–¿Cómo afronta su responsabilidad ante uno de los periodos más complejos del parlamentarismo español, teniendo en cuenta la fragmentación resultante de las últimas elecciones generales?
–Lo que define al Parlamento es el pluralismo. La expresión de ese pluralismo es esencial para poder integrar posiciones, para expresar alternativas y críticas y para conseguir que la gran mayoría de los ciudadanos vean reflejadas sus inquietudes y sus ideas en el debate público. En el Parlamento deben oírse todas las voces presentes en la sociedad, aunque nos incomoden, y quizás especialmente cuando nos incomodan. Garantizar ese pluralismo es mi función fundamental. Y la segunda, que esa expresión sea compatible con el respeto a los demás diputados y a toda la ciudadanía, algo que siempre es posible –aún en el caso de las más duras críticas–, pero que no siempre sucede.

Son los grupos y los diputados quienes deciden el contenido y el tono de sus intervenciones y quienes asumen su responsabilidad. La Presidencia puede poco más que, como decía Azaña, sonrojarse en lugar del diputado y en defensa del propio Parlamento, poner de manifiesto la necesidad de mantener el respeto y contribuir a recuperar ámbitos de acuerdo y de consenso entre los grupos.

–Respecto a la situación actual provocada por la pandemia, ¿cómo está afectando esto a la representatividad y funciones de los diputados?
–Mi principal objetivo desde que se declaró la pandemia ha sido evitar que la situación pudiera afectar a la representatividad de la Cámara y alterar sustancialmente el cumplimiento de sus funciones. Creo que lo hemos conseguido: el Congreso se ha reunido para ejercer sus funciones legislativas y de control parlamentario durante toda la crisis. Ha debatido y votado todas las normas de rango legal que se han aprobado y las prórrogas de las declaraciones de alarma; las comparecencias han sido constantes, mayores en número que en situación ordinaria, como también lo ha sido la tramitación de preguntas e interpelaciones al Gobierno, y actualmente se desarrollan sin excepción todas las funciones de las Cortes, tanto en Pleno como en Comisión.

El acuerdo sobre reducción de asistencia a los Plenos entre los grupos parlamentarios ha hecho posible el mantenimiento de las sesiones y, con ellas, de las funciones parlamentarias. Se ha generalizado la votación telemática en el Pleno, lo que mantiene totalmente la representatividad de la Cámara.

Pero el trabajo parlamentario necesita el máximo posible de contacto y diálogo, dentro y fuera de las sesiones, y el trato personal entre los miembros de la Cámara facilita el desarrollo de la actividad parlamentaria y un mejor resultado de la misma, por lo que espero recuperar la plena asistencia de diputados y diputadas en cuanto sea posible.

-¿Qué se puede hacer para acercar esa actividad parlamentaria a los ciudadanos? Muchas veces solo trascienden un momento de tensión o una anécdota…
–Fundamentalmente hacerla bien, útil y efectiva para cumplir sus funciones, que son la exposición de alternativas y la discusión de acuerdos, tanto a nivel legislativo como de control del Gobierno. Aunque algunos medios pueden destacar los momentos de tensión y desacuerdo, los ciudadanos pueden seguir la actividad parlamentaria y obtener una imagen real de la misma: toda la actividad de Pleno y Comisión es pública y está disponible en la página web del Congreso. Los medios, más allá del titular, informan de los debates y los resultados del trabajo parlamentario, que arroja siempre espacios de enfrentamiento, pero también espacios de acuerdo.

Creo que la gran mayoría de las cuestiones relevantes en nuestra sociedad encuentran expresión y debate en el Congreso, y para ello trabajan también todos los grupos parlamentarios.

–No obstante, también ha descendido la actividad legislativa. ¿Tiene prevista la Mesa de la Cámara la adopción de alguna medida para recuperar esta labor?
–Los años 80 y 90 fueron años de gran actividad legislativa, pues había que construir un sistema democrático y adoptar numerosas reformas. Hoy ese trabajo fundamental está hecho. Contamos con una base normativa estable, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones y actualizaciones, lo que debería llevar a una reducción natural del número de normas tramitadas y a concentrarse en ámbitos nuevos o que exigen reformas importantes.

Es cierto que, más allá de la actual crisis sanitaria, en los últimos diez años se ha producido una creciente sustitución de la ley por el decreto-ley. Es también cierto que esa deriva podría afectar a estándares de pluralismo y calidad legislativa y creo que sería bueno revisar esa tendencia. Pero soy consciente de que para ello debemos esforzarnos también en conseguir un procedimiento legislativo que permita afrontar cambios legislativos de una forma más ágil.

–En diciembre de 2018 celebramos el 40 aniversario de la Carta Magna… Desde su conocimiento del Derecho Constitucional, ¿goza nuestra Constitución de buena salud?
–La salud de la Constitución es la de todos. Hemos gozado de buena salud en la España democrática gracias a la buena salud de nuestra Constitución y su efectividad en estos más de 40 años.

Mantener esa buena salud es una tarea fundamental para todos; la salud de las constituciones se mide en su capacidad de integración, en que la gran mayoría de los ciudadanos vea reflejada en ella sus valores, sus prioridades y sus inquietudes, y globalmente se reconozca en sus normas y objetivos.

Que la Constitución no haya necesitado de reformas relevantes es mérito de quienes la redactaron. Para estar a su altura a nosotros nos toca detectar las fisuras que se generen sobre sus consensos fundamentales o las demandas de alcanzar nuevos acuerdos propios de nuestro tiempo, cuando estas existen. Ciertamente, me preocupa que en nuestro país, como en muchos otros de nuestro entorno, cada vez parezca reducirse la amplitud e intensidad de esos consensos sociales y políticos, hasta el punto de producirse intentos de patrimonialización partidista de la Constitución.

Pero no cabe duda de que ya en su redacción actual encontramos esa eficacia integradora capaz de incluir y cohesionar a la sociedad en torno a unas garantías, a un sistema de derechos y libertades y, en definitiva, a un proyecto de convivencia.

–Nuestra Constitución reconoce como uno de los valores superiores la seguridad jurídica. Los notarios tienen atribuida la función de evitar, con carácter preventivo, que tal valor se vea conculcado. Usted, que es jurista, ¿cómo valora su función?
–La seguridad jurídica, sobre todo en el tráfico privado, ha sido una característica de nuestro ordenamiento que los notarios en especial, han hecho efectiva. Mantener esa seguridad resulta más difícil cuando las normas son menos estables y pretenden también introducir nuevos valores y consideraciones en las relaciones entre particulares. Esa nueva generación de normas nos plantea un reto tanto al legislador como a quien debe aplicarlas, y en especial al notario en su función de garantía: todos debemos esforzarnos para adaptarnos a esa nueva realidad, pues combinar la fuerza transformadora del Derecho y la seguridad jurídica exige un compromiso personal y responsable de cada uno: del legislador, para conseguir normas claras a la vez que matizadas; y de los operadores jurídicos, para tomar en consideración, en su aplicación, las variables que prevé la propia Ley. Los notarios acreditan cada día su capacidad para ello. Los legisladores debemos ser también capaces de hacerlo.