«La ‘mochila austríaca’ nos sigue siendo ajena», por Fernando Fernández Méndez de Andés

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FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS
IE Business School

 

 La ‘mochila austríaca’ nos sigue siendo ajena

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La vicepresidenta Calviño ha declarado que no existe consenso social para aprobar la llamada mochila austríaca. Quiere decir que los sindicatos han ejercido el derecho de veto que les ha otorgado el presidente del gobierno sobre esta y cualquier otra reforma estructural que pueda aliviar el déficit crónico de empleo de la economía española. Abandonemos pues cualquier esperanza de que el tantas veces publicitado Plan de Recuperación y Resiliencia sea algo más que un nuevo Plan E III, por mucho adjetivo moderno (léase sostenible, inclusivo, diverso) y mucha perspectiva de género que pueblen sus páginas.

La mochila austríaca es sencillamente un instrumento inteligente para limitar la dualidad del mercado de trabajo español. Esa que divide a los trabajadores por su fecha de nacimiento entre indefinidos y temporales, entre protegidos y abandonados a su suerte. Pero tiene un problema. Independiza al trabajador, le hace dueño de su destino, porque le hace propietario de un fondo de ahorro para hacer frente a la esperada volatilidad de su vida laboral. Me explico, la mochila austriaca es una cuenta de ahorro forzoso que trabajador y empresa constituirían mensualmente y de la que el trabajador podía disponer libremente en dos situaciones: si está en desempleo o en el momento de la jubilación. El dinero es suyo, sin discusión ni intervención judicial.

La mochila austríaca permitiría al trabajador reducir la incertidumbre sobre la disminución de su renta disponible asociada al despido y aliviaría los problemas de liquidez de las empresas que en momentos de recesión agravan la caída del empleo. El trabajador podría financiar un cambio voluntario de empleo, lo que es especialmente positivo en un momento en que la digitalización y la globalización están convirtiendo en obsoletos muchos hoy “buenos empleos” y en el que existe un amplio consenso en que la economía española necesita un cambio profundo en su estructura productiva. Desde el punto de vista del empresario, permitiría ajustar plantillas en función de la productividad y de la demanda esperada de las distintas cualificaciones profesionales, y no solo desde la antigüedad y el coste del despido. Se podría además acabar con la picaresca de los despidos pactados para poder cobrar la actual indemnización por despido y abaratar la factura del desempleo, contribuyendo a mejorar la salud financiera de la Seguridad Social.

La movilidad laboral es una asignatura pendiente, necesaria en la modernización de la economía española. La mochila austríaca es un conocido instrumento de política social, de eficacia probada, que permitiría aumentar la movilidad a la vez que se fomenta la contratación indefinida, se reduce la dualidad y se mejoran los incentivos a la formación interna en las empresas. Si el empresario pudiera elegir a quién despedir en caso de necesidad, en vez de verse restringido por el coste, estaría más dispuesto a invertir en la formación de los mejores. Si el trabajador sabe que es propietario de una cuenta de ahorro personal para cubrir el desempleo, le tendría menos miedo, pero también optimizaría el tiempo de permanencia en el desempleo para poder usar el remanente cuando se jubile. Los economistas sabemos por la evidencia que los parados españoles solo empiezan a buscar en serio trabajo cuando se está agotando su seguro de desempleo, pero también que la probabilidad de encontrar un trabajo disminuye drásticamente con el tiempo de permanencia en paro.

Como en toda nueva política, son muchos los detalles técnicos que habría que definir con precisión para evitar que este instrumento se convierta en inútil o en redundante. Obviamente no es este pequeño artículo el sitio para ello, pero sí quiero resaltar que no partimos de la nada. La mochila austríaca lleva más de diez años en la lista de reformas estructurales pendientes y son muchos los buenos economistas españoles, en el sector público y en el privado, que han hecho aportaciones muy interesantes y bien conocidas. El propio Banco de España habla de que una adecuada implantación podría costarnos unos 10.000 millones de euros de los que la Unión Europea podría financiar hasta 8.000 millones. No costaría más de una semana poner de acuerdo a un grupo de expertos de un amplio abanico ideológico.

Sin embargo, la mochila austríaca ni está ni se la espera. Es inaceptable para los sindicatos, y en cierto sentido también para el sindicato de empresarios, porque reduce drásticamente su poder de negociación. Ellos se benefician de la incertidumbre en los costes del despido. Por la misma razón que se oponen a los convenios de empresa y defienden la ultraactividad de los convenios. Porque necesitan un mercado de trabajo intervenido, donde las leyes les otorguen un poder institucional que no tienen y que la nueva economía solo puede erosionar aún más. ¿Y el gobierno, por qué no aprovecha esta oportunidad para corregir un problema estructural del mercado de trabajo español? Permítanme que les deje con esta pregunta y que añada una más política: ¿qué se puede esperar de un gobierno que abjura de la meritocracia porque no garantiza la inclusión y la diversidad?

"La economía sumergida como excusa"

Finanzas sostenibles para un planeta único

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Finanzas sostenibles para un PLANETA ÚNICO

A estas alturas casi nadie duda de que no existe un planeta B al que huir en caso de implosión del nuestro. Este feliz aforismo acuñado por el ecologismo en referencia a la inexistencia de planes medioambientales creíbles y, por tanto, ante la acuciante necesidad de cuidar nuestro mundo, ha desbordado los límites del obvio respeto por la naturaleza para instalarse en todos los órdenes en los que interviene el ser humano. Su última conquista ha sido alcanzar el acotado olimpo inversor para empaparlo de esos valores. Como consecuencia de ello, la tendencia actual apunta a la preferencia por los productos financieros que invierten en empresas comprometidas con las denominadas cuestiones ASG (acrónimo de ambientales, sociales y de gobernanza).

FERNANDO GEIJO

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Fernando Geijo

La evidente degradación medioambiental está suponiendo un auténtico aldabonazo en la conciencia colectiva mundial que, sin duda, ha llegado para quedarse. Este cambio de paradigma está transformando la forma de consumir en todos los ámbitos de la vida. Impulsado por las nuevas generaciones, impregna su influencia como una mancha de aceite que ya se extiende transversalmente en la mentalidad de todos los grupos de edad a lo largo y ancho de todo el planeta.

No cabe duda de que el coronavirus ha acelerado algunos sesgos que ya se observaban entre los consumidores de todo el mundo, especialmente entre los más pudientes. El más significativo tiene que ver con el rechazo a la ostentación y, por ende, con la adopción de actitudes de consumo respetuosas con el entorno, como la elección de productos de proximidad, y con la calidad del trabajo de los demás.

Los conocidos como factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), o ESG por sus siglas en inglés, están viviendo, al calor de la regulación impulsada para fomentarlas, la aceleración de la rendición empresarial de cuentas bajo esos criterios.

Regular para cambiar. El Reglamento 2019/2088 del Parlamento Europeo sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector financiero entró en vigor el pasado mes de marzo. Pero, además, la batería de medidas que se está cocinando para apuntalar este cambio de mentalidad en la gestión empresarial se completará, a finales de año, con el desarrollo legislativo que impulsará políticas verdes y de mayor protección social. Asimismo, también está prevista la llegada de la conocida como Ecolabel, para distinguir con un marchamo los productos financieros sostenibles, o de la Directiva de gobierno corporativo, que ya está preparando la Comisión Europea.

En los últimos años también se han puesto en marcha otras iniciativas relevantes en la materia, como el Pacto Verde por el que la Unión Europea pretende ser neutra en carbono en 2050, el Pacto SDG Ambition y la iniciativa Business Ambition for 1,5ºC, ambas impulsadas por la ONU, o, por último y sin salir de España, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que pretende acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050.

El activismo ecologista fue el germen de este cambio de percepción global. La chispa, si se prefiere, que puso en marcha un cambio de conciencia que se veía venir ante unos ecosistemas agotados por un enfoque capitalista basado en la constante depredación de los recursos.

La inversión socialmente responsable es la derivada natural para tratar de alcanzar las ambiciosas metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un mega plan director impulsado desde Naciones Unidas (ONU) para trazar una hoja de ruta que posibilite en 2030 un mundo mejor en el que se ponga fin a la pobreza, se fomente la igualdad y, en definitiva, se aborden de forma urgente las medidas necesarias para enfrentar las consecuencias del cambio climático.

A pesar de que los responsables de implementar estas transformaciones son los diferentes gobiernos nacionales de los países implicados, un total de 193 firmaron el acuerdo en 2015 con el objetivo explícito y solemne de “Transformar nuestro mundo”. En última instancia, sin una acción comprometida por parte de las empresas no se alcanzarían los objetivos previstos.

Círculo virtuoso. La integración de la inversión responsable en el proceso de toma de decisiones de las empresas genera también un aspecto que resulta clave para potenciar su desarrollo, en términos de rentabilidad social generada. Por tanto, nos encontraríamos ante las dos caras de una misma moneda que coexisten para conformar juntas una nueva realidad holística.

Los clientes demandan cada vez más que se mida el impacto de estas iniciativas y, por ello, las empresas ofrecen nuevos productos alineados con las políticas empresariales que tienen en cuenta el impacto social que generan en los mercados.

Además, las cuestiones ASG también impactan de forma positiva en el atractivo de las empresas para los empleados, como quedó reflejado en un estudio realizado ya en 2016 al señalar entre sus conclusiones la preferencia de hasta un 93% de ellos en desempeñar su labor en una compañía que se preocupe por ellos a nivel individual.

Pero no se trata sólo de contribuir a lograr una sociedad más sostenible sino de que esto case con la legítima obtención de una mayor rentabilidad. De hecho, múltiples estudios han constatado durante la pandemia, que esa sostenibilidad es rentable, ya que las empresas con más criterios ASG han resistido mejor la crisis. Y para muestra un botón: durante el primer trimestre de 2020, los fondos de inversión más sostenibles batieron en rentabilidad al 70% de sus homólogos.

El progreso de los ASG ha sido meteórico y, en la actualidad, se antoja fundamental cumplir con los parámetros sostenibles a la hora de invertir. No en vano, está comprobado que ignorar esos factores impacta negativamente en el rendimiento de las empresas, así como en sus clientes e inversores.

En este contexto, el salto exponencial de las inversiones sostenibles ha sido evidente en los últimos años, demostrando su resistencia en esta pandemia sanitaria frente a las inversiones tradicionales.

España tampoco es ajena a este movimiento global. De hecho, la financiación sostenible aumentó en el país en un 45% en 2020 con respecto al año anterior, hasta sumar nada menos que 33.026 millones de euros, según el Informe anual sobre La Financiación Sostenible en España en 2020, elaborado por el Observatorio español de la Financiación Sostenible (OFISO).

Por su parte, la prestigiosa gestora de activos Schroders asegura que el porcentaje de inversores en productos sostenibles entre 2018 y 2020 alcanzó un 47% frente al 42% en ese lapso de tiempo, mientras que en EE.UU. el montante total en este tipo de activos se duplicó en los primeros meses del pasado ejercicio.

A estas alturas parece obvio que la empresa perfecta no existe. Sin embargo, la constatación fehaciente del mejor comportamiento, no sólo social y medioambiental sino también financiero, marca un evidente punto de inflexión que ilumina el camino hacia un tipo de compañía mejor gestionada, más equitativa con sus empleados, resiliente ante las crisis y, en definitiva, más concienciada y sensible con el impacto que provoca en su entorno.

Las metas claras

Hace unos años Naciones Unidas lanzó la mayor iniciativa planetaria en materia de sostenibilidad, progreso social y responsabilidad corporativa, el denominado Pacto Mundial. Un ambicioso proyecto que busca facilitar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la concienciación empresarial a fin de comprometerse con unos principios relacionados con el respeto a los derechos humanos, laborales y medioambientales.
Los diez principios que las empresas adheridas al mismo deben cumplir son:

  • Apoyo y respeto a la protección de derechos humanos.
  • Evitar ser partícipes de vulneraciones de derechos humanos.
  • Promover la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva.
  • Eliminar el trabajo forzado u obligatorio.
  • Abolir la mano de obra infantil.
  • Eliminar la discriminación en el acceso al empleo.
  • Apoyar la prevención en la defensa medioambiental.
  • Fomentar la responsabilidad ambiental.
  • Promover las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
  • Trabajar contra toda forma de corrupción.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Señalados por el índice

Los inversores están cada vez más interesados en apostar por empresas sostenibles presentes en índices de sostenibilidad tan reconocidos internacionalmente como el Carbon Disclosure Project, el FTSE4Good Global Index, el Dow Jones Sustainability Index, pionero en la materia, o incluso el Great Place to Work. Aunque existen otros índices sostenibles, como Vigeo, KLD u Oekom, además de especializados en materias medioambientales (FTSE Environmental Opportunities), éticas (Calvert Social Index) e incluso religiosas (Stoxx Euro Christian).

Ojo al dato

Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Organización de las Naciones Unidas (ONU).

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Principios para la Inversión Responsable. United Nations Global Compact. Finance Initiative UNEP.

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Informe anual del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO). La Financiación Sostenible en España en 2020.

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Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. Congreso de los Diputados. Boletín Oficial del Estado.

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Global Wealth and Lyfestyle Report 2021. Julius Bär.

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«Determinación frente a la incertidumbre», por José Luis Martínez Campuzano

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JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CAMPUZANO
portavoz de la Asociación Española de Banca

 

Determinación frente a la incertidumbre

@Aebanca

El primer paso para resolver un problema es hacer un buen diagnóstico y sobre esa base tomar las medidas necesarias para resolverlo. Pero es muy difícil hacer esta radiografía cuando la falta de información y la incertidumbre son muy elevadas, ya sea porque no hay precedente histórico o porque el aprendizaje se hace sobre la marcha, a costa de vidas humanas y una parálisis económica casi total.

A pesar de que al inicio de la pandemia el desconocimiento sobre el coronavirus no permitía hacer un diagnóstico concluyente, la gravedad de la situación llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas y extraordinarias, apoyadas en el consenso y la cooperación internacional. A escala global, el impulso fiscal implementado ha superado los 11 billones de dólares. También ha sido excepcional la expansión monetaria desarrollada para estabilizar los mercados financieros y llevar la liquidez que necesitan familias y empresas a través de los bancos. Estos se han implicado desde el inicio, con todos sus recursos humanos y financieros, mostrando que la colaboración público-privada es imprescindible para proteger el tejido productivo y aminorar el impacto de la crisis en los más vulnerables. Desde el primer momento, el objetivo de las medidas ha sido mantener la renta de las familias y ofrecer liquidez y financiación a las empresas, bajo reglas más flexibles como la relajación de los objetivos de déficit o de ayudas públicas a nivel europeo.

La determinación del sector bancario para paliar los efectos del coronavirus ha ido mucho más allá de su función básica de garantizar en todo momento los productos y servicios bancarios necesarios, algo que logró desde el inicio de la pandemia, sin ningún tipo de incidencia, gracias a la clara apuesta por la digitalización que emprendió hace ya más de una década. Los bancos también han facilitado el aplazamiento de los pagos de clientes en situaciones de estrés económico y han adelantado tanto el pago de las pensiones, para reforzar la protección de nuestros mayores, como de las prestaciones por desempleo, en estrecha colaboración con el SEPE.

La gravedad de la situación también ha llevado a los bancos a tomar medidas ajenas a la operativa habitual de una entidad de depósito. Han dotado fondos para ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, para facilitar la llegada de material médico a los hospitales y para investigar una vacuna para la enfermedad. Sus empleados han desarrollado proyectos como voluntarios para recaudar fondos y aliviar las dificultades de niños y mayores, así como para mejorar la preparación de los jóvenes para que encuentren trabajo. Pero estos son solo algunos ejemplos de las medidas ‘no bancarias’ de los bancos, fruto de su compromiso con la sociedad en los momentos más difíciles.

Con estas y otras iniciativas, la banca ha confirmado que es un sector esencial para que la economía siguiera funcionando durante el confinamiento y las restricciones a la movilidad, y que la colaboración con el sector público redunda en beneficio del conjunto de la sociedad. La cooperación internacional también se ha reforzado en la lucha contra la pandemia, para obtener vacunas en tiempo récord, por ejemplo. Pero lo fundamental ha sido la responsabilidad personal asumida por cada uno de nosotros, en función de nuestras posibilidades, en aras de vencer al virus.

En el plano sanitario, estamos aprendiendo a vivir con la pandemia de forma responsable, con distanciamiento social y mascarillas en nuestro día a día, entre otras medidas. En el plano económico, también tendremos que mantener los principios que tan buenos resultados han dado hasta el momento: la inmediatez, la contundencia y la perseverancia en las medidas tomadas. Para que esta estrategia funcione requiere el consenso de todos los agentes a escala internacional. Como el que ha demostrado Europa con la creación de un fondo conjunto que refuerce las medidas tomadas en cada país para lograr un crecimiento sostenible y digital. Los fondos europeos son un paso significativo en la construcción europea y un mecanismo de estabilización y desarrollo económico que ofrecen margen de maniobra a España para responder a la crisis y modernizar su tejido productivo. En su habitual y estrecha colaboración con las autoridades, los bancos pueden contribuir a una eficaz distribución de estos fondos para impulsar la reconstrucción de la economía. Con su capilaridad y cercanía al cliente, no solo pueden identificar e impulsar los proyectos a financiar, sino que pueden anticipar fondos y cofinanciar iniciativas en ámbitos en los que tienen conocimiento y experiencia.

El esperado fin de la crisis sanitaria nos dejará una situación económica donde la prioridad será recuperar lo perdido, aunque no podamos volver atrás y nada volverá a ser igual. La información y experiencia de la que disponemos, sin embargo, nos permite plantear una estrategia a seguir ahora que ya disponemos de un diagnóstico concluyente de la situación y que sabemos lo que queremos. Aprovechemos el inmenso desafío de volver a la normalidad diseñando una mejor que la que disfrutábamos hasta que la Covid19 desbarató nuestra vida. 

La paradoja española. Menos presión y más esfuerzo fiscal

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LA PARADOJA ESPAÑOLA

Menos presión y más esfuerzo fiscal

Tradicionalmente, el sentimiento popular apunta a que la carga tributaria es excesiva en España. Sin embargo, y a pesar de que las cifras comparables con los países de nuestro entorno podrían desmentir esa opinión, un análisis más exhaustivo, que incluya el esfuerzo que supone el pago de impuestos, podría confirmar, al menos en parte, esa sensación.

FERNANDO GEIJO

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Fernando Geijo

Definida como el porcentaje de ingresos que empresas y ciudadanos aportan al Estado y oficiosamente como la necesaria ‘gasolina’ que hace funcionar el motor de los servicios públicos, la conocida como presión fiscal es un concepto económico que relaciona el pago de tributos con el producto interior bruto. Por consiguiente, la presión tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado mediante impuestos, tasas y gravámenes.

Si no pagaran impuestos, los ciudadanos tendrían que sufragar de su propio bolsillo los costes de mantener, por ejemplo, los sistemas educativo y sanitario, por no hablar de las pensiones para la jubilación.

Parece claro, por tanto, que los impuestos son un mal necesario aceptado en todas las sociedades modernas. Por consiguiente, la clave de todo sistema tributario que se precie reside en su equidad. Es decir, en asegurar una justa distribución que propicie un reparto equitativo de las cargas fiscales entre todos los ciudadanos en función de su capacidad económica y de su situación social.

La teoría dicta que a mayor evasión impositiva se produce una menor presión fiscal, a pesar de que las tasas tributarias puedan llegar a ser altas. Si las personas no cumplen con sus obligaciones para con la Hacienda Pública, el Estado tiende a elevar los impuestos a aquellas clases que no pueden evadirlos. Es decir, a los consumidores y a las clases medias asalariadas por cuenta ajena, principalmente.

Para muestra un botón. La media de la presión fiscal en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que aglutina a los 37 países más desarrollados del mundo, alcanzó el 36,1% en 2018, lo que supone un importante descenso desde el 37,4% que representaba en el año 2000.

En el caso de España, sin incluir los impuestos especiales que gravan combustibles, bebidas, tabaco o indirectos como el IVA, un trabajador medio soltero soportaba una presión tributaria del 38,6% en 2000, mientras que dieciocho años después esa ratio ha escalado hasta el 39,4%.

Por debajo en presión. Al igual que las eléctricas se esfuerzan en desglosar en las facturas el origen de la luz que consumimos, parece evidente que conocer el destino final de los impuestos ayuda a desprenderse con menos reticencia y suspicacia de una parte de nuestros ingresos mensuales.

Sin embargo, el barómetro de opinión pública y política fiscal, elaborado por el CIS en julio de 2018, ya señalaba que un 27% de los ciudadanos declaraba desconocer a qué se dedicaban.

En cualquier caso, las cifras apuntan a que en España los impuestos son más bajos que en los principales países de la eurozona, ya que el que grava la renta de los trabajadores suponía el 21,3% en nuestro país en 2019, frente al 39,8% en Bélgica; el 39,7% en Alemania; el 31,4% en Italia; el 30,5% en Países Bajos; y el 28,7% en Francia, por citar algunos ejemplos. Mientras que en términos del IVA general el gravamen es similar, al oscilar en un margen estrecho entre el 22% en Italia; el 21% en España y el 19% en Alemania.

En 2019, la presión fiscal en la UE fue del 41,1%, cinco décimas más en los países del euro, mientras que España se situó por debajo de la media con un 35,4%, idéntica a la del 2018, y Francia marcó el pico más alto, con un 47,4%, seguida por Dinamarca (46,9%) y Bélgica (45,9%).

Por encima en sacrificio. España ocupa el cuarto y el quinto puesto entre los veinte países ‘más ricos’ de la OCDE en sacrificio fiscal, según las tablas que ya elaboraron hace más de medio siglo Henry Frank y Richard Bird, respectivamente. Unos índices que añaden a la medición tradicional otros factores para calcular el esfuerzo fiscal real más allá del nivel de impuestos, como son el tamaño de la población y la renta per cápita. La conclusión es que somos el decimoquinto país en presión fiscal y figuramos entre las cinco economías desarrolladas con mayor esfuerzo fiscal.

La OCDE estima que el mayor peso en los ingresos fiscales en España en 2017, cuando el porcentaje de recaudación alcanzó el 33,7% del PIB, se debió a las contribuciones a la Seguridad Social, con un 34% del total, frente a la media del 26% de la OCDE.

Sin embargo, el peso del impuesto de sociedades fue del 6,8%, frente al 9,3% de media de la OCDE, mientras que la recaudación obtenida por los impuestos a la propiedad significó el 5,8% de media en la OCDE y el 7,5% en España. Por su parte, el IVA, aglutinó en España el 19,1% de la misma frente al 20,2% registrado en la citada organización internacional.

La Constitución española recoge en su artículo 31.1 la necesidad de contar con un sistema tributario justo, basado en principios de igualdad y progresividad, evitando tener un carácter confiscatorio. Esto es, en el que todos contribuyan en función de su capacidad económica.

Y es precisamente aquí donde reside la paradoja que explica que, con una menor presión tributaria, los españoles soporten un mayor esfuerzo fiscal que sus homólogos europeos. La clave residiría, por tanto, en el nivel de renta de unos y otros. Así, y a pesar de tener una presión fiscal por debajo de la media de la eurozona, el esfuerzo fiscal en España estaría, según los expertos en tributación, por encima de países como Holanda, Suecia, Finlandia o Dinamarca, situando a España sólo por detrás de Portugal, Italia, Grecia o Francia.

En caso de que se aplicase a los españoles la presión fiscal que soportan los daneses, la más alta de la OCDE con el 45,4%, su esfuerzo sería mucho mayor, dada la diferencia de rentas per cápita: 51.600 euros anuales para los nórdicos frente a los 23.640 euros patrios en 2020.

Finalmente, a esto hay que añadir el hecho de contar con más deducciones y bonificaciones, lo que reduce la presión fiscal efectiva, así como la particularidad del sistema fiscal español que, por mor de la economía sumergida y la baja productividad, no es capaz de recaudar más cuando se producen subidas de impuestos.

Un poco de historia

Dos reformas han sido capitales para entender la modernización fiscal española en el último siglo.

Por un lado, la impulsada en 1940 por el ministro de Hacienda, José Larraz, que introdujo sustanciales transformaciones al ampliar las bases impositivas y elevar los tipos, y, por otro, la urdida en 1977 por el profesor Enrique Fuentes Quintana y desarrollada por el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, que sentó las bases del sistema fiscal actual, al introducir aspectos como:

  • El IVA, siguiendo el ejemplo francés del TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), y la desgravación fiscal a las exportaciones.
  • El impuesto sobre crecimiento del patrimonio.
  • Una simplificación del cuadro impositivo.
  • La disminución de los tipos impositivos y de las escalas de numerosos impuestos, lo que desincentivó el fraude y aumentó la progresividad del sistema.
  • La mejora del conocimiento de las bases imponibles, mediante los registros de rentas y patrimonios y centralización de la información fiscal.
  • Una reforma administrativa para impulsar la modernización fiscal en línea con el modelo dominante en el resto del mundo occidental.
Progresividad frente a salarios

Los tipos más elevados que gravan la renta son similares en los países de la UE, con un 51,5% en Francia; 47,5% en Alemania; 47,2% en Italia y, finalmente, un 43,5% en España, lo que contrasta con la recaudación obtenida por los mismos en cada país: 11,8% en Italia, 9,4% en Alemania, 8,7% en Francia y apenas un 7,5% en España. Esto se debe a que, a pesar de que la progresividad de los impuestos sobre renta y sociedades en España está en línea con el resto de Europa, nuestro modelo económico es de bajos salarios, lo que incide en la recaudación al impactar la base salarial que tributa en los ingresos obtenidos por el fisco.

Ojo al dato

Informe de la Oficina de Estadística de la UE, Eurostat, sobre la presión fiscal en los países de la Unión Europea. 30 de octubre de 2019.

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Comisión Europea. Tendencias fiscales en la Unión Europea. Datos de los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega. Edición de 2019.

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Instituto de Estudios Económicos. Índice de Competitividad Fiscal 2019. Presentación de la presión fiscal normativa en España.

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Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Informe mensual de recaudación tributaria. Noviembre de 2020.

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«Churchill y los impuestos», por Antonio Durán-Sindreu

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ANTONIO DURÁN-SINDREU
doctor en Derecho, Socio director DS y profesor UPF

 

 

Churchill y los impuestos

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Antonio Durán-Sindreu

@aduransindreu

Como ya sabemos, la presión fiscal en España se sitúa por debajo de la media de la UE en aproximadamente seis puntos. Sin embargo, nuestro país se sitúa entre los cinco primeros países de la OCDE en mayor esfuerzo fiscal.

Pero no nos sorprendamos. Como ocurre con todas las estadísticas, éstas se han de matizar.

En efecto. La presión fiscal, recordémoslo, es la proporción que los ingresos fiscales, incluida la Seguridad Social, representan sobre el PIB. Tales magnitudes son las que en todos los países se utilizan para medir el indicador de referencia.

Sin embargo, el PIB de cada uno de ellos depende de circunstancias que no necesariamente son homogéneas. Así, por ejemplo, éste depende de múltiples factores, como del modelo económico de cada país, de su tasa de paro, capital humano, políticas gubernamentales, etc.

Por tal motivo, no creo excesivamente en los datos estadísticos, si no van acompañados de las correcciones necesarias que permitan una comparación económicamente homogénea.

En cualquier caso, la realidad estadística es que la presión fiscal en España se sitúa por debajo de la media europea.

Una de las circunstancias que podría explicarlo es que, a pesar de que España tiene tipos impositivos muy similares a los de nuestros vecinos europeos, tiene, sin embargo, una recaudación menor, consecuencia de la elevada cifra en concepto de exenciones, reducciones, incentivos, y tipos reducidos.

Por tanto, la primera y más importante reforma que se habría de acometer es la de revisar la eficacia de tales conceptos, eliminando todos aquellos que en términos de coste-beneficio carezcan de justificación.

Sin embargo, la clave del éxito es reducir los impuestos aumentando la recaudación. Y esto solo es posible promoviendo políticas que fomenten la creación de riqueza productiva desincentivando la improductiva, el vivir de rentas, y la falta de esfuerzo.

Si aumenta la riqueza, los impuestos que en términos absolutos se recaudarán serán mayores, y habrá, pues, mayor margen para disminuirlos, permitiendo que los ciudadanos dispongan de mayor dinero que, a su vez, al destinarse al consumo, revertirá en una mayor recaudación de determinados tributos como el IVA y los impuestos especiales.

Por otra parte, y en la línea de los países del norte europeo, es imprescindible poner fin a nuestro déficit estructural. Gastamos más de lo que ingresamos y, por tanto, nos endeudamos cada vez más. Somos, pues, cada vez más pobres. Es por tanto necesario y urgente revisar el gasto político o clientelar, las duplicidades, el gasto superfluo, y un largo etcétera que redunda en una menor necesidad de recursos públicos.

Pero así y todo, no es suficiente. Si queremos compararnos con los países europeos ricos, hemos de avanzar, y mucho, en la imprescindible colaboración público-privada y en un equilibrio razonable entre el sector público y privado, sin menoscabo de los pilares básicos del Estado del Bienestar.

En este sentido, es importante acotar muy bien el concepto de “lo público”.

Público es, por ejemplo, garantizar el acceso a la sanidad, pero no su financiación universal ni su efectiva prestación por parte de la Administración. Ambos son una decisión política. La Constitución nada dice al respecto. Decisión que tiene un coste que se financia con impuestos.

En este contexto, la obligación de cualquier Administración es adoptar la decisión que para el ciudadano sea más eficaz y eficiente, esto es, y entre otros, que tenga el menor coste sin menoscabo de la calidad. Según cual sea, la necesidad de impuestos será mayor o menor.

Y una vez más, volvemos a la importancia de la riqueza. Para financiar lo “público”, es necesario que el sector privado genere riqueza.

De ser así, el problema no son los “malvados” empresarios. Al contrario. Son la solución. Estos, con sus empresas, contribuyen al desarrollo del país y a la creación de empleo y de riqueza, además de contribuir a la innovación y a la investigación.  No en vano, la mayoría de “inventos” que nos han hecho prosperar, provienen del sector privado.

El problema, por tanto, no es ser rico o ganar dinero. El problema es conseguirlo en base a privilegios “encubiertos”, normas fiscales incluidas, y a un mercado con déficits de competencia e igualdad de oportunidades. El problema es enriquecerse a base del fraude, de prácticas fraudulentas, o del incumplimiento de la ley.

La solución no es pues penalizar a quien más gana, sino combatir tales situaciones.

La solución es dignificar la riqueza y no estigmatizarla. La riqueza fruto del trabajo, la asunción de riesgo, la competitividad, la igualdad de oportunidades, y el cumplimiento de la ley. Estigmatizar la envidia por la riqueza y su presunción de fraudulenta.

Conseguirlo requiere apoyar al empresario; fomentar la libertad, responsabilidad y desarrollo personal. La iniciativa privada. Un marco social y económico de confianza. Y a mayor riqueza, menos impuestos.

Llegados a este punto, hay que concluir que no hemos de perder mucho el tiempo en comparar modelos fiscales ni datos estadísticos. Y no hemos de perderlo, porque lo verdaderamente importante es el modelo económico de cada país, el capital humano, y las políticas gubernamentales. Y ahí está, precisamente, la gran diferencia de España con el resto de los países, en especial con Alemania, Austria, o los países nórdicos.

Los sistemas fiscales son todos muy similares. La diferencia reside en el modelo económico y social que, a su vez, alimenta el sistema impositivo de cada país.

Parece pues que Winston Churchill tenía razón al afirmar que una nación no puede aspirar a prosperar gracias a los impuestos.

Bienvenida Ms. Von der Leyen

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Bienvenida, Ms. Von der Leyen

La Unión estuvo, por fin, a la altura de las circunstancias de Europa. El programa de recuperación conocido como Next Generation EU (NGEU) es una potente bazuca dotada de un calibre financiero por un importe total de 750.000 millones de euros, repartidos entre los 390.000 millones para ayudas no reembolsables y los restantes 360.000 millones disponibles para préstamos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

FERNANDO GEIJO

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ESPAÑA, uno de los países más afectados por las consecuencias de la pandemia al gripar el turismo y la hostelería, dos de sus motores económicos, respiraba con cierto alivio. De hecho, tiene motivos suficientes para esa satisfacción al alzarse como segundo país más beneficiado en el reparto del Fondo de Recuperación. Una pedrea de 140.000 millones de euros, alrededor del 10 por ciento de PIB español de 2019, entre subvenciones (72.000 millones) y préstamos a devolver en condiciones favorables en las próximas décadas.

Tenemos un plan. El pasado mes de octubre, el Gobierno en pleno presentó a bombo y platillo ante cerca de 200 invitados, incluidos los embajadores de los países de la UE, medios de comunicación, altos directivos empresariales y miembros de la sociedad civil, el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede. Una auténtica hoja de ruta para tratar de guiar el barco del país en las procelosas aguas de la mayor crisis económica y social sufrida desde la Guerra Civil.

Este plan nacional es una condición sine qua non que cada Estado miembro de la UE debe confeccionar previamente para acceder a los fondos europeos asignados. En el caso español se estructura en torno a diez políticas, denominadas oficialmente ‘tractoras’, que van desde la modernización y digitalización tanto de la Administración Pública como del tejido productivo, al impulso a las infraestructuras, la transición energética y los pactos por la educación y la ciencia, pasando por la reforma del Sistema Fiscal y de la Justicia, entre otros.

Un ambicioso proyecto de reformas que tiene su continuidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que el Gobierno adelantará de facto 27.000 millones de euros de los esperados fondos europeos, lo que va a permitir que se inicie la ejecución de diferentes medidas previstas en el Plan.

Pero el maná europeo, con el permiso in extremis de Polonia y Hungría, tiene, como era de esperar, condiciones que es necesario cumplir. Por consiguiente, no será una suerte de barra libre financiera para aliviar las maltrechas economías y las hastiadas sociedades que integran la Unión Europea.

No en vano, los respectivos planes nacionales presentados a la Comisión, que está previsto que se aprueben en abril de 2021, deben pasar por el ineludible tamiz burocrático en Bruselas a fin de comprobar que están alineados con el impulso para lograr una economía sostenible, ‘verde’ en el argot comunitario, y que contribuyen a la modernización de sus respectivos tejidos productivos nacionales mediante la apuesta por lo digital.

Asimismo, Bruselas quiere aprovechar esta inyección masiva de fondos para pedir a los socios que profundicen en las reformas solicitadas. En el caso de España, se trataría de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, reducir la tasa de temporalidad laboral y solventar la fragmentación de la regulación autonómica.

Cooperación público-privada. El otro factor histórico para poner en marcha una buena parte de las transformaciones previstas en el plan nacional es la colaboración entre el Estado y los sectores privados.

Así, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha solicitado recientemente que las empresas reciban casi dos tercios de las inversiones derivadas de los fondos comunitarios que llegarán a España a partir del año 2021, frente al tope actual del 50% como máximo.

La patronal considera que los empresarios deberían liderar los proyectos para así asegurar el supuesto efecto multiplicador. Para ello, no dudaba en recordar los cálculos del propio Banco de España que concluían que si se empleaban 10.000 millones de euros en inversiones productivas la riqueza nacional crecería en tres décimas, frente a la exigua décima si su destino era la financiación del gasto.

También sugería que se elevase la cuantía de fondos destinada a la reindustrialización de la economía, actualmente fijada en el 17% del total, dado el menor peso del sector industrial en España, que apenas supone el 16% del PIB, lejos del objetivo de la UE para 2020, fijado en el 20%, y de la media del resto de Estados miembros.

Para garantizar la agilidad y transparencia en la gestión de los fondos, el Gobierno pondrá en marcha una profunda reforma de la Administración general del Estado en tres ámbitos. Por un lado, fortaleciendo sus estructuras administrativas, por otro, acometiendo las pertinentes reformas legislativas y, por último, eliminando las trabas burocráticas que actúan como auténticos cuellos de botella.

Además, se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno y también se constituirá una Comisión Interministerial ad hoc liderada por el propio Pedro Sánchez.

Y para completar este cuadro organizativo, se facilitará la interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos, se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento y se instrumentalizará una colaboración específica con las Comunidades Autónomas.

Ojo al dato

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Presidencia del Gobierno, Gobierno de España. Madrid, octubre de 2020.

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Plan de Recuperación para Europa. Next Generation EU. Comisión Europea.

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Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Comisión Europea.

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Instrumento REACT-EU para la reconversión verde y digital de la economía. Comisión Europea.

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Las claves de la transformación son la economía sostenible y la digitalización empresarial
Los ‘peros’ de Bruselas

Previamente al lanzamiento de una gran emisión de bonos comunitarios antes del verano para obtener los fondos comunitarios, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia tiene que obtener el visto bueno europeo, para lo que debe cumplir con una serie de exigencias, como son:

  • Potenciar la cohesión territorial, económica y social.
  • Atenuar el impacto de la crisis tanto en el ámbito financiero como en el plano humano.
  • Dejar una huella recurrente y constatable en la economía y sociedad del país.
  • Favorecer, de forma tangible y eficaz, los vectores relacionados con la creación de puestos de trabajo, el fomento del potencial crecimiento y la capacidad de adaptación de la economía y la sociedad a la actual crisis.
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Un plan para diez políticas
EL PLAN NACIONAL de Recuperación, Transformación y Resiliencia pretende hacer palanca en la economía y la sociedad españolas mediante su implementación a través de diez políticas tractoras:
  • La Agenda urbana y rural, a la que se dedicará el 16% de los recursos, con el objetivo de luchar contra la despoblación en el ámbito rural y el desarrollo de la agricultura.
  • Los planes de Conservación y Restauración de Ecosistemas y de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, a los que se destinará el 12% del presupuesto.
  • La Transformación energética, con el 9% de los fondos, de cara a posicionar a España como líder de la renovación energética.
  • El 5% de los recursos irá a parar a la reforma de la Administración Pública, mediante el impulso a la Modernización del Sistema de Justicia.
  • El 17% de los fondos se reserva para el apoyo a la digitalización de las empresas.
  • El Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud contarán, por su parte, con una partida específica del 17% del presupuesto.
  • La séptima política contará con el 18% de los recursos financieros con el objetivo de apuntalar el sistema educativo y el ecosistema del conocimiento.
  • La Nueva economía de los ciudadanos y las políticas activas de empleo ocupan la octava posición, lo que implica reservar el 6% de los recursos al refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia.
  • El 1,1% de los fondos servirá para sufragar el Desarrollo de la cultura y del deporte.
  • Finalmente, se abordará la Modernización del sistema fiscal con el objetivo de conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo.
Fuente: Presidencia del Gobierno

«Ese claro objeto de deseo», por Juan José Morodo

ENTRE MAGNITUDES


JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

@JuanjoMorodo

Ese claro objeto de deseo

LA CUMBRE DE JEFES de Estado y de Gobierno de la UE dio vía libre el pasado 10 de diciembre al Marco Financiero Plurianual para 2021‐2027, dotado con 1,1 billones de euros. Lo hizo tras algunas concesiones no muy importantes a Polonia y Hungría, cuyos Gobiernos amenazaron con el veto, lo que rompería la necesaria unanimidad, muy conveniente también para el Plan de Recuperación Económica Next Generation EU, dotado con otros 750.000 millones, que también recibió luz verde ese día. En total, más de 1,8 billones de euros.

El Next Generation EU es el fondo que nutrirá económicamente al prolijo Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno bajo el título de España Puede y que, según el Ejecutivo, “traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida, inclusiva y resiliente tras la crisis del Covid, y para responder a los retos de la próxima década”. Son 58 páginas, incluidas fotografías, portadillas, tablas y adornos gráficos, que contienen un “proyecto de país” para evitar “una caída de la inversión privada que puede verse agravada si el margen fiscal más reducido en los próximos años conlleva menores niveles de inversión pública”. En menos palabras: para salir del pozo en el que la pandemia ha metido a la economía española.

La riada de fondos que llegará de Europa, condicionada al riguroso cumplimiento del Estado de derecho para evitar su empleo fraudulento, a pertinentes reformas estructurales y consolidación fiscal y a “recomendaciones específicas”, se ha convertido en el mayor objeto de deseo de la era moderna para multitud de sectores sociales, económicos y políticos. No es para menos. Del Next Generation está previsto que España (principal receptor junto a Italia) obtenga hasta 140.000 millones de euros (más de 23 billones de las antiguas pesetas), de los que 72.000 millones se desembolsarán como subvenciones y el resto, en préstamos a devolver.

Las discrepancias entre los socios del Gobierno de coalición para decidir cómo y, sobre todo, quiénes participarán en el reparto de esa ingente cantidad de dinero, incluso antes de su aprobación, son el reflejo de las desmedidas expectativas que levanta tal desembolso. Y ello, cuando lo deseable es que ese extraordinario paquete de ayudas se distribuya con criterios técnicos y nunca políticos, y se extienda con el objetivo de impulsar la economía productiva y el empleo, y no a la manera de aquel ineficaz Plan E, diseñado apresuradamente para afrontar la anterior crisis, derivada del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y financiera global a partir de 2008. Entonces fueron unos 50.000 millones de fondos públicos ineficazmente invertidos, más preocupados por la cartelería propagandística que por el impulso real de la economía.

Sirvan como aviso las duras advertencias del Tribunal de Cuentas sobre aquella lluvia de dinero, cuando concluyó que se adjudicaron contratos “genéricos e imprecisos” y de forma directa y que “en la mayoría de los casos no se abordaron nuevos proyectos ni se crearon empleos ni mejoraron los municipios”. La conclusión del FMI sobre el conocido como Plan Zapatero fue tajante: no aumentó el potencial de crecimiento de España. Es decir, acabó en el desagüe.

¿Cómo evitar otro fiasco así? Pues convirtiéndolo en una nevada que llene los acuíferos de la economía e incremente su potencial, e impidiendo con las más altas dosis de transparencia que derive en un torrente que pase sobre la tierra árida sin empaparla. Para ello, la Administración debe alejarse de trasnochados apriorismos ideológicos y estar muy atenta a las propuestas empresariales, analizarlas con seriedad técnica y contrastar su potencialidad para fortalecer la economía. Porque la colaboración entre el sector privado y el público va a ser esencial y las empresas serán las ejecutoras finales de gran parte del plan.

Por cada euro público que llegue para combatir las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus las empresas podrán generar otros cuatro euros en inversión privada, según la CEOE. Para ello ha presentado al Gobierno un documento con 21 iniciativas estratégicas desplegadas en 114 ámbitos de inversión y más de 400 proyectos específicos “para la recuperación y transformación de la economía”, agrupadas en los cuatro ejes del plan España Puede (transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial). Su objetivo es generar un alto impacto en el crecimiento y en el mantenimiento y creación de empleo de calidad, e incluye los destinos tractores a los que la patronal cree que deben dirigirse los fondos. A falta de saber las cantidades finales que recibirá el tejido productivo privado, la CEOE estima que rondará el 50% del total. En coherencia con su cometido, la patronal estima que su impacto en el sector privado “genera más crecimiento potencial que si se utiliza para fines públicos”. La estrategia sería que la puesta en marcha de reformas e inversiones aseguren el máximo éxito, basándose en dos fórmulas: agilizar la recuperación en las grandes empresas por su efecto tractor y dar permeabilidad a pymes y autónomos. Conviene recordar que España es el reino de las pymes: el 98% de las empresas tiene menos de 20 trabajadores.

En el actual escenario de preparación de la red para pescar las ayudas, y frente a los que las contemplan como un maná salvador, procede estimar la rebaja del Banco de España de su efecto sobre el PIB. El supervisor calcula además que el efecto multiplicador de la inversión y el consumo que alimenten será ligeramente inferior a la unidad en el trienio 2021‐2023.

Del diseño final del modelo dependerá el aprovechamiento de la lluvia de euros. Para que sea productiva habrá que estar también muy atentos a las goteras en las cañerías. Porque al calor de las inmoderadas expectativas de dinero público, la escasa información y la complejidad burocrática ya ha empezado a surgir como hongos una bandada de conseguidores, asesores, consultores y visitadores, más o menos próximos al poder y a los partidos que lo ostentan, entre los que hay decenas de exministros y ex altos cargos reconvertidos. Habrá que delimitar si todos son compañeros de viaje aconsejables en la mayor oportunidad de España para que el crecimiento posterior a la crisis transforme a mejor nuestra economía y haga más justa nuestra sociedad.

"Oxígeno para pymes y autónomos"

No dejar ni una empresa atrás

ENTRE MAGNITUDES

No dejar ni una empresa atrás

A fin de evitar que colapsara el crédito a las empresas, sobre todo a las pymes y a los autónomos, el Gobierno lanzó en su día un ambicioso plan de ayudas por un importe de 100.000 millones de euros para que bancos y compañías pudiesen disponer de financiación en forma de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sin embargo, la llegada de la segunda ola del Covid-19 ha trastocado las optimistas previsiones de duración de la crisis y, por ende, ha alejado el escenario de recuperación de rebote rápido en forma de V, por lo que se antoja necesario adaptar las ayudas al nuevo horizonte de creciente incertidumbre. para tratar de salvar cientos de miles de puestos de trabajo. Ante este panorama, el Gobierno ha sido sensible al clamor empresarial y ha tomado la decisión de flexibilizar el plazo de devolución de estos préstamos.

FERNANDO GEIJO

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LA CAÍDA EN picado de la facturación en numerosos sectores ha motivado que las empresas tengan que seguir haciendo frente a sus facturas y gastos con una caja, cada vez más mermada, que no acaba de recuperarse. Si a esto unimos que las entidades financieras retraen, como es habitual, su actividad crediticia en época de crisis y que la ansiada recuperación rápida con un rebote enérgico se ha esfumado hacia un escenario, en el mejor de los casos, más desigual con un esquema en V asimétrica, la situación de incertidumbre se antoja muy complicada en los próximos meses.

No sin el Estado. Empresarios y entidades bancarias vienen reclamando desde hace meses al Gobierno una inyección de liquidez al tejido productivo para evitar la quiebra de miles de pymes y trabajadores autónomos en el marco de la crisis sanitaria provocada por la actual pandemia.

Al igual que sucedió en otros países de nuestro entorno, donde Alemania anunció en su día avales para créditos a las empresas por un monto de 500.000 millones de euros y Francia hizo lo propio por un importe de 300.000 millones, en España se anunció en marzo el lanzamiento de una línea de créditos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del aval del ICO por la ambiciosa cifra de 100.000 millones de euros.

La idea era que los bancos prestasen esos fondos a las empresas de todos los tamaños y sectores sin temor a engordar sus ya de por sí castigadas tasas de morosidad. Además, las autoridades preveían que, gracias a la colaboración privada, ese volumen de fondos aumentase hasta los 150.000 o 200.000 millones de euros.

La clave residía en que, con la garantía del Estado, las entidades financieras se protegían de eventuales impagos futuros de esos préstamos, destinados a afrontar la falta de liquidez y a apuntalar el circulante de un agonizante tejido empresarial en estado de hibernación forzosa.

Morir de éxito. La propia ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró en su momento que estos avales ya habían facilitado cerca de 750.000 operaciones, por un importe de alrededor de 70.000 millones de euros, lo que permitió dotar al tejido productivo con una financiación de más de 92.000 millones de euros, concentrado, en su gran mayoría, en autónomos y pymes.

Por consiguiente, el Gobierno se dispuso a ampliar las ayudas a tenor de la evolución de la crisis sanitaria y ante la gran acogida de esta iniciativa, agotada en los meses siguientes hasta conseguir alrededor de un total de 10.000 operaciones al día, tras completar los cinco tramos en que fue desglosada.

Para ello, anunció en julio el lanzamiento de una nueva línea de créditos avalados de nuevo por el ICO, esta vez por un importe de 50.000 millones de euros. El objetivo era apuntalar sobre todo la actividad de pequeñas y medianas empresas y de trabajadores por cuenta propia, pero vinculando en este caso las ayudas a fomentar la actividad inversora. En especial, los dos ejes considerados de mayor valor añadido, como son la apuesta por la digitalización y la sostenibilidad medioambiental.

Los nuevos avales sumados a los lanzados en la primera fase de la pandemia conformaban una bazuca nada desdeñable de 150.000 millones de euros, lo que supone movilizar nada menos que el 12,5% del PIB español. Cantidad que podría incluso incrementarse hasta los 200.000 millones gracias a la colaboración público-privada.

Entre las condiciones de esa segunda línea, se mantenía el porcentaje de riesgo cubierto por el aval en el 70% cuando este iba destinado a grandes empresas y en el 80% cuando la financiación se destinaba a las exhaustas cuentas de pymes y de empresarios autónomos.

Sin embargo, esta vez se decidió ampliar el plazo de amortización del crédito de cinco a ocho años, dado que estos están dirigidos a fomentar la inversión y no la liquidez.

Adaptación imperiosa. La virulencia de los rebrotes del Covid-19 ha puesto de nuevo contra las cuerdas a una economía que ya funcionaba a medio gas con respiración asistida. Los cierres perimetrales y confinamientos, más o menos severos, se han convertido en la tónica habitual no sólo en España sino en toda Europa.

Ante esta situación, autoridades, patronales y entidades financieras se han puesto manos a la obra para tratar de reestructurar los créditos ICO. Su intención es flexibilizarlos mediante la extensión del plazo de amortización, más allá de los ocho años, dotarlos de un período de carencia mínima de dos años, desde los seis meses actuales, y per- puedan tener quitas o conversión de deuda en capital, entre otros aspectos.

En este contexto, el Gobierno recogió el guante al publicar en el BOE el 17 de noviembre el Real Decreto-ley 34/2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial que, entre otros aspectos, incluye la ampliación de la devolución de los créditos ICO, hasta el 15 de mayo de 2021, el alargamiento del plazo de abono en tres años extra, hasta un máximo de ocho (cuando el plazo anterior lo fijaba en cinco) y el aumento de la carencia de pago de 12 a 24 meses.

Para acceder a esta flexibilización, es necesario no estar inscrito en el registro de morosos ni tener procedimientos concursales pendientes; no contar con impagos superiores a los 90 días en créditos ICO o en cualquier otro otorgado por esta entidad y que la Comisión Europea realice una autorización expresa de la ampliación en cuestión. Finalmente, los bancos dispondrán de un plazo máximo de 30 días para dar respuesta a las solicitudes de ampliación de plazos, sin poder obligar para acceder a ello a contratar otros productos o subir el interés sin que esté justificado por el coste.

En cualquier caso, estas medidas no son la panacea frente a la verdadera solución, que inexorablemente pasa por la reactivación plena de la economía, una vez se disponga de una vacuna para hacer frente al coronavirus.

Hasta entonces, cualquier solución adoptada, por muy loable que sea, siempre tendrá sus pros y también sus inevitables contras. En este caso, relacionados con la elevación del déficit público hasta alcanzar cotas nunca vistas, escalando sólo en 2020 en un 14,1% del PIB, según estimaciones del FMI, hasta situarse en el 123% en diciembre, cinco puntos por encima de la previsión del Gobierno.

Otra consecuencia negativa podría ser, además, utilizar los fondos ICO para dar oxígeno a empresas no viables, conocidas popularmente como zombies, drenando recursos para las que sí tienen futuro, una vez superados sus problemas puntuales de solvencia.

Asimismo, hay que añadir que en octubre la Autoridad Bancaria Europea (EBA) comunicó a las entidades financieras la finalización de la excepcionalidad de las medidas contables decretadas en marzo por la pandemia. En consecuencia, los bancos deberán volver a provisionar en sus cuentas de resultados los créditos impagados y elevar así su ratio de morosidad.

La situación anterior permitía establecer moratorias y carencias para alargar los pagos de los intereses o del principal sin que la EBA exigiera que se considerasen morosos.

Está previsto que estas moratorias comiencen a expirar en marzo de 2021 y las entidades financieras temen que no puedan ser renovadas en las mismas condiciones favorables que antaño, lo que podría ocasionar el temido cierre del grifo del crédito y la entrada en concurso de acreedores de miles de compañías, agravando el problema en una suerte de pernicioso efecto dominó.

Además, muchas empresas no solicitaron en su día créditos con aval del ICO, confiando en su propia capacidad de generación de recursos. Pero ante la gravedad de la segunda ola del virus ahora sí se lo estarían planteando como una necesidad imperiosa para sobrevivir. El problema es que en estos momentos los bancos son más reticentes a la concesión de créditos, dada la incertidumbre que rodea a la economía y a la nueva norma contable comunicada por la EBA, que no considera adecuado que se prolongue una medida tan excepcional, ya que teme que sirva para ocultar la morosidad.

Ojo al dato

Sede electrónica de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que incluye la relación de medidas de ayuda a disposición de las empresas, incluyendo la financiación del ICO.

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Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, dotada con hasta 100.000 millones de euros.

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Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Inversión Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, dotada con hasta 40.000 millones de euros.

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Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Arrendamiento Covid-19, Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, dotada con hasta 1.200 millones de euros.

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Guía para la solicitud de líneas de avales y préstamos ICO, publicada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

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Extender plazos de amortización e incluir quitas de deuda, entre las medidas propuestas de flexibilización
Cuando menos, es más
LA respuesta fiscal a la pandemia en las cinco mayores economías europeas refleja que España ha sido el país que menos líneas de avales garantizados ha puesto a disposición de su tejido productivo, 200.000 millones de euros, frente a los 750.000 millones de euros destinados en Alemania, y los entre 400.000 y 300.000 millones de euros que aportaron en Francia, Italia y Reino Unido. Sin embargo, tras analizar el grado de ejecución de estos, España lidera el ranking al lograr comprometer un 46% de las ayudas, frente a un 5% de Alemania, pasando por un 36% en Francia, un 18% en Reino Unido y un 17% en Italia. Entre los motivos apuntados desde el FMI, capacidades burocráticas y restricciones aparte, estaría la propia demanda realizada por las empresas.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
Espada de Damocles hostelera

CIENTOS de profesionales de la hostelería se manifestaron en septiembre pasado en Madrid para exigir medidas de apoyo bajo el lema #salvemoslahostelería, para lo que el sector, que emplea a 1,7 millones de personas y supone el 6,2% del PIB español, demanda:

  • La flexibilización de los créditos ICO.
  • La ampliación de los ERTEs.
  • Actuaciones efectivas de apoyo al empleo.
  • La aplicación de una rebaja temporal del IVA.
  • La aprobación de una renta variable para el alquiler de locales comerciales.

Fuentes: Confederación Empresarial de Hostelería de España y Asociación Empresarial de Marcas de Restauración.

«Oxígeno para pymes y autónomos», por Juan José Morodo

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JUAN JOSÉ MORODO,

subdirector de Cinco Días

@JuanjoMorodo

Oxígeno para pymes y autónomos

Cuando Sequoia Capital, uno de los fondos más reconocidos de Silicon Valley, hizo sonar la alarma en marzo con un comunicado en el que advertía a los emprendedores que venía financiando sobre la necesidad de reconsiderar la situación, estaba describiendo el futuro inmediato. El impacto del Covid-19 sobre la demanda planteaba una seria amenaza para compañías poco capitalizadas, como las startups tecnológicas, que suelen vivir de sucesivas rondas de financiación. No eran una excepción.

Muchas empresas de todos los sectores, sobre todo pymes, ya no volverán a abrir sus puertas tras la pandemia. Y otras muchas tampoco lo harán si no cuentan con herramientas de apoyo claras, ágiles y eficaces que pongan remedio a las enormes dificultades derivadas del inédito frenazo en el negocio, en gran parte debido a confinamientos decretados por las autoridades. El tsunami del Covid ha arrasado con todo, y en el caso del tejido empresarial y del empleo se ha manifestado con extrema dureza también a la espera de una vacuna efectiva.

El Gobierno estableció desde marzo de 2020 medidas para salvar la dovela central que sostiene la economía del país: las pymes y los autónomos. Los créditos con aval del ICO han servido para proporcionar la imprescindible liquidez con el objetivo de evitar las temidas tensiones de tesorería, solventar los gastos fijos, la asfixia en las nóminas o el pago a los proveedores en los primeros meses de la crisis sanitaria. Y, pese a los galimatías denunciados por algunas empresas y desencuentros iniciales entre el sector financiero y el Ministerio de Asuntos Económicos, la recuperación de una relación más fluida los ha llevado a cumplir, con diversas ampliaciones, su función de manera útil y en unos momentos en que la liquidez urgía hasta el límite de la supervivencia. Sin embargo, pasados nueve meses de pandemia, el escenario sigue siendo tenebroso y todo indica la urgencia de medidas a más largo plazo.

Son estos, los plazos de carencia y amortización, el principal problema. Porque aquellas medidas se pensaron para una relativamente pronta recuperación con la que la segunda oleada y su virulencia han dado al traste. Pero la ampliación de estos periodos o la búsqueda de fórmulas para que el ICO pueda reestructurar la deuda de los avales que ha concedido a los bancos para que facilitaran liquidez, así como la línea destinada a la inversión (esta con escasa demanda), sirven, pero no bastan. Como no bastará, por sí sola, la aplicación de los fondos provenientes del Plan de Recuperación para Europa, por muy ingentes que parezcan. Si las dificultades de liquidez derivan en problemas de solvencia y no se acometen reformas estructurales con urgencia, el viaje habrá sido en vano. Y una morosidad ingobernable puede asomar en cualquier momento.

Las restricciones derivadas de la segunda oleada de contagios tras el verano intensificaron los riesgos para la estabilidad financiera y lastran con una pesada losa la recuperación de la actividad. En el escenario actual, parece una lectura optimista incluso la del Banco de España, cuando aplaza al menos hasta fin de 2022 la vuelta a los niveles preCovid.

Ante situaciones excepcionales, urgen medidas excepcionales. Las reestructuraciones de financiación, las ayudas directas o incluso las quitas, significativamente en los sectores más perjudicados por el parón, serán fórmulas que bien diseñadas y aplicadas con eficacia y bajo los principios de viabilidad y buenas prácticas pueden resolver parte del problema. Pero urge también toda una batería de medidas dirigidas a facilitar la oferta y reactivar la demanda, como moratorias fiscales y de alquileres (incluidas rentas variables), bajadas de IVA y planes sectoriales pormenorizados.

El Gobierno ha reconocido que medidas que fueron efectivas, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o los créditos con aval del ICO, “son insuficientes” hoy, ante una falta de demanda que a octubre había hundido los ingresos del 74% de las pymes y con la mitad viendo en riesgo su supervivencia, según el Barómetro de Cepyme. El 64% de los empresarios consultados creen que las medidas del Gobierno han sido “malas o muy malas”. En este sentido, la prolongación de los ERTE debe ser más que una decisión coyuntural e intermitente, y estos requieren igualmente un rediseño que permita a pymes y autónomos planear a largo plazo.

Las empresas con la persiana bajada son un grave coste para toda la economía en términos de riqueza y de empleo. Es una negra espiral que se retroalimenta, como han expresado con preocupación los primeros espadas de los grandes. Un diagnóstico que empeora al comprobarse la incertidumbre de una recuperación incierta.

Frente a inútiles disputas sobre cuánto caerá el PIB este año o el próximo, lo relevante es conocer cuándo se va a recuperar el crecimiento. Porque el aumento de las restricciones por toda Europa, donde están los principales clientes de nuestras empresas y los primeros emisores de turistas hacia España, extiende más incógnitas en el horizonte.

Quienes abren la persiana cada mañana tienen que saber a tiempo con qué cuentan para sacar adelante su negocio, además de solidaridad. El escudo social más valioso para los ciudadanos es la defensa de las pymes y los autónomos, incardinados con la gran empresa como claves de la riqueza, la recaudación tributaria y el empleo, sin los cuales la economía se deshilacha y este último desaparece.

Fomentar capital oxígeno, respaldar a las startups, diseñar programas de venture capital, mimar a los business angels, incentivos extra para quienes tengan el coraje de invertir en producción… Es larga la lista de acciones para impulsar el tejido empresarial. De ellas dependerá el futuro del empleo y, a la larga, del país. 

La ocasión es crítica y ha propiciado que pequeños emprendedores y grandes corporaciones hayan aprendido en tiempo récord a colaborar frente a la crisis. Es también una ocasión histórica para que las pymes den el salto al siglo XXI. Las que adopten soluciones ágiles y creativas podrán sobrevivir. Las que no, pagarán una cara factura.

"La nueva agricultura"

El ingreso mínimo vital

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El ingreso mínimo vital

Lo que hasta hace poco tiempo no era más que una utopía más propia de las prósperas sociedades escandinavas, se está poniendo en marcha en España, no sin ciertos retrasos y dificultades. Más allá del baile de cifras que existe en torno a su percepción por parte de los beneficiarios, lo cierto es que el denominado Ingreso Mínimo Vital ha llegado a nuestro país para quedarse. Una medida que pretende paliar la desigualdad social existente, exacerbada por la crisis sanitaria desatada por la actual pandemia, para dotar a los sectores más desfavorecidos de un colchón de protección que cubra sus necesidades básicas.

FERNANDO GEIJO

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Elogiada por unos y denostada por otros. Sin duda, la renta básica universal genera alabanzas y críticas en los diferentes países en los que se ha debatido su puesta en marcha. Y España no podía ser una excepción. Esta iniciativa redistributiva de la renta disponible es apoyada con fervor por organizaciones progresistas, que la ven como un paso natural en la consolidación del Estado del bienestar, y vilipendiada por los grupos más conservadores, que observan en ella los peligros propios de la consolidación de una mentalidad basada en el abandono del esfuerzo personal de superación cuando su asignación es generalizada.

En lo que no hay duda es en considerar que su implantación selectiva supone caminar hacia una evidente solidaridad económica mediante la instauración de un vasto modelo de protección social que, a la postre, ofrece a los individuos más desfavorecidos un salario ajustado para cubrir sus necesidades vitales esenciales.
El establecimiento en España de una renta básica mínima no es un concepto novedoso. De hecho, diferentes partidos políticos del arco parlamentario han sopesado esta posibilidad en los últimos tiempos. No en vano, varios países, como Países Bajos, Canadá, Finlandia y Francia, han coqueteado con este concepto de redistribución financiera entre los más desfavorecidos al poner en marcha proyectos piloto desde hace años.

La idea que subyace en la asignación de este ingreso económico vital es garantizar un ingreso mínimo de subsistencia a las personas que se encuentran en una situación de evidente vulnerabilidad financiera. Una especie de red social para garantizar la subsistencia de aquellos que están en riesgo severo de exclusión social.

Contra la pobreza. El denominado Ingreso Mínimo Vital (IMV) era una de las medidas estrella del pacto suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos que dio lugar al actual Gobierno de coalición. La aprobación de esta iniciativa sufrió varios retrasos debido a la crisis sanitaria del Covid-19 hasta que, finalmente, vio la luz en el último Consejo de Ministros del pasado mes de mayo.

El arranque de esta iniciativa está siendo más complicado de lo esperado. No en vano, las dificultades en su implantación se derivan de la actual situación económico-social, lo que ha desbordado las expectativas más optimistas de solicitudes debido a la grave crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
De hecho, y después de meses de implantación y con un notable retraso en la gestión de las solicitudes, el Gobierno no ha tenido más remedio que aprobar un Decreto-Ley para alargar plazos y eliminar requisitos para tratar de aligerar el proceso.

Las más de 900.000 solicitudes presentadas hasta finales de septiembre desde que el pasado 15 de junio se abriese el plazo para solicitar el IMV están poniendo a prueba la capacidad de la Seguridad Social. Así, al menos, lo aseguran los sindicatos al denunciar falta de personal para atender la avalancha de peticiones recibidas. Una carencia que se uniría a los problemas informáticos, originados al principio de este proceso, y al exceso de trabajo que entraña la gestión de un ingente número de expedientes acumulados. No hay que olvidar que los funcionarios del ente público deben también tramitar otros asuntos como por ejemplo pensiones, jubilaciones, así como otro tipo de ayudas económicas.

A las complicaciones antes descritas habría que añadir la incertidumbre en el cumplimiento de los plazos administrativos para los solicitantes del IMV. Es decir, una vez superado el lapso de tres meses sin obtener respuesta por parte de las autoridades competentes cuando se realiza una solicitud, se considera desestimada. Es lo que la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común describe como silencio administrativo.

Se calcula que beneficiará a un total de 1,1 millones de hogares, la mitad de ellos con niños.

Es por ello por lo que, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del que es titular José Luis Escrivá, se han puesto manos a la obra para tratar de agilizar los trámites en un intento por simplificar las solicitudes y desatascar la situación mediante la ampliación del plazo de respuesta administrativa de tres a seis meses, hasta final de año, con lo que se sortea el peligro de prescripción legal antes descrito.

Mejoras necesarias. La idea es desatascar el cuello de botella creado entre el aluvión de demandas y la multiplicación de asuntos a atender por parte de la plantilla de funcionarios de la Seguridad Social, especialmente en un escenario de crisis sanitaria generalizada.

Con todo, se pretende que unos 150.000 hogares, que albergan a alrededor de 450.000 personas, puedan cobrar la prestación a partir de la segunda mitad del mes de septiembre. Las cifras muestran que hasta ese momento apenas se había concedido el 10 por ciento de los 900.000 expedientes presentados. Este porcentaje supone que algo más de 85.000 familias en España ya estarían recibiendo la prestación. Sin embargo, la gran mayoría, unas 75.000, fueron concedidas de oficio, lo que supone que sólo han sido analizadas las restantes 10.000 peticiones, un uno por ciento de las entregadas hasta esas fechas.

La cuantía fijada para el Ingreso Mínimo Vital para un beneficiario individual, sin hijos a su cargo que vive solo, asciende a 461,53 euros mensuales, cantidad que coincide con el importe anual de una pensión no contributiva dividida entre doce. En el caso de una unidad de convivencia, el importe va desde los 599,99 euros, para aquella formada por dos adultos, hasta un máximo de 1.015,37 euros si se trata de hogares integrados por dos, tres o cuatro adultos con tres o más, dos o más o un menor a su cargo, respectivamente. Los expertos estiman que estos importes supondrán un gasto al Estado de unos 3.000 millones de euros al año, alrededor de un tercio de lo que abona cada mes en pensiones. Además, se calcula que beneficiará a un total de 1,1 millones de hogares, la mitad de ellos con niños.

Los beneficiarios de esta prestación deben tener un patrimonio neto total inferior a los 100.000 euros, y una edad comprendida entre los 23 años, exceptuando quienes tengan un hijo menor de edad, y los 65 años. Además, una vez presentada la solicitud, si no lo habían hecho antes, deben encontrarse en situación de búsqueda activa de empleo.

Asimismo, su residencia legal y efectiva debe estar en España, de forma ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de la presentación de la solicitud. Otro aspecto a destacar a la hora de acceder al IMV es que se ha puesto especial cuidado en la protección de las víctimas de violencia de género que hayan tenido que abandonar su hogar, así como en el reconocimiento de las parejas de hecho que residan en el mismo núcleo familiar.

Los ciudadanos que estén recibiendo otro tipo de ayudas, como el subsidio o la prestación por desempleo, no podrán acceder al IMV dado que supondría percibir cuantías superiores a esta renta básica y, en palabras del propio Escrivá, se podría desincentivar la búsqueda de empleo al existir la posibilidad de sumar varias ayudas.

En cualquier caso, la medida no deja de estar en línea con lo acordado por los países más avanzados de nuestro entorno y supone un plausible avance hacia la constitución de una sociedad indudablemente más justa e igualitaria.

Ojo al dato

Sede electrónica de la Seguridad Social con información de referencia sobre el Ingreso Mínimo Vital. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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Guía de facilitación de acceso a las medidas. Ingreso Mínimo Vital. Vicepresidencia Segunda del Gobierno. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

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Tramitación de la solicitud a través del formulario del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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Simulador del Ingreso Mínimo Vital. Página web de la Seguridad Social. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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Información para solicitar el Ingreso Mínimo Vital. Cruz Roja Española.

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La cuantía del IMV va desde los 461,5 euros mensuales hasta un máximo de 1.015 euros

Condiciones generales de aceptación

Entre los requisitos para ser beneficiario, que deben cumplirse al solicitar la prestación y mantenerse mientras se perciba la misma, se encuentran:
• Residir en España desde hace al menos un año, salvo para las víctimas de explotación sexual o violencia de género (sin plazo).
• Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, para lo que se valora la capacidad económica del individuo y/o de todos los miembros de la unidad de convivencia, tanto en términos de ingresos como de patrimonio.
• Haber solicitado las pensiones y prestaciones a que se tenga derecho, salvo rentas mínimas y salarios sociales o similares, concedidos por las comunidades autónomas.
• Los mayores de 28 años deben iniciar, si no lo han hecho ya, los trámites para figurar como demandantes de empleo y el resto de los adultos acreditar que cursan estudios reglados, quedando excluidas las personas dependientes y sus cuidadores, discapacitadas en grado de 65% o superior y los beneficiarios de pensión de incapacidad, invalidez, jubilación o aquellos mayores de 65 años.

Fuente: Seguridad Social.

Ajustes normativos

Entre los cambios recogidos en el Decreto-Ley de actualización de las condiciones de acceso al IMV cabe subrayar:
• El plazo de la Administración para resolver las solicitudes de los demandantes se alarga de tres a seis meses, para evitar que caduquen por silencio administrativo.
• Las solicitudes positivas presentadas en 2020 tendrán carácter retroactivo y, por tanto, derecho a cobro desde el 1 de junio.
• Se deja de exigir, salvo posterior discrepancia, la presentación del padrón en la solicitud, al ser comprobado por la propia Seguridad Social con los datos del INE.
• La exigencia de inscripción como demandantes de empleo de todos los adultos solicitantes no tendrá que cumplirse antes de presentar la solicitud, sino que se podrá completar, una vez aprobado el IMV, en los seis meses siguientes.
• Únicamente los solicitantes menores de 30 años que vivan solos deberán acreditar su independencia, no así el resto, como ocurría antes.
• La acumulación de los, al menos, 12 meses de cotización, seguidos o alternos, ahora debe haber tenido lugar en los últimos tres años a la presentación de la solicitud.
• Se endurecen las condiciones de acceso para las parejas de hecho en situación de unidad de convivencia, que ahora deben contar con una antigüedad de inscripción en el correspondiente registro de, al menos, dos años desde la presentación de la solicitud del IMV.
• La nueva norma permite excluir del cálculo económico a los adultos que no sean los progenitores, sin perjuicio de superar los umbrales totales establecidos, y que, en caso de no haber recibido respuesta a su solicitud, puedan solicitar el IMV transitorio por su cuenta.
• Para agilizar el proceso, ahora se aceptarán los informes de las comunidades autónomas en relación con los beneficiarios de otras rentas mínimas.
Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE).