Vivimos, dicen, en un país familista. Una de las siempre nombradas características distintivas de nuestra sociedad mediterránea es la importancia que las familias han tenido históricamente en promover la cohesión y el bienestar social. Incluso hay quien afirma que la falta de inversión pública en políticas sociales tiene su origen, y su consecuencia, en la existencia y el arraigo de esta estructura social primaria, que ha soportado sobre sus espaldas, y sigue haciéndolo, el bienestar y la protección de sus miembros.

Las familias, que es casi lo mismo que decir las mujeres cuando hablamos de cuidados, han asumido responsabilidades sin apoyos suficientes y con un coste no compartido y poco valorado. Han constituido una red de seguridad funcional, económica y emocional que los profundos cambios sociales y las sucesivas crisis han ido forzando hasta casi la extenuación.

Esta institución, como el conjunto de la sociedad, ha sufrido además importantes cambios en las últimas décadas: la democracia y la modernidad han revolucionado la institución familiar desde fuera y desde dentro. Por una parte, hemos pasado de entender la familia desde una única perspectiva a vivirla, en la teoría y la práctica, en toda su diversidad. La ciudadanía decide de forma cada vez más libre de presiones cómo organizar su convivencia y cómo vivir su dimensión familiar. Por otro lado, hemos pasado del principio de jerarquía familiar al de igualdad. El nuevo paradigma familiar se basa en los principios democráticos de libertad e igualdad entre sus miembros.

Evolución de las familias

Esta evolución de la institución familiar nos muestra una fotografía de la realidad que incluye algunos elementos relevantes que, sin querer ser exhaustiva, describo a continuación en forma de titulares con el ánimo de ayudar a comprender el alcance de esta transformación. En España tenemos cada vez más hogares, pero son progresivamente más pequeños en número de convivientes. Los hogares unipersonales suponen el 26% del total y suponen un 200% más que a principio de siglo. La modalidad de convivencia más extendida sigue siendo la de las parejas con hijos e hijas a cargo, que suponen un tercio del total. Las parejas sin hijos suponen un 20,9% del total de hogares.

Otra realidad en alza la conforman las familias monoparentales, un 10% del total de los hogares. De ellas, un 81,4% son monomarentales, es decir, están formadas por una madre que convive con sus hijos e hijas. Más de 1,8 millones de parejas lo son de hecho y cerca de un millón de ellas tiene al menos una hija o hijo. Las parejas del mismo sexo, que suponen el 1% del total, se han incrementado en 2020 en un 14,6% con respecto al año anterior.

Todo este proceso histórico, sociológico y cultural nos ha llevado hasta donde estamos ahora. El espejo de la pandemia nos ha devuelto a veces una imagen fea de nuestra sociedad, que es difícil ignorar o maquillar. Es imposible aceptar que las tasas de pobreza infantil en España estén entre las más altas de la OCDE y de la Unión Europea, habiéndose incrementado esta cifra considerablemente desde la crisis financiera de 2008 y como consecuencia de la desinversión pública que se produjo desde entonces. El gasto social de nuestro país en políticas de infancia y familia apenas alcanza el 1,3% del PIB, prácticamente la mitad que el promedio de la Unión Europea (2,2%).

Otro de los graves problemas que padecemos es la escasa mirada a la necesidad de conciliación y corresponsabilidad familiar y laboral, que tienen su reflejo en una dinámica demográfica regresiva, que no es nueva precisamente. Todo esto ya ocurría antes de que la COVID-19 irrumpiera en nuestras vidas. Y, a pesar de que la realidad familiar en España es diversa y lo seguirá siendo cada vez más, algunas tipologías de familias no cuentan con un reconocimiento legal adecuado. Muchas parten de una situación de grave desigualdad, por la que precisan de apoyos específicos para poder ejercer plenamente este papel protector.

Es evidente que el sistema de protección familiar en España no ha evolucionado al mismo ritmo que sus transformaciones demográficas y sociales. Aún hoy, por poner dos ejemplos de los muchos que existen, se exige vínculo conyugal para que ambos progenitores figuren en un mismo título de familia numerosa o nos encontramos con prestaciones familiares obsoletas, que han mantenido importes congelados durante lustros. Es innegable que la fragilidad y el fraccionamiento de las políticas de apoyo a las familias en España han sido persistentes durante décadas. En el pasado, las iniciativas legislativas se centraron sólo en grupos familiares específicos (fundamentalmente las familias numerosas) y fueron insuficientes en términos de intensidad protectora e ineficientes en relación con los problemas que pretendían abordar. Porque, en última instancia, siempre estaba la familia para amortiguar los golpes…

Además, se produce otra consecuencia muy particular en nuestro país: la falta de apoyo a la familia y los cuidados ha derivado en que el 28% de las trabajadoras del hogar de la Unión Europea estén en España y una de cada tres viva bajo el umbral de la pobreza. Son los efectos colaterales de la salida al mercado laboral de las mujeres sin un apoyo público para cubrir el cuidado.

Desde Europa, además, nos reclaman reiteradamente acción en materia de protección familiar. En los últimos años, la Comisión Europea ha venido insistiendo a España, mediante sus recomendaciones para nuestro Programa Nacional de Reforma, en la necesidad de mejorar el apoyo a las familias como vía para promover la cohesión social y combatir la desigualdad y el riesgo de pobreza y exclusión. Una sociedad más protegida, más cohesionada, más justa, con mayores cotas de bienestar y dignidad, es sin duda una sociedad mejor.

La OCDE también nos hace sus recomendaciones en esta materia. Desde hace más de un año venimos desarrollado un proceso, apoyado por la Comisión Europea e implementado por la propia OCDE, que está a punto de finalizar y que culminará con la publicación de un Libro Blanco para la protección y el apoyo a las familias en España. Dicho documento contendrá un informe diagnóstico, un informe recopilatorio sobre buenas prácticas de otros países que pueden ser de nuestro interés y un informe final de recomendaciones para abordar una futura reforma de la protección a las familias. Las conclusiones de este trabajo dejan en evidencia la deuda histórica que las políticas sociales en España han tenido con las familias.

Una reforma necesaria

La reforma necesitará contener algunos elementos que son clave para conseguir alinearnos con la media de inversión de la UE en esta materia y con los estándares políticos de los países más avanzados. Será fundamental, entre otras cuestiones, incorporar la diversidad, establecer mínimos compartidos para definir y proteger a aquellas familias más vulnerables, fortalecer el bienestar de todas las familias, incluir las perspectivas de la infancia y la adolescencia y de género, mejorar la conciliación y la corresponsabilidad en los cuidados, mejorar los servicios sociales, educativos y sanitarios de apoyo, el acceso a la vivienda y reforzar la cooperación tanto pública como privada para garantizar la eficacia y la eficiencia de las medidas que se adopten.

Es fundamental, por tanto, acometer una actualización y mejora de nuestro sistema de protección familiar, en la que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 lleva trabajando desde el inicio de la legislatura y que queda recogida, no sólo en el Acuerdo de Gobierno que sustenta el actual Ejecutivo, sino en la inclusión de esta reforma estructural en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España ha presentado en Europa, lo que supone un compromiso reforzado.

Los objetivos que nos planteamos pasan por profundizar en la protección a las familias y reconocer su diversidad, avanzando en su pleno reconocimiento social, económico y jurídico. En definitiva, se trata de dar desarrollo al mandato constitucional del artículo 39.1. Será necesario además atender las necesidades de protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno familiar, atendiendo a su interés superior. Tendremos que mejorar significativamente estos apoyos por varias razones. En primer lugar, para atender las necesidades singulares que afectan a numerosas familias de nuestro país, pero también para ofrecer derechos, dignidad, calidad de vida a todos sus miembros y para afrontar los retos derivados del desequilibrio demográfico de nuestro país, que tanto impacto está teniendo en el conjunto de la sociedad.

Actualmente no existe un marco regulatorio integrado y coherente que describa el alcance y los objetivos del apoyo familiar que debe ofrecer el Estado. Para cubrir este déficit hemos iniciado el trabajo que culminará en una futura Ley de Familias. Se está llevando a cabo mediante un proceso inclusivo, colaborativo y abierto, porque el reto lo merece y porque la sociedad tiene que ser la protagonista de todo lo que le afecta y esto, como comenzaba diciendo, forma parte de nuestra riqueza social y cultural. Necesitamos diálogo e intercambio, pero también determinación para impulsar con valentía políticas de apoyo familiar transformadoras, modernas y adaptadas a nuestra realidad, que pongan a las personas y a las familias en el centro.