Sobre estos aspectos dialogaron el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; el director general del centro tecnológico del Notariado, Ancert, Alberto Martínez Lacambra; y el director de Economía y Políticas Sectoriales de Cepyme, Francisco Vidal. El debate tuvo lugar en una sesión del Foro Confilegal; un espacio de debate organizado por el medio y moderado por su director, Carlos Berbell.

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: «NUESTRA FUNCIÓN SE BASA EN EL CONTACTO CON LAS PERSONAS, QUE MANTENEMOS EN LAS NOTARÍAS Y HEMOS EXTENDIDO CON LOS SERVICIOS DIGITALES»

Los representantes del cuerpo notarial y de la patronal de la pequeña y mediana empresa pusieron sobre la mesa los cambios que han traído consigo las medidas de digitalización de las actuaciones notariales, recogidas en la Ley 11/2023, en vigor desde el pasado 9 de noviembre, y su impacto en el sector empresarial, particularmente en las pymes.

El presidente del CGN remarcó que estas novedades suponen un gran avance y un hito histórico para el Notariado, pero no una transformación de la función que tradicionalmente desarrollan los notarios. “Estos servicios online facilitan el acceso de los ciudadanos al notario. Nuestra función se basa en el contacto con las personas, que mantenemos en las notarías y hemos extendido al entorno digital”, subrayó.

Videoconferencias notariales

Según Martínez Sanchiz, la normativa introduce dos mejoras fundamentales. En primer lugar, la posibilidad de realizar ciertos actos por medio de una videoconferencia en la Sede Electrónica Notarial, que tiene la máxima calificación -nivel alto- en el Esquema Nacional de Seguridad, a la cual se accede a través del Portal Notarial del Ciudadano.

En esta web ciudadanos y empresas pueden solicitar cita con el notario que elijan para pedirle diversos servicios online, como realizar el otorgamiento de algunos poderes o la constitución de una sociedad limitada. También, las videoconferencias notariales van a permitir solucionar situaciones societarias en las que es difícil reunir presencialmente a todas las personas, como ampliaciones de capital o nombramientos de administradores, y facilitar la financiación, agilizando la firma de créditos no hipotecarios o pólizas.

ALBERTO MARTÍNEZ LACAMBRA: «EN APENAS DOS MESES, LOS NOTARIOS HAN DEPOSITADO 1.300.000 PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN LA SEDE ELECTRÓNICA NOTARIAL»

Verificación de la identidad

En lo relativo a la comprobación de la identidad, el presidente del Notariado explicó que “la acreditación en el Portal Notarial supone una verificación inicial, puesto que requiere también registrarse con un certificado electrónico cualificado, Cl@ve Pin o acudiendo previamente a una notaría. Además -continuó- el sistema cruza la información con la base de datos de la policía para comprobar que el carnet de identidad o DNI no ha sido sustraído o se ha perdido”.

Alberto Martínez Lacambra señaló que desde el centro tecnológico del Notariado, Ancert, están trabajando para integrar un software que permite detectar si el documento de identidad que se muestra en imagen es auténtico o se trata de una copia.

Copias autorizadas electrónicas

Esta ley también permite generar copias autorizadas electrónicas de los documentos notariales, que hasta ahora solo podían circular en un circuito cerrado con las administraciones públicas, para que cualquier particular o empresa disponga de ellas mediante un código seguro de verificación (CSV), pudiendo acceder incluso desde su teléfono móvil.

Para Francisco Vidal este es “un instrumento ideal para la empresa” y refuerza la seguridad jurídica, “por la trazabilidad del proceso, especialmente con el uso de estos CSV que permiten conocer la situación actualizada de un documento público en el momento de su utilización”.

Agilidad y eficiencia para las empresas

En España existen cerca de tres millones de sociedades, de las cuales un 93 % son microempresas. Particularmente, “700.000 empresas constan de uno o dos trabajadores y más de millón y medio son autónomos sin empleados. Con estos recursos laborales cualquier medida que lleve a procesos más eficientes es vital”, apuntó Francisco Vidal.

En opinión del director del área económica de Cepyme, poder realizar un acto de forma telemática con varias personas que se encuentran en diferentes lugares, que de otra manera podría verse retrasado varios meses, “ahorra tiempo y dinero porque hay un coste de oportunidad en ciertas operaciones”.

Alrededor del 99% del tejido empresarial de la Unión Europea (UE) está compuesto por pymes y autónomos. Una cifra nada desdeñable desde el punto de vista estadístico que, sin duda, da idea de la magnitud e importancia del colectivo que ansiaba una regulación más efectiva de la morosidad en el pago de sus facturas. Una oportunidad para, de paso, eliminar ambigüedades en los plazos de abono, acotados a un máximo único de 30 días común para toda la UE, que atañe a todas las operaciones comerciales, realizadas tanto con grandes compañías como con Administraciones públicas.

EUROPA PROPONE POR PRIMERA VEZ MULTAR A EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES MOROSAS

El nuevo Reglamento sobre la morosidad (Late Payment Regulation, por su denominación en inglés), cuya aprobación estaba prevista para antes de las elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024, y que derogaría la vigente Directiva sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, trata de poner coto a una práctica recurrente llevada a cabo, principalmente, por multinacionales e importantes corporaciones al alargar más allá de los límites legales el pago de sus facturas a proveedores, con aplazamientos que, en ocasiones, llegan a superar los 120 días de demora.

Vigilancia reforzada

La futura legislación contempla que sean los propios Estados miembros quienes se encarguen de aplicar el régimen sancionador acordado, respetando siempre el espíritu de la norma, que habla de “sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias”.

El objetivo no es otro que garantizar la aplicación efectiva del reglamento. Para ello, cada Estado designaría a la autoridad, que pueden ser varias, responsable última de su funcionamiento. Entre sus facultades se encontraría la potestad para realizar inspecciones sobre el terreno, así como la capacidad para imponer multas y, en su caso, medidas cautelares al responsable de la infracción.

Cuando se produjera un impago, se pondría en marcha de forma obligatoria, automática y sin que el acreedor siquiera lo solicite, el mecanismo para reclamar los intereses de demora sobre la cantidad adeudada, a lo que habrá que sumar un 8% adicional en función de cómo estén en ese momento los tipos de referencia del Banco Central Europeo (BCE), mientras que para los países de la UE que aún no han adoptado la moneda común, el tipo lo fijaría el respectivo banco central nacional.

Los expertos consideran que la instauración de un régimen sancionador es el único camino para conseguir la reducción en los plazos de reembolso de las facturas, habida cuenta de las dificultades en la materia registradas, por ejemplo, en España, tras múltiples intentos previos y prórrogas parlamentarias para regular este asunto.

LA UE REDUCIRÍA EL TIEMPO PARA AGILIZAR EL PAGO DE FACTURAS A UN MÁXIMO DE 30 DÍAS

Mejoras efectivas

El nuevo reglamento, que derogaría una directiva que data nada menos que de 2011, pretende aportar certeza a pymes y autónomos, dado que la anterior normativa no fue transpuesta por todos los Estados de la UE. O sea, lograr la necesaria armonización en el conjunto de los 27 países que integran el bloque comunitario.

Otra diferencia con el escenario presente es que la inminente legislación poseería un carácter legal reforzado, al tratarse de un reglamento -de aplicación rápida y directa- frente a la actual directiva, lo que facilitaría la eliminación de cualquier tipo de ambigüedad y/o laguna.

Esta iniciativa legislativa forma parte de una batería de medidas emanadas desde la Comisión Europea de cara a apoyar al amplio ecosistema europeo de pymes y autónomos. De hecho, incluye también la simplificación burocrática, histórica demanda de las asociaciones sectoriales, al objeto de que las pequeñas y medianas empresas puedan calcular su base imponible según las reglas del país en el que tienen su sede y, de esta manera, presenten una única declaración de impuestos ante la Hacienda de ese Estado. Una disposición que, según los técnicos comunitarios, reduciría en cerca de un tercio sus costes administrativos, con el ahorro de alrededor de 34.000 millones de euros al año.

La relevancia de esta iniciativa se refuerza, además, con el dato aportado por los expertos de la propia Comisión, al calcular que el recorte en un solo día de los retrasos en los reembolsos podría ahorrarles a las empresas europeas cerca de 160 millones de euros en costes de financiación.

El último de la fila

La propuesta de Bruselas garantizaría igualmente el pago automático de los intereses acumulados y las tasas de compensación, al introducir medidas en este sentido para proteger a las empresas de pagadores olvidadizos.

En este sentido, prevé el resarcimiento por los denominados costes de recuperación, al determinar que el deudor debe pagar de forma automática al acreedor una indemnización por los costes de cobranza. Es decir, una compensación a tanto alzado de 40 a 50 euros, o su equivalente, por transacción comercial abonada con retraso. Con ello, se delimitaría la inequidad que supone que el propio acreedor se haga cargo de los intereses generados por la dilación.

Asimismo, no hay que olvidar que este tipo de situaciones genera un efecto arrastre en la cadena de cobros, como en el caso de las subcontratas en algunos grandes concursos públicos que, en ocasiones, deben esperar un tiempo extra para percibir sus honorarios por parte de los proveedores, en vez de cobrar directamente de la Administración pública en cuestión.

La asimetría y el abuso de poder están presenten en el texto de justificación de las razones para poner en marcha el nuevo reglamento, derivado del paquete de medidas integradas en el denominado SME Relief Package, recientemente anunciado a bombo y platillo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su último discurso sobre el Estado de la Unión.

UNA DE CADA TRES PYMES CERRÓ EN ESPAÑA POR CULPA DE LA MOROSIDAD

No cabe duda de que las condiciones de cada coyuntura financiera afectan a todos los agentes y empresas. Sin embargo, en el reparto de cartas de la competencia empresarial, no es lo mismo jugar la partida económica siendo una multinacional que una pyme. En definitiva, se trata de una esperada iniciativa impulsada desde la Comisión que, en esta ocasión, pone el foco como nunca antes en tratar de equilibrar la balanza de oportunidades entre los Davides y los Goliats.

En este marco de reflexión, el pasado 12 de diciembre se celebró la jornada ¿Cómo afecta la presión normativa, económica, fiscal y laboral a las empresas? Una visión sobre el futuro de nuestros negocios, impulsada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España (CGCGAE), con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en la que, además de los presidentes de ambas instituciones, intervinieron en la mesa de debate, moderada por la jefa de empresas del diario Cinco Días, Raquel Díaz Guijarro, varios expertos pertenecientes a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y a la propia CEOE, entre otros.

FERNANDO SANTIAGO OLLERO (CGCGAE): «DESDE 1979 A 2022 SE HAN APROBADO EN NUESTRO PAÍS 414.272 LEYES DE TODO TIPO»

En la misma se analizó la situación normativa en España y su influencia en el desarrollo de las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas y de los trabajadores por cuenta propia, así como la problemática en torno a la realidad fiscal y laboral en nuestro país. Asimismo, y para arrojar luz a la situación, se presentaron los datos del último barómetro de opinión elaborado por el CGCGAE, que indican que el 69% de los gestores administrativos piensan que los negocios están ahora peor que antes de la pandemia, mientras que el 23% indicó que igual y sólo el 8% eligió la opción: mejor en la actualidad.

Inseguridad vs. certeza

Entre los invitados al acto en el auditorio de la CEOE, Francisco Vidal, director de economía y política sectorial de CEPYME, consideró en el transcurso de su intervención que “la cantidad y calidad normativa está generando mucha inseguridad a las empresas en España”, puesto que “cuando la norma no te permite cuantificar tus retornos”, desde su punto de vista, “inviertes menos”. Asimismo, aseguró que “muchas veces se piden imposibles a las empresas” y, en esta misma línea argumental, afirmó que “la fragmentación del mercado, y la normativa en materia de gobernanza y medioambiente” deben ser abordadas en los próximos años de cara a eliminar obstáculos y aportar certeza a los empresarios. Finalizó su intervención solicitando a la Administración que “genere confianza con sus actos” posibilitando “un escenario de certidumbre sobre los retornos” empresariales.

Por su parte, el economista Javier Santacruz incidió en la necesidad de contar con “una regulación más estable y predecible”, sobre todo a tenor de la fotografía económica actual, calificada por este experto como de “estanflación”. Es decir, “de bajo crecimiento con inflación”, generada a su juicio “como consecuencia de demasiados años de acceso al dinero gratis”, lo que, a la larga, “perjudica el crecimiento económico”.

Gregorio Izquierdo, director de economía de CEOE, fue más explícito al asegurar que “la creación de un clima favorable para las compañías es un asunto clave en España”, máxime si tenemos en cuenta que “ni la inversión ni las ventas de las empresas han recuperado todavía niveles precovid”. Todo ello conduce a un ambiente negativo en el que la falta de inversión hace que “las empresas no puedan crecer” y, por tanto, “crear empleo”. Lo que, en última instancia explicaría, en su opinión, “el diferencial de nuestro país con el resto de la Unión Europea en términos de productividad”.

ANTONIO GARAMENDI (CEOE): «LA ECONOMÍA SUMERGIDA TODAVÍA SE ESTIMA EN ESPAÑA EN TORNO AL 24 % DEL PIB»

Líderes en regulación

Celia Ferrero, vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), recalcó las “enormes diferencias” que se observan en materia de digitalización entre la propia Administración y los trabajadores por cuenta propia. Un colectivo que, en su opinión, se encuentra en una “situación de marginación y de quiebra continua”, tras enfrentar la crisis financiera, la pandemia sanitaria y el aumento de la inflación como consecuencia, entre otros motivos, de los actuales conflictos bélicos. En definitiva, inmerso en unas condiciones de trabajo en las que “se han disparado los costes como consecuencia del exceso de regulación, ya que cada vez que se aprueba una nueva norma es necesario contar con profesionales que ayuden al proceso de adaptación a la misma, lo que se conoce como coste de transición”.

FRANCISCO VIDAL (CEPYME): «LA CANTIDAD Y CALIDAD NORMATIVA ESTÁ GENERANDO MUCHA INSEGURIDAD A LAS EMPRESAS EN ESPAÑA»

Esta especie de círculo vicioso genera un panorama de negocios donde “sólo las empresas más grandes”, con músculo para afrontar con garantías estos procesos de adaptación a la nueva ordenación, “son capaces de sobrevivir” en una “Europa que es líder en regulación, frente al liderazgo en tecnología de China y EE.UU.”, concluyó Ferrero.

Javier Santacruz destacó también en su intervención el desfase que, en ocasiones, existe entre la situación de la Administración Pública y los autónomos, al demandar que la primera “tiene que cumplir con las normas que pymes y autónomos antes que ellos”, por ejemplo, en asuntos como la “eficiencia energética o la presencialidad”, al tiempo que consideró que la reducción de la brecha económica que nos separa de Europa no es debida tanto a “la mejora doméstica sino al empeoramiento de otras economías”, como la alemana.

CELIA FERRERO (ATA): «SE HAN DISPARADO LOS COSTES COMO CONSECUENCIA DEL EXCESO
DE REGULACIÓN»

Santacruz se preguntó también cuál es el coste del cumplimiento normativo para las empresas en un entorno con un “crecimiento estancado”, que “sólo sirve para sobrevivir” a muchos profesionales y pequeñas empresas, donde se están “perdiendo horas trabajadas”, lo que no implica “subidas de productividad”.

A lo anterior habría que añadir, en palabras de Francisco Vidal, el denominado “coste en horas de trabajo” que, sin embargo, en su opinión no se vería aliviado por la derogación de las normas anteriores a la entrada en vigor de la nueva, sino que conviven en una suerte de sumatorio de cargas administrativas.

JAVIER SANTACRUZ (ECONOMISTA): «NECESITAMOS UNA REGULACIÓN MÁS ESTABLE Y PREDECIBLE»

Cuando más puede ser menos

Celia Ferrero, de ATA, reflexionó sobre el inminente incremento del SMI al razonar que su aumento “puede ir en negativo”, al tener que pagar más impuestos derivados de lo anterior. En esta misma línea insistió en que “para subir los salarios, la empresa necesita obtener beneficios y crear así empleo de calidad. Mientras que, si la Administración se ‘come’ el margen de beneficio, tenemos un problema”.

Por otra parte, arguyó que “los regímenes sancionadores son cada vez más exigentes y caros”, además de señalar que “la Administración no se aplica la regulación que exige a las empresas privadas”, ya que, en su opinión, “no se puede inundar a las empresas de normativas y cargas que la propia Administración no cumple”.

La jornada fue clausurada por el presidente del CGCGAE y del Colegio de Madrid, Fernando Santiago Ollero, quien remarcó el exceso de burocracia a la que están sometidos las pymes y autónomos. Así, reveló que, desde el retorno de la democracia hasta los inicios de la presente década (1979-2022), “se han aprobado en nuestro país un total de 414.272 leyes de todo tipo por parte de todas las Administraciones Públicas”, según se recoge en el informe del Banco de España, Los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa: datos de España. Esa cantidad supone, a razón de aproximadamente 220 días hábiles, nada menos que “9.634 leyes al año”, o lo que según sus propios cálculos sería: “una ley cada diez minutos”. A esta cantidad habría que añadir las alrededor de 3.000, 12 de media por día laborable, que promulgan cada ejercicio las instituciones europeas.

GREGORIO IZQUIERDO (CEOE): «LA CREACIÓN DE UN CLIMA FAVORABLE PARA LAS COMPAÑÍAS ES UN ASUNTO CLAVE EN ESPAÑA»

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defendió en su discurso final la importancia del diálogo social para resolver temas complejos y se refirió también, entre otros asuntos, a la necesidad de calcular la presión fiscal sobre los contribuyentes y no, como hasta ahora, sobre todos los ciudadanos, al hilo de lo cual recordó que la economía sumergida todavía se estima en España en torno al 24% del PIB, según los últimos datos publicados por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), el think tank de la CECA.

Ponerte por tu cuenta. Una expresión tradicional presente en el imaginario colectivo que ejemplifica a la perfección la decisión de muchas personas a la hora de emprender y poner en marcha su propio negocio. Una opción que en ocasiones responde a una clara vocación profesional pero que, en otras, es el resultado de la mera necesidad de trabajar.

La encuesta Oferta y demanda de empleo en España en 2022, elaborada por Infoempleo, perteneciente al Grupo Adecco, señala que más de un 65% de los entrevistados asegura que “llegaron al autoempleo empujados por la necesidad” y, por tanto, no se consideraban “motivados por un verdadero interés en trabajar de forma independiente”. No en vano, un 60% de los encuestados indicaron que antes desarrollaban su labor por cuenta ajena a tiempo completo y que preferirían esta opción por motivos de “tranquilidad”. Lo que cuadra con el dato del 45,3% que afirmó sentirse más infeliz desde que era autónomo.

Sin duda, un porcentaje considerable entre los 3.992 profesionales en activo, desempleados y autónomos encuestados, cuya opinión se une también en esta edición a la de un total de 152 empresas consultadas y al análisis de más de 355.000 ofertas de empleo, bien colgadas en el portal de Infoempleo o recibidas a través de Adecco.

EL 65% DE LOS ENTREVISTADOS POR INFOEMPLEO ASEGURAN SER AUTÓNOMOS POR NECESIDAD

Ventajas e inconvenientes

La plena autonomía en la toma de decisiones y de horarios, en un 50% y un 42,7%, respectivamente, junto a la libre elección de la actividad (33,8%), unido a la sensación de libertad (28,1%), y al incremento de la satisfacción personal (20,3%), son algunos de los aspectos citados de manera recurrente entre los principales atractivos a tener en cuenta a la hora de decidirse por el emprendimiento.

En la otra cara de la moneda se sitúan la burocracia (52%) y, en mayor medida si cabe, la elevada carga fiscal que deben soportar los autónomos en España, con un porcentaje de respuestas en este caso del 56,2%, como los principales obstáculos que desincentivan y sirven de barrera de entrada al denominado emprendimiento. Y todo ello sin olvidar tampoco otras problemáticas citadas en el estudio en torno a situaciones relacionadas con la competencia desleal, la economía sumergida, la morosidad, la actual incertidumbre económica o la dificultad para encontrar financiación y la ausencia de coberturas sociales. Esto último podría ser, además, la causa de que un 16,15% de los encuestados considere que: “no hay ninguna ventaja a la hora de trabajar por tu cuenta”.

PARA FINANCIAR SUS PROYECTOS LOS EMPRENDEDORES RECURREN FUNDAMENTALMENTE A LOS AHORROS, LOS CRÉDITOS BANCARIOS Y LA AYUDA DE AMIGOS Y FAMILIARES

Fórmulas financieras

A toda persona que decide iniciar un negocio se le recomienda tener algo de experiencia en el sector, una formación adecuada y, por supuesto, una buena idea de negocio.

Sin embargo, el capítulo económico se antoja clave en términos de supervivencia. Y es precisamente aquí donde la diversidad de vías de financiación se disgrega en diferentes alternativas, como la financiación colectiva o crowdfounding, apenas utilizada por un reducido 1,04% de los entrevistados, o los mentores, también conocidos en terminología anglosajona como business angels, con solo un 2,08%.

Por el contrario, las opciones más recurrentes para contar con un respaldo económico se centran en los préstamos bancarios (27,6%), mientras que la petición de apoyo a amigos y familiares, que aglutinó casi un tercio de las respuestas, en concreto el 22,4% de las mismas, y las ayudas y subvenciones supusieron la solución para el 10,9% de los encuestados en el estudio de Infoempleo. Por último, destacar las alternativas de inversión propia, bien debido a la inversión del ahorro acumulado a lo largo de la vida profesional, opción preferente con casi un 70% de los casos, o mediante la capitalización de la prestación por desempleo, con el 9,9%.

La motivación de los autónomos es una virtud que se les supone. Pero esta debe ir inexorablemente acompañada de una gran dedicación en términos de horas de trabajo. En este sentido, un 35,9% aseguró al ser preguntados que trabajaba seis días a la semana, frente al 32,8% que dedicaba cinco, mientras que más de un cuarto, el 26,5%, confesaban extender la jornada a los siete días de la semana.

Por su parte, tres cuartos de los autónomos españoles consultados admitieron trabajar en solitario, desde un local alquilado (21,8%) o en su propio domicilio (45,3%).

Ajuste a la realidad

El 1 de enero de 2023 entró en vigor la reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) por el que se ha establecido un nuevo sistema de cotización, que pone fin a la libertad de elección del mismo, y mejora la protección ante el cese de actividad. En el primer caso, las cuotas han pasado desde los 230 (200 a partir de 2025) a los 500 euros al mes, en función de los rendimientos netos. Los autónomos con bajos ingresos, mujeres y jóvenes, sobre todo, con rendimientos del trabajo por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pagarán entre 200 y 260 euros al mes a partir de 2025.

Asimismo, existe la posibilidad de que, en caso necesario, puedan cambiar de tramo cada dos meses y con un máximo de seis cambios anuales, al objeto de ajustarse en cada momento a su realidad financiera.

LA REFORMA DEL RETA HA FLEXIBILIZADO LA CUOTA FISCAL Y AUMENTADO LA PROTECCIÓN DEL AUTOEMPLEADO

Estas medidas son necesarias para adaptarse a las transformaciones que se avecinan en el mercado laboral mundial, a tenor de las conclusiones del Informe sobre el futuro del empleo 2023, elaborado por el World Economic Forum, en el que se indica que el mismo camina hacia la revolución tecnológica y la transición ecológica con nuevas bolsas de empleo en sectores como la educación, la agricultura y el comercio digital, y donde el 23% de los empleos cambiarán de aquí a 2027, tras la creación de 69 millones de nuevos empleos y la destrucción de otros 83 millones.

En el primer trimestre de 2023 el ahorro financiero de las familias españolas ascendía a un total de 2,75 billones de euros, según datos del Banco de España. La cifra supone un 1% más que la acumulada hasta finales de 2022 debido a la evolución positiva del mercado y a la consiguiente revalorización de las carteras.

La tendencia, sin embargo, fue de reducción del montante en depósitos y efectivo disponible en más de 22.000 millones de euros. El objetivo era desviarlo hacia productos con mayor rentabilidad y riesgo, como los fondos de inversión, con suscripciones netas positivas por encima de los 12.500 millones, la mayor cifra en un trimestre de la serie histórica registrada desde 2015, y a la renta fija a corto plazo, con 9.000 millones de euros destinados sobre todo a deuda pública.

La inesperada ‘fortaleza’ del PIB en los últimos trimestres ha sido en parte consecuencia de los recursos acumulados durante las restricciones al consumo provocadas por el rígido confinamiento derivado de la pandemia sanitaria. Así, al menos, lo consideran los expertos en la materia y lo refrenda el propio Banco de España, que estima que los españoles aún conservan 50.000 millones de euros en depósitos bancarios fruto de esta circunstancia excepcional.

EL ALZA DE TIPOS HA PROPICIADO EL PAGO DE LA DEUDA Y APLAZADO LA REACTIVACIÓN DEL CONSUMO PRIVADO

Sin embargo, este hecho no supondrá, a su entender, que ese remanente extra de recursos se vaya a dedicar al consumo en los próximos meses. En opinión del supervisor y ante el actual horizonte de aumento de tipos, esta bolsa de ahorro se destinará, principalmente, al pago de la deuda en sus diferentes variantes.

En concreto, calcula que un 80% del ahorro extra generado entre 2020 y 2022 se dirigió a la compra de fondos y depósitos, en el primer año de la serie, y a la adquisición de viviendas y al pago de hipotecas a partir de 2021, cifra que en junio se ha acelerado hasta alcanzar un ritmo de amortización de más de 1.100 millones de euros al mes por parte de las familias españolas, dejando el saldo de la deuda hipotecaria en algo más de 500.000 millones de euros, el más bajo en 18 años. Desde esa fecha, la incertidumbre y los todavía bajos tipos de interés hicieron que la atención virase hacia activos más conservadores, depósitos y ladrillo, cuya compraventa aumentó ya el año pasado hasta alcanzar alrededor de 650.000 operaciones de compraventa inmobiliaria, su mayor cifra en tres lustros.

TODO PARECE APUNTAR A QUE TRAS EL VERANO SE PODRÍA PRODUCIR EL ESTANCAMIENTO DEL CONSUMO

Reparto desigual. En cualquier caso, casi el 75% del ahorro extra generado entre 2020 y 2022 se encuentra en manos de las familias con rentas más elevadas. Mientras que las menos pudientes apenas pudieron beneficiarse de ese ahorro generado por el confinamiento, al estar inmersas en ERTEs, y debieron esperar hasta 2021 para recuperar sus ingresos.

Asimismo, en las fases más duras de la pandemia el consumo llegó a caer en más de un 12%, a pesar del paraguas desplegado por las ayudas públicas, en parte por la imposibilidad del gasto y también por la propia incertidumbre reinante. Además, a finales de 2022 el Banco de España estimaba que el ahorro se había reducido hasta el 14% de la renta bruta disponible, de unos 100.000 millones de euros, y que el IPC había ya erosionado el 10% del poder de compra de esos fondos adicionales.

En estos momentos, la anémica demanda interna está afectando ya a la recaudación de impuestos. De hecho, y tras los avances registrados en febrero y marzo pasados, la recaudación por IVA, el tributo que mejor refleja el comportamiento del consumo y la inversión, descendió un 3,8% en mayo, según el último informe al respecto de la Agencia Tributaria, en comparación con el mismo mes de 2022.

A pesar de que la bajada del IVA en algunos alimentos básicos podría estar detrás de esta disminución, lo cierto es que los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) vienen a confirmar la creciente debilidad de la inversión y el consumo internos, frente a la fortaleza de las exportaciones españolas, que actúan junto a la reactivación del turismo como sostén del PIB.

Por su parte, otras figuras impositivas relevantes, como Sociedades, Impuestos Especiales e IRPF, también reflejan retrocesos en sus respectivas recaudaciones, aunque por diferentes motivos, como el adelanto de devoluciones pendientes de otros ejercicios, en el primer caso, o la afectación por las medidas de contención de la energía, en el segundo. Por su parte, el de la Renta de las Personas Físicas mantiene el tipo al acumular una cifra superior a los 46.000 millones de euros en los cinco primeros meses del año, un 12% más que en el mismo período de 2022.

CASI EL 75% DEL AHORRO EXTRA GENERADO ENTRE 2020 Y 2022 SE ENCUENTRA EN MANOS DE LAS FAMILIAS CON RENTAS MÁS ELEVADAS

Barbas y vecinos. El último boletín económico del Banco Central Europeo (BCE) también avanza unas previsiones económicas nada halagüeñas para la zona euro de cara al tercer trimestre de 2023. Tras esquivar la augurada caída en recesión técnica en el primer semestre del año, la autoridad monetaria advierte de un deterioro de la situación debido al enfriamiento derivado del alza de tipos de interés, actualmente en una inédita cota en los últimos veinte años del 4,25%, y, por ende, del endurecimiento de la financiación para empresas y particulares.

La consecuencia que extrae la institución presidida por Christine Lagarde es el frenazo de la demanda de las familias en la UE, derivada del efecto dominó que está provocando la presente escalada inflacionista.

En este sentido, los signos de debilidad ya son palpables tanto en la producción industrial de la eurozona como en la inversión residencial y la empresarial, sin olvidar la prestación de servicios. Un panorama ante el que el BCE reclama la retirada gradual y coordinada de los estímulos aprobados en su día para amortiguar los efectos de la guerra en Ucrania para tratar de domar una suerte de estanflación que, en su opinión, aún se espera demasiado alta durante bastante tiempo, con lo que se vislumbran nuevas subidas de tipos en el corto y medio plazo.

Tras la pandemia muchos ciudadanos cayeron en una especie de carpe diem colectivo, lo que provocó que el gasto de las familias se disparase en 2022 hasta duplicar la media del habitual en los cinco años previos al Covid-19. Ahora, todo parece apuntar a que tras el verano se podría producir el estancamiento del consumo privado, ante la imposibilidad de seguir tirando de ahorros para financiar un gasto cada vez mayor, cortesía de la inflación, que deriva en la pérdida de capacidad de compra de las familias. Por consiguiente, en el segundo semestre del año se abriría una etapa de zozobra financiera en la que el retorno a la acumulación, aunque sea en el humilde formato de la tradicional alcancía con forma de cerdito, parece el mejor de los consejos.

En esta ley se garantiza el derecho del consumidor a elegir notario y a reunirse con él en privado para poder consultarle sus dudas, sin ningún coste asociado a ello. El notario, por su parte, realiza una labor de asesoramiento y resuelve las dudas del consumidor con imparcialidad. Una vez que el consumidor ha elegido el notario, lo comunica a la entidad financiera con la que vaya a contratar el préstamo hipotecario, para que esta pueda remitirle la documentación.

Según la experiencia notarial en estos cuatro años, la nueva normativa ha facilitado la elección de notario por los clientes de las entidades financieras que van a contratar un préstamo hipotecario: un derecho que corresponde al prestatario y que es irrenunciable.

La ley establece que debe darse un plazo de 10 días naturales desde que la entidad financiera pone la documentación a disposición del notario elegido en la Sede Electrónica Notarial hasta que se autoriza y firma la escritura de préstamo hipotecario.

De esta forma, el notario está presente en dos momentos clave del préstamo hipotecario.

Fase precontractual.

En primer lugar, el notario interviene en la fase precontractual, previa a la autorización de la escritura pública del préstamo hipotecario. En esta fase, y de forma gratuita, el notario verifica que la entidad financiera ha entregado al prestatario toda la documentación del préstamo con tiempo suficiente y que la información suministrada es la exigida en función del tipo de préstamo acordado por las partes.

La documentación entregada por la entidad financiera deberá ser:

• La Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN) u oferta vinculante.
• La Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE). Documento que da información complementaria de las cláusulas del préstamo o crédito que sean relevantes.
• La simulación de las cuotas periódicas que deberá satisfacer bajo diferentes escenarios de evolución de los tipos de interés, en el caso de que el préstamo sea a interés variable.
• Un documento sobre los gastos asociados a la formalización del préstamo hipotecario (honorarios notariales, honorarios registrales, gastos de gestoría, tasación e impuestos). Tras la LCCI y la modificación de la normativa tributaria, son asumidos por la entidad financiera, a excepción de la tasación.
• El proyecto de contrato del préstamo.
• Un documento que contenga la advertencia de que la parte prestataria debe acudir al despacho del notario elegido para realizar el acta previa de transparencia.
• Información sobre el contrato de seguro de daños, en el caso de que se establezca la obligación de contratar un seguro de dicha naturaleza sobre la finca hipotecada.
• Un documento que contenga la manifestación de la parte prestataria de haber recibido todos los documentos de entrega obligatoria.

EN ESTA LEY SE GARANTIZA EL DERECHO DEL CONSUMIDOR A ELEGIR NOTARIO Y A REUNIRSE CON ÉL EN PRIVADO PARA PODER CONSULTARLE SUS DUDAS

A continuación, el notario se reúne con el consumidor (prestatario, fiador e hipotecante no deudor) en solitario y repasa con él toda la documentación precontractual entregada por la entidad. Tras esto, el notario le explica el contenido de la documentación precontractual, responde a las preguntas que le plantee, le aclara posibles dudas y, finalmente, el consumidor responde un test de comprensión. La explicación tiene que ser jurídica, no económica, y abarca todo el contenido del proyecto de contrato.

Concluido lo anterior, el notario redacta y autoriza el acta notarial de transparencia, que refleja las dudas planteadas por el deudor y el asesoramiento prestado por el notario. El acta puede ser positiva o negativa, lo que dependerá de que esté completa la documentación precontractual, de que ésta se corresponda con lo entregado al consumidor por la entidad financiera y con lo negociado entre ambas partes y de que el consumidor haya superado el test de comprensión.
El notario tiene que comunicar a la entidad prestamista, a través de medios telemáticos seguros, el resultado positivo o negativo del acta.

Fase contractual

El segundo momento en el que interviene el notario elegido es el día de la autorización y firma de la escritura pública del préstamo hipotecario (y, en su caso, de la escritura previa de compraventa u otro negocio de transmisión de la propiedad de la finca hipotecada), ya con todas las partes presentes.

Ese día el notario deberá comprobar la identidad, capacidad y legitimación tanto del comprador como del vendedor. También deberá informar al comprador si sobre el inmueble pesa alguna carga registral y si el vendedor acredita o no estar al corriente del pago de las cuotas de la comunidad de vecinos. Además, identificará los medios de pago que se van a utilizar y comprobará si el vendedor ha entregado el certificado de eficiencia energética. El notario también deberá informar a los contratantes de sus obligaciones legales y de sus deberes fiscales, incorporándose a la escritura la referencia catastral de la vivienda. Asimismo, informará del reparto de los gastos de la operación entre las partes. Es labor del notario también explicar el contenido de las escrituras de compraventa y préstamo, solventando todas las dudas que pudieran surgir en el momento del otorgamiento.