Capaces de decidir: reconocimiento jurídico de las personas con discapacidad fue el tema elegido para la segunda edición del foro Diálogos para la Seguridad, organizado a finales de junio. Almudena Castro-Girona, directora de la Fundación Aequitas y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL), y Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), participaron en este diálogo, que fue moderado por el periodista José Ramón Patterson.

La reciente aprobación de la ley de apoyo a las personas con discapacidad fue el punto de partida de este diálogo. El próximo 3 de septiembre entrará en vigor la nueva normativa, que afectará a dos millones y medio de personas en situación de incapacitación judicial.

Sobre este asunto, el representante del CERMI señaló “las carencias de la Administración de Justicia y su infradotación. Existe miedo a que la aplicación práctica de la reforma esté abocada al fracaso, por lo que hacemos una apelación a la Administración de Justicia y a las comunidades autónomas para que realicen dotaciones en personal y tecnología con el fin de que la implantación legislativa sea real y no se encuentre ante un ‘cuello de botella’. En definitiva: que los poderes públicos acompañen a esta ley con la necesaria dotación de recursos materiales y humanos».

Por su parte, Almudena Castro-Girona coincidió en señalar que «a partir de septiembre queda proscrita cualquier prohibición de derechos contenida en una sentencia. Se revisarán todas las anteriores en el plazo de tres años, lo que supondrá un trabajo muy duro para jueces y fiscales. Dicha revisión podrá ser solicitada por la propia persona o sus familiares; aunque también puede demandarla de oficio el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial».

«Es una reforma acertada realizada en la buena dirección -resaltó Luis Cayo Pérez-. Durante siglos nos hemos encontrado con el axioma: todo para las personas con discapacidad, pero sin ellas’. Podemos decir que se ha revertido la situación y las personas con discapacidad van a dejar de estar en una posición secundaria; ahora adoptarán una posición de promoción donde ellas mismas configurarán su vida».

Castro-Girona, por su parte, hacía hincapié en que la ley «elimina la mayor barrera para la discapacidad: el sello estigmatizador de la incapacitación». Sobre las nuevas competencias notariales recogidas a la hora de configurar el sistema de apoyos, la directora de la Fundación Aequitas señaló que «el legislador ha optado por un doble sistema. No todo el mundo tendrá que estar abocado al ámbito judicial, ahora se diversifica para poder acudir de manera extrajudicial al notario. Para nosotros no es algo ajeno a nuestra función. Supondrá un reto dar forma jurídica a los anhelos de las personas con discapacidad».

Para el representante del CERMI, el nuevo horizonte pone fin a una situación en la que «muchas vidas silenciadas, con daños cerebrales o autismo -por ejemplo-, sufrían una especie de subsidariedad, una situación de pasividad sujeta a intermediarios. Una suerte de muerte civil que toleraba prácticas inaceptables e infames para una sociedad avanzada como la española, como la prohibición del derecho de voto o la esterilización forzosa».

Cayo definió la llegada del 3 de septiembre como la culminación de una «revolución silenciosa, amable, de ‘terciopelo’… que no es destructiva ni pretende derribar lo anterior. Ahora, la persona es la que decide y hay que respetarlo».

Para concluir, la directora de la Fundación Aequitas manifestó que «hará falta un cambio de mentalidad en toda la sociedad y la Administración. Por fin, el colectivo de la discapacidad podrá ejercitar la capacidad jurídica en condiciones de igualdad».