Hubo un tiempo en que la conexión a internet valía su peso en oro. Eran momentos de incertidumbre y la digitalización extendía su mancha de influencia por ciudades y pueblos de todo el globo. Durante la pandemia el porcentaje de trabajadores con ordenador se multiplicó de forma exponencial. La generalización de este factor supuso no sólo la adopción de costumbres antes impensables, como el pago del pan o de un simple café con la tarjera bancaria, sino también unas ganancias en productividad que todavía perduran hasta nuestros días.

DESDE LA PANDEMIA EL USO DE LA BANCA DIGITAL EN ESPAÑA HA AUMENTADO EN UN 30%, SEGÚN UN ESTUDIO DE KPMG

Operaciones en línea

El don de la ubicuidad laboral, facilitado por la eclosión de las conexiones gracias al despliegue masivo de las redes inalámbricas, fue un inesperado acicate a la hora de animar las raquíticas ratios de productividad en las sociedades industrializadas. De esta forma, el trabajo a distancia y las operaciones en línea se erigieron como auténticas válvulas de escape de cara a lidiar con la adaptación al inédito cierre forzoso de actividad decretado a causa del covid-19, como se indica en el reciente estudio elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el título: How Pandemic Accelerated Digital transformation in Advanced Economies.

No en vano, esta publicación señala que la revolución digital derivada de la pandemia contribuyó, de forma crucial, a lograr la eficiente protección del empleo durante la situación de excepción, al posibilitar una menor pérdida de productividad laboral, en términos de horas trabajadas, y fue especialmente relevante en los sectores más digitalizados, como el bancario.

Internet permitió la organización y simplificación eficiente de muchas tareas cotidianas.

En este sentido, una encuesta realizada en julio de 2023 por la consultora Metroscopia aseguraba que tres de cada cuatro españoles preferían relacionarse con su banco de forma digital, salvo para realizar operaciones complejas, como la tramitación de hipotecas. Asimismo, el sondeo avanzaba que la población bancaria digitalizada en España habría pasado en los dos últimos años del 67% al 74%, mientras que en el caso de los mayores de 65 años este porcentaje descendía hasta el 51%.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reseñaba en un informe de 2021 que un 62% de la población española de entre 16 y 74 años (más de 35 millones de personas) utilizaba los servicios de banca electrónica a finales de 2020, y que desde 2011 el uso de internet en nuestro país había aumentado nada menos que en 35 puntos. No en vano, en 2003 menos del 10% de la población española la usaba, frente al 71% actual, según datos de la Asociación Española de Banca (AEB).

EL SECTOR BANCARIO ESPAÑOL FUE EN 2022 EL MÁS MADURO DIGITALMENTE DEL MUNDO, POR DELANTE DE SINGAPUR, NORUEGA Y CANADÁ

Adiós sucursal, hola móvil

Estos cambios en la forma en que los ciudadanos se relacionan con su banco afectan también a los canales de comunicación, primando lo digital frente a la opción presencial. Así, la propia Asociación Española de Banca indicaba recientemente que la cifra de clientes que acuden a la oficina bancaria para realizar trámites ha caído bruscamente en 2024 hasta un porcentaje del 8%.

Por consiguiente, el cliente tipo de la banca en España ya no estaría, por decirlo de alguna manera, ‘sucursalizado’, como aclara un informe de Deloitte titulado: Digital Banking Maturity, en el que se analizó el nivel de madurez digital de la banca en 2022, incluyendo un universo total de 304 bancos de 41 países.

En el mismo, se afirma que la banca española lideraba la digitalización en el mundo gracias a los esfuerzos realizados en la automatización de procesos y operaciones, lo que ha permitido la contratación digital de múltiples servicios financieros y de inversión.

El Banco de España también publicaba un análisis en 2023 sobre Hábitos en el uso del efectivo en el que revelaba que las tarjetas se han consolidado como el segundo método de pago más utilizado, tras el cash, mientras que los teléfonos móviles se han colocado en el tercer lugar, al ser utilizados por un 10% de la población.

LA CIFRA DE CLIENTES QUE ACUDEN A LA OFICINA BANCARIA PARA REALIZAR TRÁMITES HA CAÍDO BRUSCAMENTE EN 2024, HASTA UN PORCENTAJE DEL 8%

Los avances en digitalización han supuesto también el cierre masivo de oficinas bancarias, al pasar de más de 27.000 en 2018 a las casi 18.000 de finales de 2023.

Tendencia al alza

El impacto y tendencias de la digitalización en los procesos bancarios fue analizado además en un informe de 2023 elaborado por KPMG por encargo del think tank de la Fundación de las Cajas de Ahorros. El estudio, bajo el título La digitalización como eje de transformación bancaria, revela que desde la pandemia el uso de la banca digital en España ha aumentado en un 30%. Este porcentaje implica que el 70% de la población era usuaria habitual del canal digital, por encima de la media europea del 60%.

Asimismo, se espera que esta tendencia se consolide y siga al alza hasta alcanzar el 85% en 2027, tras añadir unos seis millones de clientes al canal digital, donde tres de cada cuatro contrataciones bancarias ya serán online gracias, entre otros factores, al imparable auge del comercio electrónico, la consolidación de alternativas como las Fin Tech, Big Tech y la competencia de los neobancos y, finalmente, a los cambios regulatorios previstos.

Sobre estos aspectos dialogaron el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz; el director general del centro tecnológico del Notariado, Ancert, Alberto Martínez Lacambra; y el director de Economía y Políticas Sectoriales de Cepyme, Francisco Vidal. El debate tuvo lugar en una sesión del Foro Confilegal; un espacio de debate organizado por el medio y moderado por su director, Carlos Berbell.

JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: «NUESTRA FUNCIÓN SE BASA EN EL CONTACTO CON LAS PERSONAS, QUE MANTENEMOS EN LAS NOTARÍAS Y HEMOS EXTENDIDO CON LOS SERVICIOS DIGITALES»

Los representantes del cuerpo notarial y de la patronal de la pequeña y mediana empresa pusieron sobre la mesa los cambios que han traído consigo las medidas de digitalización de las actuaciones notariales, recogidas en la Ley 11/2023, en vigor desde el pasado 9 de noviembre, y su impacto en el sector empresarial, particularmente en las pymes.

El presidente del CGN remarcó que estas novedades suponen un gran avance y un hito histórico para el Notariado, pero no una transformación de la función que tradicionalmente desarrollan los notarios. “Estos servicios online facilitan el acceso de los ciudadanos al notario. Nuestra función se basa en el contacto con las personas, que mantenemos en las notarías y hemos extendido al entorno digital”, subrayó.

Videoconferencias notariales

Según Martínez Sanchiz, la normativa introduce dos mejoras fundamentales. En primer lugar, la posibilidad de realizar ciertos actos por medio de una videoconferencia en la Sede Electrónica Notarial, que tiene la máxima calificación -nivel alto- en el Esquema Nacional de Seguridad, a la cual se accede a través del Portal Notarial del Ciudadano.

En esta web ciudadanos y empresas pueden solicitar cita con el notario que elijan para pedirle diversos servicios online, como realizar el otorgamiento de algunos poderes o la constitución de una sociedad limitada. También, las videoconferencias notariales van a permitir solucionar situaciones societarias en las que es difícil reunir presencialmente a todas las personas, como ampliaciones de capital o nombramientos de administradores, y facilitar la financiación, agilizando la firma de créditos no hipotecarios o pólizas.

ALBERTO MARTÍNEZ LACAMBRA: «EN APENAS DOS MESES, LOS NOTARIOS HAN DEPOSITADO 1.300.000 PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN LA SEDE ELECTRÓNICA NOTARIAL»

Verificación de la identidad

En lo relativo a la comprobación de la identidad, el presidente del Notariado explicó que “la acreditación en el Portal Notarial supone una verificación inicial, puesto que requiere también registrarse con un certificado electrónico cualificado, Cl@ve Pin o acudiendo previamente a una notaría. Además -continuó- el sistema cruza la información con la base de datos de la policía para comprobar que el carnet de identidad o DNI no ha sido sustraído o se ha perdido”.

Alberto Martínez Lacambra señaló que desde el centro tecnológico del Notariado, Ancert, están trabajando para integrar un software que permite detectar si el documento de identidad que se muestra en imagen es auténtico o se trata de una copia.

Copias autorizadas electrónicas

Esta ley también permite generar copias autorizadas electrónicas de los documentos notariales, que hasta ahora solo podían circular en un circuito cerrado con las administraciones públicas, para que cualquier particular o empresa disponga de ellas mediante un código seguro de verificación (CSV), pudiendo acceder incluso desde su teléfono móvil.

Para Francisco Vidal este es “un instrumento ideal para la empresa” y refuerza la seguridad jurídica, “por la trazabilidad del proceso, especialmente con el uso de estos CSV que permiten conocer la situación actualizada de un documento público en el momento de su utilización”.

Agilidad y eficiencia para las empresas

En España existen cerca de tres millones de sociedades, de las cuales un 93 % son microempresas. Particularmente, “700.000 empresas constan de uno o dos trabajadores y más de millón y medio son autónomos sin empleados. Con estos recursos laborales cualquier medida que lleve a procesos más eficientes es vital”, apuntó Francisco Vidal.

En opinión del director del área económica de Cepyme, poder realizar un acto de forma telemática con varias personas que se encuentran en diferentes lugares, que de otra manera podría verse retrasado varios meses, “ahorra tiempo y dinero porque hay un coste de oportunidad en ciertas operaciones”.

Alrededor del 99% del tejido empresarial de la Unión Europea (UE) está compuesto por pymes y autónomos. Una cifra nada desdeñable desde el punto de vista estadístico que, sin duda, da idea de la magnitud e importancia del colectivo que ansiaba una regulación más efectiva de la morosidad en el pago de sus facturas. Una oportunidad para, de paso, eliminar ambigüedades en los plazos de abono, acotados a un máximo único de 30 días común para toda la UE, que atañe a todas las operaciones comerciales, realizadas tanto con grandes compañías como con Administraciones públicas.

EUROPA PROPONE POR PRIMERA VEZ MULTAR A EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES MOROSAS

El nuevo Reglamento sobre la morosidad (Late Payment Regulation, por su denominación en inglés), cuya aprobación estaba prevista para antes de las elecciones al Parlamento Europeo, en junio de 2024, y que derogaría la vigente Directiva sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, trata de poner coto a una práctica recurrente llevada a cabo, principalmente, por multinacionales e importantes corporaciones al alargar más allá de los límites legales el pago de sus facturas a proveedores, con aplazamientos que, en ocasiones, llegan a superar los 120 días de demora.

Vigilancia reforzada

La futura legislación contempla que sean los propios Estados miembros quienes se encarguen de aplicar el régimen sancionador acordado, respetando siempre el espíritu de la norma, que habla de “sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias”.

El objetivo no es otro que garantizar la aplicación efectiva del reglamento. Para ello, cada Estado designaría a la autoridad, que pueden ser varias, responsable última de su funcionamiento. Entre sus facultades se encontraría la potestad para realizar inspecciones sobre el terreno, así como la capacidad para imponer multas y, en su caso, medidas cautelares al responsable de la infracción.

Cuando se produjera un impago, se pondría en marcha de forma obligatoria, automática y sin que el acreedor siquiera lo solicite, el mecanismo para reclamar los intereses de demora sobre la cantidad adeudada, a lo que habrá que sumar un 8% adicional en función de cómo estén en ese momento los tipos de referencia del Banco Central Europeo (BCE), mientras que para los países de la UE que aún no han adoptado la moneda común, el tipo lo fijaría el respectivo banco central nacional.

Los expertos consideran que la instauración de un régimen sancionador es el único camino para conseguir la reducción en los plazos de reembolso de las facturas, habida cuenta de las dificultades en la materia registradas, por ejemplo, en España, tras múltiples intentos previos y prórrogas parlamentarias para regular este asunto.

LA UE REDUCIRÍA EL TIEMPO PARA AGILIZAR EL PAGO DE FACTURAS A UN MÁXIMO DE 30 DÍAS

Mejoras efectivas

El nuevo reglamento, que derogaría una directiva que data nada menos que de 2011, pretende aportar certeza a pymes y autónomos, dado que la anterior normativa no fue transpuesta por todos los Estados de la UE. O sea, lograr la necesaria armonización en el conjunto de los 27 países que integran el bloque comunitario.

Otra diferencia con el escenario presente es que la inminente legislación poseería un carácter legal reforzado, al tratarse de un reglamento -de aplicación rápida y directa- frente a la actual directiva, lo que facilitaría la eliminación de cualquier tipo de ambigüedad y/o laguna.

Esta iniciativa legislativa forma parte de una batería de medidas emanadas desde la Comisión Europea de cara a apoyar al amplio ecosistema europeo de pymes y autónomos. De hecho, incluye también la simplificación burocrática, histórica demanda de las asociaciones sectoriales, al objeto de que las pequeñas y medianas empresas puedan calcular su base imponible según las reglas del país en el que tienen su sede y, de esta manera, presenten una única declaración de impuestos ante la Hacienda de ese Estado. Una disposición que, según los técnicos comunitarios, reduciría en cerca de un tercio sus costes administrativos, con el ahorro de alrededor de 34.000 millones de euros al año.

La relevancia de esta iniciativa se refuerza, además, con el dato aportado por los expertos de la propia Comisión, al calcular que el recorte en un solo día de los retrasos en los reembolsos podría ahorrarles a las empresas europeas cerca de 160 millones de euros en costes de financiación.

El último de la fila

La propuesta de Bruselas garantizaría igualmente el pago automático de los intereses acumulados y las tasas de compensación, al introducir medidas en este sentido para proteger a las empresas de pagadores olvidadizos.

En este sentido, prevé el resarcimiento por los denominados costes de recuperación, al determinar que el deudor debe pagar de forma automática al acreedor una indemnización por los costes de cobranza. Es decir, una compensación a tanto alzado de 40 a 50 euros, o su equivalente, por transacción comercial abonada con retraso. Con ello, se delimitaría la inequidad que supone que el propio acreedor se haga cargo de los intereses generados por la dilación.

Asimismo, no hay que olvidar que este tipo de situaciones genera un efecto arrastre en la cadena de cobros, como en el caso de las subcontratas en algunos grandes concursos públicos que, en ocasiones, deben esperar un tiempo extra para percibir sus honorarios por parte de los proveedores, en vez de cobrar directamente de la Administración pública en cuestión.

La asimetría y el abuso de poder están presenten en el texto de justificación de las razones para poner en marcha el nuevo reglamento, derivado del paquete de medidas integradas en el denominado SME Relief Package, recientemente anunciado a bombo y platillo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su último discurso sobre el Estado de la Unión.

UNA DE CADA TRES PYMES CERRÓ EN ESPAÑA POR CULPA DE LA MOROSIDAD

No cabe duda de que las condiciones de cada coyuntura financiera afectan a todos los agentes y empresas. Sin embargo, en el reparto de cartas de la competencia empresarial, no es lo mismo jugar la partida económica siendo una multinacional que una pyme. En definitiva, se trata de una esperada iniciativa impulsada desde la Comisión que, en esta ocasión, pone el foco como nunca antes en tratar de equilibrar la balanza de oportunidades entre los Davides y los Goliats.