Gallega, especializada en nefrología, dice sentirse frustrada por no tener tiempo para hacer más cosas, aunque no son pocas las funciones que desempeña, pues también preside el Comité de Trasplantes del Consejo de Europa y la Red Iberoamericana de Donación y Trasplante, espacios en los que España lidera el intercambio de conocimiento entre países.

¿Cómo valora estos siete años dirigiendo la ONT?

Han sido años duros, pero también fascinantes. Hemos puesto en marcha numerosos proyectos que nos han permitido seguir aumentando nuestra actividad y mejorar nuestra respuesta a las necesidades de los pacientes. También tuve que vivir al frente de la institución la pandemia de la Covid-19, con un impacto abrumador en el programa de donación y trasplante. No obstante, creo que dimos lo mejor de nosotros mismos y hemos sido capaces de recuperar la senda de crecimiento en un tiempo muy razonable.

ESPAÑA ES EL PAÍS DEL MUNDO QUE TIENE MAYOR TASA DE TRASPLANTE DE DONANTE EN ASISTOLIA, GRACIAS A LOS MÉTODOS DE PRESERVACIÓN QUE HEMOS DESARROLLADO

En 2023, nuestro país, de nuevo, a la cabeza del ranking mundial.

Es una situación de absoluto privilegio y que se debe básicamente a tres elementos: una población muy solidaria, nuestro Sistema Nacional de Salud de carácter público y universal y el modelo organizativo y de gestión, lo que se conoce internacionalmente como “el modelo español”, cuya base fundamental es el coordinador intrahospitalario de trasplantes. En los hospitales, que es donde surgen las oportunidades de donación, contamos con equipos de coordinación integrados por personal con la formación adecuada y casi siempre liderados por intensivistas.

Yo creo que el mérito de España es impresionante, no solamente porque mantengamos el liderazgo en donación de órganos, sino porque nos hemos sabido adaptar a un potencial donante que es complejo, pero que afortunadamente tenemos. En términos generales, nuestro donante es una persona mayor, de edad avanzada o muy avanzada, y que fallece por causas naturales.

La donación en asistolia sigue creciendo exponencialmente…

En el mundo, aproximadamente el 75 % son donantes en muerte cerebral. No obstante, la gran mayoría de las personas no fallece en estas condiciones, sino tras una parada cardiorrespiratoria. Hace algo más de una década se empezó a ver que se podían trasplantar también órganos procedentes de personas fallecidas en estas circunstancias. Actualmente ya son 23 los países que han desarrollado un programa de donación en asistolia y España es el país del mundo que tiene mayor tasa de trasplante de donante en asistolia, gracias a los métodos de preservación que hemos desarrollado. Ahora mismo el 45 % de los donantes fallecidos en nuestro país son donantes en asistolia. Hemos logrado trasplantar con éxito todo tipo de órganos: riñones, hígados, pulmones, páncreas, corazones e incluso intestinos, algo que nadie salvo España ha conseguido.

¿Es trasladable el modelo español a otros países?

Multitud de países han emulado total o parcialmente nuestro modelo y han mejorado extensiblemente su actividad de donación y trasplante. Croacia lo ha replicado exactamente y ha alcanzado tasas de donación similares a la española. También Portugal o la región toscana en Italia. Otros países como Reino Unido incorporaron la figura de los intensivistas y consiguieron mejoras significativas. Lo mismo han hecho en Canadá, Estados Unidos o Australia con resultados extraordinarios. En los países de América Latina, con los que llevamos desde el año 2005 replicando aspectos del modelo español, se han duplicado las cifras de donación de órganos.

EL COORDINADOR DE TRASPLANTES TIENE LA OBLIGACIÓN DE CONSULTAR EL REGISTRO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS

Después de casi cinco décadas en vigor, ¿considera necesaria alguna reforma de la Ley sobre Extracción y Trasplante de Órganos?

Yo creo que es una ley ejemplar. Ha sobrevivido 45 años y hoy sigue siendo una ley moderna, objeto de escrutinio por parte de todos los países del mundo, que nos ha permitido con sus fundamentos y principios básicos irnos adaptando perfectamente a los avances científico-técnicos. La ley se ha desarrollado a través de tres reales decretos, estando ahora mismo en vigor el Real Decreto de 2012, del que probablemente iniciemos un proceso de revisión y actualización en los próximos meses.

Llevan tiempo trabajando para la tramitación de una ley que asegure la protección laboral y social de los donantes vivos de órganos.

Está gafada… (risas) Ha estado a punto de salir adelante en varias ocasiones, pero por cuestiones políticas se nos ha quedado en el tintero. Los donantes vivos y los donantes altruistas se someten voluntariamente a una intervención quirúrgica que puede tener ciertas complicaciones e incapacitarles para trabajar temporalmente, por lo que deben estar perfectamente protegidos también desde esta perspectiva. A ver si en esta legislatura…

En España todos somos considerados donantes si en vida no hemos expresado lo contrario; por ejemplo, realizando ante notario un documento de voluntades anticipadas.

El coordinador de trasplantes tiene la obligación de consultar el registro de voluntades anticipadas, así como cualquier otra documentación en la que haya podido expresarse el deseo de la persona. Además, siempre realizamos un acercamiento a la familia y pedimos su consentimiento. Yo creo que, en un país como el nuestro, en el que todos tenemos acceso al trasplante, que se considere que lo normal es ser donante envía un buen mensaje a la ciudadanía. Es una llamada a la corresponsabilidad.

EN TÉRMINOS GENERALES, NUESTRO DONANTE ES UNA PERSONA MAYOR, DE EDAD AVANZADA O MUY AVANZADA, Y QUE FALLECE POR CAUSAS NATURALES

¿Cuál es el tiempo promedio de espera para recibir un trasplante en nuestro país?

El tiempo de espera en España es extremadamente corto. En el caso del riñón, hablamos de un año o año y medio; y en el de los órganos vitales como corazón, pulmón o hígado, de menos de tres meses. Por ejemplo, en Alemania el tiempo que se puede esperar para un trasplante renal es de más de siete años.

Recientemente se ha aprobado el Reglamento Europeo sobre normas de calidad y seguridad de las Sustancias de Origen Humano…

Europa se ha dado cuenta que han empezado a surgir sustancias de origen humano que no estaban cubiertas por ninguna directiva. Estamos hablando de que millones de pacientes se benefician anualmente de estas sustancias: 200.000 niños nacen cada año en la UE con técnicas de reproducción humana asistida, más de 150.000 pacientes reciben el trasplante de un tejido y 30.000 un trasplante de médula ósea de donante no emparentado. Nuestro objetivo es que sean cada vez más y lo que pretende esta directiva es que los pacientes puedan tener un mejor acceso y con mayores garantías de calidad y seguridad a las terapias basadas en tejidos y células.

¿Cuál es su posición frente a la regulación de la compraventa de órganos que plantean algunos países?

Mi postura, la postura de España y de la mayoría de los países del mundo, es que la donación no sea remunerada, por respeto a la dignidad de la persona. Si generamos un sistema de compraventa de órganos llega un momento en que ese gesto de donación está condicionado por una necesidad. Por lo tanto, al final el sistema redunda en que sean los sectores más vulnerables de la población los que terminen transformándose en fuente de órganos para los que lo necesitan. Y tenemos ejemplos que así lo demuestran, como el sistema de compraventa de Irán o el caso de la donación remunerada de plasma en Estados Unidos.

Hablábamos al principio del modelo español y sus fantásticos resultados… ¿Qué posibilidades de mejora cree que tiene nuestro sistema?

Podemos mejorar consolidando las vías de innovación que hemos implementado en los últimos años y que nos han permitido seguir creciendo y avanzando en nuevas líneas de trabajo, como la incorporación de los centros de sanidad privada a la donación o el desarrollo de técnicas novedosas de preservación. Yo tengo mucha tendencia a ver lo que falta por hacer, pero es cierto que cuando echo la vista hacia atrás veo que ya hemos hecho muchas cosas. Estamos muy orgullosos de lo logrado, pero todavía tenemos mucho camino por delante.

-Desde el pasado mes de noviembre se ha convertido en uno de los miembros del Gobierno que acumula más responsabilidades. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

Con profunda responsabilidad, pero con una fuerte convicción: trabajar para la ciudadanía. Soy consciente de las dificultades, pero también de los retos y los objetivos prioritarios. Queremos seguir consolidando las reformas emprendidas en la legislatura pasada, ensanchando el Estado del bienestar, ampliando derechos y mejorando la convivencia. En mi caso lo voy a hacer con el mismo empeño desplegado en mi anterior etapa como ministro: con trabajo, con diálogo, con dedicación y con esfuerzo.

-Es usted el responsable de implementar la agenda legislativa del Gobierno. ¿Cuáles son las prioridades del Ejecutivo?

La legislatura pasada aprobamos más de doscientas leyes que hicieron avanzar a España sin dejar a nadie a un lado. Esta legislatura vamos a continuar por ese camino: fortaleciendo derechos, contribuyendo a un país más igualitario, ecologista y digital. Y lo haremos desarrollando grandes consensos y con un gran impulso reformista.

«HEMOS APROBADO EL IMPORTANTÍSIMO REAL DECRETO LEY 6/2023 QUE SUPONE LA MAYOR TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA EN DÉCADAS»

En el ámbito de la justicia, por ejemplo, queremos dar respuesta política a algunas de las grandes demandas de la ciudadanía en esta materia: conseguir una administración de justicia más ágil y rápida, más igualitaria, accesible y digital. Y ya tenemos resultados tangibles. Hemos aprobado el importantísimo Real Decreto Ley 6/2023, que ha sido convalidado por el Congreso el 10 de enero y que supone la mayor transformación de la Justicia en décadas, estableciendo, por ejemplo, que la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática no sean una excepción, sino la norma. También hemos creado la Carpeta Justicia, que permite a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesado, así como pedir cita previa para ser atendida.

Otros ejes prioritarios serán el refuerzo del derecho a la defensa, con la actualización de ley que la asistencia jurídica gratuita y de las cantidades para la misma, o la aprobación de la primera ley orgánica que regula el derecho de defensa. También la apuesta por la justicia de los cuidados, velando por los derechos de las personas con discapacidad o las víctimas de los delitos. O la mejora de la eficiencia a través de una ley pendiente de la pasada legislatura, como es la Ley orgánica de eficiencia organizativa.

«EL PRIMER GRAN ACUERDO DE ESTADO HA DE SER LA RENOVACIÓN DEL CGPJ Y SUPERAR ASÍ UNA CRISIS INSTITUCIONAL QUE AFECTA A UNO DE LOS PODERES DEL ESTADO: EL JUDICIAL»

-¿Y en el ámbito notarial?

Estamos trabajando para que la interoperabilidad no se circunscriba al Registro Civil; ya tenéis acceso directo a la obtención de certificaciones y están preparados los sistemas para el envío de procedimientos/escrituras, lo que supone un ahorro en tiempos y trámites a los ciudadanos y también a los operadores por hacerse de forma electrónica sino que como decía, también trabajamos conjuntamente, el Notariado y el Ministerio de Justicia, para que todas las comunicaciones entre notarios y administraciones se realice por medios telemáticos.

Para ello se están integrando los sistemas notariales con el Sistema de Intercambio de Registros (SIR) para un intercambio de la información orientada al dato, y de manera cien por cien electrónica, con el sistema que conecta todas las administraciones españolas.

Del mismo modo, aprovechando la conexión anterior, se posibilitaría la comunicación de los notarios con cualquier órgano judicial, lo que permitiría eliminar las comunicaciones por fax, correo electrónico o correo tradicional que aún se están realizando en algunos casos.

-¿Goza nuestra Constitución de buena salud?

La Constitución española tiene una salud de hierro a salvo de opiniones y críticas apocalípticas. En 45 años desde su ratificación se ha convertido en un texto símbolo de igualdad y libertad y que ha contribuido de manera decisiva a construir el país moderno, diverso y plural que somos ahora.

La fortaleza de la Constitución es indiscutible, pero eso no significa que partes de su texto no puedan ser sometidas a cambios requeridos por el paso del tiempo y su adaptación a un lenguaje que ya no se corresponde con el de los años en los que se redactó nuestra Carta Magna. Me estoy refiriendo a la necesaria modificación del artículo 49 para eliminar un término ofensivo como es el de «disminuido» por el de personas con discapacidad y que ya es una realidad tras su aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados el pasado mes de enero. Este Gobierno ha estado comprometido, desde su inicio, con este cambio para alcanzar un acuerdo que deje atrás esta terminología hiriente y se adapte a un lenguaje propio del siglo XXI y también para reforzar los derechos de las personas con discapacidad. Es la primera reforma social de la Constitución de nuestra historia.

Por último, no quiero olvidarme del gran desafío que tenemos hoy por delante y que ha tensado como nunca el correcto funcionamiento de nuestra Carta Magna: la no renovación del Consejo General del Poder Judicial debido al bloqueo permanente e injustificable del principal partido de la oposición. Como hicimos en otras ocasiones, afrontamos este problema de la justicia con diálogo y como una prioridad en este mandato: recuperar la normalidad institucional del CGPJ y del servicio público de justicia. La Constitución nos lo pide y la ciudadanía nos lo demanda.

-Los operadores jurídicos siguen reclamando un Pacto de Estado sobre este servicio público esencial. ¿Lo considera necesario? ¿Lo cree posible?

El diálogo es mi método habitual de trabajo. No concibo la política como una toma de decisiones individuales. La deliberación colectiva y el intercambio de opiniones debe ser la norma y no la excepción de los servidores públicos. Así lo he puesto en práctica desde que tomé posesión de mi cargo como Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. En pocas semanas me he reunido con el presidente por suplencia del CGPJ; con el presidente del Tribunal Supremo; con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, y con el presidente de la Audiencia Nacional. Mi propósito es seguir manteniendo encuentros con todos los operadores: judicatura, fiscalía, abogacía, procuradores, registradores, funcionariado, asociaciones, colegios y sindicatos profesionales y, por supuesto, notariado.

Con esta norma haré todo lo que esté en mi mano para tender puentes y llegar a acuerdos beneficiosos para todos. El primer gran acuerdo de Estado ha de ser la renovación del CGPJ y superar así una crisis institucional que afecta a uno de los poderes del Estado: el judicial.

-¿Será la recuperación de las leyes de eficiencia procesal y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal una prioridad del Gobierno?

Ya hemos aprobado gran parte de dichas iniciativas. Algunas medidas de carácter procesal ya se incorporaron en la legislatura pasada, en textos como el Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio. Y esta semana hemos dado un paso de gigante con la convalidación del RDL 6/2023, que es un hito importante para el servicio público de la justicia, porque conseguirá que la justicia española, esté, por fin, en el s. XXI, con todo lo que esto significa.

Ahora el reto es sacar adelante la Ley orgánica de eficiencia organizativa, con iniciativas como la incorporación de los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional.

«EL MINISTERIO CONOCE LA EXTRAORDINARIA COLABORACIÓN DEL NOTARIADO A TRAVÉS DEL ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO»

-El Notariado siempre ha colaborado con el Ministerio de Justicia en las políticas que este implementa. ¿Hay algún campo que su ministerio piensa desarrollar en el que el Notariado pudiera ser útil?

Al comienzo efectivo de la legislatura se analizan proyectos tanto legislativos como reglamentarios. El Notariado, en el ámbito de las actividades que se le encomiendan, siempre ha sido un apoyo firme para este ministerio, por su disposición de cumplimiento, su alta preparación y su red urbana y rural con implementación efectiva en todo el territorio nacional, siempre arraigado en las distintas comunidades autónomas.

Este Gobierno conoce y valora la función notarial y cuenta con ella en la implementación de sus políticas. La altísima cualificación jurídica y profesional de los notarios y notarias de nuestro país es una garantía para el Estado de derecho y la seguridad jurídica en España.

-A pesar de los incuestionables avances de los últimos años en materia de digitalización, la Administración de Justicia está lejos en esta materia de la realidad de otros servicios públicos. ¿Se conseguirá un salto significativo en esta legislatura?

Si vemos el ranking europeo elaborado por la Comisión, EU Justice Scoreboard 2023, en el ámbito de la digitalización, España se mantiene en los puestos de liderazgo en todos los ámbitos estudiados, casi siempre en las primeras cinco posiciones de los Estados miembros, situando a España muy por encima de la media de la Unión Europea.

Esto nos permite liderar proyectos en la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa (CEPEJ), que ha puesto como ejemplo nuestro proyecto de Ley de Eficiencia Digital, que ya esa una ley en vigor gracias al RDL 6/2023.

Además de la iniciativa Carpeta Justicia, que he mencionado antes, también quiero destacar la implantación del nuevo modelo de Registro Civil, con la puesta en marcha de la plataforma digital DICIREG, que establece como novedad la creación de un registro electrónico y único en toda España, centrado en las personas y elaborando un folio personal único con el historial de cada individuo.

Esta nueva visión del Registro Civil y su proceso de digitalización permite además la interoperabilidad con otros operadores (hospitales, notarías, órganos judiciales…) lo que supondrá una mejora sustancial y definitiva en el proceso de digitalización del Servicio Público de Justicia.

A la UE y al gobierno español le preocupa y ocupa la lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. ¿Seguirá siendo una prioridad del Gobierno?

La lucha contra el blanqueo de capitales y otros graves delitos financieros, es una prioridad internacional, europea y por supuesto de la Administración española.

El Ministerio conoce la extraordinaria colaboración del Notariado a través del Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado, que es una pieza esencial en el funcionamiento del Registro Central de Titularidades Reales, con sede en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, mediante el suministro al citado registro de datos fiables sobre los verdaderos titulares personas físicas de las sociedades.

La localización de la sede de la Autoridad Europea de Prevención de Blanqueo (AMLA) sin duda tendrá en cuenta la alta calidad preventiva de las autoridades y profesionales españoles, en la que es pieza de gran importancia la OCP.

Lleva usted un año y medio como director del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), pero acumula una mucho más larga trayectoria profesional en el mismo. ¿Cómo ha sido la evolución de la institución en este periodo?

En este periodo al frente de Incibe hemos tenido que hacer frente a dos retos principales: por un lado, cumplir con los compromisos adquiridos en la Agenda España Digital 2026, donde la ciberseguridad obtuvo una financiación «muy importante» que permitió acelerar el lanzamiento de convocatorias públicas y, por otro, reestructurar la organización con la ampliación de la plantilla, que ha sumado 32 personas en este período para cumplir con las demandas de las directivas comunitarias.

Actualmente, desde Incibe estamos centrados en tres vectores principales, entre ellos, el crecimiento exponencial de los incidentes relacionados con la seguridad online, un ámbito en el que están incrementando los sistemas de detección proactiva para corregir los riesgos antes que se efectúe el posible ataque.

A este se suma los ciberataques dirigidos, especialmente, contra los colectivos más vulnerables, donde se incluye el fraude online, pero también los que afectan a menores. Los datos del último año alcanzan casi los 400.000 delitos de este tipo. Por ello, hemos acelerado el despliegue de mecanismos de trabajo conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LOS CIBERDELINCUENTES HAN ACAPARADO PROTAGONISMO, CON UN INCREMENTO EN EL NÚMERO DE ESTAFAS, FRAUDES Y DELITOS”

¿Y de cara al futuro?

Los próximos años serán claves para el ámbito académico de la seguridad online. Acabamos de lanzar una primera tanda de 15 cátedras centradas en la ciberseguridad en universidades españolas y más de 50 proyectos estratégicos con los que se espera formar una nueva generación de investigadores que cubran las necesidades existentes.

A la par hemos empezado la ejecución de más de 120 proyectos de I+D+i con empresas mediante el programa de Compra Pública Innovadora, lo que va a permitir que las pymes puedan adentrarse en este ecosistema, desarrollando nuevas soluciones.

“QUE UNA EMPRESA ESTÉ PROTEGIDA EN INTERNET NO ES UNA VENTAJA, ES IMPRESCINDIBLE”

Recientemente hemos conocido que España es el tercer país del mundo que más ciberataques recibe. ¿A qué cree que se debe?

Efectivamente, España ha alcanzado el tercer país a nivel mundial en materia de ciberataques, después de haber sufrido más de 375.000 delitos a través de internet o mediante herramientas digitales. Así se advierte en un reciente estudio publicado por Deloitte donde casi el 90% fueron fraudes o estafas informáticas durante 2022. El número de ciberdelitos del pasado año supuso un incremento de un 72% respecto a los datos de 2019, el último año de normalidad antes de la pandemia y sus restricciones.

El cibercrimen ha alcanzado niveles inéditos: 90 millones de ataques anuales que cuestan 10,5 billones de euros, una cifra muy superior a los 3.000 millones de dólares de hace una década o a los 6.000 millones de 2021.

En los últimos años, los ciberdelincuentes han acaparado protagonismo, con un incremento en el número de estafas, fraudes y delitos. La cibercriminalidad en España no hace más que crecer mientras baja la delincuencia convencional. Uno de cada cinco delitos en España se comete en la red, y todo indica que generará 150.000 denuncias en 2025.

Incibe gestionó en 2022 más de 118.000 incidentes de ciberseguridad, de los cuales 110.100 afectaron a ciudadanos y empresas. Cabe destacar que 1 de cada 3 fueron una filtración de datos (sensibles, protegidos o confidenciales que son robados por una persona no autorizada); y 2 de cada 5 fueron vulnerabilidades de sistemas tecnológicos (debilidad de un sistema que puede poner en riesgo su seguridad).

Asimismo, el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’ atendió más de 67.000 consultas en 2022. Entre las más frecuentes, relativas a empresas, destacan el phishing, smishing o extorsión (20,8%), el business email compromise, BEC, o del fraude del CEO (15,3%).

¿Son las empresas españolas conscientes de la importancia de la ciberseguridad?

La ciberseguridad es vital, ahora más que nunca. Todos utilizamos software a diario y la conectividad de datos e información es gigante y universal. Por eso, que una empresa esté protegida en internet no es una ventaja, sino que es imprescindible. Si la información que recoge una compañía se ve atacada, afectará a su funcionamiento, su estabilidad económica y a los empleados. El ciberdelito existe, y no siempre el tejido empresarial es consciente de lo que supondría ser víctima de un ciberataque.

Una organización debe realizar una evaluación de riesgos, desarrollar planes de seguridad y respuesta a incidentes, capacitar a los empleados, implementar medidas de seguridad, realizar pruebas y simulaciones, y considerar la colaboración con expertos externos.

Incibe-CERT es uno de los equipos de respuesta de referencia ante incidentes que se coordina con el resto de los equipos nacionales e internacionales para mejorar la eficacia en la lucha contra los delitos que involucran a las redes y sistemas de información, reduciendo sus efectos en la seguridad pública.

Durante el año 2022, los equipos de Incibe-CERT han gestionado casi 119.00 incidentes, concretamente 118.820. Es decir, un 9% más que en el año previo. Del total de esta cifra, más de 110.100 de los incidentes afectaron a ciudadanos y empresas, 546 a operadores estratégicos (desglosados por porcentajes en cada sector: energía 30,4%; sistema financiero y tributario 25,3%; agua 17,2%; transporte 17,2%) y casi 8.000 a la Red Académica y de Investigación Española (RedIRIS).

«LA ‘CIBERSEGURIDAD’ NO DEBE NUNCA ENTENDERSE COMO UN COSTE, SINO COMO UNA INVERSIÓN EMPRESARIAL INELUDIBLE»

¿Cuáles son los retos que se plantean en política de ciberseguridad en la protección de los sectores estratégicos?

La demanda de profesionales cualificados en ciberseguridad es una realidad. Según el ‘Análisis y Diagnóstico del Talento en Ciberseguridad’, realizado desde Incibe y ONTSI, la cifra de profesionales que buscaban empleo en ciberseguridad en 2021 ascendía a 39.072 y la previsión es que se incrementen hasta los 42.283 en 2024. Del mismo modo, el número de profesionales necesarios en ciberseguridad se elevaba a 63.191 empleos, mientras que en 2024 superará los 83.000.

Estas cifras reflejan la urgente necesidad de contar con personas formadas en este sector, y nos hacen ver que hemos de recorrer aún un largo camino en el que no solo hemos de seguir mejorando, sino también debemos lograr que se incorporen a esta senda aquellas empresas que aún no han dado este paso tan importante. Estamos hablando de un cambio prioritario si queremos garantizar la viabilidad y el correcto funcionamiento de todas las empresas, independientemente de su tamaño y su sector.

Por estas razones, la ciberseguridad no debe nunca entenderse como un coste, sino como una inversión empresarial ineludible, basada en la prevención.

¿El actual marco regulatorio de la ciberseguridad es suficiente o necesita alguna ampliación o reforma?

En España el marco regulatorio de la ciberseguridad se ha desarrollado en los últimos años. El Real Decreto 43/2021, que desarrolla numerosos aspectos del Real Decreto-ley 12/2018 de seguridad de las redes y sistemas de información, es la principal norma referida a cuestiones de ciberseguridad en España. Además, también contamos con la Ley NIS (Ley 8/2011), que establece medidas para garantizar un nivel adecuado y homogéneo de seguridad de las redes y sistemas de información en toda la Unión Europea.

Por otro lado, el pasado 15 de septiembre de 2022, la Comisión Europea presentó una propuesta innovadora a nivel mundial para mejorar la seguridad de los dispositivos a nivel de hardware y software, frente al masivo ataque que está sucediendo sin precedentes, tanto a nivel corporativo como doméstico, con los dispositivos digitales.

Esto ha sido fomentado por el aumento del teletrabajo, del número de dispositivos conectados, de la consolidación tecnológica y la mayor digitalización en sectores más tradicionales. Factores que suponen un avance, tanto a nivel social, como económico, pero que generan un aumento de riesgo ciber muy difícil de anticipar, mitigar y minimizar. La superficie de ataque aumenta y es necesario proteger los ecosistemas IoT emergentes, así como más casuísticas que se han identificado en los últimos dos años que están utilizando las organizaciones cibercriminales a raíz de esta nueva arquitectura que se genera con diferentes capas tecnológicas, en diferentes etapas del ciclo de vida del producto, nuevas vulnerabilidades y tipos de ataque.

La Ley de Ciberresiliencia europea (The Cyber Resilience Act – CRA), nace con el objetivo de proteger a usuarios y empresas de productos con características digitales (dispositivos del ecosistema del Internet de las Cosas, IoT) que no cumplan con los requisitos de ciberseguridad.

La ciberseguridad es un campo en constante evolución y los marcos regulatorios deben adaptarse a los cambios tecnológicos y a las nuevas amenazas.

El Notariado es una pieza clave en la seguridad jurídica. ¿Cree que tiene un papel relevante en la protección de las empresas?

El Notariado desempeña un papel esencial en la seguridad jurídica de las empresas al garantizar que los actos y documentos legales se ajusten a la ley y sean válidos. Su labor ayuda a prevenir fraudes, facilita la resolución de disputas y brinda confianza a las empresas en sus transacciones legales.

El Notariado siempre se ha mostrado muy preocupado y comprometido con la ciberseguridad, siento el cuarto organismo de la Organización General del Estado en alcanzar la certificación que reconoce el nivel alto de seguridad de sus sistemas, servicios, bases de datos, plataformas, portales…

Aunque la implementación de la tecnología en el ámbito jurídico notarial presenta muchas oportunidades, también plantea desafíos importantes en términos de ciberseguridad. La seguridad y la privacidad de los datos son una preocupación importante, ya que los documentos notariales contienen información confidencial y privada. Por eso, el notariado ha mostrado su compromiso total.

En este sentido, hay que asegurarse de que la tecnología utilizada para autenticar y procesar los documentos sea segura y esté protegida contra posibles ciberataques, ya que estos podrían comprometer la privacidad y la seguridad de los datos.

–Es usted un referente internacional para las personas con discapacidad. ¿Cuánto camino queda por recorrer para lograr la igualdad?

–Considero que falta bastante por hacer en muchos países, toda vez que no hay siquiera una modificación o reforma legal de los asuntos que tienen que ver con la capacidad jurídica en muchos de ellos. España ya inició este camino con la Ley 8/2021, derogando con ella las declaraciones de incapacidad y garantizando que las personas que lo requieran puedan contar con apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica, con las salvaguardias que sean necesarias.

No me cabe duda de que esta modificación legal, por un lado, va a ser una buena llamada de atención hacia aquellos países que todavía no han iniciado un proceso de cambio o que si bien trataron de iniciarlo ha quedado paralizado.

En algunos países de América Latina como Argentina, Perú, Colombia, México o Costa Rica también se está trabajando en esta dirección de reformas jurídicas tendente a reconocer capacidad jurídica plena a las personas con discapacidad.

La Alianza Apoyo y Autonomía que forman Fundación Æquitas, Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) impulsará la toma de conciencia sobre este asunto, conectando a las personas con discapacidad, sus familias, a la sociedad, al sector público, al sector privado, a los operadores judiciales y a otros de distintos ámbitos de la Administración del Estado. Esto permitirá a España avanzar rápidamente en esta dirección.

«LA LEY 8/202 PERMITIRÁ A ESPAÑA AVANZAR RÁPIDAMENTE EN LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»

–Ha sido la primera mujer en presidir el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. ¿Qué labor se realiza desde la institución?

–Este mecanismo, que ya funciona desde hace años, adopta decisiones que van marcando una línea jurídica que ha sido utilizada para denuncias de personas o grupos de personas.

Ha implicado una transformación importante de todo el sistema internacional de promoción y protección de los Derechos Humanos. Esa jurisprudencia se debe transversalizar hacia los órganos de tratados de otras convenciones internacionales.

«HAY MUCHAS BARRERAS QUE SE DUPLICAN, SE TRIPLICAN Y MULTIPLICAN PARA LAS NIÑAS Y MUJERES CON DISCAPACIDAD»

Hay que tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, que tiene cinco ejes vinculados a personas con discapacidad, además de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyos indicadores también tienen que ver con las personas con discapacidad.

Las sinergias y la interacción entre la Convención y la Agenda 2030 es sumamente importante y esta se visibiliza mediante el trabajo de la sociedad civil.

En la Asamblea General de la ONU, prácticamente todos los años hay resoluciones que tienen que ver con las personas con discapacidad. Sus derechos no son una isla dentro de los derechos humanos, sino un estándar integrado que cruza todo el entramado jurídico, social, político y de desarrollo dentro de Naciones Unidas.

–Es abogada. ¿Cómo es el ejercicio del derecho para una persona que como usted tiene discapacidad visual?

–Empecé a estudiar Derecho porque mi principal valor en la vida es la Justicia. Mientras cursaba mi carrera estaba en pleno desarrollo de una discapacidad visual. Jamás me cuestioné no seguir estudiando. Lo hice con dificultad ya que entonces la tecnología para facilitar el estudio estaba mucho menos avanzada que hoy.

Animo a los jóvenes que tienen vocación por el derecho a que sigan ese sueño. Hoy la tecnología y los protocolos legales juegan a su favor para que puedan hacerlo y luchar también por lo que consideren justo y se adecúe a sus valores.

–La American Bar Association (ABA) la reconoció recientemente con el Premio Internacional de los Derechos Humanos, que se suma a otros muchos recibidos. ¿Qué suponen para usted estos reconocimientos?

–Que el Colegio de Abogados más grande del mundo me otorgue un galardón, como también haber recibido el Premio Nacional de Derechos Humanos en mi país, ha significado un reconocimiento que, creo, no es exclusivo a mi persona.

Significa visibilizar aquellas áreas del derecho que han estado más ocultas y eso representa un cambio trascendental en la mirada de los juristas internacionalmente que se dirige a los Derechos Humanos, no desde una perspectiva caritativa, ni médico asistencialista con las personas con discapacidad. Por esto, he acuñado la frase: estamos en la era de los derechos y no de los favores. Creo que esos reconocimientos abren la puerta a considerar que personas con discapacidad y sus derechos son Derechos Humanos.

«ESTOY TOTALMENTE CONVENCIDA DE QUE LA ALIANZA CERMI, ONCE Y ÆQUITAS ES DE UNA POTENCIA GIGANTE»

–¿Necesitan las niñas y mujeres con discapacidad una atención singular?

–Las niñas con discapacidad tienen una menor inclusión en la escuela que los niños en la misma situación. También el acceso a la educación superior es mucho menor para ellas. Aún es más duro pensar en la inclusión laboral, en la formación de la familia, en tener hijos. Hay muchas barreras que se duplican, se triplican y multiplican para las niñas y mujeres con discapacidad.

He denunciado esta situación recientemente en las Naciones Unidas. ONU Mujeres califica en 300 años de distancia de la igualdad real entre hombres y mujeres y yo me pregunto: ¿y las mujeres con discapacidad estaremos a 600 años de distancia? Es muy importante que los movimientos feministas incorporen en sus áreas de trabajo la inclusión social, política y económica de las mujeres y niñas con discapacidad y también las incorporen en sus mesas directivas. La mujer con discapacidad tiene las mismas capacidades, las mismas potencialidades, que cualquier otra mujer.

Debe eliminarse la discriminación múltiple que experimentan las mujeres con discapacidad y los Estados deben tomar medidas para el desarrollo, adelanto y potenciación de las personas con discapacidad, pero también del sector de mujeres. Esto está totalmente cruzado.

–¿Las personas con discapacidad sufren de manera especial la discriminación en el ámbito laboral?

–Debo reconocer que, en general, las empresas en distintas partes del mundo no tienen interiorizada la realidad de las personas con discapacidad. Incluso cuando se establecen leyes de cuota para la inclusión laboral, esta no se cumple exactamente. Y cuando la alternativa es pagar una multa en lugar de la inclusión, a veces se prefiere pagar esa multa. Para las empresas es una oportunidad incorporar personas con discapacidad. El nivel y la calidad que puede tener una compañía dirigida o gestionada por trabajadores con discapacidad es el mismo que el de otras.

–Visita España con ocasión de la presentación de la Alianza Apoyo y Autonomía formada por CERMI, Fundación ONCE y Fundación Æquitas. ¿Qué valor tiene el trabajo conjunto de las organizaciones que trabajan en la discapacidad?

–Estoy totalmente convencida de que la alianza CERMI, ONCE y Æquitas es de una potencia gigante. No puedo dejar de felicitar a los notarios que han creado la Fundación Æquitas desde el Consejo General del Notariado de España, como muestra de su compromiso con la sociedad en la que viven y que toman como propias las causas de discapacidad.

Siento que con la participación de Æquitas se cubre un sector amplio de todo lo que es la Administración de Justicia: jueces, fiscales, defensores, etcétera además por supuesto de los notarios.

La mirada del notario es una mirada jurídica que tiene que ver con el ejercicio práctico en el que va a tener que enfrentarse con casos relativos a la capacidad jurídica de las personas. La Alianza Apoyo y Autonomía es de gran importancia para la aplicación de la Ley 8/2021 y va a ser fundamental, para su aplicación y para su perfección, si es necesaria en el futuro. Sin duda esta Alianza es potentísima.

–La seguridad jurídica toma, si cabe, más valor en lo que se refiere a las personas con discapacidad. ¿Es importante el trabajo de los notarios como garantes de los derechos a la plena capacidad jurídica de estas personas?

–Es muy importante el trabajo que hacen los notarios en los actos y contratos que realizan las personas. Creo que el Consejo General del Notariado está convencido de ponerse al servicio de las personas con discapacidad.

«LOS NOTARIOS ESTÁN PLENAMENTE COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD»

España muestra claramente que se puede modificar la legislación sustantiva y procesal para hacer crecer en derechos a las personas con discapacidad y hacerlas avanzar hacia la igualdad real. Y los notarios son imprescindibles para que se apliquen las nuevas normas de forma efectiva.

–Lleva usted casi dos años presidiendo el Consejo Económico y Social. ¿Cómo valora este periodo?

–Lo definiría como un periodo apasionante. Estos dos años han coincidido con dos circunstancias extraordinarias. Por un lado, con una concatenación de calamidades (pandemia, guerra, inflación) que ha llevado a los gobiernos (español y europeo) a cambiar la forma de enfrentarse a las recesiones, aplicando medidas rápidas, eficaces y, en algunos casos, muy innovadoras.

Por otro, los nuevos fondos europeos asignados a España, tanto los orientados a hacer frente al desempleo (SURE), como especialmente los orientados a la transformación de la economía (NGUE), han conllevado la necesidad de elaborar y llevar a cabo un ambicioso programa de reformas económicas, sociales y administrativas.

Estas reformas han significado para el CES una actividad frenética mediante la elaboración y emisión de dictámenes sobre la mayoría de esos proyectos de reformas y nuevas políticas. Una actividad adicional a la de la elaboración de informes y las memorias anuales.

«LOS BANQUEROS CENTRALES TIENEN QUE APRENDER DE LOS CIRUJANOS A HACER CIRUGÍA SIN DOLOR»

–El CES tiene ya más de 30 años de vida como órgano consultivo del gobierno en materia socioeconómica y laboral. ¿Cuál ha sido su mayor logro?

–El mayor logro es la institucionalización del diálogo social permanente como instrumento facilitador, por un lado, de acuerdos sociales frente a los grandes retos y, por otro, de mejora de la calidad del proceso legislativo mediante la emisión de dictámenes sobre toda la actividad prelegislativa del gobierno en
materia económica, laboral y social.

El CES es un organismo autónomo que forma parte de la alta administración consultiva del Estado. Su creación estaba ya prevista en la Constitución, pero el debate político sobre la conveniencia de su creación tuvo lugar con cierto retraso, a principios de los años 90.

El motivo que impulsó su creación en 1991 fue el clima de conflicto laboral y social posterior a la primera huelga general de la democracia, en diciembre de 1988. Esas circunstancias pusieron en valor la necesidad de favorecer el diálogo social y el consenso mediante una institución en la que estuvieran representados los grandes agentes sociales que se mueven alrededor de la actividad económica. Creo que en estos más de treinta años el CES ha desarrollado con eficacia su labor.

–En tiempos crispados como los que están asentados en la vida pública actual, ¿cómo se vive el día a día en un órgano que reúne intereses dispares como los de la patronal, los sindicatos, las organizaciones del tercer sector, etc.?

–A lo largo de estas tres décadas se ha creado en el CES una cultura interna de búsqueda de consenso que facilita el día a día de la actividad de una institución cuya composición del Pleno es realmente compleja.

Esta cultura de consenso es como, por decirlo así, un ejercicio de yoga para practicar el diálogo social: escuchar, exponer y acordar, tanto aquello en lo que hay acuerdo como en aquellas cuestiones en las que se acuerda que no hay consenso.

Este diálogo social institucionalizado que se practica en el CES anticipa en muchos casos lo que ocurre después en el diálogo social, tanto bipartito entre sindicatos y patronales como tripartito con los gobiernos.

«LOS NUEVOS FONDOS EUROPEOS ASIGNADOS A ESPAÑA HAN CONLLEVADO LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO UN AMBICIOSO PROGRAMA DE REFORMAS»

–¿Se valora lo suficiente la contribución de los agentes sociales al desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho que establece la Constitución o han visto devaluado su papel con los años?

–La contribución de los agentes sociales al desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho que establece el artículo 1 de la Constitución Española ha sido, por lo que he dicho más arriba, muy relevante. Pero quizá su conocimiento y reconocimiento por parte de los ciudadanos no sea el debido y merecido.

Esa contribución se inició con la firma de los llamados «Acuerdos de la Moncloa», a principios del año 1977, en plena transición del franquismo a la democracia. En esos acuerdos, que precedieron a la elaboración de la Constitución, el papel de los agentes sociales fue determinante.

Viniendo al presente, imaginemos cuáles hubiesen sido las consecuencias de la concatenación de calamidades que estamos sufriendo desde 2020 sin la contribución de los catorce grandes acuerdos que han firmado los agentes sociales en estos años, y que incluyen los ERTE, la reforma laboral pactapactada o el reciente Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Tengo la convicción de que esta capacidad de acordar de los agentes sociales es una contribución fundamental al fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

«UNA INFLACIÓN QUE VIENE POR EL LADO DE LA OFERTA NO SE PUEDE CURAR CON ELEVACIONES EXCESIVAS DE TIPOS DE INTERÉS QUE PUEDAN PROVOCAR UNA RECESIÓN»

–Usted es economista de formación. ¿Qué perspectivas hay para la economía global en un mundo tan cambiante y con tantos intereses contrapuestos?

–Aunque pueda parecer contradictorio, los momentos malos pueden acabar trayendo lo bueno. Sucedió así hace aproximadamente un siglo cuando después de dos guerras mundiales y una gran crisis, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, cuando se podía pensar que todo iría a peor, se fue capaz de construir un nuevo contrato social que repartió las tareas (gobernanza de la economía, educación, protección, desempleo, sanidad y pensiones públicas) entre el mercado, el Estado y la sociedad dando lugar a lo que se ha llamado el Estado de Bienestar.

Ese contrato social trajo los llamados «Treinta Gloriosos», los años 50, 60 y 70 en los que todo mejoró. Se logró construir un orden económico internacional efectivo; un capitalismo democrático e inclusivo trajo las grandes clases medias y una
sociedad más justa.

Por qué no pensar que después de varias décadas en las que esos logros se debilitaron no podamos ahora ser capaces de crear un nuevo contrato social para el siglo XXI, aprovechando precisamente que lo malo de estos momentos puede acabar trayendo lo bueno.

–Usted ha advertido que combatir la inflación sólo con subida de tipos es como practicar cirugía sin anestésicos. ¿En qué se basa para sostener este planteamiento?

–Los bancos centrales utilizan un libro de recetas de política que pertenece a una época pasada. En ese libro se dicen dos cosas. Que una inflación sólo se puede curar con una recesión, para lo cual los banqueros centrales están dispuestos a elevar
los tipos de interés hasta llegar a provocar una recesión. Además, en ese libro también se dice que curar una inflación sólo se puede hacer provocando dolor social.

Cuando hablan de dolor no lo dicen, pero se refieren al dolor de una parte de la sociedad, normalmente la más débil. Como profesionales, los banqueros centrales tienen que aprender de los cirujanos a hacer cirugía sin dolor. Creo que una inflación que viene por el lado de la oferta no se puede curar con elevaciones excesivas de tipos de interés que puedan provocar una nueva recesión. Hay que utilizar otros instrumentos como la política de competencia y los acuerdos sociales, como el que se acaba de firmar en España entre los grandes sindicatos y las grandes patronales (AENC).

En la medida en que la inflación está remitiendo de forma rápida, espero que los banqueros centrales no se empeñen en querer lograr a cualquier coste el objetivo del 2% de inflación que está su libro de recetas.

–¿Qué rol debe jugar el sistema financiero y bancario en el nuevo contrato social que usted defiende?

–Un buen contrato social ha de responder a una pregunta fundamental: ¿quién se ha de encargar de que en una sociedad liberal con economía de mercado la vida pueda transcurrir de forma armoniosa y eficiente?

En este contrato social el sistema financiero y bancario tiene la doble tarea de financiar de forma eficiente y responsable las actividades de las empresas y las familias, a la vez que la de retribuir de forma justa el ahorro de las familias. Y debe hacer esta doble tarea de forma responsable, de acuerdo con el viejo principio del buen capitalismo: hacerlo a «riesgo y ventura».

–¿La seguridad jurídica –de la que el Notariado es protagonista– goza de buena salud en España?

–España clasifica bien en el epígrafe de seguridad jurídica preventiva en los rankings internacionales más prestigiosos que miden y comparan la calidad democrática y de gobierno. Pienso que este es el indicador objetivo que debemos tener en cuenta y no dejarnos influir por percepciones erróneas que puedan generar casos puntuales.

«LOS NOTARIOS DESARROLLAN BIEN ESTA TAREA FUNDAMENTAL DE DAR CONFIANZA A LOS CONTRATOS MERCANTILES Y A LA EFICIENCIA DE LA ECONOMÍA»

–¿Cómo pueden contribuir los notarios con su experiencia en la vigilancia y regulación de las relaciones comerciales y las inversiones a la solidez de la economía?

–Una de las funciones primordiales de los notarios es dotar de confianza y certeza, mediante seguridad jurídica, a las partes involucradas en las transacciones mercantiles que intermedian, previniendo fraudes.

La confianza es un activo esencial para el buen funcionamiento de la economía; entre otros beneficios, disminuye los llamados “costes de transacción” de todas las transacciones y contratos. Pienso que los notarios desarrollan bien esta tarea fundamental de dar confianza a los contratos mercantiles y a la eficiencia de la economía.

Después de más de un año como Defensor del Pueblo, pero toda una vida dedicada al servicio público en diferentes ámbitos, ¿qué ha supuesto para usted desempeñar esta responsabilidad?

Ser Defensor del Pueblo no es tarea para una labor diletante de alguien aislado, encerrado en sus opiniones y preferencias. Se trata de atender, casi de conversar. Es una oportunidad única de trabajar por los derechos fundamentales, de ser la voz de los más vulnerables y de crear condiciones para que se les escuche. Como dije en el discurso de toma de posesión, uno de mis objetivos principales en el desempeño de esta labor es poner a la institución también al servicio de aquellos que no tienen ni siquiera voz, a los que no llegan ni a quejarse. No estamos aquí para describir lo que pasa sin más, ni somos cronistas de la actualidad. Estamos aquí para dirigirnos a quienes tienen la capacidad, el poder y la responsabilidad de implementar medidas que mejoren la situación los ciudadanos que nos trasladan sus problemas mediante sus quejas.

Mi compromiso es trabajar con ecuanimidad, con rigor, con eficacia y con independencia y, como la Ley señala, sin estar sujeto a mandato imperativo alguno, en defensa de los derechos reconocidos en el Título I de la Constitución.

«LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS HAN INSISTIDO CON SUS QUEJAS EN QUE LAS ADMINISTRACIONES DEBEN REFORZAR LA SANIDAD Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES»

En su toma de posesión se comprometió a continuar con “el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, la buena administración y la protección y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. ¿Puede hacer un balance de su actividad en estos campos durante lo que lleva de mandato?

Acabamos de presentar el Informe de la actividad de la institución en 2022 en el que damos cuenta de los 31.452 expedientes que hemos tramitado en este ejercicio que han dado lugar a más de 2.498 resoluciones dirigidas a las diferentes administraciones. En este informe se pueden encontrar múltiples ejemplos de nuestra labor en la defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los ciudadanos y ciudadanas han insistido con sus quejas, entre otras cosas, en que las administraciones deben reforzar la sanidad y los servicios públicos esenciales por ser éstos fundamentales en un estado de derecho robusto, justo y solidario. Supervisar es, por tanto, también impulsar y mostrar públicamente lo que cabe mejorar, así como hacer recomendaciones para lograrlo. Y en eso estamos.

Es un clamor la necesidad de reforzar la atención presencial en múltiples servicios públicos como la sanidad, la Seguridad Social o los registros civiles, entre otros, y ha de hacerse un enorme esfuerzo al respecto.

El pasado año la Institución cumplió 40 años. ¿Cuál ha sido en este periodo la contribución del Defensor del Pueblo a la democracia española?

En estas cuatro décadas de historia, la institución ha recibido casi un millón de quejas de los ciudadanos y ha iniciado 7.598 actuaciones de oficio. Además, se han dirigido a las diferentes administraciones 20.465 resoluciones (8.605 recomendaciones y 11.860 sugerencias). Los asuntos que más han preocupado a los ciudadanos en estas cuatro décadas han estado relacionados con la atención sanitaria, la seguridad social, el empleo, la educación, los servicios públicos esenciales, las dilaciones judiciales, la vivienda o los impuestos.

El Defensor del Pueblo ha sido pionero en abrir debates de especial interés ciudadano y muchas de sus recomendaciones han provocado cambios legislativos y mejoras en la aplicación de los derechos fundamentales.

Su nombramiento fue aprobado por las Cámaras con una mayoría superior a los 3/5 exigidos. Uno de los pocos consensos logrados en esta legislatura. ¿A qué atribuye haber podido conciliar tanto respaldo en un escenario político tan polarizado?

A lo largo de mi vida pública siempre he intentado huir de la crispación. Nunca he visto a mis oponentes como enemigos a batir, sino como contrincantes para convencer y compartir desafíos. Las pasiones aisladas se oponen a la razón y yo prefiero trabajar desde la razón, con pasión, desde la colaboración, y desde el servicio a los ciudadanos. Siempre he buscado el consenso y la integración. Y ser Defensor radica en lo que significa serlo del pueblo, sin exclusiones, en el sentido más pleno de esta palabra. Igual todo esto tuvo que ver con el respaldo obtenido.

¿Colaboran todas las administraciones con diligencia cuando se les requiere información? ¿Hay alguna más reacia a facilitar su función?

El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, obliga a que las administraciones contesten a la institución sobre la información que precisa para sus actuaciones. Pero la contestación ofrecida no siempre es inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones.

En estos supuestos, la Ley faculta al Defensor del Pueblo para declarar al órgano o unidad administrativa concernida de «hostil o entorpecedora de sus funciones» y, además, ponerlo en conocimiento de las Cortes Generales. De hecho, todos los informes anuales del Defensor del Pueblo incluyen un apartado específico para señalar a estas administraciones que no colaboran. Además, también publicamos este listado en nuestra página web (www.defensordelpueblo.es).

«MUCHOS CIUDADANOS HAN INVERTIDO SUS AHORROS EN CRIPTOMONEDAS Y HAN ACABADO PERDIENDO TODO LO INVERTIDO»

Las administraciones que aparecen reflejadas suelen ser con frecuencia ayuntamientos e incluso entidades locales pequeñas. Somos conscientes de las carencias y la falta de medios materiales y humanos de algunos municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar la información requerida. Pero ello no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo, desde su posición y con sus razones. Si argumentan que carecen de medios para dar respuesta, nosotros lo haremos constar en nuestro Informe anual.

Hace unos meses denunció que “no hacemos lo suficiente por quienes están en situación de vulnerabilidad”. La subida de los tipos de interés, la elevada inflación la enrevesada burocracia en la concesión de ayudas están abocando a todavía más personas a esa vulnerabilidad. ¿Qué hacer?

Como se puede ver en Informe correspondiente a 2022, publicado recientemente, la institución Defensor del Pueblo permanece muy atenta a todas las ayudas y prestaciones que conforman el denominado “escudo social” y cuyo fin es proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

En nuestra opinión, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es la herramienta fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y por ello, llevamos tiempo realizando recomendaciones para mejorar su aplicación. El objetivo tiene que ser consolidar un sistema estatal de garantía de ingresos, estable y mejorado progresivamente, que articule bien la acción de todas las Administraciones Públicas en su deber de asistencia dé una justa respuesta al derecho a la protección social de las personas en situación vulnerable.

Por otra parte, también hemos señalado la necesidad de implementar políticas públicas para incrementar la cobertura del sistema de becas y ayudas de comedor, ajustando la partida presupuestaria a las necesidades sociales y económicas existentes en cada momento, y tomando como referencia la tasa de riesgo de pobreza infantil.

Otros ejemplos de nuestras actuaciones en este campo es la recomendación para que el IRPF recoja la exención de las ayudas estatales de carácter social que perciben los colectivos en riesgo de exclusión, como el bono social térmico, y las acciones realizadas para evitar la exclusión financiera de colectivos especialmente vulnerables.

«A LO LARGO DE MI VIDA PÚBLICA SIEMPRE HE INTENTADO HUIR DE LA CRISPACIÓN. LAS PASIONES AISLADAS SE OPONEN A LA RAZÓN Y YO PREFIERO TRABAJAR DESDE LA RAZÓN»

El Defensor del Pueblo siempre ha tenido un especial interés por la situación de las prisiones y la política penitenciaria. ¿En qué situación estamos actualmente?

La institución Defensor del Pueblo ha de velar por el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, recordando que, si bien han perdido la libertad en razón del delito cometido, son poseedores de todos los derechos establecidos en la Ley Penitenciaria, su reglamento y otras normativas. Tramitamos sus quejas y visitamos los centros penitenciarios para conocer, de primera mano, la situación de la plantilla que trabaja en los mismos y de las personas privadas de libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El Defensor del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de España, lleva a cabo visitas periódicas a esos lugares. En 2022 el MNP realizó 62 actas de visitas, que dieron lugar a 795 resoluciones.

Las 795 resoluciones emitidas por el MNP abordan algunas carencias en las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, y, entre otros asuntos, la necesidad de mejorar la asistencia sanitaria en dichos centros.

En los últimos años ha habido mejoras en los centros penitenciarios españoles tanto en lo referido a instalaciones como a las condiciones de vida de los internos. La Administración penitenciaria ha aceptado las recomendaciones de la institución relativas a videoconferencias, reconocimientos médicos o cumplimiento de sanciones. No obstante, siempre detectamos asuntos susceptibles de mejorar, por ejemplo, este año hemos insistido en la necesidad de reforzar la sanidad penitenciaria.

En su último informe a las Cortes Generales denunciaba la falta de regulación de los criptoactivos y el riesgo que ello conlleva. ¿Cree que hay interés en dar una salida a esta situación?

La institución comparte la preocupación por el fenómeno de los criptoactivos y su creciente tráfico. Muchos ciudadanos han invertido sus ahorros en criptomonedas y han acabado perdiendo todo lo invertido. Efectivamente, en el Informe de 2021 señalábamos nuestra preocupación por la falta de regulación específica y confiábamos en que, al ser este un fenómeno nuevo, se legislase con prontitud para proteger al consumidor. En estos momentos está pendiente de aprobación una propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Mercados de Criptoactivos, conocido como Reglamento MICA.

«LA LABOR DE LOS NOTARIOS ES FUNDAMENTAL YA QUE SU ACTUACIÓN ES GARANTÍA DE SEGURIDAD Y LEGALIDAD»

¿Cree que la seguridad jurídica, en la que los notarios cumplen un papel fundamental, goza de buena salud en España?

España es un Estado de Derecho y goza de seguridad jurídica y en este contexto la labor de los notarios es fundamental ya que su actuación es garantía de seguridad y legalidad.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo se ocupa de la Administración de Justicia desde el respeto a la independencia judicial: no puede intervenir en asuntos judicializados, si bien puede actuar en cuanto a los problemas generales de la Justicia y en todo lo que se refiere a la denominada Administración de la Administración de Justicia. En este sentido, formulamos resoluciones e incluso proponemos modificaciones normativas cuando consideramos que nos necesarias.

Lleva ya unos meses como Fiscal General del Estado, pero toda una vida en la fiscalía. ¿Qué ha supuesto para usted alcanzar la cúspide de la carrera?

Algo impensable para mí antes de que ocurriera. Yo nunca me planteé como objetivo de futuro hacer una carrera profesional dentro de la jerarquía de la institución.

En primer lugar, un honor inmenso que cualquier fiscal de este país podría reproducir. Porque para nosotros, para los fiscales, la figura del Fiscal General del Estado es algo más que el representante de la institución.

No se puede decir ni la culminación de una carrera, ni usar este tipo de expresiones, porque siendo un honor, significa una oportunidad de hacer muchas de aquellas cosas que a lo largo de la vida profesional se pueden plantear para mejorar la carrera o la institución.

Y luego, en tercer lugar, una responsabilidad muy grande hacia tu propia carrera, pero también hacia afuera, hacia el lugar que le corresponde en el esquema de la justicia o del equilibrio de poderes de este país.

¿Los fiscales son autónomos o independientes? ¿Es correcta la regulación actual de su función, o debería, dentro de lo permitido por la Ley, modificarse en algún punto?

La vocación es siempre ganar en autonomía. Lo que hemos hecho francamente mal durante los 40 años que lleva el Estatuto Orgánico en vigor es explicarle a la sociedad lo que somos. Quizá si nos conocieran mejor, la sociedad desconfiaría menos o tendría menos desconfianza hacia la figura del fiscal, sin ninguna duda. Pero si se proponen mecanismos para reforzar la autonomía, desde luego creo que hay que acogerse a ellos. Y el mecanismo que más autonomía da a cualquier institución es, sin duda, un margen presupuestario propio. Eso es lo que a los fiscales o a la Fiscalía española razonablemente le daría ese plus necesario, pero sin inventarnos nada. Es la línea que puede tener el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, es decir, otros órganos constitucionales, como somos nosotros, que tienen ese margen de autonomía presupuestaria, porque a partir de ahí, se pueden ejercer las potestades sin estar ligado a otros intereses o a otras necesidades.

“SER FISCAL GENERAL DEL ESTADO ES UN HONOR Y UNA ENORME RESPONSABILIDAD CON LA CARRERA Y CON EL PAÍS”

Durante veinte años ha sido Fiscal de Medio Ambiente. ¿Cree que los delitos medioambientales están bien regulados en él Código Penal? ¿Tienen los fiscales suficientes herramientas para combatir, por ejemplo, los incendios forestales provocados?

La especialidad de medio ambiente quizás sea la que requiere más conocimiento en relación con lo que es el derecho extra penal y nuestra labor como fiscales, ya que interviene en ámbitos tan diferentes como el urbanismo, la flora y fauna, las especies vegetales, los vertidos, los incendios forestales… todos ellos afectados por la legislación nacional y por la de las comunidades autónomas, incluso de las entidades locales. Eso hace que sea especialmente complejo. Necesitamos un apoyo pericial de expertos fuera de nuestro conocimiento del derecho penal y creo que el camino que nos queda por recorrer es largo para tener todas estas herramientas. El derecho penal ambiental, además, es cambiante. Estamos en un ámbito europeo en el que las directivas también nos dicen cómo tenemos que protegerlo, lo que provoca cambios en la legislación nacional.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuiría a los fiscales nuevas competencias en la instrucción, sigue atascada en su tramitación. ¿Es necesario este cambio histórico en la regulación del proceso penal en España?

Creo que es imprescindible y es inevitable. La investigación es un modelo basado en los partidos judiciales del siglo XIX y en preceptos preconstitucionales. No se sostiene ahora mismo por eficacia.

El partido judicial ya no es el lugar donde se producen los hechos. La delincuencia es transnacional, se comete en la nube, en cualquier lugar del mundo y utiliza todos los espacios posibles.

El modelo constitucional otorga a los jueces la capacidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y tutelar los derechos fundamentales. La Constitución no les otorga la investigación porque les convierte en juez y parte.

El modelo actual no se sostiene y no hay ningún país en nuestro entorno europeo judicial con uno similar.

El sistema español es realmente complicado y parece partir de la desconfianza hacia los fiscales. Quizás porque el Ministerio Fiscal franquista era el brazo del gobierno en la Justicia. Y aunque eso ha dejado de ser así aún nos cuenta mucho explicar la figura del fiscal.

“HAY UN LARGO CAMINO POR RECORRER EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”

¿Qué ha supuesto para la fiscalía española la reciente puesta en marcha de la Fiscalía Europea?

Es un ejemplo muy claro de que es inevitable la reforma. La estructura que nos impone Europa, y que Europa ya implanta en todos los países, es una estructura de investigación de la Fiscalía.

Hay que hacer un esfuerzo de adaptación de la Fiscalía Europea y sus estructuras al sistema procesal español. En ese camino hay dificultades porque son modelos diferentes. No voy a decir que no sean homologables, pero hay que hacer que encajen. Hay unas competencias compartidas que hay que delimitar entre la Fiscalía española y la Europea.

Naturalmente, como con cualquier reforma, hace falta un periodo de adaptación y que las instituciones se acoplen de una manera eficaz.

¿Es la Justicia la “cenicienta” de los servicios públicos? Los partidos políticos apenas le prestan atención en sus programas electorales.

Me gusta hablar en positivo y es que las Administraciones públicas o los poderes públicos que la gestionan, deben ser capaces de darse cuenta del valor que tiene la Justicia.

Hay que poner en valor que un servicio público de Justicia, ya sea en el ámbito civil o privado o en el ámbito penal, público o administrativo, es muy rentable para un país. La seguridad jurídica unida al Derecho Penal, o en las transacciones comerciales, o en el tráfico jurídico, son esenciales para el funcionamiento de un Estado.

“EL NOTARIADO HA CONSEGUIDO QUE TODO SEA MÁS DIFÍCIL PARA LOS DELINCUENTES; POR EJEMPLO, HACER TRANSACCIONES INMOBILIARIAS QUE PUEDAN OCULTAR DELITOS”

Las políticas contra la violencia de género, a la vista de las estadísticas, no han logrado reducir significativamente su presencia en la sociedad. ¿Qué podemos hacer?

Yo creo, en primer lugar, que el esfuerzo que ha hecho este país en materia de violencia de género es ejemplar comparado con cualquier otra nación del mundo.

De hecho, somos observados y una referencia para muchos países del entorno europeo, y hablo de países de primer nivel. Es muy difícil saber cuánto daño se ha evitado, pero estoy seguro de que el trabajo, el extraordinario trabajo que se ha hecho en estos años en muchos ámbitos como la fiscalía, la justicia, la policía, los servicios sociales…, han puesto en primera línea un problema enorme en las sociedades contemporáneas.

Se pueden hacer mejores cosas, pero también hemos avanzado mucho. Hay que detectar con mayor claridad la violencia; hay que aislar a los violentos; hay que detectar la peligrosidad del maltratador; hay que amparar a las mujeres objeto de esta violencia y a las niñas. También hay que utilizar recursos sociales antes y después de la denuncia y mejorar la distribución de los juzgados de violencia contra la mujer. Hay que concentrar los recursos. Y, sobre todo, hay que educar; hay que transformar la sociedad.

¿Cómo valora la función que realiza el Notariado, mediante instrumentos como el OCP y la Base de Datos de Titular Real en la prevención del blanqueo de capitales?

Cualquier persona que trabaje en una notaría ha visto el cambio extraordinario de las oficinas y de cómo los notarios y sus despachos se han convertido en un instrumento extraordinario para evitar comportamientos que escapaban del control de las Administraciones públicas o que directamente podían ser ilegales o ilícitos.

Las obligaciones o las capacidades de los notarios, y los instrumentos de control de actividades financieras en los que participa el Notariado como los registros de bienes, han hecho que ahora sea todo bastante más complicado para los delincuentes. Por ejemplo, hacer transacciones inmobiliarias o económicas que puedan ocultar o dificultar la investigación de los delitos.

¿Cree que la seguridad jurídica, en la que los notarios cumplen un papel fundamental, goza de buena salud en España?

España tiene una buena calidad en seguridad jurídica. Es un país fiable, y en esto el Notariado tiene mucho que ver.

Creo que hay que poner en valor la existencia de un cuerpo que no existe como tal o de manera idéntica en el resto de países del mundo. Debemos ser conscientes de sus capacidades. En mi opinión a la estructura notarial se le puede sacar, en el futuro, mucho más partido en un tráfico jurídico moderno. El Notariado es una estructura de país que ha de ser totalmente aprovechada como servicio público.

Tras más de un año al frente de un Ministerio de tanta importancia y complejidad, ¿cuál es su balance de esta etapa?

El balance del primer año ha venido marcado por el contexto internacional más complejo y convulso desde la caída del Muro de Berlín. Apenas había tomado posesión del cargo cuando estalló una profunda crisis en Afganistán que nos hizo dar lo mejor de nosotros mismos y de nuestra solidaridad para auxiliar a todos aquellos que perseguía el régimen talibán. Poco después Putin decidió iniciar su ataque ilegal, injusto e injustificado, a Ucrania abriendo una de las crisis más profundas a las que nos hemos enfrentado en los últimos años pero que también ha sido una extraordinaria oportunidad para reforzar la familia comunitaria que formamos los países de la UE. No sólo eso, la OTAN se ha revelado una vez más como un instrumento sólido y eficaz para trabajar hacia una paz que en la exitosa Cumbre de Madrid diseñó el concepto estratégico que nos guiará a los países que formamos parte de la Alianza durante los próximos años. Y, entretanto, seguimos trabajando en la nueva etapa de la relación con Marruecos; por una nueva Ley de Cooperación de la que se beneficien los cooperantes y a quienes va dirigida su acción, pero, sobre todo, para garantizar la paz y la estabilidad mundial.

Dedicamos el tema de nuestra portada a la presidencia española de la UE. ¿Cuáles serán las prioridades?

La agenda de contenidos es algo vivo, pero ya le puedo avanzar que España incidirá en varias líneas generales: recuperación económica, en un momento complicado para los ciudadanos y las familias en Europa; seguridad energética de la Unión, y el refuerzo del papel de Europa en el mundo. Trabajaremos por consolidar los principales ejes de actuación que España ha contribuido a conformar: transición ecológica, transformación digital, pilar social, asilo y migración. Y, en lo que se refiere a prioridades geográficas en las relaciones exteriores de la Unión, serán prioritarias regiones como América Latina y el Caribe y el Mediterráneo.

Ha señalado que España trabaja en una presidencia que refuerce la Unión Europea «para que sea capaz de seguir respondiendo a las crisis que se presenten y que continúe el desarrollo institucional y legislativo de forma que responda a las expectativas de los españoles y los europeos». Sin duda un gran reto… ¿Qué líneas de actuación seguirán?

La experiencia de presidencias recientes demuestra que las prioridades evolucionan en función del contexto en que se desarrolla el semestre, particularmente cuando se producen crisis de gran magnitud que modifican los objetivos inmediatos. No obstante, a unos pocos meses del comienzo de la presidencia española pueden identificarse áreas de trabajo que previsiblemente respondan a estas expectativas, como la consecución de una Europa más independiente y autónoma en todos los ámbitos, cuestiones medioambientales y energéticas, sin olvidar aspectos institucionales como un debate constructivo sobre la composición, funcionamiento y eficacia de la Unión Europea para las próximas décadas.

La invasión rusa de Ucrania y la guerra que la sigue han provocado una respuesta europea sólida. ¿Cómo está contribuyendo España?

España, el gobierno y también todo el pueblo español se han volcado con el apoyo a Ucrania desde el principio, posicionándonos de forma contundente en contra de esta guerra brutal e injusta. En el marco de la Unión Europea y de la OTAN, hemos contribuido con ayuda diplomática, política, humanitaria y militar. Yo mismo viajé a Ucrania este mes de noviembre para entregar 30 ambulancias medicalizadas para atención ginecológica ya que muchos hospitales han sido destruidos por los bombardeos rusos. Nuestra voluntad es la de seguir apoyando a Ucrania en la defensa de su integridad territorial y su soberanía, desde todos los ámbitos posibles hasta conseguir la paz.

¿Qué supone para nuestro país la implementación de las políticas europeas Next Generation?

El instrumento para la recuperación económica, Next Generation EU, constituye un ejemplo de respuesta común de la UE ante los desafíos globales. En el marco de este instrumento, España adoptó en mayo de 2021 su Plan de Recuperación, Transformación y en estos momentos lidera la implementación de los planes de recuperación en Europa, siendo el único país que ha solicitado el tercer pago en 2022. Con la ejecución de este Plan de Recuperación esperamos poder incrementar el nivel del PIB 2,6 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031 y las expectativas están, además, orientadas a un cambio en la productividad total de los factores. Ya estamos viendo cómo con el conjunto de reformas e inversiones previsto, y ya en curso, está aumentando el crecimiento de la economía española, a la vez que se promueve un cambio estructural en sectores como el energético, agroalimentario, industrial, tecnológico y digital.

«QUEREMOS PROPONER EL RELANZAMIENTO
COMPLETO DE LAS RELACIONES
ESTRATÉGICAS ENTRE EUROPA Y
AMÉRICA LATINA»

Si volvemos la vista a otras cuestiones: ¿En qué estado están las relaciones entre España y Marruecos?

Marruecos es un país muy importante para nosotros y por eso hemos puesto un gran empeño en reconducir unas relaciones que estaban muy deterioradas. Este ha sido desde el principio para mí, un tema capital. Ahora estamos en una nueva etapa de nuestras relaciones bilaterales en la que ambos países estamos muy satisfechos. En seis meses me he reunido ochos veces con mi homólogo marroquí, Nasser Bourita, y hemos hecho avances muy significativos. Hay datos que confirman esta buena sintonía, por ejemplo, la migración irregular que proviene de África, y que tiene como país de tránsito Marruecos, se ha reducido ya en un 23% mientras todas las rutas están subiendo; nuestros intercambios comerciales han crecido en un 30%, alcanzando las exportaciones españolas los 9.000 millones de euros en lo que llevamos de año y son cifras que esperamos que vayan a mejorar. Se ha retomado la conectividad marítima y aérea y se ha reabierto la frontera con Ceuta y Melilla.

«EL NOTARIADO ESPAÑOL ES CLAVE PARA PODER FACILITAR LAS RELACIONES COMERCIALES Y EMPRESARIALES CON TODAS LAS GARANTÍAS Y LA SEGURIDAD»

Latinoamérica ha dado un giro político en los últimos meses. ¿Qué peso tiene España hoy en la Región?

España concede un lugar prioritario a América Latina y el Caribe como región estratégica en su política exterior y cuando nos enfocamos en agendas de democracia, prosperidad, igualdad, es más fácil encontrarnos y caminar juntos. En ese sentido, estamos trabajando en un importante calendario iberoamericano con citas clave como la XXVIII Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en República Dominicana en marzo de 2023, o el lanzamiento de una Alianza Digital UE-América Latina en el primer semestre del año. Además, en la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre del año, queremos proponer el relanzamiento completo de las relaciones estratégicas entre Europa y América Latina. El objetivo es que Europa y América Latina se vean como lo que son: aliados y amigos estrechos y naturales que compartimos valores y una visión común sobre los grandes desafíos globales.

¿Es la cooperación española uno de nuestros mejores embajadores?

Sin duda es uno de los pilares de nuestra acción exterior y desde el Ministerio hemos hecho una apuesta muy clara con la nueva ley de cooperación, para la que el Gobierno ha obtenido el respaldo de todos los grupos políticos salvo VOX. Se trata de la primera ley de cooperación que se aprueba en 25 años, y la primera que presenta un ministro de Exteriores desde 2014. Con esta norma, que es un verdadero hito de Estado, España se pone a la vanguardia reforzando todo el sistema de cooperación española para adaptarlo a los nuevos desafíos globales, con un modelo más eficiente e innovador, con mejores condiciones para las personas cooperantes y con una AECID reforzada como piedra angular.

El notariado español contribuye a la seguridad jurídica y está presente en 91 países del mundo. ¿Cómo valora su labor?

En un mundo globalizado como el que vivimos y con una economía altamente internacionalizada como es la española, con fuertes inversiones en el extranjero, la seguridad jurídica es una cuestión clave en la que el Notariado español juega un papel crucial. En América Latina, por ejemplo, donde España es el primer inversor europeo y el segundo mundial, sólo por detrás de Estados Unidos, la labor del Notariado español es fundamental para poder facilitar las relaciones comerciales y empresariales con todas las garantías y la seguridad necesaria para el éxito.

Después de un año en el Gobierno al frente de una cartera siempre compleja como es la Política Territorial, ¿cuál es su valoración de esta primera etapa?

Hago una valoración muy positiva de este primer año al frente del Ministerio de Política Territorial. Desde que el presidente del Gobierno me hizo este encargo, he tenido presente algo que para mí es fundamental: no olvidarme para qué estoy aquí. Desde luego, para seguir trabajando para que España siga creciendo y para afrontar los retos que se presenten sin dejar a nadie atrás. España se dispone nada menos que a abordar una modernización de la economía comparable a la que supuso la entrada de nuestro país en la Unión Europea. No solo debemos hacer efectiva esa transformación, sino que ésta llegue hasta el último rincón de nuestro país, ya sea un entorno urbano o del medio rural. Es la mejor vía para preservar la cohesión social y la vertebración territorial, objetivos que van de la mano. En este contexto quiero situar las principales líneas de trabajo que estamos desarrollando desde el Ministerio de Política Territorial. Entre ellas, el refuerzo de la cooperación interterritorial y recuperación del diálogo, el municipalismo como eje fundamental, el fortalecimiento de las entidades locales y la desconcentración de la Administración General del Estado en el territorio para garantizar una presencia equilibrada del Estado en todo el país, acercar la Administración a la ciudadanía y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.

Compagina su cartera ministerial con la función de portavoz del Gobierno. ¿Cree que las políticas gubernamentales son bien entendidas por la sociedad?

Creo que este Gobierno ha demostrado con creces su solvencia para gestionar situaciones de crisis. En este sentido, esperamos y deseamos que la ciudadanía entienda la envergadura de los retos que afrontamos, pero también el esfuerzo desplegado por el Ejecutivo para preservar el Estado de Bienestar y proteger a las clases medias y trabajadoras. A diferencia de lo que hizo el Gobierno anterior, a raíz de la crisis de hace una década, hemos decidido afrontar las consecuencias primero de la pandemia y ahora de la guerra sin dejar a nadie atrás. Hay cifras que hablan por sí solas. Hace diez años España registraba un récord histórico de desempleo, con una tasa del 26%, rozando los seis millones de parados. Sólo en un año se destruyeron 700.000 puestos de trabajo. Hoy en día hemos superado los 20 millones de personas ocupadas. El nivel de empleo supera en 539.226 trabajadores el que se registraba en febrero de 2020, antes de la pandemia. Este dinamismo del mercado laboral es compatible con una mejora de la calidad del empleo, apreciándose los efectos de la reforma laboral en el mercado de trabajo, con un fuerte incremento de la contratación indefinida.

¿Qué ha cambiado con la invasión de Ucrania?

Ahora estamos centrados en proteger a los más vulnerables de los efectos del conflicto bélico en Ucrania. Por eso, hemos decidido prorrogar el plan para amortiguar las consecuencias de la guerra hasta el 31 de diciembre articulando una respuesta de hasta 10.000 millones de euros. El presidente del Gobierno, durante el Debate del Estado de la Nación, anunció medidas adicionales como el impuesto a las entidades bancarias y a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras, que ya está en trámite parlamentario, o la bonificación al 100% de los abonos de Renfe de Cercanías y el 50% en los Avant que ya se aplica hasta el 31 de diciembre de este año. Estas medidas ayudarán a paliar los efectos de la inflación. Es una respuesta a la altura del reto que tenemos por delante. Este Ejecutivo no hará como hicieron los gobiernos conservadores en anteriores crisis. Gobernaremos para sacar al país adelante siempre guiados por el interés general. Y cuando sea preciso elegir, estaremos del lado de quienes más precisan el auxilio de los poderes públicos. Este Gobierno, una vez más, se dejará la piel para proteger a la clase media y trabajadora de España.

Fue usted la senadora más joven de la VIII legislatura, además de directora general de Juventud en Castilla-La Mancha. ¿Qué fotografía hace de la juventud española hoy?

La juventud reclama oportunidades y estamos volcados en dárselas, asumiendo como prioritario el mandato de atajar la precariedad y el alto desempleo. Con este objetivo, cumplimos el compromiso de abordar la modernización del mercado de trabajo mediante una reforma laboral acordada con los agentes sociales y centrada en la dignificación del trabajo, lo que va a permitir a millones de jóvenes satisfacer sus expectativas vitales y profesionales. Como ha dicho el presidente del Gobierno, no vamos a consentir que nuestros jóvenes vuelvan a pagar la crisis. Este Gobierno, gracias a los Fondos de Recuperación, está apostando por la modernización y transformación económica de nuestro país con la puesta en marcha de PERTES como el del vehículo eléctrico, aeroespacial o el agroalimentario. PERTES que modernizan nuestro tejido productivo y que generaran oportunidades y empleo en todos los territorios. A su vez, cumplimos en materia de corresponsabilidad con la ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas, una conquista que ha situado a España a la cabeza de Europa en esta materia. Y, desde 2018, la brecha salarial entre mujeres y hombres se ha reducido en casi cinco puntos hasta situarla en el 16,2%, según la EPA.

En materia de educación, el Gobierno ha aprobado una nueva ley de Formación Profesional que ajusta los perfiles profesionales a las demandas de las empresas y una partida sin precedentes para becas de estudiantes, adelantando la convocatoria a marzo. Es la primera vez que nuestro país invierte más de 2.000 millones de euros en becas. Va a significar que, aproximadamente, un millón de jóvenes en este país puedan disfrutar de ese derecho y seguir formándose. El Gobierno de España apuesta por las becas como ascensor social y no para perpetuar desigualdades.

Volviendo a la política territorial y después de más de 40 años de sistema autonómico, ¿ha sido un modelo de éxito? ¿En qué debe mejorar?

El pasado 15 de junio se cumplieron 45 años de las primeras elecciones democráticas. La Cumbre en Madrid ha servido para celebrar el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. Y también este año se cumplen 30 desde la puesta en servicio de la alta velocidad. Son efemérides que muestran la extraordinaria transformación de nuestro país a lo largo de este tiempo. El modelo autonómico ha sido clave en este desarrollo. Sin duda, es una de las claves de bóveda de la arquitectura constitucional. Estar en contra de las autonomías es estar en contra del Estado de Bienestar. Porque son las comunidades autónomas las encargadas de gestionar los servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación. El sistema constitucional permitió diseñar un modelo de descentralización que ha procurado el mayor periodo de prosperidad y bienestar de la historia de España. Acercar la Administración a la ciudadanía constituye un eje imprescindible para mejorar la calidad de la gobernanza. Sin embargo, llevamos mucho tiempo discutiendo en exceso sobre el reparto de competencias entre administraciones. Es un debate estéril y paralizante que impide centrarse en lo mollar, que no es tanto cómo quedan distribuidas las competencias sino cómo podemos colaborar para prestar mejor los servicios públicos de una manera leal y constructiva.

¿Se ha superado la grave crisis institucional, social e incluso emocional que supuso el llamado “procés”?

Este Gobierno ha tenido muy claro desde el principio de la legislatura que el diálogo es el modo adecuado de superar la complejidad de las relaciones institucionales entre administraciones diferentes. Veníamos de una situación muy complicada en la que se habían roto muchos puentes. La vocación de este Gobierno es clara: prestar el mejor servicio público y contribuir con nuestra acción a la convivencia, el reencuentro y la recuperación de la normalidad, objetivos que se han logrado durante los últimos cuatro años. Entendemos la política al servicio de la resolución de los problemas, y al mismo tiempo con el optimismo de construir un proyecto colectivo mejor. Y con el contraste de posiciones como base para llegar a acuerdos, por supuesto. Pero siendo conscientes de que para ello debemos actuar desde la lealtad institucional, el reconocimiento mutuo y sabiendo que todos deberemos tener la disposición de acercar posiciones. Después de diez años sin avanzar en el Estatuto catalán, hemos llegado a acuerdos históricos en el marco de la Comisión Bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, como la apertura de ponencias técnicas para formalizar el traspaso de la gestión de becas a estudiantes, de seguros escolares y revisar las competencias de juzgados, y el traspaso de varias infraestructuras. Las encuestas, incluidas las del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat, nos señalan cosas muy relevantes: entre ellas, que los catalanes priorizan la gestión de los servicios públicos, la sanidad pública, la educación. En eso está centrado el Gobierno de España.

Hablando de superar situaciones… ¿Ayudarán los fondos europeos a esa transformación de la estructura económica de España?

España sigue liderando en la Unión Europea el proceso de llegada de los fondos.
Después de un trabajo muy intenso para poner en marcha las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, este año está siendo clave para alcanzar la velocidad de crucero y las comunidades autónomas tienen un papel protagonista en el despliegue de las inversiones en todo el territorio, para que lleguen a las empresas y los ciudadanos y poner en marcha los proyectos estratégicos. España fue el primer país en lograr la aprobación formal del programa de inversiones y en recibir un primer pago semestral por el cumplimiento de hitos y objetivos, en diciembre de 2021. Y hemos vuelto a ser el primer país que podrá recibir ya el segundo pago, de 12.000 M€, tras constatar la Comisión Europea la implementación de 40 hitos y reformas adicionales. Estamos ante una oportunidad histórica para España, como supuso en su día la llegada de fondos de cohesión tras el acceso de nuestro país a la Unión Europea. Nuestro país va a recibir 140.000 millones de euros que ya están llegando a todas las comunidades autónomas y a todos los territorios, como es el ejemplo del Kit-Digital, un proyecto para apoyar a las pymes y autónomos de nuestro país, y que está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros.

Proviene de una región que forma parte de eso que se viene llamando “España vaciada”. ¿Qué hace el Gobierno para combatir la despoblación? ¿Podría considerarse al notariado un ejemplo de cercanía en estas poblaciones?

Mi tierra, efectivamente, es Castilla-La Mancha. Además de una comunidad autónoma con un gran patrimonio monumental, natural y etnográfico, es también un territorio que sobresale por su apuesta por la creación de parques empresariales y por atraer inversiones en sectores innovadores como las energías renovables. Castilla-La Mancha, por tanto, es un magnífico ejemplo de que la España interior es un territorio con futuro, cargado de recursos y oportunidades. A menudo, la visión que ha primado sobre el medio rural ha basculado entre la parodia y el victimismo. Tenemos muchos diagnósticos y es hora de pasar a la acción. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno desde el principio de la legislatura. Este es el primer Gobierno que pasa de las palabras a los hechos para afrontar el reto demográfico, que atañe tanto al envejecimiento de la población como al desarrollo del medio rural. Lo hemos hecho mediante un Plan de Reto Demográfico que contempla 130 medidas y 10.000 millones de euros hasta 2023. El 82% de las iniciativas que contempla ya se han puesto en marcha. Hemos llegado ya a dos de cada tres municipios de menos de 5.000 habitantes. Por ejemplo, el despliegue de la banda ancha, a través del Plan Único, cuenta este año con una inversión de 250 millones de euros. Nuestro objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades. Que cada persona pueda vivir, trabajar y emprender donde lo desee. Para ello es necesario blindar la capilaridad territorial en la prestación de servicios y, sin duda, la presencia del Notariado en nuestro país constituye un ejemplo de cercanía a estas poblaciones. Cumplen una labor fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía.