Durante la sesión, moderada por José Carmelo Llopis, decano del Colegio Notarial de Valencia y Delegado de Nuevas Tecnologías del CGN en el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE), se abordaron temas como la construcción modular e industrializada, la tokenización de activos inmobiliarios o el uso del dato notarial como palanca de transparencia. Todo ello bajo una premisa compartida: solo desde la seguridad jurídica puede la tecnología transformar el sector inmobiliario. En ello estuvieron de acuerdo los participantes de este debate: Sergio Carrasco Mayans, abogado e Ingeniero de Telecomunicaciones y de Informática; Sonia Díaz Español, socia fiscal de Cuatrecasas; y Javier González Granado. Notario de Eivissa (Islas Baleares).

Construcción modular
La primera parte del debate se centró en las nuevas formas de construcción, especialmente en la vivienda industrializada y modular. Este modelo permite reducir plazos y costes, pero plantea interrogantes jurídicos aún sin resolver. “La vivienda modular exige seguridad jurídica y fiscal si queremos vivienda asequible”, señaló Díaz Español, quien recordó que el vacío legal actual penaliza fiscalmente la innovación. Para superar esta barrera, propuso una revisión del marco normativo que clarifique si este tipo de viviendas deben considerarse bienes muebles o inmuebles. Una categorización con implicaciones clave en su fiscalidad, financiación y transmisión.

En este contexto, el papel del Notariado fue subrayado como pieza esencial para generar confianza y estabilidad jurídica en los nuevos modelos de construcción. “Es fundamental contar con criterios comunes en toda España”, reclamó Díaz Español. “Solo así podremos fomentar la inversión y asegurar un tratamiento fiscal coherente”, añadió.

Innovación responsable
Uno de los puntos más innovadores de la sesión fue el debate sobre la tokenización de activos inmobiliarios. Aunque esta práctica no transmite directamente la propiedad, permite estructurar derechos de uso o participación económica sobre bienes inmuebles mediante tecnología blockchain. “La tokenización puede democratizar la inversión inmobiliaria, pero requiere seguridad jurídica y fiscal”, advirtió Díaz Español. En su opinión, el Notariado está llamado a jugar “un papel clave” como validador de las operaciones, frente a los riesgos de fraude y opacidad.

La intervención de Sergio Carrasco Mayans reforzó esta visión, pero con una llamada a la prudencia: “Antes de aplicar cualquier tecnología, necesitamos disponer de datos fiables y compartidos que permitan un diagnóstico preciso del mercado”. Para él, la condición previa para cualquier reforma eficaz pasa por crear una plataforma colaborativa de datos verificables que integre información sobre escrituras, licencias, consumos, incidencias jurídicas o avances de obra. “La información es el núcleo principal, y el acceso a un repositorio adecuado es el primer paso para la toma de decisiones de cualquier tipo”, aseguró.

Además, Carrasco Mayans señaló que el uso de tecnologías como la inteligencia artificial permitiría anticipar tensiones de precios, facilitar modelos de scoring crediticio o priorizar rehabilitaciones según criterios sociales y medioambientales. Pero todo ello, insistió, requiere estándares comunes, interoperabilidad y supervisión institucional: “Si no hay un modelo compartido de gobernanza del dato, las herramientas se desvirtúan”, afirmó.

El dato notarial
La aportación del notario Javier González Granado se centró precisamente en el valor del dato como instrumento transversal. “La digitalización no es un proceso neutral”, advirtió, tras repasar su evolución histórica en el ámbito jurídico. Recordó que ya existen herramientas consolidadas —como la copia electrónica, el Índice Único Informatizado o el otorgamiento online— que permiten al Notariado actuar como garante de veracidad y transparencia.

González Granado defendió una visión amplia de la función notarial en el contexto digital: no solo como fedatario de hechos, sino como generador de datos con valor jurídico, económico y social. “La vivienda, como objeto material y jurídico, está atravesada por la transformación digital”, explicó. Desde la construcción modular hasta la financiación tokenizada, pasando por el acceso a portales inmobiliarios, el dato notarial puede aportar certeza, trazabilidad y confianza.

En este sentido, los ponentes pusieron en valor el nuevo Portal Estadístico del Notariado, que ofrecerá datos actualizados sobre compraventas, hipotecas, precios y perfiles de comprador. Una herramienta que —según subrayaron— puede mejorar la toma de decisiones ciudadanas y facilitar la planificación de las Administraciones Públicas.

Para concluir, Carrasco Mayans recordó que “la tecnología no debe imponerse por moda”, sino como respuesta racional a necesidades reales: “Primero los datos, luego las herramientas”. Por su parte, Díaz Español pidió “reforzar la protección del dato y la supervisión de los algoritmos”. Y, finalmente, González Granado cerró con una advertencia: “En la vivienda digital del futuro, sin seguridad jurídica, no habrá garantías ni equidad”.

Durante el diálogo, moderado por Miguel Solchaga (socio de Metys), José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pompeu Fabra y profesor investigador de Barcelona Graduate School of Economics y del IVIE; Enrique Used, socio fundador de Suelos Renovables y profesor de finanzas en IE University; y José Carlos Díez Gangas, economista y profesor de macroeconomía y finanzas internacionales de la Universidad de Alcalá, apostaron por una mayor interoperabilidad entre fuentes públicas y privadas, el desarrollo de herramientas innovadoras como el nuevo Portal Estadístico del Notariado y la creación de un “gemelo digital” del mercado inmobiliario español.

La importancia del dato
«¿Tienen las Administraciones datos de calidad para evaluar las políticas públicas? A veces ni siquiera los quieren tener». La advertencia inicial de José García Montalvo, marcó el tono de una mesa redonda centrada en las debilidades estadísticas del sistema español. “Aunque en compraventa se ha avanzado en la calidad de los registros gracias al INE, los notarios y los registradores, la realidad es que el mercado del alquiler sigue siendo un agujero negro», afirmó Montalvo. En este sentido, subrayó que la información es escasa, heterogénea y poco fiable. «Los últimos dos deciles de población gastan más del 50% de su renta en alquiler, y aun así no sabemos casi nada del mercado arrendaticio», lamentó.

La información sobre viviendas vacías también es contradictoria, tal y como explicó el propio Montalvo: «El censo las sobredimensiona. Por ejemplo, en Barcelona se decía que había un 11,8% de viviendas vacías, pero tras contrastar consumos reales se rebajó esa estadística al 1,25%». Ante estas evidencias, los expertos estuvieron de acuerdo en que la falta de datos ciertos impide saber qué medidas pueden movilizar parque construido o cómo intervenir para aumentar la oferta.

Enrique Used añadió que la fragmentación de las fuentes públicas, la disparidad de escalas y la ausencia de interoperabilidad generan “ruido e incertidumbre”, lo que dificulta tanto el análisis como la toma de decisiones. Por su parte, José Carlos Díez fue más allá: “La falta de datos fiables no solo limita las políticas públicas, también perjudica al ciudadano, que acaba pagando un precio más alto por la vivienda porque no tiene capacidad de negociación”.

Sesgo y fragmentación
Desde una perspectiva macroeconómica, el profesor José Carlos Díez señaló que la carencia de información afecta directamente al funcionamiento del mercado: «Sin acuerdo en el precio entre oferta y demanda no hay transacción. Y sin datos no hay precio justo». En su opinión, el Índice Único Notarial representa un punto de inflexión: «Por primera vez desde 1492 vamos a tener información desagregada, por calles, fiable y en tiempo real. Eso es una auténtica revolución».

Díez alertó también de la asimetría informativa que sufren los ciudadanos respecto a grandes tenedores o inversores: «Sin transparencia, pagas más y tu bienestar empeora». Además, denunció que muchas decisiones se siguen tomando con una visión ideologizada, sin evaluar resultados: «No sabemos si las políticas benefician a quienes más lo necesitan. Y a veces parece que tampoco importa».

Por su parte, Enrique Used coincidió en que la dispersión de datos genera un escenario de confusión que penaliza a todos los actores del mercado, incluidos los más potentes: “Hay tanto ruido en el sistema que incluso los inversores institucionales acaban recurriendo a datos privados que no siempre son fiables. Eso nos lleva a tomar decisiones más conservadoras o directamente a no invertir”. Used insistió en que la única vía para corregir ese desorden es combinar el dato público con la trazabilidad jurídica del dato notarial: “Sin información interoperable y de calidad, todo lo demás falla: la política pública, la inversión privada y la confianza ciudadana”.

Ecosistema interoperable
Para revertir la actual fragmentación informativa, los ponentes coincidieron en la necesidad de construir un ecosistema interoperable, donde los datos públicos y privados se fusionen con coherencia. En este sentido, Enrique Used reclamó criterios de calidad comunes y una mayor integración entre fuentes: “Cada organismo publica lo suyo con objetivos distintos y en formatos poco comparables. Necesitamos armonizar escalas, tiempos y metodologías”.

Por su parte, Díez Gangas subrayó que la clave está en que el dato sea verificable y accesible, no solo abundante: “No se trata de tener más cifras, sino de que estas sirvan para tomar decisiones. Y eso solo lo lograremos si las instituciones comparten la información de manera colaborativa”.

García Montalvo insistió en que esa interoperabilidad debe construirse sobre bases técnicas sólidas y con objetivos compartidos entre Administraciones, universidades y organismos profesionales. “Hay que dejar de ver el dato como una amenaza o como un patrimonio de quien lo produce. Es una herramienta colectiva y debe gestionarse como tal”, defendió. También advirtió de que “sin coordinación real, muchas iniciativas pueden acabar duplicándose o fracasando por falta de alineación entre niveles de gobierno”.

Para concluir, los ponentes destacaron que existen modelos exitosos en Europa y que España cuenta con herramientas pioneras, como el Índice Único Notarial, capaces de dar ese salto si se incorporan plenamente al diseño de políticas. “El reto ya no es técnico, es institucional y de voluntad política”, afirmó Used.

¿Por cuánto se vende un piso en mi zona? ¿Qué barrios son más asequibles en mi ciudad? ¿Es ahora buen momento para comprar o vender? Estas son algunas de las preguntas que nos surgen al afrontar una de las decisiones más trascendentales: adquirir o poner a la venta una vivienda, la preocupación más acuciante para los españoles en la actualidad. Para aportar claridad y respuestas a este proceso, el Consejo General del Notariado (CGN) lanza el Portal Estadístico del Notariado, una plataforma dinámica y visual que permite consultar, a partir de las operaciones firmadas ante notario, el precio real de la vivienda.

Fiel a su vocación de servicio público, el objetivo de este nuevo portal del Notariado es claro: aportar transparencia y rigor a la información sobre el mercado inmobiliario. A diferencia de otras plataformas, basadas en precios de oferta o datos parciales, el Portal Estadístico del Notariado presenta, de forma anonimizada, los indicadores más precisos, fieles y actualizados sobre la vivienda.

Diseño intuitivo y atractivo
El portal cuenta con una navegación ágil, fluida y un diseño atractivo, muy visual y adaptado a todo tipo de dispositivos. El ciudadano, periodista o analista que acceda a la plataforma podrá consultar a través de un mapa interactivo los indicadores más relevantes: el precio por metro cuadrado, la tipología de vivienda, la superficie e importe medio de las operaciones en la zona de su interés, etc. Tras un registro gratuito, es posible complementar esta información con gráficos estadísticos que muestran la evolución del mercado.

FIEL A SU VOCACIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO, EL NOTARIADO APORTA CON ESTE PORTAL
RIGOR Y TRANSPARENCIA AL MERCADO INMOBILIARIO

La amplitud y detalle del dato permite pasar de la información más reciente hasta series históricas de los últimos doce años. Adicionalmente, el Portal Estadístico del Notariado aporta datos sociodemográficos que dotan de contexto al análisis del mercado. El usuario registrado puede descargar toda la información vinculada a sus búsquedas y dispone de un área privada con el histórico de consultas y notificaciones sobre nuevas actualizaciones.

El portal cuenta con otras dos secciones clave para tomar decisiones bien fundamentadas sobre la compra o venta de un inmueble. La primera sección reúne utilidades o herramientas prácticas que permiten desde el cálculo de la hipoteca o la estimación del esfuerzo de renta necesario para la adquisición de una vivienda, hasta la posibilidad de localizar y seleccionar al notario que nos asesorará y gestionará los trámites necesarios para la compraventa. Esta sección se completa con una guía detallada para afrontar con garantías todo el proceso.

Por su parte, la sección de “Actualidad” ofrece de forma permanente las últimas novedades, tanto nacionales como locales, sobre temas de interés, como la legislación relativa a la vivienda, las ayudas a la compra, o los datos más completos y comprensibles sobre la evolución del mercado. También incluye artículos de expertos de diversas disciplinas, que aportan rigor y una visión crítica al análisis del sector inmobiliario. En un futuro, para dar respuesta a las nuevas necesidades que vayan surgiendo a los usuarios del portal, está previsto ir incorporando nuevas funcionalidades.

El Reglamento Europeo sobre los criptoactivos (MICA) se aplica a una parte de tales tokens, y los clasifica en tres tipos: de tipo servicio, referenciados a cestas de monedas, y de tipo monetario.

LA INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS EXTRAÑOS A NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO ES UNO DE LOS GRAVES RIESGOS DE LA ‘TOKENIZACIÓN’ DE INMUEBLES

Industria financiera
La industria financiera -así como diversos reguladores- han apostado por la tokenización de activos financieros para las próximas décadas, ya que reducen costes, amplían la liquidez y facilitan el cumplimiento normativo.

La tokenización de activos financieros, hasta el momento, es ínfima a pesar de contar con numerosos defensores. Existen audaces planes para fomentarla, pero por ahora existen enormes dudas -no sobre su futuro a largo plazo- respecto de las acciones a corto plazo y de la propia transición hacia el uso futuro generalizado. Los agudos problemas que crea la trazabilidad de los usuarios-ordenantes y beneficiarios- de los tokens de tipo bitcoin, así como las asociadas dificultades de interoperabilidad, consumo de energía, fuente de exigibilidad legal, etc., obligan a ser cautos.

La legislación española ya ha establecido las bases para la transformación de las acciones de las sociedades anónimas -u otros valores negociables-en tokens, obrando su desarrollo técnico en el Real Decreto 814/2023, de 8 de noviembre, sobre instrumentos financieros, admisión a negociación, registro de valores negociables e infraestructuras de mercado.

Activos inmobiliarios. Si la esperable -tal vez, incluso, deseable- transición hacia la tokenización de activos financieros se encuentra en sus primeros y dificultosos pasos, la tokenización de activos inmobiliarios enfrenta, incluso, mayores retos, dadas las especialidades legales aplicables.

En sociedades occidentales como la nuestra, las enormes dificultades de la tokenización puramente financiera se multiplican exponencialmente en el caso de los proyectos de tokenización de activos no financieros inscritos en registros inmobiliarios.

En la actualidad existen múltiples proyectos de tokenización inmobiliaria, pero si se observan de cerca es evidente que no son genuinas operaciones tokenizadas, ya que los tokens emitidos no conllevan derechos propietarios sobre los bienes inmuebles de referencia.

Estas plataformas anuncian la venta de tokens, pero en realidad son instrumentos indirectos, fungibles, que representan un derecho crediticio y en ningún caso un derecho real. Sin embargo, existen en EEUU algunas primeras operaciones en las que, vía Tokens no fungibles (NFT) sí se han realizado genuinas operaciones inmobiliarias tokenizadas. Estas actuaciones responden a un esquema de transmisión inmobiliaria ajeno a nuestro sistema jurídico en donde, además, y como sucede con el resto de actuaciones sobre criptoactivos, pesa enormemente el problema de su opacidad y de la generación de expectativas que permitan auténticas estafas.

La incorporación de elementos extraños a nuestro ordenamiento jurídico es uno de los graves riesgos de la tokenización de inmuebles si se pretende alcanzar, pues habría que incorporar sistemas de due dilligence inexistentes en esa área, por lo que el riesgo de actuaciones delictivas, incluido el blanqueo de capitales y la financiación de terrorismo, sería ciertamente elevado.

El imparable avance de la digitalización, de las tecnologías distribuidas, de la inteligencia artificial y de la tokenización de bienes y derechos es un reto enorme de las sociedades modernas. Como tal, debe ser administrado de manera rigurosa sin que, en dicha transición, los bienes que al día de hoy gozan de altos grados de protección jurídica puedan verse capitidisminuidos y se generen nichos de mercado para actuaciones fraudulentas y delictivas.

El proyecto de la UE en materia de tokenización financiera (financial assets), está avanzado a ritmo suficiente, con dificultades, pero evitando excesos que pondrían en riesgo el buen funcionamiento de los mercados. Y si este es el estado en materia de tokenización financiera, no cabe duda de que la tokenización inmobiliaria es incluso más compleja y se encuentra en fase aún más incipiente. De hecho, los proyectos que se están comercializando como tokenización inmobiliaria no son tales o son una versión crediticia de la genuina tokenización, por lo que las reformas financieras son su marco lógico.

La genuina tokenización inmobiliaria apenas está en la agenda de reformas internacionales por los graves riesgos que supone. Si se deseara instar tan innovador proceso, lo lógico sería empezar por diseñar tan larga transición tomando en cuenta los éxitos y fracasos de la tokenización financiera y estableciendo el mapa de acciones para los próximos años. Debería empezarse por las enormes reformas jurídicas que deben introducirse en la identificación del objeto tokenizado, su titularidad, su división ideal, los fondos utilizados para la adquisición de cada parte, los sistemas de transmisión de dichas partes que, en un ordenamiento latino germánico, no pueden ser distintos a los de la transmisión de un inmueble, etc.

Alternativamente, la pseudo-tokenización inmobiliaria (transformación en un mero derecho de crédito) ya tiene un encaje legal razonable en la modernizada regulación financiera europea y española.

En el mundo hay siete mil millones de teléfonos inteligentes (datos de la OCDE de 2024). Aparte están los casi dos mil millones de ordenadores y televisores inteligentes. Ninguno de sus dueños se priva de mandar una carita con corazón o una foto. Luego están los trámites con la Administración o esa teleserie de su plataforma; eso por no hablar de la inteligencia artificial. Para cualquiera de esas acciones se necesita un centro de datos, también conocido como nube, fundamental para el crecimiento tecnológico. Y cada vez más. Es como nuestro trastero informático. Está fuera de nuestros dispositivos porque en el disco duro de nuestro teléfono no cabría tanta información. La nube nos hace la vida más fácil y barata. De hecho, en vez de enviar ese emoticono dibújelo en una nota y vaya a dejarlo en el sitio que lo vea su destinatario; imprima su foto en papel o vaya a un videoclub (si lo encuentra) a alquilar una película. O espere cola en la taquilla de un espectáculo o en la ventanilla de la Administración. Todo sería más trabajoso y nadie quiere vivir peor que antes. Por esos, las nubes brotan sin parar en los suelos de todos los países.

EN ESPAÑA, LA MAYOR OFERTA DE CENTROS DE DATOS O ‘NUBES’ ESTÁ EN MADRID CON 46, BARCELONA CON 28 Y LA COMUNIDAD DE ARAGÓN CON 3

EE.UU. a la cabeza. En España, lo hacen a un ritmo de un 20% anual según la consultora Colliers. Nuestro país es el octavo de Europa, África y Asia por tamaño de mercado. Los líderes son Reino Unido, Alemania e Irlanda. En el mundo el 45,6% de los centros de datos están en EE.UU. En España, la mayor oferta de nubes está en Madrid con 46, Barcelona 28 y la provincia de Aragón 3. Ahora bien, si nos fijamos en la potencia eléctrica instalada, que nos da idea de su tamaño, vemos que Madrid acapara más del 50% de la potencia frente al 30% de Aragón y el 12% de Cataluña.

Además de Madrid, Barcelona y Aragón, se están abriendo nuevos polos como Málaga, Castilla-La Mancha, Galicia o Extremadura, que ofrecen grandes posibilidades de crecimiento. Actualmente Extremadura produce seis veces más energía eléctrica de la que consume su industria. Por eso, los centros de datos, que son industrias electrointensivas, tendrían allí una energía muy barata. Porque, no se engañe, hasta el emoticono que envía gratis tiene un coste de energía e impacto medioambiental. Eso sí, en unos centros más que en otros.

La nube es una nave. Hay dos clases de nubes en función de su tamaño: las hiperescalares y de colocation. Las primeras son las más grandes: consumen entre 20 y 50 MW (megavatios), entre ellas están las AWS (Amazon) y son las que buscan hueco en el campo. Los centros de datos de colocation son usados por las empresas para alquilar sus servidores. Por eso suelen estar cerca de las ciudades. Consumen entre 10 y 20 MW. Nosotros hemos entrado en estos últimos. La nube es una nave, o varias, de gran tamaño. Por dentro no son blancas, son más bien negras. Es el color de los armarios metálicos distribuidos en varios pasillos donde se apilan y conectan ordenadores con sus discos de almacenamiento que contienen los datos para ser consultados online, entre ellos el corazón que envió por wasap. Su funcionamiento genera calor y, si aumenta, se bloquean. Por eso en el techo vemos continuas líneas de ventiladores para refrigerarlo. También requieren mucha energía eléctrica que, si no es renovable, contamina. Pero también se enfrían mejor con agua, que además es más barata que la electricidad. Aquí es donde surgen las protestas de colectivos ecologistas. Sobre todo, en zonas rurales, porque su consumo de agua compite directamente con el sector agrícola y forestal. Hay varios movimientos, por ejemplo tunubesecamirio y Ecologistas en Acción, que están en contra de estos macrocentros de datos. También ha habido protestas en Holanda y en el suroeste de Francia. En España, varios municipios han bloqueado megacentros en Lleida. Desde Ecologistas en Acción señalan que en Talavera de la Reina, “el pico del consumo del centro de datos proyectado por la multinacional Meta será de 120 litros por segundo, lo que equivale a más de la mitad del consumo total de la ciudad si funcionara a plena potencia todo el año”.

Una dificultad para medir el problema es la falta de transparencia de algunas multinacionales. Por ejemplo, en Aragón, Amazon declaró que cada uno de sus centros de datos de allí (El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca) consumirán un 48% más de agua que lo que aseguró en 2019. Serán unos 53.961 m³ anuales, el equivalente al consumo en julio de una población de 95.000 personas, según Ecologistas en Acción. Cuando los tres centros de Amazon en Aragón funcionen a pleno rendimiento consumirán unos 11.000 gigavatios por hora, más de lo que gasta entera la comunidad de Aragón, datos que hizo públicos la Administración. Amazon no nos ha querido responder a nuestras preguntas sobre consumo de agua; tampoco lo ha hecho con otros medios. De momento, no tienen obligación legal de informar sobre los recursos que necesitan en sus servidores. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica está trabajando en la transposición de una directiva europea sobre eficiencia energética que obliga a los centros de datos a revelar su consumo de energía y agua.

 No todas las nubes son iguales. Esa opacidad es la que genera desconfianza en ayuntamientos donde se quieren radicar centros de datos. Como pasó en Villamayor de Gállego (Zaragoza), cerca de Villanueva de Gállego, cuyo ayuntamiento se negó a la construcción de un megacentro ante la falta de información. Sin embargo, algunas compañías optan por todo lo contrario, como Data 4. Su director, Francisco Ramírez, nos deja las cosas claras desde el principio: “Esto es como los restaurantes. Si entras en la cocina de algunos, te puedes encontrar cualquier cosa. Pues con los data center pasa un poco lo mismo”. Perfecto, pues déjenos entrar en el suyo. Lo hacemos, está en Alcobendas (Madrid) y vemos que el sistema de refrigeración, con agua, es un circuito cerrado, como el de un coche. “En nuestro caso, el consumo de agua es el de unas tres casas, ojo teniendo en cuenta que incluimos los cuartos de baño y demás servicios de agua de las oficinas.

EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS CENTROS DE DATOS NECESITA MUCHA ENERGÍA Y GENERA CALOR QUE HAY QUE COMBATIR CON AGUA O AIRE FRÍO

Esta preocupación por el agua la están empezando a priorizar otros propietarios de centros de datos. Es una preocupación que poco a poco también tienen los clientes. Es decir, aunque salga un poco más caro, porque supone más gasto eléctrico de ventilación, la intención es no usar grandes cantidades de agua. Lo importante es que la energía que uses sea renovable”, señala Francisco Ramírez, que incide en que el impacto medioambiental es lo que cada vez más, exigirán los clientes. “Los míos tienen oficinas dentro de mis instalaciones y ellos tienen sus llaves. Nosotros somos como un hotel de ordenadores. Esto, en las grandes multinacionales que están en zonas más rurales, no lo permiten”. Una de las ventajas que tienen los centros de datos en capitales es que los clientes están cerca, es más accesible la mano de obra cualificada y hay mejor conectividad a la Red. También la latencia es menor. Es decir, el tiempo entre el mensaje del usuario y la respuesta del servidor. Cuanto más lejos está el centro de datos, más latencia. Como nos señala Ramírez: “Estamos hablando de milisegundos. Para algunos sectores es muy importante. Por ejemplo, en el de los videojuegos online, en el que echas una partida en red con otro jugador que está en Australia; bolsas en las que las acciones se compran y venden a toda velocidad. Más importante será en el futuro el coche autónomo que tiene que reaccionar en microsegundos a un obstáculo en la carretera”.