¿Qué ha supuesto para usted este reconocimiento a su trayectoria profesional?

Este premio inicialmente me incomodó. No soy amiga de reconocimientos oficiales por hacer tu trabajo con dedicación, como creo debe hacer cualquier profesional. El verdadero premio es el reconocimiento de las personas a las que has ayudado en la solución de sus conflictos en el día a día de la labor judicial; y ese premio creo que lo he tenido durante estos largos años de contacto personal con quienes acudieron al juzgado en busca de apoyo. En mi jubilación ya me sentía reconocida. En todo caso, reflexionando, creí entender que se otorgaba no a mi persona, sino a una manera de trabajar en el ámbito de la discapacidad y esto podía ser un acicate para que ese modelo sirviera, en algún sentido, de orientación a los profesionales que siguen trabajando en ese ámbito. Así entendido, expreso mi profundo agradecimiento al Foro Justicia y Discapacidad por este premio, que quiero hacer extensivo a todos cuantos colaboraron conmigo en ese modelo de trabajo.

LA DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO ES DIFÍCIL EN CUALQUIER TIEMPO; LAS FORMAS DE ATACARLA SON DIVERSAS Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL SUELE LEVANTAR AMPOLLAS

Ingresó en la magistratura en 1987, en plena época de los ‘años de plomo’ de ETA, llegando a ser la decana de los juzgados guipuzcoanos. ¿Qué papel jugaron los jueces vascos en esos primeros años de democracia?

Creo que los jueces, entonces como ahora, defendíamos la Constitución y los derechos fundamentales en ella reconocidos -como son la libertad, la igualdad, la no discriminación-, frente a los intolerantes totalitarios e identitarios que pretendían imponer por la fuerza un pensamiento único. No plegarse a sus exigencias tuvo sus consecuencias. Hubo una huida de ciudadanos y también de jueces de esta tierra y los que nos quedamos perdimos una parcela de libertad pues vivimos todos bastantes años escoltados. No fue una experiencia fácil para nadie, pero la defensa del Estado de Derecho es difícil en cualquier tiempo; las formas de atacarla son diversas y la independencia judicial suele levantar ampollas.

A LOS FAMILIARES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD LES DIGO QUE NO TENGAN MIEDO A PEDIR AYUDA. QUE NO ESTÁN SOLOS

El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de San Sebastián, del que usted era titular hasta su jubilación en 2019, está considerado como uno de los pioneros en especializarse en discapacidad e internamientos voluntarios. ¿Qué recuerda de aquellos primeros pasos?

Entonces los procedimientos que afectaban a la discapacidad eran los llamados de incapacitación y los ingresos psiquiátricos involuntarios, fundamentalmente. No entraban muchos asuntos. Se tramitaban mediante modelos, con nulo contacto con las personas afectadas. No se cumplía tan siquiera la escasa normativa existente. Las resoluciones se basaban en informes médicos y testimonios de familiares que no se comprobaban; y, en general, se actuaba con una ignorancia total de la dimensión emocional de la vida de una persona, sus familiares y allegados que comportaba una declaración de incapacitación. Las sentencias eran escuetas, genéricas, abstractas, … Se declaraba a una persona incapaz para todo y se nombraba un tutor que la representara en el ejercicio de su capacidad jurídica.

¿Qué le hizo pensar esa realidad?

Inmediatamente fui consciente de que no se podía tratar este campo como tratábamos las hipotecas, los contratos, las sociedades… Esto era otra cosa. Requería cercanía, escucha, comprensión, principios muy alejados de la burocracia, formalismos y protocolos habituales en los juzgados civiles. Había que profundizar en el conocimiento de la escasa legislación y jurisprudencia existente, ver la forma de aplicarla de acuerdo con los principios reconocidos en la Constitución y en convenciones internacionales sobre discapacidad y salud mental. Se requería dedicación y especialización. Eso era imposible si seguíamos repartiendo estos asuntos entre seis juzgados. Entendiendo que la situación era urgente vi otra vía para poder hacerlo que fue a través de las normas de reparto de asuntos, de tal manera que todos los temas relacionados con la discapacidad se turnaran a un solo juzgado a cambio de una exención de otro tipo de procedimientos.

ANIMO A TODOS LOS QUE PUEDAN, A QUE ACUDAN A LA NOTARÍA A EXPRESAR SU VOLUNTAD Y SUS PREVISIONES PARA UNA POSIBLE SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

¿Por qué eligió el ámbito civil de la discapacidad como principal área de actuación?

Dentro del derecho, el ámbito civil es un poco ‘la madre’ de todos los derechos. Es el más extenso, el que contempla a la persona en sí misma. Es también, por decirlo de alguna manera, la cara más amable del derecho, distante del carácter punitivo y sancionador del penal. Además, dentro del procedimiento civil, existe una rama -por llamarla de alguna manera- que contempla determinadas relaciones, situaciones, actividades de las personas en las que no existe confrontación, pero que requieren ser reguladas, supervisadas, para evitar abusos. Esa función se realiza mediante la jurisdicción voluntaria, tan olvidada y menospreciada por nuestros juristas, pero a través de la cual el juez puede ejercer una función que para mí es importante, que es la de cuidar. Hicimos muchas cosas con la jurisdicción voluntaria en beneficio de las personas con discapacidad, medidas puntuales, planes temporales, provisionales…

Participa activamente como patrona en las actividades de la Fundación donostiarra Hurkoa. ¿Cuál es la contribución de las ONG de este tipo?

Este tipo de entidades son esenciales en el mundo de la discapacidad intelectual, porque de nada sirve que se reconozca en una resolución judicial la existencia de una situación de discapacidad que necesita ayuda, si no existe una persona o entidad dispuesta a prestársela. Es más, estas entidades son muy importantes para determinar qué tipo de ayuda requiere la persona, por qué la requiere, para qué, cómo se puede ejercer y con qué recursos.

En unas jornadas organizadas por el Foro Aequitas de la Discapacidad en el Parlamento de Vitoria se puso de manifiesto el avance logrado desde la entrada en vigor hace dos años de la Ley 8/2021 a la hora de adaptar los expedientes a la nueva normativa. ¿Está de acuerdo o cree que queda camino por recorrer?

La Ley 8/2021 exige revisar todas las sentencias de incapacitación dictadas hasta su entrada en vigor. Sé que es una carga de trabajo enorme para estos juzgados, ya de por sí sobrecargados, y seguramente estarán retrasando los nuevos procedimientos para la fijación de medidas de apoyo de las personas que los necesiten. Siento no compartir esa urgencia de revisión de sentencias, que creo surge de una desconfianza injustificada respecto, al menos, de las sentencias dictadas en la última década. La Convención de Nueva York rige desde el año 2006 y debía ser aplicada. La jurisprudencia desde hace tiempo iba revocando aquellas sentencias genéricas, abstractas, y exigiendo que se detallaran los aspectos en que la persona requería ser asistida o sustituida, así como la prohibición de privar de derechos.

¿Qué recomienda a las familias a la hora de configurar las mejores ayudas que garanticen la situación patrimonial, personal o laboral de sus seres queridos?

A los familiares y personas con discapacidad les digo que no tengan miedo a pedir ayuda. Que no están solos. Que acudan a los servicios sociales, a las entidades del tercer sector, a los notarios, al juzgado, … Que sean persistentes y exijan.

¿Puede detallar cuáles han sido las principales líneas de actuación del órgano que preside hasta el momento?

Tengo claro que la prioridad es rentabilizar el trabajo que hace esta fiscalía, a mi juicio bastante desaprovechado. Por nuestras manos pasan cuestiones muy relevantes que se plantean en el devenir cotidiano de todos los poderes públicos de este país, especialmente en materia de derechos fundamentales. Por otra parte, la unidad de actuación que caracteriza constitucionalmente al Ministerio Fiscal español surge en esta fiscalía de un debate jurídico continuo, a veces apasionante y prolongado durante horas, entre fiscales con muchísima experiencia y un conocimiento muy profundo de la materia. Mucha gente se sorprende, incluso dentro de la carrera fiscal, cuando explico que todos y cada uno de los asuntos sobre los que informamos son sometidos, después de un estudio profundo y riguroso; a deliberación en la junta de fiscalía. Todos, sin excepción. No puede ser que el resultado de todo ese esfuerzo se agote en un dictamen escrito que una vez enviado al Tribunal Constitucional se guarda en un cajón. Es imprescindible que ese trabajo sea accesible y pueda ser utilizado y compartido, especialmente por las y los fiscales, pero en general por todo aquel a quien pueda resultar útil. Además, mostrar nuestro trabajo ayuda a que se entiendan mejor las razones estrictamente jurídicas en las que se apoyan nuestras decisiones. Aunque pueda discreparse de ellas. Estoy convencido de que si los ciudadanos conocieran bien cómo trabajamos, tendrían una imagen mucho mejor de la institución. Y de esta fiscalía en particular, sin la más mínima duda. Por eso estamos haciendo un esfuerzo importante en materia de transparencia, de comunicación, de explicación de lo que hacemos y por qué lo hacemos.

QUIENES TENEMOS ASIGNADAS FUNCIONES CONSTITUCIONALES QUE SE SUSTENTAN SOBRE LOS VALORES DE LA INDEPENDENCIA Y LA IMPARCIALIDAD, DEBERÍAMOS PROCURAR SER MUY PRUDENTES

Desde el inicio de la democracia hasta ahora se han aprobado por parte de las Administraciones Públicas más de 400.000 leyes. ¿Cómo es la calidad, comprensión y grado de conocimiento de estos textos legislativos?

La motorización legislativa es en mi opinión un fenómeno en cierto modo inevitable, porque el modelo de sociedad compleja en el que estamos inmersos exige un estándar muy elevado de seguridad jurídica, y en nuestro sistema jurídico continental las ideas de previsibilidad y certeza van tradicionalmente ligadas al concepto de ley formal. El problema, a mi juicio, es la muy deficiente técnica de la que con frecuencia adolecen los textos legislativos, y también el error que desde mi punto de vista supone tratar de abarcarlo y acotarlo todo en el propio texto de la norma, lo que por una parte la hace más farragosa e incomprensible y por otra parte obliga a permanentes reformas para adaptarla a cada cambio puntual de la realidad, de modo que el resultado acaba siendo contraproducente: en lugar de mayor seguridad jurídica, se genera confusión e incertidumbre, hasta el punto de que hay ámbitos en los que es dificilísimo saber cuál es la norma aplicable a cada situación y en cada momento. Así que aquello de que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento parece hoy un sarcasmo. Y eso que la tecnología ayuda. Sin las bases de datos de legislación y jurisprudencia estaríamos absolutamente perdidos.

AQUELLO DE QUE LA IGNORANCIA DE LA LEY NO EXCUSA DE SU CUMPLIMIENTO PARECE HOY UN SARCASMO

Ahora bien, no es fácil saber cuál puede ser la solución para el problema de fondo. Desde luego un procedimiento legislativo con mejores controles técnicos y –puesto que la propia tecnología lo facilita- más atento a la coordinación normativa, podría ayudar bastante. Y un funcionamiento más eficiente de la Administración de Justicia, que a fin de cuentas resulta clave para la interpretación y la comprensión de las leyes, también. Pero no sé si me estoy metiendo en el terreno de la ciencia-ficción.

Existe cierta preocupación en la opinión pública por la posible quiebra del principio de separación de poderes. ¿Puede aportar su opinión sobre este particular?

La incorporación de conceptos constitucionales al debate –o al ruido- político me genera siempre cierta inquietud. Cuando desde posiciones antagónicas unos y otros se presentan como paladines de los valores y principios constitucionales, pero al mismo tiempo parecen tener serias dificultades para practicarlos, algo está fallando en algún sitio, y no es la Constitución, que precisamente fue concebida para acoger a todos. Es innegable que en la actualidad asistimos a determinadas anomalías que pueden generar cierta confusión sobre la aplicación de esos principios.

Mantener, por ejemplo, cinco años bloqueada la formación del Consejo General del Poder Judicial por razones de oportunidad política transmite, en mi opinión, un mensaje poco edificante acerca de la capacidad de incidencia de la política –de la política partidista, quiero decir- en el ámbito judicial. O el hecho mismo de que se trate reiteradamente de inmiscuir a jueces y fiscales, o sus decisiones, en la contienda ideológica, no facilita la visión sobre la imprescindible distancia que impone ese principio constitucional de separación de poderes. Aunque también creo que deberíamos tener más cuidado con el fenómeno simétrico, que se traduce en una creciente, y a mi juicio inconveniente, inclinación de personas e incluso órganos del mundo judicial a la exteriorización pública de mensajes de palpable contenido y sentido político, que, por cierto, no deja de percibirse por más que a veces se envuelva en un discurso de connotaciones corporativistas, lo que no sé si es todavía peor. Creo que quienes tenemos asignadas funciones constitucionales que se sustentan sobre los valores de la independencia y la imparcialidad, deberíamos procurar ser muy prudentes en ese terreno.

Ha pasado por distintas áreas, instancias y destinos de la Fiscalía desde su ingreso en la carrera hace más de treinta años. ¿Con qué se quedaría de cada una de esas etapas?

Pues, por orden cronológico, me quedaría –de hecho, me quedé- con el aprendizaje enormemente enriquecedor, en lo profesional y en lo personal, que me aportó mi primer destino, que fue la Fiscalía de Barcelona, una auténtica escuela de fiscales en una época en la que además aquella ciudad vivía su mayor esplendor, a comienzos de los noventa. Me quedé con la inmersión directa en los problemas reales de la gente que viví en Segovia, donde además inicié mi relación con algunas personas que luego han marcado de forma determinante mi vida personal y profesional; y con la fortaleza y la enorme experiencia que significa para cualquier fiscal la actividad frenética y desbordante de la Fiscalía de Madrid, donde además hice doblete –otra experiencia profesionalmente apasionante- como delegado de la Fiscalía Anticorrupción. Y después, me quedo con la visión institucional amplia y profunda que obtuve a lo largo de casi ocho años en la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, que por una parte me llevó a conocer muy bien esta institución, y por otra me dio la enorme oportunidad de participar de forma directa en una de sus reformas más importantes, mediante la modificación del Estatuto del Ministerio Fiscal que tuvo lugar en 2007, cuyo impulso, a mi juicio, podría haber sido mejor aprovechado en algunos aspectos. En la última etapa, antes de llegar a mi puesto actual, ocupé la jefatura de la Sección de lo Contencioso-Administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, durante ocho años. Lo que hice ahí fue, sobre todo, estudiar y aprender mucho Derecho, y confirmar algo que ya venía intuyendo mucho tiempo atrás: lo importante que es para un jurista conocer bien la lógica de funcionamiento de la Administración.

A LAS NUEVAS PROMOCIONES DE FISCALES SUELO DECIRLES QUE SUS VERDADEROS JEFES SON LOS CIUDADANOS, SON LOS QUE PAGAN EL SUELDO Y TIENEN DERECHO A QUE HAGAN BIEN SU TRABAJO

Pero a ese largo recorrido por el Ministerio Fiscal no puedo dejar de añadir dos experiencias que han marcado absolutamente mi forma de ser y estar en el mundo jurídico, y quizá han incorporado algún rasgo no convencional a mi forma de ser fiscal. Me refiero al contacto con el mundo universitario y, sobre todo, a mi estancia –muy breve, entre 2003 y 2004- como letrado en el Tribunal Constitucional, que naturalmente me resulta muy útil en mi actual responsabilidad, pero que valoro sobre todo porque allí empecé a entender de verdad la trascendental importancia que tiene para la labor de cualquier jurista, y no digamos de un fiscal, el enfoque constitucional de los problemas.

Como abogado y profesor de la Universidad Carlos III, ¿qué consejo daría a los alumnos en Derecho que quieran presentarse a una oposición o ejercer profesionalmente?

¿Un consejo? Estudiar, estudiar, estudiar, y no perder jamás el contacto con la realidad y el sentido de su trabajo. Que no se dejen vencer nunca por la rutina, ni se rindan a la comodidad. Que, si quieren ser ricos y famosos, se dediquen a otra cosa. Solo puedes ser un buen jurista si estás dispuesto a pasarte toda tu vida estudiando y trabajando muchas horas y, además, estás dispuesto a aceptar que, después de todo ese esfuerzo, posiblemente no te den la razón. Y, desde luego, para quienes se planteen ser jueces o fiscales, que ni un solo minuto de su vida profesional olviden que su trabajo consiste en resolver los problemas de la gente, no en crearles más problemas, y, por tanto, que no están por encima de nada ni de nadie, sino al servicio de todos. Se lo digo cada año a los compañeros de las nuevas promociones de la carrera fiscal: tened siempre presente que el fiscal jefe será vuestro superior jerárquico, pero vuestros verdaderos jefes son los ciudadanos, que son los que os pagan el sueldo y tienen derecho a que hagáis bien vuestro trabajo; así que tenéis que tratarlos así: como se trata a un jefe.

¿Cómo valora el trabajo realizado en este período al frente de la Fiscalía Antidroga?

En diciembre se cumplirá un año y medio desde el día en que tomé posesión. Ha sido, sin duda, un periodo de trabajo intenso. Creo que la Fiscalía tiene cada vez una mayor dimensión internacional y por eso estamos reforzando el servicio de cooperación con los fiscales que ya conocen el tema, que hablan varios idiomas y tienen experiencias anteriores de trabajo con otros países. También se ha reforzado la recuperación de activos, con el nombramiento de un coordinador experto y la redacción de un protocolo para dirigir el trabajo de los fiscales en esta materia y realizar puntuales y completas investigaciones patrimoniales que nos lleven a incrementar nuestra efectividad en esta materia. Asimismo, nos estamos enfrentando con un aumento de casos derivados de la explotación de las informaciones de plataformas encriptadas como EncroChat o SKY-ECC; la información proporcionada por estas herramientas nos ha abierto los ojos sobre la realidad de la situación del narcotráfico que es cada vez más especializado, digital y trasnacional.

“NUESTRA SITUACIÓN GEOGRÁFICA DETERMINA QUE SEAMOS UN PAÍS DE LLEGADA Y TRÁNSITO DE LA DROGA, PERO TAMBIÉN DE CONSUMO”

¿Es el lavado de activos una de las principales maneras de detectar a los traficantes?

El narcotráfico es, en primer lugar, un negocio. Por tanto, una de las actividades que realizan, una vez obtenidos los beneficios, es la introducción de estos en la economía legal. Sin embargo, aunque hay algún caso en que a través de alertas de supuestos de lavado de activos podemos llegar a conocer la actividad de narcotráfico precedentes, en la mayoría de los casos es simultáneo o, al contrario, se detecta el narcotráfico y posteriormente se analizan las operaciones de blanqueo o se realiza la investigación paralelamente.

España se encuentra en un enclave geográfico ‘privilegiado’ para las rutas de la droga. ¿Qué incidencia tiene esta especial situación?

La situación geográfica determina que seamos un país de llegada y tránsito de la droga, pero también de consumo y, en los últimos años, lamentablemente también un país productor (en el caso del cánnabis). La vecindad con Marruecos provoca un continuo tráfico de hachís que ha dado lugar a problemas bien conocidos en la zona del Campo de Gibraltar y que se ha extendido a otras zonas como Huelva, Málaga, Sevilla, etc. Por otro lado, tenemos grandes puertos por donde entran los contenedores con cocaína procedente de los países productores de Latinoamérica. Valencia, Algeciras y Barcelona son puertos muy relevantes de entrada de cocaína, aunque, afortunadamente, no han llegado a los niveles de Amberes o Rotterdam. Y Galicia sigue siendo un lugar con gran actividad de llegada de barcos con droga aprovechando también las características de la costa y la existencia de organizaciones de narcotraficantes con gran experiencia en esta actividad. Me preocupa especialmente que España se haya convertido en el primer país productor de cannabis del continente europeo, desde luego no es para sentirse orgulloso y hay que advertir de los peligros, no solo de mayor consumo, sino también de la instalación cada vez más frecuente de organizaciones criminales de otros países (de los Balcanes, de China, etc.) dedicadas a la producción y comercialización ilegal del cannabis.

“LA PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES DEL DAÑO DE ALGUNAS DROGAS COMO LA COCAÍNA ES CORRECTA, PERO ME PREOCUPA LA GRAN BANALIZACIÓN DEL CONSUMO DE CÁNNABIS”

El Plan Nacional sobre Drogas hace hincapié en la prevención como principal herramienta para hacer frente a las adicciones. ¿Considera que es suficiente la información aportada a nuestros jóvenes sobre los peligros de las sustancias ilegales?

Efectivamente la tendencia al nuevo abordaje del problema de la droga es tratarlo con una visión holística que combine las tareas de reducción de la demanda con el esfuerzo en la disminución de la oferta, por eso todo lo que se haga en el ámbito de la prevención es importantísimo. Creo que en este momento la percepción de los jóvenes del daño de algunas drogas como la cocaína es más o menos correcta, pero me preocupa -y preocupa en general a los expertos- la gran banalización del consumo de cánnabis. El cánnabis es un gran negocio y se está generando mucha información interesada, organizada y confusa en las redes sociales, que es la que llega a los jóvenes, sobre sus beneficios y el escaso potencial negativo de su consumo, lo que los lleva en muchos casos a considerar que es peor fumar tabaco que marihuana. Es imprescindible contrarrestar estas campañas “publicitarias” con información pública sobre los daños de esta sustancia. Advertir que, además, la concentración de THC de las actuales plantas es altísima y el daño potencial mucho más grave. Es urgente evitar la confusión partiendo de una regulación adecuada del uso medicinal del cannabis que concrete y gestione sus usos positivos y, a la vez, advierta y evite los peligros del consumo recreativo.

La droga es un problema global. Desde su experiencia como Fiscal de Sala de Cooperación Internacional, ¿qué papel juega la colaboración de su institución con organismos homólogos de otros Estados?

La droga es el primer negocio ilegal trasnacional y todos los mecanismos de cooperación fueron pensados y aplicados en primer lugar en relación con el narcotráfico. Mi experiencia de 20 años dedicada a la cooperación judicial internacional me permite conocer el escenario internacional e impulsar aún más la conexión y colaboración con las Fscalías antidroga de los países con quienes compartimos el problema. Francia es nuestro principal “socio” en esta cooperación, pero también Países Bajos, Bélgica e Italia son Estados con quien nuestra colaboración es más que frecuente, casi diaria. Sin mencionar, por supuesto, a los países latinoamericanos de donde procede en la mayoría de los casos la cocaína, con quienes tenemos excelentes relaciones y con quienes compartimos una Red Especializada de Fiscales Antidroga Iberoamericanos (REFAI).

“VALENCIA, ALGECIRAS Y BARCELONA SON PUERTOS MUY RELEVANTES DE ENTRADA DE COCAÍNA, AUNQUE, AFORTUNADAMENTE, NO HAN LLEGADO A LOS NIVELES DE AMBERES O ROTTERDAM”

La pandemia puso de manifiesto nuevas modalidades en el tráfico de drogas, como la entrega a domicilio o el pago virtual desde dispositivos móviles (como bizum). ¿Es cada vez más complicado detener su consumo?

La pandemia incrementó el consumo de algunas sustancias y la necesidad de buscar vías alternativas de acceso a las mismas. El trabajo del Estado para reducir la demanda de los distintos tipos de drogas es muy intenso y el Plan Nacional Sobre Drogas realiza una actividad incansable en la que participan otras Administraciones y organizaciones no gubernamentales. La información sobre los daños de las sustancias y el debido tratamiento de las adicciones deben contribuir, igual que nuestro trabajo en la Fiscalía en los aspectos de reducción de la oferta, a acabar con el tráfico de drogas, pero, sin duda, no es tarea fácil.

“ME PREOCUPA ESPECIALMENTE QUE ESPAÑA SE HAYA CONVERTIDO EN EL PRIMER PAÍS PRODUCTOR DE CANNABIS DEL CONTINENTE EUROPEO”

En su lucha contra el tráfico de drogas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto en marcha unidades como el Centro Regional de Análisis e Inteligencia contra el Narcotráfico (CRAIN) que opera en el Estrecho y basa sus investigaciones en el Big Data. ¿Cómo ha evolucionado la investigación de la Fiscalía Especial?

La investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con sus unidades especializadas, UDYCO (Unidad de Drogas y Crimen Organizado) de la Policía Nacional o la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil, junto a Vigilancia Aduanera, son unidades formadas por grandes profesionales y que utilizan todas las técnicas de investigación especializadas y actualizadas para responder a la realidad de cada momento o de cada región. La Fiscalía no trabaja sola, sino que recibe y, en su caso, encarga estas actividades de análisis a las unidades policiales; es un trabajo conjunto y cada vez más valoro y apoyo este trabajo en equipo.

El centro de tecnologías del notariado Ancert desarrolló la plataforma electrónica de la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed). ¿Cuál es el grado de colaboración de su Fiscalía con este organismo transnacional?

Por mi destino anterior como Fiscal de Sala de Cooperación Internacional conozco IberRed desde su inicio y soy punto de contacto de esta red desde su creación en Cartagena de Indias en 2004. He trabajado desde el primer momento en su impulso y en el desarrollo de su sistema de comunicación seguro Iber@ y en la redacción del Tratado de Medellín, que es el punto de partida para una nueva forma de comunicación. Sin embargo, creo que desde el punto de las autoridades judiciales operativas se ha quedado un poco corto. Por eso, ahora que utilizo la red de forma más activa como demandante de auxilio, estamos impulsando con el secretario general un uso más concreto y más habitual de Iber@ para las comunicaciones operativas y en nuestro caso, de los fiscales de la REFAI para la gestión de cuestiones urgentes y confidenciales como pueden ser las entregas controladas.

Patricia Arrizabalaga nació en Bilbao, aunque pasó su infancia y adolescencia en Ceuta. Estudió en la Universidad de Deusto y opositó a magistratura, una profesión a la que quería dedicarse desde joven. Su primer destino fue la localidad guipuzcoana de Eibar, después Vitoria, y finalmente Bilbao, donde descubrió, en el Juzgado especializado en materia de discapacidad en el que sirve, «un mundo que solo me ha aportado cosas buenas, profesional y personalmente».

–Hace ya dos años entró en vigor la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Cuáles son sus novedades significativas?

–Destacaría las siguientes: las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, entendida como aptitud para actuar en el tráfico jurídico, son iguales a las demás, y, en consecuencia, tomarán ellas sus decisiones, en su caso con los apoyos que precisen, los justos y necesarios, ni más ni menos. En segundo lugar, la desjudicialización de su vida, hasta donde sea posible, dando preferencia absoluta a las medidas voluntarias de apoyo de las que se provea la propia persona, y en las que los notarios juegan un papel esencial. Por último, reconociendo una realidad social, y es que la guarda de hecho en muchísimos casos funciona como apoyo adecuado y suficiente.

–¿Qué cambia con respecto a la normativa anterior?

–Debe cambiar todo, si se aplica atendiendo a su espíritu y finalidad, que son sustancialmente los de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Aunque para que el cambio sea real y efectivo es precisa una transformación radical de mentalidad, no solo de los operadores jurídicos sino social, cultural, educacional. Tenemos la obligación de hacer pedagogía. La persona con discapacidad se sitúa en el centro mismo del sistema, es la protagonista absoluta, y así debe ser, desde un modelo social de derechos humanos.

–¿A qué llamamos persona con discapacidad?

–La discapacidad como circunstancia, no como esencia que define a la persona, es un concepto heterogéneo, que incluye realidades diversas, es dinámico. Pero desde un punto de vista jurídico, en el ámbito de la Ley 8/2021, es la que afecta únicamente al ejercicio de la capacidad jurídica, principalmente las discapacidades intelectual y psicosocial en la medida en que incidan en las facultades intelectivas y volitivas de la persona. Debemos ser conscientes de que todos nosotros, solo por el hecho natural de envejecer, precisaremos en algún momento de medidas de apoyo. Considero muy interesante que se extienda la cultura de la necesidad de planificar, a través de medidas voluntarias, los apoyos que queremos.

–¿Qué es una medida de apoyo?

–El apoyo es un concepto muy amplio, pero en lo que aquí interesa, es el que permite ejercer la capacidad jurídica referida antes; más concretamente, la Ley contempla las medidas voluntarias, la guarda de hecho y las judiciales –la curatela y el defensor judicial–, siendo estas las que deben entrar en juego en último lugar.

«EL DESCONOCIMIENTO DE LA LEY 8/2021 ES TRISTEMENTE MUY RELEVANTE. OPERADORES JURÍDICOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEBEMOS DARLA A CONOCER»

–¿Qué es la guarda de hecho?

–Es una medida informal de apoyo, que no precisa de investidura judicial, de una resolución judicial que la declare o constituya. Es el apoyo que se le proporciona a la persona con discapacidad por quien más próximo está a ella, generalmente, en su entorno familiar, debiendo ser adecuado y suficiente. Cuestión distinta es la problemática de su prueba, en la que son muy interesantes las actas de notoriedad y también los protocolos firmados con la Banca para que se avance en su reconocimiento efectivo como medida de apoyo.

–¿Y la curatela? ¿Hay diferencias sustanciales con la tutela? ¿Son conceptos distintos?

–Son radicalmente diferentes: la tutela de personas mayores de edad (o menores emancipados) prevista en la legislación anterior suponía la «muerte civil» de la persona con discapacidad, a quien literalmente se le sustituía en la toma de decisiones que le concernían, tanto personales como patrimoniales, quedando aislada, al margen de su propia vida. La curatela es otra cosa: tiene que ver con el cuidado de la persona con discapacidad, en el sentido precisamente de asistirla, acompañarla, informarla en su toma de decisiones. Una toma de decisiones, como regla general, le pertenece a ella, sin circunscribirse a aspectos económicos o patrimoniales, sino a decisiones de trascendencia personal. No debe inducir a confusión la curatela representativa, excepcional en el nuevo sistema, que solo entrará en juego cuando se constate la imposibilidad absoluta de autodeterminación. Pero, y esto es importante, incluso debe entenderse no como sustitución sino como reconstrucción o interpretación de la voluntad de la persona, atendiendo a su trayectoria vital, creencias, valores, los factores que hubiera tomado en consideración si no hubiera precisado de dicha medida.

–¿Qué obligaciones tiene el curador? ¿Quién puede serlo?

–Destacaría el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad a quien se asiste, siendo muy interesante la obligación de mantener contacto personal con ella, y fomentar que precise de menos apoyos en el futuro. Para garantizar todo ello son indispensables las salvaguardas y controles que corresponde fijar al juez, para evitar conflictos de intereses, abusos o influencias indebidas… En coherencia con el nuevo sistema, tiene prioridad el nombramiento que haga la propia persona con discapacidad, sin perjuicio de que, en determinadas circunstancias, la Ley establece un orden de prelación, que incluye, y esto es lo interesante dada la evolución de la sociedad, a los «allegados», a los más próximos. Se trata de respetar su voluntad al respecto o, en su defecto, designar a la persona más idónea para comprender e interpretar sus deseos y preferencias.

–¿Cómo solicitar una medida de apoyo?

–Si hablamos de las estrictamente judiciales, esto es, la curatela y el defensor judicial, bien a través del Ministerio Fiscal, bien directamente, mediante una solicitud ante el Juzgado, en un expediente de jurisdicción voluntaria, en principio, más sencillo, ágil y flexible que un proceso contencioso.

–¿Qué implicación tiene la ley en los operadores jurídicos? ¿Y en los notarios?

–Hay que cambiar el chip, ser conscientes de que la persona con discapacidad es la protagonista absoluta. Su voluntad, deseos y preferencias deben ser atendidos, en la medida de lo posible, a la hora de pedir y determinar los apoyos. En el caso de los notarios, asumen una gran responsabilidad para guiar a la persona en la determinación de sus propias medidas de apoyo, las primeras en la «jerarquía» de medidas contempladas en la Ley, debiendo cerciorarse de que la voluntad manifestada por la persona con discapacidad responde a una voluntad suficientemente formada, no viciada, mediatizada o «cautivada» por intereses espurios.

«LA TUTELA DE PERSONAS MAYORES DE EDAD (O MENORES EMANCIPADOS) PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN ANTERIOR SUPONÍA LA ‘MUERTE CIVIL’ DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD»

–¿No habría sido necesario haber dispuesto de elementos previos o personal especializado antes de la entrada en vigor de la ley?

–Es una realidad que faltan medios personales, materiales, formación… Pero no se puede esperar a tenerlos para aplicar una norma cuya necesaria promulgación ha sido un clamor, en especial desde el movimiento asociativo y las fundaciones. Cualquier cambio es siempre traumático pero, sencillamente, hay que hacerlo. Es cierto que actualmente requiere de mucho voluntarismo, que ni mucho menos es eficaz y suficiente, en lo que se refiere a los ajustes de los procedimientos para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad con los demás, lo que es un derecho contemplado en la Convención, que, no olvidemos, forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y es de directa aplicación, y también en la propia Ley 8/2021.

–¿Qué sucede con las sentencias de incapacidad o de modificación de capacidad anteriores a esta Ley?

–Hay consecuencias importantes, pero me gustaría resaltar dos: primero, la personas que fueron «incapacitadas» ya no lo están por Ley, lo que es muy reconfortante transmitirles. Precisamente en aplicación de la Disposición Transitoria 5º de la Ley 8/2022, los Juzgados estamos obligados a revisar todas las sentencias anteriores, para adaptarlas a la nueva forma de entender la discapacidad; y segundo, todas las privaciones de derechos también quedan sin efecto, sin necesidad de declaración judicial.

–¿Se puede pedir la revisión de una sentencia antigua? ¿Quién puede hacerlo? ¿Existe algún plazo?

–Por supuesto, no solo quienes han venido asumiendo el ejercicio de las instituciones de guarda legal anteriores, sino, y esto es especialmente relevante, la propia persona con discapacidad. Me gustaría recalcar que hay un gran desconocimiento por parte de los afectados, tanto de la propia persona con discapacidad como sus familiares, quienes por lo general han asumido dicha función. En cuanto al plazo, la ley nos obliga a revisarlas en un plazo de tres años, que, al menos en órganos especializados, se está demostrando claramente insuficiente.

–¿Cómo mostrar la trascendencia de esta ley a una sociedad cada vez más avejentada?

–En mi experiencia profesional durante estos dos años, el desconocimiento es tristemente muy relevante, salvo quienes se relacionan con asociaciones y fundaciones. Los operadores jurídicos, cada uno en su ámbito, deben dar a conocer la Ley, también las Administraciones Públicas están obligadas a ello, a través de campañas, medios de comunicación, etc.

Almudena Arpón de Mendívil y Urquiola de Palacio presiden, en una coincidencia inédita (dos mujeres y dos españolas), las dos principales organizaciones mundiales de la abogacía: la International Bar Association (IBA) y la Unión Internacional de Abogados (UIA), respectivamente. Almudena Arpón de Mendívil, socia de Gómez-Acebo & Pombo y Urquiola de Palacio, socia directora de Palacio y Asociados, han recibido el premio Puñetas de Oro 2023, que concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).

–Acaba de recibir el premio Puñetas de Oro que conceden los periodistas jurídicos españoles. ¿Qué supone para usted?

–Almudena Arpón de Mendívil. Es un premio importante para mí. Primero, porque me lo concede la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, que juega un papel muy relevante no sólo para los profesionales del derecho sino para toda la sociedad. En un momento en que la desinformación y las noticias falsas están ganando tanto terreno, debemos poner en valor la tarea de los profesionales y medios de comunicación rigurosos como los que integran ACIJUR. En la IBA hemos acometido proyectos importantes en defensa de la independencia de medios y la protección de periodistas, por ejemplo, participando en el High Level Panel of Legal Experts on Media Freedom. Además, ACIJUR me concede el premio por haber accedido a la presidencia de la IBA siendo socia de Gómez-Acebo & Pombo. Simultanear las dos carreras no ha sido fácil. La IBA desarrolla una actividad impresionante y, sobre todo, tiene una misión crucial: contribuir a la estabilidad y a la paz global, al progreso, en definitiva, al Estado de Derecho. Yo he asumido el compromiso de seguir trabajando en esa dirección, poniendo de relieve la contribución de la abogacía a la sociedad con un proyecto específico en ese sentido y perseverando, aún más, en la defensa del Estado de Derecho. Finalmente, siempre recordaré este premio con mucha ilusión por haberlo recibido ex aequeo con Urquiola de Palacio, una grandísima y muy querida profesional que preside ahora la Union International d’Avocats. Sí, dos abogadas españolas, a la vez, al frente de las dos mayores asociaciones de la abogacía mundial. No es casual.

–Urquiola de Palacio. Me ha hecho mucha ilusión recibir este premio, del cual he seguido los pasos en ediciones anteriores. Es especialmente gratificante recibir un premio de la prensa jurídica especializada, cuando los componentes del jurado escrutan el mercado desde una atalaya privilegiada. Además, creo que es una magnífica oportunidad para dar visibilidad en España a la Unión Internacional de Abogados que, a pesar de ser la más antigua de las asociaciones de abogados dedicados a la práctica internacional (fundada en 1927), no es muy
conocida.

–Presiden las dos principales organizaciones internacionales de abogados. ¿Cambio de paradigma en el sector legal? ¿El techo de cristal se está desmoronando?

–U. de P. Hace tiempo que, en el momento de acceder a las profesiones jurídicas, la incorporación es mayoritaria de mujeres. Sin embargo, pasados unos años (respecto de generaciones en que en el momento de colegiación ya sucedía lo que he indicado) se invierte la mayoría en favor de los hombres. Esto es porque sigue habiendo más mujeres que deciden abandonar la carrera profesional para dedicarse a su familia debido en gran medida para las dificultades para conciliar, que deben corregirse. No creo en techos de cristal, pero la realidad es que las mujeres todavía tienen que esforzarse más y hacer más renuncias (que no digo que por parte de los hombres ciertos puestos no supongan sacrificios) para poder acceder a puestos de responsabilidad.

–A. A.de M. No me atrevo a hablar de cambio de paradigma, pero sin duda, hay una tendencia muy positiva en el sector legal y, en general, en la sociedad, de toma de conciencia sobre la relevancia de la igualdad de género. En la abogacía aún se tiene que mejorar en el acceso a puestos de responsabilidad. Por ejemplo, en España según el estudio de la IBA 50/50 by 2030, frente al 54% de mujeres abogadas en el conjunto de la profesión jurídica, apenas el 31% se encuentra en puestos directivos.

Es muy importante que mujeres valiosas alcancen esos puestos de responsabilidad en el sector legal; que redacten las normas, las interpreten, las apliquen y asesoren sobre las mismas. Esa presencia será una herramienta poderosa para articular condiciones equitativas de género en toda la arquitectura jurídica.

Yo he asumido la presidencia de la IBA con el compromiso de que la igualdad de género se convierta en una seña de identidad de la abogacía a nivel global. Durante el bienio 2023-2024, la igualdad de género es una de nuestras cinco líneas estratégicas. Estamos trabajando para ayudar a nuestros miembros y al sector legal en general a mejorar los índices de igualdad de oportunidades en todos los niveles, desde el acceso a la profesión, hasta el desarrollo profesional y, muy especialmente, el liderazgo en las organizaciones.

–¿Consideran que las dos culturas jurídicas prácticamente universales –el Derecho Continental y el Common Law– están acercando sus formatos?

U. de P.– Creo que el diálogo entre los sistemas jurídicos es una realidad en ciertos contextos, y uno de ellos -y privilegiado- sin duda es la UIA. En UIA tenemos miembros provenientes de más de 110 países y, como puede imaginar, todas las tradiciones jurídicas están presentes y dialogan entre sí y se enriquecen de ese contacto. En un mundo globalizado es evidente que las características originales que les eran propias y no compartidas se van desdibujando en alguna medida, y todos aprendemos los unos de los otros (por ejemplo, con la proliferación de “statutory law” en los países de tradición anglosajona -que supone el acercamiento a la codificación material tradicional del sistema continental-, y la flexibilización procesal -que se está incorporando paulatinamente en la tradición continental a imagen del derecho anglosajón-).

A. A. de M.– Se está desarrollando una suerte de derecho común de los negocios internacional especialmente en el ámbito corporativo, tanto transaccional como de gobierno, cumplimiento normativo, financiación internacional y también en litigación, arbitraje y mediación de ámbito transnacional. Sin embargo, las dos culturas jurídicas se mantienen. Precisamente la diversidad de regulaciones en distintas jurisdicciones (por ejemplo, en materia de inversiones extranjeras o de control de concentraciones) es uno de los principales obstáculos para que la globalización tenga fiel reflejo en el entorno jurídico.

URQUIOLA DE PALACIO: “ES NECESARIO INCORPORAR LAS INNOVACIONES DE MANERA ORDENADA A TRAVÉS DE REGLAS JURÍDICAS, EVITANDO EFECTOS DISRUPTIVOS”

-La digitalización es una de las vigas principales que sostienen la nueva sociedad que se está construyendo. ¿Qué papel tienen los juristas en que este cambio se haga con pleno respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos?

A. A. de M.– Los colegios de abogados y las asociaciones internacionales en el ámbito legal tienen un papel principal en este ámbito. Deben contribuir a promover la normativa protectora de esos derechos fundamentales, su correcta aplicación y difusión. También hay una tarea importante de formación en estas cuestiones novedosas. Hablamos sin duda del derecho a la intimidad, a la información, la libertad de expresión y también del propio acceso a los medios digitales en la medida en que se utilicen en los procesos de resolución de conflictos (acceso a la justicia). Desde la IBA trabajamos en esta línea con informes sobre Digital Identity, Digital Transformation and Human Rights, Covid-19 and Court Procedures: An Access to Justice Report, entre otros. En la conferencia anual que celebraremos en Paris en otoño de este año, habrá más de quince sesiones sobre el impacto de la digitalización en distintas áreas jurídicas y en el propio ejercicio profesional.

ALMUDENA ARPÓN DE MENDÍVIL: “HE ASUMIDO LA PRESIDENCIA DE LA IBA CON EL COMPROMISO DE QUE LA IGUALDAD DE GÉNERO SE CONVIERTA EN UNA SEÑA DE IDENTIDAD”

U. de P.– En los últimos días hemos conocido la iniciativa de la Unión Europea en materia de Inteligencia Artificial. Hace años que se han venido regulando realidades como las criptomonedas, o que se trabaja en materias como la regulación de la identidad digital. Estos son solo ejemplos que evidencian la necesidad de incorporar las innovaciones de manera ordenada mediante reglas jurídicas, evitando efectos disruptivos que pudieran erosionar el Estado de Derecho y la confianza de los ciudadanos. Ahí los abogados tenemos desde luego un importante papel que jugar.

-¿Son los mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos -en los que están plenamente implicados los notarios- la solución al “atasco judicial” español?

A. A. de M.– Son uno de los mecanismos para mitigar la sobrecarga de trabajo y la consiguiente lentitud de los procesos judiciales. Pienso que aún son poco conocidos, tenemos que dar mayor difusión a esas alternativas extrajudiciales para aligerar el atasco judicial: la justicia retrasada es justicia denegada y una eficacia judicial mayor está relacionada con más inversión de las empresas. Lo explica muy bien un estudio del Banco de España: si se lograra una reducción de 10 puntos porcentuales en la tasa de congestión de la justicia se podría alcanzar un incremento medio de la tasa de inversión de 0’1 puntos porcentuales.

Desde la IBA estamos promoviendo el recurso a sistemas alternativos de acceso a la justicia más informales y de menor coste a través del Rule of Law Forum de manera que la justicia sea más accesible y asequible, como sistemas de mediación online.

U. de P.– Soy una convencida de la utilidad de esos mecanismos extrajudiciales de solución de conflictos y de su interés per se; no ya como “desatascadores de la jurisdicción” sino por su utilidad en la gestión del conflicto. Hay distintos actores que participan en la administración de este tipo de Medios Adecuados de Resolución de Conflictos; y así junto a los notarios, encontramos como actores significativos a las Cámaras de Comercio y a los Colegios de Abogados. Permiten a las partes en conflicto encontrar una solución mediante medios autocompositivos -como la mediación o la conciliación, en las que el mediador o conciliador es un facilitador de la comunicación y negociación entre las partes, pero son estas quienes se dan la solución- o mediante medios heterocompositivos -en que las partes encomiendan a uno o varios terceros que les den la solución, sea en derecho o en equidad; como es el caso del arbitraje comercial o de los “dispute boards”-.

-La seguridad jurídica es clave para hacer de un país un lugar atractivo para las inversiones. ¿Cómo valora el papel del notariado en este campo?

U. de P.– El notario es el elemento clave en la seguridad jurídica preventiva, y cumple una función esencial de control de legalidad -que lleva incluso al asesoramiento a las partes- y dación de fe. La digitalización, también en este ámbito, está trayendo novedades que entrañan difíciles procesos de adaptación para no desvirtuar esa función esencial.

A. A. de M.– Muy positivamente. La función pública del Notariado en España tiene precisamente ese cometido: ser garantes de legitimidad y seguridad tanto para los particulares como para el Estado. Esto es un ingrediente esencial para la seguridad jurídica. Me gusta pensar en los abogados como merchants of trust, aportando la confianza en la corrección jurídica y, me atrevo a decir, ética, de los temas que asumimos en representación de nuestros clientes; los notarios han de ir un paso más allá aportando mirada no sólo experta y ética, sino también independiente y objetiva.