La actividad de la rehabilitación en España se enfrenta a la mayor oportunidad de éxito de su historia, y previsiblemente también de las próximas décadas. Llevamos ya más de 10 años trabajando, no solo desde las administraciones públicas sino desde todo el sector, para impulsar una actividad que mantiene tozudamente un volumen de 30.000 viviendas rehabilitadas al año. El salto de escala que establece el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para conseguir los objetivos en materia de eficiencia energética marcados por Europa, y que se recoge en la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética del sector de la edificación en España, es enorme: nada menos que 300.000 viviendas al año en 2030, manteniendo esta cifra de forma constante en años sucesivos hasta alcanzar algo más de 7 millones de viviendas rehabilitadas en su envolvente –fachadas y cubiertas– en 2050, con el objetivo intermedio de alcanzar alrededor de 1,2 millones de rehabilitaciones acumuladas en 2030. En este contexto, del drama de la pandemia, surgen los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el Gobierno decide apostar decididamente por una de las pocas actividades que reúnen el potencial de generación de actividad económica y empleo, y alineación con los objetivos y estrategias no solo europeas, sino también de país: la «rehabilitación energética». 6.820 millones de euros se destinarán a esta Componente 2 del Plan, de los cuales 3.420 se invertirán en entornos residenciales; 1.000 millones irán al ámbito rural; 1.080 a rehabilitación de edificios públicos; 300 millones darán continuidad al Programa PREE impulsado por el IDEA, y 20 irán destinados a planes de acción local de la Agenda Urbana Española. Casi 7.000 millones que deberían marcar un punto de inflexión en la transformación de nuestro parque edificado y de nuestras ciudades, coadyuvando a reactivar nuestra economía sobre un sector intensivo en mano de obra y que retorna su resultado en el bienestar de los ciudadanos. Hace ahora cien años el mundo vivió los «felices años veinte», años de prosperidad económica en el mundo occidental, basada inicialmente en la innovación y en una importante transformación productiva. Pero aquello no terminó bien, entre otras razones por un giro hacia el cortoplacismo en los planteamientos inversores. En estos nuevos años veinte, el reto precisamente se encuentra en conseguir que la necesidad de rápida reactivación económica no se contradiga con los objetivos a medio y largo plazo. Y en este caso la oportunidad encuentra al sector y a las administraciones con los deberes hechos. La dificultad radica en cómo implementar en el corto plazo aquello que no hemos conseguido en los diez años anteriores, y para eso será necesario poner en marcha simultáneamente diferentes líneas de actuación.

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“El plan debe conseguir un objetivo esencial: abordar la rehabilitación de los hogares
de perfiles socioeconómicos más vulnerables”

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Una de las claves se encuentra en la activación de la demanda. La demanda no es otra cosa en este caso que la decisión de los propietarios (sobre todo de las comunidades de propietarios), y no debemos esperar que con los mismos instrumentos utilizados hasta ahora consigamos resultados distintos. Los ciudadanos quieren que sus viviendas mejoren, claro que sí, pero no tienen por qué tener los conocimientos técnicos suficientes como para saber cómo tiene que materializarse esa mejora, por lo que piden aquello que resulta inmediato: accesibilidad, y en el mejor de los casos, conservación. El resto de las prestaciones que proporciona un hogar son lejanas en su entendimiento para el ciudadano, que no tiene por qué saber cómo mejorar el confort de su vivienda, es decir, cómo pasar menos frío o calor, cómo tener un espacio más saludable o cómo mejorar su acústica, … y mucho menos puede identificar cómo conseguir empoderarse en la gestión de la energía de su edificio. Es necesario que alguien, un «gestor o agente de la rehabilitación» le explique cuál es el estado de su edificio, del que también es propietario (más allá de su vivienda), y cuál es su potencial de mejora; y en base a ello le ofrezca un plan de actuación ad-hoc, más allá de recetarios ni soluciones inmediatas o parciales. Para esto, uno de los programas de ayudas que se van a implementar con ocasión de este plan, va destinado a la elaboración del Libro del edificio existente, documento que pretende ofrecer a las comunidades de propietarios esa propuesta de mejora, desde una perspectiva integral (accesibilidad, salubridad, seguridad, etc.) pero en el que será necesario el enfoque y potencial de mejora energética. La segunda clave está relacionada, lógicamente, con la financiación. La rehabilitación con criterios energéticos ha tenido en los últimos años ayudas específicas por parte del Estado, y singularmente por otras administraciones, pero se han demostrado insuficientes para alcanzar los objetivos fijados. Por tanto, será necesario incrementar las ayudas cuantitativamente, pero también parece esencial flexibilizar los criterios para su concesión, incentivando en mayor medida los mayores ahorros energéticos, pero permitiendo introducir otro tipo de obras complementarias, siempre con los límites fijados por vivienda. Se pretende con ello alinear los objetivos del plan con las demandas de los ciudadanos, compatibilizando en su caso las ayudas del mismo con otras convocadas para cuestiones específicas, como la accesibilidad. Esta flexibilidad también debe trasladarse a la propia configuración de las ayudas, que se otorgarán «al edificio» o «a la vivienda», cuando actuaciones en ellas puedan ser complementarias de las primeras: sustitución de ventanas, trasdosados interiores, o intervención en las instalaciones individuales. El tercer aspecto que no puede dejar de abordarse es la gestión. El plazo marcado para la ejecución de los fondos (2026) y los objetivos intermedios establecidos para 2023, hacen necesario acompañar la gestión de las ayudas y de los propietarios con información y asesoramiento (a través de Oficinas de Rehabilitación), así como permitir su concesión rápida, objetiva y eficiente. Para ello, la resolución de las ayudas se basará en criterios prestacionales, es decir, estarán condicionadas a determinados indicadores (consumo de energía primaria no renovable, o demanda de calefacción y refrigeración) de la certificación energética anterior y posterior a la actuación. Por último, pero prioritariamente, el plan debe conseguir un objetivo esencial: abordar la rehabilitación de los hogares de perfiles socioeconómicos más vulnerables, que además frecuentemente habitan en barrios o entornos más degradados. Esta premisa obliga a intervenir precisamente, por iniciativa pública o público-privada, en ámbitos superiores al inmueble, y permitirá escalar la rehabilitación al ámbito urbano, acompañando la intervención en las edificaciones de la renovación de los espacios públicos, y dando respuesta, con mayores ayudas, a las familias más vulnerables.

TRAS UNA SUCESIÓN de aplazamientos, por fin los notarios podemos tramitar los expedientes matrimoniales. Comprobar la aptitud de los futuros contrayentes para la celebración de su matrimonio y asegurarse de la inexistencia de intenciones fraudulentas va a ser la nueva función que vamos a desempeñar. Con esta competencia se puede considerar casi cerrado el que podríamos llamar círculo matrimonial notarial: tramitación de expediente previo, celebración de matrimonio y finalmente separación o disolución del vínculo por divorcio, si no existen hijos menores o con discapacidad. El legislador confía en el notario y le atribuye más funciones de carácter público. El notario tiene el carácter de autoridad administrativa cuando ejercita esta competencia, al igual que en otras que tiene conferidas, añadiéndolas a su carácter de fedatario público.

El notario está al lado del ciudadano en los momentos más importantes de su vida, asesorándole y protegiéndole jurídicamente. Pero no sólo lo hace con el que comparece ante él, sino que su protección se extiende a los ciudadanos que no están allí mediante la salvaguarda del orden público y la seguridad jurídica general.

Una de las facetas más importantes del notario es la de denegar su ministerio cuando los actos o negocios que se pretenden realizar no son legales. Con el control de legalidad el notario protege a los terceros ausentes en el momento de celebrar el negocio, y les protege en vivo y en directo pues está allí, en el momento de la verdad, cuando se va a consumar el acto patrimonial o personal.

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«El legislador confía en el notario y
le atribuye más funciones de carácter público»

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Esto se percibe aún con mayor intensidad en la tramitación del expediente matrimonial donde, en un procedimiento que va a finalizar con la modificación del estado civil de las personas comparecientes, puede llegar a denegar su pretensión de contraer matrimonio por razones de orden público. Este orden público está conformado por los valores esenciales que han de regir nuestra vida social y personal y en este caso, como en tantos otros, es al notario al que se confiere su defensa.

Con ello se logra seguridad jurídica, seguridad jurídica preventiva, no reparadora. Se evita el conflicto antes de que pueda surgir.

Y para incrementar aún más esta seguridad jurídica preventiva, el legislador prevé que en estos expedientes el notario determine dos elementos importantísimos en las relaciones jurídicas entre personas: la vecindad civil y el régimen económico matrimonial de los futuros contrayentes, elementos estos cuya indeterminación era fuente de numerosos litigios. Con la vecindad civil se concreta cuál de las legislaciones civiles existentes en las diferentes comunidades autónomas se aplica a cada persona, concreción que se realiza en función de diversas variantes. A su vez el régimen económico matrimonial depende de la vecindad civil de los futuros contrayentes y es vital para determinar a quién corresponden los bienes que adquieren éstos, afectando incluso en ocasiones a los que ya tenían antes de celebrar el matrimonio.

También determina el modo en que cada uno responde de las deudas que contraen durante el matrimonio. Su fijación en el expediente matrimonial va a ser un enorme avance en la seguridad jurídica preventiva.

En resumen, el Notariado, una vez más, se pone al servicio de la sociedad y, con toda seguridad, va a realizar esta nueva función como siempre lo hace con todas las que asume: abreviando plazos, incrementando la seguridad jurídica y ofreciendo un servicio lo más próximo y eficiente posible para el ciudadano concreto que requiere sus servicios y para la generalidad que, mediante sus representantes, deposita en él su confianza.