Tarifas a velocidad luz

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Tarifas a velocidad luz

El adjetivo ‘histórico’ ha pasado de mera coletilla a convertirse en un auténtico epíteto. Al menos a la hora de calificar la singular escalada sin control que está experimentando en los últimos meses el precio de la electricidad en España. Una subida desbocada que sitúa el importe medio del megavatio hora en torno a los 200 euros y que bate, casi a diario, su plusmarca anterior empeñándose en dejarla prematuramente obsoleta.

FERNANDO GEIJO

@fergeijo

Fernando Geijo

La tormenta perfecta, gestada al calor del aumento sin parangón del precio de la energía unido al encarecimiento de los costes del transporte de mercancías, está amenazando el crecimiento de la economía mundial. El horizonte en toda Europa es similar.

El escenario de partida puede resultar paradójico, si tenemos en cuenta que el embolsamiento del ahorro acumulado por los ciudadanos tras largos meses de confinamiento y restricciones, ha elevado, como es lógico, la demanda de algunos productos y servicios. Sin embargo, la oferta se está ralentizando por las crecientes dificultades de producción de las fábricas, que enfrentan elevados sobrecostes energéticos y de materias primas, además del mencionado encarecimiento de los precios experimentado en la cadena logística. Lo que ha creado un auténtico atasco global con el desabastecimiento generalizado como principal consecuencia.

Peligro: alto voltaje. Si se analizan los datos facilitados por el gestor del mercado eléctrico designado (OMIE) para la Península Ibérica, se observa un gráfico de dientes de sierra en el que predominan altibajos constantes a la hora de fijar el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista.

A pesar de lo anterior, parece que la tarifa del megavatio hora (MWh) se está estabilizando, tras acumular un récord tras otro y marcar el máximo histórico el pasado 7 de octubre en 288,53 euros. La mala noticia es que esa supuesta calma se está produciendo en la banda alta de precios. Es decir, por encima de los 200 euros/MWh.

En cualquier caso, lo que parece claro es que el coste de la luz sigue desbocado. Al menos si lo comparamos con los datos registrados en 2020 por estas mismas fechas. De esta forma, se constata que el precio ha tenido un crecimiento exponencial del 367 por ciento, frente a los 45,19 euros registrados el 23 de octubre del pasado ejercicio.

Ante este panorama de emergencia, el Gobierno aprobó en el consejo de ministros del pasado 24 de junio una batería de medidas fiscales coyunturales encaminadas a contener el precio de la electricidad. Así vio la luz el Real Decreto-ley 12/2021 que, entre otros aspectos, implica la reducción del IVA del 21% al 10%, medida en vigor hasta el 31 de diciembre para los consumidores con una potencia contratada inferior a los 10 kW, siempre y cuando el precio medio del mercado no supere los 45 euros kWh, lo que, en teoría, supone rebajar la factura eléctrica a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas.

Asimismo, se estableció que esta reducción del IVA se aplicase a los consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social (50% de los beneficiarios del bono social) hasta fin de año, independientemente de la potencia contratada y el precio vigente en el mercado, lo que beneficiará a 612.000 hogares, según fuentes oficiales.

El Gobierno calculó además que esta decisión tendría una rebaja efectiva total de 857,5 millones de euros, a los que hay que sumar otros 400 millones de euros, como consecuencia también de la suspensión, entre julio y septiembre pasados, del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE).

La combinación de ambas medidas fiscales, rebaja del IVA y suspensión del IVPEE, supone, según cálculos del Gobierno, la reducción de la factura media por hogar en un 12%. Asimismo, el ejecutivo adelantó que, gracias a los efectos de la implantación del Proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, remitido al Congreso de los Diputados, se prevé financiar los costes de las políticas de fomento de las renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización de residuos, lo que permitirá una reducción de la factura de un 13% para los consumidores domésticos.

Cruda realidad. El consenso de expertos indica que el precio de la electricidad se mantendrá elevado, al menos, hasta la primavera de 2022. Entre sus causas se encuentra el constante incremento del precio del gas natural, presionado por el aumento de la demanda poscovid y la pertinaz dependencia de Europa, España incluida, de esta fuente energética. Máxime cuando, en los últimos meses, ha multiplicado por cinco su precio en los mercados internacionales.

Por otra parte, influye el funcionamiento de la subasta que fija los precios en el mercado eléctrico español, el denominado pool, que tiene una naturaleza marginalista. Es decir, centrada en la última unidad producida, lo que a la postre supone priorizar la fijación del precio ofrecido por la electricidad obtenida por centrales térmicas alimentadas por petróleo y gas, generalmente más caro, frente al obtenido de fuentes renovables (eólica, fotovoltaica y, en menor medida, hidráulica) o de la electricidad de origen nuclear.

Por último, el tercer factor sería la carga en la factura derivada de tasas e impuestos, que suponen una parte sustancial del importe de la misma y que incluyen algunos como el de distribución, IVA, municipales, moratoria nuclear, contribución a las renovables e interrumpibilidad, por citar sólo algunos.

En el ojo del huracán. El encarecimiento de la factura eléctrica está causando auténticos estragos en múltiples sectores económicos. Pero especialmente en la denominada industria electrointensiva, aquella que depende en mayor medida del uso masivo de la electricidad para producir sus bienes, que engloba a metalúrgicas, siderúrgicas y químicas, y a las que habría que sumar las que utilizan el gas como principal fuente de energía, como las azulejeras.

De hecho, metalúrgicas y acerías como Sidenor, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Ferroatlántica, entre otras, ya han anunciado paros intermitentes o cierres parciales para reducir su actividad en los días de mayor encarecimiento de la luz. Su objetivo: mitigar el zarpazo del coste energético que supone, en muchos casos, el 60% del total de los costes de producción y que, según la Asociación de Grandes Consumidoras de Energía (AEGE), podría llevar a cierres definitivos de plantas industriales. Además, reclaman la firma de contratos de suministro a largo plazo, para atenuar los vaivenes de los precios y dar certidumbre al sector, como sucede en Alemania y Francia, donde suponen entre el 70% y el 80% del total, frente al exiguo 30% que representan en nuestro país.

En definitiva, la quimera que siempre ha supuesto la interpretación de la factura de la luz ha dejado de ser un arcano ininteligible para los consumidores, más preocupados ahora por poder pagar la última línea de la misma, la referida al total, que por entender todo el desglose anterior que lo justifica hasta llegar a esa cantidad expresada en euros y resaltada en negrita que tiene, desde hace meses, más dígitos que de costumbre.

¿Libre o regulado?

El mercado de la electricidad se divide entre los consumidores acogidos a la tarifa regulada, denominada PVPC (acrónimo de Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) y la tarifa liberalizada.

Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes, pero se diferencian en varios aspectos:

  • Tarifas PVPC:

Precio variable, sin permanencia, por consumo en franjas horarias.

Ofertado sólo por un limitado número de comercializadoras, acogidas al mercado regulado.

Única tarifa compatible con el bono social e incompatible para contratar potencias superiores a los 10 kWh.

  • Tarifas de mercado libre:

-Precio fijo, con posible permanencia el primer año, y revisiones periódicas.

-Amplia variedad de comercializadoras, con posibilidad de descuentos.

Compatible con la tarifa de discriminación horaria y la posibilidad de disponer de energía verde.

Ojo al dato

Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.

Informe Powering the Energy Transition Through Efficient Network Tariffs, elaborado por Eurelectric, patronal de la industria eléctrica en Europa.

Precios de la electricidad para consumidores domésticos: datos semestrales (desde 2007 en adelante). Oficina Europea de Estadística (Eurostat). Comisión Europea.

Informe sobre La nueva factura de la luz, de aplicación desde el 1 de junio de 2021. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las barbas del vecino

A la espera de los efectos de las medidas fiscales tomadas en verano, España continúa siendo el quinto país de la Unión Europea con el precio de la electricidad más elevado, por detrás de Alemania, Dinamarca, Bélgica e Irlanda, con un precio, incluidos impuestos, de 0,2323 euros por kilovatio/hora, según reflejan los últimos datos ofrecidos por Eurostat relativos al primer semestre de 2021 sobre consumidores domésticos (con un consumo de entre 2.500 y 5.000 kWh al año).

El precio se encuentra, en ambos casos, justo por encima del registrado por el de la media de la zona euro, situado en 0,2322 kWh, y el del conjunto de la UE-27, establecido en 0,2192 kWh.

«Edison, Tesla y Europa», por Carmelo Encinas

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Carmelo Encinas.

CARMELO ENCINAS,
periodista. Asesor editorial de 20 minutos

 

 Edison, Tesla y Europa

No hace tanto tiempo. Solo han pasado cuatro generaciones desde que nos alumbrábamos con velas y ahora no sabríamos vivir sin la electricidad. Cuando en el último tercio del siglo XIX Edison y Tesla trataban de dominar esta forma de energía, resultaba algo mágico o exotérico para la inmensa mayoría de la gente. La electricidad era una fuerza inquietante difícil de manejar y casi imposible de almacenar. Aún hoy en día, y a pesar del extraordinario avance experimentado por las baterías que impulsó el desarrollo de los móviles, el almacenamiento de electricidad sigue siendo el mayor de los retos tecnológicos en este campo.

No queda pues tan atrás aquella primera bombilla de bambú carbonatado que Thomas Edison logró que luciera durante 48 horas y su primer sistema de alumbrado de 48 focos en Menlo Park con el que consiguió convencer al mundo de que la electricidad podía alumbrar nuestras vidas. La de este científico de Ohio fue una historia de éxito que cambió el mundo, aunque no fuera del todo suya la gloria que logró acaparar. Su faceta de empresario le permitió liderar un grupo de científicos que quedaron en el anonimato y que le proporcionaron los descubrimientos necesarios para lograr sus inventos. Entre ellos estaba Nicola Tesla, uno de los visionarios más geniales y brillantes de aquella revolución tecnológica.

Lo cierto es que todos los honores se los llevó Edison, que siempre cuidó su fama y a la prensa mientras que el mundo se olvidaba de Tesla, una figura que en los últimos años se ha rescatado del olvido hasta divinizarlo. Además de reconocerle sus hallazgos científicos, entre ellos el de la radio, que Marconi se atribuyó habiendo usado 17 patentes de Tesla, ahora se le ha llegado a considerar como una mente con poderes intelectuales casi sobrenaturales. Ese alto grado de reconocimiento es el que condujo al empresario Elon Musk a ponerle su nombre a la empresa que apostó con más determinación por el desarrollo de baterías para revolucionar la movilidad con los coches eléctricos.

La electricidad, esa fuerza invisible que Edison y Tesla se empeñaron en domesticar hace ciento veinte años, sigue siendo la energía con más futuro y de la que ya no podemos ni sabríamos prescindir. Un sencillo repaso a nuestros hábitos personales y profesionales permite reconocer el alto grado de dependencia que tenemos de ese flujo energético, que nunca vemos pero que enciende nuestras bombillas, nuestros teléfonos u ordenadores y nuestros aparatos domésticos. Casi todo lo activa la electricidad, porque incluso los automóviles que funcionan con combustibles fósiles requieren de una batería eléctrica para arrancar. Tamaña subordinación explica el que resulte tan inquietante la desbocada escala en los precios de la energía que nada ni nadie parece capaz de frenar.

No seré yo quien pontifique sobre una materia tan compleja porque, si comprender el recibo de la luz ya requiere de un cursillo avanzado, el llegar a entender la poliédrica estructura de los factores que determinan el coste del kilovatio necesita de un máster completo que no he cursado. Sí alcanzo a entender que la actual cabalgada de costes guarda relación directa con la subida experimentada por el gas, (de 16 a 75 euros a la hora de enero y septiembre) provocada por el extraordinario tirón de la demanda tras la pandemia, y comprendo también que el necesario proceso de descarbonización hacia las energías renovables tiene un alto coste, sobre todo para los países que no disponemos de una energía propia que proporcione estabilidad al sistema. Ni el sol ni el viento suministran un flujo de electricidad estable y cuando falta hay que lograr el equilibro tirando de las centrales térmicas convencionales de carbón o gas y de las hidroeléctricas, aunque estas últimas también están sujetas a la disponibilidad de agua. Las centrales nucleares logran una producción estable pero no permiten una regulación de potencia en función de la demanda.

Es obvio que no disponemos ahora de genios como Edison o Tesla que resuelvan un problema tan medular para nuestras macro y micro economías, aunque, una vez más, la solución podría estar en Europa. La federalización en la compra de gas, que de momento no ha sido considerada, les proporcionaría a los países comunitarios una posición privilegiada de cara a los proveedores: Argelia, Noruega y, sobre todo, Rusia, cuya manipulación deliberada del mercado parece estar violando las normas de competencia de la UE.

No son pocos además los expertos que apuestan a futuro por una ultra red europea que optimice la nueva generación de renovables. Se trataría básicamente de que esa red pudiera aprovechar la energía solar generada por el día, de forma intermitente pero puntual y conocida, en las regiones más soleadas del sur de Europa, como Murcia o Almería, y combinarlas con la sobrante de las centrales eólicas del Mar del Norte producida por la noche. Esta fórmula, complementada con bombeos hidráulicos reversibles, especialmente viables en la orografía española para almacenar los excedentes de unas y otras, permitiría fabricar hidrógeno verde a precios muy competitivos.

Soluciones ha de haber para estos tiempos de transición y zozobra y cuanto hagamos en Europa por romper fronteras que permitan el intercambio energético, será política, social y económicamente positivo.

Edison y Tesla libraron la llamada guerra de las corrientes, una de las batallas más sonadas en el ámbito científico de la época, que enfrentó a los partidarios de las corrientes alterna y continua. Hoy la discusión de esos dos genios versaría sobre la mejor forma de obtener y distribuir energía limpia y barata para no asfixiar el planeta.

Impulso a los emprendedores

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Impulso a los emprendedores

Los más jóvenes están siendo los claros damnificados de esta nueva crisis, emergida cuando apenas se habían apagado los rescoldos de la anterior. Una generación que tiene que lidiar con una tasa de paro para los menores de 25 años del 39,9%, la más alta de la Unión Europea y casi el doble de su tasa media. Ante su precaria situación, el Gobierno se ha puesto manos a la obra y aprobó, a finales de junio, un paquete de medidas de apoyo para los autónomos y jóvenes emprendedores por un importe total de 98,5 millones de euros. La financiación se puede solicitar a lo largo de 2021.

FERNANDO GEIJO

@fergeijo

Fernando Geijo

La incapacidad de España para cerrar, o al menos tratar de estrechar, la distancia que nos separa de nuestros socios europeos en términos de desempleo es una pertinaz característica de nuestra economía. Muchos jóvenes se ven, en ocasiones, forzados a optar por la vía de Barajas como la única solución para salir adelante en la vida. Esta situación desemboca en una permanente hemorragia, en términos de pérdida de talento, que ninguna sociedad del denominado primer mundo puede permitirse a largo plazo.

Ante ello, el Gobierno ha dado un paso al frente al tomar cartas en este asunto, consciente de la situación de emergencia por la que atraviesa el segmento de la población llamado a liderar el futuro de nuestro país.

En este sentido, a finales del pasado mes de junio, el Consejo de Ministros aprobó el lanzamiento de tres líneas de crédito dotadas por un importe total de 98,5 millones de euros. Un auténtico salvavidas pensado para apoyar la financiación tanto de las pymes creadas por autónomos como de los incipientes proyectos empresariales de jóvenes emprendedores. Estas líneas de apoyo son, de nuevo, gestionadas por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), organismo dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Todos para uno. Los tres grupos de programas de crédito aprobados por el ejecutivo se reparten entre la Línea Empresas de Base Tecnológica 2021, que dispone de un presupuesto de 20,5 millones de euros; la Línea Jóvenes Emprendedores 2021, con idéntica dotación financiera; y la Línea Pyme 2021, que más que dobla la media económica de sus homólogas al alcanzar un techo de gasto de hasta 57,5 millones de euros.

Los importes a conceder, siempre que las empresas aspirantes tengan su sede en territorio nacional, entre otras condiciones a cumplir, oscilan entre los 25.000 euros, mínimo común para las tres líneas de financiación, con un tope máximo que varía entre los 75.000 euros en el programa destinado a Jóvenes Emprendedores hasta los 1,5 millones de euros en el caso del relativo a las pymes, pasando por los 300.000 euros para las microempresas enfocadas en la tecnología.

Asimismo, el vencimiento máximo de los préstamos se sitúa en los siete años, en las líneas de apoyo a jóvenes emprendedores para el desarrollo de startups y pymes, quedando el plazo en los nueve años en el supuesto de la destinada a impulsar el crecimiento de compañías mediante la expansión o mejora de su negocio, al tiempo que se fija la carencia máxima de los mismos en cinco años, para las dos primeras, y en los siete años para la última línea.

En palabras de la titular del departamento de Industria, Reyes Maroto, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como a quienes emprenden en España “es un objetivo prioritario” con interés en conseguir “la recuperación y la transformación de nuestro modelo económico” en esta aún titubeante etapa post-Covid que apenas comenzamos a explorar.

¿No hay futuro? Este auténtico maná en forma de ayuda financiera mediante la concesión de créditos participativos abre un panorama de oportunidades para cientos de microempresas y pymes que servirá para impulsar su actividad con el objetivo de dotarse de la necesaria fortaleza financiera de cara a acometer proyectos de internacionalización o a incluir procesos innovadores, entre otros aspectos disruptivos. Sin duda, este es el auténtico leitmotiv que impregna de forma transversal la presentación de cualquier proyecto que aspire a la obtención efectiva de fondos.

En cualquier caso, herramientas similares ya se pusieron en marcha en el pasado para este mismo colectivo emprendedor con un indudable éxito. De hecho, su andadura data de hace más de dos décadas, en el caso de la línea de apoyo más longeva, en las que ENISA ha repartido unos 1.100 millones de euros mediante la concesión de más de 7.000 préstamos invertidos en alrededor de 6.300 empresas.

En concreto, en el pasado ejercicio las operaciones aprobadas en el marco de estas líneas de financiación por este organismo dependiente de Industria ascendieron a un total de 506, lo que supuso un aumento del 11% con respecto a 2019, y la inversión de 83 millones de euros.

Divino tesoro. Las opciones de financiación se pueden solicitar a lo largo de 2021, comprendiendo tanto partidas ejecutadas desde el 1 de julio de 2020 como aquellas que se ejecuten hasta dos años después de la fecha de formalización de la financiación.

Una vez registrada la empresa y formalizada la solicitud, mediante la efectiva cumplimentación de los formularios ad hoc relativos al plan de negocio de cada proyecto aspirante y tras la aportación de la documentación obligatoria y complementaria solicitada, a través del ‘portal del cliente’ en la página web de ENISA (www.enisa.es), se inicia el proceso de admisión y análisis de cada proyecto, cuya decisión final será comunicada al interesado en cuestión.

El apoyo al tejido empresarial siempre es un factor beneficioso a la hora de crear oportunidades laborales, máxime para los jóvenes, además de constituir la senda adecuada de cara a tratar de cambiar nuestro vulnerable modelo productivo hacia una economía más basada en la innovación y la tecnología. Y para muestras, los botones de empresas tan conocidas como Pastoret, Holaluz, Privalia, Scalpers, Glovo o Cooltra, por citar sólo algunos ejemplos, a las que ENISA ya prestó su apoyo en el pasado.

Requisitos

Las tres líneas de financiación cuentan con unos elementos comunes a la hora de solicitar las respectivas ayudas, que se centran en:

  • Ajustarse a la definición comunitaria de pyme (menos de 250 empleados y de 50 millones de facturación).
  • Tener personalidad jurídica propia.
  • Haber constituido el negocio en los últimos 24 meses previos a la solicitud.
  • Contar con domicilio fiscal en España.
  • Demostrar la viabilidad técnica y económica del proyecto.
  • Depositar las cuentas en el Registro Mercantil.
  • No pertenecer al sector financiero ni al inmobiliario.

En cuanto a las especificidades de cada línea de crédito, en el caso de la destinada a Jóvenes Emprendedores se solicita, asimismo, que el modelo de negocio en cuestión sea novedoso y disponga de evidentes ventajas competitivas. Por su parte, las otras dos líneas aprobadas deben demostrar que su estructura financiera es equilibrada y contar con un equipo gestor profesional, mientras que para las ayudas superiores a los 300.000 euros se solicita, además, tener auditados los estados contables del último ejercicio.

Ojo al dato

Líneas de Financiación de la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Guía de solicitud de préstamos de ENISA.

Vida más allá de Enisa

Con independencia del sector público, existen otros cauces de financiación para pymes y emprendedores que evitan pasar por la convencional ventanilla bancaria a la hora de solicitar un préstamo. Entidades como Gedeco disponen de una amplia oferta de servicios que van desde el factoring hasta el renting de activos, pasando por el confirming y otras opciones, como el descuento de pagarés, aunque siempre adaptadas a las necesidades específicas de las pequeñas y medianas empresas en el medio y largo plazo.

Asimismo, hay otras formas de obtener dinero para un incipiente negocio encuadradas en los conceptos de crowdlending o crowdfounding, además de las opciones que supone las alternativas del business angels o el venture capital, entre otras.

«El compromiso europeo es rentable», por Emilio Ontiveros

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EMILIO ONTIVEROS
Catedrático emérito de la UAM. Fundador y presidente de AFI

 

 El compromiso europeo es rentable

@ontiverosemilio

La recuperación de la economía mundial es un hecho: al final de la primera mitad de este año el PIB global había recuperado el valor de fin de 2019. La mayoría de las instituciones internacionales y analistas privados anticipan para el conjunto de este año ritmos de crecimiento de una intensidad sin precedentes en los últimos 80 años.

Tras esa visión panorámica se amparan realidades distintas según las economías nacionales que, en líneas generales, reflejan el impacto diferencial de la pandemia y las también desiguales respuestas de política económica para neutralizar sus consecuencias más depresivas. Mientras que el 90% de las economías avanzadas recuperarán el nivel de PIB por habitante el próximo año, solo una tercera parte de las consideradas emergentes (China excluida) lo conseguirán.

Europa, a diferencia de lo ocurrido en la crisis financiera desencadenada en 2008, se ha incorporado a la senda de la recuperación y lo ha hecho fortaleciendo su cohesión y, en cierta medida, su arquitectura institucional. Este es uno de los rasgos más esperanzadores que todavía podemos asumir en mayor medida desde una economía como la española. El contraste con la gestión de la crisis anterior es difícil pasarlo por alto. A tenor de la severidad con que desde el primer momento se manifestaron las consecuencias económicas de los confinamientos, las autoridades comunitarias, en estrecha sintonía con los gobiernos nacionales, entendieron que lejos de añadir restricciones sobre la capacidad de maniobra de las finanzas públicas nacionales, deberían relajar las que impone el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Adicionalmente, la Comisión Europea reformuló su marco de presupuestación plurianual y, lo más relevante, asumió la conveniencia de endeudamiento directo en los mercados de bonos, por 750.000 millones de euros, para transferir esos recursos a los Estados miembros a través del instrumento Next Generation EU. El precedente es destacable, como lo es el impacto que esa apelación de un emisor de la máxima calidad crediticia a los mercados de bonos ya está teniendo sobre la propia proyección internacional de la moneda común. Todo ello sobre la base de actuaciones, también adecuadas, del Banco Central Europeo desde el primer momento.

Con todo, el rasgo más relevante en mi opinión es la contribución a la transformación de las economías mediante la asignación de dos prioridades en la inversión de esos recursos: transición energética y digitalización. Ambas son expresivas de esa necesidad de recuperar el tiempo perdido y, haciendo de la necesidad virtud, acelerar la modernización de las economías receptoras de los recursos. Son, efectivamente, dos destinos que, dada su intensidad tecnológica, además de estrictamente necesarios para acercar la UE a los estándares ya vigentes en EEUU y China, facilitarán igualmente el aumento de la productividad de las empresas y, con ello, el crecimiento potencial de las economías. Ahí radica la gran oportunidad. No es de extrañar que las empresas privadas traten de aprovechar las posibilidades de participación en muchos de los proyectos que los Estados miembros ya están enunciando.

Esa colaboración público-privada es uno de los ámbitos en los que hay que confiar para que, a la recuperación de la economía española, la más pronunciada de la UE, le acompañe una verdadera transformación. Claro que es importante que nuestro país sea el segundo principal receptor de recursos de ese fondo. Pero, en mi opinión, es mucho más la posibilidad de que esos fondos europeos sean realmente la palanca que movilice inversión privada española y extranjera, multiplicando esos 140.000 millones y los efectos favorables asociados. Para ello es necesario que nuestra economía proyecte suficiente confianza a los inversores privados a medio y largo plazo. Eso significa fortalecer la concepción de nuestra economía como una de bajo riesgo y alto grado de compromiso europeo. Ambos son atributos estrechamente asociados y de probada utilidad en nuestra historia reciente. Más allá de los muy significativos ingresos de fondos europeos recibidos en estos 35 años, y del ascenso en la renta per cápita, la economía española sigue obteniendo una prima de confianza derivada de la presunción de que en nuestro país es amplio el respaldo político y de los ciudadanos a la asunción de las normas y disciplinas de la UE, incluidas las de la unión monetaria.

A diferencia de otros parlamentos de economías importantes, en el nuestro no existe por el momento partido político que programáticamente defienda el abandono de esas instituciones y su disciplina. La evidencia también avala la prioridad que los distintos gobiernos españoles han concedido al respeto a esas reglas, derivado del convencimiento de su conveniencia para la mejora del bienestar. Ahora, la vía más importante de exhibición de ese compromiso, de rentabilización del mismo en términos de fortalecimiento de los efectos multiplicadores de los fondos del Next Generation EU, sería dejar fuera de la crispación partidista al uso el horizonte plurianual de concreción de esos proyectos de inversión. Se debería señalizar de forma inequívoca a la inversión empresarial española y extranjera que, gobierne quien gobierne en los próximos años, se mantendrá el empeño en maximizar el potencial transformador de esa iniciativa europea. Un compromiso que puede ser tan rentable como el que ha amparado el apoyo al perfeccionamiento de la dinámica de integración en estas últimas décadas.

¿Hacia un nuevo contrato social?

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¿Hacia un nuevo contrato social?

La necesidad de flexibilizar el encorsetado mercado laboral es una evidencia que se antoja cada vez más imperiosa. Con uno de los índices de paro juvenil más altos del mundo civilizado, esta reforma se torna, incluso, perentoria. Si, además, la medida se aborda al mismo tiempo que la procrastinada problemática que entraña la sostenibilidad del sistema de pensiones, la jugada se antoja redonda. Al menos así lo indica el Banco de España al proponer, una vez más, la implantación en nuestro país del sistema conocido como la ‘mochila austríaca’. Un modelo que implica reformular la regulación actual de la indemnización por despido pero que, de momento, sigue sin contar con el consenso necesario de los grupos políticos, los representantes sindicales ni siquiera de las organizaciones empresariales. Por consiguiente, parece que, al menos de momento, la constitución de un nuevo estatuto de los trabajadores acorde al siglo XXI tendrá que esperar a otra ocasión más propicia.

FERNANDO GEIJO

@fergeijo

Fernando Geijo

La reforma del mercado laboral y del sistema de pensiones son, sin duda, dos de las cuestiones más peliagudas a las que desde hace décadas se enfrenta la sociedad española.

La tasa de desempleo entre los más jóvenes, cercana al 40% entre los menores de 25 años (el doble que la media de la eurozona), está teniendo graves efectos en la economía. La caída en picado de la tasa de natalidad y la dilación en la emancipación son sólo algunos de ellos, además del consabido deterioro de su capacidad de consumo. Además, esta situación estructural dejará secuelas a la larga relacionadas con la demora en la toma de decisiones de los proyectos de vida de toda una generación de españoles. Si a esto se une la imparable tendencia, coronavirus aparte, al alargamiento de la esperanza de vida de los ciudadanos, el resultado es un cóctel que, más pronto que tarde, explotará con evidentes consecuencias en la salud, entre otros, del sistema público de pensiones.

La posibilidad de repensar el futuro del mercado laboral es, por tanto, una necesidad más que evidente en España. La dualidad del actual sistema, con trabajadores indefinidos blindados en función de su antigüedad y empleados temporales expuestos a la constante precariedad derivada de los vaivenes de la cuenta de resultados, reclama la toma de medidas.

Un país, dos sistemas. En su último Informe Anual, relativo al ejercicio 2020, el Banco de España propone la implantación en España de la ‘mochila austríaca’, propuesta que ya incluyó en la reforma laboral planteada por el gobierno socialista en 2010. La diferencia es que, en esta ocasión, el Banco de España ha ido un paso más allá al cuantificar su implantación en alrededor de 9.000 millones de euros. Cantidad que sería financiada en su mayoría con cargo al esperado maná de los fondos europeos de reconstrucción.

La entidad plantea una suerte de sistema mixto con el establecimiento de un fondo de capitalización individual por empleado nutrido por los propios empresarios. A cambio, se rebajaría a alrededor de la mitad el coste por despido improcedente.

Una carga considerada actualmente elevada en el caso de los trabajadores indefinidos que cuentan con la suficiente antigüedad acumulada y que, a la postre, limita la movilidad laboral ante el temor a perder ese escudo protector que les blinda de las sucesivas crisis económicas.

El Banco de España ha puesto el dedo en la llaga a la hora de poner de relieve algunas de las principales deficiencias de nuestro mercado de trabajo, donde el grueso de los ajustes durante las recesiones recae una y otra vez sobre los colectivos de trabajadores más vulnerables. De hecho, las medidas de política fiscal adoptadas ante una crisis suelen provocar un mayor o menor deterioro de las cuentas públicas, que en el caso de España ya partían de una situación de elevada vulnerabilidad antes, incluso, de la llegada de la pandemia.

Ante este complicado panorama, la introducción de cuentas de ahorro de capitalización individual para afrontar las indemnizaciones por despido en España, es decir la adopción del modelo inspirado en la denominada ‘mochila austríaca’ podría ser una solución, aunque tiene, sin duda, sus luces y sus sombras. Prueba de ello es la falta de consenso para proceder a su implantación en los sucesivos intentos de puesta en marcha, que no han pasado del mero grado teórico y que ya fueron tumbados en el pasado, a pesar de las recomendaciones emitidas también desde la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional.

No sin mi “mochila”. La medida, como ocurrió en 2003 tras su implantación en el país que le da nombre, introduce flexibilidad y reduce la dualidad entre empleados fijos y eventuales, al tiempo que amplía la capacidad del trabajador para cambiar de empleo sin perder sus derechos laborales adquiridos.

La “mochila” acompaña al trabajador durante toda su vida laboral, al depositar la empresa un porcentaje del salario del empleado, un 1,53% bruto en el caso austríaco, en un fondo de capitalización a su nombre. Ese dinero sirve de “colchón” para, en caso de despido, indemnizar al trabajador, al tiempo que puede ser transferido a otra empresa en caso de que éste decida cambiar de compañía.

Además, en el supuesto de no llegar a utilizarse el fondo a lo largo de la vida laboral, la “mochila” sirve de complemento para la jubilación, lo que no deja de ser una plausible solución ante la problemática que se avecina en torno al futuro sostenimiento del sistema público de pensiones.

La duda que planea sobre técnicos y expertos es si es aplicable o no el modelo austríaco en España. Para ello analizan cuestiones relacionadas con aspectos como la adecuada administración de esos fondos; la cuantía del salario bruto a destinar a la mochila; el posible fraude en el sistema o; incluso, si seguirá habiendo algún tipo de indemnización por despido una vez implantado.

Lo que parece indudable es que este sistema favorecería a los trabajadores con sueldos más altos. Sin embargo, y a pesar de su elevado coste inicial de implantación, también resultaría una oportunidad histórica gracias a la inminente llegada de los fondos europeos, ya que permitiría la implantación de una cultura del ahorro de cara al retiro, desincentivaría la economía sumergida, fomentaría la movilidad laboral y, por ende, recudiría los ocasionales períodos de desempleo, entre otros aspectos.

Las nuevas generaciones pueden aferrarse en sus legítimos reclamos a la célebre proclama de mayo del 68 francés, que preconizaba en feliz aforismo ‘la imaginación al poder’. En cualquier caso, lo que a todas luces parece inaplazable, y nunca antes había sido tan acuciante, es la necesidad de afrontar un verdadero cambio de mentalidad para abordar estos desafíos.

Cuestión de números

La implantación de un sistema similar al modelo austríaco podría suponer la supresión de obstáculos a la hora de ejecutar despidos, al apostar por la capacidad del empleado y no por el coste económico que entraña su desvinculación laboral.

Sin embargo, la tasa de temporalidad en España es muy elevada, en torno al 25% del total de ocupados, lo que sitúa al país en el tercer puesto por la cola entre los miembros de la OCDE. A pesar de la reforma laboral de 2012, que redujo la indemnización por despido improcedente de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 meses de salario, a 20 días y 12 meses de sueldo (33 días y 24 meses en caso de contrato indefinido), nuestro país tiene el mayor coste de despido de la Unión Europea, con 15,2 semanas de media, sólo superado en la Unión Europea por Grecia (15,9), y en la OCDE por México (30 semanas), Chile, Israel y Corea del Sur (43,3 semanas).

Ojo al dato

Informe anual 2020, sobre la economía española. Banco de España, Servicio de Publicaciones.

Introducción de las cuentas de ahorro individuales para la indemnización por despido en España: Una evaluación ex-ante de los efectos distributivos. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El fondo de capitalización a la austríaca: costes y beneficios de su implantación en España. Colección Estudios Económicos (junio de 2011). Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).

Informe sobre ‘la mochila austríaca’, qué es y qué efectos tiene. Apuntes del Servicio de Estudios de la Confederación, Unión General de Trabajadores (UGT).

En su último Informe Anual el Banco de España propone la implantación en España de la ‘mochila austríaca’

«La ‘mochila austríaca’ nos sigue siendo ajena», por Fernando Fernández Méndez de Andés

ENTRE MAGNITUDES


FERNANDO FERNÁNDEZ MÉNDEZ DE ANDÉS
IE Business School

 

 La ‘mochila austríaca’ nos sigue siendo ajena

La vicepresidenta Calviño ha declarado que no existe consenso social para aprobar la llamada mochila austríaca. Quiere decir que los sindicatos han ejercido el derecho de veto que les ha otorgado el presidente del gobierno sobre esta y cualquier otra reforma estructural que pueda aliviar el déficit crónico de empleo de la economía española. Abandonemos pues cualquier esperanza de que el tantas veces publicitado Plan de Recuperación y Resiliencia sea algo más que un nuevo Plan E III, por mucho adjetivo moderno (léase sostenible, inclusivo, diverso) y mucha perspectiva de género que pueblen sus páginas.

La mochila austríaca es sencillamente un instrumento inteligente para limitar la dualidad del mercado de trabajo español. Esa que divide a los trabajadores por su fecha de nacimiento entre indefinidos y temporales, entre protegidos y abandonados a su suerte. Pero tiene un problema. Independiza al trabajador, le hace dueño de su destino, porque le hace propietario de un fondo de ahorro para hacer frente a la esperada volatilidad de su vida laboral. Me explico, la mochila austriaca es una cuenta de ahorro forzoso que trabajador y empresa constituirían mensualmente y de la que el trabajador podía disponer libremente en dos situaciones: si está en desempleo o en el momento de la jubilación. El dinero es suyo, sin discusión ni intervención judicial.

La mochila austríaca permitiría al trabajador reducir la incertidumbre sobre la disminución de su renta disponible asociada al despido y aliviaría los problemas de liquidez de las empresas que en momentos de recesión agravan la caída del empleo. El trabajador podría financiar un cambio voluntario de empleo, lo que es especialmente positivo en un momento en que la digitalización y la globalización están convirtiendo en obsoletos muchos hoy “buenos empleos” y en el que existe un amplio consenso en que la economía española necesita un cambio profundo en su estructura productiva. Desde el punto de vista del empresario, permitiría ajustar plantillas en función de la productividad y de la demanda esperada de las distintas cualificaciones profesionales, y no solo desde la antigüedad y el coste del despido. Se podría además acabar con la picaresca de los despidos pactados para poder cobrar la actual indemnización por despido y abaratar la factura del desempleo, contribuyendo a mejorar la salud financiera de la Seguridad Social.

La movilidad laboral es una asignatura pendiente, necesaria en la modernización de la economía española. La mochila austríaca es un conocido instrumento de política social, de eficacia probada, que permitiría aumentar la movilidad a la vez que se fomenta la contratación indefinida, se reduce la dualidad y se mejoran los incentivos a la formación interna en las empresas. Si el empresario pudiera elegir a quién despedir en caso de necesidad, en vez de verse restringido por el coste, estaría más dispuesto a invertir en la formación de los mejores. Si el trabajador sabe que es propietario de una cuenta de ahorro personal para cubrir el desempleo, le tendría menos miedo, pero también optimizaría el tiempo de permanencia en el desempleo para poder usar el remanente cuando se jubile. Los economistas sabemos por la evidencia que los parados españoles solo empiezan a buscar en serio trabajo cuando se está agotando su seguro de desempleo, pero también que la probabilidad de encontrar un trabajo disminuye drásticamente con el tiempo de permanencia en paro.

Como en toda nueva política, son muchos los detalles técnicos que habría que definir con precisión para evitar que este instrumento se convierta en inútil o en redundante. Obviamente no es este pequeño artículo el sitio para ello, pero sí quiero resaltar que no partimos de la nada. La mochila austríaca lleva más de diez años en la lista de reformas estructurales pendientes y son muchos los buenos economistas españoles, en el sector público y en el privado, que han hecho aportaciones muy interesantes y bien conocidas. El propio Banco de España habla de que una adecuada implantación podría costarnos unos 10.000 millones de euros de los que la Unión Europea podría financiar hasta 8.000 millones. No costaría más de una semana poner de acuerdo a un grupo de expertos de un amplio abanico ideológico.

Sin embargo, la mochila austríaca ni está ni se la espera. Es inaceptable para los sindicatos, y en cierto sentido también para el sindicato de empresarios, porque reduce drásticamente su poder de negociación. Ellos se benefician de la incertidumbre en los costes del despido. Por la misma razón que se oponen a los convenios de empresa y defienden la ultraactividad de los convenios. Porque necesitan un mercado de trabajo intervenido, donde las leyes les otorguen un poder institucional que no tienen y que la nueva economía solo puede erosionar aún más. ¿Y el gobierno, por qué no aprovecha esta oportunidad para corregir un problema estructural del mercado de trabajo español? Permítanme que les deje con esta pregunta y que añada una más política: ¿qué se puede esperar de un gobierno que abjura de la meritocracia porque no garantiza la inclusión y la diversidad?

Finanzas sostenibles para un planeta único

ENTRE MAGNITUDES

Finanzas sostenibles para un PLANETA ÚNICO

A estas alturas casi nadie duda de que no existe un planeta B al que huir en caso de implosión del nuestro. Este feliz aforismo acuñado por el ecologismo en referencia a la inexistencia de planes medioambientales creíbles y, por tanto, ante la acuciante necesidad de cuidar nuestro mundo, ha desbordado los límites del obvio respeto por la naturaleza para instalarse en todos los órdenes en los que interviene el ser humano. Su última conquista ha sido alcanzar el acotado olimpo inversor para empaparlo de esos valores. Como consecuencia de ello, la tendencia actual apunta a la preferencia por los productos financieros que invierten en empresas comprometidas con las denominadas cuestiones ASG (acrónimo de ambientales, sociales y de gobernanza).

FERNANDO GEIJO

@fergeijo

Fernando Geijo

La evidente degradación medioambiental está suponiendo un auténtico aldabonazo en la conciencia colectiva mundial que, sin duda, ha llegado para quedarse. Este cambio de paradigma está transformando la forma de consumir en todos los ámbitos de la vida. Impulsado por las nuevas generaciones, impregna su influencia como una mancha de aceite que ya se extiende transversalmente en la mentalidad de todos los grupos de edad a lo largo y ancho de todo el planeta.

No cabe duda de que el coronavirus ha acelerado algunos sesgos que ya se observaban entre los consumidores de todo el mundo, especialmente entre los más pudientes. El más significativo tiene que ver con el rechazo a la ostentación y, por ende, con la adopción de actitudes de consumo respetuosas con el entorno, como la elección de productos de proximidad, y con la calidad del trabajo de los demás.

Los conocidos como factores ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), o ESG por sus siglas en inglés, están viviendo, al calor de la regulación impulsada para fomentarlas, la aceleración de la rendición empresarial de cuentas bajo esos criterios.

Regular para cambiar. El Reglamento 2019/2088 del Parlamento Europeo sobre la divulgación de información relacionada con la sostenibilidad en el sector financiero entró en vigor el pasado mes de marzo. Pero, además, la batería de medidas que se está cocinando para apuntalar este cambio de mentalidad en la gestión empresarial se completará, a finales de año, con el desarrollo legislativo que impulsará políticas verdes y de mayor protección social. Asimismo, también está prevista la llegada de la conocida como Ecolabel, para distinguir con un marchamo los productos financieros sostenibles, o de la Directiva de gobierno corporativo, que ya está preparando la Comisión Europea.

En los últimos años también se han puesto en marcha otras iniciativas relevantes en la materia, como el Pacto Verde por el que la Unión Europea pretende ser neutra en carbono en 2050, el Pacto SDG Ambition y la iniciativa Business Ambition for 1,5ºC, ambas impulsadas por la ONU, o, por último y sin salir de España, la Ley del Cambio Climático y Transición Energética, que pretende acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, recortar emisiones y alcanzar la neutralidad del país en 2050.

El activismo ecologista fue el germen de este cambio de percepción global. La chispa, si se prefiere, que puso en marcha un cambio de conciencia que se veía venir ante unos ecosistemas agotados por un enfoque capitalista basado en la constante depredación de los recursos.

La inversión socialmente responsable es la derivada natural para tratar de alcanzar las ambiciosas metas propuestas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Un mega plan director impulsado desde Naciones Unidas (ONU) para trazar una hoja de ruta que posibilite en 2030 un mundo mejor en el que se ponga fin a la pobreza, se fomente la igualdad y, en definitiva, se aborden de forma urgente las medidas necesarias para enfrentar las consecuencias del cambio climático.

A pesar de que los responsables de implementar estas transformaciones son los diferentes gobiernos nacionales de los países implicados, un total de 193 firmaron el acuerdo en 2015 con el objetivo explícito y solemne de “Transformar nuestro mundo”. En última instancia, sin una acción comprometida por parte de las empresas no se alcanzarían los objetivos previstos.

Círculo virtuoso. La integración de la inversión responsable en el proceso de toma de decisiones de las empresas genera también un aspecto que resulta clave para potenciar su desarrollo, en términos de rentabilidad social generada. Por tanto, nos encontraríamos ante las dos caras de una misma moneda que coexisten para conformar juntas una nueva realidad holística.

Los clientes demandan cada vez más que se mida el impacto de estas iniciativas y, por ello, las empresas ofrecen nuevos productos alineados con las políticas empresariales que tienen en cuenta el impacto social que generan en los mercados.

Además, las cuestiones ASG también impactan de forma positiva en el atractivo de las empresas para los empleados, como quedó reflejado en un estudio realizado ya en 2016 al señalar entre sus conclusiones la preferencia de hasta un 93% de ellos en desempeñar su labor en una compañía que se preocupe por ellos a nivel individual.

Pero no se trata sólo de contribuir a lograr una sociedad más sostenible sino de que esto case con la legítima obtención de una mayor rentabilidad. De hecho, múltiples estudios han constatado durante la pandemia, que esa sostenibilidad es rentable, ya que las empresas con más criterios ASG han resistido mejor la crisis. Y para muestra un botón: durante el primer trimestre de 2020, los fondos de inversión más sostenibles batieron en rentabilidad al 70% de sus homólogos.

El progreso de los ASG ha sido meteórico y, en la actualidad, se antoja fundamental cumplir con los parámetros sostenibles a la hora de invertir. No en vano, está comprobado que ignorar esos factores impacta negativamente en el rendimiento de las empresas, así como en sus clientes e inversores.

En este contexto, el salto exponencial de las inversiones sostenibles ha sido evidente en los últimos años, demostrando su resistencia en esta pandemia sanitaria frente a las inversiones tradicionales.

España tampoco es ajena a este movimiento global. De hecho, la financiación sostenible aumentó en el país en un 45% en 2020 con respecto al año anterior, hasta sumar nada menos que 33.026 millones de euros, según el Informe anual sobre La Financiación Sostenible en España en 2020, elaborado por el Observatorio español de la Financiación Sostenible (OFISO).

Por su parte, la prestigiosa gestora de activos Schroders asegura que el porcentaje de inversores en productos sostenibles entre 2018 y 2020 alcanzó un 47% frente al 42% en ese lapso de tiempo, mientras que en EE.UU. el montante total en este tipo de activos se duplicó en los primeros meses del pasado ejercicio.

A estas alturas parece obvio que la empresa perfecta no existe. Sin embargo, la constatación fehaciente del mejor comportamiento, no sólo social y medioambiental sino también financiero, marca un evidente punto de inflexión que ilumina el camino hacia un tipo de compañía mejor gestionada, más equitativa con sus empleados, resiliente ante las crisis y, en definitiva, más concienciada y sensible con el impacto que provoca en su entorno.

Las metas claras

Hace unos años Naciones Unidas lanzó la mayor iniciativa planetaria en materia de sostenibilidad, progreso social y responsabilidad corporativa, el denominado Pacto Mundial. Un ambicioso proyecto que busca facilitar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la concienciación empresarial a fin de comprometerse con unos principios relacionados con el respeto a los derechos humanos, laborales y medioambientales.
Los diez principios que las empresas adheridas al mismo deben cumplir son:

  • Apoyo y respeto a la protección de derechos humanos.
  • Evitar ser partícipes de vulneraciones de derechos humanos.
  • Promover la libertad de asociación y del derecho de negociación colectiva.
  • Eliminar el trabajo forzado u obligatorio.
  • Abolir la mano de obra infantil.
  • Eliminar la discriminación en el acceso al empleo.
  • Apoyar la prevención en la defensa medioambiental.
  • Fomentar la responsabilidad ambiental.
  • Promover las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
  • Trabajar contra toda forma de corrupción.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Señalados por el índice

Los inversores están cada vez más interesados en apostar por empresas sostenibles presentes en índices de sostenibilidad tan reconocidos internacionalmente como el Carbon Disclosure Project, el FTSE4Good Global Index, el Dow Jones Sustainability Index, pionero en la materia, o incluso el Great Place to Work. Aunque existen otros índices sostenibles, como Vigeo, KLD u Oekom, además de especializados en materias medioambientales (FTSE Environmental Opportunities), éticas (Calvert Social Index) e incluso religiosas (Stoxx Euro Christian).

Ojo al dato

Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020. Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Principios para la Inversión Responsable. United Nations Global CompactFinance Initiative UNEP.

Informe anual del Observatorio Español de la Financiación Sostenible (OFISO). La Financiación Sostenible en España en 2020.

Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética. Congreso de los Diputados. Boletín Oficial del Estado.

Global Wealth and Lyfestyle Report 2021. Julius Bär.

«Determinación frente a la incertidumbre», por José Luis Martínez Campuzano

ENTRE MAGNITUDES

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CAMPUZANO
portavoz de la Asociación Española de Banca

 

Determinación frente a la incertidumbre

@Aebanca

El primer paso para resolver un problema es hacer un buen diagnóstico y sobre esa base tomar las medidas necesarias para resolverlo. Pero es muy difícil hacer esta radiografía cuando la falta de información y la incertidumbre son muy elevadas, ya sea porque no hay precedente histórico o porque el aprendizaje se hace sobre la marcha, a costa de vidas humanas y una parálisis económica casi total.

A pesar de que al inicio de la pandemia el desconocimiento sobre el coronavirus no permitía hacer un diagnóstico concluyente, la gravedad de la situación llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas y extraordinarias, apoyadas en el consenso y la cooperación internacional. A escala global, el impulso fiscal implementado ha superado los 11 billones de dólares. También ha sido excepcional la expansión monetaria desarrollada para estabilizar los mercados financieros y llevar la liquidez que necesitan familias y empresas a través de los bancos. Estos se han implicado desde el inicio, con todos sus recursos humanos y financieros, mostrando que la colaboración público-privada es imprescindible para proteger el tejido productivo y aminorar el impacto de la crisis en los más vulnerables. Desde el primer momento, el objetivo de las medidas ha sido mantener la renta de las familias y ofrecer liquidez y financiación a las empresas, bajo reglas más flexibles como la relajación de los objetivos de déficit o de ayudas públicas a nivel europeo.

La determinación del sector bancario para paliar los efectos del coronavirus ha ido mucho más allá de su función básica de garantizar en todo momento los productos y servicios bancarios necesarios, algo que logró desde el inicio de la pandemia, sin ningún tipo de incidencia, gracias a la clara apuesta por la digitalización que emprendió hace ya más de una década. Los bancos también han facilitado el aplazamiento de los pagos de clientes en situaciones de estrés económico y han adelantado tanto el pago de las pensiones, para reforzar la protección de nuestros mayores, como de las prestaciones por desempleo, en estrecha colaboración con el SEPE.

La gravedad de la situación también ha llevado a los bancos a tomar medidas ajenas a la operativa habitual de una entidad de depósito. Han dotado fondos para ayudar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, para facilitar la llegada de material médico a los hospitales y para investigar una vacuna para la enfermedad. Sus empleados han desarrollado proyectos como voluntarios para recaudar fondos y aliviar las dificultades de niños y mayores, así como para mejorar la preparación de los jóvenes para que encuentren trabajo. Pero estos son solo algunos ejemplos de las medidas ‘no bancarias’ de los bancos, fruto de su compromiso con la sociedad en los momentos más difíciles.

Con estas y otras iniciativas, la banca ha confirmado que es un sector esencial para que la economía siguiera funcionando durante el confinamiento y las restricciones a la movilidad, y que la colaboración con el sector público redunda en beneficio del conjunto de la sociedad. La cooperación internacional también se ha reforzado en la lucha contra la pandemia, para obtener vacunas en tiempo récord, por ejemplo. Pero lo fundamental ha sido la responsabilidad personal asumida por cada uno de nosotros, en función de nuestras posibilidades, en aras de vencer al virus.

En el plano sanitario, estamos aprendiendo a vivir con la pandemia de forma responsable, con distanciamiento social y mascarillas en nuestro día a día, entre otras medidas. En el plano económico, también tendremos que mantener los principios que tan buenos resultados han dado hasta el momento: la inmediatez, la contundencia y la perseverancia en las medidas tomadas. Para que esta estrategia funcione requiere el consenso de todos los agentes a escala internacional. Como el que ha demostrado Europa con la creación de un fondo conjunto que refuerce las medidas tomadas en cada país para lograr un crecimiento sostenible y digital. Los fondos europeos son un paso significativo en la construcción europea y un mecanismo de estabilización y desarrollo económico que ofrecen margen de maniobra a España para responder a la crisis y modernizar su tejido productivo. En su habitual y estrecha colaboración con las autoridades, los bancos pueden contribuir a una eficaz distribución de estos fondos para impulsar la reconstrucción de la economía. Con su capilaridad y cercanía al cliente, no solo pueden identificar e impulsar los proyectos a financiar, sino que pueden anticipar fondos y cofinanciar iniciativas en ámbitos en los que tienen conocimiento y experiencia.

El esperado fin de la crisis sanitaria nos dejará una situación económica donde la prioridad será recuperar lo perdido, aunque no podamos volver atrás y nada volverá a ser igual. La información y experiencia de la que disponemos, sin embargo, nos permite plantear una estrategia a seguir ahora que ya disponemos de un diagnóstico concluyente de la situación y que sabemos lo que queremos. Aprovechemos el inmenso desafío de volver a la normalidad diseñando una mejor que la que disfrutábamos hasta que la Covid19 desbarató nuestra vida. 

La paradoja española. Menos presión y más esfuerzo fiscal

ENTRE MAGNITUDES

LA PARADOJA ESPAÑOLA

Menos presión y más esfuerzo fiscal

Tradicionalmente, el sentimiento popular apunta a que la carga tributaria es excesiva en España. Sin embargo, y a pesar de que las cifras comparables con los países de nuestro entorno podrían desmentir esa opinión, un análisis más exhaustivo, que incluya el esfuerzo que supone el pago de impuestos, podría confirmar, al menos en parte, esa sensación.

FERNANDO GEIJO

@fergeijo

Fernando Geijo

Definida como el porcentaje de ingresos que empresas y ciudadanos aportan al Estado y oficiosamente como la necesaria ‘gasolina’ que hace funcionar el motor de los servicios públicos, la conocida como presión fiscal es un concepto económico que relaciona el pago de tributos con el producto interior bruto. Por consiguiente, la presión tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado mediante impuestos, tasas y gravámenes.

Si no pagaran impuestos, los ciudadanos tendrían que sufragar de su propio bolsillo los costes de mantener, por ejemplo, los sistemas educativo y sanitario, por no hablar de las pensiones para la jubilación.

Parece claro, por tanto, que los impuestos son un mal necesario aceptado en todas las sociedades modernas. Por consiguiente, la clave de todo sistema tributario que se precie reside en su equidad. Es decir, en asegurar una justa distribución que propicie un reparto equitativo de las cargas fiscales entre todos los ciudadanos en función de su capacidad económica y de su situación social.

La teoría dicta que a mayor evasión impositiva se produce una menor presión fiscal, a pesar de que las tasas tributarias puedan llegar a ser altas. Si las personas no cumplen con sus obligaciones para con la Hacienda Pública, el Estado tiende a elevar los impuestos a aquellas clases que no pueden evadirlos. Es decir, a los consumidores y a las clases medias asalariadas por cuenta ajena, principalmente.

Para muestra un botón. La media de la presión fiscal en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que aglutina a los 37 países más desarrollados del mundo, alcanzó el 36,1% en 2018, lo que supone un importante descenso desde el 37,4% que representaba en el año 2000.

En el caso de España, sin incluir los impuestos especiales que gravan combustibles, bebidas, tabaco o indirectos como el IVA, un trabajador medio soltero soportaba una presión tributaria del 38,6% en 2000, mientras que dieciocho años después esa ratio ha escalado hasta el 39,4%.

Por debajo en presión. Al igual que las eléctricas se esfuerzan en desglosar en las facturas el origen de la luz que consumimos, parece evidente que conocer el destino final de los impuestos ayuda a desprenderse con menos reticencia y suspicacia de una parte de nuestros ingresos mensuales.

Sin embargo, el barómetro de opinión pública y política fiscal, elaborado por el CIS en julio de 2018, ya señalaba que un 27% de los ciudadanos declaraba desconocer a qué se dedicaban.

En cualquier caso, las cifras apuntan a que en España los impuestos son más bajos que en los principales países de la eurozona, ya que el que grava la renta de los trabajadores suponía el 21,3% en nuestro país en 2019, frente al 39,8% en Bélgica; el 39,7% en Alemania; el 31,4% en Italia; el 30,5% en Países Bajos; y el 28,7% en Francia, por citar algunos ejemplos. Mientras que en términos del IVA general el gravamen es similar, al oscilar en un margen estrecho entre el 22% en Italia; el 21% en España y el 19% en Alemania.

En 2019, la presión fiscal en la UE fue del 41,1%, cinco décimas más en los países del euro, mientras que España se situó por debajo de la media con un 35,4%, idéntica a la del 2018, y Francia marcó el pico más alto, con un 47,4%, seguida por Dinamarca (46,9%) y Bélgica (45,9%).

Por encima en sacrificio. España ocupa el cuarto y el quinto puesto entre los veinte países ‘más ricos’ de la OCDE en sacrificio fiscal, según las tablas que ya elaboraron hace más de medio siglo Henry Frank y Richard Bird, respectivamente. Unos índices que añaden a la medición tradicional otros factores para calcular el esfuerzo fiscal real más allá del nivel de impuestos, como son el tamaño de la población y la renta per cápita. La conclusión es que somos el decimoquinto país en presión fiscal y figuramos entre las cinco economías desarrolladas con mayor esfuerzo fiscal.

La OCDE estima que el mayor peso en los ingresos fiscales en España en 2017, cuando el porcentaje de recaudación alcanzó el 33,7% del PIB, se debió a las contribuciones a la Seguridad Social, con un 34% del total, frente a la media del 26% de la OCDE.

Sin embargo, el peso del impuesto de sociedades fue del 6,8%, frente al 9,3% de media de la OCDE, mientras que la recaudación obtenida por los impuestos a la propiedad significó el 5,8% de media en la OCDE y el 7,5% en España. Por su parte, el IVA, aglutinó en España el 19,1% de la misma frente al 20,2% registrado en la citada organización internacional.

La Constitución española recoge en su artículo 31.1 la necesidad de contar con un sistema tributario justo, basado en principios de igualdad y progresividad, evitando tener un carácter confiscatorio. Esto es, en el que todos contribuyan en función de su capacidad económica.

Y es precisamente aquí donde reside la paradoja que explica que, con una menor presión tributaria, los españoles soporten un mayor esfuerzo fiscal que sus homólogos europeos. La clave residiría, por tanto, en el nivel de renta de unos y otros. Así, y a pesar de tener una presión fiscal por debajo de la media de la eurozona, el esfuerzo fiscal en España estaría, según los expertos en tributación, por encima de países como Holanda, Suecia, Finlandia o Dinamarca, situando a España sólo por detrás de Portugal, Italia, Grecia o Francia.

En caso de que se aplicase a los españoles la presión fiscal que soportan los daneses, la más alta de la OCDE con el 45,4%, su esfuerzo sería mucho mayor, dada la diferencia de rentas per cápita: 51.600 euros anuales para los nórdicos frente a los 23.640 euros patrios en 2020.

Finalmente, a esto hay que añadir el hecho de contar con más deducciones y bonificaciones, lo que reduce la presión fiscal efectiva, así como la particularidad del sistema fiscal español que, por mor de la economía sumergida y la baja productividad, no es capaz de recaudar más cuando se producen subidas de impuestos.

Un poco de historia

Dos reformas han sido capitales para entender la modernización fiscal española en el último siglo.

Por un lado, la impulsada en 1940 por el ministro de Hacienda, José Larraz, que introdujo sustanciales transformaciones al ampliar las bases impositivas y elevar los tipos, y, por otro, la urdida en 1977 por el profesor Enrique Fuentes Quintana y desarrollada por el ministro de Hacienda, Francisco Fernández Ordóñez, que sentó las bases del sistema fiscal actual, al introducir aspectos como:

  • El IVA, siguiendo el ejemplo francés del TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée), y la desgravación fiscal a las exportaciones.
  • El impuesto sobre crecimiento del patrimonio.
  • Una simplificación del cuadro impositivo.
  • La disminución de los tipos impositivos y de las escalas de numerosos impuestos, lo que desincentivó el fraude y aumentó la progresividad del sistema.
  • La mejora del conocimiento de las bases imponibles, mediante los registros de rentas y patrimonios y centralización de la información fiscal.
  • Una reforma administrativa para impulsar la modernización fiscal en línea con el modelo dominante en el resto del mundo occidental.
Progresividad frente a salarios

Los tipos más elevados que gravan la renta son similares en los países de la UE, con un 51,5% en Francia; 47,5% en Alemania; 47,2% en Italia y, finalmente, un 43,5% en España, lo que contrasta con la recaudación obtenida por los mismos en cada país: 11,8% en Italia, 9,4% en Alemania, 8,7% en Francia y apenas un 7,5% en España. Esto se debe a que, a pesar de que la progresividad de los impuestos sobre renta y sociedades en España está en línea con el resto de Europa, nuestro modelo económico es de bajos salarios, lo que incide en la recaudación al impactar la base salarial que tributa en los ingresos obtenidos por el fisco.

Ojo al dato

Informe de la Oficina de Estadística de la UE, Eurostat, sobre la presión fiscal en los países de la Unión Europea. 30 de octubre de 2019.

Comisión Europea. Tendencias fiscales en la Unión Europea. Datos de los Estados miembros de la UE, Islandia y Noruega. Edición de 2019.

Instituto de Estudios Económicos. Índice de Competitividad Fiscal 2019. Presentación de la presión fiscal normativa en España.

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Informe mensual de recaudación tributaria. Noviembre de 2020.

«Churchill y los impuestos», por Antonio Durán-Sindreu

ENTRE MAGNITUDES

ANTONIO DURÁN-SINDREU
doctor en Derecho, Socio director DS y profesor UPF

 

 

Churchill y los impuestos

Antonio Durán-Sindreu

@aduransindreu

Como ya sabemos, la presión fiscal en España se sitúa por debajo de la media de la UE en aproximadamente seis puntos. Sin embargo, nuestro país se sitúa entre los cinco primeros países de la OCDE en mayor esfuerzo fiscal.

Pero no nos sorprendamos. Como ocurre con todas las estadísticas, éstas se han de matizar.

En efecto. La presión fiscal, recordémoslo, es la proporción que los ingresos fiscales, incluida la Seguridad Social, representan sobre el PIB. Tales magnitudes son las que en todos los países se utilizan para medir el indicador de referencia.

Sin embargo, el PIB de cada uno de ellos depende de circunstancias que no necesariamente son homogéneas. Así, por ejemplo, éste depende de múltiples factores, como del modelo económico de cada país, de su tasa de paro, capital humano, políticas gubernamentales, etc.

Por tal motivo, no creo excesivamente en los datos estadísticos, si no van acompañados de las correcciones necesarias que permitan una comparación económicamente homogénea.

En cualquier caso, la realidad estadística es que la presión fiscal en España se sitúa por debajo de la media europea.

Una de las circunstancias que podría explicarlo es que, a pesar de que España tiene tipos impositivos muy similares a los de nuestros vecinos europeos, tiene, sin embargo, una recaudación menor, consecuencia de la elevada cifra en concepto de exenciones, reducciones, incentivos, y tipos reducidos.

Por tanto, la primera y más importante reforma que se habría de acometer es la de revisar la eficacia de tales conceptos, eliminando todos aquellos que en términos de coste-beneficio carezcan de justificación.

Sin embargo, la clave del éxito es reducir los impuestos aumentando la recaudación. Y esto solo es posible promoviendo políticas que fomenten la creación de riqueza productiva desincentivando la improductiva, el vivir de rentas, y la falta de esfuerzo.

Si aumenta la riqueza, los impuestos que en términos absolutos se recaudarán serán mayores, y habrá, pues, mayor margen para disminuirlos, permitiendo que los ciudadanos dispongan de mayor dinero que, a su vez, al destinarse al consumo, revertirá en una mayor recaudación de determinados tributos como el IVA y los impuestos especiales.

Por otra parte, y en la línea de los países del norte europeo, es imprescindible poner fin a nuestro déficit estructural. Gastamos más de lo que ingresamos y, por tanto, nos endeudamos cada vez más. Somos, pues, cada vez más pobres. Es por tanto necesario y urgente revisar el gasto político o clientelar, las duplicidades, el gasto superfluo, y un largo etcétera que redunda en una menor necesidad de recursos públicos.

Pero así y todo, no es suficiente. Si queremos compararnos con los países europeos ricos, hemos de avanzar, y mucho, en la imprescindible colaboración público-privada y en un equilibrio razonable entre el sector público y privado, sin menoscabo de los pilares básicos del Estado del Bienestar.

En este sentido, es importante acotar muy bien el concepto de “lo público”.

Público es, por ejemplo, garantizar el acceso a la sanidad, pero no su financiación universal ni su efectiva prestación por parte de la Administración. Ambos son una decisión política. La Constitución nada dice al respecto. Decisión que tiene un coste que se financia con impuestos.

En este contexto, la obligación de cualquier Administración es adoptar la decisión que para el ciudadano sea más eficaz y eficiente, esto es, y entre otros, que tenga el menor coste sin menoscabo de la calidad. Según cual sea, la necesidad de impuestos será mayor o menor.

Y una vez más, volvemos a la importancia de la riqueza. Para financiar lo “público”, es necesario que el sector privado genere riqueza.

De ser así, el problema no son los “malvados” empresarios. Al contrario. Son la solución. Estos, con sus empresas, contribuyen al desarrollo del país y a la creación de empleo y de riqueza, además de contribuir a la innovación y a la investigación.  No en vano, la mayoría de “inventos” que nos han hecho prosperar, provienen del sector privado.

El problema, por tanto, no es ser rico o ganar dinero. El problema es conseguirlo en base a privilegios “encubiertos”, normas fiscales incluidas, y a un mercado con déficits de competencia e igualdad de oportunidades. El problema es enriquecerse a base del fraude, de prácticas fraudulentas, o del incumplimiento de la ley.

La solución no es pues penalizar a quien más gana, sino combatir tales situaciones.

La solución es dignificar la riqueza y no estigmatizarla. La riqueza fruto del trabajo, la asunción de riesgo, la competitividad, la igualdad de oportunidades, y el cumplimiento de la ley. Estigmatizar la envidia por la riqueza y su presunción de fraudulenta.

Conseguirlo requiere apoyar al empresario; fomentar la libertad, responsabilidad y desarrollo personal. La iniciativa privada. Un marco social y económico de confianza. Y a mayor riqueza, menos impuestos.

Llegados a este punto, hay que concluir que no hemos de perder mucho el tiempo en comparar modelos fiscales ni datos estadísticos. Y no hemos de perderlo, porque lo verdaderamente importante es el modelo económico de cada país, el capital humano, y las políticas gubernamentales. Y ahí está, precisamente, la gran diferencia de España con el resto de los países, en especial con Alemania, Austria, o los países nórdicos.

Los sistemas fiscales son todos muy similares. La diferencia reside en el modelo económico y social que, a su vez, alimenta el sistema impositivo de cada país.

Parece pues que Winston Churchill tenía razón al afirmar que una nación no puede aspirar a prosperar gracias a los impuestos.