15 años de colaboración

EL ESCAPARATE

15 AÑOS DE COLABORACIÓN

El Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del Notariado celebra su 15 aniversario. Tres lustros después de su creación, este organismo cuenta con el reconocimiento de las principales autoridades nacionales e internacionales en materia de delitos económicos y ha consolidado su colaboración con diferentes instituciones -desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las comunidades autónomas- con la creación de nuevas herramientas de trabajo, como la Base de Datos de Titular Real y la de Personas con Responsabilidad Pública. La labor del OCP hubiera sido imposible sin el trabajo y colaboración de los 2.800 notarios españoles, que han dedicado buena parte de su tiempo e importantes recursos materiales y humanos a la tarea de identificar y comunicar operaciones susceptibles de ser sospechosas de lavado de activos.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

@JMCarrascosa

El Ministerio de Economía -dirigido por Pedro Solbes- indicó al Consejo General del Notariado en diciembre de 2004 que creara el OCP. El objetivo era intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en la lucha contra el blanqueo de capitales. Desde entonces, la ayuda notarial ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos. Actualmente los notarios desempeñan una labor determinante en el control y la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude fiscal, y se han convertido en aliados cada vez más imprescindibles del Estado para luchar contra estas lacras.

Pedro Galindo, director del OCP, apunta alguna de las magnitudes alcanzadas en estos quince años de historia: «Gracias al esfuerzo de los notarios se dispone por volumen e importancia de la segunda mayor base de datos de España -sólo por detrás de la Agencia Tributaria-, con información parametrizada de más de 135 millones de documentos públicos; de más de 41 millones de personas físicas y de más de 3,5 millones de personas jurídicas. De media, más del 80% de las comunicaciones que el OCP hace en nombre de los notarios, se acaban investigando por la policía judicial. Se ha contestado a requerimientos policiales, fiscales o judiciales -sólo en materia de prevención de blanqueo- en más de 237.000 ocasiones, de manera telemática y con medias de tiempo que no superan los tres minutos en la mayoría de los casos».

El OCP ha permitido fortalecer la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y con las autoridades policiales y judiciales. Asimismo, facilita enormemente la labor de los notarios, ya que es el propio órgano el que comunica las operaciones con indicios o sospechas.

Desde su creación, el OCP ha suscrito convenios de colaboración con diferentes organismos de la Administración pública, como el Tribunal de Cuentas; la Fiscalía General del Estado; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la Comisión Nacional del Mercado de Valores; la Intervención General de la Administración del Estado; la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos; el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Tesorería General de la Seguridad Social; la Fiscalía Especial Antidroga o la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Índice Único Informatizado Notarial. Los técnicos del OCP son los responsables de analizar (en el marco de la normativa de protección de datos) la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, una gran base -creada por el Notariado en 2004- que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país. Esta base contiene los principales datos de los documentos notariales, grabados de manera desagregada en cada notaría quincenalmente. El equipo del OCP también recibe alertas y avisos de los propios notarios sobre operaciones que les resultan sospechosas, que rastrean e investigan minuciosamente.

El sistema diseñado por el Notariado español garantiza que la información permanezca siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla.

Recientemente, el OCP ha incorporado la tecnología del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) para mejorar el análisis de las redes sociales de personas que puedan estar relacionadas con operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o fraude fiscal. Esta tecnología de análisis de redes sociales y ‘Big Data’ permite relacionar la información de la que ya se disponía y aportar nuevos enfoques, detectando relaciones que de otro modo pasarían desapercibidas. Un nuevo enfoque relacional que es de gran utilidad para desentrañar las complejas operaciones financieras puestas en marcha por las redes de blanqueo.

El OCP ha permitido fortalecer la colaboración del Notariado con el Sepblac y las autoridades policiales y judiciales

Jesús Gascón, director General de la AEAT y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN (derecha) firmando del convenio de acceso a la Base de Datos de Titular Real.
Colaboración institucional

La cooperación institucional es una de las herramientas más efectivas contra el blanqueo de capitales. Tal como prevé la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la información gestionada por el OCP se facilita a los organismos estatales que intervienen en la lucha contra estos delitos y, ante la transnacionalización de la delincuencia organizada, también a sus homólogos extranjeros, en virtud a los acuerdos de colaboración suscritos en esta materia.

Como máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero, la relación con el Sepblac es especialmente intensa. Pero esta información también fluye hacia la Agencia Tributaria, las Haciendas Forales, las consejerías autonómicas de Hacienda, o la Intervención General de la Administración del Estado. Dentro de la lucha internacional, el OCP colabora con diferentes autoridades europeas como la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) o la Europol, además de con la Interpol.

En junio de 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el CGN firmaron un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales. En virtud de este acuerdo, los cerca de 200 consulados facilitarán la información de las operaciones jurídicas y mercantiles que autoricen al OCP.

Formación. Otra de las labores destacadas que se realiza desde el OCP es la formación. Durante los últimos años, sus técnicos han desarrollado un curso de sensibilización en prevención del blanqueo de capitales. Este instrumento formativo contiene una serie de unidades en formato audiovisual que permiten abordar situaciones y casos concretos a los que los notarios pueden enfrentarse en el devenir profesional diario de sus oficinas. El curso se ha remitido a las principales autoridades financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, GAFI…), algunas de las cuales han enviado al OCP su agradecimiento y reconocimiento por dotarles de una herramienta útil y práctica.

Asimismo, el OCP ha organizado cursos presenciales, teóricos y prácticos, en los colegios notariales, dentro del plan de formación para notarios y empleados de notarías, así como para agentes consulares en su función notarial, que también incluye seminarios virtuales desde el portal de formación del CGN (actualmente hay seis cursos de este tipo), con ejemplos de operaciones de indicios de blanqueo. Esta formación se ha impartido a miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, pertenecientes a unidades implicadas en la lucha contra los delitos económicos.

La labor divulgadora en materia de prevención del blanqueo se ha extendido fuera de nuestras fronteras: miembros del OCP han participado, por ejemplo, en cursos organizados por el PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado en Europa y Latinoamérica) en Panamá; por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en Cartagena de Indias, o en una Jornada de la Sociedad del Notariado Cubano en La Habana. Representantes del OCP han presentado sus herramientas ante instituciones internacionales como el GAFI y Transparencia Internacional.

Las instituciones internacionales del Notariado han mostrado su interés por el OCP, como el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) o la Unión Internacional del Notariado. En el marco de su programa de formación Europa para los notarios–Notarios para Europa, el CNUE editó una publicación titulada Lucha contra el blanqueo de dinero: un combate internacional, un desafío europeo, que contó con la colaboración de representantes del OCP. Por otro lado, notarios españoles participaron como ponentes en un seminario en Lisboa sobre blanqueo de capitales, dentro de ese mismo programa. El presidente del CNUE en 2020, el griego Georgios Rouskas, señalaba en una entrevista a esta revista que «la experiencia del Notariado español en materia de lucha contra el blanqueo es un activo inestimable para el CNUE y nos ayuda en nuestros intercambios con el GAFI y las instituciones europeas».

Numerosas delegaciones internacionales, tanto notariales como institucionales, (procedentes de Indonesia, Italia, Bélgica, Argentina, Ucrania, China, Grecia, Serbia, Georgia, Montenegro, Hungría, Estonia, Rumanía…) se han personado en la sede del CGN para conocer de primera mano las herramientas desarrolladas por el OCP. En un artículo en esta misma revista, el director del OCP -Pedro Galindo- señalaba que «el sistema preventivo notarial español de blanqueo se toma como ejemplo en otros países, como Alemania, Japón, Colombia…». En este sentido, el gobierno peruano autorizó un decreto legislativo que daba luz verde al OCP del Notariado del país andino; el OCP y la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia también suscribían un convenio de cooperación para establecer canales para contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales, y ya existen acuerdos similares con Brasil, Costa Rica o Puerto Rico.

Nuevas herramientas.
El Órgano de Colaboración Tributaria (OCT).- En 2007 entró en funcionamiento el Órgano de Colaboración Tributaria para la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Con la puesta en marcha de esta estructura, el Notariado estrechó la colaboración con Hacienda, facilitando información sobre los movimientos de mayor trascendencia tributaria. El OCT traslada mensualmente a la Agencia Tributaria información sobre las operaciones con trascendencia tributaria en las que alguna de las personas no hubiera comunicado al notario el NIF o se hubiera negado a identificar o aportar información sobre los medios de pago empleados en la compraventa de inmuebles. En febrero de 2020 se firmó un nuevo convenio con la AEAT, para incrementar el intercambio de información desde el Índice Único a las Bases de Datos de la Administración Tributaria.

Base de Datos de Titular Real (BDTR).- Desde 2012, y gracias a su función en el ámbito mercantil, el Notariado dispone de la Base de Datos de Titular Real, única en el mundo, que permite a las autoridades públicas identificar a las personas físicas que están detrás de una sociedad, incluso en aquellos casos en las que se constituyen para ocultarse tras complejos entramados societarios. Esta base fue desarrollada por el OCP, previo dictamen favorable de la Agencia Española de Protección de Datos. En ella están identificados de manera acreditada los titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas; 126.000 sociedades anónimas, y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.

El CGN y la Agencia Tributaria suscribieron en febrero de 2020 un convenio en virtud del cual la Agencia puede solicitar información contenida en la BDTR, información que se considera de gran utilidad para la lucha contra el fraude fiscal en relación con la creación de entramados societarios opacos con fines fraudulentos. Otra de sus fortalezas es que permite conocer la titularidad real de numerosas empresas extranjeras que operan en España, tanto si ejercen su actividad de forma directa o a través de una sociedad española.

La BDTR muestra internacionalmente el compromiso de España en luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Fue esencial para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno español en la cumbre internacional de Londres de mayo de 2016.

Se han firmado 82 acuerdos con sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales (desde bancos hasta inmobiliarias) que solicitan información de esta base para cumplir con su deber de conocer quién es el titular real. Desde su creación, jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) han solicitado al OCP más de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales.

Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BDPRP).- Gracias a la información contenida en el Índice Único y en la BDTR, el OCP también ha podido crear la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública, en la que están identificadas: 23.178 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 21.101 personas allegadas (familiares y personas con vinculación profesional o mercantil) y 2.628 sociedades participadas por personas con responsabilidad pública. Los notarios han puesto este archivo a disposición de las autoridades judiciales, de las fuerzas de seguridad del Estado y de otras instituciones responsables de la prevención y lucha contra la delincuencia económica.

En los últimos años, el Consejo General del Notariado ha suscrito convenios de colaboración con diversas entidades públicas -Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, Agencia Valenciana Antifraude, Generalitat Valenciana, Oficina Antifrau de Cataluña,…- para permitir el acceso a las bases de datos notariales (BDTR y BDPRP), de personal autorizado de estas instituciones, de cara a prevenir e investigar delitos de corrupción y posibles irregularidades cometidas por personas o empresas relacionadas con el sector público.

OCP, OCT, BDTR y BDPRP son, quince años después, la punta de lanza del compromiso notarial en la lucha contra la lacra social de los delitos económicos. Su labor e información han permitido rastrear y llegar a otro tipo de delincuencia, como la trata de personas o el tráfico de órganos.

Reconocimiento de la Unión Europea

El OCP ha sido reconocido favorablemente por el Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera del Consejo de la Unión Europea. Los notarios han sido valorados por su colaboración con las autoridades en materia de prevención del blanqueo de capitales y por su permanente actualización y mejora de conocimientos, así como por la centralización de la información y los avances tecnológicos alcanzados, entre los que destaca el Índice Único Informatizado Notarial.

El OCP también ha sido puesto en valor por el Sepblac, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía. Asimismo, la Guardia Civil y la Policía han impuesto sendas condecoraciones a José Ángel Martínez Sanchiz, por la colaboración prestada por los notarios en la lucha contra los delitos económicos.

Numerosas delegaciones extranjeras se han desplazado a la sede del OCP para conocer las herramientas contra el blanqueo diseñadas por el Notariado español. En la imagen, representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera alemana.
Un modelo a seguir

El éxito de la colaboración del Notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales ha sido puesto de manifiesto por diversos organismos, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En su Guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho de 2020 se señala como modelo a seguir el sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España y, más concretamente, la Base de Datos de Titular Real (BDTR).

El GAFI considera que si en España existe una fuente fiable y actualizada de información pública acerca de quién es titular real es gracias a la BDTR: «la información sobre la titularidad real de las sociedades españolas está a disposición de las autoridades competentes con facilidad y rapidez a través del Índice Único Informatizado del Notariado. Las medidas adoptadas por España para gestionar y permitir el acceso a la información constituyen un ejemplo de buenas prácticas para otros países”.

Juan Duarte, director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN (derecha), suscribiendo el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

Para saber más

Artículo de Pedro Galindo, director del OCP: «¿El sistema notarial español de blanqueo es robusto?«

Guía del GAFI donde se pone como modelo el sistema notarial español de lucha contra el blanqueo de capitales

Folleto sobre la colaboración de los notarios en la lucha contra los delitos económicos

Sección «Casos de éxito» del Instituto de Ingeniería del Conocimiento

Revista del CNUE sobre blanqueo de capitales con tribunas de Pedro Galindo, director del OCP, y el notario Ignacio Gomá, presidente del grupo de trabajo antiblanqueo del Consejo de los Notariados de la Unión Europea

Pymes y autónomos – Su momento más incierto

EL ESCAPARATE

Pymes y autónomos

Su momento más incierto

Desde el pasado mes de marzo se han dado de baja en España cerca de 38.000 empresas y la Seguridad Social ha perdido más de 429.000 afiliados. La peor parte se la han llevado pymes y autónomos, a quienes la pandemia ha dejado en una situación crítica. Las ayudas recibidas les han dado un respiro, pero reivindican más apoyo para salir a flote.

ELVIRA ARROYO

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LA CRISIS SANITARIA causada por la COVID‐19 no da tregua a empresarios y autónomos. Las perspectivas de mejora que se vislumbraban tras la vuelta a la normalidad después de la primera ola se han derrumbado con la llegada de la segunda, que ha obligado a imponer de nuevo restricciones a la actividad de muchos negocios para frenar la expansión del virus.

Ante esta realidad y con la amenaza de una tercera ola a partir de enero, las pymes miran al futuro con pesimismo. Según el tercer Barómetro de opinión #LaPymeHabla (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa‐CEPYME, octubre de 2020) más de la mitad de las empresas creen que su supervivencia está en riesgo y el 64% tienen expectativas negativas para los próximos 12 meses. Además, el 4,5% de los pequeños y medianos empresarios han tenido que echar el cierre definitivo, mientras que el 2,6% ha declarado concurso por insolvencia o prevé hacerlo. Solo han logrado reconvertir su negocio el 6,5% de las empresas.

Las perspectivas no parecen mejores para los más de 3 millones de autónomos dados de alta en España. Si bien las cifras de afiliación facilitadas por la Seguridad Social reflejan una tendencia creciente (noviembre se cerró con 3.267.873 afiliados en el Régimen de Autónomos, una cifra que, por segundo mes consecutivo, supera la de febrero de 2020, antes de la pandemia), el 84,8% de estos trabajadores verán reducida su facturación en 2020 y calculan unas pérdidas de 60.000 millones de euros. Así lo recoge la encuesta realizada a finales de noviembre por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), según la cual uno de cada diez autónomos, unos 300.000, creen que van a tener que cerrar su negocio próximamente.

Ayudas. Son circunstancias muy difíciles para un país en el que más del 99% del tejido empresarial lo componen pymes y autónomos. La recuperación económica depende en gran medida de ellos, lo que exige hacer todo lo posible para sostenerlos. Al comienzo de la crisis sanitaria, se activó una línea de avales de hasta 100.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para que empresas y autónomos pudieran atender el pago de salarios, la gestión de facturas, el pago de alquileres y suministros, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, y otras necesidades de liquidez. El aval para pymes y autónomos ascendía como máximo al 80% de la operación. Posteriormente, el Gobierno anunció nuevos avales por importe de 40.000 millones de euros para financiar la inversión empresarial —en lugar del capital circulante— de cara a la fase de recuperación.

Como resultado de estas acciones, a mediados de noviembre de 2020 se habían realizado 876.000 operaciones, el 98% con pymes y autónomos, por un importe de 81.787 millones de euros. Casi un tercio de los créditos concedidos han sido para los sectores del turismo, ocio y cultura, bienes de consumo, industria textil y moda, y comercio al por menor.

También se han autorizado planes específicos para el turismo, la automoción y el transporte. Estos sectores, aparte de ser los más afectados por las restricciones a la movilidad interna y externa, representan más del 25% del PIB español, tienen más capacidad de generar actividad en el resto de ramas, una gran vocación exportadora y un elevado peso en términos de empleo. En concreto, se han establecido planes sectoriales por más de 11.500 millones de euros, instrumentados a través de garantías, créditos o ayudas.

Para saber más

Barómetro #LaPymeHabla. CEPYME Octubre de 2020. Análisis periódico del estado del sector a partir de encuestas realizadas a pequeñas y medianas empresas españolas.

Recursos para pymes y autónomos frente al COVID-19. Acelera pyme.Gobierno de España. Ventanilla única de acceso a las soluciones, servicios, ayudas y herramientas ofrecidas por entidades colaboradoras del sector público y privado.

“Medidas de Política Fiscal en respuesta a la crisis sanitaria en las principales economías del área del euro, Estados Unidos y Reino Unido” (2020). Banco de España. Comparativo sobre las ayudas puestas en marcha por distintos gobiernos en todos en ámbito empresarial y de los hogares.

Buscador de ayudas e incentivos para empresas. Portal pyme. Gobierno de España. Permite hacer búsquedas de todas las ayudas concedidas por comunidades autónomas, sectores de actividad y fecha de publicación.

Las previsiones actuales del gobierno de España son que en 2023 se recuperará la senda de crecimiento económico previo a la pandemia

Por otro lado, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han permitido cubrir en el periodo más duro de la pandemia a casi 3,4 millones de trabajadores y más de 500.000 empresas. A finales de noviembre, el 78% de los trabajadores habían salido del ERTE con una reincorporación prácticamente completa a su puesto de trabajo (superior al 94%). Aun así, noviembre se cerró con 746.900 personas en ERTE, de los que 420.604 pertenecen a sectores ultraprotegidos y empresas afectadas por las restricciones administrativas. En principio, las empresas que vean impedido o limitado el desarrollo de su actividad de trabajo como consecuencia de las limitaciones sanitarias podrán prorrogar sus ERTE hasta el 31 de enero de 2021.

Además, la aportación extraordinaria para autónomos ha cubierto en los últimos meses a 1,5 millones de afiliados, amortiguando la paralización de su actividad. A primeros de diciembre, más de 355.000 autónomos cobraron alguna de las prestaciones aprobadas para paliar su situación, como las concedidas a aquellos que se han visto obligados a suspender temporalmente su actividad por resolución administrativa relacionada con el control de la pandemia. Al igual que los ERTE, las ayudas para autónomos se han ampliado hasta el 31 de enero.

Insuficientes. La digitalización de la economía requiere la transformación de las empresas, especialmente las pymes, con inversión en nuevas tecnologías y la formación de su personal, para lograr aumentar su productividad y rentabilidad. Este es un desafío prioritario tanto para España como para Europa porque, según el DESI 2020 (Índice de Economía y Sociedad Digital publicado por la Comisión Europea el pasado mes de junio), en 2019 sólo un 17% de las pymes europeas utilizaron servicios en la nube, un 12% analizaron los macrodatos y un 17,5% vendieron productos o servicios online.

De hecho, el 53% de las empresas que han optado por un ERTE piensan que no podrán mantener el empleo en los próximos seis meses y que su plantilla disminuirá en los próximos meses. Entre los autónomos, sólo el 15,5% confían en poder conservar la totalidad de su plantilla.

En cuanto a la financiación con aval del Estado, el 47% de las empresas la han solicitado o prevén hacerlo, pero un 25% se quejan de haberse encontrado con dificultades para conseguirla.

La coyuntura es tan preocupante que la pyme española pide con urgencia medidas complementarias para sobrevivir, entre las que destacan una reducción temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, la reducción temporal de impuestos y ayudas económicas directas a las pymes en los sectores más afectados.

 

El mapa empresarial español
Tipo de empresaEmpresas% Variación anual
empresas
Empleo% Variación anual
empleo
Pyme (0-249 asalariados)2.870.0960.22%10.172.518-3%
-Pyme sin asalariados1.588.4432.49%1.588.4432.49%
-Pyme con asalariados (1-249)1.281.653-2.47%8.584.075-3.95%
Grandes empresas (250 o más asalariados)4.783-1.46%5.676.7872.14%
TOTAL2.874.8790.21%15.849.305-1.22%

Fuente: Cifras Pyme. Octubre 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Refuerzos. De momento, el Consejo de Ministros ha aprobado mediante un real decreto ley (en vigor desde el 17 de noviembre de 2020) una serie de medidas adicionales para apoyar la liquidez y la solvencia de empresas y trabajadores autónomos.

Entre otras novedades, se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2021 el plazo de concesión de las dos líneas de avales públicos de hasta 140.000 millones de euros gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las empresas y autónomos que cumplan los criterios establecidos (fundamentalmente no estar en mora ni incursas en un procedimiento concursal) podrán ampliar el plazo de vencimiento de los préstamos desde los cinco años actuales hasta un máximo de 8. Además, podrán gozar de 12 meses más de carencia en el pago del principal, siempre que la carencia total no supere los 24 meses. Las entidades financieras dispondrán de hasta 30 días para aprobar las solicitudes de ampliación de plazos que reciban.

El objetivo es que las empresas que lo necesiten dispongan de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus servidumbres financieras. Por ejemplo, para el crédito medio concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor (77.500 euros con un tipo del 2,5%), que tuviera un plazo de devolución de tres años y ya hubiera agotado el periodo de carencia, el cliente, al tener 12 meses de carencia y extender tres años el plazo de devolución, pasaría de pagar 2.667 euros de cuota mensual a abonar 161 euros los próximos 12 meses y 1.518 euros a partir de entonces.

Incertidumbre. Las hipótesis del Banco Central Europeo sostienen que en 2021 se recuperará el crecimiento económico a escala mundial, con una previsión del 5% para la zona euro. Para España, las estimaciones del Gobierno hablan de un crecimiento superior al 7% en 2021, que podría superar el 9% gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por el que nuestro país recibirá entre 2021 y 2023 unos 70.000 millones de euros de la UE. En 2021, se transferirán 27.000 millones, que supondrán un fuerte impulso de la inversión, especialmente en bienes de equipo.

España ha depositado grandes expectativas en este plan para salir de la actual crisis. Las previsiones actuales son que en 2023 se recupere la senda de crecimiento económico previo a la pandemia. Es más, se espera ese año que el PIB de la economía española se sitúe 6 puntos por encima del nivel que se hubiera alcanzado sin dicho plan.

Sin duda, es un escenario prometedor pero, hoy por hoy, la realidad de millones de empresarios y trabajadores es muy distinta. Aun cuando poco a poco se vaya volviendo a la normalidad, las áreas de actividad relacionadas con el turismo y el transporte tardarán en alcanzar los niveles previos a la pandemia. La brecha se irá cerrando a un ritmo desigual y de forma mucho más lenta para los negocios que sigan afectados de alguna manera por medidas de distanciamiento.

Además, en el horizonte cercano, los empresarios miran con temor a un futuro amenazado por la morosidad. En este sentido, CEPYME subraya que el periodo medio de pago supera los 87 días –la cifra más alta desde 2011– y el 50% de las empresas que sufren mora pueden acabar en situación de insolvencia o cierre.

A eso se suma el peligro que puede implicar el elevado endeudamiento en el que están incurriendo las empresas para evitar su desaparición. En opinión de la Central de Balances del Banco de España, hasta el 10% de las empresas pueden acabar siendo inviables. Este porcentaje se eleva hasta el 30% en la hostelería, uno de los sectores más afectados por las restricciones.

Diferentes políticas fiscales para hacer frente a la pandemia

PAÍSAplazamiento y suspensión de impuestos a empresasSubvención de costes laborales y desempleo, y apoyo a empresasApoyo a empresas (avales, créditos, recapitalizaciones)

España

● Moratoria de seis meses de las deudas tributarias de pymes y autónomos hasta un máximo de 30.000 € por figura impositiva.
● Ajuste del pago del impuesto de la renta para autónomos.
● Flexibilización de los ERTE, extensión de la prestación por desempleo a más colectivos, mayor protección de desempleados con trabajos estacionales.● Avales y garantías públicas (ICO) de 100.000 millones € para préstamos de las empresas no financieras. Aprobada una línea adicional de 40.000 €.
● 2.000 millones € adicionales para exportadores.
● Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (10.000 millones €)

Alemania

● Aplazamiento temporal de impuestos a empresas y medidas impositivas de apoyo a la inversión.
● Reducción del IVA a empresas de restauración durante 1 año a partir del 1 de julio de 2020.
● Relajación y flexibilización del Kurzarbeit (modelo alemán de reducción de jornada) y aumento de las prestaciones.
● Programas de subvenciones y pagos directos a microempresas y autónomos (extendido a todo tipo de empresas).
● Extensión desempleo por 3 meses (hasta 2 años para los mayores de 50 años).
● Tope del 40% a contribuciones a la Seguridad Social
● Programa de avales públicos del banco KfW (presupuestado en 820.000 millones €).
● Creación de un fondo de rescate para grandes empresas: 400.000 millones € en garantías; 100.000 millones € préstamo al KfW; 100.000 millones € para recapitalizaciones.
● Apoyos a sectores estratégicos (aeronáutico).
Francia

● Aplazamiento temporal de impuestos a empresas.
● Se acelera la devolución de créditos fiscales.
● Refuerzo del sistema de desempleo parcial.
● Aplazamiento del pago de seguros sociales, alquileres y suministros.
● Creación del Fondo de Solidaridad para microempresas y autónomos.
● Programa de garantías públicas a empresas de cualquier tamaño a través de Bpifrance por 300.000 millones de euros.
● Apoyo a empresas estratégicas.

Fuente: Banco de España. “Medidas de Política Fiscal en respuesta a la crisis sanitaria en las principales economías del área del euro, Estados Unidos y Reino Unido” (2020).

El diálogo público-privado, clave para la recuperación económica

EN PLENO DEBATE

El diálogo público-privado, clave para la recuperación económica

La crisis sanitaria causada por el Covid-19 ha derivado en una crisis económica generalizada que, en el caso de España, está teniendo efectos particularmente graves con un incremento del desempleo, el cierre de empresas y negocios familiares, la caída en picado del PIB y un aumento del déficit público, entre otros indicadores económicos.

MARTA RUIZ-CASTILLO CALLEJA

[email protected]

LA DESESCALADA apenas ha permitido a la economía recuperar el aliento y, tras los meses de verano, el país se enfrenta a nuevas incertidumbres ante una segunda ola de la pandemia que ya ha obligado a adoptar medidas restrictivas de movilidad y confinamientos parciales. La previsión de organismos nacionales e internacionales no apuntan a una rápida recuperación, por lo que resulta urgente la adopción de medidas dirigidas a la recuperación económica y social del país. En este sentido, se han puesto en marcha varias líneas de actuación, tanto dentro de España como en la Unión Europea que, en ambos casos, requieren del diálogo y el consenso entre el sector público y el privado.

Para ayudar a paliar la crisis, el Consejo Europeo alcanzó el 21 de julio, tras cinco días de intensas negociaciones en Bruselas, un acuerdo calificado de «histórico» sobre una dotación presupuestaria de más de 1,82 billones de euros. En él se incluye, según el documento, un marco financiero plurianual (más de 1,07 billones de euros), y un instrumento, denominado Next Generation, con 750.000 millones de euros de deuda común para contribuir a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por el coronavirus, de los cuales los Estados miembros recibirán 390.000 millones de euros en forma de subvenciones y 360.000 millones de euros en préstamos. «Es un buen acuerdo y, sobre todo, es el acuerdo que Europa necesitaba en estos momentos», dijo el presidente del Consejo, Charles Michel, durante la presentación de las conclusiones.

España recibirá cerca de 140.000 millones de euros durante los próximos seis años. De esta cantidad, 72.700 millones serán ayudas directas y el resto -algo más de 67.000 millones- en préstamos.

Consenso necesario. El reto al que se enfrenta el país es gigantesco y requiere de un esfuerzo general que trasciende el debate político para sacar adelante las reformas necesarias y avanzar en la recuperación económica y social. Desde todos los ámbitos llegan las apelaciones al consenso. «En la recuperación y creación de empleo es necesario que todos los sectores se alíen», subrayó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando presentó en el Congreso de los Diputados los resultados de la Comisión Europea. El Partido Popular va más allá al proponer la creación de una Agencia Nacional para la Recuperación Económica, según informó su presidente, Pablo Casado, tras reunirse con Sánchez en La Moncloa el 2 de septiembre.

Al día siguiente, la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en su intervención en el Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio de España, fue clara al afirmar que «el diagnóstico de la situación es compartido, como también las recetas para hacerle frente. Es más lo que une a la sociedad española que lo que la separa. Es el momento de la unidad, de arrimar el hombro».

La CEOE, mediante su presidente, Antonio Garamendi, ha reiterado públicamente que «sin la confianza de las empresas no es posible la recuperación económica»; una opinión que comparten representantes de las grandes empresas y de la banca, tal y como expresaron en el citado pleno de la Cámara de Comercio de España los presidentes de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; de Indra, Fernando Abril-Martorell; de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; del BBVA, Carlos Torres Vila; la presidenta de HP para España, Portugal, Francia e Italia, Helena Herrero, y la del Banco Santander, Ana Botín. Esta última vino a resumir la opinión de los presentes al afirmar que la reconstrucción «debe basarse en cuatro aspectos: que los proyectos tengan un efecto multiplicador; que estén apoyados sobre el liderazgo empresarial; la capilaridad de las ayudas y la gobernanza, para que haya responsabilidad”. El presidente de la Cámara, José Luis Bonet, destacó la disposición de las empresas a colaborar con los poderes públicos en la salida de la crisis y el papel fundamental que debe desempeñar la Cámara de España y la red de cámaras para que las ayudas europeas lleguen al conjunto del tejido productivo. “Hemos de hacer frente a la situación con decisión, coraje, determinación y visión de futuro, sin dejar a nadie atrás, velando por las personas, por supuesto, pero también por las empresas, que son la pieza clave para la recuperación, la creación de empleo y el crecimiento de la economía”.

En los últimos meses hemos visto cómo se ha reactivado el diálogo entre Gobierno, patronal y sindicatos en torno a la Mesa de Diálogo Social con acuerdos significativos, todos ellos relacionados con la búsqueda de soluciones a la crisis económica provocada por el coronavirus. «El consenso político es imprescindible. Pero no sólo. Este momento requiere de una visión global, de un Contrato o Pacto Social. Es imprescindible el concurso de las organizaciones sindicales y patronales que han demostrado sobradamente durante esta crisis su templanza, sentido común y altura de miras frente a la superficialidad de otros», escribía en su blog el pasado 1 de agosto el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez.

Ejemplos de que el diálogo no sólo es necesario sino también posible son los acuerdos alcanzados en torno a cuestiones como una primera ampliación de los ERTES tras el fin del estado de alarma; el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo firmado el 1 de julio en el Palacio de la Moncloa con una decena de líneas de actuación, y la ley que regula el teletrabajo.

Plan de acción. Los objetivos de la recuperación que defiende Europa y que, en palabras del presidente de la Comisión, Charles Michel, se resumen en «convergencia, resiliencia y transformación» exigen para reparar el daño causado por el Covid-19 «reformar nuestras economías y remodelar nuestras sociedades».

En esa dirección va el Acuerdo para la Reactivación Económica y el Empleo, en el que empresas, sindicatos y Gobierno se comprometieron a «desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores, en particular en el ámbito digital y tecnológico, y la modernización del marco laboral para minimizar el impacto sobre el empleo de crisis futuras, y la actualización de las políticas activas de empleo, de acuerdo con las indicaciones de la UE». Respecto a las reformas que España necesita, el documento incluye también la propuesta de un Pacto por la Industria «que permita al país su imprescindible reindustrialización, con el objeto de diversificar, equilibrar y modernizar la estructura productiva».

Medidas y propuestas -las de la UE y el citado Acuerdo- que también se recogen en las Conclusiones de la Comisión Parlamentaria para la Reconstrucción Social y Económica aprobadas en un Pleno extraordinario celebrado el 29 de julio. En ellas se ponen de manifiesto «algunas debilidades estructurales importantes de la economía española que es necesario corregir», como «la escasa dotación de capital privado y público, un reducido tamaño empresarial, muy concentrado en pymes sin trabajadores y micropymes que, juntas, representaban el 93,5% del total de empresas al término del año 2019»; un factor que hace «menos competitivo al tejido empresarial». Es necesario corregir, añade el texto, el «bajo crecimiento de la productividad», los «bajos salarios reales y recurso excesivo de las empresas a la contratación temporal», una «débil inversión pública tanto en términos de PIB como de porcentaje sobre el gasto público total», una «escasa inversión en ciencia e investigación tanto pública como privada», un «reducido peso de la industria en la economía», y una «tasa de desempleo muy elevada».

Para resolver estas debilidades, se propone «un plan de inversiones, tanto públicas como privadas, que reoriente la actividad productiva hacia criterios de sostenibilidad ecológica y transformación digital, al tiempo que refuerce aquellas actividades con mayor potencial tractor y efecto multiplicador para mejorar la productividad y el crecimiento potencial de nuestra economía». En este sentido, hay una apuesta clara por la participación de las administraciones públicas, empresariales y sindicales: «Se deberá trabajar con los sectores y con los agentes sociales, y en colaboración con las comunidades autónomas y las instituciones europeas en la preparación de planes para los sectores relevantes más afectados por la crisis, como el  turismo, los canales HORECA (distribución de alimentos de hoteles, restaurantes y cafeterías), el comercio, la industria, sectores estratégicos como la automoción, la máquina herramienta y el aeronáutico, y el agroalimentario y el pesquero, así como los sectores necesarios para garantizar la producción local sanitaria estratégica».

Además, a medio plazo, «es necesario poner en marcha un Plan de Inversiones y Reformas para reorientar nuestro modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo, movilizando inversión pública y privada para impulsar la modernización de nuestra economía», así como lograr un Pacto de Estado por la industria, apoyo a las pymes y a los autónomos.

Otros enfoques mismo tema

-Cinco Días: España se enfrenta a una economía destrozada. Las previsiones de los datos económicos, bajada del PIB, aumento del desempleo, del déficit y de la deuda pública no auguran nada bueno a corto y medio plazo.

-Libre Mercado: Una crisis larga: el 62% de los empresarios cree que la recuperación no llegará hasta 2022 o 2023. El diario recoge los resultados del informe de CEOE y la consultora KPMG La empresa española ante la Covid-19, un sondeo que pulsa la opinión de miles de empresarios y directivos.

-ElEconomista.es: El fracaso en la gestión de la pandemia anticipa un ‘otoño negro’ para la economía española. Varios expertos analizan la situación provocada por la pandemia a partir de las preocupantes previsiones a la baja de los indicadores económicos para la economía española.

-Real Instituto Elcano: Las cifras de la recuperación. Enrique Feás, técnico comercial y economista del Estado, analiza el Plan de Recuperación de la CE y recomienda un esfuerzo de sistematización y resumen para entender adecuadamente la importancia y novedad de este avance en el proceso de integración europea.

-Ethic: Tres razones para utilizar el Green Deal en la reconstrucción económica de Europa. Con la pandemia, los objetivos climáticos europeos han pasado a un primer plano en la estrategia de crecimiento económico, y un tercio del presupuesto del Plan de Recuperación irá destinado a la transición ecológica.

Propuestas de las grandes empresas

En la Cumbre Empresas Españolas: Liderando el Futuro, celebrada en junio, los participantes acordaron unas conclusiones a modo de propuestas para salir de la crisis que, según el documento publicado por la CEOE y presentado por Garamendi y el presidente de Inditex, Pablo Isla, se resumen en diez puntos. En ellos se indica, por ejemplo, que «la confianza a través de la seguridad jurídica es fundamental para generar credibilidad y atraer y retener inversiones», al tiempo que se apela al «consenso y diálogo social para llegar a acuerdos que nos ayuden a salir de la crisis». Además, defiende «un marco regulatorio más flexible y adaptado a los cambios de la economía española»; una «colaboración público-privada para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos», así como «conservar el tejido productivo a través de medidas que están funcionando, como los ERTES o las líneas de avales públicos». Otros aspectos clave son «la reindustrialización para generar un empleo de calidad y mejor remunerado; la innovación y digitalización del tejido productivo», sobre todo de las pymes y de la administración pública; «la «estabilidad presupuestaria», y la «igualdad de oportunidades y crecimiento inclusivo a través de la formación y la educación», dado que «la prioridad son las personas y el empleo y no dejar a nadie atrás en la recuperación y en las transformaciones energéticas y digitales, y una apuesta por revitalizar el contrato social».

Si hay un sector particularmente castigado por la crisis, es el formado por pymes y autónomos

La posición de pymes y autónomos

Si hay un sector particularmente castigado por la crisis es el formado por pymes y autónomos. La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), a través de su presidente, Gerardo Cuerva, destacaba a finales de julio el papel desempeñado por las pymes en los primeros meses de pandemia, «que han hecho posible que, a pesar de todo, la vida pudiera mantenerse con cierta normalidad». Después de recordar la importancia que tiene el tejido empresarial, constituido en su mayoría por estas empresas (99,8%), subrayaba que «nada podrá construirse sin las pequeñas y medianas empresas».

Por su parte, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) defiende un plan de emergencia, y con vistas a un otoño e invierno «muy duros», «que prorrogue las ayudas existentes hasta el próximo 1 de abril de 2021, y que facilite la liquidez e impulse el consumo y la demanda con el fin de amortiguar la caída de la actividad y evitar el cierre de empresas y autónomos y por ende la destrucción de empleo», expone su presidente, Lorenzo Amor, a través de la página oficial de ATA. “Si la primera oleada de la pandemia se saldó con un millón de empleos menos, de los cuales 135.000 estaban bajo el paraguas de los autónomos, esta segunda oleada, sin duda, llevará a muchos autónomos al cierre y, a los que son empleadores, a tener que reducir plantilla». Por eso, ATA solicita, entre otras medidas, la prórroga de los ERTES hasta el 1 de abril de 2021; la prórroga del Cese de Actividad Ordinario “especial” hasta el 1 de abril de 2021; extender las líneas ICO de liquidez hasta el 1 de abril de 2021 y prolongar el periodo de carencia hasta 24 meses; reducción temporal de IVA al 50% del tipo en hostelería, turismo, cultura, peluquería y gimnasios, o deducción fiscal a los autónomos en el IRPF y empresas en impuestos de sociedades que hayan mantenido el nivel de empleo en 2020.

Hay que reorientar nuestro modelo productivo hacia un crecimiento sostenible e inclusivo

¿Para cuándo el dinero de la UE?

La CE ha pedido al Parlamento Europeo y al Consejo que alcancen lo antes posible un acuerdo sobre la propuesta legislativa para que el fondo esté operativo a partir del 1 de enero de 2021. La fecha límite de presentación de los Planes de Inversiones y Reformas elaborados por los Estados en función de sus intereses nacionales, pero sobre la base de los criterios acordados previamente entre los 27 en el marco del denominado Semestre Europeo, es el 30 de abril de 2021. No obstante, la Comisión anima a los Estados miembros a que presenten sus planes a partir del 15 de octubre de 2020 y les recomienda «entablar lo antes posible un amplio diálogo político que integre a todas las partes interesadas pertinentes en la preparación de sus planes de recuperación y resiliencia». «El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia será el principal instrumento» para conseguir salir de la crisis, dijo Paolo Gentiloni, comisario de Economía, el 17 de septiembre durante la presentación de las próximas etapas del citado mecanismo, dotado con 672.500 millones de euros en su Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021. El objetivo final es que «la financiación pueda empezar a fluir lo antes posible en apoyo de la recuperación».

Las reformas estructurales que España está obligada a realizar y presentar para recibir los fondos pasan por cambios en el modelo productivo, potenciar el crecimiento y la creación de empleo y, como condición indispensable, una «contribución efectiva a la transición ecológica y digital», según el apartado A19 de las Conclusiones de la Comisión Europea.

Nueva ley de autónomos: apoyo unánime

El miércoles 11 de octubre tuvo lugar en el Senado un hecho que, sin llegar al manido adjetivo de histórico, sí tuvo una característica singular, por inusual: la unanimidad en la aprobación de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que establece un nuevo marco jurídico para este colectivo.

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