La ciberseguridad comprende las acciones relativas a la protección de los sistemas y redes informáticas de las personas, instituciones o empresas para prevenir o combatir los ataques cibernéticos dirigidos a comprometer su seguridad digital.

Aunque la ciberseguridad ha sido correlativa a la propia era digital, la pandemia de Covid-19 y el confinamiento aceleraron de forma geométrica el uso de las tecnologías digitales y, en consecuencia, de los ciberdelitos, que aprovecharon las deficiencias o faltas de preparación de unas infraestructuras y sistemas que no estaban a la altura de esa inesperada situación.

Crecimiento vertiginoso.

Según el Informe Ciberamenazas y Tendencias elaborado por el Centro Nacional de Ciberseguridad (CCN-CERT), en el que se analiza la evolución de las ciberamenazas nacionales e internacionales, así como las tendencias futuras, los ciberatacantes en estos últimos dos años han puesto el foco en organismos públicos, ONGs y entidades de políticas sociales o asuntos internacionales. Sin embargo, “las pequeñas empresas y administraciones públicas locales tampoco han escapado de estas infecciones”.

Según el Informe Cyber Attack Trends: 2021 Mid-Year Report, los ciberataques aumentaron tras la pandemia un 93% en todo el mundo. En este punto es fundamental mencionar que, “además de robar datos confidenciales de las organizaciones y amenazar con divulgarlos públicamente […], los atacantes ahora se dirigen a los clientes y socios comerciales de las organizaciones y también les exigen rescates”. En España los ciberataques aumentaron un 77% hasta junio de 2022, según el Observatorio de Ciberseguridad de Exprivia.

LOS CIBERDELINCUENTES HAN PUESTO EL FOCO EN ORGANISMOS PÚBLICOS, ONGS Y ENTIDADES DE POLÍTICAS SOCIALES O ASUNTOS INTERNACIONALES

Entre estos ataques se pueden destacar los sufridos por Iberdrola en marzo de ese año, en el que los ciberdelincuentes robaron información personal de más de un millón de clientes, entre DNIs, domicilios, números de teléfono y direcciones de correo electrónico; el sufrido por la empresa de delivery Glovo en abril 2022, mediante el que se pusieron a la venta datos de repartidores y clientes de la compañía; o el ataque al servicio de correspondencia con sus clientes de la entidad bancaria Laboral Kutxa, de mayo del año pasado. La propia sede de la soberanía nacional, el Congreso de los Diputados, sufrió un ciberataque que colapsó varios de los apartados de su portal web para impedir el acceso de los ciudadanos. La Administración también ha visto sus sistemas de información afectados por los ciberataques, como ocurrió recientemente con el hackeo al Ministerio de Economía y Transición Digital. El objetivo fue la red SARA, encargada de conectar las administraciones para facilitar el intercambio de datos. El Punto Neutro Judicial, un sistema de comunicación que permite centralizar y trasladar peticiones de información entre los órganos judiciales y organismos o instituciones, se vio neutralizado por un ciberataque a finales de 2022.

A pesar de lo real de la amenaza, el informe CISCO 2022 concluye que sólo el 7% de las empresas españolas tienen un nivel de preparación «maduro» para enfrentarse a riesgos de ciberseguridad, mientras que la mayoría de las compañías (el 59%) se encuentran en la fase «formativa» o «principiante», lo que significa que su nivel de preparación está por debajo de la media global. Solo el 33% de las empresas españolas alcanzan el nivel «progresivo».

La Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA) considera que los sectores más atacados entre junio de 2021 y junio de 2022 fueron la Administración del Estado, con el 24% de incidentes reportados; los servicios digitales, con el 13% de incidentes; el público general (12,4% de incidentes); los servicios (11,8 %); el sector financiero (8,6%), y el sanitario (7,2%).

LOS CIBERATAQUES AUMENTARON TRAS LA PANDEMIA UN 93% EN TODO EL MUNDO

Perder el control.

Según ENISA el ransomware, sistema por el que los ciberdelincuentes toman el control de los datos de alguien y exigen un rescate para restaurar el acceso, supone más de la mitad de los incidentes registrados.

Los mismos datos muestran que el ransomware creció de 13 millones de euros en 2019 a 62 millones de euros en 2021 y el rescate medio pagado se duplicó de 71.000 euros en 2019 a 150.000 euros en 2020. Se estima que en 2021 el ransomware mundial alcanzó los 18.000 millones de euros en daños, 57 veces más que en 2015.

En segundo lugar, se sitúa el malware, un software que daña el sistema informático y que incluye virus, gusanos, troyanos y programas espía. Tras descender en todo el mundo coincidiendo con la pandemia en 2020 y principios de 2021, su difusión aumentó en gran medida a finales de 2021, cuando los trabajadores comenzaron a volver a la oficina.

El aumento del malware también se atribuye al cryptojacking (el uso secreto del ordenador de una víctima para crear criptodivisas ilegalmente) y al malware del Internet de las Cosas, dirigido a dispositivos conectados a internet, como routers o cámaras.

A continuación, se encuentran los ataques para aprovechar el error humano y acceder a información o servicios, engañando a las víctimas para que abran documentos, archivos o correos electrónicos maliciosos, visiten sitios web y, de este modo, concedan acceso no autorizado a sistemas o servicios. El ataque más común de este tipo es el phishing que se efectúa a través del correo electrónico y el smishing, articulado mediante mensajes de texto.

LOS DELINCUENTES SE DIRIGEN CADA VEZ MÁS A LAS BOLSAS DE CRIPTOMONEDAS Y A SUS PROPIETARIOS

Las principales organizaciones suplantadas por phishers pertenecen a los sectores financiero y tecnológico. Los delincuentes también se dirigen cada vez más a las bolsas de criptomonedas y a sus propietarios.

Otras formas de ciberdelincuencia son las amenazas contra los datos, contra la disponibilidad, o la difusión de información engañosa (las famosas fake news).

En 2016 tomó posesión como director general del Catastro, institución a la que lleva toda su vida vinculado. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos seis años de mandato?

Como resumen de mi larga vinculación con el Catastro puedo indicar que he participado, con un gran equipo de profesionales y de colaboradores, en grandes retos que han mejorado y modernizado esta organización, que han conseguido grandes avances para la Hacienda Pública y para la sociedad en su conjunto.

Creo muy destacable la mejora de la información contenida en nuestras bases de datos y su puesta a disposición de la ciudadanía, de manera transparente y accesible, que ha conseguido elevar los niveles de seguridad jurídica. También, los avances en una valoración de inmuebles más justa, acorde a la realidad y más equitativa, estando presente no sólo ya en la financiación de las entidades locales y de la hacienda estatal, sino también en la autonómica. Por todo ello, podemos afirmar que somos un referente internacional en esta materia.

¿Y en relación con los procedimientos catastrales?

Las innovaciones han sido continuas, para adaptar nuestra forma de trabajo a las nuevas demandas y en busca de nuevos colaboradores. Hemos conseguido estar a la altura de una sociedad cada vez más exigente y digital, que nos demanda nuevos canales de comunicación con ella.

Estamos muy presentes en la actividad económica e inmobiliaria del país, pero también hay que resaltar la utilización de la información catastral en la mejora del medio rural y del medioambiente.

Finalmente destacar el reto que ha supuesto desarrollar éstas y otras muchas actuaciones gestionando un capital humano de grandes profesionales que, con pocos medios, han sido capaces de responder y superar las expectativas que en cada momento se les demandaban.

EL CATASTRO HA PASADO A CONVERTIRSE EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL OFICIAL, UNIVERSAL Y COMPLETO, AL SERVICIO DE TODOS

¿Cómo ha evolucionado una figura de tanto recorrido en nuestra arquitectura jurídica como el Catastro?

La evolución se ha producido en muchos frentes: digitalización, valoración, colaboración, seguridad jurídica y territorio rural, entre otros.

El Catastro ha pasado de ser una figura eminentemente fiscal vinculada a la tributación local, a convertirse en un sistema de información territorial oficial, universal y completo, al servicio de todos.

Esta evolución es consecuencia de la exigencia que se requiere a un catastro fiscal completo y actualizado que pueda determinar la capacidad económica de todos para un reparto justo y equitativo de los impuestos inmobiliarios como consagra nuestra constitución.

Ello ha permitido que la información contenida haya crecido en su aportación a la seguridad jurídica, en especial en la identificación, descripción y representación gráfica de los bienes inmuebles. Pero también se ha manifestado la importancia de los datos catastrales en otros muchos ámbitos. Basta citar, a modo de ejemplo, el papel que ha jugado la información catastral en catástrofes naturales, como la erupción de la Isla de la Palma, que ha permitido a las instituciones públicas, entre las que han tenido un papel destacado lo notarios, acreditar la realidad física de los inmuebles enterrada bajo la lava.

¿Es el Catastro un organismo plenamente digitalizado?

En el año 2014 se completó el proyecto de plena digitalización del Catastro. A partir de entonces el papel se queda en la ventanilla, en el sentido de que todo se digitaliza en la entrada y la tramitación de expedientes es íntegramente digital hasta la notificación al ciudadano, que actualmente se puede realizar por comparecencia electrónica o Dirección Electrónica Habilitada Única.

Esto sucede igualmente con la operativa interna y procedimientos de oficio, que también se llevan a cabo de manera íntegramente digital. Y también en las relaciones con nuestros colaboradores o suministradores de información. Muchos procedimientos se originan de manera automatizada, a partir de ficheros electrónicos, con una tramitación y notificación íntegramente electrónicas.

LA BASE DE DATOS CATASTRAL ES LA CARTOGRAFÍA CONTINUA, OFICIAL Y CON MAYOR GRADO DE PRECISIÓN

La apuesta por la sostenibilidad afecta a todos los ámbitos económicos, sociales y jurídicos. ¿Puede contribuir el Catastro a este objetivo con la clasificación energética de los inmuebles?

Aunque la clasificación energética de los inmuebles es una competencia de las comunidades autónomas, obteniendo estos datos a medida que se van realizando compraventas, o los usuarios obtienen el certificado de forma voluntaria, el Catastro también tiene mucho que aportar.

En la sociedad que vivimos actualmente el dato adquiere más valor cuando se encuentra georreferenciado, por lo tanto, la base de datos catastral, que es la cartografía continua, oficial y con mayor grado de precisión, es elemento esencial para georreferenciar cualquier característica que se encuentre asociada al territorio. En este sentido, las características constructivas de las construcciones, asociadas con su orientación, son una fuente de información muy valiosa que puede vincularse de manera masiva y automatizada a la toma de decisiones sobre eficiencia energética.

Conviene resaltar también el gran avance que se ha producido en nuestro visor de la sede electrónica con la visualización de inmuebles en 3D, que permite la localización exacta de cada inmueble en el espacio. En relación con la clasificación energética, va a permitir volcar esta información a nivel de inmueble, y facilitar a los técnicos competentes su labor de cálculo.

En España conviven grandes espacios rurales y casi deshabitados con grandes urbes de un urbanismo intenso. ¿Cómo afrontan esas realidades?

La realidad urbana y la rural presentan grandes diferencias y el catastro es sensible a ambas.

Desde un punto de vista rural, la importancia de la información catastral excede de su vertiente fiscal y se extiende a la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. La información catastral es la base indiscutible para la toma de decisiones en el territorio, por ello para coordinar estas actuaciones estamos desarrollando la Unidad del Catastro en el Territorio Rural.

Desde el punto de vista urbano, la vertiente fiscal cobra mayor importancia. En este sentido el catastro colabora de manera especial con los ayuntamientos en su gestión tributaria, asegurando la suficiencia financiera de las entidades locales.

Estas especialidades se coordinan con los aspectos comunes como son el mantenimiento catastral, el parcelario catastral, la colaboración y la seguridad jurídica.

¿Y cómo se hace frente a situaciones en las que falta información urbanística completa?

El Catastro, para el cumplimiento de su misión, debe responder siempre a un reflejo fiel de la realidad física. Por ello los procedimientos para su actualización son múltiples, aunque siempre en colaboración con los respectivos ayuntamientos que son los beneficiarios últimos de la recaudación del impuesto de bienes inmuebles

Hemos desarrollado herramientas colaborativas para conocer y tener al día todo tipo de alteraciones. El Mapa de Gestión es una herramienta gráfica, y sencilla de manejar, que permite a los ayuntamientos incorporar información sobre las alteraciones producidas en su territorio.

Se ha desarrollado el visor cartográfico, que básicamente es un SIG online, que permite a todos los ciudadanos visualizar de manera sencilla todos los inmuebles.

Existen herramientas muy intuitivas para facilitar las obligaciones a los ciudadanos y diversos asistentes de ayuda que se encuentran disponibles en la Sede Electrónica del Catastro.

Por último, quiero mencionar los diferentes procedimientos establecidos en la normativa catastral, que permiten actualizar de manera masiva y de oficio la clasificación urbanística de un municipio, para adecuarla a lo establecido en los diferentes planes y normas municipales de ordenación. Me refiero a los procedimientos de valoración colectiva de carácter general, parcial y simplificados.

¿Qué ha supuesto para el Catastro Inmobiliario su reconocimiento como registro administrativo que reconoce no sólo la realidad física y jurídica, sino también la económica?

Es su misión original, como se refleja siempre en los Planes Estratégicos del Catastro y uno de los principales retos a los que hemos dado respuesta en estos últimos años con el Valor de Referencia, objetivo que en sí mismo resume el conocimiento completo y actualizado de la riqueza inmobiliaria.

El valor de referencia se determina a partir de los precios de compraventas comunicados por los fedatarios. Información completa y fehaciente, que es posible gestionar gracias al excelente grado de colaboración existente entre el Catastro y este colectivo. A partir del año 2022, este valor se ha convertido en la base imponible de los impuestos Patrimoniales, gestionados por las CC.AA.

LA IMPORTANCIA DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL EXCEDE DE SU VERTIENTE FISCAL Y SE EXTIENDE A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

¿Cómo valora el papel de los notarios en su función de garantes de la seguridad jurídica preventiva?

El papel del notario es fundamental en el tráfico inmobiliario como catalizador de cualquier operación en este ámbito.

El notario se configura como un actor clave, ya que tiene que informar y preguntar si la realidad física se corresponde con la cartografía catastral, y ante una respuesta negativa, tiene la posibilidad de iniciar procedimientos para asegurar la coherencia entre la realidad física, la descripción de la misma en el título y la cartografía catastral. En este sentido, las nuevas herramientas y comunicaciones que se han establecido entre los notarios y el catastro van a permitir mejorar de forma significativa la cartografía catastral, van a facilitar al notario la transmisión de la información; van a permitir al Catastro unos tiempos de respuesta hasta ahora impensables y, en definitiva, van a permitir al ciudadano agilizar todos los trámites; le va liberar de cargas y como consecuencia, va a aumentar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario.

Por otra parte, los notarios garantizan que todas las partes actuantes en la operación entiendan y conozcan sus consecuencias y responsabilidades, en especial las tributarias. Esta cercanía del notario con los actuantes en la operación resulta fundamental y permite generar información inmobiliaria veraz y exacta desde el origen.

Así, para el Catastro la figura del notario, y la colaboración con el colectivo notarial resultan fundamentales.

Fruto de esta colaboración se producen anualmente más de millón y medio de comunicaciones de alteraciones de dominio de los bienes inmuebles, comunicaciones que suplen la obligación de declarar, por lo que se evitan cargas al ciudadano y se simplifican los trámites administrativos.

El 16 de enero entró a formar parte de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia como académica de número. ¿Qué supone en su carrera profesional?

Para mí es un honor y una gran satisfacción no solo como jurista, sino como notaria y como asturiana.

¿Qué puede aportar desde su profesión a la Academia?

Espero trabajar en las actividades que desarrolla y que mi contribución sea, además de jurídica y teórica, también practica y enfocada a las necesidades y realidades de los ciudadanos que día a día veo en la notaría.

«DESDE QUE COMENCÉ A EJERCER EL PORCENTAJE DE NOTARIAS HA IDO CRECIENDO SIGNIFICATIVAMENTE»

Para su ingreso eligió como tema la Ley 8/2021 desde la perspectiva notarial. ¿Por qué?

Porque esta ley es muy reciente. Entró en vigor en septiembre de 2021; y es una de las reformas más importantes de los últimos tiempos, especialmente porque afecta a la persona, a su propia esencia como sujeto de derechos y al ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todos los demás. Es una ley para que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica con el apoyo o apoyos que sean necesarios y con respeto a su voluntad, a sus deseos y a sus preferencias.

Con la nueva regulación se elimina la incapacitación judicial y se regulariza un modelo que reconoce la capacidad de decidir de todos los ciudadanos. En su exposición explicó los retos de la profesión notarial en la aplicación de esta reforma. ¿Cuáles son?

El reto del Notariado es servir de medio de apoyo a las personas con discapacidad para ayudarlas en su comprensión y para que puedan tomar decisiones de una manera informada y conforme a su voluntad, deseos y preferencias. Ese es el eje de la reforma.

Mi exposición se centró en las medidas voluntarias de apoyo. Medidas en las que todos tenemos que ir pensando, que atañen a cómo queremos que sea nuestra vida, y a cómo queremos organizar los apoyos para cuando sean necesarios. Y para ello existen distintos medios.

«CON LA NUEVA LEY LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PODRÁN EJERCER SU CAPACIDAD JURÍDICA CON EL APOYO QUE SEA NECESARIO»

¿Cómo valora su aplicación tras un año y medio de su entrada en vigor?

Tratándose de una ley de esta envergadura un año y medio es poco tiempo para que se aprecien sus efectos. No obstante, ya antes de la ley se ha venido adaptando, especialmente la jurisprudencia, a la Convención de Nueva York de 13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España el 23 de noviembre de 2007, y publicada en el BOE el 21 de abril de 2008, Convención a la que se adapta la Ley 8/2021.

¿Qué lleva a una notaria a querer ser académica?

Mis inquietudes jurídicas y la apertura a otras facetas jurídicas más allá de las que ejerzo como notaria.

Y al revés: ¿por qué eligió ser notaria?

Decidí ser notaria porque es una profesión mediante la cual puedo facilitar a los ciudadanos el desarrollo satisfactorio de sus asuntos jurídicos. Además, esta profesión implica creatividad en la aplicación del derecho, que es abstracto, general y objetivo, y los notarios tenemos que adaptarlo a las necesidades de cada ciudadano concreto, en función de los fines lícitos que cada uno desee obtener.

Este número de Escritura Pública llegará a los lectores en fechas muy aproximadas al Día internacional de la Mujer, el 8 de marzo, por ello me gustaría preguntarle por la evolución que ha percibido usted en la profesión, en cuanto a la presencia de mujeres dentro del cuerpo en los últimos años.

Desde que comencé a ejercer, en el año 1983, el porcentaje de notarias ha ido creciendo significativamente hasta que en el año 2003 se logró la paridad por primera vez. La mayor diferencia a favor de la mujer se produjo en las oposiciones de 2019: con 55 mujeres frente a 36 hombres. Y desde entonces el número de mujeres y hombres que aprueban es muy similar. Por ejemplo, en la promoción del 2022 han sido 44 hombres y 46 mujeres los que han aprobado.

La realidad es que cada vez vivimos más y tenemos menos hijos, y en estas dos variables España se encuentra en los primeros puestos mundiales.

Según las estadísticas europeas, en 2021 la esperanza de vida en la UE fue 80,1 años por los 83,3 años de España. En lo que se refiere a la natalidad la media de la Unión fue en 2020 de 9,1 mientras que en España apenas se llegó al 7,1.

Así, en 2020 los españoles mayores de 65 años eran 9,4 millones, cifra que las proyecciones estadísticas hacen llegar hasta los 16 millones cuando se alcance la mitad del siglo. La consecuencia inevitable es que un mayor número de ancianos hace crecer proporcionalmente el número de personas en situación de dependencia, y por lo tanto se requiere una mayor cantidad de cuidadores profesionales. En diciembre de 2021 había ya en España un total de 1.415.578 personas reconocidas oficialmente como dependientes.

Variedad de perfiles

Lamentablemente la inversión pública en esta materia deja mucho que desear, lo que obliga a un mayor esfuerzo familiar. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, el incremento del gasto de Comunidades Autónomas y Entidades Locales en servicios sociales en 2020 no ha repercutido en una mayor oferta de servicios y casi 2 de cada 3 personas (62,2% de la población) vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes.

LA DEPENDENCIA TIENE MULTITUD DE FACETAS E INTENSIDADES, LO QUE SE REFLEJA EN UNA ENORME VARIEDAD DE PERFILES PROFESIONALES PARA SU ATENCIÓN

La dependencia tiene multitud de facetas e intensidades, lo que se refleja en una enorme variedad de perfiles profesionales para su atención. Hablar de dependencia es hablar de un abanico muy amplio de situaciones y necesidades que hacen necesarias intervenciones muy diferentes, desde la teleasistencia a la ayuda a domicilio, centros de día o atención residencial permanente. Desde médicos, enfermeras, gerocultores, psicólogos, trabajadores sociales o fisioterapeutas, hasta empleos menos cualificados- pero igualmente imprescindibles- abarcan el abanico de la demanda de empleo en el sector.

Para acceder a estos empleos es necesaria una cualificación profesional que va desde el Grado (antigua licenciatura) hasta las titulaciones técnicas impartidas en la Formación Profesional en sus diferentes niveles, como el de técnico en Atención Sociosanitaria, Auxiliar de Enfermería o Atención a Personas en Situación de Dependencia, así como los certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria.

En cualquier caso, los especialistas demandados en el área de la dependencia son muy numerosos, y su función y remuneración dependen de cada caso. Para la asistencia domiciliaria es clave la figura del cuidador que se ocupa de atender a perfiles diversos que van desde las personas necesitadas de una asistencia esporádica o limitada a varias horas diarias para colaborar en tareas cotidianas relacionadas con elementos como la movilidad, el aseo personal o la medicación, a aquellos que han pasado por algún tipo de ingreso hospitalario y necesitan apoyo en su recuperación. Sin olvidar a quienes necesitan ayuda continuada del cuidador por padecer algún tipo de enfermedad crónica, degenerativa o incapacitante, -como puede ser el Alzheimer o la ELA- y que pueden conllevar la necesidad de que el cuidador conviva con la persona dependiente.

Salud mental

No olvidemos por otra parte, como nos recordaban las campañas de la semana de la salud mental, que ésta es una parte consustancial a una vida plena y feliz, y que bien la edad, bien la dependencia sobrevenida por otros factores, son un elemento que influye de forma determinante en ella.

EN DICIEMBRE DE 2021 HABÍA YA EN ESPAÑA UN TOTAL DE 1.415.578 PERSONAS RECONOCIDAS OFICIALMENTE COMO DEPENDIENTES

Por ello profesiones como la de psicólogo o terapeuta ocupacional tienen un perfil resaltado en la atención a la dependencia que demanda la sociedad y el mercado. La labor del psicólogo, centrada en elementos como la soledad, el sentimiento de utilidad personal o la falta de círculo social que alivie la presión emocional provocada por la vejez o por enfermedades inmovilizantes – todo ello agravado por la por la pandemia- deviene en imprescindible, como lo es también la figura del logopeda que ayude a tratar patologías como la disfagia (dificultades para la deglución que pueden afectar al habla).

El Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 publicó en septiembre de 2022 un informe ejecutivo de Evaluación del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD) que concluye que “la cartera de servicios actual no es suficiente para atender a la demanda y necesidades reales de las personas en situación de dependencia. Es necesario introducir nuevos servicios y prestaciones y fomentar fórmulas más flexibles para la provisión de apoyos diversos en la comunidad”.

PROFESIONES COMO LA DE PSICÓLOGO O TERAPEUTA OCUPACIONAL TIENEN UN PERFIL RESALTADO EN LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

Según el Ministerio de Asuntos Sociales, el 80% de las personas con dependencia que residen en hogares particulares deben complementar los servicios y prestaciones del SAAD con cuidados informales o servicios contratados de forma particular.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en su estudio sobre Dependencia (2019) indica que “la formación de los profesionales para las nuevas necesidades y modelos de atención es fundamental para poder ofrecer la calidad que necesitan nuestros mayores. En este sentido se entiende necesario que las Administraciones adapten el pago de la prestación al servicio ofrecido, dado que en este momento quien sostiene el coste del servicio son los trabajadores, las empresas y los usuarios privados”.

Por su parte el Consejo Económico y Social (CES), organismo público que agrupa a organizaciones sindicales empresariales, de consumidores o gremiales, en su estudio sobre el empleo en el sector, indica que las actividades de atención a la dependencia habrían dado lugar a la creación neta de algo más de 80.000 empleos entre 2009 y 2018.