Entrevista a Javier Gomá, filósofo y escritor. Director de la Fundación Juan March

CON SELLO PERSONAL

Javier Gomá,

filósofo, escritor y director de la Fundación Juan March

“La felicidad es el sentimiento de no tener deudas con la vida"

Filósofo, escritor y también ensayista. En 1993 aprobó las oposiciones al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado como número uno de su promoción. Es el actual director de la Fundación Juan March y la revista Foreign Policy lo incluyó, en dos ocasiones, en la lista de los cincuenta intelectuales iberoamericanos más influyentes. En 2021 publicó su libro más reciente: Un hombre de cincuenta años y la séptima edición de Filosofía Mundana. En marzo estrenó en el teatro su obra El peligro de las buenas compañías, que actualmente está de gira por toda España.

FÁTIMA PÉREZ DORCA,

¿Cómo le da tiempo a todo?

Me gusta recordar que las personas somos fundamentalmente tiempo: es la materia en la que flotamos los seres humanos. Cuando estamos muy ocupados y decimos a alguien que pide nuestra atención “lo siento, no tengo tiempo” cometemos una gran inexactitud porque en realidad lo único que tenemos es tiempo, un determinado crédito de tiempo. Otra cosa distinta es que no queramos o no podamos dárselo a quien nos lo solicita porque en ese momento tengamos otras prioridades. Si usted destaca de mi biografía algunos datos, está desvelando dónde han estado mis prioridades vitales en los últimos años, a las que hay que añadir las afectivas, familiares y amistosas.

Durante los días 19 y 20 de mayo se celebra el XII Congreso Notarial Español, El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo, en el que usted da la conferencia inaugural sobre la dignidad vs. la protección de la vulnerabilidad, ante un auditorio con representantes de todos los ámbitos de la sociedad civil y, en especial del jurídico. ¿Qué mensajes cree fundamentales hacer llegar, en este sentido, al público como filósofo?

El milagro de la dignidad moderna. En el pasado, la dignidad era una excelencia que adornaba al cosmos en general y al género humano en particular. No había conflicto entre la parte (lo humano) y el Todo social o cósmico. Era una dignidad armónica con su entorno. La dignidad moderna, en cambio, es conflictiva porque es atributo de la individualidad. Antes el presupuesto era que el interés particular cede ante el interés general en el que el primero se integra. La modernidad no contradice ese esquema, pero lo enriquece. Dice: el interés particular cede ante el interés general, pero el interés general cede ante la dignidad individual. Ahora la dignidad es lo que estorba y lo que resiste, no sólo, claro está, a las malas causas sociales (progreso, utilidad, bien común) sino también a las buenas si para realizarse sacrifica al individuo.

¿Y cómo jurista?

La dignidad como fundamento de la democracia liberal. Occidente ha conseguido un logro extraordinario, una tensión sutil y delicada entre dos principios: el colectivismo y el individualismo. Para el colectivismo ha inventado la democracia, el principio de la mayoría o el de la voluntad general, que ya en sí mismo hace justicia a la dignidad individual conforme al principio “un hombre, un voto”. Pero este colectivismo ha de conjugarse con el individualismo de los derechos humanos, basados en la dignidad. No todo lo que propicie la democracia es admisible si atropella los derechos humanos. Esta tensión creativa es la esencia del Estado de Derecho de la democracia liberal y lo que se echa en falta en otros sistemas alternativos, como el chino, el musulmán o el ruso.

 

La última fase de la vida está expuesta a amenazas propias derivadas de una mayor fragilidad física, psíquica y patrimonial. ¿Cómo hacer frente a esos riesgos preservando al mismo tiempo la dignidad y libertad inherente al ser humano?

Hay dos clases de dignidad. La primera, la que todos tenemos por el mero hecho de existir. Esta es ontológica, inexpropiable, inalienable por mucho que nosotros comentemos o suframos toda clase de indignidades. Por tanto, la decadencia de la ancianidad no afecta a la integridad de esta clase. Luego está la dignidad pragmática, que tiene que ver no con lo que somos sino con lo que hacemos, nuestro modo de comportamiento, si es o no acorde con la dignidad ontológica de la que somos portadores. Esta segunda clase sí está expuesta a variaciones, siendo una de ellas la circunstancia de la vejez.

¿Puede el Derecho ayudar a alcanzar ese difícil equilibrio?

La dignidad ontológica pone a su poseedor en una posición de acreedor universal. Todos los demás le son deudores porque le deben algo: un respeto. Pero, por otro lado, ese mismo poseedor debe obrar conforme a su propia dignidad y respetar la dignidad de los demás. El Derecho ni puede ni debe regular todos los espacios de la vida ni invadir el ámbito de la moral. Muchos comportamientos contrarios a la dignidad no son sancionables en Derecho, sino que sólo merecen reproche ante los demás o ante la propia conciencia. ¿Qué ocurre cuando un padre por sus palabras o por sus acciones hiere a sus hijos y deja en ellos heridas perdurables? ¿O cuando uno es desleal al amigo y traiciona su confianza? El Derecho calla, afortunadamente, aunque moralmente se produce una degradación. Con todo, el Derecho puede contribuir a proteger ese respeto debido y, en un plano asistencial, articula prestaciones que la dignidad persona tiene fundamento para esperar.

En su libro Un hombre de cincuenta años señala un testimonio antiguo, el de Platón, en el que el filósofo dice que “atribuye a los de esa edad una sabiduría exclusiva y por ese motivo están llamados a desempeñar una función suprema en la organización de su república ideal”. A partir del Renacimiento, dice usted, ser un hombre de cincuenta años “suele asociarse a una flaqueza”. Ante el envejecimiento de la sociedad, ¿volveremos a ser capaces de dar el valor que realmente tiene a la experiencia? ¿Qué es lo mejor que podemos esperar las personas de la etapa de la vejez?

Hasta no hace mucho, la esperanza de vida rondaba los sesenta años y la gente se jubilaba a los setenta y cinco, de manera que la muerte les sorprendía trabajando. Ahora nos jubilamos con algo más de sesenta mientras que de media vivimos más allá de los ochenta, y se calcula que, gracias a la medicina, la ausencia de guerras, la higiene y ciertos hábitos saludables, ganamos dos meses de esperanza de vida cada año, de modo que los nacidos en este siglo XXI tienen un cincuenta por ciento de posibilidades de alcanzar el siglo de vida. Conclusión: la vejez ya no es un estadio inseguro y breve reservado a unos pocos, sino, por primera vez, un largo y completo estadio en el camino de la vida. La ancianidad se ha convertido en un sólido cuarto de siglo.

¿Un estadio en el que podemos explorar nuevas facetas?

Hay un deber de plenitud en cada etapa (niño entre niños, hombre entre hombres, anciano entre ancianos) para hacerse acreedor en cada una de ellas al “momento oportuno”, esa hora buena que los griegos llamaron el kairós. La enhorabuena de la infancia es la ingenuidad; la de la madurez, la generación de los frutos de la casa y el oficio (hijos y mercancías); la vejez posee también su enhorabuena, que será el ensayo de una ciudadanía emancipada de la servidumbre de ser productiva. La vejez es un fastidio: decaen facultades, afloran achaques, se acumulan pérdidas, se acerca la propia. A cambio, concede una sabiduría exclusiva. El anciano es libre para practicar el puro arte de la vida sin servidumbres. Artista de la vida es quien cuida de sí propio y de los demás: amor, amistad. Y puede hacerlo con una benevolencia nueva que nace de la aceptación de las cosas y de uno mismo, roto ese espejo puesto por la sociedad que nos apremiaba a ser útiles.

Ha escrito sobre la felicidad y no me puedo ir sin preguntarle qué es para usted.

La felicidad es uno de esos conceptos heredados de una época que no es la nuestra. Durante la Antigüedad, ser feliz era cumplir la función que le había correspondido a uno en el cosmos y en la sociedad: los derechos y deberes inherentes a su posición en el mundo. Con el individualismo moderno todo esto cambia: el yo moderno siente que posee una dignidad infinita, como un ser privilegiado, pero, extraña, escandalosamente, está abocado a la indignidad de la muerte, como los mosquitos. Esta antítesis trágica le produce un malestar que le impide ser feliz. Nace por primera vez la búsqueda del “sentido de la vida”, una interrogación absolutamente inconcebible en la Antigüedad. La felicidad ya no es lo nuestro para nosotros, los modernos: lo importante para nosotros desde un punto de vista moral ya no es ser felices, como antes, sino ser dignos de ser felices, aunque no lo seamos. Y vitalmente, lo importante es cumplir, como se decía antes, las diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la ancianidad y llegar al final del camino no “cansado de la vida” sino “colmado de años” como se decía de los patriarcas, porque siente que la vida no le ha pasado de largo incumpliendo sus promesas. Por eso propongo redefinir la felicidad contemporánea como el sentimiento de no tener deudas con la vida.

“La vejez ya no es un estadio inseguro y breve reservado a unos pocos, sino, por primera vez, un largo y completo estadio en el camino de la vida”

Huella digital
El director de la Fundación Juan March cuenta con una amplia huella en internet. Recientemente ha sido noticia, en los medios de comunicación, el lanzamiento de su comedia El Peligro de las buenas compañías, presentada en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Dispone de una cuenta en Twitter (@JavierGomaL) donde tiene más de 20.300 seguidores

“Occidente ha conseguido un logro extraordinario, una tensión sutil y delicada entre dos principios: el colectivismo y el individualismo”

“No todo lo que propicie la democracia es admisible si atropella los derechos humanos”

“El Derecho ni puede ni debe regular todos los espacios de la vida ni invadir el ámbito de la moral”

Entrevista a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

CON SELLO PERSONAL

FERNANDO GRANDE-MARLASKA,

MINISTRO DEL INTERIOR

“España es uno de los países más seguros del mundo»

Fernando Grande-Marlaska Gómez (Bilbao, 1962), ministro del Interior desde 2018, magistrado en situación de servicios especiales en la Audiencia Nacional y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, es alguien que nunca deja indiferente.

Claro y firme en sus convicciones, no ha dudado en abrirse en público en una autobiografía que ya tiene un lustro. Al frente de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de los servicios de emergencia, aunque no lo explicita, es seguro que no tiene ni un día tranquilo para que lo tengamos los demás.

CARLOS CAPA

Permítame que, en vez de empezar por la actualidad, hacerlo desde más atrás. En 2016 se publica Ni pena, ni miedo, su autobiografía. ¿Puede resumir este lustro transcurrido desde que se descubre ante el gran público con esta obra y el Grande-Marlaska de hoy?

Responder sobre uno mismo, sobre cómo el paso del tiempo y las nuevas responsabilidades han podido influir más o menos en mi consideración personal, no es fácil. Es cierto que en Ni pena ni miedo hago una valoración de las vivencias que entiendo han forjado mi carácter, pero para contestar esta pregunta, que sin duda en algún momento tendré que hacerme, debe transcurrir algo de tiempo.

El cargo de Ministro del Interior, que ocupo hace casi cuatro años, es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo. Espero haber podido crecer un poco más como persona y como profesional y que los valores que me inculcaron, que se pueden resumir en empatía y responsabilidad, se hayan consolidado.

Cuando llegue el momento y la tenga, prometo una mejor respuesta, pero estoy convencido de que será positiva, que habré mejorado sobre todo como persona: trabajar con los hombres y mujeres que conforman el Ministerio del Interior y en un Gobierno como el del presidente Sánchez garantiza esa conclusión.

Casi cuatro años -crisis de Gobierno incluida- en uno de los llamados ‘ministerios de Estado’, esos que soportan la arquitectura institucional de una democracia. ¿Ha logrado alcanzar muchos de sus propósitos en la cartera?

Creo que el balance que podemos hacer es muy satisfactorio. Hemos invertido en seguridad: en la mejora de las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas de Seguridad (la equiparación salarial les ha supuesto un justo aumento salarial de más de un 20% en estos tres años); en la recuperación de las plantillas (con un incremento neto de 10.000 efectivos en este periodo); y en dotarles de mejores medios (600 millones de euros en el plan de infraestructuras policiales propio del ministerio, más otros 400 procedentes de los fondos europeos para la recuperación), y hoy las tasas de criminalidad nos dicen que España es uno de los países más seguros del mundo. Pero estamos a mitad de legislatura, y aún nos queda mucho trabajo por hacer.

Es inevitable hacer referencia al Covid-19 y al comportamiento ejemplar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencias y de rescate. ¿Se siente orgulloso de su actuación?

La palabra orgullo es insuficiente. La pandemia llegó sin que tuviésemos un solo instrumento para combatirla. Cuando el Gobierno decidió pararlo todo para preservar algo tan esencial como la salud, la vida, pedimos a ciudadanas y ciudadanos que permaneciesen en su casa para protegerse unos a otros, y su respuesta ejemplar estuvo facilitada porque sabían que sus Fuerzas de Seguridad seguían ahí, a su lado, trabajando sin descanso para darles protección.

Cuando aquel 14 de marzo de 2020 convocamos a los policías nacionales, a los guardias civiles, a los policías autonómicos y locales a asumir la más difícil misión nunca pensada, respondieron sin dudar y llevaron hasta las más altas cotas su compromiso con la ciudadanía cuando el país más lo necesitaba.

Nunca olvidaré que en los balcones y ventanas de toda España los aplausos que se dedicaban al personal sanitario que combatió y combate la epidemia en primera línea pronto se hicieron extensivos a las Fuerzas de Seguridad que, a su lado, se convirtieron en el instrumento con el que la sociedad articuló y articula su lucha contra la pandemia.

Hace diez años que la banda terrorista ETA, a la que tanto combatió como juez de la Audiencia Nacional, anunció su disolución. ¿Corremos el riesgo de que también se disuelvan en la memoria colectiva las víctimas y su sufrimiento?

Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española y estoy convencido de que la ciudadanía no va a permitir que caigan en el olvido. Desde luego, el Ministerio del Interior trabaja y trabajará siempre para recuperar y dignificar su memoria de la mano de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y con instrumentos tan significados como el Centro Memorial, que tiene su sede en Vitoria-Gasteiz y que pronto tendrá una subsede en Madrid.

Queremos para las víctimas del terrorismo un tributo permanente, imborrable, siempre presente; queremos construir la memoria colectiva de las víctimas del terrorismo para preservar los valores democráticos, éticos y de dignidad que encarnan y para concienciar a la población de la importancia de la defensa de la libertad y los derechos humanos. Para que nunca más esos valores de paz y convivencia pacífica nos sean arrebatados por el terrorismo.

La lacra de la Violencia Machista, que afortunadamente en 2021 ha dejado menos víctimas que el año anterior, sigue adherida en diferentes grados a la sociedad. ¿Se puede combatir solo con la actuación policial?

La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos como miembros de esta sociedad. Eso es lo que representa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo de país para erradicar de nuestro modelo de convivencia esa grave violación de los derechos humanos que es el terrorismo machista. Y no lo conseguiremos si cada uno de nosotros no aporta lo que le corresponde.

Por lo que se refiere a las Fuerzas de Seguridad del Estado, me enorgullece su altísimo compromiso con la lucha contra la violencia de género, el altísimo nivel de profesionalidad con el que cumplen esa misión. Es importante que todas las mujeres que residen en España sepan que, ante cualquier situación adversa o de riesgo, siempre podrán contar con los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Según las estadísticas de su ministerio, la criminalidad entre enero y septiembre de 2021 ha disminuido hasta mínimos históricos, con una tasa de infracción de 39,6 delitos por cada mil habitantes. Somos uno de los países más seguros del mundo. ¿Cree usted que este hecho está suficientemente interiorizado en la sociedad?

Sí, creo que la sociedad española es consciente de que disfruta de uno de los niveles de seguridad más elevados del planeta. Todas las encuestas nos demuestran que la inseguridad no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, y también que Policía Nacional y Guardia Civil son dos de las instituciones que mejor valoran y más respetan.

Acaba de hacer público el balance de accidentes de tráfico que indica, pendientes de su revisión definitiva y descontado el efecto pandemia, el mantenimiento de la tendencia a la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. ¿Un balance satisfactorio?

Las estadísticas sobre siniestralidad vial nunca son satisfactorias, una sola vida perdida en la carretera es demasiada pérdida. Pero es cierto que recogen una tendencia descendente que nos ayuda a profundizar nuestras políticas que buscan una movilidad más segura y sostenible. En breve presentaremos la estrategia de Seguridad Vial 2021–2030, cuyo objetivo es reducir a la mitad los actuales registros de fallecidos y heridos graves en siniestros de tráfico.

Desde su condición de gran conocedor de la Justicia-dónde ha desarrollado su carrera desde los juzgados de Instrucción hasta el CGPJ- me gustaría preguntarle sobre su opinión acerca de los llamados ‘juicios mediáticos’. ¿Cómo proteger la constitucional presunción de inocencia cuando hay causas que se cierran lustros después de abrirse?

En un sistema democrático, la fricción entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia es constante y no hay soluciones pacíficas y eficaces. Es necesario hacer una apelación a la responsabilidad social de los medios de comunicación, que también están obligados a comprometerse con los preceptos constitucionales, pero es asimismo imprescindible dotar a la administración de Justicia de los medios adecuados para que pueda ejercer su misión institucional en plazos razonables y adecuados a las características y circunstancias de cada proceso judicial.

Entre las actividades que presta a la sociedad el Notariado español, y en relación con la actividad de su ministerio, se encuentra la creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales. ¿Cómo valora la intervención de los notarios en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo?

Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se han convertido en aliados imprescindibles de las Fuerzas de Seguridad en la investigación y persecución de esos delitos. Gracias al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales, son los propios notarios los que pueden identificar actos o negocios que pudieran presentar indicios delictivos, lo que ponen en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales, y éstas también cuentan con su colaboración en sus propias investigaciones. Es una relación ya muy asentada que rinde importantes beneficios en la prevención y persecución de este tipo de delitos.

Desde su condición de jurista y ahora en la cartera de Interior, ¿cuál es su imagen del Notariado español y de su función al servicio de la seguridad jurídica preventiva?

Ningún Estado social democrático de derecho, y España lo es por mandato constitucional, puede prescindir de un sistema eficiente de seguridad jurídica preventiva, porque es ese sistema el que permite al ordenamiento jurídico promover valores vitales como la justicia o la igualdad en la libertad, valores que también deben regir en los procesos de crecimiento económico.

Desde ese punto de vista, el Notariado, en su condición de fedatario público, es uno de los ejes sobre los que pivota ese modelo público español de la seguridad jurídica preventiva, el que permite a ciudadanas y ciudadanos actuar en el tráfico jurídico y económico con libertad y seguridad.

“Ser Ministro del Interior es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo”

Huella digital
Fernando Grande-Marlaska no mantiene un perfil propio en Twitter pero si lo tiene el Ministerio del Interior @interiorgob , cuenta desde la que se da información regular de sus actividades públicas. Su currículum está disponible aquí.

“Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española”

“La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos”

“Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

CON SELLO PERSONAL

Rodrigo Buenaventura,

presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

“Los mercados españoles responderán bien a las incertidumbres actuales”

Rodrigo Buenaventura (Madrid,1968) es desde hace un año presidente de la CNMV, institución a la que ha dedicado los últimos años de su vida profesional, tras ocupar anteriormente cargos en la ESMA (European Securities and Markets) y en el grupo AFI (Consultores de Administraciones Públicas). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, es reconocido entre los grandes expertos en el análisis y la dirección de los mercados de valores.

CARLOS CAPA

– ¿Qué destacaría de la actividad de la CNMV en su primer año como presidente de la institución?

Fui nombrado presidente de la CNMV meses después del inicio de la pandemia y a lo largo de este año hemos vivido una situación complicada como sociedad y como economía. Creo que, en este periodo, la Comisión ha respondido muy bien al momento que nos ha tocado vivir en lo que respecta a la protección del inversor minorista, pero también en lo que respecta al conjunto de los mercados financieros, facilitando que empresas cotizadas y resto de agentes del mercado pudieran operar con normalidad en un momento crítico. Hemos tenido récord de consultas, reclamaciones, salidas a bolsa y muchos otros procedimientos, así que ha sido un año muy activo, que hemos sorteado gracias al equipo humano que tenemos. Ahora, cuando la crisis parece que va poco a poco remitiendo, la CNMV debe seguir apoyando para contribuir a una recuperación económica efectiva y para que podamos afrontar los retos que, tenemos por delante.

-¿Qué objetivo le gustaría haber alcanzado cuando finalice su mandato?

La CNMV es una institución muy consolidada y efectiva y lo último que uno debe perseguir en estos casos es dejar improntas o revolucionar nada. Me conformaría con dejar la institución tan fuerte, profesionalizada e independiente como la encontré y, si acaso, mejorar un par de cosas. La digitalización de la supervisión, la incorporación de la dimensión de sostenibilidad y la presencia internacional de la CNMV son algunos de esos ejes de actuación.

-Algunos analistas advierten que puede avecinarse una “tormenta perfecta” en la economía de los países desarrollados por la combinación de elementos como la alta inflación, una recuperación más lenta, crisis energética, etc. ¿Son sólidos los mercados españoles para resistir una situación como esta?

Los mercados españoles han respondido bien a las diferentes crisis que a lo largo de los últimos decenios nos ha tocado vivir y pienso que responderán bien ante las incertidumbres actuales. Pero además de los riesgos macroeconómicos, los mercados de valores han de posicionarse como una de las herramientas clave en la recuperación económica y fundamentalmente, en la financiación de las inversiones necesarias derivadas de la sostenibilidad y de la digitalización que según estimaciones pueden llegar a suponer 30.000 millones de euros anuales adicionales en la actual década en nuestro país. Y la financiación de esas históricas inversiones no puede depender únicamente del esfuerzo público o de estructuras de financiación tradicionales que atienden al endeudamiento bancario, por lo que será necesaria la participación de los mercados bursátiles. Creo que los mercados españoles, como en el pasado, están en disposición de financiar y apoyar la recuperación y las necesidades de la economía española.

-¿Está el pequeño inversor o el accionista minoritario suficientemente protegido en el mercado español?

Tras la crisis financiera de 2008 se inició un importante proceso de fertilidad normativa cuyos objetivos fundamentales fueron aportar una mayor transparencia e información al mercado, pero fundamentalmente una mayor protección al inversor minorista. Y creo que esos objetivos se han conseguido. Es cierto que, con ello, puede haberse hecho muy compleja la cantidad de información que reciben los inversores o las vías de acceso a los mercados de valores. Hay que repensar cuáles de los mecanismos de información tienen sentido en una época en que los ciudadanos compran instrumentos financieros desde la pantalla de su móvil. Y hay que reforzar la educación financiera, en la que venimos insistiendo desde 2008. Por mucho que exijamos los supervisores, sólo un cliente informado es un cliente protegido.

-La representación femenina en las empresas del IBEX-35 ha logrado alcanzar la meta intermedia del 30%. Con todo, al horizonte de la paridad le queda recorrido. ¿Qué deben hacer las compañías para acelerar el camino de la igualdad en sus consejos?

Esta cuestión es tanto un tema de igualdad como de atraer el mejor talento disponible a las cotizadas. Y al menos el 50% del talento lo acumulan las mujeres, por lo que es absurdo no procurar incorporar a los mejores (en este caso, las mejores). A cierre de 2020 el porcentaje de presencia femenina en los consejos de administración de empresas cotizadas se situó en un 26,1%, mientras que en las sociedades del Ibex alcanza un 31,3%. El legislador español ha preferido no imponer un sistema de cuotas. Desde la CNMV decidimos apoyar este proceso marcando objetivos en forma de recomendaciones crecientes para las cotizadas. En 2012, había algo más de un 12% de mujeres en los consejos y el objetivo actual para 2022 es un 40%. Si se lograse, habríamos dado un paso de gigante en sólo una década. Pero la herramienta legal que tenemos en CNMV es sólo la recomendación: si se quiere ir más rápido o asegurarse de que todos cumplen (no sólo en promedio) sin excepciones, es sólo el legislador quien puede hacerlo.

Donde la fotografía de la igualdad de género se muestra muy distorsionada es en la presencia de mujeres en la alta dirección. El porcentaje actual es del 17%, tan solo un punto porcentual mayor al del año anterior y en este aspecto las empresas deben poner un mayor foco, porque los puestos de alta dirección se constituyen como un semillero natural de futuras consejeras.

-El Anteproyecto de Ley Concursal está generando un intenso debate. ¿Cómo valora usted este nuevo marco?

El Anteproyecto de Ley Concursal aborda una reforma estructural del sistema concursal, introduciendo los planes de reestructuración como instrumento pre-concursal dirigido a evitar las situaciones de insolvencia o a superarlas. Asimismo, destaca la inclusión de un mecanismo de alerta temprana con virtualidad para efectuar un diagnóstico precoz de posibles situaciones de dificultades financieras. De esta forma, las empresas que, de conformidad con determinados indicadores, se encuentren en una situación susceptible de desembocar en situación de insolvencia, podrán adoptar medidas dirigidas a preservar el valor de la empresa, incentivando la adopción de medidas de reorganización o reestructuración cuando todavía sea posible evitar la situación de insolvencia. Con ello se permitirá al deudor responsable detectar la necesidad de actuar para evitar o para encauzar la insolvencia. En todo caso, es una norma compleja y puede haber cuestiones que ajustar, por ejemplo, en relación a los administradores concursales o al papel de los auditores.

-La Ley de Sociedades de Capital ha otorgado un nuevo papel a la CNMV en la regulación de las operaciones vinculadas. ¿Qué cambios se producen en este nuevo escenario?

La regulación de las operaciones vinculadas es, sin lugar a duda, una de las cuestiones más importantes de la nueva regulación. Si bien es cierto que el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital ya las regulaba, se ha considerado necesario introducir determinadas novedades derivadas de la Directiva, aplicables a las sociedades cotizadas y dotar a este régimen jurídico de mayor claridad y sistematicidad.

El nuevo régimen exige que las operaciones vinculadas se difundan al mercado mediante su comunicación a la CNMV y la inclusión de un anuncio en la página web de la sociedad, siempre que alcancen o superen determinados umbrales cuantitativos y se acompañen de un informe elaborado por la comisión de auditoría, a más tardar en el momento de su celebración.

Pero nuestras competencias se reducen al régimen de publicidad, no al de aprobación. Recientemente la CNMV ha publicado un documento con preguntas y respuestas sobre el régimen de comunicación de operaciones vinculadas que da respuesta a las cuestiones más relevantes y de mayor aplicación por las sociedades cotizadas, que habían planteado algunas sociedades emisoras, acerca de cómo interpretar determinados requisitos del régimen de publicidad de las operaciones con partes vinculadas.

-¿Cree usted que las operaciones en criptomonedas jugarán un papel relevante en los mercados en un futuro próximo?

En este punto, me gusta diferenciar entre las criptomonedas y los criptoactivos aunque ambos lleven en su seno la misma tecnología. Soy escéptico en cuanto al futuro de las criptomonedas, tal y como las vemos hoy, en términos de generación de valor a largo plazo, salvo que alguna se convierta en medio de pago aceptado. Hoy el mundo de las criptodivisas está caracterizado por la especulación y la volatilidad y son activos de los que se desconoce realmente las fuerzas que forman su precio. En alguna ocasión he manifestado que, si una criptomoneda es volátil y rentable, no durará mucho como moneda y si dura, dejará de ser rentable porque se habrá convertido en un medio de pago virtual. Es decir, el tiempo pondrá las cosas en su sitio. Hoy incorporan un elevado riesgo y mi cautela ante ellas como supervisor viene determinada fundamentalmente, por el mandato de protección al inversor y por el daño potencial que decisiones arriesgadas sobre activos no regulados pueden tener si las decisiones de inversión no ponderan adecuadamente los riesgos a soportar.

Una cuestión distinta, que me interesa mucho más, son los criptoactivos (distintos de las criptomonedas) y la tecnología de blockchain que incorporan. Creo que en poco tiempo veremos la tockenización de innumerables activos financieros, desde cripto-acciones, cripto-bonos, cripto-participaciones en fondos de inversión e incluso cripto-inmuebles u otro tipo de activos reales, lo que permitirá una mayor eficiencia de los mercados. A diferencia de las criptomonedas, esos criptoactivos tienen un valor intrínseco, alguien que los emite y una corriente de pagos futuros.

-Por último: ¿qué pueden aportar los notarios y sus entidades representativas a la CNMV?

Mucho, tenemos una relación magnífica y en reiteradas ocasiones intercambiamos puntos de vista en común que son muy útiles para nuestra labor supervisora. Por otra parte, el acceso telemático al Índice Único Informatizado de los notarios permite acceder a una valiosa fuente de información del contenido de las escrituras públicas y sus intervinientes que en el marco de investigaciones de abuso de mercado puede ser de gran utilidad. Adicionalmente, los notarios disponen de una base de datos de titularidades reales de personas jurídicas, a la que se espera acceder con ocasión de la firma de un nuevo convenio, que permitirá identificar a las personas físicas que controlan las sociedades de capital españolas.

“La CNMV debe seguir apoyando para contribuir a una recuperación económica efectiva y para que podamos afrontar los retos que tenemos por delante”

Huella digital
El currículo profesional del Rodrigo Buenaventura está disponible en la web de la CNMV

Aunque no dispone de un perfil propio en Twitter, la Comisión Nacional del Mercado de Valores mantiene @CNMV_MEDIOS en la que informa de su actividad y la de su presidente.

“Los mercados españoles están en disposición de financiar y apoyar la recuperación y las necesidades de la economía española”

“Por mucho que exijamos los supervisores, sólo un cliente informado es un cliente protegido”

“Los notarios disponen de una base de datos de titularidades reales que nos permitirá identificar a las personas que controlan las sociedades de capital”

Entrevista a Pilar Llop, ministra de Justicia y notaria mayor del reino

CON SELLO PERSONAL

Pilar Llop,

ministra de Justicia y notaria mayor del reino

«El Ministerio de Justicia participa decididamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria"

María Pilar Llop Cuenca se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Es políglota, juez desde 1999 y magistrada desde 2004. La actual ministra ha sido titular del Juzgado de Violencia de Género número 5 de Madrid y letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, donde asumió la jefatura del Observatorio de violencia doméstica y de género. También ha trabajado en la Dirección General de Cooperación Internacional de la Comisión Europea y ha asesorado a diversas instituciones jurídicas latinoamericanas. Desde las filas del PSOE ha sido diputada en la Asamblea de Madrid, senadora por designación autonómica, delegada del Gobierno para la Violencia de Género y presidenta del Senado.

CARLOS CAPA

Estimada ministra: ¿Cómo están siendo estos primeros meses al frente del Ministerio de Justicia?

Estos primeros meses están siendo muy intensos. Las competencias que tiene atribuidas el Ministerio de Justicia son claves para que el Estado de Derecho pueda funcionar correctamente.

Al comienzo de la legislatura se puso en marcha en el Ministerio el Plan Justicia 2030. Se trata de un plan de trabajo ambicioso, cuyo objetivo es transformar el Servicio Público de Justicia para hacerlo más accesible, eficiente y contribuir al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad.

Justicia 2030 es un plan a diez años que estamos desarrollando en cogobernanza, que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de la transformación del país.

Una transformación de este tipo requiere tiempo y una implantación programada que no afecte a su funcionamiento habitual, ya que incide en uno de los pilares del Estado de Derecho. Por la duración de este plan, que es necesaria, va a ser desarrollado por distintos equipos de gobierno, por lo que sus bases son el diálogo, la transparencia y la cogobernanza.

La meta es que en diciembre de 2030 se hayan ejecutado todos los proyectos, que los indicadores de ejecución estén en los parámetros esperados y las nuevas políticas públicas formen parte estructural del Servicio Público de Justicia.

Recientemente tuvo sus primeras comparecencias parlamentarias en las que desgranó su agenda para el ramo. ¿Cuáles son sus prioridades legislativas?

Las cuatro grandes prioridades que se ha marcado el conjunto del Gobierno y, por tanto, también mi Ministerio, son: la transformación digital, la transición ecológica, y la cohesión social y territorial.

Actualmente, desde el Ministerio de Justicia estamos impulsando normas que nos permitan avanzar en estos objetivos, como son las tres leyes de eficiencia (la Ley de Eficiencia Digital, la Ley de Eficiencia Organizativa y la Ley de Eficiencia Procesal) que estoy segura de que mejorarán sustancialmente el rendimiento de nuestro sistema de Justicia.

Con la Ley de Eficiencia Procesal se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público de Justicia y situará a la ciudadanía como eje central del sistema.  Solo de este modo, el sector Justicia podrá cumplir el papel de motor de recuperación económica que está llamado a desempeñar.

Con la Ley de Eficiencia Organizativa se posibilitará la transformación organizativa del servicio público de Justicia, mediante la implantación de 431 Tribunales de Instancia, uno por partido judicial, y de las oficinas judiciales que les den soporte.

Y, por último, con la Ley de Eficiencia Digital, daremos lugar a un nuevo marco legal para la tramitación electrónica de procedimientos judiciales, abordando aspectos básicos como la firma digital, los juicios telemáticos, el expediente judicial electrónico o el intercambio de datos en la Administración de Justicia.

¿Cómo ha sido primera toma de contacto con los operadores jurídicos?

Horizontalidad significa solidaridad territorial y lealtad institucional, impulsando todos los mecanismos de diálogo territorial. Por eso, los encuentros con los operadores jurídicos ocupan un lugar destacado en mi agenda; son una parte fundamental del Plan, para el que contamos con la cooperación del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía.

Solo así podemos hacer frente a los retos más inaplazables, que como ha señalado el presidente del Gobierno son la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad entre mujeres y hombres y la cohesión social y territorial.

Los contactos con los operadores jurídicos fueron muy interesantes y me agradó comprobar la sensibilidad de los operadores respecto a las personas para las que prestan sus servicios, especialmente los colectivos más vulnerables; así como la determinación por adaptarse a la transformación tecnológica que estamos viviendo. En todos los casos he percibido una determinación de avanzar para que el servicio público de Justicia sea verdaderamente ágil y efectivo.

De magistrada con una dilatada carrera profesional, a diputada de la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, presidenta del Senado y titular de Justicia… ¿Cuál es su techo?

Desde que empecé a trabajar como jueza de instrucción en 2001, hasta hoy, he dado lo mejor de mí misma en todos los puestos y cargos que he desempeñado.

El tiempo dirá qué responsabilidades me corresponde asumir en el futuro. En cualquier caso, las ejerceré como siempre he hecho: con esfuerzo, dedicación y entrega. Allá donde esté lucharé por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por conseguir una sociedad más cohesionada y justa.

La jurisdicción voluntaria y la resolución extrajudicial de conflictos se presentan como un importante remedio contra la saturación en juzgados y tribunales. ¿Piensa impulsarla desde su departamento? ¿Cree que el notariado puede contribuir aún más en esta dirección?

Estoy segura de ello. Con el desarrollo normativo de los Métodos Adecuados de Resolución de Controversias se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público de Justicia y situará a la ciudadanía como eje central del sistema.

Solo de este modo, el sector Justicia podrá cumplir el papel de motor de recuperación económica que está llamado a desempeñar.

Se regulan específicamente determinados MASC (mediación, conciliación, oferta confidencial vinculante, dictamen de experto independiente) si bien se incluye una fórmula abierta que permite acudir a cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe. Es, por lo tanto, una regulación muy abierta donde los notarios, al igual que otros colectivos del sector jurídico, tienen cabida.

Hablando de los notarios… ¿Cómo valora su papel en funciones sociales como la protección jurídica de los menores, de las personas más vulnerables e incluso de la prevención de delitos como el blanqueo de capitales? En estos momentos también están ayudando a los afectados por el volcán de La Palma.

La función de las notarias y los notarios, en tanto que funcionarias y funcionarios públicos, debe estar al servicio de la sociedad. Su colaboración, dotando de seguridad jurídica a decisiones tan importantes en la vida de las personas como la protección de los menores y de las personas más vulnerables, adquiere gran relevancia social, ya que coadyuva a encontrar la solución jurídica más adecuada a determinadas necesidades que se plantean en el seno de las familias.

Es igualmente importantísima la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero, así como con las autoridades administrativas, policiales y judiciales. De esta manera, el Notariado ofrece una ayuda valiosísima al Estado para luchar contra el blanqueo de capitales y la lucha contra el terrorismo. Es un magnífico ejemplo de cooperación institucional.

Por otra parte, creo que la ayuda que está ofreciendo el Notariado español a las personas afectadas por la erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma honra a esta institución y pone de relevancia su interés por prestar un servicio que redunde en beneficio de la ciudadanía.

El notariado está a la vanguardia de la digitalización. Recientemente han abierto el Portal Notarial del Ciudadano desde donde se prestan una serie de servicios online. ¿Cree que estos servicios podrán irse ampliando en el futuro?

Sin duda. Nos encontramos, como es notorio, en un momento de transformación digital no solo en nuestro país sino en el conjunto de la Unión Europea. Dicha transformación constituye un eje fundamental del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y de los Fondos asociados al mismo.

De esta manera nos encontramos en una fase inicial que, como decía, debe desarrollarse en los próximos años. En ese sentido, y en referencia a las leyes de eficiencia, debo destacar en relación con la pregunta, el papel que para ello tendrá la futura Ley de Eficiencia Procesal, cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros y Ministras el pasado 19 de octubre.

Su trayectoria personal, profesional y política siempre ha estado ligada a la lucha por la igualdad. “El feminismo tiene que ser un valor transversal en la Administración de Justicia” dijo recientemente en la Comisión de Justicia del Congreso. ¿Cuánto queda por hacer para alcanzar la igualdad real?

La igualdad es un elemento básico e imprescindible en la configuración y desarrollo del servicio público de Justicia y en la acción del Ministerio de Justicia. Por eso, incorporamos la perspectiva de género en el trabajo que estamos desarrollando en el Ministerio en actuaciones como la formación en igualdad entre mujeres y hombres y en perspectiva de género; la sensibilización y concienciación del personal de la Administración de Justicia en materia de igualdad y lucha contra la violencia de género; el desarrollo de planes de igualdad y la elaboración de protocolos de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.

De este modo, el Ministerio de Justicia participa decididamente en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria que debe combatir los estereotipos de género que están en la base de la desigualdad entre mujeres y hombres, con miras a reducir la brecha salarial y a promover un ejercicio corresponsable de los cuidados para avanzar en el empoderamiento de las mujeres y su plena participación en todos los puestos, incluidos los de mayor responsabilidad y, por tanto, mejor remuneración.

Es usted una conocedora de primera mano de la terrible lacra de la Violencia de Género. A pesar de todas las medidas adoptadas para combatirla es una realidad contumaz en su presencia en la sociedad. ¿Qué más se puede hacer?

La violencia de género constituye, sin lugar a dudas y pese a los intentos de algunas personas por negarla, la más clara manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres, que se sustenta en el sexismo. Por eso, todas las personas, mujeres y hombres, y todas las instituciones debemos combatirla para modificar los estereotipos y prejuicios de género que están en la base de comportamientos y acciones sexistas.

El feminismo es un eje transversal en la actuación del Ministerio de Justicia, firmemente comprometido con el cumplimiento y desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que representa el compromiso político para que todos los poderes públicos desarrollemos acciones para lograr la igualdad como base de la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Numerosas medidas del Pacto afectan a este Ministerio que trabaja en su desarrollo para que, mediante la sensibilización y formación en perspectiva de género de todos los operadores jurídicos, la mejora de la tutela penal de la violencia de género en todas sus manifestaciones y de la asistencia a sus víctimas y a sus hijos e hijas, construyamos una sociedad libre de violencia contra la mitad de la población.

“Justicia 2030 es un plan que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de la transformación del país”

Huella digital

Pilar Llop cuenta con una detallada entrada biográfica, incluidos numerosos enlaces externos en Wikipedia.

El portal de transparencia del Gobierno también le dedica una entrada en la que se recoge su currículo y trayectoria profesional.

En la red social Twitter mantiene un perfil abierto @pilar_llop con cerca de 12.000 seguidores.

“Allá donde esté lucharé por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por conseguir una sociedad más cohesionada y justa”

Entrevista a Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo

CON SELLO PERSONAL

Jaume Duch,

portavoz del Parlamento Europeo

«Cuando llegó la pandemia los europeos miraron hacia Bruselas"

Actualmente la Unión Europea se enfrenta a grandes desafíos, como la gestión de la crisis propiciada por la pandemia, la reciente separación de Reino Unido, el cambio climático o la digitalización. Para analizar su situación, entrevistamos a Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo, la asamblea que representa a más de 446 millones de ciudadanos.

FÁTIMA PÉREZ DORCA

@fatimadorca

Portavoz del Parlamento Europeo desde 2006 y director general de Comunicación de la institución desde 2017, su larga trayectoria le ha hecho presenciar numerosos retos a los que se ha enfrentado Europa. ¿Cómo se ha gestionado la crisis provocada por la pandemia?

La UE ha hecho muchas cosas en un plazo de tiempo reducido. En primer lugar, ha financiado la investigación de vacunas y tratamientos para la Covid-19, ha coordinado su compra para los 27 países, negociando su precio y asegurando una distribución equitativa entre todos ellos. A primeros de septiembre, un 70% de la población adulta europea ya estaba vacunada contra el virus. La alternativa a este dispositivo europeo hubiese sido una competencia sin cuartel entre Estados miembros para hacerse con los viales.

¿Y con respecto a la economía?

El pilar más importante es el plan de recuperación europeo de 750 mil millones de euros para los Estados miembros, destinados a proyectos que garanticen una Europa más verde, digital y resiliente. Es la primera vez en la historia de la UE que se pone en marcha un plan de estas dimensiones y que además se basa en un endeudamiento europeo, mancomunado. Un paso más hacia una Europa con elementos propios de una federación. Por último, el certificado digital ha facilitado una cierta recuperación de la libre circulación.

¿Cree que se han cumplido las expectativas de los ciudadanos?

Nada más llegar la pandemia los europeos miraron hacia Bruselas. Pero las competencias de la Unión Europea en ámbitos como el de la sanidad son limitadas. Hubo que utilizar reglas relativas a materias como la investigación o el mercado interior y apoyarse en su peso a la hora de negociar. Las encuestas de estos últimos meses nos dicen que los ciudadanos se dan cuenta del valor añadido de pertenecer a la UE e incluso quieren una Europa más fuerte y eficaz, en especial en los ámbitos que han de permitir combatir crisis como la provocada por el virus. Pronto habrá que empezar esta discusión. Esperemos que haya voluntad política suficiente para dar respuesta a ese requerimiento de los ciudadanos.

Con respecto al Next Generation Recovery Plan del que se estima que España habrá recibido a final de año 19.000 millones de euros, ¿en qué punto de la recepción de ese impulso económico nos encontramos?

España es el país que va a recibir más fondos y este verano ya llegaron los primeros 9.000 millones. Pero no es un dinero a gastar, sino a invertir. No se trata de poner parches sobre las urgencias económicas y sociales sino de financiar la modernización a medio y largo plazo.

¿Cómo son las relaciones con Reino Unido tras su salida de la UE el pasado mes de enero?

Desde enero de este año, las relaciones con el Reino Unido se rigen por un acuerdo resultado de una muy difícil negociación que, aunque no iguala el grado de integración económica precedente, ofrece una base sólida para una buena cooperación.

Está claro que el gobierno británico soporta cada vez más presión porque las primeras consecuencias negativas del Brexit empiezan a ser visibles. Disminuye la mano de obra que solía venir de otros países de la Unión, hay escasez de algunos productos, aumentan los precios y crecen las formalidades administrativas. La circulación de bienes, de personas y de servicios ya no está garantizada. Por decisión propia el Reino Unido es ahora un país tercero, con la salvedad de que el acuerdo de cooperación permite armonizar muchas cosas, pero siempre a un nivel mucho menor que entre aquellos países que forman parte de la UE y de su mercado interior.

Ahora lo fundamental es respetar los acuerdos a los que hemos llegado y evitar poner en peligro cosas tan importantes como la paz en Irlanda del Norte.

¿Cuáles son los retos que debe afrontar la UE en el siglo XXI?

La crisis climática, la digitalización, la recuperación económica, el Estado de derecho, las relaciones internacionales en un mundo en profundo cambio, las consecuencias de la crisis de Afganistán para la seguridad y la defensa europeas, la evolución del mercado laboral y sobre todo la protección y mejora de nuestro modelo social y político, son las prioridades actuales en la agenda europea. Europa se enfrenta a una larga ristra de desafíos en el siglo XXI, pero siempre ha sabido cómo lidiar con ellos. Cada época ha presentado problemas singulares y únicos, que parecían insuperables. Y de todos ellos hemos salido, mucho más fuertes, gracias a la unidad y la solidaridad.

Con respecto a la Conferencia sobre el futuro de Europa, el foro con el que se espera definir en qué quiere convertirse la UE de los próximos años, ¿cómo está siendo el índice de participación de la ciudadanía?

La plataforma online cuenta ya con casi 30.000 participantes activos que proponen, apoyan y comentan ideas sobre diferentes áreas. Actualmente, 800 ciudadanos elegidos de manera aleatoria están debatiendo estas propuestas durante varios fines de semana consecutivos, y ellos mismos llevarán sus recomendaciones ante los representantes políticos en las sesiones plenarias de la Conferencia. A través de este ejercicio, se marcarán las prioridades para la era post-Covid. Si esta Conferencia era necesaria antes de la pandemia, ahora se ha vuelto indispensable.

¿Cómo se van a asegurar de que el fruto de los debates pueda aplicarse en la legislación europea?

Todo dependerá de la voluntad política y de la presión que la sociedad ejerza sobre sus representantes políticos y sobre las instituciones. Los resultados de los debates deben traducirse en prioridades políticas. Nunca antes se había intentado algo parecido, conjugando democracia representativa y democracia participativa. Y es nuestro deber aceptar y asumir las lecciones de este ejercicio, tanto en el Parlamento como en el resto de instituciones y en los Estados miembros. Lo contrario sería pegarse un tiro en el pie.

Con respecto a la directiva 2019/1151 sobre constitución de sociedades de manera telemática que se espera se transponga próximamente a la legislación española, ¿cuál fue el principal objetivo del Parlamento Europeo a la hora de promoverla?

El fin es facilitar la creación de empresas, abaratar el proceso y al mismo tiempo reforzar las garantías contra el fraude y los comportamientos abusivos gracias a controles de identidad en línea. Se mejora el proceso de digitalización: desde la creación de la empresa hasta el registro de sus sucursales o la presentación de documentos. Además, así conseguimos también que la información esté a disposición del usuario de manera más cómoda, gratuita y en el idioma de su elección. Ninguna empresa deberá dar dos veces la misma información y se garantizará la existencia de reglas transparentes sobre el coste de cada servicio.

El objetivo del Parlamento Europeo es ofrecer a los emprendedores europeos un entorno moderno y transparente sobre el que operar. Ya es hora de que se beneficien por ejemplo de las nuevas tecnologías en sus actividades transfronterizas. Debemos continuar reduciendo las formalidades administrativas y los obstáculos.

Según el informe de la consultora PWC sobre las cien mayores empresas cotizadas del mundo en 2021, EE. UU. consolida su hegemonía y Europa pierde cinco compañías. ¿Qué retos debe afrontar la UE para que el número de empresas siga creciendo y su cotización bursátil aumentando?

El número y el tamaño de las empresas no es lo que más cuenta. Europeos y norteamericanos contamos con modelos socioeconómicos diferentes. En el caso de la UE, el denso tejido de pequeñas y medianas empresas tiene mucho más peso que el de unas docenas de grandes multinacionales.

Sin embargo, es verdad que hay que esforzarse por ser más competitivos de cara a la economía digital y globalizada de los próximos años, por proteger a los trabajadores y por crear empleo. En este campo, la UE ha lanzado una serie de programas de inversión muy ambiciosos, que tienen que combinarse con el Next Generation. Si queremos proteger el modelo socioeconómico europeo, el más justo y equilibrado del planeta, tendremos que hacerlo todos juntos.

“El gobierno británico soporta cada vez más presión porque las primeras consecuencias negativas del Brexit empiezan a ser visibles”

Huella digital

El portavoz del Parlamento Europeo, Jaume Duch, comparte habitualmente información relacionada con la actividad de la Eurocámara y sus sesiones plenarias en sus redes sociales. Cuenta con perfiles propios en Twitter (@jduch) e Instagram (@jaumeduch), en los que también incluye noticias derivadas de las cuentas de Twitter del Parlamento Europeo: @Europarl_EN y @EuroParlPress, así como de la página web oficial de la institución.

“El objetivo de la directiva 2019/1151 es facilitar la creación de empresas, abaratar el proceso y al mismo tiempo reforzar las garantías”

Entrevista a Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea

CON SELLO PERSONAL

Valdis Dombrovskis,

vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea

European Commission's executive vice-president

«Estamos bastante satisfechos con los planes de recuperación»

JORGE VALERO

@europressos

La puesta en marcha del fondo de recuperación y el proceso de vacunación frente al covid-19 son las dos grandes prioridades de la UE en este momento. Y en ambos frentes, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, está jugando un papel relevante. Como máximo responsable del área económica de la Comisión, el letón ha supervisado el lanzamiento del fondo de 800.000 millones de euros. Además, como timonel de la política comercial de la UE, está negociando propuestas con los otros miembros de la Organización Mundial del Comercio, para aumentar la producción de vacunas a nivel mundial.

 

–Un total del 13% de los fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, el principal pilar del fondo, se entregarán como prefinanciación una vez se aprueben los planes. Solo en el caso de España son unos 9.000 millones. La cantidad necesaria podría superar el volumen que puede conseguir la UE en los mercados antes del verano, aunque ya captó con éxito unos 20.000 millones en junio. ¿Cómo se distribuirán los fondos para prefinanciación, si al final no se tiene suficiente dinero para todos los planes aprobados antes del verano?

–La posibilidad de recaudar la cantidad total en los mercados dependerá en primer lugar de cuántos países y cuántos grandes receptores de fondos se incluyen en el primer lote de países en junio. También depende de las condiciones del mercado. Pero ya hemos señalado que la prefinanciación puede llegar a plazos, a medida que podamos recaudar los fondos. En este caso, los Estados miembros recibirán los fondos prorrata.

–Usted dijo que, en algunos casos, se necesitan ajustes en los planes nacionales de recuperación. ¿Podría explicar cómo funciona este proceso de ajuste?

–En general, estamos bastante satisfechos con el contenido de los planes presentados. Parecen cumplir los objetivos de sostenibilidad y digitalización. Además, abordan un subconjunto significativo de las recomendaciones específicas que dirigimos anualmente a cada país. Por lo tanto, esperamos que no haya necesidad de una revisión importante de los planes. Pero, al mismo tiempo, continúa el trabajo de ajuste. No es que se presenten planes y todo sea ideal, y otorgamos una valoración positiva. Existen consultas a nivel técnico y en ocasiones solicitamos información adicional, o mayor claridad sobre los hitos y las metas que tienen que cumplir los países para acceder a los desembolsos del fondo. O puede haber preguntas sobre algunas de las estimaciones de los costes de proyectos de inversión. Pero aunque haya mucho trabajo técnico, y puede llevar a algunos ajustes y precisiones en los planes, no estamos hablando de grandes revisiones.

 

–¿Le preocupa que en los próximos meses se vuelvan a trazar líneas de batalla entre los Estados miembros que desean volver a la ortodoxia fiscal del pasado y los que creen que la pandemia ha demostrado que es necesaria una revisión radical del Pacto de Estabilidad y Crecimiento? ¿Cuál es su posición sobre las reglas que controlan el déficit y la deuda?

–Esperamos relanzar en la segunda mitad del año la consulta pública sobre la revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que ya habíamos lanzado justo antes de la pandemia. No llegamos a este proceso con ideas o conceptos «precocinados». Analizaremos las aportaciones que recibamos en la consulta pública por parte de los Estados miembros y otras voces interesadas, y trazaremos un camino a seguir. Lo que tendríamos que conseguir es una simplificación general del marco fiscal, asegurando que facilite políticas fiscales más anticíclicas, es decir, favorecer inversión en épocas de crisis y ahorro en los buenos tiempos, para crear «colchones» para periodos peores. Tendremos que centrarnos también en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad de la deuda pública en el contexto de los niveles elevados de endeudamiento que nos encontraremos al salir de la crisis. Por supuesto, tendremos que buscar el consenso, porque de lo contrario no podremos avanzar, y quedaremos atrapados en debates divisivos. La construcción del consenso será un elemento muy importante.

 

–Uno de los temas más divisivos es la posibilidad de incluir en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento una cláusula para apoyar la inversión en áreas prioritarias, como la agenda «verde». Parece haber más apertura hacia esta propuesta en este momento. ¿Ese este su caso también?

–Como dije, entraremos en esta consulta pública sin ideas precocinadas y escucharemos a los Estados miembros y las partes interesadas. Esta propuesta formará parte de la discusión. Antes de que lanzáramos la consulta pública la primera vez, el Consejo Fiscal Europeo realizó una serie de recomendaciones con algunos de los elementos que queremos evaluar, incluida esta idea, además de la simplificación del marco fiscal, la contraciclicalidad, o la inclusión de sendas de deuda más ajustadas para los países con techos de gasto anuales. Las aportaciones del Consejo Fiscal Europeo fueron bien recibidas por nuestra parte.

 

–La Comisión Europea ha pedido a España prudencia con el gasto el año que viene. ¿Eso implica empezar a retirar las medidas de apoyo a empresas y trabajadores en 2022? –Es importante encontrar el equilibrio adecuado para cada Estado miembro. En general, nuestra recomendación es que la posición fiscal siga siendo de apoyo, tanto este año como el próximo. En el caso de países con un elevado endeudamiento, somos más prudentes en lo que respecta a las posiciones fiscales a medio plazo o al aumento del gasto corriente.

 

Pero depende de la situación económica de cada país decidir cuál es exactamente un buen momento para comenzar a retirar gradualmente las medidas de apoyo tras las crisis, incluyendo aquellas para apoyar a los trabajadores con medidas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Es decir, los países deben realizar esta evaluación y encontrar el momento adecuado para cambiar de marcha. No proporcionamos una guía exacta sobre cuándo debería ser el caso en cada Estado miembro, porque todavía existe una incertidumbre económica bastante elevada. Además, vemos que existen diferencias en el ritmo de cómo los países están recuperando el nivel económico previo a la crisis. Por eso, es importante no retirar prematuramente los estímulos. Pero, al mismo tiempo, está el asunto de la sostenibilidad fiscal. Por eso, diferenciamos entre países con elevado endeudamiento y aquellos cuya sostenibilidad de la deuda presenta riesgos reducidos.

 

–Presentó una propuesta a los miembros de la Organización Mundial del Comercio para aumentar la producción de vacunas a escala mundial. ¿Cuáles son los detalles de la propuesta europea?

–Sugerimos tres elementos principales. En primer lugar, queremos asegurarnos de que las vacunas y los tratamientos para el covid pueden cruzar las fronteras libremente. Los países desarrollados con capacidad de producción de vacunas deberían comenzar a exportar a los países en desarrollo, porque hasta ahora solo la UE es un exportador importante de vacunas. Además, también es importante no interrumpir las cadenas de suministro en lo que respecta a los componentes de las vacunas y otros tratamientos, para que podamos garantizar una producción eficaz. La segunda área es trabajar en la cooperación voluntaria entre empresas que tienen el conocimiento y la propiedad intelectual, y las empresas que pueden proporcionar capacidad de fabricación adicional. Serían acuerdos de cooperación voluntaria, incluidas empresas en países en desarrollo. La tercera corriente son las licencias obligatorias (cuando un Gobierno permite producir un producto patentado sin el consentimiento de quien tiene la patente). Deberíamos ver esta opción como una herramienta legítima que se puede utilizar en tiempos de crisis. Pediremos a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio que cuenten con marcos de licencias obligatorias, para que esta herramienta se pueda utilizar de manera eficiente cuando sea necesario. La concesión de licencias obligatorias es una opción que ya existe dentro de las flexibilidades del acuerdo de propiedad intelectual de la OMC (acuerdo TRIPS, por sus siglas en inglés). Deberíamos haber señalado antes que estamos listos para explorar y utilizar las flexibilidades de TRIPS.

Huella digital

Las actividades y comunicados del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, pueden seguirse con facilidad sobre todo a través de su cuenta de Twitter, pero también en Facebook, e incluso Instagram, donde comparte fotos de su vida privada. Para saber más sobre su agenda y equipo, se puede consultar su página en la Comisión Europea. Wikipedia ofrece información sobre su biografía y su carrera profesional.

Digital footprint

THE activities and statements of the European Commission’s executive vice-president, Valdis Dombrovskis, can be easily followed particularly via his Twitter account, but also on Facebook, and even Instagram, where he shares photos of his private life. To know more about his agenda and team, you may consult his Commission page. Wikipedia provides information on his biography and his professional career.

In English

‘We are quite satisfied with the content of the recovery plans’

The implementation of the recovery fund and the rollout of the vaccination strategy against covid-19 are the main priorities of the EU at the moment. On both fronts, the European Commission’s executive vice president, Valdis Dombrovskis, is playing a key role. As the head of Commission’s economic area, the Latvian has supervised the launch of the €800 billion fund. As the EU trade policy chief, he is negotiating with World Trade Organization members proposals to increase vaccine production globally.

–A total of 13% from the Recovery and Resilience Facility, the main pillar of the recovery fund, will be disbursed as prefinancing once the national recovery plans are approved. Only in the case of Spain is around 9 billion. The amount needed could exceed the volume that the EU may raise through the markets before the summer, although it has already successfully got some 20 billion in June. How will the funds be distributed for pre-financing if, in the end, there is not enough money for all the plans approved before the summer?

–Whether we can raise this overall amount in the markets in one go depends first of all on how many countries and how many big recipients of funds are in the first batch of plans approved. It also depends on the market conditions. But we have already signalled that it may come in instalments. If we are not able to raise the whole money for prefinancing in one go, we will release the money to member states as we are able to raise it. In this case, member states will receive the funds on pro rata basis.

–You said that, in some cases, adjustments are needed in the national recovery plans. Could you explain how this adjustment process works?

–Overall, we are quite satisfied with the contents of the plans submitted. They seem to meet the green and digital targets and to address a significant subset of country specific recommendations. Therefore, we hope that there will be no need for a major overhaul of the plans. But, at the same time, this work on fine-tuning continues. It’s not that plans are submitted and everything is ideal, and then it leads to a positive assessment. There are technical level consultations and maybe some requests for additional information, or for more clarity on milestones and targets. Or there may be questions on some of the cost estimates of the project. Although there is a lot of technical work ongoing, and it may lead to some adjustments and precisions in the plan, we are not talking about major overhauls.

–Are you concerned that, in the coming months, the battle lines will be redrawn between those member states that are keen to return to the fiscal orthodoxy of the past and those who believe that the pandemic has shown that there’s a need for a radical overhaul of the Stability and Growth Pact? Where do you stand on the deficit and debt thresholds? 

–Later in the year, we expect to relaunch the public consultation on the review of the Stability and Growth Pact, which we launched before the pandemic. We are not coming in a sense with precooked ideas or concepts. We will be looking at the input we will be getting in the public consultation from member states and from different stakeholders, and we will draw a potential way forward. What we would need to do is an overall simplification of the fiscal framework, ensuring that it facilitates more counter-cyclical fiscal policies, both in bad and good economic times. We will need to work also on questions related to the sustainability of public debt in the context of elevated public debt levels that we will see while exiting the crisis. Of course, we will need to seek consensus, because otherwise we will not be able to move forward and we will be stuck in some kind of divisive debate. This consensus- building will be a very important element.

–One of the most divisive issues is the possibility to include in the Stability and Growth Pact the so-called ‘golden’ clause to support investment in some priority areas, including the ‘green’ agenda. There seems to be now more openness towards this ‘golden’ clause. Is that your case?

–As I said, we will enter this public consultation without precooked ideas and we will listen to member states and stakeholders. This proposal is part of the discussion. Before this public consultation, the European Fiscal Board came exactly with some of the elements we want to asses, including the simplification, the counter-cyclicality or concentrating on an expenditure benchmark with a debt anchor. The Board also raised the point of what they called a limited ‘golden ‘rule. This input from the European Fiscal Board was welcomed from our side.

–You said Spain should have a prudent stance in regards to its public spending for next year. Does that mean the government should start to withdraw support measures for companies and workers in 2022?

–It is important to find the right balance for each Member State. Overall, our recommendation is that the fiscal position remains supportive, both this year and the next. In the case of countries with high indebtedness, we are more cautious when it comes to medium-term fiscal positions or the increase in current spending. But exactly when is a good time to start phasing out post-crisis support measures, for example for workers under temporary support schemes (ERTE), it really depends on the economic situation of each country. In other words, countries must make this assessment and find the right moment to change gears. We do not provide exact guidance on when this should be the case for each member state, because there is still quite a high economic uncertainty. We see that there is a difference in the pace of how countries are recovering their pre-crisis economic level. It is important not to withdraw stimuli prematurely. But then there is fiscal sustainability issue. That is why we differentiate between countries with high level of public debt and those whose debt sustainability presents low risks.

–The Commission put forward a proposal to the World Trade Organisation members to increase vaccine production at global scale. What are the details of this proposal? –We suggest three main elements. First, we want to ensure that the COVID vaccines and treatments and components can cross the borders freely. Developed countries with vaccine production capacity actually should start exporting to developing countries, because so far only the EU from the developed countries is a major vaccine exporter. In addition, it is also important not to disrupt supply chains when it comes to vaccine components, so that we can ensure effective production of the doses. The second area is to work on voluntary cooperation between companies which have the necessary know-how and intellectual property, and companies which can provide additional manufacturing capacity. It would be voluntary cooperation arrangements, including those companies in developing countries. The third stream is compulsory licensing (when a government allows someone to produce a patented product without the consent of the patent owner). We should we see this as a legitimate tool which can be used in times of crisis. We will call on all World Trade Organisation members to have efficient compulsory licensing frameworks in place, so this tool can be used efficiently when needed. Compulsory licensing is an option that already exists within the flexibilities of the WTO’s intellectual property agreement (TRIPS). We should have been flagging before that we are ready to explore and use TRIPS flexibilities.

Entrevista a Pilar Llop, presidenta del Senado

CON SELLO PERSONAL

Pilar Llop,

presidenta del Senado

“El Senado no es que sea útil: es imprescindible”

Pilar Llop Cuenca preside el Senado en uno de sus momentos más difíciles, marcado por la pandemia del coronavirus, la atomización política y la irrupción de los extremismos. Aun así, en los primeros meses de su mandato tuvo tiempo de sacar adelante un plan de igualdad, un código ético y una oficina de conflictos de intereses. Jueza de formación y política por vocación de servicio, Llop nos descubre en esta entrevista algunas de las cuestiones que explican la razón de ser del Senado que, no lo olvidemos, representa a los territorios españoles.
ANA TOGORES GUISASOLA

@AnaTogores

@AnaTogores

Ana Togores

Señora. presidenta: lleva al frente del Senado casi un año y medio, en un momento muy complejo… ¿Qué destacaría de estos meses?
Lo primero, que el Senado es una institución que ha sabido continuar con su función constitucional. La democracia no puede parar. Y nosotros no hemos parado. Pero eso sí, hemos tenido que ser muy creativos y adaptarnos a las nuevas circunstancias. Así, una resolución de presidencia nos permitió ampliar la votación por correo; también que las reuniones de la Mesa y de la Junta de Portavoces pudieran celebrarse a través de videoconferencia. Y, por primera vez en historia del parlamentarismo, celebramos un pleno telemático.
Yo creo que en una situación de gran emergencia sanitaria, social y económica, como la que estamos todavía atravesando, el Senado siempre supo estar a la altura. También tengo que decir que todos los grupos parlamentarios colaboraron para aplicar todas estas medidas. Se llegó a importantes acuerdos. ¿Qué hemos aprendido?
No solo que la implantación de los medios tecnológicos ha venido para quedarse, sino que la unidad ha sido y es fundamental. Una lección que tenemos que sacar para un futuro es que, en determinadas situaciones y en unos momentos tan complicados como estos, nos movemos más por la emoción que por la razón. Los políticos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Gobernar y gestionar la emoción, pero no gobernar y gestionar desde la emoción. A esa unidad me refiero al hablar del Senado y de los grupos parlamentarios. Otra cosa es el debate político. Ahí es verdad que ha habido momentos en los que hemos visto como no todos los grupos parlamentarios han sabido estar a la altura y esa es la lección que debemos aprender de esta pandemia. Siempre he apelado a que en los debates políticos la oposición sea una oposición de Estado, no una oposición contra el Estado; que sea una oposición constructiva. ¿Le ha permitido esta situación poner en marcha las iniciativas que sin duda se marcó al iniciar el mandato?
Yo creo que cuando alguien llega a un cargo, en el primer año es cuando tiene que poner en marcha todo su proyecto político. Y eso es lo que yo hice nada más llegar. Por ejemplo, por primera vez en la historia del parlamentarismo, impulsé la aprobación de un Plan de Igualdad de Cortes Generales. Un plan para eliminar las brechas de género. Se pierde talento femenino, mujeres que tienen méritos y capacidades suficientes para ocupar cargos de alta responsabilidad por las exigencias familiares, porque se tienen que dedicar al cuidado de sus hijos o de sus familiares mayores o enfermos. Eso queremos evitarlo aquí en el Senado. También queremos que esta Cámara y el Parlamento sean sensibles al género y libres de acoso. Por eso del Plan de Igualdad tiene, como uno de sus ejes principales, la elaboración de un protocolo de prevención del acoso sexual, por razón de sexo, moral y laboral. Otra iniciativa fue la aprobación del Código Ético, algo muy importante en materia de lucha y prevención de la corrupción en el ámbito político. Permitirá analizar si existen conflictos de intereses de una manera mucho más pormenorizada que como se hacía con las meras declaraciones de bienes y de actividades. Es un compromiso que adquiere cada uno de los parlamentarios. Se ha creado una oficina de conflictos de intereses, que está ubicada en el Congreso de los Diputados, donde se pueden realizar consultas e incluso puede poner de manifiesto a las mesas la existencia de un posible conflicto de interés o de un incumplimiento de las medidas del código ético.
¿Cuál es la utilidad del Senado? Hay quien se la cuestiona.
El Senado no es que sea útil: es imprescindible en un Estado compuesto, donde los debates y las sensibilidades territoriales tienen que trascender a nivel nacional. Además, los senadores somos, o bien elegidos directamente en listas abiertas en los territorios, o bien designados por los parlamentos autonómicos. La Cámara de Representación Territorial representa a los territorios. Es una cámara de control al Gobierno central a través de las preguntas e interpelaciones que hacemos en los plenos, y de las comparecencias que se hacen por los ministros u otros miembros del Gobierno en las comisiones. Pero también somos una cámara legislativa, de segunda lectura. Aquí se pueden presentar iniciativas legislativas que luego pasan al Congreso de los Diputados. Somos de “segunda lectura” porque hacemos una labor de enmiendas y vetos a esas leyes que vienen del Congreso. Los parlamentos autonómicos participan directamente en esa elaboración de las leyes nacionales mediante sus senadores y senadoras. Y eso es un tesoro y es muy desconocido. El Senado, además, es la sede natural y neutral para que tenga lugar otro instrumento ejecutivo no parlamentario, que son las conferencias de presidencias. Aquí vienen el presidente del Gobierno y las presidencias de las comunidades autónomas para adoptar grandes acuerdos, grandes consensos que tienen que afectar necesariamente a todas las comunidades autónomas, sobre competencias autonómicas, sanidad, servicios sociales, justicia, educación… Es una sede neutral porque aquí no representamos a ninguna fuerza política, sino a todas las que han obtenido representación parlamentaria. En materia legislativa, ¿qué función tiene la cámara que preside?
Hay una cosa muy importante en una democracia y es el sistema bicameral. Yo le doy un valor fundamental porque permite que nuestra cámara, que el Senado, sirva de contrapeso al propio poder legislativo. En el Senado ponemos vetos y hacemos enmiendas a las leyes que vienen del Congreso. Y no todas las fuerzas políticas están igualmente representadas en una cámara que en otra. Eso también tiene un valor muy importante. Además, en esta legislatura hemos aprobado definitivamente en el Senado varias leyes, como los Presupuestos Generales del Estado, que es la ley más importante que tiene que hacer un gobierno, porque es la que muestra su modelo de política. También hemos aprobado definitivamente la Ley de Educación. ¿Qué llevó a una jueza a meterse en política?
La vocación de servicio público, porque el servicio público ha vertebrado toda mi vida y mi profesión. Siento que tengo que devolver todo aquello que recibí cuando tuve la oportunidad de estudiar en una universidad pública, gracias a aquellas leyes que hicieron que mucha gente pudiéramos acceder a esa educación. ¿Y qué hacemos para recuperar la confianza de la gente en las instituciones?
Dignificar las instituciones, preservarlas y protegerlas y no permitir ataques hacia ellas. Ahora que estamos en este momento de populismo político, que vivimos en una política de trampantojo, trump-pantojo, haciendo un juego de palabras, es importante comunicar y acercarse a la calle. Hay que transmitir también que los que nos dedicamos a la política estamos por un tiempo. Esto no puede ser una profesión, tiene que ser una vocación y un oficio, porque hace falta oficio para saber desenvolverse en el mundo de la política. Es un mundo complicado, pero también muy bonito. Yo he pasado de interpretar y aplicar la Ley a elaborar esa Ley. Y eso sí, hay que proteger mucho las instituciones. Yo soy una persona muy formal a la hora de trabajar y a la hora de dirigir los debates. No permito, por ejemplo, discursos de odio, de ninguna manera. No permito faltas de respeto, alusiones. Y hay que dar explicaciones a la ciudadanía, hay que rendir cuentas explicando qué es lo que hacemos en materia de transparencia, por ejemplo. Por eso hemos aprobado un código ético que es un hito en el mundo de la política española. ¿Estamos en la senda correcta para proteger social y jurídicamente a las mujeres?
Si. España lo ha tenido muy claro desde el principio. Primero ratificamos la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas del año 79, y después fuimos partícipes en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en1995, en la que 189 países proclamaron la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En el año 2004, España aprobó por unanimidad la Ley Orgánia de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, donde desarrollaba una arquitectura institucional y de recursos públicos de ayuda y protección a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas. Y luego está la Ley de Igualdad del año 2007, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. En el año 2014 ratificamos el Convenio de Estambul, que amplía el concepto de violencia de género a cualquier tipo de violencia sobre las mujeres. Y por fin, en el año 2017, todos los grupos parlamentarios aprobaron un pacto de Estado contra la violencia de género, tanto en el Congreso como en el Senado. ¿Tenemos un sistema jurídico robusto y seguro?
Sí. La seguridad jurídica al final es lo que garantiza el desarrollo. Sin seguridad jurídica no hay inversión y los juzgados no pueden ser vistos como un obstáculo, sino que el sistema judicial tiene que ser visto como un motor de ese desarrollo. El que haya un filtro previo, esa prevención para no tener que llegar a los juzgados y no sobrecargarlos, evita que los ciudadanos pasen ese desgaste. Esa función que realizan los notarios en materia de prevención es de un valor incalculable. Otra cosa muy importante que se ha hecho también por los notarios es la prevención del blanqueo de capitales. Todas las herramientas que han desarrollado en esta materia son de un valor importantísimo. Los notarios tienen una vertebración territorial extraordinaria y a veces el blanqueo de capitales no se produce en grandes concentraciones urbanas, también se puede producir en otros lugares más despoblados. Y ahí esa función que se realiza, incluso desde esas pequeñas notarías de pueblo, es muy importante. En el Senado estamos muy preocupados con la España despoblada y tenemos una comisión que habla de despoblación, de reto demográfico. Me parece muy importante la labor que se hace de presencia del Notariado en esos territorios, porque los ciudadanos cuando tienen una notaría en su pequeña localidad se sienten mucho más seguros, les da tranquilidad, les da prestigio, atrae a la población. Tenemos mucho que aprender de los instrumentos que permiten que los distintos territorios dialoguen tecnológicamente. Porque en el sistema judicial cada comunidad autónoma tiene su propio sistema de gestión procesal y a veces no se comunican entre ellos porque no son compatibles. Es muy necesario que tengamos un pacto tecnológico a nivel judicial y creo que podemos aprender de los notarios. -El Notariado tiene desde hace 20 años una fundación, Aequitas, con la que contribuye a la protección jurídica de los colectivos más vulnerables. ¿Conoce su labor?
No sólo la conozco, sino que además he participado en algún evento al que me han llamado. He sido secretaria del Foro Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial, porque también he sido durante varios años letrada del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial, y las cuestiones de discapacidad siempre me han aportado muchísimo en toda la labor que he hecho profesionalmente en la política o en la justicia. Que los notarios tengan esa dimensión social, esa responsabilidad social, esa generosidad como un cuerpo público, a mí me parece que hay que ponerlo en valor.

“Debemomos que seguir adaptándolas y reforzándolas”

Huella digital

Su hulla en internet es larga, con noticias y entrevistas tras su elección como presidenta del Senado, y anteriormente  como especialista en violencia de género, diputada de la Asamblea de Madrid o delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Su red social favorita es Twitter  (@pilar_llop), donde tiene casi 5.500 seguidores.

Desde el  el control de la pandemia

Entrevista a Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

CON SELLO PERSONAL

Nadia Calviño

vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital

“Todos los organismos prevén que España lidere el crecimiento en Europa este año”

Nadia Calviño goza de un merecido respeto tanto en nuestro país como en el resto de Europa. Desde su cargo actual tiene una responsabilidad máxima: impulsar la recuperación económica española. En esta entrevista le preguntamos sobre su modelo económico y cuáles son los planes inmediatos de su vicepresidencia.
ALFREDO GARCÍA REYES

Alfredo García Reyes

alfredogreyes

Durante 12 años formó parte de la Comisión Europea como alta funcionaria de ese organismo. ¿Por qué aceptó una cartera ministerial en nuestro país?

Cuando el Presidente del Gobierno me propuso sumarme a su gabinete y me explicó el proyecto, dominaron dos sentimientos: responsabilidad e ilusión. Ser ministro de economía no es un trabajo fácil –incluso en ausencia de la pandemia– y volver a España suponía una enorme responsabilidad, un cambio de rumbo y un compromiso con implicaciones importantes en lo personal. Al tiempo, como tantos ciudadanos, sufría por el deterioro de la imagen de España y una actitud de cierta resignación, como si los problemas que arrastramos fueran inevitables y no tuvieran solución. Sentí la necesidad de contribuir a romper esta dinámica, participando en un Gobierno que trajese una nueva ilusión, profesionalidad y energía positiva, para devolver España al sitio que le corresponde en el ámbito europeo.

Yo creo que tenemos un gran país, con muchas fortalezas y posibilidades, y desde el primer momento hemos desplegado con mucho trabajo y determinación una agenda de política económica y social coherente para un progreso más sostenible, más inclusivo y más justo. En estos dos años y medio largos, he podido comprobar que hay un gran consenso social en esta línea.

Hablando de la pandemia. ¿Cuándo considera que España podría iniciar la recuperación económica?

Nuestro país inició la senda de recuperación ya en el tercer trimestre del año pasado. Tras un segundo trimestre muy complicado, con una intensa caída del PIB inédita en nuestra historia reciente, las empresas, los trabajadores y la sociedad, en general, demostraron una gran flexibilidad y fortaleza. La fuerte reactivación que tuvo lugar durante el tercer trimestre, que llegó al 16,4% a pesar de no tener turismo internacional y de que ya había restricciones por la segunda ola en algunos territorios importantes como Cataluña o Aragón, es la mejor prueba de esa capacidad. Esa senda positiva se mantuvo también en el cuarto trimestre.

Esto es mérito de la sociedad, por su capacidad de resiliencia, y también por el enorme esfuerzo colectivo que estamos realizando para desplegar una red de seguridad para proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares.

Gracias a estas medidas, el impacto de la crisis en el empleo ha sido mucho menor que en crisis anteriores, pese a que la caída de la actividad ha sido mayor. Porque sin medidas como el apoyo público a los ERTEs, la prestación extraordinaria para autónomos, el Ingreso Mínimo Vital y otras medidas de apoyo directo a las economías empresariales y familiares no se habría podido preservar esta base de tejido productivo que sustenta nuestra recuperación. Lo mismo sucede con la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que han garantizado la liquidez a las empresas en momentos muy complicados. Todos los organismos prevén que España lidere el crecimiento en Europa este año, sobre todo a partir del segundo semestre. Entre todos hemos de trabajar por conseguir que 2021 sea, definitivamente, el año de la recuperación.

Es buena conocedora de los entresijos de la Unión Europea. ¿Cómo se valora la idiosincrasia económica española y su encaje en la europea?

España es uno de los grandes países, un socio muy valorado y apreciado entre los socios comunitarios y en las propias instituciones europeas. Somos un país fiable, fuerte y muy comprometido con el proyecto de la Unión Europea, y siempre adoptamos posiciones constructivas en todos los debates e iniciativas. La prueba más reciente es nuestro papel en los debates sobre la respuesta a la pandemia y la puesta en marcha del mecanismo SURE o del Plan de Recuperación. Son asuntos que hemos impulsado desde el primer día y en cuyo diseño hemos tenido un papel importante. Aún queda camino por recorrer, pero, sin duda, somos uno de los motores de la Unión Europea en el plano político, económico y social y lo seguiremos siendo en las próximas décadas.

Entre los sectores más afectados por la situación actual están la hostelería-turismo, el comercio y la fabricación de automóviles. ¿Cómo piensan ayudarles?

Nuestras medidas han estado desde el primer momento muy dirigidas a respaldar a las empresas y trabajadores de esos ámbitos, los sectores que más expuestos estaban a las restricciones de movilidad, con ayudas directas como el pago de las nóminas y las cotizaciones de los trabajadores en ERTE, incluso después de su reincorporación al puesto de trabajo, lo cual es un apoyo evidente también a las empresas; así como con la prestación para autónomos o la ampliación de la incapacidad temporal para que dé cobertura a las distintas situaciones derivadas de la Covid. Sólo estas tres medidas suman un apoyo público directo de 40.800 millones de euros.

Pero, además, hemos puesto en marcha planes específicos para impulsar el turismo, la hostelería o el sector del automóvil. Eso sin olvidar las medidas de apoyo a la liquidez de las empresas.

¿Y de cara al futuro más inmediato? 

De cara a las semanas complicadas que aún tenemos por delante, debemos evitar una retirada prematura de las ayudas que pueda poner en riesgo lo logrado hasta ahora y tenemos que seguir adaptándolas y reforzándolas para apoyar a las empresas, a los trabajadores y a las familias hasta que recuperemos un crecimiento sólido y sostenido. La prioridad en este momento es esa, sobre todo, pensando en nuestros jóvenes, uno de los colectivos más afectados por esta crisis, quienes deberán afrontar el pago de la deuda que estamos asumiendo ahora para hacer frente al Covid.

¿Cuáles son las líneas maestras de los Presupuestos Generales del Estado para 2021?

Son unos presupuestos fundamentales para el país en un momento crucial para nuestro futuro. Por una parte, persiguen fortalecer el Estado del Bienestar, dedicando casi un 60% a inversiones sociales, educación, sanidad, pensiones y la protección de los ciudadanos más vulnerables. Y, por otra parte, son presupuestos de futuro, con inversiones importantes en los ámbitos transformadores, por ejemplo, en el ámbito de la digitalización o la transición ecológica.

La tercera razón que los hace tan importantes es que son la herramienta básica para que podamos empezar a ejecutar desde ya los nuevos fondos europeos, con 27.000 millones de inversión que serán claves para impulsar la actividad y la creación de empleo ya en 2021 y seguir avanzando en la modernización de la economía española. Todo sin olvidar que hay unas cuentas aprobadas el 1 de enero, algo que no sucedía en España desde 2016.

Su vicepresidencia engloba también la cartera de Transformación Digital. ¿Cuál es su horizonte en este asunto?

La pandemia ha acelerado la transformación digital en todo el mundo. En España ha evidenciado nuestras fortalezas, como las infraestructuras o la digitalización del sector público, pero también algunos puntos de mejora.

Para impulsar el proceso y contar con una hoja de ruta que encauzase la inversión pública y privada, el Gobierno aprobó el pasado verano la agenda España Digital 2025, y hemos publicado seis planes detallados para desplegar los principales ejes: desde el desarrollo de la conectividad y el 5G a la digitalización de las administraciones públicas; desde la  capacitación digital de la ciudadanía y la digitalización de las PYMEs a la ciberseguridad o el impulso a tecnologías disruptivas como la economía del dato o la Inteligencia Artificial.

En esta línea, el Plan de Recuperación da un papel preponderante a la digitalización, que recibirá 20.000 millones de euros, un tercio de la financiación europea prevista para los próximos tres años. Y en los actuales presupuestos hemos multiplicado por seis la dotación para esta política. También hemos sacado a audiencia nuestra propuesta de Carta de Derechos Digitales, porque en todo este proceso no podemos perder de vista la necesidad de garantizar una digitalización humanista, que ponga al ciudadano en el centro para no perder derechos ni generar nuevas brechas.

Hablando de avances digitales, el Consejo General del Notariado propuso en abril del año pasado unas reformas para que se pudieran otorgar algunos documentos públicos notariales mediante videoconferencia. ¿Cómo valora esa posibilidad?

Muy positivamente. Como consecuencia de la actual pandemia, las soluciones no presenciales se han visto muy demandadas y posibilidades que, aunque conocidas, no eran tenidas en consideración, han resultado ser la vía para solucionar problemas que hace poco no existían y no eran objeto de preocupación. Con la entrada en vigor de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, coloquialmente conocida como ‘de servicios electrónicos de confianza’, se ha establecido un marco normativo que sienta las bases para poder desarrollar actuaciones como las referidas, fundamentalmente para garantizar los mismos niveles de seguridad y fiabilidad que se dan en este tipo de procedimientos cuando se realizan presencialmente.

Estas circunstancias, por supuesto aplicadas con las máximas garantías de seguridad y confidencialidad, hacen que se planteen numerosas posibilidades para la prestación de servicios a la ciudadanía más ágiles y mucho más eficaces. Además, aunque hay alguna iniciativa similar, lo cierto es que la experiencia en la implantación de estas acciones situaría a nuestro país en una situación de vanguardia con respecto a otros en esta materia.

La lucha contra lacras como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es también una prioridad. Desde 2005, como sabrá, los notarios disponen de un Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo creado por orden del ministro Solbes. ¿Qué opina de su función?

No es sólo mi opinión. Ya se ha reconocido y recogido en informes internacionales que la labor desarrollada por el Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo del Consejo General del Notariado es un ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Esta labor no se refiere únicamente al aumento de la concienciación y las capacidades del sector notarial nacional, sino que abarca a un ámbito de actuaciones mucho más amplio, facilitando, por ejemplo, que las entidades del sector privado puedan mejorar su nivel de cumplimiento de las obligaciones preventivas que les afectan, o permitiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponer de unas herramientas de enorme utilidad en las investigaciones contra ese tipo de delitos.

“Debemos evitar una retirada prematura de las ayudas que pueda poner en riesgo lo logrado hasta ahora y tenemos que seguir adaptándolas y reforzándolas”

Huella digital

Desde sus páginas en Twitter   (@NadiaCalvino) y en Linkedin, suele detallar las actuaciones de su vicepresidencia y de su ministerio. Por otro lado, la página web de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno publica su agenda oficial, así como las principales medidas adoptadas por los diferentes departamentos englobados en su ministerio.

Desde el primer momento nos hemos centrado en ayudar a los sectores más expuestos a las restricciones a la movilidad para el control de la pandemia

Entrevista a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social

CON SELLO PERSONAL

Yolanda Díaz

ministra de Trabajo y Economía Social

“Demostraremos que crear empleo de calidad y con derechos es posible”

Con seguridad nos encontramos ante uno de los periodos más complicados de la historia reciente en materia económica y, como consecuencia, para la salud de nuestro mercado de trabajo. Por eso parece más que oportuno conocer los planes del Gobierno en materia laboral y la visión de la ministra del ramo, Yolanda Díaz.
ALFREDO GARCÍA REYES
[email protected] • @Alfredo García Reyes • Linkedin: alfredogreyes

–Lleva casi toda su vida vinculada al mundo del trabajo como miembro de una familia de sindicalistas, como abogada laboralista, como diputada del Parlamento Gallego y también como diputada nacional. ¿Cree que el cargo que actualmente desempeña está cambiando su visión sobre las relaciones laborales?
–Al contrario, creo que me ha reafirmado en unas convicciones que vienen, precisamente, de mi educación, de la realidad que he vivido en una ciudad como Ferrol, tan castigada por la reconversión industrial y el desempleo, y de mi ejercicio como abogada laboralista. El cargo que actualmente ocupo me ha hecho más consciente de todo ello y me reafirma en la necesidad de lograr unas relaciones laborales más justas en nuestro país. Como miembro de este Gobierno es, además, mi obligación y a ello me he comprometido.

–En comparación con nuestro entorno, ¿cuál es el estado de salud real de nuestro mercado de trabajo y cuáles son sus principales desajustes?
–El modelo productivo español se enfrenta, desde hace mucho tiempo, a dos grandes hándicaps para su pleno desarrollo: la temporalidad y la precariedad. Son elementos estructurales, difíciles de atajar, y suponen una anomalía en nuestro contexto europeo. Pero todo nuestro empeño, desde el diseño de unas nuevas políticas activas de empleo hasta nuestra apuesta por la Economía Social, se dirigen a acabar con ese lastre.

–Por tanto, el desempleo y la precariedad laboral parecen ser problemas endémicos de nuestro sistema. Pero, ¿en España se puede llegar al pleno empleo y que éste sea rentable y sostenible tanto para empresas como para la Administración pública?
–Frente al resignado tópico que nos dice que solo es posible crear empleo a través de la precariedad, hemos incrementado en un 35,75% las partidas para el rediseño de las Políticas Activas de Empleo. Hemos puesto el foco en los jóvenes y en las mujeres, porque son quienes, en mayor medida, sufren la precariedad y la temporalidad.

Los Presupuestos Generales del Estado son una expresión clara de esta voluntad y demostraremos que crear empleo de calidad y con derechos es posible.

–¿Cuáles son las líneas maestras de la próxima reforma laboral que su Gobierno pretende sacar adelante durante esta legislatura y qué se proponen abolir de la vigente?
–Debo ser prudente, porque este es un debate de gran calado, que se encuentra en el marco del Diálogo Social. La reforma laboral del Partido Popular, que se realizó sin debate ni consulta alguna, supuso un envite muy doloroso a los derechos laborales de las personas trabajadoras. Muchas de las medidas que hemos adoptado desde nuestra llegada al Ministerio, como la implementación del trabajo a distancia, a través de una ley, o la derogación del despido por bajas médicas justificadas, sortean una reforma cuya derogación se contempla en nuestro acuerdo de Gobierno y se encontraba ya, antes de la irrupción de la pandemia, en la mesa de Diálogo Social.

–Precisamente entre los principales logros de su labor como ministra está esa mesa de diálogo entre Administración, organizaciones empresariales y sindicatos, además de los acuerdos alcanzados en los últimos meses. ¿Cuál es la clave para haber llegado a ellos?
–El diálogo, la capacidad de llegar a acuerdos. No es un mantra, es nuestra manera de trabajar. De forma transversal, participativa, siempre en contacto con los agentes sociales y sus aportaciones. Son ya seis grandes acuerdos sociales, en aspectos tan relevantes como el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el sistema de cobertura de los ERTE y sus prórrogas o el teletrabajo. Y queremos que siga siendo así. Hay, además, una dinámica transversal que tiene que ver con la cultura feminista, que impregna las decisiones y modos de actuación de este Ministerio.

–¿Cree que el teletrabajo ha llegado realmente para quedarse o, por el contrario, cuando la pandemia desaparezca, una gran mayoría de las personas que ahora trabajan desde sus casas volverán a sus puestos laborales?
–Tengo muy claro que sí, que ha llegado para quedarse. Y por eso hemos abordado su regulación legal de forma pionera. La pandemia ha acelerado muchos procesos y, entre ellos, el del cambio profundo en la organización del trabajo, en los tiempos y compatibilidades de la jornada laboral con nuestras vidas. Por eso el Real Decreto (Real Decreto‐ley 29/2020) contempla asuntos tan importantes como el derecho a la desconexión. El trabajo a distancia se basa, en cualquier caso, en la premisa de la voluntariedad y se estructura en torno a un acuerdo entre las partes.

–En este sentido, usted que además es trabajadora y madre, ¿qué nos queda aún por hacer en materia de conciliación familiar y trabajo?
–El tiempo de trabajo exige una nueva concepción, que, tal como estamos haciendo, debe cifrarse en leyes y usos laborales. En ese debate, la conciliación es un elemento que debe dialogar con otros elementos, como la reducción de jornada, el control de horas extraordinarias o el derecho a la desconexión. Nuestro Ministerio tiene desde el principio un compromiso del uso del tiempo para una distribución cualitativa digna de los tiempos de vida y los tiempos de trabajo, y en ese marco siempre estudiamos todas las posibilidades. Es un debate indisociable de los cuidados que, como mujeres (porque sobre nosotras suelen recaer los cuidados) nos atañe especialmente.

‐Como ferrolana, tiene usted una gran vinculación con el mundo de la industria. ¿Hacia dónde cree que debería ir este sector en nuestro país? Por otro lado, ante la nueva “revolución industrial” que supone la digitalización 2.0, ¿considera que las empresas
y trabajadores españoles están preparados para ello?
–La reactivación económica debe estar vinculada a la transformación productiva, integrando el cambio del modelo energético, la modernización digital, la reindustrialización, al mismo tiempo que el reto demográfico o el gran desafío del Estado del Bienestar del siglo XXI, que es la sociedad de los cuidados. El Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia es un marco decisivo para rediseñar ese futuro inmediato. Y desde nuestro Ministerio, por ejemplo, impulsaremos la transformación tecnológica del SEPE, en la que se invertirán más de 70 millones de euros.

–Para el desarrollo económico, para la creación de empleos, es necesaria la seguridad jurídica preventiva. ¿Cómo valora la labor que realizan los casi 3.000 notarios que tenemos repartidos por todo el país?
–La profesión del notario es, en sí misma, una garantía de seguridad. Su papel es importante por el elemento de confianza que aportan, reforzado por el hecho de que se trata de un cuerpo de profesionales muy cualificado. Su función asesora e informativa a la ciudadanía, de acercarla a sus derechos, también es importante. Lo hemos vivido en los últimos tiempos, por ejemplo, con relación a las cláusulas hipotecarias abusivas y la labor informativa que han desarrollado las notarías.

“La profesión del notario es, en sí misma, una garantía de seguridad. Su papel es importante por el elemento de confianza que aportan”

Huella digital

LA MINISTRA de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, era ya conocida en las redes sociales desde mucho antes de ocupar su puesto actual. En sus diferentes perfiles públicos, como Twitter (@Yolanda_Diaz_) y Facebook (facebook.com y yolanda.diazperez.5) publica tanto cuestiones relacionadas con su labor ministerial como opiniones y comunicados sobre la tarea de sus compañeros de Gobierno. Publicaciones que se complementan con los perfiles oficiales del Ministerio en esas mismas redes sociales, Twitter (@empleogob) y Facebook (Facebook.com/empleogob), y con la página web ministerial: www.mites.gob.es

“El plan de transformación, recuperación y resiliencia es un marco decisivo para rediseñar ese futuro inmediato”

Entrevista a Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados

CON SELLO PERSONAL

Meritxell Batet,

presidenta del Congreso de los Diputados

«Mi principal objetivo desde que se declaró la pandemia ha sido evitar que pudiera afectar a la representatividad de la Cámara»

Ante una de las legislaturas más complicadas de nuestra democracia, preguntamos a la actual presidenta del Congreso de los Diputados sobre esta circunstancia y sobre alguna de las facetas más relevantes de su labor.
ALFREDO GARCÍA REYES
[email protected] • @Alfredo García Reyes • Linkedin: alfredogreyes

–Diputada en siete legislaturas, ministra de Política Territorial y Función Pública y ahora presidenta del Congreso de los Diputados. ¿Ha roto su techo de cristal?

–Tras 40 años de avance del principio de igualdad en España, tras muchos años de políticas para la igualdad efectiva y de mejora de los servicios públicos, gracias al esfuerzo de muchas mujeres pioneras, y tras la aprobación de reformas normativas valientes y efectivas, los techos de cristal van disminuyendo en ámbitos cada vez más amplios de la proyección profesional. En la política, las mujeres de mi generación hemos tenido más fácil el desarrollo de nuestras carreras; nuestra conquista ha sido la normalidad y, en especial, la posibilidad de formar familias sin renunciar a nuestra proyección.

La igualdad entre mujeres y hombres es hoy una lucha que se plantea con especial crudeza cuando se vincula a otras discriminaciones, como las derivadas de la pobreza, la inmigración o la exclusión social. Quedan muchos techos, de cristal y de acero, que romper mediante normas y políticas ambiciosas. Y es también una exigencia en ámbitos mucho más sutiles y relevantes, en los que a veces temo que estemos retrocediendo, como la educación y las aspiraciones de nuestros jóvenes, mujeres y hombres.

–Es conocido su activismo en pro de la igualdad entre géneros. Sin embargo, en la cámara que usted preside hay una amplia mayoría masculina, con casi 200 diputados.

–En la legislatura actual, las mujeres somos 154 de los 350 diputados, un 44%. Es el segundo número más alto tras las 166 de la corta legislatura pasada, manteniendo un porcentaje por encima del 40% gracias a la aprobación de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

La igualdad en el Congreso pone de manifiesto la efectividad de normas antidiscriminatorias, así como la posibilidad de avanzar en igualdad efectiva en un contexto marcado por lo público y con servicios públicos desarrollados y buenos salarios. En ese marco, las barreras son fundamentalmente mentales y educativas y se van superando en el acceso a los cargos directivos de la Cámara y los grupos y, sobre todo, en la posibilidad de conciliar la carrera política con la vida personal y familiar.

Como en el caso de carreras profesionales similares en el ámbito de la Administración o la Justicia, las mejoras deben concentrarse en el acceso a las condiciones necesarias de educación y formación y en el mantenimiento e impulso de los servicios públicos que hacen posible la conciliación.

Con ese objetivo, en el ámbito de las Cortes Generales hemos aprobado el primer Plan de Igualdad, con medidas dirigidas a avanzar en la igualdad de trato y de oportunidades y a eliminar la discriminación. Pero no debemos olvidar que muchas mujeres se enfrentan cada a día a entornos laborales en los que las discriminaciones por razón de sexo son habituales. Es imprescindible que los poderes públicos sigan tomando decisiones y dictando leyes para que la sociedad avance en la igualdad de mujeres y hombres.

–¿Por qué una licenciada en Derecho y profesora de Derecho Constitucional decidió meterse en política?

–Fui representante estudiantil, miembro del claustro en mi universidad y constituí una asociación en defensa de los derechos de los estudiantes. Mi dedicación a la política, más que el resultado de una decisión, ha sido la evolución natural de una vocación muy temprana por el ejercicio de la representación en la búsqueda del interés general.

Por otro lado, el interés por el Derecho lleva casi naturalmente al debate político sobre el contenido y configuración de las normas. Y la cercanía del Derecho Constitucional al sistema político es obvia. Para mí, la Constitución es también un instrumento fundamental de transformación social que fija valores y objetivos que necesitan de desarrollo y concreción mediante la política.

–¿Cómo afronta su responsabilidad ante uno de los periodos más complejos del parlamentarismo español, teniendo en cuenta la fragmentación resultante de las últimas elecciones generales?
–Lo que define al Parlamento es el pluralismo. La expresión de ese pluralismo es esencial para poder integrar posiciones, para expresar alternativas y críticas y para conseguir que la gran mayoría de los ciudadanos vean reflejadas sus inquietudes y sus ideas en el debate público. En el Parlamento deben oírse todas las voces presentes en la sociedad, aunque nos incomoden, y quizás especialmente cuando nos incomodan. Garantizar ese pluralismo es mi función fundamental. Y la segunda, que esa expresión sea compatible con el respeto a los demás diputados y a toda la ciudadanía, algo que siempre es posible –aún en el caso de las más duras críticas–, pero que no siempre sucede.

Son los grupos y los diputados quienes deciden el contenido y el tono de sus intervenciones y quienes asumen su responsabilidad. La Presidencia puede poco más que, como decía Azaña, sonrojarse en lugar del diputado y en defensa del propio Parlamento, poner de manifiesto la necesidad de mantener el respeto y contribuir a recuperar ámbitos de acuerdo y de consenso entre los grupos.

–Respecto a la situación actual provocada por la pandemia, ¿cómo está afectando esto a la representatividad y funciones de los diputados?
–Mi principal objetivo desde que se declaró la pandemia ha sido evitar que la situación pudiera afectar a la representatividad de la Cámara y alterar sustancialmente el cumplimiento de sus funciones. Creo que lo hemos conseguido: el Congreso se ha reunido para ejercer sus funciones legislativas y de control parlamentario durante toda la crisis. Ha debatido y votado todas las normas de rango legal que se han aprobado y las prórrogas de las declaraciones de alarma; las comparecencias han sido constantes, mayores en número que en situación ordinaria, como también lo ha sido la tramitación de preguntas e interpelaciones al Gobierno, y actualmente se desarrollan sin excepción todas las funciones de las Cortes, tanto en Pleno como en Comisión.

El acuerdo sobre reducción de asistencia a los Plenos entre los grupos parlamentarios ha hecho posible el mantenimiento de las sesiones y, con ellas, de las funciones parlamentarias. Se ha generalizado la votación telemática en el Pleno, lo que mantiene totalmente la representatividad de la Cámara.

Pero el trabajo parlamentario necesita el máximo posible de contacto y diálogo, dentro y fuera de las sesiones, y el trato personal entre los miembros de la Cámara facilita el desarrollo de la actividad parlamentaria y un mejor resultado de la misma, por lo que espero recuperar la plena asistencia de diputados y diputadas en cuanto sea posible.

-¿Qué se puede hacer para acercar esa actividad parlamentaria a los ciudadanos? Muchas veces solo trascienden un momento de tensión o una anécdota…
–Fundamentalmente hacerla bien, útil y efectiva para cumplir sus funciones, que son la exposición de alternativas y la discusión de acuerdos, tanto a nivel legislativo como de control del Gobierno. Aunque algunos medios pueden destacar los momentos de tensión y desacuerdo, los ciudadanos pueden seguir la actividad parlamentaria y obtener una imagen real de la misma: toda la actividad de Pleno y Comisión es pública y está disponible en la página web del Congreso. Los medios, más allá del titular, informan de los debates y los resultados del trabajo parlamentario, que arroja siempre espacios de enfrentamiento, pero también espacios de acuerdo.

Creo que la gran mayoría de las cuestiones relevantes en nuestra sociedad encuentran expresión y debate en el Congreso, y para ello trabajan también todos los grupos parlamentarios.

–No obstante, también ha descendido la actividad legislativa. ¿Tiene prevista la Mesa de la Cámara la adopción de alguna medida para recuperar esta labor?
–Los años 80 y 90 fueron años de gran actividad legislativa, pues había que construir un sistema democrático y adoptar numerosas reformas. Hoy ese trabajo fundamental está hecho. Contamos con una base normativa estable, sin perjuicio de las necesarias adaptaciones y actualizaciones, lo que debería llevar a una reducción natural del número de normas tramitadas y a concentrarse en ámbitos nuevos o que exigen reformas importantes.

Es cierto que, más allá de la actual crisis sanitaria, en los últimos diez años se ha producido una creciente sustitución de la ley por el decreto-ley. Es también cierto que esa deriva podría afectar a estándares de pluralismo y calidad legislativa y creo que sería bueno revisar esa tendencia. Pero soy consciente de que para ello debemos esforzarnos también en conseguir un procedimiento legislativo que permita afrontar cambios legislativos de una forma más ágil.

–En diciembre de 2018 celebramos el 40 aniversario de la Carta Magna… Desde su conocimiento del Derecho Constitucional, ¿goza nuestra Constitución de buena salud?
–La salud de la Constitución es la de todos. Hemos gozado de buena salud en la España democrática gracias a la buena salud de nuestra Constitución y su efectividad en estos más de 40 años.

Mantener esa buena salud es una tarea fundamental para todos; la salud de las constituciones se mide en su capacidad de integración, en que la gran mayoría de los ciudadanos vea reflejada en ella sus valores, sus prioridades y sus inquietudes, y globalmente se reconozca en sus normas y objetivos.

Que la Constitución no haya necesitado de reformas relevantes es mérito de quienes la redactaron. Para estar a su altura a nosotros nos toca detectar las fisuras que se generen sobre sus consensos fundamentales o las demandas de alcanzar nuevos acuerdos propios de nuestro tiempo, cuando estas existen. Ciertamente, me preocupa que en nuestro país, como en muchos otros de nuestro entorno, cada vez parezca reducirse la amplitud e intensidad de esos consensos sociales y políticos, hasta el punto de producirse intentos de patrimonialización partidista de la Constitución.

Pero no cabe duda de que ya en su redacción actual encontramos esa eficacia integradora capaz de incluir y cohesionar a la sociedad en torno a unas garantías, a un sistema de derechos y libertades y, en definitiva, a un proyecto de convivencia.

–Nuestra Constitución reconoce como uno de los valores superiores la seguridad jurídica. Los notarios tienen atribuida la función de evitar, con carácter preventivo, que tal valor se vea conculcado. Usted, que es jurista, ¿cómo valora su función?
–La seguridad jurídica, sobre todo en el tráfico privado, ha sido una característica de nuestro ordenamiento que los notarios en especial, han hecho efectiva. Mantener esa seguridad resulta más difícil cuando las normas son menos estables y pretenden también introducir nuevos valores y consideraciones en las relaciones entre particulares. Esa nueva generación de normas nos plantea un reto tanto al legislador como a quien debe aplicarlas, y en especial al notario en su función de garantía: todos debemos esforzarnos para adaptarnos a esa nueva realidad, pues combinar la fuerza transformadora del Derecho y la seguridad jurídica exige un compromiso personal y responsable de cada uno: del legislador, para conseguir normas claras a la vez que matizadas; y de los operadores jurídicos, para tomar en consideración, en su aplicación, las variables que prevé la propia Ley. Los notarios acreditan cada día su capacidad para ello. Los legisladores debemos ser también capaces de hacerlo.

«La seguridad jurídica, sobre todo en el tráfico privado, ha sido una característica de nuestro ordenamiento que los notarios en especial han hecho efectiva»
Huella digital

LA presidenta del Congreso de los Diputados de España, Meritxell Batet, tiene sus propios perfiles oficiales en las redes sociales Facebook (facebook.com/BatetMeritxell) y Twitter (@meritxell_batet), donde publica temas relacionados tanto con su propia agenda como con la actividad parlamentaria. Sobre la programación y actividad de esa Cámara se puede seguir la cuenta oficial en Twitter (@Congreso_Es) y consultar su página web.

«Creo que la gran mayoría de las cuestiones relevantes en nuestra sociedad
encuentran expresión y debate en el Congreso»