Entrevista a Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno

CON SELLO PERSONAL

Isabel Rodríguez,

ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno

“Es necesario blindar la capilaridad territorial en la prestación de servicios”

Isabel Rodríguez García es ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno desde 2021. Abogada de profesión, fue diputada en el Congreso desde 2011 hasta 2019, donde presidió la Comisión de Justicia.
CARLOS CAPA,

Después de un año en el Gobierno al frente de una cartera siempre compleja como es la Política Territorial, ¿cuál es su valoración de esta primera etapa?

Hago una valoración muy positiva de este primer año al frente del Ministerio de Política Territorial. Desde que el presidente del Gobierno me hizo este encargo, he tenido presente algo que para mí es fundamental: no olvidarme para qué estoy aquí. Desde luego, para seguir trabajando para que España siga creciendo y para afrontar los retos que se presenten sin dejar a nadie atrás. España se dispone nada menos que a abordar una modernización de la economía comparable a la que supuso la entrada de nuestro país en la Unión Europea. No solo debemos hacer efectiva esa transformación, sino que ésta llegue hasta el último rincón de nuestro país, ya sea un entorno urbano o del medio rural. Es la mejor vía para preservar la cohesión social y la vertebración territorial, objetivos que van de la mano. En este contexto quiero situar las principales líneas de trabajo que estamos desarrollando desde el Ministerio de Política Territorial. Entre ellas, el refuerzo de la cooperación interterritorial y recuperación del diálogo, el municipalismo como eje fundamental, el fortalecimiento de las entidades locales y la desconcentración de la Administración General del Estado en el territorio para garantizar una presencia equilibrada del Estado en todo el país, acercar la Administración a la ciudadanía y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

Compagina su cartera ministerial con la función de portavoz del Gobierno. ¿Cree que las políticas gubernamentales son bien entendidas por la sociedad?

Creo que este Gobierno ha demostrado con creces su solvencia para gestionar situaciones de crisis. En este sentido, esperamos y deseamos que la ciudadanía entienda la envergadura de los retos que afrontamos, pero también el esfuerzo desplegado por el Ejecutivo para preservar el Estado de Bienestar y proteger a las clases medias y trabajadoras. A diferencia de lo que hizo el Gobierno anterior, a raíz de la crisis de hace una década, hemos decidido afrontar las consecuencias primero de la pandemia y ahora de la guerra sin dejar a nadie atrás. Hay cifras que hablan por sí solas. Hace diez años España registraba un récord histórico de desempleo, con una tasa del 26%, rozando los seis millones de parados. Sólo en un año se destruyeron 700.000 puestos de trabajo. Hoy en día hemos superado los 20 millones de personas ocupadas. El nivel de empleo supera en 539.226 trabajadores el que se registraba en febrero de 2020, antes de la pandemia. Este dinamismo del mercado laboral es compatible con una mejora de la calidad del empleo, apreciándose los efectos de la reforma laboral en el mercado de trabajo, con un fuerte incremento de la contratación indefinida.

¿Qué ha cambiado con la invasión de Ucrania?

Ahora estamos centrados en proteger a los más vulnerables de los efectos del conflicto bélico en Ucrania. Por eso, hemos decidido prorrogar el plan para amortiguar las consecuencias de la guerra hasta el 31 de diciembre articulando una respuesta de hasta 10.000 millones de euros. El presidente del Gobierno, durante el Debate del Estado de la Nación, anunció medidas adicionales como el impuesto a las entidades bancarias y a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras, que ya está en trámite parlamentario, o la bonificación al 100% de los abonos de Renfe de Cercanías y el 50% en los Avant que ya se aplica hasta el 31 de diciembre de este año. Estas medidas ayudarán a paliar los efectos de la inflación. Es una respuesta a la altura del reto que tenemos por delante. Este Ejecutivo no hará como hicieron los gobiernos conservadores en anteriores crisis. Gobernaremos para sacar al país adelante siempre guiados por el interés general. Y cuando sea preciso elegir, estaremos del lado de quienes más precisan el auxilio de los poderes públicos. Este Gobierno, una vez más, se dejará la piel para proteger a la clase media y trabajadora de España.

Fue usted la senadora más joven de la VIII legislatura, además de directora general de Juventud en Castilla-La Mancha. ¿Qué fotografía hace de la juventud española hoy?

La juventud reclama oportunidades y estamos volcados en dárselas, asumiendo como prioritario el mandato de atajar la precariedad y el alto desempleo. Con este objetivo, cumplimos el compromiso de abordar la modernización del mercado de trabajo mediante una reforma laboral acordada con los agentes sociales y centrada en la dignificación del trabajo, lo que va a permitir a millones de jóvenes satisfacer sus expectativas vitales y profesionales. Como ha dicho el presidente del Gobierno, no vamos a consentir que nuestros jóvenes vuelvan a pagar la crisis. Este Gobierno, gracias a los Fondos de Recuperación, está apostando por la modernización y transformación económica de nuestro país con la puesta en marcha de PERTES como el del vehículo eléctrico, aeroespacial o el agroalimentario. PERTES que modernizan nuestro tejido productivo y que generaran oportunidades y empleo en todos los territorios. A su vez, cumplimos en materia de corresponsabilidad con la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas, una conquista que ha situado a España a la cabeza de Europa en esta materia. Y, desde 2018, la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha reducido en casi cinco puntos hasta situarla en el 16,2%, según la EPA.

En materia de educación, el Gobierno ha aprobado una nueva ley de Formación Profesional que ajusta los perfiles profesionales a las demandas de las empresas y una partida sin precedentes para becas de estudiantes, adelantando la convocatoria a marzo. Es la primera vez que nuestro país invierte más de 2.000 millones de euros en becas. Va a significar que, aproximadamente, un millón de jóvenes en este país puedan disfrutar de ese derecho y seguir formándose. El Gobierno de España apuesta por las becas como ascensor social y no para perpetuar desigualdades.

Volviendo a la política territorial y después de más de 40 años de sistema autonómico, ¿ha sido un modelo de éxito? ¿En qué debe mejorar?

El pasado 15 de junio se cumplieron 45 años de las primeras elecciones democráticas. La Cumbre en Madrid ha servido para celebrar el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Y también este año se cumplen 30 desde la puesta en servicio de la alta velocidad. Son efemérides que muestran la extraordinaria transformación de nuestro país a lo largo de este tiempo. El modelo autonómico ha sido clave en este desarrollo. Sin duda, es una de las claves de bóveda de la arquitectura constitucional. Estar en contra de las autonomías es estar en contra del Estado de Bienestar. Porque son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar los servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación. El sistema constitucional permitió diseñar un modelo de descentralización que ha procurado el mayor periodo de prosperidad y bienestar de la historia de España. Acercar la Administración a la ciudadanía constituye un eje imprescindible para mejorar la calidad de la gobernanza. Sin embargo, llevamos mucho tiempo discutiendo en exceso sobre el reparto de competencias entre administraciones. Es un debate estéril y paralizante que impide centrarse en lo mollar, que no es tanto cómo quedan distribuidas las competencias sino cómo podemos colaborar para prestar mejor los servicios públicos de una manera leal y constructiva.

¿Se ha superado la grave crisis institucional, social e incluso emocional que supuso el llamado “procés”?

Este Gobierno ha tenido muy claro desde el principio de la legislatura que el diálogo es el modo adecuado de superar la complejidad de las relaciones institucionales entre administraciones diferentes. Veníamos de una situación muy complicada en la que se habían roto muchos puentes. La vocación de este Gobierno es clara: prestar el mejor servicio público y contribuir con nuestra acción a la convivencia, el reencuentro y la recuperación de la normalidad, objetivos que se han logrado durante los últimos cuatro años. Entendemos la política al servicio de la resolución de los problemas, y al mismo tiempo con el optimismo de construir un proyecto colectivo mejor. Y con el contraste de posiciones como base para llegar a acuerdos, por supuesto. Pero siendo conscientes de que para ello debemos actuar desde la lealtad institucional, el reconocimiento mutuo y sabiendo que todos deberemos tener la disposición de acercar posiciones. Después de diez años sin avanzar en el Estatuto catalán, hemos llegado a acuerdos históricos en el marco de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, como la apertura de ponencias técnicas para formalizar el traspaso de la gestión de becas a estudiantes, de seguros escolares y revisar las competencias de juzgados, y el traspaso de varias infraestructuras. Las encuestas, incluidas las del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, nos señalan cosas muy relevantes: entre ellas, que los catalanes priorizan la gestión de los servicios públicos, la sanidad pública, la educación. En eso está centrado el Gobierno de España.

Hablando de superar situaciones… ¿Ayudarán los fondos europeos a esa transformación de la estructura económica de España?

España sigue liderando en la Unión Europea el proceso de llegada de los fondos.
Después de un trabajo muy intenso para poner en marcha las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, este año está siendo clave para alcanzar la velocidad de crucero y las comunidades autónomas tienen un papel protagonista en el despliegue de las inversiones en todo el territorio, para que lleguen a las empresas y los ciudadanos y poner en marcha los proyectos estratégicos. España fue el primer país en lograr la aprobación formal del programa de inversiones y en recibir un primer pago semestral por el cumplimiento de hitos y objetivos, en diciembre de 2021. Y hemos vuelto a ser el primer país que podrá recibir ya el segundo pago, de 12.000 M€, tras constatar la Comisión Europea la implementación de 40 hitos y reformas adicionales. Estamos ante una oportunidad histórica para España, como supuso en su día la llegada de fondos de cohesión tras el acceso de nuestro país a la Unión Europea. Nuestro país va a recibir 140.000 millones de euros que ya están llegando a todas las comunidades autónomas y a todos los territorios, como es el ejemplo del Kit-Digital, un proyecto para apoyar a las pymes y autónomos de nuestro país, y que está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros.

Proviene de una región que forma parte de eso que se viene llamando “España vaciada”. ¿Qué hace el Gobierno para combatir la despoblación? ¿Podría considerarse al notariado un ejemplo de cercanía en estas poblaciones?

Mi tierra, efectivamente, es Castilla-La Mancha. Además de una comunidad autónoma con un gran patrimonio monumental, natural y etnográfico, es también un territorio que sobresale por su apuesta por la creación de parques empresariales y por atraer inversiones en sectores innovadores como las energías renovables. Castilla-La Mancha, por tanto, es un magnífico ejemplo de que la España interior es un territorio con futuro, cargado de recursos y oportunidades. A menudo, la visión que ha primado sobre el medio rural ha basculado entre la parodia y el victimismo. Tenemos muchos diagnósticos y es hora de pasar a la acción. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno desde el principio de la legislatura. Este es el primer Gobierno que pasa de las palabras a los hechos para afrontar el reto demográfico, que atañe tanto al envejecimiento de la población como al desarrollo del medio rural. Lo hemos hecho mediante un Plan de Reto Demográfico que contempla 130 medidas y 10.000 millones de euros hasta 2023. El 82% de las iniciativas que contempla ya se han puesto en marcha. Hemos llegado ya a dos de cada tres municipios de menos de 5.000 habitantes. Por ejemplo, el despliegue de la banda ancha, a través del Plan Único, cuenta este año con una inversión de 250 millones de euros. Nuestro objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades. Que cada persona pueda vivir, trabajar y emprender donde lo desee. Para ello es necesario blindar la capilaridad territorial en la prestación de servicios y, sin duda, la presencia del Notariado en nuestro país constituye un ejemplo de cercanía a estas poblaciones. Cumplen una labor fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía.

“España se dispone a abordar una modernización de la economía comparable a la que supuso la entrada en la Unión Europea”

Huella digital

Isabel Rodríguez mantienen un activo perfil en la red social Twitter @isabelrguez desde donde opina sobre cuestiones de actualidad.

El portal oficial del Gobierno. Desde la Moncloa tienen una entrada sobre su actividad institucional y biografía política

La web de transparencia Newtral también le dedica un acceso en el que pueden consultarse sus retribuciones públicas

“El sistema constitucional permitió diseñar un modelo de descentralización que ha procurado el mayor periodo de prosperidad de la historia de España”

“El Notariado cumple una labor fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía”

“La juventud reclama oportunidades y estamos volcados en dárselas, asumiendo como prioritario el mandato de atajar la precariedad y el alto desempleo”

Entrevista a María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública

CON SELLO PERSONAL

María Jesús Montero,

ministra de Hacienda y Función Pública

“Hemos dado pasos para modernizar el sistema tributario y adaptarlo al siglo XXI”

María Jesús Montero Cuadrado es ministra de Hacienda desde 2018, sumando las competencias de Función Pública en 2021. Médico de profesión, su actividad en este campo se centró en la gestión sanitaria, llegando a ser consejera de Salud de la Junta de Andalucía. De muy temprana vocación asociativa y compromiso político ha sido diputada del Parlamento de Andalucía, diputada en el Congreso, consejera autonómica y portavoz del Gobierno antes de ocupar una cartera tan relevante en la gestión pública como la de Hacienda.
CARLOS CAPA,

Estimada ministra, lleva al frente de la cartera casi cuatro años… ¿Qué destacaría de esta etapa?

Estamos viviendo unos años muy duros con acontecimientos que quedarán registrados en los libros de Historia: hemos sufrido la peor pandemia mundial en un siglo y estamos viviendo una guerra en Europa. Pero desde el Gobierno y, por supuesto, desde el Ministerio de Hacienda y Función Pública, siempre hemos trabajado con el único objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos haciendo una política útil que dé respuesta a los problemas urgentes que acabo de enumerar, pero abordando también déficits estructurales de nuestra sociedad como la desigualdad o la precariedad laboral.

Estoy orgullosa del escudo social que aprobamos para proteger a las familias, a los trabajadores y a los autónomos en los peores momentos de la emergencia sanitaria. Protegimos el empleo con los ERTE que recibieron más de 3,6 millones de trabajadores en el auge de la pandemia y también a los autónomos con la prestación por cese de actividad. Pusimos a disposición de las empresas 100.000 millones de euros en avales del ICO y otros 7.000 millones de ayudas directas, entre otras iniciativas.

¿Qué medidas adoptó su Ministerio?

Desde el Ministerio de Hacienda hemos adoptado medidas relevantes para mitigar el impacto de la pandemia, como la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas o poner a disposición de las comunidades autónomas los mayores recursos de su historia, lo que les ha permitido seguir prestando servicios públicos de calidad. Ahora, en el plan de respuesta a la guerra en Ucrania, hemos aprobado la mayor rebaja de impuestos de la historia de la electricidad que permitirá un ahorro para familias y empresas de más de 10.000 millones y también hemos aplicado la bonificación de 20 céntimos en los carburantes. La evolución de los acontecimientos y la convicción de que es necesario continuar protegiendo a los hogares y al conjunto de la economía nos han llevado a decidir la extensión de estas medidas. En los próximos meses continuaremos monitorizando la situación, para tomar las decisiones más adecuadas, como hicimos durante la pandemia.

También me gustaría destacar los pasos que hemos dado para modernizar nuestro sistema tributario y adaptarlo a las nuevas áreas de negocio del siglo XXI con la incorporación de nuevas figuras fiscales como el Impuesto a las Transacciones Financieras y el Impuesto a Determinados Servicios Digitales. También hemos avanzado en la progresividad del sistema fiscal bajo la premisa de que deben contribuir más quienes más tienen. En esta línea se enmarca, por ejemplo, la aplicación de un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades, convirtiendo a España en vanguardia respecto al acuerdo alcanzando en la OCDE por más de 130 países. Y también hemos reforzado la lucha contra el fraude fiscal con una nueva ley que, entre otras cuestiones, prohíbe las amnistías fiscales.

¿Qué objetivos contempla para el resto de su mandato?

En primer lugar, tenemos que seguir muy atentos a la evolución de la pandemia, que todavía no ha terminado, y de la guerra de Putin en Ucrania. Seguiremos acompañando a la ciudadanía y al tejido productivo para reducir el impacto económico que están teniendo las medidas que la comunidad internacional está adoptando para defender la democracia en Europa.

Pero en la segunda parte de la legislatura estamos centradas todas las administraciones en la implementación de los fondos europeos. Se trata de una oportunidad única para transformar nuestro tejido productivo y sentar las bases de un modelo más competitivo, sostenible y que genere empleo de más calidad.

No hablamos en abstracto, sino de cuestiones concretas. De hecho, ya hay más de 17.000 proyectos adjudicatarios de fondos europeos con más de 12.000 empresas beneficiadas. Hemos comprometido casi 30.000 millones de euros desde que aprobamos el Plan de Recuperación hace ahora un año. En este sentido, España es un ejemplo en la UE por el alto nivel de ejecución de esos fondos. Fuimos el primer país en presentar el Plan de Recuperación y también el primero en recibir el primer desembolso. Hace unas semanas fuimos también el primer país en solicitar el segundo pago y seguiremos trabajando para que cada euro de estas ayudas llegue a la economía real de empresas y ciudadanos.

En la última remodelación gubernamental sumó a su cartera las competencias de Función Pública. ¿Qué destacaría de esta función?

La gestión de las personas que forman la fuerza laboral de la Administración Pública. Esto es, nada más y nada menos, que el corazón del Estado del Bienestar del que tan orgullosos nos sentimos y que cada día buscamos reforzar. Por eso en el año 2021 aprobamos la mayor Oferta de Empleo Público de nuestra historia y en el año 2022 logramos batir las cifras del año anterior con 44.787 plazas, sumando la mayor oferta ordinaria y la también histórica oferta de estabilización. Si nos limitamos sólo a la oferta ordinaria, en los cuatro años que lleva Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se han ofertado casi 144.000 plazas, más del doble que las 63.394 de los gobiernos de Rajoy entre 2012 y 2017. En estos datos tangibles se demuestra nuestro compromiso con lo público. Además, este Gobierno ha ido incrementado la tasa de reposición: si desde 2012 el PP la mantuvo en el 0% durante cuatro años, en el ejercicio 2021 ya alcanzó un nivel general del 100% y del 110% para los sectores prioritarios, mientras que en los PGE de 2022 recogen una tasa general del 110%, del 120% para sectores prioritarios como la sanidad, la educación o la ciencia y del 125% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policías autonómicas y locales.

Cuatro décadas de democracia han demostrado que contar con un sistema público bien dotado de personal es fundamental para el funcionamiento de la sociedad en el día a día. Y se ha revelado vital cuando nos hemos enfrentado a una pandemia o a catástrofes naturales como las que desgraciadamente hemos tenido que gestionar en los últimos años.

*Las medidas adoptadas por la Unión Europea tras los duros momentos vividos, ¿permitirán no tener que incrementar la presión fiscal?

A nadie se le escapa que las instituciones europeas han mostrado en la crisis económica provocada por la pandemia y ahora con la invasión rusa de Ucrania una sensibilidad muy diferente a la de crisis anteriores, como la financiera de 2008, o como ante la crisis de la deuda. La experiencia acumulada hace una década nos dice que los recortes y la austeridad no sólo son injustos, nos empobrecen y hacen un flaco favor a la cohesión social, sino que además retrasan la recuperación económica.

Con medidas de respaldo a las rentas de los hogares y a las empresas que han permitido la suspensión de las reglas fiscales comunitarias no sólo hemos garantizado la cohesión social, sino que además la recuperación tras la pandemia ha sido mucho más rápida que tras crisis anteriores. Ahí están las cifras de empleo, que están marcando niveles récord, con puestos de trabajo de mayor calidad, gracias a la reforma laboral que impulsamos. Y ahí están también los datos de recaudación tributaria, síntoma inequívoco del recuperado dinamismo económico.

La nueva sensibilidad europea, de la que el Gobierno de España, junto a otros, es inspirador, nos ha permitido que nuestra política fiscal pueda ser más acorde con el ciclo, es decir, que nuestras medidas puedan acompañar a los hogares y al tejido productivo. Así, hemos podido realizar bajadas de impuestos quirúrgicas, pero de gran magnitud, como en lo que se refiere a la factura eléctrica, y hemos tomado medidas también por el lado del gasto, como durante la pandemia, para dar apoyo a las empresas y a los autónomos mientras duren las consecuencias de la guerra de Putin. Al mismo tiempo, nuestro compromiso de medio plazo con la construcción de un sistema fiscal más progresivo y justo se mantiene intacto.

¿Hasta cuándo podrá el Gobierno sostener reducciones del IVA a los combustibles o bonificaciones eléctricas?

El Gobierno está desarrollando una serie de medidas encaminadas a paliar los efectos de la guerra en Ucrania en las familias y las empresas. Ello supone un gran esfuerzo. Por ejemplo, las medidas sobre la fiscalidad de la electricidad y la bonificación de los carburantes estaban en un principio vigentes hasta el 30 de junio y hace solo unos días las hemos prorrogado.

Además, hemos aprobado algo fundamental para atacar la raíz del problema de la inflación, como es topar el precio del gas para evitar que contamine el precio de toda la factura de la luz, un mecanismo que durará 12 meses y cubrirá todo el invierno. Por tanto, hay que dar un margen para que sus efectos puedan notarse.

El Gobierno está centrado en mitigar en todo lo posible el impacto de la guerra en las familias españolas y en acabar con la alta inflación. Se ha puesto en marcha un plan e iremos monitorizando cómo evolucionan la guerra y la inflación en los próximos meses.

¿Es la presión fiscal española la adecuada a la realidad y las posibilidades de los españoles?

Está claro que España necesita perfeccionar su sistema fiscal para hacerlo más justo y redistributivo y que propicie la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos. De ahí el encargo que le hicimos al comité de expertos para elaborar un Libro Blanco de la fiscalidad. Ese libro lo iremos estudiando y analizando en los próximos meses, siempre teniendo en cuenta el contexto económico actual.

España sigue siendo un país que tiene altas tasas de desigualdad, hemos mejorado en los últimos años, pero una de las herramientas para combatirla es un sistema tributario justo que permita redistribuir la riqueza y financiar servicios públicos de calidad. Lo que no cabe ni en España ni en cualquier sociedad es la receta que ofrece el PP para atajar cualquier problema económico: bajar impuestos de forma generalizada.

Dice el economista Juan Mora-Sanguinetti que “la seguridad jurídica es sinónimo de desarrollo económico”. ¿Cómo valora el trabajo y actividad del notariado español en promover y reforzar esa seguridad jurídica?

Los notarios ejercen una labor esencial en esta sociedad como garantes de la seguridad jurídica de numerosos procedimientos administrativos y también privados. El Ministerio de Hacienda, en concreto, mantiene una estrecha relación con el colectivo de los notarios. Un ejemplo de ello es la excelente y constante colaboración entre la Dirección General del Catastro y el Consejo General del Notariado para facilitar la tramitación catastral, simplificar trámites administrativos y potenciar esa certidumbre jurídica en diversos trámites, todo ello en beneficio del ciudadano.

“ESTOY ORGULLOSA DEL ESCUDO SOCIAL QUE APROBAMOS PARA PROTEGER A LAS FAMILIAS, A LOS TRABAJADORES Y A LOS AUTÓNOMOS”

Huella digital
María Jesús Montero mantiene abierta una cuenta en la red social Twitter de notable actividad.

Wikipedia ofrece una extensa entrada acompañada de numerosos enlaces externos.

También la actual portavoz del Gobierno tiene una cuenta en Facebook con más de 10.000 seguidores.

“EL GOBIERNO ESTÁ CENTRADO EN MITIGAR EN TODO LO POSIBLE EL IMPACTO DE LA GUERRA EN LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS Y EN ACABAR CON LA ALTA INFLACIÓN”

“CUATRO DÉCADAS DE DEMOCRACIA HAN DEMOSTRADO QUE CONTAR CON UN SISTEMA PÚBLICO BIEN DOTADO DE PERSONAL ES FUNDAMENTAL”

Entrevista a Javier Gomá, filósofo y escritor. Director de la Fundación Juan March

CON SELLO PERSONAL

Javier Gomá,

filósofo, escritor y director de la Fundación Juan March

“La felicidad es el sentimiento de no tener deudas con la vida"

Filósofo, escritor y también ensayista. En 1993 aprobó las oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado como número uno de su promoción. Es el actual director de la Fundación Juan March y la revista Foreign Policy lo incluyó, en dos ocasiones, en la lista de los cincuenta intelectuales iberoamericanos más influyentes. En 2021 publicó su libro más reciente: Un hombre de cincuenta años y la séptima edición de Filosofía Mundana. En marzo estrenó en el teatro su obra El peligro de las buenas compañías, que actualmente está de gira por toda España.

FÁTIMA PÉREZ DORCA,

¿Cómo le da tiempo a todo?

Me gusta recordar que las personas somos fundamentalmente tiempo: es la materia en la que flotamos los seres humanos. Cuando estamos muy ocupados y decimos a alguien que pide nuestra atención “lo siento, no tengo tiempo” cometemos una gran inexactitud porque en realidad lo único que tenemos es tiempo, un determinado crédito de tiempo. Otra cosa distinta es que no queramos o no podamos dárselo a quien nos lo solicita porque en ese momento tengamos otras prioridades. Si usted destaca de mi biografía algunos datos, está desvelando dónde han estado mis prioridades vitales en los últimos años, a las que hay que añadir las afectivas, familiares y amistosas.

Durante los días 19 y 20 de mayo se celebra el XII Congreso Notarial Español, El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo, en el que usted da la conferencia inaugural sobre la dignidad vs. la protección de la vulnerabilidad, ante un auditorio con representantes de todos los ámbitos de la sociedad civil y, en especial del jurídico. ¿Qué mensajes cree fundamentales hacer llegar, en este sentido, al público como filósofo?

El milagro de la dignidad moderna. En el pasado, la dignidad era una excelencia que adornaba al cosmos en general y al género humano en particular. No había conflicto entre la parte (lo humano) y el Todo social o cósmico. Era una dignidad armónica con su entorno. La dignidad moderna, en cambio, es conflictiva porque es atributo de la individualidad. Antes el presupuesto era que el interés particular cede ante el interés general en el que el primero se integra. La modernidad no contradice ese esquema, pero lo enriquece. Dice: el interés particular cede ante el interés general, pero el interés general cede ante la dignidad individual. Ahora la dignidad es lo que estorba y lo que resiste, no sólo, claro está, a las malas causas sociales (progreso, utilidad, bien común) sino también a las buenas si para realizarse sacrifica al individuo.

¿Y cómo jurista?

La dignidad como fundamento de la democracia liberal. Occidente ha conseguido un logro extraordinario, una tensión sutil y delicada entre dos principios: el colectivismo y el individualismo. Para el colectivismo ha inventado la democracia, el principio de la mayoría o el de la voluntad general, que ya en sí mismo hace justicia a la dignidad individual conforme al principio “un hombre, un voto”. Pero este colectivismo ha de conjugarse con el individualismo de los derechos humanos, basados en la dignidad. No todo lo que propicie la democracia es admisible si atropella los derechos humanos. Esta tensión creativa es la esencia del Estado de Derecho de la democracia liberal y lo que se echa en falta en otros sistemas alternativos, como el chino, el musulmán o el ruso.

 

La última fase de la vida está expuesta a amenazas propias derivadas de una mayor fragilidad física, psíquica y patrimonial. ¿Cómo hacer frente a esos riesgos preservando al mismo tiempo la dignidad y libertad inherente al ser humano?

Hay dos clases de dignidad. La primera, la que todos tenemos por el mero hecho de existir. Esta es ontológica, inexpropiable, inalienable por mucho que nosotros comentemos o suframos toda clase de indignidades. Por tanto, la decadencia de la ancianidad no afecta a la integridad de esta clase. Luego está la dignidad pragmática, que tiene que ver no con lo que somos sino con lo que hacemos, nuestro modo de comportamiento, si es o no acorde con la dignidad ontológica de la que somos portadores. Esta segunda clase sí está expuesta a variaciones, siendo una de ellas la circunstancia de la vejez.

¿Puede el Derecho ayudar a alcanzar ese difícil equilibrio?

La dignidad ontológica pone a su poseedor en una posición de acreedor universal. Todos los demás le son deudores porque le deben algo: un respeto. Pero, por otro lado, ese mismo poseedor debe obrar conforme a su propia dignidad y respetar la dignidad de los demás. El Derecho ni puede ni debe regular todos los espacios de la vida ni invadir el ámbito de la moral. Muchos comportamientos contrarios a la dignidad no son sancionables en Derecho, sino que sólo merecen reproche ante los demás o ante la propia conciencia. ¿Qué ocurre cuando un padre por sus palabras o por sus acciones hiere a sus hijos y deja en ellos heridas perdurables? ¿O cuando uno es desleal al amigo y traiciona su confianza? El Derecho calla, afortunadamente, aunque moralmente se produce una degradación. Con todo, el Derecho puede contribuir a proteger ese respeto debido y, en un plano asistencial, articula prestaciones que la dignidad persona tiene fundamento para esperar.

En su libro Un hombre de cincuenta años señala un testimonio antiguo, el de Platón, en el que el filósofo dice que “atribuye a los de esa edad una sabiduría exclusiva y por ese motivo están llamados a desempeñar una función suprema en la organización de su república ideal”. A partir del Renacimiento, dice usted, ser un hombre de cincuenta años “suele asociarse a una flaqueza”. Ante el envejecimiento de la sociedad, ¿volveremos a ser capaces de dar el valor que realmente tiene a la experiencia? ¿Qué es lo mejor que podemos esperar las personas de la etapa de la vejez?

Hasta no hace mucho, la esperanza de vida rondaba los sesenta años y la gente se jubilaba a los setenta y cinco, de manera que la muerte les sorprendía trabajando. Ahora nos jubilamos con algo más de sesenta mientras que de media vivimos más allá de los ochenta, y se calcula que, gracias a la medicina, la ausencia de guerras, la higiene y ciertos hábitos saludables, ganamos dos meses de esperanza de vida cada año, de modo que los nacidos en este siglo XXI tienen un cincuenta por ciento de posibilidades de alcanzar el siglo de vida. Conclusión: la vejez ya no es un estadio inseguro y breve reservado a unos pocos, sino, por primera vez, un largo y completo estadio en el camino de la vida. La ancianidad se ha convertido en un sólido cuarto de siglo.

¿Un estadio en el que podemos explorar nuevas facetas?

Hay un deber de plenitud en cada etapa (niño entre niños, hombre entre hombres, anciano entre ancianos) para hacerse acreedor en cada una de ellas al “momento oportuno”, esa hora buena que los griegos llamaron el kairós. La enhorabuena de la infancia es la ingenuidad; la de la madurez, la generación de los frutos de la casa y el oficio (hijos y mercancías); la vejez posee también su enhorabuena, que será el ensayo de una ciudadanía emancipada de la servidumbre de ser productiva. La vejez es un fastidio: decaen facultades, afloran achaques, se acumulan pérdidas, se acerca la propia. A cambio, concede una sabiduría exclusiva. El anciano es libre para practicar el puro arte de la vida sin servidumbres. Artista de la vida es quien cuida de sí propio y de los demás: amor, amistad. Y puede hacerlo con una benevolencia nueva que nace de la aceptación de las cosas y de uno mismo, roto ese espejo puesto por la sociedad que nos apremiaba a ser útiles.

Ha escrito sobre la felicidad y no me puedo ir sin preguntarle qué es para usted.

La felicidad es uno de esos conceptos heredados de una época que no es la nuestra. Durante la Antigüedad, ser feliz era cumplir la función que le había correspondido a uno en el cosmos y en la sociedad: los derechos y deberes inherentes a su posición en el mundo. Con el individualismo moderno todo esto cambia: el yo moderno siente que posee una dignidad infinita, como un ser privilegiado, pero, extraña, escandalosamente, está abocado a la indignidad de la muerte, como los mosquitos. Esta antítesis trágica le produce un malestar que le impide ser feliz. Nace por primera vez la búsqueda del “sentido de la vida”, una interrogación absolutamente inconcebible en la Antigüedad. La felicidad ya no es lo nuestro para nosotros, los modernos: lo importante para nosotros desde un punto de vista moral ya no es ser felices, como antes, sino ser dignos de ser felices, aunque no lo seamos. Y vitalmente, lo importante es cumplir, como se decía antes, las diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad y llegar al final del camino no “cansado de la vida” sino “colmado de años” como se decía de los patriarcas, porque siente que la vida no le ha pasado de largo incumpliendo sus promesas. Por eso propongo redefinir la felicidad contemporánea como el sentimiento de no tener deudas con la vida.

“La vejez ya no es un estadio inseguro y breve reservado a unos pocos, sino, por primera vez, un largo y completo estadio en el camino de la vida”

Huella digital
El director de la Fundación Juan March cuenta con una amplia huella en internet. Recientemente ha sido noticia, en los medios de comunicación, el lanzamiento de su comedia El Peligro de las buenas compañías, presentada en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Dispone de una cuenta en Twitter (@JavierGomaL) donde tiene más de 20.300 seguidores

“Occidente ha conseguido un logro extraordinario, una tensión sutil y delicada entre dos principios: el colectivismo y el individualismo”

“No todo lo que propicie la democracia es admisible si atropella los derechos humanos”

“El Derecho ni puede ni debe regular todos los espacios de la vida ni invadir el ámbito de la moral”

Entrevista a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

CON SELLO PERSONAL

FERNANDO GRANDE-MARLASKA,

MINISTRO DEL INTERIOR

“España es uno de los países más seguros del mundo»

Fernando Grande-Marlaska Gómez (Bilbao, 1962), ministro del Interior desde 2018, magistrado en situación de servicios especiales en la Audiencia Nacional y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, es alguien que nunca deja indiferente.

Claro y firme en sus convicciones, no ha dudado en abrirse en público en una autobiografía que ya tiene un lustro. Al frente de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de los servicios de emergencia, aunque no lo explicita, es seguro que no tiene ni un día tranquilo para que lo tengamos los demás.

CARLOS CAPA

Permítame que, en vez de empezar por la actualidad, hacerlo desde más atrás. En 2016 se publica Ni pena, ni miedo, su autobiografía. ¿Puede resumir este lustro transcurrido desde que se descubre ante el gran público con esta obra y el Grande-Marlaska de hoy?

Responder sobre uno mismo, sobre cómo el paso del tiempo y las nuevas responsabilidades han podido influir más o menos en mi consideración personal, no es fácil. Es cierto que en Ni pena ni miedo hago una valoración de las vivencias que entiendo han forjado mi carácter, pero para contestar esta pregunta, que sin duda en algún momento tendré que hacerme, debe transcurrir algo de tiempo.

El cargo de Ministro del Interior, que ocupo hace casi cuatro años, es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo. Espero haber podido crecer un poco más como persona y como profesional y que los valores que me inculcaron, que se pueden resumir en empatía y responsabilidad, se hayan consolidado.

Cuando llegue el momento y la tenga, prometo una mejor respuesta, pero estoy convencido de que será positiva, que habré mejorado sobre todo como persona: trabajar con los hombres y mujeres que conforman el Ministerio del Interior y en un Gobierno como el del presidente Sánchez garantiza esa conclusión.

Casi cuatro años -crisis de Gobierno incluida- en uno de los llamados ‘ministerios de Estado’, esos que soportan la arquitectura institucional de una democracia. ¿Ha logrado alcanzar muchos de sus propósitos en la cartera?

Creo que el balance que podemos hacer es muy satisfactorio. Hemos invertido en seguridad: en la mejora de las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas de Seguridad (la equiparación salarial les ha supuesto un justo aumento salarial de más de un 20% en estos tres años); en la recuperación de las plantillas (con un incremento neto de 10.000 efectivos en este periodo); y en dotarles de mejores medios (600 millones de euros en el plan de infraestructuras policiales propio del ministerio, más otros 400 procedentes de los fondos europeos para la recuperación), y hoy las tasas de criminalidad nos dicen que España es uno de los países más seguros del mundo. Pero estamos a mitad de legislatura, y aún nos queda mucho trabajo por hacer.

Es inevitable hacer referencia al Covid-19 y al comportamiento ejemplar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencias y de rescate. ¿Se siente orgulloso de su actuación?

La palabra orgullo es insuficiente. La pandemia llegó sin que tuviésemos un solo instrumento para combatirla. Cuando el Gobierno decidió pararlo todo para preservar algo tan esencial como la salud, la vida, pedimos a ciudadanas y ciudadanos que permaneciesen en su casa para protegerse unos a otros, y su respuesta ejemplar estuvo facilitada porque sabían que sus Fuerzas de Seguridad seguían ahí, a su lado, trabajando sin descanso para darles protección.

Cuando aquel 14 de marzo de 2020 convocamos a los policías nacionales, a los guardias civiles, a los policías autonómicos y locales a asumir la más difícil misión nunca pensada, respondieron sin dudar y llevaron hasta las más altas cotas su compromiso con la ciudadanía cuando el país más lo necesitaba.

Nunca olvidaré que en los balcones y ventanas de toda España los aplausos que se dedicaban al personal sanitario que combatió y combate la epidemia en primera línea pronto se hicieron extensivos a las Fuerzas de Seguridad que, a su lado, se convirtieron en el instrumento con el que la sociedad articuló y articula su lucha contra la pandemia.

Hace diez años que la banda terrorista ETA, a la que tanto combatió como juez de la Audiencia Nacional, anunció su disolución. ¿Corremos el riesgo de que también se disuelvan en la memoria colectiva las víctimas y su sufrimiento?

Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española y estoy convencido de que la ciudadanía no va a permitir que caigan en el olvido. Desde luego, el Ministerio del Interior trabaja y trabajará siempre para recuperar y dignificar su memoria de la mano de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y con instrumentos tan significados como el Centro Memorial, que tiene su sede en Vitoria-Gasteiz y que pronto tendrá una subsede en Madrid.

Queremos para las víctimas del terrorismo un tributo permanente, imborrable, siempre presente; queremos construir la memoria colectiva de las víctimas del terrorismo para preservar los valores democráticos, éticos y de dignidad que encarnan y para concienciar a la población de la importancia de la defensa de la libertad y los derechos humanos. Para que nunca más esos valores de paz y convivencia pacífica nos sean arrebatados por el terrorismo.

La lacra de la Violencia Machista, que afortunadamente en 2021 ha dejado menos víctimas que el año anterior, sigue adherida en diferentes grados a la sociedad. ¿Se puede combatir solo con la actuación policial?

La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos como miembros de esta sociedad. Eso es lo que representa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo de país para erradicar de nuestro modelo de convivencia esa grave violación de los derechos humanos que es el terrorismo machista. Y no lo conseguiremos si cada uno de nosotros no aporta lo que le corresponde.

Por lo que se refiere a las Fuerzas de Seguridad del Estado, me enorgullece su altísimo compromiso con la lucha contra la violencia de género, el altísimo nivel de profesionalidad con el que cumplen esa misión. Es importante que todas las mujeres que residen en España sepan que, ante cualquier situación adversa o de riesgo, siempre podrán contar con los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Según las estadísticas de su ministerio, la criminalidad entre enero y septiembre de 2021 ha disminuido hasta mínimos históricos, con una tasa de infracción de 39,6 delitos por cada mil habitantes. Somos uno de los países más seguros del mundo. ¿Cree usted que este hecho está suficientemente interiorizado en la sociedad?

Sí, creo que la sociedad española es consciente de que disfruta de uno de los niveles de seguridad más elevados del planeta. Todas las encuestas nos demuestran que la inseguridad no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, y también que Policía Nacional y Guardia Civil son dos de las instituciones que mejor valoran y más respetan.

Acaba de hacer público el balance de accidentes de tráfico que indica, pendientes de su revisión definitiva y descontado el efecto pandemia, el mantenimiento de la tendencia a la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. ¿Un balance satisfactorio?

Las estadísticas sobre siniestralidad vial nunca son satisfactorias, una sola vida perdida en la carretera es demasiada pérdida. Pero es cierto que recogen una tendencia descendente que nos ayuda a profundizar nuestras políticas que buscan una movilidad más segura y sostenible. En breve presentaremos la estrategia de Seguridad Vial 2021–2030, cuyo objetivo es reducir a la mitad los actuales registros de fallecidos y heridos graves en siniestros de tráfico.

Desde su condición de gran conocedor de la Justicia-dónde ha desarrollado su carrera desde los juzgados de Instrucción hasta el CGPJ- me gustaría preguntarle sobre su opinión acerca de los llamados ‘juicios mediáticos’. ¿Cómo proteger la constitucional presunción de inocencia cuando hay causas que se cierran lustros después de abrirse?

En un sistema democrático, la fricción entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia es constante y no hay soluciones pacíficas y eficaces. Es necesario hacer una apelación a la responsabilidad social de los medios de comunicación, que también están obligados a comprometerse con los preceptos constitucionales, pero es asimismo imprescindible dotar a la administración de Justicia de los medios adecuados para que pueda ejercer su misión institucional en plazos razonables y adecuados a las características y circunstancias de cada proceso judicial.

Entre las actividades que presta a la sociedad el Notariado español, y en relación con la actividad de su ministerio, se encuentra la creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales. ¿Cómo valora la intervención de los notarios en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo?

Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se han convertido en aliados imprescindibles de las Fuerzas de Seguridad en la investigación y persecución de esos delitos. Gracias al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales, son los propios notarios los que pueden identificar actos o negocios que pudieran presentar indicios delictivos, lo que ponen en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales, y éstas también cuentan con su colaboración en sus propias investigaciones. Es una relación ya muy asentada que rinde importantes beneficios en la prevención y persecución de este tipo de delitos.

Desde su condición de jurista y ahora en la cartera de Interior, ¿cuál es su imagen del Notariado español y de su función al servicio de la seguridad jurídica preventiva?

Ningún Estado social democrático de derecho, y España lo es por mandato constitucional, puede prescindir de un sistema eficiente de seguridad jurídica preventiva, porque es ese sistema el que permite al ordenamiento jurídico promover valores vitales como la justicia o la igualdad en la libertad, valores que también deben regir en los procesos de crecimiento económico.

Desde ese punto de vista, el Notariado, en su condición de fedatario público, es uno de los ejes sobre los que pivota ese modelo público español de la seguridad jurídica preventiva, el que permite a ciudadanas y ciudadanos actuar en el tráfico jurídico y económico con libertad y seguridad.

“Ser Ministro del Interior es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo”

Huella digital
Fernando Grande-Marlaska no mantiene un perfil propio en Twitter pero si lo tiene el Ministerio del Interior @interiorgob , cuenta desde la que se da información regular de sus actividades públicas. Su currículum está disponible aquí.

“Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española”

“La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos”

“Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

CON SELLO PERSONAL

Rodrigo Buenaventura,

presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

“Los mercados españoles responderán bien a las incertidumbres actuales”

Rodrigo Buenaventura (Madrid,1968) es desde hace un año presidente de la CNMV, institución a la que ha dedicado los últimos años de su vida profesional, tras ocupar anteriormente cargos en la ESMA (European Securities and Markets) y en el grupo AFI (Consultores de Administraciones Públicas). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, es reconocido entre los grandes expertos en el análisis y la dirección de los mercados de valores.

CARLOS CAPA

– ¿Qué destacaría de la actividad de la CNMV en su primer año como presidente de la institución?

Fui nombrado presidente de la CNMV meses después del inicio de la pandemia y a lo largo de este año hemos vivido una situación complicada como sociedad y como economía. Creo que, en este periodo, la Comisión ha respondido muy bien al momento que nos ha tocado vivir en lo que respecta a la protección del inversor minorista, pero también en lo que respecta al conjunto de los mercados financieros, facilitando que empresas cotizadas y resto de agentes del mercado pudieran operar con normalidad en un momento crítico. Hemos tenido récord de consultas, reclamaciones, salidas a bolsa y muchos otros procedimientos, así que ha sido un año muy activo, que hemos sorteado gracias al equipo humano que tenemos. Ahora, cuando la crisis parece que va poco a poco remitiendo, la CNMV debe seguir apoyando para contribuir a una recuperación económica efectiva y para que podamos afrontar los retos que, tenemos por delante.

-¿Qué objetivo le gustaría haber alcanzado cuando finalice su mandato?

La CNMV es una institución muy consolidada y efectiva y lo último que uno debe perseguir en estos casos es dejar improntas o revolucionar nada. Me conformaría con dejar la institución tan fuerte, profesionalizada e independiente como la encontré y, si acaso, mejorar un par de cosas. La digitalización de la supervisión, la incorporación de la dimensión de sostenibilidad y la presencia internacional de la CNMV son algunos de esos ejes de actuación.

-Algunos analistas advierten que puede avecinarse una “tormenta perfecta” en la economía de los países desarrollados por la combinación de elementos como la alta inflación, una recuperación más lenta, crisis energética, etc. ¿Son sólidos los mercados españoles para resistir una situación como esta?

Los mercados españoles han respondido bien a las diferentes crisis que a lo largo de los últimos decenios nos ha tocado vivir y pienso que responderán bien ante las incertidumbres actuales. Pero además de los riesgos macroeconómicos, los mercados de valores han de posicionarse como una de las herramientas clave en la recuperación económica y fundamentalmente, en la financiación de las inversiones necesarias derivadas de la sostenibilidad y de la digitalización que según estimaciones pueden llegar a suponer 30.000 millones de euros anuales adicionales en la actual década en nuestro país. Y la financiación de esas históricas inversiones no puede depender únicamente del esfuerzo público o de estructuras de financiación tradicionales que atienden al endeudamiento bancario, por lo que será necesaria la participación de los mercados bursátiles. Creo que los mercados españoles, como en el pasado, están en disposición de financiar y apoyar la recuperación y las necesidades de la economía española.

-¿Está el pequeño inversor o el accionista minoritario suficientemente protegido en el mercado español?

Tras la crisis financiera de 2008 se inició un importante proceso de fertilidad normativa cuyos objetivos fundamentales fueron aportar una mayor transparencia e información al mercado, pero fundamentalmente una mayor protección al inversor minorista. Y creo que esos objetivos se han conseguido. Es cierto que, con ello, puede haberse hecho muy compleja la cantidad de información que reciben los inversores o las vías de acceso a los mercados de valores. Hay que repensar cuáles de los mecanismos de información tienen sentido en una época en que los ciudadanos compran instrumentos financieros desde la pantalla de su móvil. Y hay que reforzar la educación financiera, en la que venimos insistiendo desde 2008. Por mucho que exijamos los supervisores, sólo un cliente informado es un cliente protegido.

-La representación femenina en las empresas del IBEX-35 ha logrado alcanzar la meta intermedia del 30%. Con todo, al horizonte de la paridad le queda recorrido. ¿Qué deben hacer las compañías para acelerar el camino de la igualdad en sus consejos?

Esta cuestión es tanto un tema de igualdad como de atraer el mejor talento disponible a las cotizadas. Y al menos el 50% del talento lo acumulan las mujeres, por lo que es absurdo no procurar incorporar a los mejores (en este caso, las mejores). A cierre de 2020 el porcentaje de presencia femenina en los consejos de administración de empresas cotizadas se situó en un 26,1%, mientras que en las sociedades del Ibex alcanza un 31,3%. El legislador español ha preferido no imponer un sistema de cuotas. Desde la CNMV decidimos apoyar este proceso marcando objetivos en forma de recomendaciones crecientes para las cotizadas. En 2012, había algo más de un 12% de mujeres en los consejos y el objetivo actual para 2022 es un 40%. Si se lograse, habríamos dado un paso de gigante en sólo una década. Pero la herramienta legal que tenemos en CNMV es sólo la recomendación: si se quiere ir más rápido o asegurarse de que todos cumplen (no sólo en promedio) sin excepciones, es sólo el legislador quien puede hacerlo.

Donde la fotografía de la igualdad de género se muestra muy distorsionada es en la presencia de mujeres en la alta dirección. El porcentaje actual es del 17%, tan solo un punto porcentual mayor al del año anterior y en este aspecto las empresas deben poner un mayor foco, porque los puestos de alta dirección se constituyen como un semillero natural de futuras consejeras.

-El Anteproyecto de Ley Concursal está generando un intenso debate. ¿Cómo valora usted este nuevo marco?

El Anteproyecto de Ley Concursal aborda una reforma estructural del sistema concursal, introduciendo los planes de reestructuración como instrumento pre-concursal dirigido a evitar las situaciones de insolvencia o a superarlas. Asimismo, destaca la inclusión de un mecanismo de alerta temprana con virtualidad para efectuar un diagnóstico precoz de posibles situaciones de dificultades financieras. De esta forma, las empresas que, de conformidad con determinados indicadores, se encuentren en una situación susceptible de desembocar en situación de insolvencia, podrán adoptar medidas dirigidas a preservar el valor de la empresa, incentivando la adopción de medidas de reorganización o reestructuración cuando todavía sea posible evitar la situación de insolvencia. Con ello se permitirá al deudor responsable detectar la necesidad de actuar para evitar o para encauzar la insolvencia. En todo caso, es una norma compleja y puede haber cuestiones que ajustar, por ejemplo, en relación a los administradores concursales o al papel de los auditores.

-La Ley de Sociedades de Capital ha otorgado un nuevo papel a la CNMV en la regulación de las operaciones vinculadas. ¿Qué cambios se producen en este nuevo escenario?

La regulación de las operaciones vinculadas es, sin lugar a duda, una de las cuestiones más importantes de la nueva regulación. Si bien es cierto que el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ya las regulaba, se ha considerado necesario introducir determinadas novedades derivadas de la Directiva, aplicables a las sociedades cotizadas y dotar a este régimen jurídico de mayor claridad y sistematicidad.

El nuevo régimen exige que las operaciones vinculadas se difundan al mercado mediante su comunicación a la CNMV y la inclusión de un anuncio en la página web de la sociedad, siempre que alcancen o superen determinados umbrales cuantitativos y se acompañen de un informe elaborado por la comisión de auditoría, a más tardar en el momento de su celebración.

Pero nuestras competencias se reducen al régimen de publicidad, no al de aprobación. Recientemente la CNMV ha publicado un documento con preguntas y respuestas sobre el régimen de comunicación de operaciones vinculadas que da respuesta a las cuestiones más relevantes y de mayor aplicación por las sociedades cotizadas, que habían planteado algunas sociedades emisoras, acerca de cómo interpretar determinados requisitos del régimen de publicidad de las operaciones con partes vinculadas.

-¿Cree usted que las operaciones en criptomonedas jugarán un papel relevante en los mercados en un futuro próximo?

En este punto, me gusta diferenciar entre las criptomonedas y los criptoactivos aunque ambos lleven en su seno la misma tecnología. Soy escéptico en cuanto al futuro de las criptomonedas, tal y como las vemos hoy, en términos de generación de valor a largo plazo, salvo que alguna se convierta en medio de pago aceptado. Hoy el mundo de las criptodivisas está caracterizado por la especulación y la volatilidad y son activos de los que se desconoce realmente las fuerzas que forman su precio. En alguna ocasión he manifestado que, si una criptomoneda es volátil y rentable, no durará mucho como moneda y si dura, dejará de ser rentable porque se habrá convertido en un medio de pago virtual. Es decir, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Hoy incorporan un elevado riesgo y mi cautela ante ellas como supervisor viene determinada fundamentalmente, por el mandato de protección al inversor y por el daño potencial que decisiones arriesgadas sobre activos no regulados pueden tener si las decisiones de inversión no ponderan adecuadamente los riesgos a soportar.

Una cuestión distinta, que me interesa mucho más, son los criptoactivos (distintos de las criptomonedas) y la tecnología de blockchain que incorporan. Creo que en poco tiempo veremos la tockenización de innumerables activos financieros, desde cripto-acciones, cripto-bonos, cripto-participaciones en fondos de inversión e incluso cripto-inmuebles u otro tipo de activos reales, lo que permitirá una mayor eficiencia de los mercados. A diferencia de las criptomonedas, esos criptoactivos tienen un valor intrínseco, alguien que los emite y una corriente de pagos futuros.

-Por último: ¿qué pueden aportar los notarios y sus entidades representativas a la CNMV?

Mucho, tenemos una relación magnífica y en reiteradas ocasiones intercambiamos puntos de vista en común que son muy útiles para nuestra labor supervisora. Por otra parte, el acceso telemático al Índice Único Informatizado de los notarios permite acceder a una valiosa fuente de información del contenido de las escrituras públicas y sus intervinientes que en el marco de investigaciones de abuso de mercado puede ser de gran utilidad. Adicionalmente, los notarios disponen de una base de datos de titularidades reales de personas jurídicas, a la que se espera acceder con ocasión de la firma de un nuevo convenio, que permitirá identificar a las personas físicas que controlan las sociedades de capital españolas.

“La CNMV debe seguir apoyando para contribuir a una recuperación económica efectiva y para que podamos afrontar los retos que tenemos por delante”

Huella digital
El currículo profesional del Rodrigo Buenaventura está disponible en la web de la CNMV

Aunque no dispone de un perfil propio en Twitter, la Comisión Nacional del Mercado de Valores mantiene @CNMV_MEDIOS en la que informa de su actividad y la de su presidente.

“Los mercados españoles están en disposición de financiar y apoyar la recuperación y las necesidades de la economía española”

“Por mucho que exijamos los supervisores, sólo un cliente informado es un cliente protegido”

“Los notarios disponen de una base de datos de titularidades reales que nos permitirá identificar a las personas que controlan las sociedades de capital”

Entrevista a Pilar Llop, ministra de Justicia y notaria mayor del reino

CON SELLO PERSONAL

Pilar Llop,

ministra de Justicia y notaria mayor del reino

«El Ministerio de Justicia participa decididamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria"

María Pilar Llop Cuenca se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Es políglota, juez desde 1999 y magistrada desde 2004. La actual ministra ha sido titular del Juzgado de Violencia de Género número 5 de Madrid y letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, donde asumió la jefatura del Observatorio de violencia doméstica y de género. También ha trabajado en la Dirección General de Cooperación Internacional de la Comisión Europea y ha asesorado a diversas instituciones jurídicas latinoamericanas. Desde las filas del PSOE ha sido diputada en la Asamblea de Madrid, senadora por designación autonómica, delegada del Gobierno para la Violencia de Género y presidenta del Senado.

CARLOS CAPA

Estimada ministra: ¿Cómo están siendo estos primeros meses al frente del Ministerio de Justicia?

Estos primeros meses están siendo muy intensos. Las competencias que tiene atribuidas el Ministerio de Justicia son claves para que el Estado de Derecho pueda funcionar correctamente.

Al comienzo de la legislatura se puso en marcha en el Ministerio el Plan Justicia 2030. Se trata de un plan de trabajo ambicioso, cuyo objetivo es transformar el Servicio Público de Justicia para hacerlo más accesible, eficiente y contribuir al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad.

Justicia 2030 es un plan a diez años que estamos desarrollando en cogobernanza, que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de la transformación del país.

Una transformación de este tipo requiere tiempo y una implantación programada que no afecte a su funcionamiento habitual, ya que incide en uno de los pilares del Estado de Derecho. Por la duración de este plan, que es necesaria, va a ser desarrollado por distintos equipos de gobierno, por lo que sus bases son el diálogo, la transparencia y la cogobernanza.

La meta es que en diciembre de 2030 se hayan ejecutado todos los proyectos, que los indicadores de ejecución estén en los parámetros esperados y las nuevas políticas públicas formen parte estructural del Servicio Público de Justicia.

Recientemente tuvo sus primeras comparecencias parlamentarias en las que desgranó su agenda para el ramo. ¿Cuáles son sus prioridades legislativas?

Las cuatro grandes prioridades que se ha marcado el conjunto del Gobierno y, por tanto, también mi Ministerio, son: la transformación digital, la transición ecológica, y la cohesión social y territorial.

Actualmente, desde el Ministerio de Justicia estamos impulsando normas que nos permitan avanzar en estos objetivos, como son las tres leyes de eficiencia (la Ley de Eficiencia Digital, la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Procesal) que estoy segura de que mejorarán sustancialmente el rendimiento de nuestro sistema de Justicia.

Con la Ley de Eficiencia Procesal se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público de Justicia y situará a la ciudadanía como eje central del sistema.  Solo de este modo, el sector Justicia podrá cumplir el papel de motor de recuperación económica que está llamado a desempeñar.

Con la Ley de Eficiencia Organizativa se posibilitará la transformación organizativa del servicio público de Justicia, mediante la implantación de 431 Tribunales de Instancia, uno por partido judicial, y de las oficinas judiciales que les den soporte.

Y, por último, con la Ley de Eficiencia Digital, daremos lugar a un nuevo marco legal para la tramitación electrónica de procedimientos judiciales, abordando aspectos básicos como la firma digital, los juicios telemáticos, el expediente judicial electrónico o el intercambio de datos en la Administración de Justicia.

¿Cómo ha sido primera toma de contacto con los operadores jurídicos?

Horizontalidad significa solidaridad territorial y lealtad institucional, impulsando todos los mecanismos de diálogo territorial. Por eso, los encuentros con los operadores jurídicos ocupan un lugar destacado en mi agenda; son una parte fundamental del Plan, para el que contamos con la cooperación del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

Solo así podemos hacer frente a los retos más inaplazables, que como ha señalado el presidente del Gobierno son la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad entre mujeres y hombres y la cohesión social y territorial.

Los contactos con los operadores jurídicos fueron muy interesantes y me agradó comprobar la sensibilidad de los operadores respecto a las personas para las que prestan sus servicios, especialmente los colectivos más vulnerables; así como la determinación por adaptarse a la transformación tecnológica que estamos viviendo. En todos los casos he percibido una determinación de avanzar para que el servicio público de Justicia sea verdaderamente ágil y efectivo.

De magistrada con una dilatada carrera profesional, a diputada de la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, presidenta del Senado y titular de Justicia… ¿Cuál es su techo?

Desde que empecé a trabajar como jueza de instrucción en 2001, hasta hoy, he dado lo mejor de mí misma en todos los puestos y cargos que he desempeñado.

El tiempo dirá qué responsabilidades me corresponde asumir en el futuro. En cualquier caso, las ejerceré como siempre he hecho: con esfuerzo, dedicación y entrega. Allá donde esté lucharé por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por conseguir una sociedad más cohesionada y justa.

La jurisdicción voluntaria y la resolución extrajudicial de conflictos se presentan como un importante remedio contra la saturación en juzgados y tribunales. ¿Piensa impulsarla desde su departamento? ¿Cree que el notariado puede contribuir aún más en esta dirección?

Estoy segura de ello. Con el desarrollo normativo de los Métodos Adecuados de Resolución de Controversias se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público de Justicia y situará a la ciudadanía como eje central del sistema.

Solo de este modo, el sector Justicia podrá cumplir el papel de motor de recuperación económica que está llamado a desempeñar.

Se regulan específicamente determinados MASC (mediación, conciliación, oferta confidencial vinculante, dictamen de experto independiente) si bien se incluye una fórmula abierta que permite acudir a cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe. Es, por lo tanto, una regulación muy abierta donde los notarios, al igual que otros colectivos del sector jurídico, tienen cabida.

Hablando de los notarios… ¿Cómo valora su papel en funciones sociales como la protección jurídica de los menores, de las personas más vulnerables e incluso de la prevención de delitos como el blanqueo de capitales? En estos momentos también están ayudando a los afectados por el volcán de La Palma.

La función de las notarias y los notarios, en tanto que funcionarias y funcionarios públicos, debe estar al servicio de la sociedad. Su colaboración, dotando de seguridad jurídica a decisiones tan importantes en la vida de las personas como la protección de los menores y de las personas más vulnerables, adquiere gran relevancia social, ya que coadyuva a encontrar la solución jurídica más adecuada a determinadas necesidades que se plantean en el seno de las familias.

Es igualmente importantísima la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero, así como con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. De esta manera, el Notariado ofrece una ayuda valiosísima al Estado para luchar contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo. Es un magnífico ejemplo de cooperación institucional.

Por otra parte, creo que la ayuda que está ofreciendo el Notariado español a las personas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma honra a esta institución y pone de relevancia su interés por prestar un servicio que redunde en beneficio de la ciudadanía.

El notariado está a la vanguardia de la digitalización. Recientemente han abierto el Portal Notarial del Ciudadano desde donde se prestan una serie de servicios online. ¿Cree que estos servicios podrán irse ampliando en el futuro?

Sin duda. Nos encontramos, como es notorio, en un momento de transformación digital no solo en nuestro país sino en el conjunto de la Unión Europea. Dicha transformación constituye un eje fundamental del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y de los Fondos asociados al mismo.

De esta manera nos encontramos en una fase inicial que, como decía, debe desarrollarse en los próximos años. En ese sentido, y en referencia a las leyes de eficiencia, debo destacar en relación con la pregunta, el papel que para ello tendrá la futura Ley de Eficiencia Procesal, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros y Ministras el pasado 19 de octubre.

Su trayectoria personal, profesional y política siempre ha estado ligada a la lucha por la igualdad. “El feminismo tiene que ser un valor transversal en la Administración de Justicia” dijo recientemente en la Comisión de Justicia del Congreso. ¿Cuánto queda por hacer para alcanzar la igualdad real?

La igualdad es un elemento básico e imprescindible en la configuración y desarrollo del servicio público de Justicia y en la acción del Ministerio de Justicia. Por eso, incorporamos la perspectiva de género en el trabajo que estamos desarrollando en el Ministerio en actuaciones como la formación en igualdad entre mujeres y hombres y en perspectiva de género; la sensibilización y concienciación del personal de la Administración de Justicia en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género; el desarrollo de planes de igualdad y la elaboración de protocolos de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

De este modo, el Ministerio de Justicia participa decididamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que debe combatir los estereotipos de género que están en la base de la desigualdad entre mujeres y hombres, con miras a reducir la brecha salarial y a promover un ejercicio corresponsable de los cuidados para avanzar en el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en todos los puestos, incluidos los de mayor responsabilidad y, por tanto, mejor remuneración.

Es usted una conocedora de primera mano de la terrible lacra de la Violencia de Género. A pesar de todas las medidas adoptadas para combatirla es una realidad contumaz en su presencia en la sociedad. ¿Qué más se puede hacer?

La violencia de género constituye, sin lugar a dudas y pese a los intentos de algunas personas por negarla, la más clara manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, que se sustenta en el sexismo. Por eso, todas las personas, mujeres y hombres, y todas las instituciones debemos combatirla para modificar los estereotipos y prejuicios de género que están en la base de comportamientos y acciones sexistas.

El feminismo es un eje transversal en la actuación del Ministerio de Justicia, firmemente comprometido con el cumplimiento y desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que representa el compromiso político para que todos los poderes públicos desarrollemos acciones para lograr la igualdad como base de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Numerosas medidas del Pacto afectan a este Ministerio que trabaja en su desarrollo para que, mediante la sensibilización y formación en perspectiva de género de todos los operadores jurídicos, la mejora de la tutela penal de la violencia de género en todas sus manifestaciones y de la asistencia a sus víctimas y a sus hijos e hijas, construyamos una sociedad libre de violencia contra la mitad de la población.

“Justicia 2030 es un plan que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de la transformación del país”

Huella digital

Pilar Llop cuenta con una detallada entrada biográfica, incluidos numerosos enlaces externos en Wikipedia.

El portal de transparencia del Gobierno también le dedica una entrada en la que se recoge su currículo y trayectoria profesional.

En la red social Twitter mantiene un perfil abierto @pilar_llop con cerca de 12.000 seguidores.

“Allá donde esté lucharé por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por conseguir una sociedad más cohesionada y justa”

Entrevista a Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo

CON SELLO PERSONAL

Jaume Duch,

portavoz del Parlamento Europeo

«Cuando llegó la pandemia los europeos miraron hacia Bruselas"

Actualmente la Unión Europea se enfrenta a grandes desafíos, como la gestión de la crisis propiciada por la pandemia, la reciente separación de Reino Unido, el cambio climático o la digitalización. Para analizar su situación, entrevistamos a Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo, la asamblea que representa a más de 446 millones de ciudadanos.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

@fatimadorca

Portavoz del Parlamento Europeo desde 2006 y director general de Comunicación de la institución desde 2017, su larga trayectoria le ha hecho presenciar numerosos retos a los que se ha enfrentado Europa. ¿Cómo se ha gestionado la crisis provocada por la pandemia?

La UE ha hecho muchas cosas en un plazo de tiempo reducido. En primer lugar, ha financiado la investigación de vacunas y tratamientos para la Covid-19, ha coordinado su compra para los 27 países, negociando su precio y asegurando una distribución equitativa entre todos ellos. A primeros de septiembre, un 70% de la población adulta europea ya estaba vacunada contra el virus. La alternativa a este dispositivo europeo hubiese sido una competencia sin cuartel entre Estados miembros para hacerse con los viales.

¿Y con respecto a la economía?

El pilar más importante es el plan de recuperación europeo de 750 mil millones de euros para los Estados miembros, destinados a proyectos que garanticen una Europa más verde, digital y resiliente. Es la primera vez en la historia de la UE que se pone en marcha un plan de estas dimensiones y que además se basa en un endeudamiento europeo, mancomunado. Un paso más hacia una Europa con elementos propios de una federación. Por último, el certificado digital ha facilitado una cierta recuperación de la libre circulación.

¿Cree que se han cumplido las expectativas de los ciudadanos?

Nada más llegar la pandemia los europeos miraron hacia Bruselas. Pero las competencias de la Unión Europea en ámbitos como el de la sanidad son limitadas. Hubo que utilizar reglas relativas a materias como la investigación o el mercado interior y apoyarse en su peso a la hora de negociar. Las encuestas de estos últimos meses nos dicen que los ciudadanos se dan cuenta del valor añadido de pertenecer a la UE e incluso quieren una Europa más fuerte y eficaz, en especial en los ámbitos que han de permitir combatir crisis como la provocada por el virus. Pronto habrá que empezar esta discusión. Esperemos que haya voluntad política suficiente para dar respuesta a ese requerimiento de los ciudadanos.

Con respecto al Next Generation Recovery Plan del que se estima que España habrá recibido a final de año 19.000 millones de euros, ¿en qué punto de la recepción de ese impulso económico nos encontramos?

España es el país que va a recibir más fondos y este verano ya llegaron los primeros 9.000 millones. Pero no es un dinero a gastar, sino a invertir. No se trata de poner parches sobre las urgencias económicas y sociales sino de financiar la modernización a medio y largo plazo.

¿Cómo son las relaciones con Reino Unido tras su salida de la UE el pasado mes de enero?

Desde enero de este año, las relaciones con el Reino Unido se rigen por un acuerdo resultado de una muy difícil negociación que, aunque no iguala el grado de integración económica precedente, ofrece una base sólida para una buena cooperación.

Está claro que el gobierno británico soporta cada vez más presión porque las primeras consecuencias negativas del Brexit empiezan a ser visibles. Disminuye la mano de obra que solía venir de otros países de la Unión, hay escasez de algunos productos, aumentan los precios y crecen las formalidades administrativas. La circulación de bienes, de personas y de servicios ya no está garantizada. Por decisión propia el Reino Unido es ahora un país tercero, con la salvedad de que el acuerdo de cooperación permite armonizar muchas cosas, pero siempre a un nivel mucho menor que entre aquellos países que forman parte de la UE y de su mercado interior.

Ahora lo fundamental es respetar los acuerdos a los que hemos llegado y evitar poner en peligro cosas tan importantes como la paz en Irlanda del Norte.

¿Cuáles son los retos que debe afrontar la UE en el siglo XXI?

La crisis climática, la digitalización, la recuperación económica, el Estado de derecho, las relaciones internacionales en un mundo en profundo cambio, las consecuencias de la crisis de Afganistán para la seguridad y la defensa europeas, la evolución del mercado laboral y sobre todo la protección y mejora de nuestro modelo social y político, son las prioridades actuales en la agenda europea. Europa se enfrenta a una larga ristra de desafíos en el siglo XXI, pero siempre ha sabido cómo lidiar con ellos. Cada época ha presentado problemas singulares y únicos, que parecían insuperables. Y de todos ellos hemos salido, mucho más fuertes, gracias a la unidad y la solidaridad.

Con respecto a la Conferencia sobre el futuro de Europa, el foro con el que se espera definir en qué quiere convertirse la UE de los próximos años, ¿cómo está siendo el índice de participación de la ciudadanía?

La plataforma online cuenta ya con casi 30.000 participantes activos que proponen, apoyan y comentan ideas sobre diferentes áreas. Actualmente, 800 ciudadanos elegidos de manera aleatoria están debatiendo estas propuestas durante varios fines de semana consecutivos, y ellos mismos llevarán sus recomendaciones ante los representantes políticos en las sesiones plenarias de la Conferencia. A través de este ejercicio, se marcarán las prioridades para la era post-Covid. Si esta Conferencia era necesaria antes de la pandemia, ahora se ha vuelto indispensable.

¿Cómo se van a asegurar de que el fruto de los debates pueda aplicarse en la legislación europea?

Todo dependerá de la voluntad política y de la presión que la sociedad ejerza sobre sus representantes políticos y sobre las instituciones. Los resultados de los debates deben traducirse en prioridades políticas. Nunca antes se había intentado algo parecido, conjugando democracia representativa y democracia participativa. Y es nuestro deber aceptar y asumir las lecciones de este ejercicio, tanto en el Parlamento como en el resto de instituciones y en los Estados miembros. Lo contrario sería pegarse un tiro en el pie.

Con respecto a la directiva 2019/1151 sobre constitución de sociedades de manera telemática que se espera se transponga próximamente a la legislación española, ¿cuál fue el principal objetivo del Parlamento Europeo a la hora de promoverla?

El fin es facilitar la creación de empresas, abaratar el proceso y al mismo tiempo reforzar las garantías contra el fraude y los comportamientos abusivos gracias a controles de identidad en línea. Se mejora el proceso de digitalización: desde la creación de la empresa hasta el registro de sus sucursales o la presentación de documentos. Además, así conseguimos también que la información esté a disposición del usuario de manera más cómoda, gratuita y en el idioma de su elección. Ninguna empresa deberá dar dos veces la misma información y se garantizará la existencia de reglas transparentes sobre el coste de cada servicio.

El objetivo del Parlamento Europeo es ofrecer a los emprendedores europeos un entorno moderno y transparente sobre el que operar. Ya es hora de que se beneficien por ejemplo de las nuevas tecnologías en sus actividades transfronterizas. Debemos continuar reduciendo las formalidades administrativas y los obstáculos.

Según el informe de la consultora PWC sobre las cien mayores empresas cotizadas del mundo en 2021, EE. UU. consolida su hegemonía y Europa pierde cinco compañías. ¿Qué retos debe afrontar la UE para que el número de empresas siga creciendo y su cotización bursátil aumentando?

El número y el tamaño de las empresas no es lo que más cuenta. Europeos y norteamericanos contamos con modelos socioeconómicos diferentes. En el caso de la UE, el denso tejido de pequeñas y medianas empresas tiene mucho más peso que el de unas docenas de grandes multinacionales.

Sin embargo, es verdad que hay que esforzarse por ser más competitivos de cara a la economía digital y globalizada de los próximos años, por proteger a los trabajadores y por crear empleo. En este campo, la UE ha lanzado una serie de programas de inversión muy ambiciosos, que tienen que combinarse con el Next Generation. Si queremos proteger el modelo socioeconómico europeo, el más justo y equilibrado del planeta, tendremos que hacerlo todos juntos.

“El gobierno británico soporta cada vez más presión porque las primeras consecuencias negativas del Brexit empiezan a ser visibles”

Huella digital

El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, comparte habitualmente información relacionada con la actividad de la Eurocámara y sus sesiones plenarias en sus redes sociales. Cuenta con perfiles propios en Twitter (@jduch) e Instagram (@jaumeduch), en los que también incluye noticias derivadas de las cuentas de Twitter del Parlamento Europeo: @Europarl_EN y @EuroParlPress, así como de la página web oficial de la institución.

“El objetivo de la directiva 2019/1151 es facilitar la creación de empresas, abaratar el proceso y al mismo tiempo reforzar las garantías”

Entrevista a Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea

CON SELLO PERSONAL

Valdis Dombrovskis,

vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea

European Commission's executive vice-president

«Estamos bastante satisfechos con los planes de recuperación»

JORGE VALERO

@europressos

La puesta en marcha del fondo de recuperación y el proceso de vacunación frente al covid-19 son las dos grandes prioridades de la UE en este momento. Y en ambos frentes, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, está jugando un papel relevante. Como máximo responsable del área económica de la Comisión, el letón ha supervisado el lanzamiento del fondo de 800.000 millones de euros. Además, como timonel de la política comercial de la UE, está negociando propuestas con los otros miembros de la Organización Mundial del Comercio, para aumentar la producción de vacunas a nivel mundial.

 

–Un total del 13% de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, el principal pilar del fondo, se entregarán como prefinanciación una vez se aprueben los planes. Solo en el caso de España son unos 9.000 millones. La cantidad necesaria podría superar el volumen que puede conseguir la UE en los mercados antes del verano, aunque ya captó con éxito unos 20.000 millones en junio. ¿Cómo se distribuirán los fondos para prefinanciación, si al final no se tiene suficiente dinero para todos los planes aprobados antes del verano?

–La posibilidad de recaudar la cantidad total en los mercados dependerá en primer lugar de cuántos países y cuántos grandes receptores de fondos se incluyen en el primer lote de países en junio. También depende de las condiciones del mercado. Pero ya hemos señalado que la prefinanciación puede llegar a plazos, a medida que podamos recaudar los fondos. En este caso, los Estados miembros recibirán los fondos prorrata.

–Usted dijo que, en algunos casos, se necesitan ajustes en los planes nacionales de recuperación. ¿Podría explicar cómo funciona este proceso de ajuste?

–En general, estamos bastante satisfechos con el contenido de los planes presentados. Parecen cumplir los objetivos de sostenibilidad y digitalización. Además, abordan un subconjunto significativo de las recomendaciones específicas que dirigimos anualmente a cada país. Por lo tanto, esperamos que no haya necesidad de una revisión importante de los planes. Pero, al mismo tiempo, continúa el trabajo de ajuste. No es que se presenten planes y todo sea ideal, y otorgamos una valoración positiva. Existen consultas a nivel técnico y en ocasiones solicitamos información adicional, o mayor claridad sobre los hitos y las metas que tienen que cumplir los países para acceder a los desembolsos del fondo. O puede haber preguntas sobre algunas de las estimaciones de los costes de proyectos de inversión. Pero aunque haya mucho trabajo técnico, y puede llevar a algunos ajustes y precisiones en los planes, no estamos hablando de grandes revisiones.

 

–¿Le preocupa que en los próximos meses se vuelvan a trazar líneas de batalla entre los Estados miembros que desean volver a la ortodoxia fiscal del pasado y los que creen que la pandemia ha demostrado que es necesaria una revisión radical del Pacto de Estabilidad y Crecimiento? ¿Cuál es su posición sobre las reglas que controlan el déficit y la deuda?

–Esperamos relanzar en la segunda mitad del año la consulta pública sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ya habíamos lanzado justo antes de la pandemia. No llegamos a este proceso con ideas o conceptos «precocinados». Analizaremos las aportaciones que recibamos en la consulta pública por parte de los Estados miembros y otras voces interesadas, y trazaremos un camino a seguir. Lo que tendríamos que conseguir es una simplificación general del marco fiscal, asegurando que facilite políticas fiscales más anticíclicas, es decir, favorecer inversión en épocas de crisis y ahorro en los buenos tiempos, para crear «colchones» para periodos peores. Tendremos que centrarnos también en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de la deuda pública en el contexto de los niveles elevados de endeudamiento que nos encontraremos al salir de la crisis. Por supuesto, tendremos que buscar el consenso, porque de lo contrario no podremos avanzar, y quedaremos atrapados en debates divisivos. La construcción del consenso será un elemento muy importante.

 

–Uno de los temas más divisivos es la posibilidad de incluir en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento una cláusula para apoyar la inversión en áreas prioritarias, como la agenda «verde». Parece haber más apertura hacia esta propuesta en este momento. ¿Ese este su caso también?

–Como dije, entraremos en esta consulta pública sin ideas precocinadas y escucharemos a los Estados miembros y las partes interesadas. Esta propuesta formará parte de la discusión. Antes de que lanzáramos la consulta pública la primera vez, el Consejo Fiscal Europeo realizó una serie de recomendaciones con algunos de los elementos que queremos evaluar, incluida esta idea, además de la simplificación del marco fiscal, la contraciclicalidad, o la inclusión de sendas de deuda más ajustadas para los países con techos de gasto anuales. Las aportaciones del Consejo Fiscal Europeo fueron bien recibidas por nuestra parte.

 

–La Comisión Europea ha pedido a España prudencia con el gasto el año que viene. ¿Eso implica empezar a retirar las medidas de apoyo a empresas y trabajadores en 2022? –Es importante encontrar el equilibrio adecuado para cada Estado miembro. En general, nuestra recomendación es que la posición fiscal siga siendo de apoyo, tanto este año como el próximo. En el caso de países con un elevado endeudamiento, somos más prudentes en lo que respecta a las posiciones fiscales a medio plazo o al aumento del gasto corriente.

 

Pero depende de la situación económica de cada país decidir cuál es exactamente un buen momento para comenzar a retirar gradualmente las medidas de apoyo tras las crisis, incluyendo aquellas para apoyar a los trabajadores con medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Es decir, los países deben realizar esta evaluación y encontrar el momento adecuado para cambiar de marcha. No proporcionamos una guía exacta sobre cuándo debería ser el caso en cada Estado miembro, porque todavía existe una incertidumbre económica bastante elevada. Además, vemos que existen diferencias en el ritmo de cómo los países están recuperando el nivel económico previo a la crisis. Por eso, es importante no retirar prematuramente los estímulos. Pero, al mismo tiempo, está el asunto de la sostenibilidad fiscal. Por eso, diferenciamos entre países con elevado endeudamiento y aquellos cuya sostenibilidad de la deuda presenta riesgos reducidos.

 

–Presentó una propuesta a los miembros de la Organización Mundial del Comercio para aumentar la producción de vacunas a escala mundial. ¿Cuáles son los detalles de la propuesta europea?

–Sugerimos tres elementos principales. En primer lugar, queremos asegurarnos de que las vacunas y los tratamientos para el covid pueden cruzar las fronteras libremente. Los países desarrollados con capacidad de producción de vacunas deberían comenzar a exportar a los países en desarrollo, porque hasta ahora solo la UE es un exportador importante de vacunas. Además, también es importante no interrumpir las cadenas de suministro en lo que respecta a los componentes de las vacunas y otros tratamientos, para que podamos garantizar una producción eficaz. La segunda área es trabajar en la cooperación voluntaria entre empresas que tienen el conocimiento y la propiedad intelectual, y las empresas que pueden proporcionar capacidad de fabricación adicional. Serían acuerdos de cooperación voluntaria, incluidas empresas en países en desarrollo. La tercera corriente son las licencias obligatorias (cuando un Gobierno permite producir un producto patentado sin el consentimiento de quien tiene la patente). Deberíamos ver esta opción como una herramienta legítima que se puede utilizar en tiempos de crisis. Pediremos a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio que cuenten con marcos de licencias obligatorias, para que esta herramienta se pueda utilizar de manera eficiente cuando sea necesario. La concesión de licencias obligatorias es una opción que ya existe dentro de las flexibilidades del acuerdo de propiedad intelectual de la OMC (acuerdo TRIPS, por sus siglas en inglés). Deberíamos haber señalado antes que estamos listos para explorar y utilizar las flexibilidades de TRIPS.

Huella digital

Las actividades y comunicados del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, pueden seguirse con facilidad sobre todo a través de su cuenta de Twitter, pero también en Facebook, e incluso Instagram, donde comparte fotos de su vida privada. Para saber más sobre su agenda y equipo, se puede consultar su página en la Comisión Europea. Wikipedia ofrece información sobre su biografía y su carrera profesional.

Digital footprint

THE activities and statements of the European Commission’s executive vice-president, Valdis Dombrovskis, can be easily followed particularly via his Twitter account, but also on Facebook, and even Instagram, where he shares photos of his private life. To know more about his agenda and team, you may consult his Commission page. Wikipedia provides information on his biography and his professional career.

In English

‘We are quite satisfied with the content of the recovery plans’

The implementation of the recovery fund and the rollout of the vaccination strategy against covid-19 are the main priorities of the EU at the moment. On both fronts, the European Commission’s executive vice president, Valdis Dombrovskis, is playing a key role. As the head of Commission’s economic area, the Latvian has supervised the launch of the €800 billion fund. As the EU trade policy chief, he is negotiating with World Trade Organization members proposals to increase vaccine production globally.

–A total of 13% from the Recovery and Resilience Facility, the main pillar of the recovery fund, will be disbursed as prefinancing once the national recovery plans are approved. Only in the case of Spain is around 9 billion. The amount needed could exceed the volume that the EU may raise through the markets before the summer, although it has already successfully got some 20 billion in June. How will the funds be distributed for pre-financing if, in the end, there is not enough money for all the plans approved before the summer?

–Whether we can raise this overall amount in the markets in one go depends first of all on how many countries and how many big recipients of funds are in the first batch of plans approved. It also depends on the market conditions. But we have already signalled that it may come in instalments. If we are not able to raise the whole money for prefinancing in one go, we will release the money to member states as we are able to raise it. In this case, member states will receive the funds on pro rata basis.

–You said that, in some cases, adjustments are needed in the national recovery plans. Could you explain how this adjustment process works?

–Overall, we are quite satisfied with the contents of the plans submitted. They seem to meet the green and digital targets and to address a significant subset of country specific recommendations. Therefore, we hope that there will be no need for a major overhaul of the plans. But, at the same time, this work on fine-tuning continues. It’s not that plans are submitted and everything is ideal, and then it leads to a positive assessment. There are technical level consultations and maybe some requests for additional information, or for more clarity on milestones and targets. Or there may be questions on some of the cost estimates of the project. Although there is a lot of technical work ongoing, and it may lead to some adjustments and precisions in the plan, we are not talking about major overhauls.

–Are you concerned that, in the coming months, the battle lines will be redrawn between those member states that are keen to return to the fiscal orthodoxy of the past and those who believe that the pandemic has shown that there’s a need for a radical overhaul of the Stability and Growth Pact? Where do you stand on the deficit and debt thresholds? 

–Later in the year, we expect to relaunch the public consultation on the review of the Stability and Growth Pact, which we launched before the pandemic. We are not coming in a sense with precooked ideas or concepts. We will be looking at the input we will be getting in the public consultation from member states and from different stakeholders, and we will draw a potential way forward. What we would need to do is an overall simplification of the fiscal framework, ensuring that it facilitates more counter-cyclical fiscal policies, both in bad and good economic times. We will need to work also on questions related to the sustainability of public debt in the context of elevated public debt levels that we will see while exiting the crisis. Of course, we will need to seek consensus, because otherwise we will not be able to move forward and we will be stuck in some kind of divisive debate. This consensus- building will be a very important element.

–One of the most divisive issues is the possibility to include in the Stability and Growth Pact the so-called ‘golden’ clause to support investment in some priority areas, including the ‘green’ agenda. There seems to be now more openness towards this ‘golden’ clause. Is that your case?

–As I said, we will enter this public consultation without precooked ideas and we will listen to member states and stakeholders. This proposal is part of the discussion. Before this public consultation, the European Fiscal Board came exactly with some of the elements we want to asses, including the simplification, the counter-cyclicality or concentrating on an expenditure benchmark with a debt anchor. The Board also raised the point of what they called a limited ‘golden ‘rule. This input from the European Fiscal Board was welcomed from our side.

–You said Spain should have a prudent stance in regards to its public spending for next year. Does that mean the government should start to withdraw support measures for companies and workers in 2022?

–It is important to find the right balance for each Member State. Overall, our recommendation is that the fiscal position remains supportive, both this year and the next. In the case of countries with high indebtedness, we are more cautious when it comes to medium-term fiscal positions or the increase in current spending. But exactly when is a good time to start phasing out post-crisis support measures, for example for workers under temporary support schemes (ERTE), it really depends on the economic situation of each country. In other words, countries must make this assessment and find the right moment to change gears. We do not provide exact guidance on when this should be the case for each member state, because there is still quite a high economic uncertainty. We see that there is a difference in the pace of how countries are recovering their pre-crisis economic level. It is important not to withdraw stimuli prematurely. But then there is fiscal sustainability issue. That is why we differentiate between countries with high level of public debt and those whose debt sustainability presents low risks.

–The Commission put forward a proposal to the World Trade Organisation members to increase vaccine production at global scale. What are the details of this proposal? –We suggest three main elements. First, we want to ensure that the COVID vaccines and treatments and components can cross the borders freely. Developed countries with vaccine production capacity actually should start exporting to developing countries, because so far only the EU from the developed countries is a major vaccine exporter. In addition, it is also important not to disrupt supply chains when it comes to vaccine components, so that we can ensure effective production of the doses. The second area is to work on voluntary cooperation between companies which have the necessary know-how and intellectual property, and companies which can provide additional manufacturing capacity. It would be voluntary cooperation arrangements, including those companies in developing countries. The third stream is compulsory licensing (when a government allows someone to produce a patented product without the consent of the patent owner). We should we see this as a legitimate tool which can be used in times of crisis. We will call on all World Trade Organisation members to have efficient compulsory licensing frameworks in place, so this tool can be used efficiently when needed. Compulsory licensing is an option that already exists within the flexibilities of the WTO’s intellectual property agreement (TRIPS). We should have been flagging before that we are ready to explore and use TRIPS flexibilities.

Entrevista a Pilar Llop, presidenta del Senado

CON SELLO PERSONAL

Pilar Llop,

presidenta del Senado

“El Senado no es que sea útil: es imprescindible”

Pilar Llop Cuenca preside el Senado en uno de sus momentos más difíciles, marcado por la pandemia del coronavirus, la atomización política y la irrupción de los extremismos. Aun así, en los primeros meses de su mandato tuvo tiempo de sacar adelante un plan de igualdad, un código ético y una oficina de conflictos de intereses. Jueza de formación y política por vocación de servicio, Llop nos descubre en esta entrevista algunas de las cuestiones que explican la razón de ser del Senado que, no lo olvidemos, representa a los territorios españoles.
ANA TOGORES GUISASOLA

@AnaTogores

@AnaTogores

Ana Togores

Señora. presidenta: lleva al frente del Senado casi un año y medio, en un momento muy complejo… ¿Qué destacaría de estos meses?
Lo primero, que el Senado es una institución que ha sabido continuar con su función constitucional. La democracia no puede parar. Y nosotros no hemos parado. Pero eso sí, hemos tenido que ser muy creativos y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Así, una resolución de presidencia nos permitió ampliar la votación por correo; también que las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces pudieran celebrarse a través de videoconferencia. Y, por primera vez en historia del parlamentarismo, celebramos un pleno telemático.
Yo creo que en una situación de gran emergencia sanitaria, social y económica, como la que estamos todavía atravesando, el Senado siempre supo estar a la altura. También tengo que decir que todos los grupos parlamentarios colaboraron para aplicar todas estas medidas. Se llegó a importantes acuerdos. ¿Qué hemos aprendido?
No solo que la implantación de los medios tecnológicos ha venido para quedarse, sino que la unidad ha sido y es fundamental. Una lección que tenemos que sacar para un futuro es que, en determinadas situaciones y en unos momentos tan complicados como estos, nos movemos más por la emoción que por la razón. Los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Gobernar y gestionar la emoción, pero no gobernar y gestionar desde la emoción. A esa unidad me refiero al hablar del Senado y de los grupos parlamentarios. Otra cosa es el debate político. Ahí es verdad que ha habido momentos en los que hemos visto como no todos los grupos parlamentarios han sabido estar a la altura y esa es la lección que debemos aprender de esta pandemia. Siempre he apelado a que en los debates políticos la oposición sea una oposición de Estado, no una oposición contra el Estado; que sea una oposición constructiva. ¿Le ha permitido esta situación poner en marcha las iniciativas que sin duda se marcó al iniciar el mandato?
Yo creo que cuando alguien llega a un cargo, en el primer año es cuando tiene que poner en marcha todo su proyecto político. Y eso es lo que yo hice nada más llegar. Por ejemplo, por primera vez en la historia del parlamentarismo, impulsé la aprobación de un Plan de Igualdad de Cortes Generales. Un plan para eliminar las brechas de género. Se pierde talento femenino, mujeres que tienen méritos y capacidades suficientes para ocupar cargos de alta responsabilidad por las exigencias familiares, porque se tienen que dedicar al cuidado de sus hijos o de sus familiares mayores o enfermos. Eso queremos evitarlo aquí en el Senado. También queremos que esta Cámara y el Parlamento sean sensibles al género y libres de acoso. Por eso del Plan de Igualdad tiene, como uno de sus ejes principales, la elaboración de un protocolo de prevención del acoso sexual, por razón de sexo, moral y laboral. Otra iniciativa fue la aprobación del Código Ético, algo muy importante en materia de lucha y prevención de la corrupción en el ámbito político. Permitirá analizar si existen conflictos de intereses de una manera mucho más pormenorizada que como se hacía con las meras declaraciones de bienes y de actividades. Es un compromiso que adquiere cada uno de los parlamentarios. Se ha creado una oficina de conflictos de intereses, que está ubicada en el Congreso de los Diputados, donde se pueden realizar consultas e incluso puede poner de manifiesto a las mesas la existencia de un posible conflicto de interés o de un incumplimiento de las medidas del código ético.
¿Cuál es la utilidad del Senado? Hay quien se la cuestiona.
El Senado no es que sea útil: es imprescindible en un Estado compuesto, donde los debates y las sensibilidades territoriales tienen que trascender a nivel nacional. Además, los senadores somos, o bien elegidos directamente en listas abiertas en los territorios, o bien designados por los parlamentos autonómicos. La Cámara de Representación Territorial representa a los territorios. Es una cámara de control al Gobierno central a través de las preguntas e interpelaciones que hacemos en los plenos, y de las comparecencias que se hacen por los ministros u otros miembros del Gobierno en las comisiones. Pero también somos una cámara legislativa, de segunda lectura. Aquí se pueden presentar iniciativas legislativas que luego pasan al Congreso de los Diputados. Somos de “segunda lectura” porque hacemos una labor de enmiendas y vetos a esas leyes que vienen del Congreso. Los parlamentos autonómicos participan directamente en esa elaboración de las leyes nacionales mediante sus senadores y senadoras. Y eso es un tesoro y es muy desconocido. El Senado, además, es la sede natural y neutral para que tenga lugar otro instrumento ejecutivo no parlamentario, que son las conferencias de presidencias. Aquí vienen el presidente del Gobierno y las presidencias de las comunidades autónomas para adoptar grandes acuerdos, grandes consensos que tienen que afectar necesariamente a todas las comunidades autónomas, sobre competencias autonómicas, sanidad, servicios sociales, justicia, educación… Es una sede neutral porque aquí no representamos a ninguna fuerza política, sino a todas las que han obtenido representación parlamentaria. En materia legislativa, ¿qué función tiene la cámara que preside?
Hay una cosa muy importante en una democracia y es el sistema bicameral. Yo le doy un valor fundamental porque permite que nuestra cámara, que el Senado, sirva de contrapeso al propio poder legislativo. En el Senado ponemos vetos y hacemos enmiendas a las leyes que vienen del Congreso. Y no todas las fuerzas políticas están igualmente representadas en una cámara que en otra. Eso también tiene un valor muy importante. Además, en esta legislatura hemos aprobado definitivamente en el Senado varias leyes, como los Presupuestos Generales del Estado, que es la ley más importante que tiene que hacer un gobierno, porque es la que muestra su modelo de política. También hemos aprobado definitivamente la Ley de Educación. ¿Qué llevó a una jueza a meterse en política?
La vocación de servicio público, porque el servicio público ha vertebrado toda mi vida y mi profesión. Siento que tengo que devolver todo aquello que recibí cuando tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública, gracias a aquellas leyes que hicieron que mucha gente pudiéramos acceder a esa educación. ¿Y qué hacemos para recuperar la confianza de la gente en las instituciones?
Dignificar las instituciones, preservarlas y protegerlas y no permitir ataques hacia ellas. Ahora que estamos en este momento de populismo político, que vivimos en una política de trampantojo, trump-pantojo, haciendo un juego de palabras, es importante comunicar y acercarse a la calle. Hay que transmitir también que los que nos dedicamos a la política estamos por un tiempo. Esto no puede ser una profesión, tiene que ser una vocación y un oficio, porque hace falta oficio para saber desenvolverse en el mundo de la política. Es un mundo complicado, pero también muy bonito. Yo he pasado de interpretar y aplicar la Ley a elaborar esa Ley. Y eso sí, hay que proteger mucho las instituciones. Yo soy una persona muy formal a la hora de trabajar y a la hora de dirigir los debates. No permito, por ejemplo, discursos de odio, de ninguna manera. No permito faltas de respeto, alusiones. Y hay que dar explicaciones a la ciudadanía, hay que rendir cuentas explicando qué es lo que hacemos en materia de transparencia, por ejemplo. Por eso hemos aprobado un código ético que es un hito en el mundo de la política española. ¿Estamos en la senda correcta para proteger social y jurídicamente a las mujeres?
Si. España lo ha tenido muy claro desde el principio. Primero ratificamos la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas del año 79, y después fuimos partícipes en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en1995, en la que 189 países proclamaron la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En el año 2004, España aprobó por unanimidad la Ley Orgánia de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, donde desarrollaba una arquitectura institucional y de recursos públicos de ayuda y protección a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas. Y luego está la Ley de Igualdad del año 2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. En el año 2014 ratificamos el Convenio de Estambul, que amplía el concepto de violencia de género a cualquier tipo de violencia sobre las mujeres. Y por fin, en el año 2017, todos los grupos parlamentarios aprobaron un pacto de Estado contra la violencia de género, tanto en el Congreso como en el Senado. ¿Tenemos un sistema jurídico robusto y seguro?
Sí. La seguridad jurídica al final es lo que garantiza el desarrollo. Sin seguridad jurídica no hay inversión y los juzgados no pueden ser vistos como un obstáculo, sino que el sistema judicial tiene que ser visto como un motor de ese desarrollo. El que haya un filtro previo, esa prevención para no tener que llegar a los juzgados y no sobrecargarlos, evita que los ciudadanos pasen ese desgaste. Esa función que realizan los notarios en materia de prevención es de un valor incalculable. Otra cosa muy importante que se ha hecho también por los notarios es la prevención del blanqueo de capitales. Todas las herramientas que han desarrollado en esta materia son de un valor importantísimo. Los notarios tienen una vertebración territorial extraordinaria y a veces el blanqueo de capitales no se produce en grandes concentraciones urbanas, también se puede producir en otros lugares más despoblados. Y ahí esa función que se realiza, incluso desde esas pequeñas notarías de pueblo, es muy importante. En el Senado estamos muy preocupados con la España despoblada y tenemos una comisión que habla de despoblación, de reto demográfico. Me parece muy importante la labor que se hace de presencia del Notariado en esos territorios, porque los ciudadanos cuando tienen una notaría en su pequeña localidad se sienten mucho más seguros, les da tranquilidad, les da prestigio, atrae a la población. Tenemos mucho que aprender de los instrumentos que permiten que los distintos territorios dialoguen tecnológicamente. Porque en el sistema judicial cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de gestión procesal y a veces no se comunican entre ellos porque no son compatibles. Es muy necesario que tengamos un pacto tecnológico a nivel judicial y creo que podemos aprender de los notarios. -El Notariado tiene desde hace 20 años una fundación, Aequitas, con la que contribuye a la protección jurídica de los colectivos más vulnerables. ¿Conoce su labor?
No sólo la conozco, sino que además he participado en algún evento al que me han llamado. He sido secretaria del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, porque también he sido durante varios años letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, y las cuestiones de discapacidad siempre me han aportado muchísimo en toda la labor que he hecho profesionalmente en la política o en la justicia. Que los notarios tengan esa dimensión social, esa responsabilidad social, esa generosidad como un cuerpo público, a mí me parece que hay que ponerlo en valor.

“Debemomos que seguir adaptándolas y reforzándolas”

Huella digital

Su hulla en internet es larga, con noticias y entrevistas tras su elección como presidenta del Senado, y anteriormente  como especialista en violencia de género, diputada de la Asamblea de Madrid o delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Su red social favorita es Twitter  (@pilar_llop), donde tiene casi 5.500 seguidores.

Desde el  el control de la pandemia

Entrevista a Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

CON SELLO PERSONAL

Nadia Calviño

vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

“Todos los organismos prevén que España lidere el crecimiento en Europa este año”

Nadia Calviño goza de un merecido respeto tanto en nuestro país como en el resto de Europa. Desde su cargo actual tiene una responsabilidad máxima: impulsar la recuperación económica española. En esta entrevista le preguntamos sobre su modelo económico y cuáles son los planes inmediatos de su vicepresidencia.
ALFREDO GARCÍA REYES

Alfredo García Reyes

alfredogreyes

Durante 12 años formó parte de la Comisión Europea como alta funcionaria de ese organismo. ¿Por qué aceptó una cartera ministerial en nuestro país?

Cuando el Presidente del Gobierno me propuso sumarme a su gabinete y me explicó el proyecto, dominaron dos sentimientos: responsabilidad e ilusión. Ser ministro de economía no es un trabajo fácil –incluso en ausencia de la pandemia– y volver a España suponía una enorme responsabilidad, un cambio de rumbo y un compromiso con implicaciones importantes en lo personal. Al tiempo, como tantos ciudadanos, sufría por el deterioro de la imagen de España y una actitud de cierta resignación, como si los problemas que arrastramos fueran inevitables y no tuvieran solución. Sentí la necesidad de contribuir a romper esta dinámica, participando en un Gobierno que trajese una nueva ilusión, profesionalidad y energía positiva, para devolver España al sitio que le corresponde en el ámbito europeo.

Yo creo que tenemos un gran país, con muchas fortalezas y posibilidades, y desde el primer momento hemos desplegado con mucho trabajo y determinación una agenda de política económica y social coherente para un progreso más sostenible, más inclusivo y más justo. En estos dos años y medio largos, he podido comprobar que hay un gran consenso social en esta línea.

Hablando de la pandemia. ¿Cuándo considera que España podría iniciar la recuperación económica?

Nuestro país inició la senda de recuperación ya en el tercer trimestre del año pasado. Tras un segundo trimestre muy complicado, con una intensa caída del PIB inédita en nuestra historia reciente, las empresas, los trabajadores y la sociedad, en general, demostraron una gran flexibilidad y fortaleza. La fuerte reactivación que tuvo lugar durante el tercer trimestre, que llegó al 16,4% a pesar de no tener turismo internacional y de que ya había restricciones por la segunda ola en algunos territorios importantes como Cataluña o Aragón, es la mejor prueba de esa capacidad. Esa senda positiva se mantuvo también en el cuarto trimestre.

Esto es mérito de la sociedad, por su capacidad de resiliencia, y también por el enorme esfuerzo colectivo que estamos realizando para desplegar una red de seguridad para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares.

Gracias a estas medidas, el impacto de la crisis en el empleo ha sido mucho menor que en crisis anteriores, pese a que la caída de la actividad ha sido mayor. Porque sin medidas como el apoyo público a los ERTEs, la prestación extraordinaria para autónomos, el Ingreso Mínimo Vital y otras medidas de apoyo directo a las economías empresariales y familiares no se habría podido preservar esta base de tejido productivo que sustenta nuestra recuperación. Lo mismo sucede con la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que han garantizado la liquidez a las empresas en momentos muy complicados. Todos los organismos prevén que España lidere el crecimiento en Europa este año, sobre todo a partir del segundo semestre. Entre todos hemos de trabajar por conseguir que 2021 sea, definitivamente, el año de la recuperación.

Es buena conocedora de los entresijos de la Unión Europea. ¿Cómo se valora la idiosincrasia económica española y su encaje en la europea?

España es uno de los grandes países, un socio muy valorado y apreciado entre los socios comunitarios y en las propias instituciones europeas. Somos un país fiable, fuerte y muy comprometido con el proyecto de la Unión Europea, y siempre adoptamos posiciones constructivas en todos los debates e iniciativas. La prueba más reciente es nuestro papel en los debates sobre la respuesta a la pandemia y la puesta en marcha del mecanismo SURE o del Plan de Recuperación. Son asuntos que hemos impulsado desde el primer día y en cuyo diseño hemos tenido un papel importante. Aún queda camino por recorrer, pero, sin duda, somos uno de los motores de la Unión Europea en el plano político, económico y social y lo seguiremos siendo en las próximas décadas.

Entre los sectores más afectados por la situación actual están la hostelería-turismo, el comercio y la fabricación de automóviles. ¿Cómo piensan ayudarles?

Nuestras medidas han estado desde el primer momento muy dirigidas a respaldar a las empresas y trabajadores de esos ámbitos, los sectores que más expuestos estaban a las restricciones de movilidad, con ayudas directas como el pago de las nóminas y las cotizaciones de los trabajadores en ERTE, incluso después de su reincorporación al puesto de trabajo, lo cual es un apoyo evidente también a las empresas; así como con la prestación para autónomos o la ampliación de la incapacidad temporal para que dé cobertura a las distintas situaciones derivadas de la Covid. Sólo estas tres medidas suman un apoyo público directo de 40.800 millones de euros.

Pero, además, hemos puesto en marcha planes específicos para impulsar el turismo, la hostelería o el sector del automóvil. Eso sin olvidar las medidas de apoyo a la liquidez de las empresas.

¿Y de cara al futuro más inmediato? 

De cara a las semanas complicadas que aún tenemos por delante, debemos evitar una retirada prematura de las ayudas que pueda poner en riesgo lo logrado hasta ahora y tenemos que seguir adaptándolas y reforzándolas para apoyar a las empresas, a los trabajadores y a las familias hasta que recuperemos un crecimiento sólido y sostenido. La prioridad en este momento es esa, sobre todo, pensando en nuestros jóvenes, uno de los colectivos más afectados por esta crisis, quienes deberán afrontar el pago de la deuda que estamos asumiendo ahora para hacer frente al Covid.

¿Cuáles son las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para 2021?

Son unos presupuestos fundamentales para el país en un momento crucial para nuestro futuro. Por una parte, persiguen fortalecer el Estado del Bienestar, dedicando casi un 60% a inversiones sociales, educación, sanidad, pensiones y la protección de los ciudadanos más vulnerables. Y, por otra parte, son presupuestos de futuro, con inversiones importantes en los ámbitos transformadores, por ejemplo, en el ámbito de la digitalización o la transición ecológica.

La tercera razón que los hace tan importantes es que son la herramienta básica para que podamos empezar a ejecutar desde ya los nuevos fondos europeos, con 27.000 millones de inversión que serán claves para impulsar la actividad y la creación de empleo ya en 2021 y seguir avanzando en la modernización de la economía española. Todo sin olvidar que hay unas cuentas aprobadas el 1 de enero, algo que no sucedía en España desde 2016.

Su vicepresidencia engloba también la cartera de Transformación Digital. ¿Cuál es su horizonte en este asunto?

La pandemia ha acelerado la transformación digital en todo el mundo. En España ha evidenciado nuestras fortalezas, como las infraestructuras o la digitalización del sector público, pero también algunos puntos de mejora.

Para impulsar el proceso y contar con una hoja de ruta que encauzase la inversión pública y privada, el Gobierno aprobó el pasado verano la agenda España Digital 2025, y hemos publicado seis planes detallados para desplegar los principales ejes: desde el desarrollo de la conectividad y el 5G a la digitalización de las administraciones públicas; desde la  capacitación digital de la ciudadanía y la digitalización de las PYMEs a la ciberseguridad o el impulso a tecnologías disruptivas como la economía del dato o la Inteligencia Artificial.

En esta línea, el Plan de Recuperación da un papel preponderante a la digitalización, que recibirá 20.000 millones de euros, un tercio de la financiación europea prevista para los próximos tres años. Y en los actuales presupuestos hemos multiplicado por seis la dotación para esta política. También hemos sacado a audiencia nuestra propuesta de Carta de Derechos Digitales, porque en todo este proceso no podemos perder de vista la necesidad de garantizar una digitalización humanista, que ponga al ciudadano en el centro para no perder derechos ni generar nuevas brechas.

Hablando de avances digitales, el Consejo General del Notariado propuso en abril del año pasado unas reformas para que se pudieran otorgar algunos documentos públicos notariales mediante videoconferencia. ¿Cómo valora esa posibilidad?

Muy positivamente. Como consecuencia de la actual pandemia, las soluciones no presenciales se han visto muy demandadas y posibilidades que, aunque conocidas, no eran tenidas en consideración, han resultado ser la vía para solucionar problemas que hace poco no existían y no eran objeto de preocupación. Con la entrada en vigor de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, coloquialmente conocida como ‘de servicios electrónicos de confianza’, se ha establecido un marco normativo que sienta las bases para poder desarrollar actuaciones como las referidas, fundamentalmente para garantizar los mismos niveles de seguridad y fiabilidad que se dan en este tipo de procedimientos cuando se realizan presencialmente.

Estas circunstancias, por supuesto aplicadas con las máximas garantías de seguridad y confidencialidad, hacen que se planteen numerosas posibilidades para la prestación de servicios a la ciudadanía más ágiles y mucho más eficaces. Además, aunque hay alguna iniciativa similar, lo cierto es que la experiencia en la implantación de estas acciones situaría a nuestro país en una situación de vanguardia con respecto a otros en esta materia.

La lucha contra lacras como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es también una prioridad. Desde 2005, como sabrá, los notarios disponen de un Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo creado por orden del ministro Solbes. ¿Qué opina de su función?

No es sólo mi opinión. Ya se ha reconocido y recogido en informes internacionales que la labor desarrollada por el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado es un ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta labor no se refiere únicamente al aumento de la concienciación y las capacidades del sector notarial nacional, sino que abarca a un ámbito de actuaciones mucho más amplio, facilitando, por ejemplo, que las entidades del sector privado puedan mejorar su nivel de cumplimiento de las obligaciones preventivas que les afectan, o permitiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponer de unas herramientas de enorme utilidad en las investigaciones contra ese tipo de delitos.

“Debemos evitar una retirada prematura de las ayudas que pueda poner en riesgo lo logrado hasta ahora y tenemos que seguir adaptándolas y reforzándolas”

Huella digital

Desde sus páginas en Twitter   (@NadiaCalvino) y en Linkedin, suele detallar las actuaciones de su vicepresidencia y de su ministerio. Por otro lado, la página web de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno publica su agenda oficial, así como las principales medidas adoptadas por los diferentes departamentos englobados en su ministerio.

Desde el primer momento nos hemos centrado en ayudar a los sectores más expuestos a las restricciones a la movilidad para el control de la pandemia