocupa en general a los expertos- la gran banalización del consumo de cánnabis. El cánnabis es un gran negocio y se está generando mucha información interesada, organizada y confusa en las redes sociales, que es la que llega a los jóvenes, sobre sus beneficios y el escaso potencial negativo de su consumo, lo que los lleva en muchos casos a considerar que es peor fumar tabaco que marihuana. Es imprescindible contrarrestar estas campañas “publicitarias” con información pública sobre los daños de esta sustancia. Advertir que, además, la concentración de THC de las actuales plantas es altísima y el daño potencial mucho más grave. Es urgente evitar la confusión partiendo de una regulación adecuada del uso medicinal del cannabis que concrete y gestione sus usos positivos y, a la vez, advierta y evite los peligros del consumo recreativo.

La droga es un problema global. Desde su experiencia como Fiscal de Sala de Cooperación Internacional, ¿qué papel juega la colaboración de su institución con organismos homólogos de otros Estados?

La droga es el primer negocio ilegal trasnacional y todos los mecanismos de cooperación fueron pensados y aplicados en primer lugar en relación con el narcotráfico. Mi experiencia de 20 años dedicada a la cooperación judicial internacional me permite conocer el escenario internacional e impulsar aún más la conexión y colaboración con las Fscalías antidroga de los países con quienes compartimos el problema. Francia es nuestro principal “socio” en esta cooperación, pero también Países Bajos, Bélgica e Italia son Estados con quien nuestra colaboración es más que frecuente, casi diaria. Sin mencionar, por supuesto, a los países latinoamericanos de donde procede en la mayoría de los casos la cocaína, con quienes tenemos excelentes relaciones y con quienes compartimos una Red Especializada de Fiscales Antidroga Iberoamericanos (REFAI).

 


“VALENCIA, ALGECIRAS Y BARCELONA SON PUERTOS MUY RELEVANTES DE ENTRADA DE COCAÍNA, AUNQUE, AFORTUNADAMENTE, NO HAN LLEGADO A LOS NIVELES DE AMBERES O ROTTERDAM”


 

La pandemia puso de manifiesto nuevas modalidades en el tráfico de drogas, como la entrega a domicilio o el pago virtual desde dispositivos móviles (como bizum). ¿Es cada vez más complicado detener su consumo?

La pandemia incrementó el consumo de algunas sustancias y la necesidad de buscar vías alternativas de acceso a las mismas. El trabajo del Estado para reducir la demanda de los distintos tipos de drogas es muy intenso y el Plan Nacional Sobre Drogas realiza una actividad incansable en la que participan otras Administraciones y organizaciones no gubernamentales. La información sobre los daños de las sustancias y el debido tratamiento de las adicciones deben contribuir, igual que nuestro trabajo en la Fiscalía en los aspectos de reducción de la oferta, a acabar con el tráfico de drogas, pero, sin duda, no es tarea fácil.

 


“ME PREOCUPA ESPECIALMENTE QUE ESPAÑA SE HAYA CONVERTIDO EN EL PRIMER PAÍS PRODUCTOR DE CANNABIS DEL CONTINENTE EUROPEO”


 

En su lucha contra el tráfico de drogas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto en marcha unidades como el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) que opera en el Estrecho y basa sus investigaciones en el Big Data. ¿Cómo ha evolucionado la investigación de la Fiscalía Especial?

La investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con sus unidades especializadas, UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de la Policía Nacional o la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, junto a Vigilancia Aduanera, son unidades formadas por grandes profesionales y que utilizan todas las técnicas de investigación especializadas y actualizadas para responder a la realidad de cada momento o de cada región. La Fiscalía no trabaja sola, sino que recibe y, en su caso, encarga estas actividades de análisis a las unidades policiales; es un trabajo conjunto y cada vez más valoro y apoyo este trabajo en equipo.

El centro de tecnologías del notariado Ancert desarrolló la plataforma electrónica de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). ¿Cuál es el grado de colaboración de su Fiscalía con este organismo transnacional?

Por mi destino anterior como Fiscal de Sala de Cooperación Internacional conozco IberRed desde su inicio y soy punto de contacto de esta red desde su creación en Cartagena de Indias en 2004. He trabajado desde el primer momento en su impulso y en el desarrollo de su sistema de comunicación seguro Iber@ y en la redacción del Tratado de Medellín, que es el punto de partida para una nueva forma de comunicación. Sin embargo, creo que desde el punto de las autoridades judiciales operativas se ha quedado un poco corto. Por eso, ahora que utilizo la red de forma más activa como demandante de auxilio, estamos impulsando con el secretario general un uso más concreto y más habitual de Iber@ para las comunicaciones operativas y en nuestro caso, de los fiscales de la REFAI para la gestión de cuestiones urgentes y confidenciales como pueden ser las entregas controladas.

Las bases de datos notariales son de enorme ayuda

En 2011 la Fiscalía suscribió un convenio con el Consejo General del Notariado para acceder a la información de las bases de datos notariales. ¿Están satisfechos con esta colaboración?

La información de las bases de datos notariales es de enorme ayuda, y la actividad de análisis del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del Notariado es muy completa y de una excelente calidad, lo que nos proporciona informes imprescindibles para comprender operativas complejas y para conocer mejor la actividad del blanqueo de las ganancias provenientes del narcotráfico. Estos análisis e informes del OCP apoyan la presentación de las pruebas y son también muy valorados por los tribunales.

Entrevista a Soledad Cisternas, referente mundial de la defensa de las personas con discapacidad

CON SELLO PERSONAL

SOLEDAD CISTERNAS,

REFERENTE MUNDIAL DE LA DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

«Estamos en la era de los derechos, no de los favores»

CARLOS CAPA
María Soledad Cisternas Reyes es abogada y una de las principales referencias mundiales en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. A lo largo de su vida profesional ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, llegando a ser presidenta del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. En julio visitó España para participar en el acto de presentación de la Alianza Apoyo y Autonomía, promovida por el CERMI y las fundaciones ONCE y Æquitas, de la que ha aceptado ser embajadora.

–Es usted un referente internacional para las personas con discapacidad. ¿Cuánto camino queda por recorrer para lograr la igualdad?

–Considero que falta bastante por hacer en muchos países, toda vez que no hay siquiera una modificación o reforma legal de los asuntos que tienen que ver con la capacidad jurídica en muchos de ellos. España ya inició este camino con la Ley 8/2021, derogando con ella las declaraciones de incapacidad y garantizando que las personas que lo requieran puedan contar con apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, con las salvaguardias que sean necesarias.

No me cabe duda de que esta modificación legal, por un lado, va a ser una buena llamada de atención hacia aquellos países que todavía no han iniciado un proceso de cambio o que si bien trataron de iniciarlo ha quedado paralizado.

En algunos países de América Latina como Argentina, Perú, Colombia, México o Costa Rica también se está trabajando en esta dirección de reformas jurídicas tendente a reconocer capacidad jurídica plena a las personas con discapacidad.

La Alianza Apoyo y Autonomía que forman Fundación Æquitas, Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) impulsará la toma de conciencia sobre este asunto, conectando a las personas con discapacidad, sus familias, a la sociedad, al sector público, al sector privado, a los operadores judiciales y a otros de distintos ámbitos de la Administración del Estado. Esto permitirá a España avanzar rápidamente en esta dirección.

 


«LA LEY 8/202 PERMITIRÁ A ESPAÑA AVANZAR RÁPIDAMENTE EN LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»


 

–Ha sido la primera mujer en presidir el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. ¿Qué labor se realiza desde la institución?

–Este mecanismo, que ya funciona desde hace años, adopta decisiones que van marcando una línea jurídica que ha sido utilizada para denuncias de personas o grupos de personas.

Ha implicado una transformación importante de todo el sistema internacional de promoción y protección de los Derechos Humanos. Esa jurisprudencia se debe transversalizar hacia los órganos de tratados de otras convenciones internacionales.

 


«HAY MUCHAS BARRERAS QUE SE DUPLICAN, SE TRIPLICAN Y MULTIPLICAN PARA LAS NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD»


 

Hay que tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que tiene cinco ejes vinculados a personas con discapacidad, además de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyos indicadores también tienen que ver con las personas con discapacidad.

Las sinergias y la interacción entre la Convención y la Agenda 2030 es sumamente importante y esta se visibiliza mediante el trabajo de la sociedad civil.

En la Asamblea General de la ONU, prácticamente todos los años hay resoluciones que tienen que ver con las personas con discapacidad. Sus derechos no son una isla dentro de los derechos humanos, sino un estándar integrado que cruza todo el entramado jurídico, social, político y de desarrollo dentro de Naciones Unidas.

–Es abogada. ¿Cómo es el ejercicio del derecho para una persona que como usted tiene discapacidad visual?

–Empecé a estudiar Derecho porque mi principal valor en la vida es la Justicia. Mientras cursaba mi carrera estaba en pleno desarrollo de una discapacidad visual. Jamás me cuestioné no seguir estudiando. Lo hice con dificultad ya que entonces la tecnología para facilitar el estudio estaba mucho menos avanzada que hoy.

Animo a los jóvenes que tienen vocación por el derecho a que sigan ese sueño. Hoy la tecnología y los protocolos legales juegan a su favor para que puedan hacerlo y luchar también por lo que consideren justo y se adecúe a sus valores.

–La American Bar Association (ABA) la reconoció recientemente con el Premio Internacional de los Derechos Humanos, que se suma a otros muchos recibidos. ¿Qué suponen para usted estos reconocimientos?

–Que el Colegio de Abogados más grande del mundo me otorgue un galardón, como también haber recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos en mi país, ha significado un reconocimiento que, creo, no es exclusivo a mi persona.

Significa visibilizar aquellas áreas del derecho que han estado más ocultas y eso representa un cambio trascendental en la mirada de los juristas internacionalmente que se dirige a los Derechos Humanos, no desde una perspectiva caritativa, ni médico asistencialista con las personas con discapacidad. Por esto, he acuñado la frase: estamos en la era de los derechos y no de los favores. Creo que esos reconocimientos abren la puerta a considerar que personas con discapacidad y sus derechos son Derechos Humanos.

 


«ESTOY TOTALMENTE CONVENCIDA DE QUE LA ALIANZA CERMI, ONCE Y ÆQUITAS ES DE UNA POTENCIA GIGANTE»


 

–¿Necesitan las niñas y mujeres con discapacidad una atención singular?

–Las niñas con discapacidad tienen una menor inclusión en la escuela que los niños en la misma situación. También el acceso a la educación superior es mucho menor para ellas. Aún es más duro pensar en la inclusión laboral, en la formación de la familia, en tener hijos. Hay muchas barreras que se duplican, se triplican y multiplican para las niñas y mujeres con discapacidad.

He denunciado esta situación recientemente en las Naciones Unidas. ONU Mujeres califica en 300 años de distancia de la igualdad real entre hombres y mujeres y yo me pregunto: ¿y las mujeres con discapacidad estaremos a 600 años de distancia? Es muy importante que los movimientos feministas incorporen en sus áreas de trabajo la inclusión social, política y económica de las mujeres y niñas con discapacidad y también las incorporen en sus mesas directivas. La mujer con discapacidad tiene las mismas capacidades, las mismas potencialidades, que cualquier otra mujer.

Debe eliminarse la discriminación múltiple que experimentan las mujeres con discapacidad y los Estados deben tomar medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de las personas con discapacidad, pero también del sector de mujeres. Esto está totalmente cruzado.

–¿Las personas con discapacidad sufren de manera especial la discriminación en el ámbito laboral?

–Debo reconocer que, en general, las empresas en distintas partes del mundo no tienen interiorizada la realidad de las personas con discapacidad. Incluso cuando se establecen leyes de cuota para la inclusión laboral, esta no se cumple exactamente. Y cuando la alternativa es pagar una multa en lugar de la inclusión, a veces se prefiere pagar esa multa. Para las empresas es una oportunidad incorporar personas con discapacidad. El nivel y la calidad que puede tener una compañía dirigida o gestionada por trabajadores con discapacidad es el mismo que el de otras.

–Visita España con ocasión de la presentación de la Alianza Apoyo y Autonomía formada por CERMI, Fundación ONCE y Fundación Æquitas. ¿Qué valor tiene el trabajo conjunto de las organizaciones que trabajan en la discapacidad?

–Estoy totalmente convencida de que la alianza CERMI, ONCE y Æquitas es de una potencia gigante. No puedo dejar de felicitar a los notarios que han creado la Fundación Æquitas desde el Consejo General del Notariado de España, como muestra de su compromiso con la sociedad en la que viven y que toman como propias las causas de discapacidad.

Siento que con la participación de Æquitas se cubre un sector amplio de todo lo que es la Administración de Justicia: jueces, fiscales, defensores, etcétera además por supuesto de los notarios.

La mirada del notario es una mirada jurídica que tiene que ver con el ejercicio práctico en el que va a tener que enfrentarse con casos relativos a la capacidad jurídica de las personas. La Alianza Apoyo y Autonomía es de gran importancia para la aplicación de la Ley 8/2021 y va a ser fundamental, para su aplicación y para su perfección, si es necesaria en el futuro. Sin duda esta Alianza es potentísima.

–La seguridad jurídica toma, si cabe, más valor en lo que se refiere a las personas con discapacidad. ¿Es importante el trabajo de los notarios como garantes de los derechos a la plena capacidad jurídica de estas personas?

–Es muy importante el trabajo que hacen los notarios en los actos y contratos que realizan las personas. Creo que el Consejo General del Notariado está convencido de ponerse al servicio de las personas con discapacidad.

 


«LOS NOTARIOS ESTÁN PLENAMENTE COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»


 

España muestra claramente que se puede modificar la legislación sustantiva y procesal para hacer crecer en derechos a las personas con discapacidad y hacerlas avanzar hacia la igualdad real. Y los notarios son imprescindibles para que se apliquen las nuevas normas de forma efectiva.

Huella digital

Soledad Cisternas tiene perfiles abiertos en las principales redes sociales:

Wikipedia tiene una entrada con su biografía en esta dirección.
El manifiesto de la Alianza Apoyo y Autonomía puede descargarse aquí.

Entrevista a Patricia Arrizabalaga, magistrada del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

EN CURSO LEGAL

PATRICIA ARRIZABALAGA ITURMENDI

Magistrada del tribunal superior de justicia del país vasco

«Todos precisaremos en algún momento de medidas de apoyo»

ÁLEX OVIEDO

La magistrada Patricia Arrizabalaga participó en San Sebastián en el curso de verano Persona, Empresa y Tecnología, organizado por el Consejo General del Notariado. En él habló sobre los Aspectos prácticos de las medidas de apoyo. Actualmente es delegada del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

«ES NECESARIA LA COLABORACIÓN DE LO PÚBLICO Y PRIVADO EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»

Patricia Arrizabalaga nació en Bilbao, aunque pasó su infancia y adolescencia en Ceuta. Estudió en la Universidad de Deusto y opositó a magistratura, una profesión a la que quería dedicarse desde joven. Su primer destino fue la localidad guipuzcoana de Eibar, después Vitoria, y finalmente Bilbao, donde descubrió, en el Juzgado especializado en materia de discapacidad en el que sirve, «un mundo que solo me ha aportado cosas buenas, profesional y personalmente».

–Hace ya dos años entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Cuáles son sus novedades significativas?

–Destacaría las siguientes: las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, entendida como aptitud para actuar en el tráfico jurídico, son iguales a las demás, y, en consecuencia, tomarán ellas sus decisiones, en su caso con los apoyos que precisen, los justos y necesarios, ni más ni menos. En segundo lugar, la desjudicialización de su vida, hasta donde sea posible, dando preferencia absoluta a las medidas voluntarias de apoyo de las que se provea la propia persona, y en las que los notarios juegan un papel esencial. Por último, reconociendo una realidad social, y es que la guarda de hecho en muchísimos casos funciona como apoyo adecuado y suficiente.

–¿Qué cambia con respecto a la normativa anterior?

–Debe cambiar todo, si se aplica atendiendo a su espíritu y finalidad, que son sustancialmente los de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque para que el cambio sea real y efectivo es precisa una transformación radical de mentalidad, no solo de los operadores jurídicos sino social, cultural, educacional. Tenemos la obligación de hacer pedagogía. La persona con discapacidad se sitúa en el centro mismo del sistema, es la protagonista absoluta, y así debe ser, desde un modelo social de derechos humanos.

–¿A qué llamamos persona con discapacidad?

–La discapacidad como circunstancia, no como esencia que define a la persona, es un concepto heterogéneo, que incluye realidades diversas, es dinámico. Pero desde un punto de vista jurídico, en el ámbito de la Ley 8/2021, es la que afecta únicamente al ejercicio de la capacidad jurídica, principalmente las discapacidades intelectual y psicosocial en la medida en que incidan en las facultades intelectivas y volitivas de la persona. Debemos ser conscientes de que todos nosotros, solo por el hecho natural de envejecer, precisaremos en algún momento de medidas de apoyo. Considero muy interesante que se extienda la cultura de la necesidad de planificar, a través de medidas voluntarias, los apoyos que queremos.

–¿Qué es una medida de apoyo?

–El apoyo es un concepto muy amplio, pero en lo que aquí interesa, es el que permite ejercer la capacidad jurídica referida antes; más concretamente, la Ley contempla las medidas voluntarias, la guarda de hecho y las judiciales –la curatela y el defensor judicial–, siendo estas las que deben entrar en juego en último lugar.


«EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 8/2021 ES TRISTEMENTE MUY RELEVANTE. OPERADORES JURÍDICOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBEMOS DARLA A CONOCER»


–¿Qué es la guarda de hecho?

–Es una medida informal de apoyo, que no precisa de investidura judicial, de una resolución judicial que la declare o constituya. Es el apoyo que se le proporciona a la persona con discapacidad por quien más próximo está a ella, generalmente, en su entorno familiar, debiendo ser adecuado y suficiente. Cuestión distinta es la problemática de su prueba, en la que son muy interesantes las actas de notoriedad y también los protocolos firmados con la Banca para que se avance en su reconocimiento efectivo como medida de apoyo.

–¿Y la curatela? ¿Hay diferencias sustanciales con la tutela? ¿Son conceptos distintos?

–Son radicalmente diferentes: la tutela de personas mayores de edad (o menores emancipados) prevista en la legislación anterior suponía la «muerte civil» de la persona con discapacidad, a quien literalmente se le sustituía en la toma de decisiones que le concernían, tanto personales como patrimoniales, quedando aislada, al margen de su propia vida. La curatela es otra cosa: tiene que ver con el cuidado de la persona con discapacidad, en el sentido precisamente de asistirla, acompañarla, informarla en su toma de decisiones. Una toma de decisiones, como regla general, le pertenece a ella, sin circunscribirse a aspectos económicos o patrimoniales, sino a decisiones de trascendencia personal. No debe inducir a confusión la curatela representativa, excepcional en el nuevo sistema, que solo entrará en juego cuando se constate la imposibilidad absoluta de autodeterminación. Pero, y esto es importante, incluso debe entenderse no como sustitución sino como reconstrucción o interpretación de la voluntad de la persona, atendiendo a su trayectoria vital, creencias, valores, los factores que hubiera tomado en consideración si no hubiera precisado de dicha medida.

–¿Qué obligaciones tiene el curador? ¿Quién puede serlo?

–Destacaría el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad a quien se asiste, siendo muy interesante la obligación de mantener contacto personal con ella, y fomentar que precise de menos apoyos en el futuro. Para garantizar todo ello son indispensables las salvaguardas y controles que corresponde fijar al juez, para evitar conflictos de intereses, abusos o influencias indebidas… En coherencia con el nuevo sistema, tiene prioridad el nombramiento que haga la propia persona con discapacidad, sin perjuicio de que, en determinadas circunstancias, la Ley establece un orden de prelación, que incluye, y esto es lo interesante dada la evolución de la sociedad, a los «allegados», a los más próximos. Se trata de respetar su voluntad al respecto o, en su defecto, designar a la persona más idónea para comprender e interpretar sus deseos y preferencias.

–¿Cómo solicitar una medida de apoyo?

–Si hablamos de las estrictamente judiciales, esto es, la curatela y el defensor judicial, bien a través del Ministerio Fiscal, bien directamente, mediante una solicitud ante el Juzgado, en un expediente de jurisdicción voluntaria, en principio, más sencillo, ágil y flexible que un proceso contencioso.

–¿Qué implicación tiene la ley en los operadores jurídicos? ¿Y en los notarios?

–Hay que cambiar el chip, ser conscientes de que la persona con discapacidad es la protagonista absoluta. Su voluntad, deseos y preferencias deben ser atendidos, en la medida de lo posible, a la hora de pedir y determinar los apoyos. En el caso de los notarios, asumen una gran responsabilidad para guiar a la persona en la determinación de sus propias medidas de apoyo, las primeras en la «jerarquía» de medidas contempladas en la Ley, debiendo cerciorarse de que la voluntad manifestada por la persona con discapacidad responde a una voluntad suficientemente formada, no viciada, mediatizada o «cautivada» por intereses espurios.


«LA TUTELA DE PERSONAS MAYORES DE EDAD (O MENORES EMANCIPADOS) PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR SUPONÍA LA ‘MUERTE CIVIL’ DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD»


–¿No habría sido necesario haber dispuesto de elementos previos o personal especializado antes de la entrada en vigor de la ley?

–Es una realidad que faltan medios personales, materiales, formación… Pero no se puede esperar a tenerlos para aplicar una norma cuya necesaria promulgación ha sido un clamor, en especial desde el movimiento asociativo y las fundaciones. Cualquier cambio es siempre traumático pero, sencillamente, hay que hacerlo. Es cierto que actualmente requiere de mucho voluntarismo, que ni mucho menos es eficaz y suficiente, en lo que se refiere a los ajustes de los procedimientos para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con los demás, lo que es un derecho contemplado en la Convención, que, no olvidemos, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y es de directa aplicación, y también en la propia Ley 8/2021.

–¿Qué sucede con las sentencias de incapacidad o de modificación de capacidad anteriores a esta Ley?

–Hay consecuencias importantes, pero me gustaría resaltar dos: primero, la personas que fueron «incapacitadas» ya no lo están por Ley, lo que es muy reconfortante transmitirles. Precisamente en aplicación de la Disposición Transitoria 5º de la Ley 8/2022, los Juzgados estamos obligados a revisar todas las sentencias anteriores, para adaptarlas a la nueva forma de entender la discapacidad; y segundo, todas las privaciones de derechos también quedan sin efecto, sin necesidad de declaración judicial.

–¿Se puede pedir la revisión de una sentencia antigua? ¿Quién puede hacerlo? ¿Existe algún plazo?

–Por supuesto, no solo quienes han venido asumiendo el ejercicio de las instituciones de guarda legal anteriores, sino, y esto es especialmente relevante, la propia persona con discapacidad. Me gustaría recalcar que hay un gran desconocimiento por parte de los afectados, tanto de la propia persona con discapacidad como sus familiares, quienes por lo general han asumido dicha función. En cuanto al plazo, la ley nos obliga a revisarlas en un plazo de tres años, que, al menos en órganos especializados, se está demostrando claramente insuficiente.

–¿Cómo mostrar la trascendencia de esta ley a una sociedad cada vez más avejentada?

–En mi experiencia profesional durante estos dos años, el desconocimiento es tristemente muy relevante, salvo quienes se relacionan con asociaciones y fundaciones. Los operadores jurídicos, cada uno en su ámbito, deben dar a conocer la Ley, también las Administraciones Públicas están obligadas a ello, a través de campañas, medios de comunicación, etc.

«LA PERSONA CON DISCAPACIDAD SE SITÚA EN EL CENTRO MISMO DEL SISTEMA, ES LA PROTAGONISTA ABSOLUTA, Y ASÍ DEBE SER»

Foro Æquitas sobre discapacidad

–Hace unos meses se constituyó el Foro Æquitas sobre discapacidad del Colegio Notarial del País Vasco de que usted formó parte. ¿Qué supone este foro?

–No lo puedo expresar mejor que la vicedecana del colegio Notarial del País Vasco, Carmen Velasco, el día de su constitución: la colaboración conjunta de todos los operadores jurídicos, universidades y asociaciones, lo público y lo privado, en favor de las personas con discapacidad, creando un lugar de encuentro, acogiendo la filosofía de la mesa redonda que recoge la ley 8/2021 de 2 de junio, para dar a conocer y aportar soluciones a las necesidades reales de aquéllas. Dicha coordinación es un presupuesto básico para que funcione el nuevo sistema. Y me gustaría destacar la importancia de la coordinación con los servicios sociosanitarios, ya que aunque la discapacidad tenga una base orgánica o psíquica, los apoyos se han de fijar en función de la situación, circunstancias personales, contexto, en definitiva, de la organización vital de cada persona con discapacidad, de modo que se ajuste a sus concretas necesidades de apoyo, que se ha demostrado no dependen tanto de la discapacidad sino de dichos extremos.