«La farmacia comunitaria, un activo frente al Covid-19», por Jesús Aguilar Santamaría

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

JESÚS AGUILAR SANTAMARÍA

Presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos

@Farmaceuticos

Instagram: farmaceuticos_

La farmacia comunitaria, un activo frente al Covid-19

Este 2020 que estamos a punto de despedir nos ha cambiado a todos, personal y profesionalmente. Un año que ha marcado nuestras vidas con la irrupción de una pandemia que nos ha sumido en una verdadera crisis de salud pública. Los farmacéuticos, como el resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud, hemos dado lo mejor de nosotros mismos ofreciendo propuestas para garantizar en todo momento el acceso al medicamento y contribuir a la necesaria prevención del contagio si queremos de verdad frenar este virus.

Lo hicimos desde el primer minuto, antes incluso de proclamarse el estado de alarma, sensibles a que era necesario adelantarse y trabajar en posibles soluciones ante un previsible escenario que podría poner en jaque al sistema sanitario. Así, el 13 de marzo trasladamos a las autoridades sanitarias una batería de medidas dirigidas a proteger a ciudadanos y profesionales de posibles contagios y garantizar siempre el acceso al medicamento. Propuestas en las que siempre ha primado el interés general y la salud de los pacientes.

Entre otros, elaboramos y ofrecimos a las administraciones protocolos para la dispensación de medicamentos a pacientes vulnerables en sus hogares del que se beneficiaron solo en el primer mes de confinamiento más de 850.000 personas; y junto a los Servicios de Farmacia Hospitalaria trabajamos en la dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario a más de 29.000 pacientes de riesgo. Además, se ha garantizado la disponibilidad de los medicamentos gracias a la información de nuestro Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos (CISMED) y a la colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el resto del sector.

El liderazgo español en receta electrónica -ejemplo de colaboración de la Organización Farmacéutica Colegial con las administraciones sanitarias-, nos dotó de las bases para poder renovar con agilidad los tratamientos a los pacientes crónicos, facilitando así su dispensación en las farmacias sin necesidad de acudir al centro de salud. Todas estas iniciativas han permitido reducir contagios y favorecer la adherencia a los tratamientos, pero además han permitido reducir la presión asistencial sobre los hospitales y centros de salud, gracias a la labor de las 22.102 farmacias que han permanecido siempre abiertas.

Los farmacéuticos seguiremos ofreciendo soluciones y cumpliendo fielmente con nuestro compromiso como profesionales sanitarios con los pacientes y el Sistema Nacional de Salud. Un compromiso que no siempre es reconocido por las autoridades, pero sí por los ciudadanos. Así se ha recogido en un estudio que ha valorado nuestra labor en la pandemia y refleja que más del 90% de los españoles destacan el servicio público prestado por las farmacias, que la confianza de la sociedad hacia los farmacéuticos es casi unánime (98%), como también lo es el apoyo a la atención domiciliaria (96,2%).

Desgraciadamente la situación se recrudece, motivo por el que hemos continuado ofreciendo alternativas para que la red de farmacias y sus 54.000 farmacéuticos puedan sumar su capacidad para dar más alcance a la consecución de los objetivos en salud que plantean las administraciones sanitarias en la lucha frente al COVID-19. Es necesario dotarnos de una estrategia de Salud Pública ambiciosa y coordinada para combatir de forma eficaz la pandemia, donde la red de farmacias debe ser un agente sanitario activo de primer orden, en colaboración y coordinación con las autoridades sanitarias, con otras profesiones sanitarias y con las organizaciones de pacientes, como ya se está haciendo en otros países.

En este sentido, hay que potenciar la intervención de los farmacéuticos comunitarios en las estrategias y programas para el cribado, prevención y detección precoz de casos, garantizando la equidad y accesibilidad a todos los ciudadanos, con los protocolos que hemos diseñado y ofrecido al Ministerio y las Comunidades Autónomas. Además, en esta situación crítica es esencial la colaboración de los farmacéuticos en labores de rastreo para el control de brotes, con su participación en el registro y notificación de casos, con el entrenamiento y las instrucciones necesarias para ello.

Una vez volvamos a la deseada normalidad es necesario ser precavidos y contar con un plan de contingencia ante posibles pandemias o crisis de salud pública. En este sentido, el pasado 8 de junio tuve la oportunidad de presentar a la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados todo lo que puede aportar la profesión farmacéutica para mejorar el futuro del Sistema Nacional de Salud. Porque estoy convencido de que el futuro del Sistema Sanitario no se puede construir sin la Farmacia y sin los farmacéuticos, 74.000 profesionales sanitarios en diferentes ámbitos de actuación como hospitales, salud pública y atención primaria, industria e innovación, distribución, docencia, análisis clínicos y farmacia comunitaria.

Las farmacias y los farmacéuticos seguimos de guardia, combatiendo la pandemia, garantizando el acceso a los medicamentos, protegiendo a los pacientes y colaborando con el resto de profesionales sanitarios. Todo ello sin olvidar las necesidades reales diarias de los pacientes más allá de la pandemia, a las que estamos respondiendo basándonos en los tres pilares sobre los que estamos construyendo la Farmacia del futuro: social, digital y asistencial.

En el ámbito social prestando servicios a los colectivos más vulnerables, víctimas de violencia de género, en riesgo de exclusión o con discapacidad. En el ámbito asistencial investigando e implantando servicios que mejoren la salud de los pacientes y contribuyan a la sostenibilidad del sistema, como los desarrollados en torno al seguimiento farmacoterapéutico o la adherencia a los tratamientos. Por último, poniendo el acento en la transformación digital mediante el desarrollo de herramientas para profesionales y pacientes que permitan hacer un mejor uso de los medicamentos o combatir los fármacos falsificados.

Rescatar el plan de pensiones… o no

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Rescatar el plan de pensiones... o no

La  flexibilidad llega con cuentagotas a los planes de pensiones que podrían convertirse en un instrumento más ágil a la hora de planificar el ahorro a largo plazo.

MARIÁN LEZAUN

[email protected]
@mlezaun

Aunque los planes de pensiones han sido una de los productos preferidos por los ahorradores con vistas a la jubilación, sus condiciones no siempre han sido las mejores. Los costes del rescate, los requisitos para su contratación y, en ocasiones, su escasa rentabilidad, los convierten en un producto rígido y poco atractivo para los ahorradores más exigentes. Por eso, el Gobierno ha aumentado las posibilidades de disponer de los ahorros contenidos en estos productos, reduciendo el tiempo de permanencia y, en los últimos meses, debido a la crisis provocada por el Covid-19, estableciendo también requisitos específicos para autónomos y trabajadores que se encuentren en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo).

Los planes de pensiones son una buena opción de ahorro a largo plazo para los inversores más conservadores y para aquellos que buscan ventajas fiscales inmediatas. Pero no siempre son la mejor alternativa para incrementar la renta disponible de cara a la jubilación y muchos partícipes reclaman desde hace tiempo mayor flexibilidad para rescatar el dinero sin tantas restricciones. En esa línea y para facilitar la liquidez, el Gobierno los incluyó dentro de las medidas de urgencia destinadas a hacer frente a la pandemia. Se trataba de permitir que familias y empresarios en apuros pudieran recurrir a sus ahorros y mejorar su situación económica en este momento de incertidumbre. Se abrió así una ventana que ha durado seis meses y que permitía acceder al dinero en mejores condiciones, insistiendo en las reformas iniciadas hace dos años. Hasta ese momento no se podía recuperar el dinero (o parte de él) hasta que se alcanzara la edad de jubilación, aunque se podía conseguir, de manera excepcional, por enfermedad grave o por desempleo de larga duración. Desde 2019, se contempla además la posibilidad de rescatar el dinero en un plazo de diez años para todos los productos suscritos a partir de 2015.

No obstante, según expertos y gestoras, rescatarlos no siempre es la mejor opción ya que se trata de un producto que está diseñado con una clara necesidad de permanencia. Su finalidad es complementar la jubilación futura, y sus objetivos y expectativas deben plantearse a largo plazo. Por eso no se debe comparar con otros productos que existen en el mercado cuyas rentabilidades y condiciones son más a corto plazo y requieren mayor cultura financiera, más seguimiento y una gestión más compleja. Y es que lo primero que hay que tener en cuenta es la situación en la que se encuentra el producto en el momento del rescate, ya que al tratarse de productos adscritos a fondos de pensiones quizá un momento de crisis no es el más apropiado para hacerlo debido a la volatilidad de los mercados. Así, los expertos recomiendan precaución, asesoramiento y ver todas las opciones disponibles antes de hacerlo.

De momento estas medidas excepcionales se han tomado con cautela entre los particulares, y los bancos reconocen que no son tantos los clientes que las han aprovechado pese a que la posibilidad se ha publicitado y los clientes la conocen.

En el caso concreto de los trabajadores autónomos, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) reconocen que “sí que hubo cierto interés al principio, que aumentaron las consultas en torno a este tema, pero una vez analizado el riesgo de rescatarlo de manera urgente, desde la asociación se ha desaconsejado la opción”, explica Celia Ferrero, su vicepresidenta. Ferrero añade también que las medidas “excluyen a muchos autónomos debido a la limitación de las pérdidas y, además, se ponía en juego todo el esfuerzo de ahorro realizado en los últimos años, con lo que eso supone”. En el caso de inversores particulares, todavía no hay datos oficiales de cómo ha calado la medida.

Así las cosas y visto que el plazo para justificar pérdidas o situación de desempleo temporal venció el pasado 14 de septiembre habrá que esperar al próximo paquete de medidas oficiales. Lo más probable es que, dadas las circunstancias, la medida se prolongue en el tiempo. Y es que, dada la coyuntura económica y las previsiones para el año que viene, los ciudadanos necesitan facilidades en todos los sentidos, más si cabe, en la gestión de sus ahorros.

¿Quiénes pueden acogerse a las medidas excepcionales de rescate de planes de pensiones? Hasta marzo, solo los desempleados de larga duración, los enfermos graves y los aquellos cuyo plan cumpla diez años en enero de 2025 eran quienes podían rescatar su plan de pensiones. La nueva normativa especifica que podrán acogerse a esta posibilidad los trabajadores por cuenta ajena en desempleo debido a un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) justificado por la crisis del COVID-19. También podrán hacerlo los empresarios titulares de establecimientos que no hayan podido abrir al público debido a la declaración del estado de alarma del 14 de marzo (artículo 10 del Real Decreto 463/2020). Es decir, todos aquellos que no se hayan considerado de primera necesidad. Y, por último, los autónomos que han cesado su actividad debido a la crisis del COVID-19 y los autónomos que, sin haber cesado su actividad, hayan reducido su facturación un 75 por ciento respecto al promedio de años anteriores.

¿Cuánto dinero se puede rescatar? Según la norma, no se puede rescatar el volumen total de los derechos consolidados, sino la menor de esas cuantías. Los derechos consolidados corresponden a las aportaciones realizadas por el partícipe, así como a la revalorización de los mismos durante el tiempo que dure la contratación. La cuantía máxima se establece actualmente en 1.613 euros al mes, que se obtienen de prorratear el IPREM anual (establecido en los presupuestos generales del Estado) en doce pagas y multiplicarlo por tres. El IPREM es el indicador Público de Renta de Efectos Múltiples que se utiliza como referencia para calcular prestaciones, subsidios, rentas no contributivas o calcular el acceso a becas o viviendas protegidas. No obstante, se debe analizar cada caso teniendo en cuenta el perfil del partícipe: empresarios, autónomos y trabajadores en ERTE, cuyas circunstancias son muy dispares.

¿Qué documentación se necesita? La documentación varía en función del perfil del partícipe del fondo. En el caso de los trabajadores que se encuentren en ERTE, se requiere la comunicación del ERTE o el certificado de la empresa donde se anuncie el cese temporal, la nómina del mes en la que se declara el ERTE y también la anterior a la crisis del coronavirus. Según Bolsamanía, “a estos documentos hay que sumar una declaración responsable donde tú mismo reconoces estar en situación de desempleo por el ERTE”. Como la cantidad de dinero del plan de pensiones que se puede recuperar por el ERTE es limitada, la documentación debe actualizarse cada mes. En el caso de los autónomos, se requiere un certificado fiscal de la AEAT sobre la base de la declaración de cese de actividad y la declaración de IRPF del año anterior o la declaración trimestral mediante el modelo 130.

¿Cómo afecta a la declaración de la renta el rescate? El dinero rescatado del plan de pensiones tributa como renta del trabajo por lo que es muy importante tener en cuenta su impacto en la declaración de la renta. Es decir, el dinero que recibamos puede hacer que ampliemos el tramo de gravamen en la próxima declaración de renta. Además, contar con dos pagadores puede afectar también en el resultado final. De cara al futuro, se esperan además posibles cambios en la tributación del ahorro que podrían reducir o eliminar las deducciones fiscales de estos productos convirtiéndolos en un producto de inversión más. Hay que tener en cuenta que no está sometido a tributación el cambio de un plan a otro ya que el partícipe no está haciendo efectivo el rescate.

Por si las dudas

Simulador. En la página de Finect, una plataforma que ayuda a los ahorradores a comparar diferentes productos financieros, se puede acceder a un simulador que te permite conocer cuál es la mejor opción para rescatar tu plan de pensiones y en qué momento es mejor hacerlo.

ATA: La publicación digital para emprendedores y autónomos de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA) explica en un artículo cómo afecta la medida anti crisis a los trabajadores autónomos.

Adicae: La web corporativa de la asociación de usuario de banca dispone de una guía práctica sobre los planes de pensiones y sus posibilidades de rescate. Además ofrece un simulador para conocer cómo se comportará tu plan y calcular los costes del rescate.

Escritura Pública: En nuestra revista informamos sobre cambios normativos que afecten a los consumidores. También hemos explicado cómo funcionan los planes de pensiones y cuándo conviene contratarlos.

Según expertos y gestoras, rescatarlos no siempre es la mejor opción ya que se trata de un producto que está diseñado con una clara necesidad de permanencia
El mercado

Los fondos y planes de pensiones que operan en España -tanto individuales como de empresa- gestionan en la actualidad 111.827.867 millones de euros, según datos de Inverco, la patronal del sector, a junio de 2020. El número de partícipes, por su parte, supera los 9,5 millones (7,4 millones en planes individuales y otros 2 millones en planes de empresa). El mercado lo lideran actualmente tres bancos: Caixabank, BBVA y Santander. Desde Inverco destacan el comportamiento de los planes individuales que han recuperado los niveles previos a la crisis del coronavirus. El crecimiento continuado en los últimos meses ha incrementado el patrimonio de estos planes en más de 5.200 millones de euros.

Más de 9 millones de españoles cuenta con un plan de pensiones individual o colectivo

«Planes de pensiones: posibilidades de rescate en época de crisis», por Ricardo Nogales

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

RICARDO NOGALES


Abogado. CECU – Confederación (de ámbito estatal) de Consumidores y Usuarios
www.cecu.es / @CECUconsumo

Planes de pensiones: posibilidades de rescate en época de crisis

Hablar de los efectos económicos causados por la pandemia del Covid-19 tiene cierto componente de frivolidad dada la magnitud de la catástrofe humanitaria que hay detrás de la enfermedad. Sin embargo, no podemos olvidarnos de los aspectos más crematísticos y abordar cómo cubrir aquellas parcelas que, si bien menos dramáticas que la ausencia de salud, son muy necesarias para continuar, dentro de lo posible, con unos niveles de bienestar similares a los previos a la pandemia.

La afectación social de la Covid-19 ha sido muy dispar, y como suele suceder en estos episodios unos pocos salen favorecidos y los más sufren algún perjuicio. No todos los trabajadores han tenido la suerte de poder trabajar desde casa, o que su empleo sea de los que lo permite, o que la empresa para la que trabajan haya podido mantener su volumen de actividad, o que el autónomo -si fuera el caso- haya conservado un nivel de negocio tal que le haya permitido mantener siquiera una mínima facturación. Otros han tenido que reinventarse: lo hemos visto con las fábricas de ropa, reconvertidas en fábricas de mascarillas y material sanitario; con los hoteles, ofreciendo habitaciones como oficinas o alojamientos semi hospitalarios; con los restaurantes tradicionales preparando comida a domicilio; o en el sector musical, dando al streaming el impulso digital definitivo que necesitaba. 

Pero otros muchos no han podido adaptarse, o al menos no con la suficiente velocidad. Quien por sus circunstancias personales ha padecido las consecuencias adversas de la pandemia, ha tenido a su disposición alguna de las medidas económicas que se han adoptado desde el pasado mes de marzo. La medida estrella ha sido el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), sufrido, en mayo de 2020, por uno de cada cuatro trabajadores (casi 3,4 millones de empleados en total), situación que después del verano aún sufren 0,7 millones. Pero no ha sido la única. Medidas tributarias (por ejemplo aplazamiento de declaraciones fiscales) o flexibilización de la financiación de las entidades locales, han sido algunas medidas públicas; y otras han afectado al sector privado, algunas gracias a la propia iniciativa de cada empresa, y otras por imposición legal, como las moratorias hipotecarias, el apoyo a colectivos vulnerables (mediante bonos sociales para el pago de suministros domiciliarios) o, como en el sector ahora protagonista, flexibilizando el rescate de planes de pensiones. No debe confundirse el plan con el fondo de pensiones, patrimonio este último creado al exclusivo objeto de dar cumplimiento a planes de pensiones, de cuya gestión, custodia y control se encarga una entidad promotora.

El plan de pensiones es un instrumento financiero por el cual se hacen aportaciones para posteriormente percibir rentas o capitales, siempre en los términos del plan suscrito. Está destinado a mejorar la situación económica tras la jubilación del cliente (denominado partícipe en este tipo de servicios). Por su propia naturaleza tiene restringidas las posibilidades de disponer del capital al que se tenga derecho. La causa normal para ello (art. 8 del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre) será la jubilación, la incapacidad permanente total o absoluta, la gran invalidez, el fallecimiento o la dependencia del partícipe. Sin embargo y de manera adicional, extraordinaria podríamos decir, también se permite ese rescate («hacer efectivos sus derechos consolidados», en la terminología legal) en caso de desempleo de larga duración o enfermedad grave, concurriendo los requisitos descritos para cada situación según detalle que recoge el art. 8 del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones. Se trata de supuestos tasados porque, lógicamente, cuando se configura el plan de pensiones para su comercialización, se tiene en cuenta cuál pueda ser la razón para la satisfacción de las prestaciones, distinta a la mera voluntad del partícipe.


Esta posibilidad de rescate, además de parcial se compadece mal con la segunda oleada de pandemia surgida tras el verano


 

Pero como decíamos al principio, algunas medidas públicas adoptadas con motivo del Covid-19 han afectado al sector privado (en el que se sitúan las promotoras de los planes de pensiones), mediante la ampliación de los supuestos en los que se puede rescatar el capital: desempleo a consecuencia de un ERTE derivado del Covid-19, o haber cesado la actividad empresarial o profesional con motivo de la enfermedad (disposición adicional vigésima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo). Esta posibilidad de rescate, además de parcial (con un máximo de poco más de 1.600 € mensuales), ha estado limitada en el tiempo (al igual que ya sucedió con la posibilidad de rescate por desahucio, disposición adicional 7ª del Real Decreto Legislativo 1/2002), lo que se compadece mal con la segunda oleada de pandemia surgida tras el verano.

¿Necesita un seguro de salud?

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

¿Necesita un seguro de salud?

El 25% de los españoles cuenta con un seguro privado de salud, según datos de la patronal del sector Unespa.

El sector asegurador ha vivido meses de intensa actividad debido a los problemas ocasionados por el Covid-19. Una actividad que ha sido frenética en el caso del ramo de la salud. En un momento en el que la sanidad pública estaba colapsada y en el que la atención médica permanecía centrada en la pandemia, contar con un seguro sanitario privado ha sido una gran baza para muchos ciudadanos.

MARIÁN LEZAUN

[email protected]
@mlezaun

AHORA LAS aseguradoras esperan nuevas contrataciones debido a este inesperado impulso y al reconocimiento social del sector, que puso a disposición de la sanidad pública todas sus instalaciones y muchos medios. Sin embargo, antes de elegir, el consumidor debe leer muy bien la letra pequeña y definir muy bien qué es lo que necesita.

El 25% de los españoles cuenta con un seguro privado de salud o lo que es lo mismo, hay más de doce millones de personas que disponen de coberturas privadas en caso de padecer alguna enfermedad, según datos de la patronal del sector, Unespa. El negocio de la salud privada, formado actualmente por una veintena de compañías, ingresó el año pasado más de 7.700 millones de euros. Unos números más que rentables si tenemos en cuenta que en España los seguros de salud son voluntarios y que la sanidad pública goza de gran prestigio.

Perfil del asegurado. Hoy, el perfil del asegurado medio es el de una persona que prima la rapidez del servicio, la disponibilidad del cuadro médico y, en menor medida, el precio. No obstante, se trata de un producto bastante asequible si lo comparamos con otros países donde el coste de un seguro médico es mucho mayor: en España encontramos productos destinados a personas de 40 años en los que la prima mensual apenas supera los 40 euros, según recogen varios comparadores de precios disponibles en internet. Por eso, se trata de un sector con buenas perspectivas de crecimiento, aunque desde la patronal se muestran cautelosos a la hora de dar cifras. En concreto, hasta un 27% de los encuestados que carecen de seguro de salud, indican que podrían contratar uno en el corto plazo, según un estudio llevado a cabo por la firma de consultoría Bain & Company. Y aunque durante el estado de alarma ha sido complicado registrar nuevas altas, “los asegurados han estado muy pendientes de mantener sus derechos en vigor”, apuntan desde la patronal. Ahora que la situación vuelve poco a poco a la normalidad, las compañías esperan que el negocio siga muy activo y aumente el número de clientes personales. Según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un 68% de los asegurados paga la póliza de su bolsillo, mientras que al 13% se lo costea íntegramente su empresa y otro 9% lo paga en parte. Además, existe un 8% de asegurados a través de las mutualidades de funcionarios que existen en nuestro país: Muface, Isfas y Mugefu.

A la hora de elegir un producto, los expertos recomiendan fijarse en el uso que se le va a dar y no tanto en el precio. Elegir bien las coberturas y la forma de pago de los servicios es el primer paso para no llevarse sorpresas.

¿Cualquier persona puede contratar un seguro sanitario privado? En España para poder contratar un seguro de salud solo hay que ser mayor de edad y tener la residencia en el país. Sin embargo, puede que algunas aseguradoras pongan inconvenientes al consumidor según su historial clínico. Hay casos en los que el gasto sanitario del paciente es tan enorme que la póliza resulta demasiado cara y poco aconsejable para el tomador. Pero salvo excepciones, la mayoría de los clientes no tienen problemas a la hora de resolver el cuestionario de salud previo que las aseguradoras realizan a sus posibles usuarios. Las preguntas de dicho trámite no se limitan a conocer tu estado actual o enfermedades que hayas tenido anteriormente, sino que también se refieren a la frecuencia con la que se acude al médico o las pruebas o intervenciones quirúrgicas previstas para el futuro.

 


Para poder contratar un seguro de salud solo hay que ser mayor de edad y tener la residencia en el país


 

¿Cuál es el perfil del asegurado? El retrato del usuario de la sanidad privada corresponde a una persona de entre 35 y 50 años, en su mayoría mujeres, que vive en grandes ciudades y que prefiere contar con varias opciones a la hora de acudir al médico y sobre todo saltarse las listas de espera del sistema público. Pero las cosas están cambiando y ese perfil de consumidor es cada vez más variado y también crece el negocio en las zonas rurales y entre personas mucho más jóvenes que comienzan a plantearse una contratación.

¿Qué clases de seguros existen? Lo primero que hay que saber es que no todos los seguros son iguales y que cada consumidor debe elegir el que mejor se ajuste a sus necesidades. El asegurado debe tener en cuenta sus condiciones físicas, la edad, la asiduidad con la que acude al médico y también su presupuesto. Así, si se opta por un seguro de salud sin copago, el cliente paga una única cuantía (más alta), pero con la que podrá usar todos los servicios médicos que necesite. La ventaja principal de este tipo de póliza es que el cliente tendrá siempre la seguridad de pagar la misma prima, sin tener que hacerse cargo de pagos adicionales. En el caso de los seguros con copago, el cliente paga una prima menor, pero a cambio se hará cargo de un porcentaje de lo que cuesten los servicios del cuadro médico. Antes de contratar un seguro de salud con copa-go, es necesario asegurarse del precio de los distintos servicios médicos que entran en el seguro, para luego no llevarse una sorpresa desagradable. El precio de los copagos es diferente en cada aseguradora, que suelen incluir límites anuales.

 


Antes de elegir, el consumidor debe leer muy bien la letra pequeña y definir qué es lo que necesita


 

¿Qué coberturas ofrecen? Por lo general, los seguros de salud incluyen coberturas como la asistencia médica y quirúrgica; el internamiento en clínicas y hospitales; las urgencias; las pruebas diagnósticas; las intervenciones; la medicina preventiva; la asistencia durante embarazo y el parto; la planificación familiar; la fisioterapia y la rehabilitación, entre otras muchas. Además, estos servicios básicos pueden complementarse con determinadas prestaciones de carácter económico. Por ejemplo, se pueden contratar coberturas para accidentes personales o tratamientos especiales, como la conservación de las células madre del cordón umbilical. El resto de las coberturas suelen estar sujetas a franquicias: es el caso de las prótesis, de algunos tratamientos odontológicos o de las vacunas.

¿Existe un límite de edad para contratar un seguro de salud? No existen restricciones por edad a la hora de con-tratar un seguro sanitario. Sin embargo, en el caso de los productos estándar sí que podemos encontrar algún límite que se sitúa entre los 64 y los 69 años. Lo que sí existe son pólizas de salud diseñadas específicamente para personas de edades más avanzadas, con servicios adicionales que no necesitan las personas más jóvenes. Las compañías de seguros consideran que las personas más mayores van a hacer un mayor uso de los servicios y por eso las pólizas son más caras. Ocurre lo mismo en el caso de las mujeres más jóvenes, debido a las posibles consultas ginecológicas, embarazos o tratamientos de fertilidad.

¿Tienen ventajas fiscales? Los seguros de salud son un gasto deducible en el caso de los autónomos. Las pymes y empresas sujetas al impuesto de Sociedades podrán deducirse el 100% del gasto abonado en concepto de seguros médicos de sus empleados. En el caso de los trabajadores con seguro a cargo de la empresa, la prima recibida no tiene carácter de retribución en especie y está exenta de tributación.

Los seguros ante la pandemia

LAS aseguradoras del ramo de salud han llevado a cabo diferentes acciones para mantener el nivel de los servicios sanitarios asistenciales de sus asegurados durante el estado de alarma, según fuentes oficiales de Unespa, la patronal del sector asegurador. Así, en líneas generales, se han introducido algunos cambios y adaptaciones durante este tiempo en relación a cuestiones como la posibilidad de realizar consultas y videoconsultas online y se ha potenciado la consulta telefónica. Además, la mayoría de las empresas ha abierto un servicio de información 24 horas para preguntas relacionadas con el Covid-19. Los llamados chatbots (respuestas automáticas) médicos han sido otra alternativa para la obtención de información relativa a esta pandemia y para el contacto con los diferentes especialistas del cuadro médico. Otra de las novedades ha sido el seguimiento de los pacientes que han contraído el Covid-19 una vez que éstos han recibido el alta médica. Esta monitorización se ha llevado a cabo a través de contacto telefónico o mediante videollamadas. A su vez, se han reforzado los programas de atención y seguimiento domiciliario de los pacientes crónicos, de manera que se han incorporado protocolos específicos en caso de que dichos pacientes hubieran contraído el virus.

Los seguros de salud son un gasto deducible en el caso de los autónomos.

Las quejas de los asegurados

RECONOCEN en Unespa, la patronal del seguro, que “el ramo de salud recibe muy pocas quejas o reclamaciones en relación con el nivel de actos médicos que se llevan a cabo al año; cifra que llega alcanzar alrededor de los 100 millones de actos”. “Ese reducido número de quejas recibidas son relativas a los incrementos de las primas, debidos principalmente a la incorporación de los nuevos avances médicos y los medios de diagnóstico más evolucionados en la prestación de los diferentes servicios sanitarios”, señalan. Durante la pandemia lo que ha existido es una mayor preocupación de los usuarios sobre sus derechos, pero en líneas generales las dudas se han resuelto a tiempo. Según un estudio realizado por la consultora Deloitte, los asegurados han manifestado inquietud por saber cómo quedaban cubiertos ante la infección y su tratamiento, que en la mayoría de los casos se han atendido sin problemas.

Por si las dudas

Estamos seguros.

La asociación empresarial del seguro, Unespa, está detrás de esta plataforma que promueve las ven-tajas de contar con productos de previsión y que destina una sección al seguro de salud, donde explica todo lo que debes saber antes de contratar un seguro médico privado.

Acierto. El comparador de seguros online cuenta con una guía en la que se incluye toda la información necesaria antes de contratar un seguro médico privado. Permite personalizar las necesidades y obtener precios en muy poco tiempo.

«Asegurar el futuro, cuestión de salud», por José Ramón Lozano

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

JOSÉ RAMÓN LOZANO PETIT,

secretario general de la Federación UNAE

@_UNAE_

Asegurar el futuro, cuestión de salud

LA pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha hecho estragos en una generación, la de los mayores, que ha sufrido otras crisis de nuestra historia como la posguerra y que ha sido protagonista de la transición. Aunque el problema ha sido especialmente grave en las residencias de ancianos, también ha afectado a muchas personas que tenían suscritos seguros de salud con compañías privadas.

Los mayores de sesenta y cinco años representan a un colectivo cada vez más numeroso, muy heterogéneo, pero con necesidades específicas. Se calcula que en 2060 en Europa la proporción de mayores se encontrará en torno a una de cada tres personas, y España se sitúa a la cabeza de este envejecimiento demográfico a nivel mundial. Esta tendencia sin duda va a suponer un gran cambio social y un enorme desafío asistencial.

Aunque en la actualidad ya no puede considerarse ancianas a las personas que alcanzan los sesenta y cinco años, pues la mayoría llegan a esta edad en mejores condiciones físicas y de salud que las de generaciones anteriores, con los años aumentan significativamente las dolencias y las enfermedades crónicas o que generan dependencia, lo que incrementa el gasto sanitario. Y estas particularidades tienen su reflejo en los seguros médicos. Así, el coste de una póliza de asistencia sanitaria aumenta exponencialmente con la edad, y a partir de sesenta o sesenta y cinco años suele duplicar el importe de la prima para una persona menor de treinta.
Además, como todos los seguros, estos se renuevan anual-mente de forma tácita, es decir, si ninguna de las partes manifiesta con determinada antelación su voluntad de rescindirlo. Sin embargo, muchos usuarios desconocen esta circunstancia por lo que creen, erróneamente, que estas pólizas son indefinidas, mientras se continúen pagando las primas. Por eso, la realidad es que muchas personas se sorprenden cuando su aseguradora les comunica que les rescinden el seguro sanitario cuando más lo necesitan. Efectivamente, muchas compañías extinguen la póliza cuando el usuario cumple una determinada edad, generalmente entre los sesenta y los setenta y cinco años. En otros casos, las compañías aumentan el precio de las primas a los mayores de sesenta años, situándolo generalmente por encima de los cien euros mensuales, en los supuestos más favorables, llegando a superar los doscientos euros, un coste inasumible para la mayoría de pensionistas.

No obstante, ante un aumento de precios que no haya sido notificado con anticipación, el asegurado pue-de cancelar la póliza sin el preaviso exigido legalmente, pero esto no resuelve el problema de los mayores que dejan de tener cobertura sanitaria privada, porque muy pocas asegurado-ras aceptan nuevos clientes de esas edades, incluso si han tenido suscrita una póliza de salud con otra compañía durante muchos años. Este problema es grave especialmente cuando las listas de espera en la sanidad pública han aumentado mucho y donde se limita el número de pruebas o las visitas a especialistas, y especialmente ahora, debido a la saturación provocada por la crisis del Covid-19, que ha llegado a colapsar los servicios de urgencias públicos.

Estas subidas de precios y rescisiones unilaterales de pólizas, que reflejan el aumento del riesgo en función de la edad del asegurado, son uno de los principales motivos de reclamación ante la Dirección General de Seguros, aunque desde 2015 las compañías deben informar a los asegurados de los precios para cada tramo de edad antes de contratar la póliza, y publicarlos además actualizados en su página web.

No obstante, algunas compañías aseguradoras intentan adaptarse a las circunstancias demográficas, ya que el CSIC prevé que para el año 2050 más de trece millones de personas tengan más de sesenta y cinco años, y que los octogenarios superen los cuatro millones. Este envejecimiento poblacional ha sido muy rápido, como consecuencia de una mayor longevidad, pues en menos de treinta años se ha duplicado el número de mayores de sesenta y cinco años, proceso acentuado por la baja tasa de natalidad que se viene registrando desde mediados de los años setenta.

 


«Muchas compañías extinguen la póliza cuando el usuario cumple una determinada edad, generalmente entre los sesenta y los setenta y cinco años»


 

Por eso las compañías ensayan nuevas alternativas, como ofrecer precios más bajos en pólizas familiares, que incluyan al menos al asegurado y su cónyuge; pólizas supervisadas por especialistas en geriatría, que actúen como filtro para acceder a los especialistas y pruebas, u otras que excluyen la hospitalización a partir de los sesenta y cinco años, pero la fórmula más habitual es la póliza de cuadro médico con copago, que permite reducir la prima por-que disminuye las visitas a las consultas médicas.

Finalmente, han aparecido recientemente algunos seguros de dependencia, aunque aún son muy incipientes y tendrán que evolucionar. En la práctica se concretan en una indemnización o renta, la prestación de servicios asistenciales, o incluso una combinación de ambas modalidades, con un tratamiento fiscal favorable.

En definitiva, dado que las diferencias de precios entre las compañías suelen ser considerables porque, como se ha indicado, las coberturas son muy diferentes, antes de contratar un seguro de salud es imprescindible comparar atentamente las condiciones generales y particulares de cada póliza, la denominada comúnmente “letra pequeña”, especialmente a las prestaciones que incluyen y que excluyen cada una, solicitando incluso asesoramiento especializado. Estas exclusiones de coberturas también dan lugar a numerosas reclamaciones, ya que en muchos casos no están especificadas en las pólizas, por lo que resultan abusivas.