«Hogar dulce hogar… con sabor amargo», por Esther Esteban

EN SOCIEDAD

ESTHER ESTEBAN

“Estos cambios estructurales en las familias y los modelos vitales de nuestros jóvenes tienen graves implicaciones en nuestra economía y futuro como país"

Hogar dulce hogar… con sabor amargo

Mientras la mayoría de los españoles tomábamos las uvas para recibir al año nuevo, exactamente a las 0:00 horas del 1 de enero, nacía Kyliam en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, convirtiéndose en el bebé más puntual de los últimos años. Según contaban todos los periódicos nació con un peso de 3,420 kilos y 58 centímetros y es el primer hijo de una pareja del Concello de Gondomar, Fran Barreiro y Jenny Gallego. Prácticamente a la misma hora y de padres también primerizos vino al mundo Carla, una niña Salmantina que peso 2,785 gramos. Los dos se adelantaron por unos minutos a Jacob nacido a las 00.01 en la Seo D’Urgell. Y después de esa hora, nacieron Vera, en Zaragoza y Carmen en Manacor, Paula en A Coruña, Mateo en Barcelona, Erik y Rubén en Madrid, Arabia en Jaén o Laia, hija de Cristina y Joaquin, en Albacete.

Con el arranque del año es una vieja tradición, que se mantiene en el tiempo, saber cuáles serán los nombres preferidos para los bebés. En el caso de los niños son Martin, Mateo, Hugo, Adrián, Pablo, Lucas o Alejandro y en el de las niñas, Carol, Cristina, Lucía, María, Lara, Sofía o Alma. Se llamen como se llamen y hayan nacido en cualquiera de nuestras comunidades autónomas, la mayoría de ellos, si continúa la tendencia demográfica de los últimos años, no llegarán a formar un hogar.

Y no es que con la llegada del nuevo año y el caldeado ambiente político en torno a la amnistía me haya puesto catastrofista. De hecho, si nos fijamos en las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, en los próximos 15 años, el número de hogares en España se incrementaría en 2,7 millones, es decir, unos 182.370 al año. Para hacernos una idea de lo que significa esa cifra, hay que tener en cuenta que entre 2001 y 2011, según el Censo de Población y Vivienda, se crearon, cada año, 389.652 hogares. Prácticamente el doble de lo que va a ocurrir en el futuro inmediato, un claro reflejo del cambio demográfico que se ha producido en España en los últimos tiempos y las perspectivas a futuro son incluso peores.

Las diferencias no serán solo en número, también en forma. Entre 2022 y 2037 crecerán los hogares más pequeños, de una o dos personas, y, en menor medida, lo harán los de tres personas, mientras que los de cuatro seguirán experimentando una reducción. Solo ese dato por sí solo debería hacer que se encendieran las alarmas, pero hay otros muchos factores a tener en cuenta.

Si de muestra vale un botón y cogiendo al azar alguno de los periódicos, la última encuesta que Sigma Dos ha hecho para El Mundo muestra datos muy reveladores. Si salimos a la calle a preguntar a los jóvenes si se ven teniendo hijos de aquí a cinco años, seis de cada diez tiene clara la respuesta: NO. Pero además si les preguntamos a los no tan jóvenes, a aquellos que están entre la treintena y la cuarentena, las respuestas todavía son todavía más desoladoras: solo el 30% ve como una opción realista tener hijos antes del final de 2029, contando con que ya se enfrentarían a lo que se considera como un embarazo de riesgo.

No creo, en absoluto que estemos ante unas generaciones absolutamente egoístas que descartan tener hijos por una mera cuestión bienestar individual. El tema es de mucho mayor calado porque, el mayor problema de todos, no es que no quieran tener hijos, sino que no pueden, y el horizonte es cada vez más sombrío. Más del 37% lo considera inviable debido al elevado coste de vida, el 18,5% lo achaca a la incertidumbre laboral en la que vive y a cerca del 12% le desaniman las malas expectativas de nuestro país. No obstante, es cierto que avanzamos hacia una sociedad cada vez más individualista. De hecho, en esa misma encuesta se apunta que cerca de dos de cada diez jóvenes no están dispuestos a asumir los sacrificios personales y profesionales que supone ser madre o padre en España.

Estos cambios estructurales en las familias y los modelos vitales de nuestros jóvenes tienen graves implicaciones en nuestra economía y futuro como país. Y no se trata solo de preguntarnos, como solemos hacer a menudo, quien pagará las pensiones y otros servicios si los jóvenes cada vez incorporan más tarde al mercado laboral y casi siempre tienen trabajos precarios. Todos los sectores económicos, todos, se verán afectados por la disminución del número de hogares.

Por ejemplo, el sector inmobiliario va a tener que adaptarse a las nuevas demandas, ya que el aumento de hogares unipersonales puede traducirse en una mayor demanda de viviendas más pequeñas y servicios adaptados a este tipo de unidades familiares. Por otro lado, la disminución de hogares numerosos puede impactar en la construcción de viviendas más grandes. Es decir, que quizá ese modelo de ciudad extensa con viviendas grandes a las afueras, tenga que reinventarse porque ya no es que no se tenga la posibilidad económica de poder adquirir estas edificaciones, que también, sino que tanto espacio será innecesario.

Mientras tanto, nosotros, esa generación que teníamos hijos a los veintitantos y nos obsesionaba sobre todo poder darles la mejor educación posible, miramos cómo ellos ahora apenas pueden crear su propia familia. Ya no hablamos de la ilusión o no de ser abuelos – lo soy y es uno de los mayores regalos de la vida- sino más bien de un envejecimiento cada vez mayor que conlleva grandes desafíos en términos de pensiones, atención sanitaria y servicios de cuidado a medio y largo plazo.

Mientras nuestros políticos están entretenidos creando una crispación insoportable y un déficit democrático que pagaremos todos, nos enfrentamos a un cambio en la pirámide poblacional sin precedentes que a largo plazo si no se toman medidas urgentes puede hacer insostenible el estado de bienestar actual. No sé si nuestros gobernantes no se enteran o si conscientemente están instalados en el pan para hoy, aunque el hambre para mañana ya esté aquí, porque el “Hogar dulce Hogar“ ya tiene un sabor amargo.

La seguridad jurídica de las personas mayores

EN SOCIEDAD

LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES

Evolución de la población mayor en España

Actos contabilizados por año

España ha experimentado un significativo cambio demográfico en los últimos años que ha redefinido su perfil poblacional. 2022 marcó un hito histórico al cerrar el año con la mayor población de mayores registrada. Hoy en día, aproximadamente el 20% de la población española tiene 65 años o más, lo que refleja una clara tendencia hacia el envejecimiento de la sociedad. Según los datos provisionales del INE, en España a 1 de julio de 2023 hay un total de 9.797.098 personas con 65 años o más.
REDACCIÓN

“El Notariado desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos y de la seguridad jurídica de las personas mayores, poniendo a disposición de los ciudadanos actuaciones notariales que abordan cuestiones cruciales relacionadas con la planificación sucesoria, la toma de decisiones en muchos ámbitos incluido el médico, las operaciones financieras y otros asuntos, todo ello con el objetivo de garantizar su bienestar y dignidad”, explica María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado.

 


Mª TERESA BAREA: “EL NOTARIADO DESEMPEÑA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y DE LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MAYORES”


 

Actos notariales más solicitados

Los actos notariales que resultan más relevantes para los mayores, y por tanto los más demandados por este colectivo, son:

  • Los documentos de voluntades anticipadas mediante los cuales una persona, al amparo de la normativa autonómica en cada caso aplicable, expresa sus deseos con respecto a los tratamientos médicos que desearía o no recibir en situaciones en las que no pudiera expresar su voluntad. Esto incluye decisiones sobre el destino de sus órganos, la designación de personas para comunicarse con los equipos médicos, resoluciones sobre el manejo de su cuerpo después del fallecimiento y otras cuestiones reguladas por estas normativas.
  • Los testamentos abiertos ante notario, por los que se dispone quiénes serán los herederos y en qué proporción, quiénes serán legatarios o perceptores de bienes concretos, el nombramiento de albacea y otras muchas previsiones sobre la sucesión mortis causa.
  • La cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, cuyo objetivo es transmitir a un tercero uno o más bienes a cambio de recibir una renta o pensión o de que el cesionario se haga cargo de la manutención del cedente.
  • Las hipotecas inversas, en las que el propietario de una vivienda recibe una cantidad de dinero de una sola vez o en forma de renta periódica utilizando dicho inmueble como garantía real. El dueño puede cancelar la hipoteca cuando así lo desee y de igual forma disfruta de la vivienda hasta su fallecimiento, pues en ningún momento pierde su propiedad. Esta figura suele utilizarse para obtener liquidez con la que complementar la pensión de jubilación.
  • Los poderes generales y los poderes generales preventivos. El poder general es un documento notarial por el que una persona confiere a otra u otras la facultad de realizar un amplio conjunto de actos y negocios jurídicos en su nombre, lo que incluye todo tipo de actos de administración y disposición patrimonial e incluso decisiones sobre la atención y cuidados que deben prestarse al poderdante en determinadas circunstancias. Cuando el poder general es preventivo incluye una cláusula por la que se mantiene la vigencia del poder incluso en caso de que el poderdante esté en situación de discapacidad o bien se dispone que solo empiece a surtir efectos cuando dicha situación de discapacidad llegue.

Los testamentos, a la cabeza

Los notarios han autorizado, desde enero de 2017 y hasta junio de 2023, 5.543.340 testamentos, poderes generales y preventivos, voluntades anticipadas, cesión de bienes e hipotecas inversas, llegando en 2022 al máximo anual, donde se realizaron 903.916 actos.

 


LA EVOLUCIÓN DE LOS ACTOS HA SIDO DISPAR A LO LARGO DE ESTOS SEIS AÑOS Y MEDIO. LOS TESTAMENTOS SON EL GRUPO QUE MAYOR PESO TIENE, SEGUIDO POR LOS APODERAMIENTOS


 

Si bien se ha registrado un aumento en el número de actos autorizados desde 2017, la tendencia ha sido desigual ya que más allá del descenso ocasionado por el parón del año 2020 debido a la Covid 19, en 2018 se registró una caída (-0,4%) y en 2022 el aumento fue tímido (0,06%). Entre 2017 y 2022 se observa un crecimiento modesto del 10% pasando de 819.905 actos en 2017 a 903.916 en 2022. El año 2023, sin embargo, muestra un incremento, con el mejor primer semestre desde 2017, llegando a los 494.896 actos, lo que significa un crecimiento del 6,2% con respecto a 2022, año en el que se registraron 465.963 expedientes.

La evolución de los actos ha sido dispar entre los servicios notariales analizados a lo largo de estos seis años y medio. Los testamentos son el grupo que mayor peso tiene, seguido por los apoderamientos. Estos dos grupos constituyeron en 2017 el 99% de los actos realizados (812.390 de 819.905 actos), aunque en la primera mitad de 2023 la proporción bajó ligeramente y se situó en el 98% de los actos realizados (485.179 de 494.986 actos). Los 3 grupos restantes concentraron el remanente de actos y en estos seis años y medio alcanzaron los 66.895 expedientes realizados, lo que significa un 0,6% del total desde enero de 2017 hasta junio de 2023.

Los testamentos abiertos, pese a tener la mayor proporción dentro de los 5 grupos, han experimentado un crecimiento con altibajos a lo largo de estos seis años y medio, mostrando en 2022 una caída del 2,6% con respecto a 2021. Pese a esto, el total de estos actos alcanzó hasta junio de 2023 la cantidad de 4.315.080 documentos. Por su parte, el grupo de apoderamientos continúa la tendencia alcista que se observa desde 2017, exceptuando el año 2020, al tener en 2022 un crecimiento del 8,2% al compararse con el número de actos en 2021. En su totalidad, los poderes notariales (generales y preventivos) registrados en estos años ascendieron a los 1.161.365 actos.

 


LOS DOCUMENTOS DE VOLUNTADES ANTICIPADAS, LA CESIÓN DE BIENES A CAMBIO DE ALIMENTOS Y/O RENTA, Y LAS HIPOTECAS INVERSAS HAN TENIDO UN CRECIMIENTO SOSTENIDO


 

Los documentos de voluntades anticipadas, la cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta, y las hipotecas inversas desde 2021 han tenido, como conjunto, un crecimiento sostenido, registrando en 2022 una subida del 34% comparándolos con el año anterior, para llegar a un total de 66.895 expedientes. De manera particular el mayor aumento se dio en el grupo de las hipotecas inversas, procedimiento que ha cobrado relevancia en los últimos años, habiéndose registrado en 2017 solamente 31 actos mientras que en el primer semestre de 2023 se autorizaron 321 hipotecas inversas. En 2022, con respecto a 2021, las hipotecas inversas tuvieron un avance del 178,7% aumentando de 197 a 549 actos autorizados. Los documentos de voluntades anticipadas registraron en 2022 un aumento del 34,5% con respecto a 2021 (pasando de 9.839 a 13.230 actos), mientras que la cesión de bienes tuvo una caída del 18,7% entre 2022 y 2021 (pasando de 642 a 522 actos).

Objetivos del Día Internacional de las Personas de Edad

En 2023, las Naciones Unidas establecieron como objetivos del Día Internacional de las Personas de Edad (1 de octubre):

  1. Fomentar compromisos entre todas las partes interesadas para fortalecer la protección de los derechos humanos de las personas mayores en la actualidad y en el futuro.
  2. Compartir experiencias y conocimientos sobre los diferentes enfoques intergeneracionales para garantizar los derechos humanos en todo el mundo. Al mismo tiempo aprender de las mejores prácticas y modelos exitosos de solidaridad entre generaciones.
  3. Revisar las prácticas actuales con el propósito de incorporar de manera más efectiva un enfoque basado en los derechos humanos a lo largo de toda la vida de las personas. Así como garantizar la participación activa y significativa de todas las partes, incluyendo la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos y las propias personas mayores, en los esfuerzos dirigidos a fortalecer la solidaridad y la colaboración intergeneracional.

Evolución de los actos relacionados con los mayores

Cataluña, Andalucía y Madrid, las que más actos realizan

En el ámbito autonómico la comunidad autónoma con más personas mayores es Andalucía, que en 2022 cerró el año con un total de 1.546.894 personas con 65 años o más, seguida de Cataluña (1.501.795) y Madrid (1.236.309). Por otro lado, las CC.AA. que menos población mayor tuvieron al cierre de 2022 fueron: La Rioja (68.851), Navarra (134.616) y Cantabria (135.065).

Referente a los servicios notariales, la comunidad autónoma que ha registrado más actos (de los aquí analizados) desde enero de 2017, ha sido Cataluña, con un total de 1.006.667 expedientes, seguida de Andalucía (938.232 actos) y Madrid (794.550 actos).

Un patrón similar al experimentado en España se observa en el espacio autonómico, siendo el grupo de testamentos el conjunto mayoritario en todos los territorios. Las comunidades donde se dio mayor peso relativo de estos actos fueron: Extremadura (88,8% del total de 113.519 actos), Castilla-La Mancha (85,1% del total de 201.907 actos) y Galicia (84,7% del total de 373.827 actos). Por otro lado, las escrituras de apoderamiento cobraron mayor importancia en Aragón (36,6% del total de 30.586 actos), Navarra (32,4% del total de 12.671 actos) y Madrid (31,8% del total de 252.650 actos).

En cuanto a los expedientes pertenecientes a documentos de voluntades anticipadas, cesión de bienes a cambio de alimentos y/o renta e hipotecas inversas se registró el mayor peso de estos actos en las Islas Baleares (dos por ciento del total de 2.886 actos), Aragón (1,8% del total de 1.512 actos) y las Islas Canarias (1,7% del total de 3.711 actos).

Evolución de las hipotecas inversas

Entrevista a Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de Cermi

EN SOCIEDAD

LUIS CAYO PÉREZ BUENO,

PRESIDENTE DEL CERMI

FÁTIMA PÉREZ DORCA

“Estamos en un momento histórico de emancipación colectiva de la discapacidad”

En el segundo aniversario de la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica hablamos con Luis Cayo Pérez Bueno, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), una de las entidades que ha liderado dentro del sector de la discapacidad, la reforma del Código Civil en España.

-¿Cuál es su valoración en la práctica de la Ley 8/2021?

-Es una ley proceso en el sentido de que tenerla como derecho positivo es un hito, pero requiere un gran trabajo de concreción y de aplicación y eso va a llevar, al menos, una década. Desde cualquier instancia debemos ayudar a que se vaya concretando y materializando la aplicación de esta ley.

-¿Cuáles serían los próximos pasos?

-Tenemos que ser conscientes de que esta gran trasformación del sistema jurídico tiene muchas implicaciones sociales, sociológicas, económicas, de formación y de pedagogía. Cada parte debe asumir el trabajo que le toca realizar. Cabe señalar, como ejemplo de buena práctica, la Alianza, Apoyo y Autonomía de CERMI, con la Fundación Æquitas y la Fundación ONCE. Sus objetivos son conseguir una óptima implantación de la ley y en el menor tiempo posible, reforzando la información y la formación necesarias para su éxito; movilizar a la sociedad para acompasar el cambio legislativo con una transformación de mentalidad en el trato a la discapacidad y obtener el apoyo de las personas y entidades sociales que compartan la necesidad de esta transformación. Esto no es privativo ni vedado; son tres partes que se han puesto de acuerdo, pero otras muchas podrían hacer lo mismo en otros foros e instancias. Debemos multiplicar las alianzas para convertir la ley, su letra y su espíritu, en realidad.

 


“DEBEMOS MULTIPLICAR LAS ALIANZAS PARA CONVERTIR LA LEY, SU LETRA Y SU ESPÍRITU, EN REALIDAD”


 

-¿Cómo ha evolucionado la conciencia social sobre el mundo de la discapacidad en los últimos diez años?

-Se ha producido un momento histórico de emancipación colectiva; las personas con discapacidad, un grupo humano normalmente minoritario y relegado, gracias a su labor de saberse excluido, se ha movilizado y comienza a desatar espirales de cambio tanto en el ámbito legislativo, como en el político y sociológico… Todo ello teniendo en cuenta que las personas con discapacidad tienen dificultades añadidas para ser activistas. En primer lugar, su propia toma de conciencia, pues muchas personas necesitan apoyos para comprender y difícilmente se puede movilizar alguien que no tiene conciencia de que están siendo violados sus derechos porque está acostumbrado a que le traten de otra manera. O la dificultad de que, en muchos casos, para protestar las personas con discapacidad tienen que ser ayudadas por otros. Por ejemplo, si el transporte no es accesible difícilmente pueden manifestarse.

-¿Qué pasos nos quedan por dar de ahora en adelante?

-En materia de educación, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, solo admite un modelo que es el inclusivo; eso significa que otro tipo de educaciones tendrían que desaparecer en un tiempo. Cuando se ha tratado de poner esta idea sobre la mesa han surgido grandes polémicas y resistencias. También está pendiente el mandato de la accesibilidad universal de todos los entornos, o la vida independiente. Cada persona con discapacidad debería tener medios para decidir cómo y dónde quiere vivir.

-¿Cuáles son los principales objetivos del CERMI de cara al 2024?

-Nuestro referente es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su aplicación en todos los ámbitos. Actualmente trabajamos también para lograr la reforma del artículo 49 de la Constitución, para que se cambie la terminología en lo que se refiere a las personas con discapacidad y para darle un contenido acorde a esa visión de derechos humanos.

Las leyes cada vez se van pareciendo más a lo que nos gustaría, pero tenemos un problema de gestión en el que debemos trabajar. Nos surgen problemas en la aplicación pues hay numerosos funcionarios, agentes, administraciones que no la entienden, y que anulan lo que se supone que está salvaguardado en una ley.

Las asociaciones de personas con discapacidad debemos ser más críticos, más incisivos en la denuncia de la vulneración de los derechos. Nos hemos centrado más en proveer servicios de acompañamiento de las personas, lo cual es muy importante, pero no debemos olvidar la defensa de nuestros derechos.

-¿Cómo es el acceso al mundo laboral de las personas con discapacidad?

-Actualmente hay una tasa de empleo del 40% de las personas con discapacidad frente al 70% del resto de las personas. Esperamos que en una década podamos alcanzar el 50% pero para ello necesitamos un cambio radical de las políticas de empleo. Acaba de presentarse el Libro Blanco de Empleo y Discapacidad, impulsado por el Gobierno, que es el intento académico más potente que se ha hecho de describir dónde estamos, de dónde venimos y de trazar cuáles deben ser las próximas vías de actuación.

-¿Las mujeres con discapacidad sufren más el desempleo?

-Sí. El 60% de las personas con discapacidad son mujeres y en todos los índices se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad que los hombres, tanto en el sistema educativo, como en el laboral, y los índices de violencia hacia ellas son más elevados. Para evitarlo se requiere una actuación más rotunda y más sistemática. En lo relacionado con las políticas de igualdad, el feminismo, hasta ahora, no ha asumido la visión de la discapacidad, están comenzando a hacerlo, pero las políticas de discapacidad tienen que permearse mucho más de feminismo.

Huella digital

Luis Cayo Pérez Bueno es muy activo en redes sociales. Podrá encontrarlo en Twitter con la cuenta @luiscayoperez y en Linkedin, con su nombre y apellido completo.

8º Aniversario de la Ley de Jurisdicción Voluntaria

EN SOCIEDAD

8º Aniversario de la Ley de Jurisdicción Voluntaria

Número de actos asociados a la LJV y variación interanual por año (2015-2023)

Desde la entrada en vigor de La Ley de Jurisdicción Voluntaria (LJV), en julio de 2015, y hasta marzo de 2023, los notarios han autorizado 902.619 actos de jurisdicción voluntaria relacionados con las sucesiones (728.171); seguidos por los de familia (170.041) y los relativos a obligaciones y conciliación (4.407).
REDACCIÓN

Así lo indica un informe del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN) realizado con motivo del octavo aniversario de la entrada en vigor de la ley. Cabe destacar, dentro de los actos asociados a sucesiones, las actas de notoriedad de herederos abintestato, que con 707.858 actos desde la aplicación de la LJV han supuesto el 97% del total de los actos de este grupo.

Según afirma María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del Notariado: “La aprobación de esta ley consiguió descargar el volumen de trabajo de los juzgados y reforzó la función notarial en su carácter de autoridad pública, aprovechando aquellas áreas donde su grado de preparación y experiencia técnica favoreciese una mejora en la respuesta a los ciudadanos y ampliando sus competencias en diversos aspectos”.

En cuanto a las cifras, la portavoz señala que “en 2021 se realizaron 137.091 actos; en 2022, 148.713; y en el primer trimestre de 2023, 39.349. Así, 2022 se convirtió en el año con mayor número de actos desde la entrada en vigor de la LJV, aumentando un 8% con respecto a 2021; y el número de actos del primer trimestre de 2023 fue un 16% mayor que el del mismo periodo de 2022, alcanzando los 39.349 actos registrados”.

 

Número de actos de familia asociados a la LJV según acto por año (2015-2023)

Participantes y asistentes.

MARÍA TERESA BAREA:«LA APROBACIÓN DE ESTA LEY CONSIGUIÓ DESCARGAR EL VOLUMEN DE TRABAJO DE LOS JUZGADOS Y REFORZÓ LA FUNCIÓN NOTARIAL EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD PÚBLICA»


 

Sucesiones. La entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria se materializó en el aumento de las competencias de los notarios en lo relativo a las declaraciones de herederos abintestato colaterales, las aceptaciones de herencias a beneficio de inventario o las actas de requerimiento de herederos para aceptar las herencias, entre otros. En este informe se incluyen las declaraciones de herederos abintestato a familiares directos (competencia de los notarios previa a la aprobación de la LJV), sumadas a las declaraciones de herederos abintestato colaterales, ya que aportan una visión global en materia de jurisdicción voluntaria.

En este sentido, los actos asociados a sucesiones han alcanzado los 728.171 desde julio de 2015, destacando sobre el resto las actas de notoriedad de herederos abintestato, que con 707.858 actos desde la aplicación de la LJV han supuesto el 97% del total de los actos de este grupo.

¿Qué es la declaración de herederos abintestato? Es el documento público que permite determinar, de conformidad con la legislación civil aplicable a cada caso, quiénes son los herederos de una persona fallecida que no ha otorgado testamento y en qué proporción lo son. Así, en el supuesto de una persona que no hubiera hecho testamento, habría que formalizar ante notario esa “declaración de herederos’, que se recogerá en un acta notarial, en la que se definirá quiénes son los parientes con derecho a la herencia. Para ello habrá que llevar al notario una serie de documentos (DNI del fallecido; certificación de defunción; certificado del Registro de Actos de Última Voluntad; Libro de Familia…) y tendrán que acudir dos testigos que conozcan a la familia del fallecido. Si son parientes, no pueden tener interés directo en la declaración. El notario puede pedir las pruebas adicionales que necesite. La declaración de herederos es más compleja y costosa que un testamento.

Dentro del número de actos autorizados en materia de jurisdicción voluntaria, con una menor importancia se encuentran las actas de requerimiento al heredero para aceptar la herencia y la aceptación de herencia a beneficio de inventario, ambas con un volumen de actos autorizados mucho menor (7.940 y 7.310 respectivamente).

En 2022, de los 102.364 actos de sucesiones celebrados, 98.943 correspondieron a actas de notoriedad de herederos abintestato, lo que significa una disminución del 5% respecto a 2021 (con 103.795 actos). En el primer trimestre de 2023, por su parte, la evolución de los actos de sucesiones revirtió la tendencia observada el año anterior y tuvo un incremento de un 14%, con 27.852 actos, frente a los 24.532 autorizados en el primer trimestre de 2022. En este periodo, las actas de notoriedad de herederos abintestato también aumentaron con respecto al primer trimestre de 2022, situándose en 26.775 frente a las 23.592 del año anterior (un 13% más).

 


2022 SE CONVIRTIÓ EN EL AÑO CON MAYOR NÚMERO DE ACTOS DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LJV, AUMENTANDO UN 8% CON RESPECTO A 2021


 

Parejas. La Ley de Jurisdicción Voluntaria también introdujo la posibilidad de casarse, separarse o divorciarse ante notario (con determinadas salvedades). Y, desde abril de 2021, los notarios pueden encargarse de hacer el expediente matrimonial previo.

Dentro de este grupo de actos se han autorizado un total de 170.041 desde la entrada en vigor de la LJV: 76.961 correspondieron a la celebración de matrimonios (un 45%); 68.037 (40%) a divorcios o separaciones; y 24.438 (14%) a expedientes matrimoniales, entre otros actos.
En cuanto al año 2022, la mayor parte de los 45.729 actos celebrados relacionados con familia, fueron matrimonios 19.465 (un 43%). Los matrimonios aumentaron un 47% con respecto a 2021 (con 13.258 actos).

Durante el primer trimestre de 2023 se celebraron un total de 11.351 actos de familia, la mayor parte de los mismos correspondientes a expedientes previos matrimoniales (4.345 actos) y a la celebración de matrimonios (3.877), superando al número de escrituras de divorcio o separación (3.101 actos).

Las comunidades con mayor demanda

Por autonomías, la comunidad autónoma que ha registrado un mayor número de actos asociados a la LJV ha sido Andalucía, con un total de 161.502 actos, seguida de Madrid (124.308) y Cataluña (117.554).

De acuerdo con el tipo de acto, se observa el mismo patrón que a nivel nacional ya que las sucesiones son el grupo mayoritario en todas las comunidades. Las comunidades donde los actos de sucesiones han tenido un mayor peso desde el inicio de la aplicación de la LJV son Extremadura (el 94% del total de 27.645 actos), Castilla y León (92% del total de 57.204 actos) y Galicia (91% del total de 81.741 actos), mientras que Madrid (39% del total de 124.308 actos), Cataluña (23% del total de 117.554 actos) y las Islas Baleares (23% del total de 14.885 actos) han sido donde los actos de familia han alcanzado su mayor importancia relativa.

Inseguridad jurídica de la legislación de parejas de hecho

EN SOCIEDAD

De izda. a dcha.: Silvia Oñate, Mar Galán, Vicente Martorell, María Pérez Galván, Rafael Verdera y José Ángel Martínez Sanchiz.

INSEGURIDAD JURÍDICA DE LA LEGISLACIÓN DE PAREJAS DE HECHO

La disparidad legislativa autonómica en materia de parejas de hecho, junto a una insuficiente regulación estatal, está generando una preocupante situación de inseguridad jurídica, con dudas, incluso, sobre su constitucionalidad en algunas comunidades autónomas. Esta ha sido una de las coincidencias más claras expresadas en el Foro Fundación Notariado Temas que importan sobre parejas de hecho celebrado en junio.

REDACCIÓN

Todos los participantes reconocieron que la legislación debe cambiar: para la mayoría la solución pasa por la existencia de una ley estatal, aunque otros dudaron de que determinadas comunidades autónomas acepten una ley nacional que podría vulnerar sus competencias.

Parejas de hecho, una diversidad normativa nacional y autonómica. Impacto en los derechos y deberes de los miembros de la pareja fue el tema sobre el que debatieron Mar Galán, del área jurídica de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Madrid (Acurema); Silvia Oñate, presidenta de la Asociación Vida (Viudas de parejas de hecho); María Pérez Galván, vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA); Rafael Verdera, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y Vicente Martorell, notario y moderador del acto.

Diversidad y pluralidad legislativa

La presentación corrió a cargo de José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, quien puso de manifiesto la diversidad y pluralidad legislativa que acompaña a una realidad como la de las parejas de hecho, con una concurrencia de catorce normativas autonómicas. “Las leyes surgen con el paso del tiempo, aunque suelen llegar tarde; es algo que los notarios detectamos en nuestro contacto con las personas y que se refleja en nuestros protocolos. No hay nada más humano que una relación de pareja, ni tan importante para que la vida siga; es una realidad que no puede aislarse. Las leyes bienvenidas sean; sin perjuicio de que se armonicen», declaró.

 


PARA LOS PARTICIPANTES LA LEGISLACIÓN DEBE CAMBIAR. LA SOLUCIÓN PASA POR LA EXISTENCIA DE UNA LEY ESTATAL


 

Rafael Verdera fue determinante: «Un análisis objetivo de la regulación autonómica de uniones de hecho plantea serias dudas sobre su constitucionalidad”, dudas que clasificó en un triple plano: “Hay catorce normativas diferentes que fundamentalmente en el plano jurídico privado de las parejas de hecho abordan también cuestiones de carácter civil, y seis de esas comunidades no tienen competencias en la materia, y así lo ha planteado el Tribunal Constitucional con respecto a leyes como la valenciana o la madrileña”. Otro problema –dijo- es que casi todas esas leyes delimitan su ámbito de aplicación en función de criterios distintos como la vecindad civil, el empadronamiento o la residencia habitual, “lo que supone que, en función de cada una de esas leyes, los criterios de aplicación son distintos y nos podríamos encontrar con tres leyes confluyendo en regular una misma situación, en una materia que solo puede regular el Estado”. Apuntó como tercera objeción “y todavía más potente” la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional 93/2013, en relación con la ley navarra, donde se establece que solo se es pareja de hecho si se ha manifestado voluntariamente serlo a través de un registro o documento público, y que no son parejas de hecho, conforme al libre desarrollo de la personalidad consagrada constitucionalmente, aquellas que no han manifestado esa voluntad, aunque hayan convivido o tengan hijos en común.

Mar Galán reconoció que Acurema no recibe muchas preguntas sobre parejas de hecho y lo atribuye a un gran desconocimiento de que organizaciones de consumidores, abogados y notarios pueden asesorar sobre la materia: “Hace falta mucha pedagogía jurídica. Muchas parejas no conocen el procedimiento a seguir cuando se produce la ruptura y qué se hace con los bienes”, manifestó, aspecto en el que coincidieron todos los ponentes.

María Pérez Galván incidió en la necesidad de mayor seguridad jurídica: «Lo que vemos en los despachos es una enorme inseguridad jurídica. Recomiendo a mis clientes, que, además de un abogado, también tengan un ‘notario de familia’ para acordar pactos. Cuando existen crisis en las parejas, se entra en un limbo jurídico diferente para cada caso. Por mi experiencia puedo decir que las parejas de hecho tienen todas las obligaciones del matrimonio, pero ninguno de sus derechos. Es un agravamiento legislativo y procedimental muy doloroso». Mi consejo es pactar antes. Con la libre voluntad de las partes, puedes alcanzar el modelo económico que mejor se adapte a tus necesidades. Se gasta mucho dinero en la boda o en la luna de miel, pero no se va al notario o abogado de familia para determinar si la vivienda es privativa, en qué régimen puedes casarte, la hipoteca o el testamento; existen muchas implicaciones y falta mucha información», apuntó la letrada.

 


JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ PUSO DE MANIFIESTO LA DIVERSIDAD Y PLURALIDAD LEGISLATIVA EXISTENTE SOBRE LAS PAREJAS DE HECHO


 

Experiencia personal

Desde su experiencia personal y profesional, Silvia Oñate, como presidenta de la Asociación Vida, que agrupa a 1.800 mujeres viudas y madres de hijos e hijas huérfanos, recordó el germen de su asociación: «Al fallecer nuestras parejas, nuestros hijos se convertían en huérfanos de segunda categoría. En cuatro años, gracias a nuestro activismo, conseguimos alcanzar el necesario cambio normativo de equipar las pensiones de las viudas de parejas de hecho con las de los matrimonios, sin limitación de ingresos para el superviviente”.

Sin embargo, considera Oñate que no todo está hecho en este camino: “Nuestra pensión de viudedad no es compatible con una de jubilación o con otra de incapacidad permanente, como sí sucede con los matrimonios, aunque no lleguemos al tope máximo de la pensión de jubilación. Aún existen rocambolescas letras pequeñas que no se ajustan a Derecho y nos colocan en situación de inseguridad y discriminación arbitraria y desproporcionada”.

 


ES ACONSEJABLE QUE LAS PAREJAS DE HECHO HAGAN TESTAMENTO


 

Vicente Martorell expuso algunas consultas habituales que hacen en las notarías las parejas de hecho: «Hay casos de todo tipo, aunque lo más habitual es que me consulten sobre su régimen económico; qué les quedaría en caso de enviudar, derechos sucesorios, obligaciones fiscales, … hay muchas dudas”. El notario puso en valor la eficacia de la escritura pública: “Este documento permite acreditar la existencia de la pareja de hecho, homologando su eficacia y permitiendo pactar prácticamente lo que se quiera, con las limitaciones sucesorias propias de cada régimen autonómico. También es aconsejable el otorgamiento de testamento. Por ejemplo, a la hora de testar se puede aprovechar para definir el beneficiario de un seguro de vida. También sirve para discernir posibles conflictos sucesorios transfronterizos». «Hoy en día, los españoles no estamos adscritos a una única comunidad. Muchos nos desplazamos y residimos o trabajamos en varias autonomías. El legislador debe hacer frente a la carencia de normas y jurisprudencia estatales», concluyó.

Sobre una futura Ley de Familias

La non nata Ley de Familias también salió a relucir en otro momento del debate. En una próxima legislatura, la representante de Acurema demandó «una ley marco, contemplada desde una perspectiva de género, que regule los efectos de situaciones como la pensión de viudedad». Por su parte, Silvia Oñate pidió un reconocimiento a las parejas de hecho no registradas, pero con probada convivencia e hijos en común “y así reparar ese agujero de invisibilidad de mujeres viudas, mujeres que han formado una verdadera familia, aunque no estuvieran formalizadas». El catedrático de Derecho civil, por su parte consideró que una futura Ley de Familias podría ser una oportunidad magnífica para diseñar un sistema jurídico a medida de los intereses y distinta tipología de las parejas de hecho.

Participantes y asistentes.
Foro ‘Temas que importan’
Con esta iniciativa, la Fundación Notariado desea abrir un espacio de conversación y diálogo con otras entidades y expertos para abordar temas de interés para la sociedad. La participación de representantes de la universidad, la economía, la empresa y la sociedad civil permite ofrecer una visión global e integral de los temas analizados para contribuir a la toma de decisiones.
Un momento del debate.

Mar Galán,

asesora jurídica de Acurema: “Hace falta mucha pedagogía jurídica. Muchas parejas no conocen el procedimiento a seguir cuando se produce la ruptura”

Rafael Verdera,

catedrático de Derecho civil: "Un análisis objetivo de la regulación autonómica de uniones de hecho plantea serias dudas sobre su constitucionalidad”

Silvia Oñate,

viuda de pareja de hecho: “Nuestra pensión de viudedad no es compatible con una de jubilación ni con otra de incapacidad permanente”

Vicente Martorell,

notario: “La escritura pública permite acreditar la existencia de la pareja de hecho, homologando su eficacia”

María Pérez,

vicepresidenta de AEAFA: “Cuando existen crisis en las parejas, se entra en un limbo jurídico diferente para cada caso"

Hacer frente a la desinformación

EN SOCIEDAD

HACER
FRENTE A LA DESINFORMACIÓN

La desinformación y las teorías conspirativas son una amenaza para la sociedad. El 72% de los españoles admite haberse creído alguna vez un mensaje o video que era falso y un 82% considera que estos bulos son un problema para la democracia. La sociedad española demanda herramientas de alfabetización mediática que ayuden a gestionar con criterio la gran cantidad de información que recibimos. Esta formación debe empezar en la escuela, pero España se está quedando atrás en esta carrera.

ELVIRA ARROYO
La alfabetización mediática en España está lejos de países como Finlandia, donde los estudiantes aprenden a buscar las fuentes desde los 6 años.

El 94,5% de la población española de 16 a 74 años utilizó internet en 2022. La Red ha aumentado el consumo de información y ha abierto nuevos espacios de reflexión ciudadana que ayudan a tener opiniones propias sobre diversos temas. Sin embargo, en este contexto, se ha instalado de forma alarmante la desinformación, entendida como aquellos contenidos intencionadamente falsos que suelen surgir en las redes sociales, propagándose a gran escala y con rapidez.

Un ejemplo claro de este fenómeno ha sido la pandemia del Covid-19, marcada desde el primer momento por la difusión masiva de tantos rumores que algunos llegaron a hablar de “infodemia”. También es frecuente que la desinformación genere contenidos vinculados a posiciones extremistas o discriminatorias.

La desinformación no solo perjudica la capacidad de la ciudadanía de tomar decisiones libres e informadas, sino que además erosiona la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación. Audrey Azoulay, Directora General de la Unesco, destacaba recientemente que sólo el 35% de las personas confía en lo que ven en las redes sociales y el 53% en los medios tradicionales.

Según el Eurobarómetro Standard 96 de la Comisión Europea, el 81% de los españoles encuentra habitualmente noticias que, en su opinión, distorsionan la realidad. Un 54% de ellos afirma que les resulta fácil detectar este tipo de informaciones, pero no siempre lo consiguen. De hecho, un informe de la Universidad de Navarra y UTECO afirma que el 72,1% de los españoles reconoce que en alguna ocasión se ha creído un mensaje o vídeo que era falso.

 


LA SOCIEDAD ESPAÑOLA ES UNA DE LAS MÁS PREOCUPADAS DE EUROPA POR LA DIFUSIÓN DE BULOS Y POR DISPONER DE CONOCIMIENTOS PARA IDENTIFICARLOS


 

Un aprendizaje imprescindible.

Una de las formas más efectivas de acabar con esta realidad es lo que se conoce como alfabetización mediática e informacional (AMI), que la Unesco define como la capacidad de las personas para “realizar juicios como consumidores de información y usuarios de medios, así como convertirse en productores de información por derecho propio”. Su importancia es tal que se ha convertido en una cuestión política y educacional de primer orden.

La escuela es el mejor lugar para empezar a impartir la alfabetización mediática, pero toda la sociedad debe adquirir habilidades mediáticas e informativas para desenvolverse de forma segura y responsable en los medios de comunicación y en las redes sociales.

La situación española.

En España queda todavía mucho camino por recorrer. El informe Alfabetización mediática: contexto actual, legislación, casos de éxito, herramientas y recursos, y percepción y propuestas de especialistas y profesores, realizado por encargo del Laboratorio de Periodismo de la Fundación Luca de Tena, concluye que nuestro país está muy retrasado en el desarrollo de iniciativas desde las Administraciones Públicas.

 


LA ESCUELA ES EL MEJOR LUGAR PARA EMPEZAR A IMPARTIR LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA, PERO TODA LA SOCIEDAD DEBE ADQUIRIR HABILIDADES MEDIÁTICAS


 

La citada publicación sostiene que nuestro país está lejos de países como Finlandia, donde la alfabetización mediática se incorporó al plan de estudios en 2014 y los estudiantes aprenden a leer las fuentes informativas de manera crítica desde los 6 años. Aprenden en clase a verificar los sitios web, a encontrar las fuentes para saber si una noticia dudosa es verídica o no, y a comprobar lo fácil que es manipular las estadísticas.

Por contra, España no cumple algunas de las recomendaciones básicas que la UE ha hecho a los Estados miembros, como apoyar la creación de redes de alfabetización mediática, desarrollar un enfoque permanente de aprendizaje o mejorar los modelos formativos existentes.

Esta situación no se puede atribuir al desinterés de la sociedad española, a la que diferentes estudios sitúan como una de las más preocupadas de Europa por la difusión de bulos y por disponer de conocimientos para identificarlos. El último Eurobarómetro revela que 69% de los españoles desea recibir educación mediática, frente al 58% de media europea.

Avances.

Aunque poco a poco, se van haciendo mejoras que es justo destacar, principalmente gracias a los esfuerzos de algunas Administraciones, asociaciones profesionales de periodistas y medios de comunicación. Cada vez hay más espacios en los medios de comunicación dedicados a la alfabetización mediática, sin olvidar las iniciativas periodísticas dedicadas exclusivamente a desmentir bulos.

En todo caso, es fundamental ampliar estas actuaciones desde todos los ámbitos porque es evidente la diferencia en aquellos países que han tomado la delantera en materia de alfabetización mediática. Como subraya la Unesco, el futuro de las sociedades democráticas y nuestra respuesta a los desafíos globales dependerá de que, gracias a la alfabetización mediática e informacional, todos los ciudadanos puedan “pensar críticamente y hacer clic sabiamente”.

Recomendaciones para identificar información engañosa

La Fundación Mapfre, Twitter y PantallasAmigas han impulsado una campaña para combatir la información engañosa en internet e incrementar la concienciación entre los adolescentes con estos consejos:

  1. Verificar la fuente de la información y, si no se identifica, contrastar con otras fuentes fiables.
  2. Examinar la apariencia y desconfiar si presenta algo extraño: url trucada, mala ortografía, diseño deficiente…
  3. Ser prudente también cuando la información provenga de alguien cercano, como familiares o amistades.
  4. Analizar toda la información, no quedarse en el titular; puede haber datos sacados de contexto.
  5. Prestar atención a imágenes y vídeos porque pueden falsearse o no corresponder al hecho o momento al que simulan asociarse.
  6. Comparar la información con otras fuentes de confianza y sospechar si no se encuentra en ellas.
  7. Tener cuidado con las informaciones que ponen datos ciertos para camuflar entre ellos informaciones falsas.
  8. Ponerse alerta si la información genera enfado, preocupación o urgencia porque suele ser una estrategia para reaccionar sin pensar.
  9. Contrastar las noticias demasiado buenas o sorprendentes porque pueden ser una forma de propagar desinformación.
  10. 10. Identificar el humor y la sátira; no confundirlo con informaciones.
Bancarrota informativa

El Barómetro de Confianza España 2021 de Edelman sostiene que nos enfrentamos a una bancarrota informativa. Como sociedad, buscamos información fiable para decidir cómo actuar, pero no sabemos dónde obtenerla. La desconfianza es tal que la mayoría de encuestados cree que tanto los medios de comunicación como el Gobierno intentan confundir a la ciudadanía distribuyendo mensajes falsos.

El estudio señala que una de las claves de esta desconfianza se encuentra en la crisis de desinformación que hay en España. Sólo 2 de cada 5 españoles tienen una buena higiene informativa, que básicamente consiste en: seguir las noticias, evitar las cadenas informativas, verificar la información y no enviar la información no contrastada. No obstante, los españoles están cada vez más concienciados sobre la importancia de aprender a distinguir la información veraz de la que no lo es. Su preocupación por aumentar la cultura informativa aumentó 40 puntos en 2021.

Para saber más

Cucarella, Ll., Fuster, P. (2022). Informe sobre alfabetización mediática: contexto actual, legislación, casos de éxito, herramientas y recursos, y percepción y propuestas de especialistas y profesores. Laboratorio de Periodismo. Fundación Luca de Tena.


Ciudadanos alfabetizados en comunicación e información: Pensar críticamente, hacer clic sabiamente (en inglés). Unesco 2021.Curso que imparte habilidades para convertirse en ciudadanos digitales informados.


(In)fórmate. Iniciativa de Google, FAD y el Gobierno de España que promueve la alfabetización mediática y el fomento del pensamiento crítico en la población adolescente de 14 a 16 años.


Pantallas amigas. Recursos educativos para un uso saludable y seguro de internet.


La lucha contra la desinformación en línea: un enfoque europeo. Informe de la Comisión Europea.

La mediación notarial

EN SOCIEDAD

La mediación notarial

Su carácter de jurista de proximidad y su conocimiento del Derecho Civil y Mercantil convierten al notario en un profesional idóneo y capacitado para administrar la mediación. Diversos colegios notariales han puesto en marcha centros propios para impulsar esta figura de resolución extrajudicial de conflictos.
J.M.C
La mediación permite llegar a soluciones imaginativas y satisfactorias.

Los notarios Antoni Bosch (Fundació Mediació Notarial del Colegio Notarial de Cataluña); Concepción Barrio del Olmo (Fundación Signum del Colegio Notarial de Madrid) y Eduardo García Parra (Fundación Solutio Litis del Colegio Notarial de Valencia) exponen a Escritura Pública el camino recorrido hasta ahora y los retos de futuro.

Fundació Mediació Notarial

Antoni Bosch, vocal de la Fundació Mediació, destaca que «los notarios han tenido siempre un papel mediador, por la actuación imparcial y neutral implícita en su función. Los notarios actúan muchas veces como «hombres buenos»; como conciliadores en muchos problemas que se plantean en su quehacer diario y su voz siempre es escuchada al ser preguntada su opinión sobre un conflicto. Además, el notario puede actuar legalmente y realizar expedientes de conciliación para resolver los conflictos concretos que se le planteen. Cada vez más se acude al notario como conciliador y la experiencia suele ser positiva».

«Desde 2019 -recuerda-, nuestra Fundación integra a un grupo de notarios mediadores que cuentan con la acreditación del Centre for Effective Dispute Resolucion (CEDR), institución con destacada expertise en materia de conciliación y de mediación».

Bosch hace hincapié en que «los países de nuestro entorno, como Italia e Inglaterra, han impulsado la mediación con medidas de tipo procesal». Esta situación se puede producir en España próximamente cuando entre en vigor el Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia, que «pretende ordenar las soluciones alternativas a la vía jurisdiccional y dar una nueva regulación a los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC)».

«La Generalitat de Cataluña está implantando en ciertos juzgados «mediaciones exprés» que, de momento, están dando buenos resultados. Los jueces también derivan casos a los centros de mediación, sobre todo en materias relacionadas con el Derecho de familia. Aunque la mediación no es utilizada de forma masiva, cuenta con unos porcentajes importantes de éxito, con cifras que se sitúan en el 90% de éxito en el ámbito civil y mercantil», concluye el patrono de Fundació.

Fundación Notarial Signum

Signum fue creada por el Colegio Notarial de Madrid en 2011; antes incluso de la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Por tanto, es la institución decana en cuanto a mediación notarial en España. Cabe destacar que dispone también de una corte de arbitraje. Hoy cuenta con un equipo de 66 mediadores, de los cuales 32 son notarios. Antes de la pandemia fue pionera en la implantación de herramientas y procesos de trabajo online, con todas las garantías de confidencialidad y protección de datos que un procedimiento de estas características exige.

Para su vicepresidenta -y vicedecana del Colegio- Concepción Pilar Barrio del Olmo, las ventajas de esta figura son claras: «Confidencialidad, menor tiempo de resolución de los conflictos, costes reducidos y poder de decisión de las partes, quienes con ayuda del mediador o mediadores son guiados en el proceso, impulsando el diálogo para facilitar el acuerdo. Además, permite llegar a soluciones imaginativas y satisfactorias por lo que el grado de cumplimiento del acuerdo suele ser muy elevado.

“La mayoría de los asuntos en los que mediamos corresponden al ámbito civil, como conflictos surgidos en herencias, divorcios, entre otros; y mercantil, sobre todo empresas familiares, si bien la mediación debería extenderse a otros ámbitos como la propiedad horizontal”, señala Barrio del Olmo.

Fundación Solutio Litis

Eduardo García Parra, patrono delegado de Solutio Litis, coincide con sus colegas en poner en valor las características idóneas de la función notarial para afrontar la mediación: «Los notarios están en una situación institucional perfecta para coadyuvar a la definitiva implantación de la mediación. En primer lugar, porque ya de por sí y por ley son conciliadores, y la conciliación es también un mecanismo alternativo de resolución de conflictos poco utilizado en la práctica. En segundo lugar, porque en las oficinas notariales surgen numerosas posiciones enfrentadas en temas familiares, sucesorios, mercantiles o inmobiliarios que impiden la formalización del negocio jurídico deseado y que podrían derivarse a mediación en esa fase inicial del conflicto cuando todavía no ha llegado a plantearse la vía judicial. Por último, los notarios están acostumbrados a aconsejar y “mediar” entre las partes. Por todo ello, si reúnen además la formación específica exigida, pueden actuar como mediadores propiamente dichos en las distintas instituciones existentes en los colegios notariales».

Para el notario de Valencia, la mediación aún no es una alternativa real a los juzgados: «Desde el punto de vista social, es necesario un cambio de mentalidad, un avance decisivo en la cultura del acuerdo».

Para que exista esta cultura de la mediación, García Parra demanda educación y fomento: «La negociación y los métodos para alcanzar un acuerdo deberían formar parte de los planes de estudio, incluso en las últimas fases del tramo escolar; y, sin ninguna duda, en la educación universitaria, donde las facultades de derecho deberían incluirlos en sus programas. Y fomento por parte del Estado. Debería retomarse la idea de la Ley de impulso a la mediación o al menos recoger su espíritu en la Ley de Eficiencia Procesal. En determinados ámbitos debería ser obligatorio utilizar previamente un instrumento de negociación previo a la interposición de la demanda».

Un caso de éxito

Concepción Barrio relata un caso de éxito de mediación en materia inmobiliaria: «57 vecinos fueron desalojados del edificio de la calle Duquesa del Tamames 5, del barrio de Carabanchel, por un derrumbe. El Ayuntamiento de Madrid ofreció -a través de SIGNUM- una intermediación de los afectados con sus entidades financieras. Se derivó desde los juzgados a nueve familias que tenían alguna carga hipotecaria sobre la vivienda y que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Cada vecino tenía una situación particular, con problemas no sólo con su entidad bancaria sino también con su aseguradora. Se mantuvieron conversaciones con la Asociación de Vecinos y reuniones con los bancos y con las aseguradoras y se alcanzaron diversos acuerdos, desde la condonación total o parcial de la deuda, a moratorias totales o de intereses y capital».

Antoni Bosch.
Concepción Barrio del Olmo.
Eduardo García Parra.

Luchar contra la desinformación

EN SOCIEDAD

Luchar
contra la desinformación

¿Qué es la desinformación? ¿De dónde procede? ¿Quiénes son los grupos que más la padecen? A estas y otras preguntas relacionadas han dado respuesta Estudio de Comunicación y Servimedia mediante un estudio que también pone el foco en los intereses que promueven los bulos y la desinformación, en cómo se difunden y en qué efectos producen en quienes padecen sus consecuencias.
FÁTIMA PÉREZ DORCA
Los comunicadores consideran que las falsedades de tipo político son las que más afectan a la sociedad.

“El problema de la desinformación se empieza a tomar en serio a partir de 2016, después del referéndum del Brexit y de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos”, explica Clara Jiménez, CEO de la Fundación Maldita.es, un medio digital que lucha contra la desinformación en el discurso público. En ese momento histórico, señala Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), “saltaron las alarmas en las instituciones europeas al comprender la evidente amenaza que esto suponía contra los procesos democráticos y de elaboración de políticas, así como contra la protección de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea”.

Dos años más tarde, en 2018, la palabra más repetida en medios de comunicación y redes sociales era fake news (bulos), pero se hablaba menos de desinformación, cuyo objetivo es influir en la opinión pública para que se alinee con una causa o creencia. Su técnica suele ser exaltar los aspectos positivos de una idea o colectivo y, a la vez, distorsionar la realidad u omitir el argumento contrario.

El término ‘desinformación’ procede del ruso dezinformatsiya, que, a su vez, viene de cómo se conocía a un departamento secreto de propaganda al servicio de la antigua KGB. Actualmente, como indica el informe, “no hay una línea que separe con claridad qué es bulo o fake news y qué es la desinformación”.

Resultados

Para realizar el análisis, Estudio de Comunicación y Servimedia utilizaron dos cuestionarios: uno de ellos realizado al público en general y otro, más específico, para periodistas y comunicadores.

Para la mayoría de los participantes la principal razón por la que se genera desinformación y bulos es la de “perjudicar la imagen o la reputación de personas y organizaciones”; y está muy presente en este puzle “el deseo de obtener un beneficio, ya sea para la persona que genera falsedades o para el colectivo al que pertenece”.

Ante la pregunta: ¿Quiénes son los responsables de la creación y difusión de bulos? Ambos grupos consideran que “todos somos culpables”.

En cuanto a la cuestión sobre qué tipo de falsedades afectan más a la ciudadanía, ahí sí hay discrepancia. Los comunicadores opinan que las mentiras de tipo político son las que más perjudican (84%) mientras que, según el resto de los participantes, serían las de tipo social (69%). También difiere la opinión de los dos grupos respecto a si consideran que los medios tienen responsabilidad alguna en la práctica de la desinformación: solo el 11% de los profesionales de la comunicación cree que sí, frente al 31% del resto de los consultados.


LA PALABRA MÁS REPETIDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES ERA ‘FAKE NEWS’(BULOS)


Por otro lado, los periodistas y comunicadores opinan que es fundamental la labor de las agencias de verificación para combatir este problema a la hora de contrastar temas especializados, como los científicos o sanitarios, y no lo es en la misma medida para contenidos de tipo general.

Con respecto a la confianza que estas agencias aportan a los periodistas a la hora de contrastar sus informaciones, de las cuatro activas en España que están reconocidas por la Red Internacional de Verificadores de Datos (IFCN), la agencia que mayor grado de confianza genera es EFE Verifica (78%), seguida de Maldita (70%), Newtral (47%) y, por último, Verificat (38%).

La opinión de los expertos

Con el fin de obtener una visión más cualitativa sobre la influencia que la desinformación y los bulos tienen en distintos estratos de la sociedad y qué recursos existen frente a esta lacra, Estudio de Comunicación y Servimedia han preguntado a especialistas en la materia. Entre ellos, a representantes de agencias españolas verificadoras reconocidas por la IFCN.


ES FUNDAMENTAL LA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA


Para ellos, el origen mayoritario de la desinformación es muy variado y puede estar en “representantes públicos o empresas que tienen intereses en difundir ciertas versiones de la realidad”, explica Alba Tobella, cofundadora y jefa de contenidos de Verificat. Para Álvaro Nieto, director de The Objective, “los bulos, en general, los difunden personas anónimas a través de redes sociales o WhatsApp”.

Entre las personas, organizaciones o sociedades que padecen en mayor medida los efectos de la desinformación y los bulos están “los niños y los adolescentes. Reciben mucha información, pero no contrastan; tienen menos recursos para distinguir entre lo que es real y lo que es un bulo y no reciben formación para detectarlo”, explica Cristina Ónega, directora del Canal 24 Horas de RTVE.

Por su parte, la directora de 20 Minutos, Encarna Samitier, considera que “las personas que viven en regímenes autoritarios están más expuestas a la desinformación. La polarización, el miedo y la falta de transparencia ayudan también a que una parte importante de la sociedad acepte los bulos para autoafirmarse ante los emisores que le suscitan desconfianza, los medios, los gobiernos, o para reforzar sus creencias previas o su pertenencia al grupo”.

¿Qué recursos se pueden llevar a cabo para detectar los bulos? En este caso la llamada alfabetización mediática es fundamental. Según Miguel Ángel Noceda “los ciudadanos deben tratar de confirmar la autenticidad de lo que les llega antes de lanzarlo impulsivamente”. Para ello, “las seis preguntas clásicas del periodismo pueden ser un principio, pero nunca una solución”, afirma el expresidente de la FAPE y miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, Nemesio Rodríguez, en relación a las cuestiones qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, que los periodistas se deben plantear a la hora de narrar una noticia. Rodríguez también recomienda “recurrir a plataformas de verificación o medios de comunicación convencionales que responden con su cabecera y con la firma del periodista que ha elaborado la información”.

Las mayores falsedades

Los periodistas y comunicadores consultados valoraron qué tipos de medios de comunicación son los que más generan falsedades. En primer lugar, fueron señalados los nativos digitales con un 75%. En segundo puesto la televisión con un 47%. Le sigue la radio, con 7,6 puntos porcentuales, los medios impresos (24%) y, por último, las agencias de noticias con un 19%.

Comparativa entre opiniones de periodistas y comunicadores 2018-2022
El problema de la desinformación se empieza a tomar en serio a partir de 2016, después del referéndum del Brexit y de la victoria de Donald Trump.
No hay una línea que separe con claridad qué es bulo o fake news y qué es la desinformación.

Alba Tobella: “Los mayores son los que más interactúan con la información falsa en las redes sociales»

Álvaro Nieto: “Sería interesante ayudar a la ciudadanía a cuestionarse todo lo que les llega al margen de los Medios”

Clara Jiménez: “Los bulos tratan de provocar una respuesta emocional en quien los recibe”

Cristina Ónega: “La alfabetización mediática es una tarea pendiente en España”

Encarna Samitier: “Los ciudadanos deben entender que más cantidad de información no es mejor información”

Miguel Ángel Noceda: “Hay partidos políticos que rechazan a los Medios en sus actos”

Nemesio Rodríguez: “La mentira ha dejado de tener el alto coste político que tenía en el pasado”

Un año dedicado a los jóvenes

EN SOCIEDAD

Un año dedicado a los jóvenes

2022 es el Año Europeo de la Juventud. Por ello la Unión Europea (UE) ha estado, y continúa, organizado actividades e iniciativas destinadas a los jóvenes en todos los Estados miembros. El fin es empoderarlos, escucharlos, e integrarlos en el proceso de toma de decisiones para así crear una Europa más verde, digital e inclusiva.
FÁTIMA PÉREZ DORCA
El 37% de los jóvenes considera que el principal objetivo de la UE es preservar la paz y reforzar la seguridad internacional.

 

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula von der Leyen, en su discurso sobre el estado de la Unión realizado en 2021, propuso la idea de que 2022 fuera el Año Europeo de la Juventud, con el objetivo de mitigar las repercusiones de la pandemia sobre la educación, la inclusión social, la salud y el desempleo de los jóvenes (según Eurostat, en julio, más de 2 millones y medio de menores de 25 años estaban desempleados en la Eurozona). Esta situación ha derivado en el aumento de los esfuerzos para garantizar que todas las políticas de la UE tengan en cuenta cuestiones relativas a la juventud.


JOSEP BORRELL, VICEPRESIDENTE DE LA CE: “DEBEMOS INVERTIR EN EL PRESENTE Y FUTURO DE LOS JÓVENES”


Por ello, durante este año, la UE ha impulsado la participación de los jóvenes en acciones como la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un foro para reflexionar sobre el futuro el continente, que finalizó en primavera y cuyas conclusiones marcarán las prioridades para la era post-Covid. Por otro lado, el 4 de octubre, se adoptó el Plan de Acción para la Juventud en la Acción Exterior de la UE para 2022-2027, el primer marco político en favor de una cooperación estratégica con los jóvenes. Este plan contribuirá al cumplimiento de compromisos internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, mediante una mayor participación significativa de los jóvenes en las políticas de acción exterior de la UE.

En este sentido, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la CE, Josep Borrell, declaró: “Estos últimos años han mostrado hasta qué punto los jóvenes se llevan la peor parte de las crisis e inestabilidad causadas por los conflictos armados, el aumento de las desigualdades y los problemas mundiales como la degradación del medio ambiente y el cambio climático. Es nuestra responsabilidad garantizar que dispongan de las herramientas y de las oportunidades necesarias para desarrollarse plenamente y participar en la vida cotidiana. Debemos invertir en su presente y futuro”.

Este año, la UE ha creado, además, el Portal Europeo de la Juventud, una web destinada a informar sobre todas las iniciativas de la Unión relacionadas con los jóvenes. Entre los proyectos que se agrupan en esta página se encuentra El Cuerpo Europeo de Solidaridad, que permite a los jóvenes realizar actividades solidarias dentro o fuera de su país; también #EUYouthDialogue, un mecanismo de comunicación con los responsables políticos sobre los temas que más les preocupan, realizado en el marco de la Estrategia de la UE para la Juventud. Los usuarios también podrán informarse aquí sobre la iniciativa #DiscoverEU (descubre la UE), a través de la que se seleccionará a algunos ciudadanos de 18 años y se les otorgará ayudas para que puedan conocer otros países europeos. Entre los mencionados proyectos se encuentra el archiconocido programa Erasmus, que presta apoyo a los estudiantes universitarios para su formación en otros países de Europa; también EURES, el portal europeo de movilidad profesional que ayuda a los ciudadanos a encontrar trabajo en el extranjero.


DURANTE ESTE AÑO, LA UE HA IMPULSADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN ACCIONES COMO LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA


Los notarios con los jóvenes

En el marco de estos eventos, el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) ha querido dedicar el 25 de octubre, Día Europeo de la Justicia, también a la juventud. Por ello, algunos de los países miembros del Consejo realizarán durante ese día actividades dirigidas a los jóvenes. “Nos parece imprescindible entender su punto de vista sobre la sociedad, para intentar comprender lo mejor posible su mundo, en especial en cuanto a la ya inseparable relación que tienen entre la realidad y el mundo digital”, explicó el presidente del CNUE, Paolo Marcoz, en la Asamblea General celebrada en junio.


EL CONSEJO DE LOS NOTARIADOS DE LA UNIÓN EUROPEA (CNUE) HA QUERIDO DEDICAR EL 25 DE OCTUBRE, DÍA EUROPEO DE LA JUSTICIA, A LA JUVENTUD


Acercarse a los jóvenes es fundamental para explicarles los servicios que los notarios les pueden prestar en distintas situaciones que se dan en esta etapa de su vida. Según las cifras del Centro de Información Estadística del Notariado (CIEN), algunos de los actos más realizados en 2021 por los ciudadanos de entre 18 y 35 años fueron la compra de vivienda (118.591); el otorgamiento de poderes (65.429); la creación de sociedades (41.506); la constitución de parejas de hecho (14.257) o la realización de expedientes matrimoniales y bodas (9.839).

Folleto informativo:
¿El notario es solo cosa de mis padres?
Más sencillo de lo que imaginas

Para celebrar el Año Europeo de la Juventud, el Notariado español ha lanzado una campaña en redes sociales titulada Más sencillo de lo que imaginas, dirigida a los ciudadanos de entre 18 y 35 años y en la que, a través de videos, se les informa sobre los servicios específicos que los notarios les pueden prestar.

La campaña, que comenzó el 25 de octubre, Día Europeo de la Justicia, consta de unos videos disponibles en la cuenta de YouTube (CGNotariado), así como en las demás redes sociales del Consejo General del Notariado: Twitter, Instagram, Facebook (Notarios_es) y LinkedIn (Consejo General del Notariado).

En ellos se puede ver cómo una reportera pregunta a algunos jóvenes sobre la función notarial; concretamente les plantea preguntas como: ¿Crees que es fácil concertar una cita con un notario? ¿Cualquiera puede hacer un testamento? ¿Piensas que constituir una sociedad es difícil? ¿Sabes en qué te ayudará el notario si compras una vivienda o contratas una hipoteca? Tras escuchar las respuestas de los ciudadanos, se ofrece la opción correcta a cada pregunta.

Imagen de un video de la campaña Más sencillo de lo que imaginas.

Portal Europeo de la Juventud
Para hacer balance de la opinión y de las expectativas de los jóvenes europeos respecto a la UE, la Comisión publicó, el pasado mayo, su Eurobarómetro Flash sobre juventud y democracia. En este sentido, el 37% de los encuestados, de entre 15 y 30 años, opina que “el principal objetivo de la Unión es preservar la paz, reforzar la seguridad internacional y fomentar la cooperación internacional (37%)”. Los encuestados también aseguraron esperar que la UE trabaje por “el aumento de las oportunidades de empleo para los jóvenes (33%); la lucha contra la pobreza y las desigualdades económicas y sociales (32%); y el fomento de las políticas respetuosas con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático (31%)”.
¿Qué se necesita para ser notario?
Los jóvenes que se planteen opositar a notario deben saber que hay que ser español u ostentar la nacionalidad de cualquier país de la UE. Además, hay que ser Doctor en Derecho o Graduado en Derecho. Los ejercicios de la oposición son cuatro: los dos primeros, orales, y los dos segundos, escritos. Tanto los dos primeros como la lectura del tercero y de la primera parte del cuarto son públicos. El primer ejercicio consiste en contestar verbalmente, en el plazo máximo de 60 minutos, a cuatro temas: de Derecho Civil Español, Común y Foral, y de legislación Fiscal. Los temas de Derecho Civil corresponderán, respectivamente, uno a las materias de parte general o introducción, propiedad y derechos reales; otro, a obligaciones y contratos, y otro, a Derecho de Familia y Sucesiones. En el segundo ejercicio hay que contestar, también verbalmente, en el tiempo máximo de 60 minutos, y por el siguiente orden, a seis temas: dos de Derecho Mercantil, dos de Derecho Hipotecario, uno de Derecho Notarial y otro de Derecho Procesal o Administrativo. Los dos temas de Derecho Mercantil y de Derecho Hipotecario serán uno de cada parte en que se hallen divididas estas materias. Para el tercer ejercicio hay que redactar un dictamen, que versa sobre una pluralidad de problemas que implican un razonamiento del opositor basado no solo en el Derecho positivo sino también en los principios generales del Derecho y en la doctrina y jurisprudencia que ha de conocer. Por último, el cuarto ejercicio, se divide en dos partes. En la primera, los opositores tienen que redactar una escritura o documento notarial, debiendo justificar en pliego aparte los problemas jurídicos que plantee o resuelva en su trabajo, realizando la liquidación del impuesto que en su caso corresponda a la escritura redactada. En la segunda, han de resolver un supuesto de contabilidad y matemática financiera.

Homenaje a La Palma

EN SOCIEDAD

HOMENAJE A LA PALMA

En la sede del Consejo General del Notariado tuvo lugar un homenaje a los alcaldes, oficiales, auxiliares y colaboradores de las notarías temporales de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, los tres municipios afectados gravemente por la erupción del volcán de La Palma.

Redacción

Placas de homenaje y agradecimiento de los ayuntamientos palmeños y del Notariado.

El acto fue organizado por el Consejo General del Notariado y los Colegios Notariales de Canarias, Cataluña y Valencia en agradecimiento a la colaboración prestada por todos ellos en las tres notarías provisionales instaladas en estos municipios. Unas notarías abiertas a los miles de damnificados por el volcán, desde el pasado noviembre, que han atendido voluntaria y gratuitamente más de 50 notarios de toda España, en estrecha colaboración con los voluntarios homenajeados.

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, presidió el acto, que también contó con la asistencia de los decanos de los colegios notariales de todo el país.

Martínez Sanchiz abrió el encuentro señalando que los palmeros han «pasado a formar parte del Notariado”. “Hoy se cumple precisamente el 160 Aniversario de la Ley del Notariado y es una fecha idónea para transmitir nuestro agradecimiento por la colaboración y apoyo que hemos recibido de las tres alcaldías. Vosotros también contaréis con un sitio en la historia del Notariado», aseguró.

 


LAS NOTARÍAS FUERON ATENDIDAS VOLUNTARIA Y GRATUITAMENTE POR MÁS DE 50 NOTARIOS DE TODA ESPAÑA, EN ESTRECHA COLABORACIÓN CON LOS VOLUNTARIOS HOMENAJEADOS


 

Agradecimiento

A continuación, los decanos de los colegios notariales de Canarias, Cataluña y Valencia, Alfonso Cavallé, José Alberto Marín y Francisco Cantos, respectivamente, hicieron entrega de unas placas de agradecimiento a los alcaldes de El Paso, Sergio Javier Rodríguez Fernández, y de Los Llanos de Aridane, María Noelia García Leal; así como a la concejala de Tazacorte, Lourdes Tatiana Rodríguez Lorenzo, y al resto de voluntarios presentes.

En nombre de los tres decanos autonómicos, y como palmero de nacimiento, Alfonso Cavallé tomó la palabra para transmitir «el honor que supone compartir este homenaje con ustedes. Es una fecha más de esta historia que comenzó el 19 de septiembre, marcada en la historia del Notariado. En ese momento, se aprobó un Real Decreto Ley en el que se establecieron una serie de medidas de pronta implantación. Era preciso contar con esa normativa para poner en marcha a la mayor brevedad una demarcación de tres notarías de emergencia que han prestado a los ciudadanos un servicio fundamental. Hay que agradecer al Ministerio de Justicia esa celeridad, que permitió a los notarios aunar esfuerzos con los tres ayuntamientos en beneficio de la sociedad palmera».

Cavallé también quiso citar a todos los oficiales de los municipios afectados: “Sin su dedicación no hubiera sido posible elaborar esos documentos jurídicos (a la que hay que sumar una cercanía a las personas en un momento imprescindible); al CGN, que puso los medios materiales; a los colegios notariales de Cataluña y Valencia, sin cuya ayuda el colegio notarial de Canarias no hubiera hecho posible este esfuerzo; a la ejemplaridad del pueblo palmero (ver su dignidad nos ha conmovido); al medio centenar de notarios voluntarios que han abandonado sus despachos; y a todas las personas que han trabajado en las notarías sin apenas rodaje pero con mucha dedicación».

Finalmente, tras recibir de manos de la alcaldesa de Llanos de Aridane unas piedras y ceniza del volcán Cumbre Vieja, que entregó como recuerdo a todos los decanos, el presidente del Consejo General del Notariado -emocionado- aseguró «que lo que hemos hecho en La Palma ha sido cumplir con nuestra función. Desgracias como la ocurrida en vuestra isla hacen dar lo mejor de las personas. Para nosotros ha sido un privilegio prestar un servicio en una situación de necesidad como la que vivían los palmeros que han visto sepultadas sus propiedades. También han quedado sepultados muchos recuerdos, trabajos y esfuerzos; pero las actas notariales que habéis contribuido a realizar permitirán recuperar esos recuerdos, que vuestros hijos y nietos volverán a tener presentes».

Martínez Sanchiz concluyó afirmando que “en la Palma sobra la fraternidad y la solidaridad. Hemos quedado sorprendidos por la calidad humana de los damnificados. Podía haber habido problemas con la delimitación de propiedades no inscritas, por ejemplo, pero no ha sido así. Ahora queda reclamar la solidaridad de autoridades y del Estado español para que vuestra isla pueda salir adelante. Damos fe de la valentía y la dignidad de los palmeros; que, en definitiva, constituyen en su reacción ante la adversidad, lo mejor que tiene la humanidad. Esas piedras con las que nos obsequiáis constituyen el reflejo del corazón de La Palma; y es que en esas piedras está la vida».

Los alcaldes, oficiales, auxiliares y colaboradores de las notarías temporales de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, junto con el presidente y los demás integrantes del Consejo General del Notariado.
Una luz a la esperanza

Para Javier Rodríguez Fernández, alcalde de El Paso, «esta simbiosis entre notarios y habitantes es parecida a un ‘win-win’ en el que todo el mundo gana y está agradecido. Los notarios han compartido meses muy duros en el valle de Aridane, por lo que sus habitantes mostramos nuestro agradecimiento personificado en nuestra figura de alcaldes. Todo el mundo ha estado pendiente de este trabajo inédito que ha realizado el Notariado. Existía una especie de efecto sanador en los primeros días para las personas que estaban perdidas, pero al pasar por las notarías se les abría una luz a la esperanza. La gente de La Palma no va a olvidar nunca este gesto».
«Son ustedes los que deberían ser los homenajeados”, aseguró Lourdes Tatiana Rodríguez, concejala de Tazacorte. “Estamos tremendamente agradecidos por la ayuda prestada. Los notarios han mostrado una calidad humana increíble. Les llevamos a todos en el corazón».

Por último, María Noelia García, alcaldesa de Los Llanos de Aridane, recordó un titular aparecido en prensa para comenzar su alocución: «Notarios de toda España se trasladan a la Isla de La Palma para ayudar a los afectados. Una noticia esperanzadora producida en un momento complejo. Al igual que ocurre a las madres con sus hijos que no saben quién da la vida a quién, los palmeros tenemos ese sentimiento con los notarios: ellos han dado vida a la población de la isla, y viceversa. En esos días grises de ceniza los notarios consiguieron dar certidumbre a unos vecinos que lo veían todo negro».