Descenso mundial de la desigualdad salarial

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Madhu Jaiswal, mujer de 20 años que completó su educación hasta los 12, pero dejó la escuela para mantener a su madre viuda y a sus cuatro hermanos. Actualmente no estudia, ni se capacita ni trabaja. Vive en Delhi, India. Enero de 2025. FOTO: VIJAY KUTTY/ILO

DESCENSO MUNDIAL DE LA DESIGUALDAD SALARIAL

Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pone de manifiesto que la desigualdad salarial se ha reducido desde principios de siglo, aunque hay lugares en el mundo en los que aún es un reto socioeconómico. Factores como el incremento de los salarios mínimos o la bajada de la inflación están detrás de la mejora en los lugares en que se produce, pero aún hay importantes brechas dentro de los países y entre ellos.
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Explicaba a finales de 2024 Gilbert F. Houngbo, director general de la OIT, que, a pesar de la mejora en los índices de desigualdad salarial registrados desde principios del presente siglo, “el 10% de los trabajadores peor pagados reciben sólo alrededor del 0,5% de la masa salarial total, mientras que el 10% de los trabajadores mejor pagados obtienen cerca del 38% de la misma masa salarial total”. Y no hay que olvidar que los ingresos obtenidos por el trabajo son el principal recurso, cuando no el único, de la inmensa mayoría de las familias del mundo, así que la desigualdad en el mercado laboral es un síntoma de desequilibrio social.

 


ESTUDIANDO LA DESIGUALDAD SALARIAL SE PUEDEN OBTENER RESULTADOS QUE AYUDEN A DECIDIR DE QUÉ MANERAS SE PUEDE MEJORAR LA VIDA DE LAS PERSONAS


 

Cómo mirar. Lo que llamamos desigualdad salarial se explica sencillamente: se da cuando hay diferencias perceptibles, más o menos grandes, entre lo que unos y otros trabajadores obtienen por su labor. Estudiando estas diferencias internamente, en cada país, o externamente, por parte de instituciones supranacionales, se pueden obtener resultados que ayuden a decidir de qué maneras se puede mejorar la vida de las personas. Quizás la cuestión es cómo medir; y ahí es donde pueden surgir desencuentros, porque corresponde hablar de eficiencia y equidad.

Cuando hay diferencias salariales más o menos amplias, que suelen tener un sesgo competitivo, se producen alicientes para que los trabajadores –o futuros trabajadores– inviertan en su formación y esfuerzo, lo que mejora sus posibilidades de empleo o de obtención de ingresos. Y esto puede redundar, dicho sea de paso y muy por encima, en la capacidad de adaptación de las empresas ante cambios tecnológicos (lo estamos viendo con la implantación de la inteligencia artificial, por ejemplo) o económicos; por lo tanto, crecimiento económico, mejora del PIB… Pero, ¿cómo tener en cuenta que no todo el mundo puede –o quiere– dedicar recursos económicos o personales a su formación? Es en este punto en el que se produce la desigualdad y, si nos centramos en la equidad social, su incidencia en la pobreza.

Informe de la OIT. Cabe recordar que la OIT es una agencia de la ONU que reúne a tres partes: gobiernos, empleadores y trabajadores. Simplemente esto evidencia el peso de la equidad, cosa por otro lado imprescindible, a la hora de plantear el Informe mundial sobre salarios 2024-25. En otras palabras, dedica su mayor esfuerzo a evidenciar las desigualdades salariales sin entrar demasiado en consideraciones de eficiencia. Admite, eso sí, que “en los países de ingreso bajo, casi el 22% de los trabajadores asalariados perciben en promedio un salario inferior a la mitad de la mediana salarial por hora de su país, mientras que la proporción pasa a ser del 17, el 11 y el 3% en los países de ingreso mediano bajo, ingreso mediano alto e ingreso alto, respectivamente. En promedio, la desigualdad en los segmentos intermedios y altos de la distribución salarial es mayor que en su mitad inferior. Esta conclusión tiene importantes implicaciones para la formulación de políticas, porque las medidas eficaces para reducir la desigualdad salarial pueden ser diferentes según los segmentos de la distribución a los que se apliquen”.

El uso de ratios basadas en percentiles y deciles (medidas de posición estadísticas), para los cálculos de desigualdad salarial que refleja la OIT, hace difícil clasificar los países según el mayor o menor grado de desigualdad entre sus trabajadores; de ahí que las conclusiones se refieran a Estados agrupados por ingresos salariales: bajo, mediano bajo, mediano alto y alto. Para tener una visión por países, podemos usar el índice de Gini (IG). Sirve para medir la desigualdad de una sociedad a través de la diferencia en los ingresos, de manera que cero se corresponde con la absoluta igualdad y cien con la total desigualdad. Según datos de 2023 (Banco Mundial y OCDE), los países con menos índice (con mayor igualdad, por tanto) son Eslovaquia, Eslovenia e Islandia (IG de 21,4, 23,4 y 23,7, respectivamente). España, por comparar, está en mitad de la tabla con un IG 31,5. La mayor desigualdad es para Sudáfrica (63), Namibia (59,1) y Colombia (54,8).

Salario mínimo. Según el Informe mundial sobre salarios 2024-25 de la OIT, “cerca del 60 por ciento de una muestra de 160 países ajustaron los valores de los salarios mínimos en 2022, pero solo en uno de cada cuatro países tales cambios supusieron un aumento del valor real de esos salarios. Aunque en el 55 por ciento de los países de la muestra los suelos salariales aumentaron en términos reales en 2023, en la mayoría de los casos los incrementos no fueron de cuantía suficiente para compensar los descensos de los dos años anteriores”.

Añade el informe algo tan obvio como que ajustar el salario mínimo es la única manera de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores con los salarios más bajos, poniendo como ejemplo la reciente crisis económica mundial, con peores efectos para los ingresos familiares más bajos. Islandia, uno de los países con menor IG que reseñamos, se sitúa en cuarto lugar en la clasificación de los salarios mínimos, con 12 pagas de 2.830,5 €. Por encima están Suiza (4.548,8 €), Mauricio (3.079,7 €) y Papúa Nueva Guinea (2.927,2 €). De nuevo por comparar, España se sitúa en la mitad alta de la tabla, con 1.381,3 €. Y en la cola están Zimbabue (0,6 €), Jordania (0,3 €) y Zambia (0,1 €), aunque conviene aclarar que hay muchos países que ni tan siquiera tienen salario mínimo. Téngase en cuenta también que el poder adquisitivo en las distintas áreas geográficas es un factor para tener en cuenta y resulta tanto o más significativo que el importe bruto del salario.

Brecha de género. La desigualdad salarial entre hombres y mujeres es, a pesar de llevar un cuarto del siglo XXI ya vivido, uno de los aspectos más sangrantes de nuestra sociedad. Según la ONU, en 2024, la remuneración salarial que obtuvieron las mujeres fue un 23% inferior a la de los hombres. En otras palabras, por cada euro que percibió un hombre, una mujer con el mismo trabajo obtuvo 77 céntimos. Si la mujer es madre, la brecha es aún mayor, llevando la diferencia hasta un 35% en regiones como Asia Meridional. Centrados en Europa, la brecha media es del 12,7% (cada euro ganado por un hombre equivale a 87 céntimos ganados por una mujer). Estonia presentaba la mayor diferencia salarial entre hombres y mujeres, con un 21,3%, seguida de Austria (18,4%), Suiza y Chequia (17,9% los dos países). Y la rareza se da en Luxemburgo, donde la brecha es del 0,7%, ¡pero a favor de la mujer! En España estamos por debajo de la media europea con un reseñable 8,7%.

La OIT pone de manifiesto que “se constata que los hombres ganan más que las mujeres en todos los grupos de países por nivel de ingreso y en toda la escala salarial”. Y añade en su informe que en los países de ingreso mediano bajo y mediano alto, la brecha salarial de género crece cuando las mujeres trabajan en ocupaciones mal remuneradas y decrece cuando se analiza una minoría de mujeres con estudios.

 


SUIZA (4.548,8 €) Y MAURICIO (3.079,7 €) SON LOS PAÍSES CON MAYOR SALARIO MÍNIMO. ZIMBABUE (0,6 €) Y JORDANIA (0,3 €) LOS QUE LO TIENEN MENOR


 

Parece oportuno terminar, como empezamos, con palabras del director general de la OIT Gilbert F. Houngbo: “Abordar las desigualdades de ingresos en el mercado laboral, incluidas las brechas salariales de género y las brechas salariales que sufren los trabajadores en situaciones vulnerables, es un camino eficaz para reducir la desigualdad y la pobreza de los hogares. En un contexto de importante inestabilidad geopolítica, esto contribuiría a sociedades más justas y reduciría las tensiones sociales”. Esa “inestabilidad geopolítica” parece indicar que no está en el horizonte visible lograr el deseo de Houngbo, a pesar de formar parte de los objetivos de desarrollo sostenible, ODS 2030, de Naciones Unidas. No hay más que mirar un poco por encima la información internacional que aportan los medios convencionales diariamente para comprobar que cada vez hay más negacionistas del desarrollo sostenible.

Evolución de la brecha salarial de género en Europa (2012-2022)

Fuente: Eurostat
La brecha salarial de género en Europa

Según Eurostat, la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo en 3,7 puntos porcentuales ente 2012 y 2022. La variación no es uniforme: en Eslovenia, Letonia, Polonia, Malta, Suiza y Lituania, aumentó la diferencia entre 0,1 y 3,7 puntos. El mayor descenso se dio en España (10 puntos), seguida de Estonia (8,6 puntos), Islandia (8,4 puntos) y Luxemburgo (7,6 puntos porcentuales).

James Mutisi, propietario de Jimwella Piggery, es uno de los beneficiarios de la formación Inicia y Mejora tu Negocio (IMESUN) de la OIT. Vive en Mutare, Zimbabwe. Octubre de 2024. FOTO: SHAUN CHITSIGA/ILO
Desigualdad salarial en España por CC. AA.
Con los datos de la Encuesta de Población Activa (INE, 2023), las Comunidades con mayor concentración de salarios altos fueron País Vasco, donde el 43,9% de los asalariados ganó 2.548,2 euros mensuales o más, Navarra (39,5%) y Comunidad de Madrid (37,3%). En el otro extremo, las que tuvieron un mayor porcentaje de asalariados en sueldos bajos, por debajo de 1.534,7 euros, fueron Extremadura (42,9%), Región de Murcia (37,2%) y Canarias (36,6%). Las comunidades con mayor salario medio fueron País Vasco (2.624,3 €), Comunidad de Madrid (2.575,5 €) y Navarra (2.515,7 €). Los menores salarios medios se percibieron en Extremadura (1.915,9 €), Canarias (1.987,9 €) y Castilla–La Mancha (2.025,2 €).

PARA SABER MÁS

Global Wage Report 2024-2025.
International Labour Office, Ginebra

Gender Equality Index 2024.
European Institute for Gender Equality.

“La demagogia y el salario mínimo», por Casimiro García-Abadillo

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CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO,

director de «El Independiente»

"La mejor manera de llevar a la quiebra al Estado de Bienestar es fomentar la idea de que el Estado tiene que solucionarnos la vida a todos"

La demagogia y el salario mínimo

Las teorías sobre los salarios han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Se atribuye al abogado y político de tendencia socialista Ferdinand Lassalle (Breslau, Prusia, 1825; Carouge, Suiza, 1864) la teoría de la “ley de hierro de los salarios”. El resumen de su tesis es que los salarios tienden a igualarse con el nivel mínimo de subsistencia de los trabajadores. Cuando los salarios suben por encima de ese nivel mínimo, los trabajadores tienen más hijos y, como consecuencia, aumenta la competencia por el empleo y los salarios vuelven automáticamente a bajar hasta ese nivel en el que el obrero tenía para comer -mal- y poco más. El empresario era un explotador que sólo perseguía la plusvalía.

La realidad ahora es muy distinta. Pongamos un ejemplo. Una de las regiones donde se cobran salarios más altos es el País Vasco y, sin embargo, es una de las autonomías españolas con un índice más bajo de natalidad. En lugar de tener más hijos, a pesar de que la remuneración está bastante por encima del nivel de subsistencia, los vascos tienen menos hijos. La realidad ha hecho añicos la teoría de Lassalle. Ya no funciona, si es que alguna vez funcionó.

Los salarios tienen que ver con la productividad de la economía y, muy especialmente, con la educación. Las economías más productivas y las que tienen un nivel educativo más alto son las que retribuyen mejor a sus trabajadores.

La izquierda, sobre todo en España, está empeñada en la pelea nominal por la subida del salario mínimo (SMI), como si esa fuera la solución para sacar a los trabajadores de la pobreza. Josu Jon Imaz (CEO de Repsol) dijo hace unas semanas en el acto de entrega del premio al Empresario del Año de la revista Actualidad Económica: “Yo no quiero un país en el que el debate sea el del SMI o el de la ayuda social… Quiero un país en el que los jóvenes puedan aspirar a salarios muy superiores, un país con seguridad jurídica, regulatoria, social y fiscal”. Tiene razón.

El salario mínimo en España es, más que nada, una batalla política. Que, además, ha derivado en una batalla fiscal interna dentro del propio Gobierno. Están los que proponen que no tribute (Yolanda Díaz) y los que defienden que debe pagar IRPF (María Jesús Montero).

Los sindicatos han abanderado la batalla por la subida del SMI como si fuera una conquista social sin precedentes. Pero la tabla rasa siempre suele ir en contra de los más débiles. Pagar 1.184 euros en catorce pagas a un trabajador para una gran empresa con beneficios no le supone ningún esfuerzo. Es más, la inmensa mayoría de sus trabajadores suele estar por encima de ese baremo. Sin embargo, esos 1.184 euros (16.576 euros al año) para un pequeño negocio en una zona rural pueden ser la diferencia entre contratar o no contratar a un empleado. Desligar los salarios de la productividad, de la capacidad de una empresa para generar beneficios, es un error de libro. Dentro de un tiempo veremos el efecto de esta subida en los datos de empleo en las zonas más pobres y despobladas.

Leo el reportaje que acompaña a este comentario y me sorprende un dato: el segundo país con salario mínimo más alto del mundo -por detrás de Suiza- es Mauricio. ¡Mauricio! Un pequeño país situado en el índico que logró su independencia de Reino Unido en 1968 y cuya principal fuente de riqueza cuando era colonia británica era la caña de azúcar.

Pues bien, si la información es correcta, el salario mínimo de Mauricio está por encima de los 3.000 euros. Lo de Suiza lo entiendo. Pero ¿Mauricio?

Miro la información a través de Google. Y me sorprenden varias cosas. Es un país pequeño (1,2 millones de habitantes) en el que el 50% de su PIB se origina en el sector financiero. El tratamiento fiscal ventajoso ha atraído a más de 22.000 empresas extranjeras a Mauricio. En parte, le ha copiado el modelo a Suiza, pero en un entorno de playas paradisíacas. El impuesto máximo de sociedades es del 17%, mientras que el tipo máximo sobre la renta es del 25%. ¡Quién lo pillara! Pero lo que más me ha sorprendido es que Mauricio dedica el 13% de su PIB a gasto en educación.

Claro que no podemos trasplantar el modelo de Mauricio a España. Pero sí sacar algunas lecciones de lo que ha hecho este pequeño país. Bajar impuestos ha hecho que una economía esencialmente agrícola se haya convertido en una economía de servicios. El PIB per cápita ha subido desde la independencia hasta los 22.000 dólares al año y el presupuesto permite destinar una gran cantidad de dinero a educación.
Muchos jóvenes con un elevado nivel de estudios en España tienen que emigrar a otros países en busca de mejores salarios y oportunidades de promoción profesional. Eso sí que es un drama. Pero, mientras que esa sangría de talento se produce, los sindicatos y el gobierno celebran la gran conquista de haber situado el SMI por encima de los 1.100 euros.

La mejor manera de llevar a la quiebra al Estado de Bienestar es fomentar la idea de que el Estado tiene que solucionarnos la vida a todos. No hay bienestar sin riqueza y la riqueza sólo se crea con empresas competitivas y empleados motivados y bien pagados. Lo contrario es engañar a la gente. Por eso, el debate sobre los salarios suele estar viciado de demagogia.

La prosperidad de las naciones

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LA PROSPERIDAD DE LAS NACIONES

Lo que sucedió en continentes enteros, como África o América, hace algo más de 500 años, determina hoy por qué existen diferencias en la prosperidad de distintas naciones. Al menos, así lo defienden los profesores Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson, que obtuvieron el Nobel de Economía 2024 por sus estudios sobre cómo las instituciones económicas y políticas se han venido desarrollando y cómo estas, condicionadas por su historia, determinan la prosperidad de las naciones y las diferencias sociales y económicas entre ellas. Su teoría, sin embargo, no está exenta de críticas.

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© JOHAN JARNESTAD | REAL ACADEMIA DE CIENCIAS DE SUECIA

Cabe decir que los galardonados son historiadores económicos y que su investigación, por simplificar, no se basa solo en analizar secuencias de datos, sino en comparar estas con hechos históricos. Por eso, el acta del jurado que concedió el galardón considera que su trabajo ha demostrado que “una de las explicaciones de las diferencias en la prosperidad de los países son las instituciones sociales que se introdujeron durante la colonización”, en referencia a la que los europeos llevamos a cabo en el siglo XVI y siguientes. La novedad está en la relación que establecen entre mortalidad, asentamientos e instituciones específicamente, pero también en tener en cuenta dichos aspectos con independencia de la nacionalidad de los colonizadores.

 


LOS NOBEL DE ECONOMÍA PARTIERON DE UNA PREGUNTA SIMPLE: “¿CUÁLES SON LAS CAUSAS DE QUE HAYA GRANDES DIFERENCIAS EN LA RENTA PER CÁPITA ENTRE DISTINTOS PAÍSES?”


El principio

En el año 2001, los autores galardonados publicaron en la revista American Economic Review el artículo The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation, que es lo que promovió su candidatura al Nobel. A esto seguramente contribuyó también el libro de Acemoğlu y Robinson (es decir: sin Johnson) titulado Why Nations Fail (Por qué fracasan los países) publicado en 2013.

En su momento, estudiosos de la economía del desarrollo consideraron que la tesis expuesta en el artículo contribuye a entender la evolución de las antiguas colonias mediante el análisis de la mortalidad de los colonos europeos, tomada esta como una variable del desarrollo de las instituciones. Dicho de otra manera, apuntan a que los europeos solo instauraron instituciones que inducían al crecimiento en áreas donde no enfermaban y podían establecerse. En cambio, en otras zonas donde estaban más expuestos a enfermedades, por ejemplo, África central, promovieron instituciones más propias de autócratas, que persisten hasta el día de hoy y explican en gran medida las diferencias en los ingresos entre países.

Inclusivas o extractivas

Para explicar su teoría, los autores dividen las instituciones de los países que fueron colonizados a partir del siglo XVI en inclusivas, basadas en el respeto al Estado de Derecho y habitualmente asociadas a regímenes democráticos estables, y extractivas, donde no se respetan los derechos básicos y la seguridad jurídica es manifiestamente mejorable. Es decir, y por unir conceptos con el párrafo anterior: los autores apuntan a que las inclusivas se dan en los países donde no enfermaban los colonos, por lo tanto hacían de aquéllos lugares su hogar, mientras que las extractivas se encuentran en naciones donde los europeos estaban más expuestos a contagios (diversas zoonosis con altos índices de mortalidad, por ejemplo), con lo que llegaban, extraían –de ahí el nombre– lo que podían y se marchaban, pero no se quedaban a vivir. También puede entenderse la conclusión de que los europeos que decidían establecerse en las colonias reprodujeron el sistema institucional de sus países de origen, mientras que quienes solo buscaban enriquecerse, y hacer cuanto antes el viaje de vuelta, pensaron que se quitaban problemas de encima; se miraba de perfil lo de respetar la propiedad privada y los derechos humanos.

Si intentamos simplificar un poco la tesis, no hemos de perder de vista que los Nobel de Economía partieron de una pregunta simple: “¿Cuáles son las causas de que haya grandes diferencias en la renta per cápita entre distintos países?”. Y encontraron que la posible respuesta está en que la tasa de mortalidad de los colonos determinó el lugar donde decidieron establecerse, esos asentamientos marcaron el carácter de las primeras instituciones establecidas y estas, a su vez, fueron el caldo de cultivo de las actuales. Ponen como ejemplo de inclusivos a EE. UU., país surgido de los asentamientos en las primeras “Trece Colonias” y su famosa –y letal para los nativos– ‘conquista del oeste’, y Australia, que fue inicialmente destino de convictos. Entre los extractivos, citan colonias españolas y portuguesas en América, asentamientos en el África Occidental Británica, incluida Costa de Oro (Ghana) y Costa de Marfil, y el antiguo Congo Belga (República Democrática del Congo).

 


UNA DE LAS EXPLICACIONES DE LAS DIFERENCIAS EN LA PROSPERIDAD DE LOS PAÍSES SON LAS INSTITUCIONES SOCIALES QUE SE INTRODUJERON DURANTE LA COLONIZACIÓN


Nada definitivo

Daron Acemoğlu, nacido en Turquía y de origen armenio, y Simon Johnson, estadounidense, son profesores del MIT (Massachusetts Institute of Technology) y James A. Robinson ejerce en la Universidad de Chicago. En sus conclusiones dejan ver que ni las instituciones ni el desarrollo económico son factores sujetos a un destino inalterable y, por lo tanto, pueden transitar hacia mayores calidades democráticas y económicas. También admiten que aún hay cantidad de preguntas sin respuesta y que están en marcha diversos estudios para intentar contestarlas. Es una manera de decir que su trabajo es solo un primer paso, seguramente muy importante desde el punto de vista de una materia tan compleja como es la economía del desarrollo, y no un dato definitivo.

Es verdad que no es fácil explicar por qué “el 20% más rico de los países del mundo es hoy unas 30 veces más rico que el 20% más pobre; además, la brecha de ingresos entre los países más ricos y los más pobres es persistente; aunque los países más pobres se han vuelto más ricos, no están alcanzando a los más prósperos”, como lo expone la organización de The Nobel Price, pero no es fácil explicarlo basándose solo en las diferencias de las instituciones de esos países. Probablemente, una razón para no tomarse al pie de la letra la investigación de los Nobel de Economía 2024 es la tendencia a la baja durante los últimos años en la calidad democrática de países que se ponen como ejemplo de colonias inclusivas, con EE. UU. en primer plano, y como se deduce de los índices del International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, (The Global State Of Democracy 2024) y de la Economist Intelligence Unit de The Economist (Democracy Index 2023).

Críticas

Las críticas les han llegado a los autores desde distintos frentes. David Y. Albouy, profesor de Economía en la Universidad de Illinois, publicó en la misma revista (American Economic Review), aunque once años más tarde, un artículo en el que sostiene, entre otras cosas, que las muestras de mortalidad sobre las que se basa el trabajo original son poco fiables y que hay confusiones con los nombres anteriores de los países africanos. El catedrático de Harvard Edward Glaeser, utilizando el mismo instrumento de mortalidad de colonos, pero para el capital humano (Do institutions cause growth?, publicado en Journal of Economic Growth, 2004), encontró que dicho factor (el capital humano) tiene un mejor desempeño econométrico que la calidad institucional y concluye que las instituciones prosperan cuando hay capital humano y social en cantidad.

 


LOS EUROPEOS SOLO INSTAURARON INSTITUCIONES QUE INDUCÍAN AL CRECIMIENTO EN ÁREAS DONDE NO ENFERMABAN Y PODÍAN ESTABLECERSE


Mushtaq Khan, que es profesor de economía en la School of Oriental and African Studies, la conocida SOAS (University of London), opina que el trabajo de los galardonados solo indica que los países de altos ingresos actuales obtienen mejores resultados en los índices institucionales occidentales, simplemente. No deja de ser cierto, en fin, que países del este asiático, como Singapur, Corea del Sur y Taiwán, crecieron rápidamente sin tener previamente instituciones inclusivas. Otra economista crítica, Yuen Yuen Ang, profesora de Política Económica de Johns Hopkins University (Washington, EE. UU.) y muy reconocida por sus trabajos sobre el desarrollo de China, opina que la teoría de Acemoğlu, Johnson y Robinson no explica el crecimiento de China, pero tampoco el de Occidente; y recuerda que las instituciones de EE. UU. fueron corruptas cuando el país se estaba desarrollando.

Nobel de Economía, reducto estadounidense

El premio de Economía no formó parte de los cinco galardones originalmente creados por Alfred Nobel en 1895, sino que se estableció en 1969 con el patrocinio del banco de Suecia, aunque administrado por la Fundación Nobel. La relación de ganadores de este premio se reduce, mayormente, a economistas relacionados, no solo como profesores, con facultades de Economía de universidades de los Estados Unidos; pocas y de élite, se puede añadir. Es una tendencia, y no solo del galardón sueco, confirmada por el estudio High and Rising Institutional Concentration of Award-Winning Economists (varios profesores de Tsinghua University, de China, y de Harvard University y Michigan State University, de EE. UU.).

De arriba a abajo, los profesores Daron Acemoğlu, Simon
Johnson y James A. Robinson, premio Nobel de Economía
2024. FOTOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MASSACHUSETTS Y DE LA UNIVERSIDAD DE CHICAGO.

Anuncio del Premio Nobel de Economía 2024. FOTO NOBEL PRIZE
Colonialismo a sangre y fuego

Una de las críticas a The Colonial Origins of Comparative Development: an Empirical Investigation es que si el proceso de colonización es la base del trabajo no se haya tenido en cuenta su coste de una manera más amplia. Dichas críticas recuerdan que en las colonias que los autores consideran inclusivas, la violencia fue algo normalizado y muy cercano en algunos casos al genocidio de poblaciones nativas, antes de crearse las instituciones, por lo que es algo que debería formar parte del análisis. En una entrevista con The New York Times, tras recibir el premio, Acemoğlu no dio importancia a lo que hubiese sucedido entre colonos y nativos: “En lugar de preguntarnos si el colonialismo es bueno o malo, observamos cómo diferentes estrategias coloniales han conducido a diferentes patrones institucionales que han persistido a lo largo del tiempo”.

PARA SABER MÁS

The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.

Daron Acemoğlu, Simon Johnson y James A. Robinson.
The American Economic Review (2001).

The Global State Of Democracy 2024.
International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Governance and Growth: History, Ideology and Methods of Proof.
Mushtaq H. Khan.
SOAS, University of London.

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2024.
The Nobel Price.

«Instituciones: Nobel, DANA y Trump»», por Enrique Alberola

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ENRIQUE ALBEROLA,
asesor y editor del blog del Banco de España (Las opiniones de este artículo no representan las del Banco de España)

"Menos comercio y menos integración significan reducir el potencial de crecimiento y debilitar a las economías en el largo plazo"

Instituciones: Nobel, DANA y Trump

El reciente premio Nobel de Economía a los profesores Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson ha reconocido la importancia de las instituciones en el desarrollo económico. Apenas unas semanas después hemos asistido a dos acontecimientos preocupantes, que alertan sobre la calidad y el devenir de las instituciones. El primero, muy cercano, la mala gestión de las inundaciones en Valencia por las instituciones (in)competentes. El segundo, la inapelable victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos.

La mayoría de las economías ricas, en particular las occidentales, han basado su crecimiento y prosperidad en las instituciones inclusivas, como las denominan los galardonados. ¿Por qué son fundamentales? Este tipo de instituciones permiten a los ciudadanos desenvolverse libremente en el marco de un Estado de derecho. Facilitan así su desarrollo personal y el aprovechamiento de sus capacidades. De esta forma, las instituciones inclusivas favorecen, no solo que alcancen sus objetivos económicos y sociales, sino comportamientos que fomentan el buen funcionamiento de la economía, la creación de riqueza y el desarrollo de la sociedad civil. Y una sociedad civil fuerte demanda mejores instituciones, generando un círculo virtuoso de crecimiento económico, progreso social y mejora continua del marco institucional.

Las instituciones inclusivas suelen estar asociadas a sociedades democráticas y se refuerzan con el desarrollo económico, según la idea del círculo virtuoso. Sin embargo, la crisis financiera global de 2008 y la posterior crisis fiscal en Europa quebraron esta dinámica. El motor del círculo virtuoso se gripó y hay un riesgo de involución: un círculo vicioso de regresión democrática y, también, económica.

¿Qué pasó? La crisis global tuvo un fuerte impacto sobre la clase media y los sectores más desfavorecidos, que se sintieron abandonados, y agravó la desigualdad, que ya estaba aumentando antes en las economías avanzadas. Esta situación hizo crecer el sentimiento de exclusión y la desconfianza en las instituciones establecidas. En el ámbito político, ha derivado en la pérdida de apoyo a los partidos centrales tradicionales y en una creciente polarización. Esto dificulta los consensos que fundamentan las reformas económicas y el avance como sociedad. También mina la convivencia. Todo ello amenaza la propia calidad de las instituciones: la polarización tensa al sistema y sus instituciones, que corren el riesgo de ser arrastradas por las pugnas políticas. No sorprende que la calidad institucional se haya reducido en la mayoría de las democracias occidentales y en España aún más, como mostramos recientemente en una entrada en el blog del Banco de España titulada Premio Nobel 2024: la calidad de las instituciones potencia el crecimiento económico. Y, en mi opinión, ese deterioro no es ajeno, aunque sea tangencialmente, a la mala gestión de la DANA.

Desde una perspectiva global, el modelo económico dominante, que ha favorecido el libre comercio y la iniciativa privada, ha perdido adeptos. La emergencia económica del Sur global y algunas políticas discutibles de Occidente redujeron el ascendente de este sobre el resto del mundo. La rivalidad y la tensión geopolítica han aumentado desde entonces. El ascenso de los BRICs, liderados por China, es un buen ejemplo. Estos modelos alternativos no abrazan las instituciones inclusivas, aunque es verdad que sin ellas han podido desarrollarse. Por cierto, esta evidencia ha servido de crítica a las tesis de Acemoglu y compañía. Tales países también ponen en cuestión la arquitectura de las instituciones internacionales surgida de la posguerra mundial y diseñada, en su vertiente económica, por las potencias occidentales.

En definitiva, una crisis económica ha desembocado en una regresión institucional. ¿Qué consecuencias económicas puede tener esta deriva negativa?

Por un lado, el aumento de la incertidumbre política, que no es buena para la actividad económica. Por ejemplo, en las elecciones de los últimos veinte años se ha producido una caída continua en el porcentaje de votos de los partidos ganadores, lo que reduce la estabilidad de los gobiernos. En paralelo, el índice de incertidumbre de políticas económicas (conocido como EPU) ha mostrado una tendencia al alza. La inestabilidad política, la falta de consensos o la revisión de las normas al albur de los cambios de gobierno no permiten tomar decisiones en un entorno de previsibilidad y esto afecta negativamente al crecimiento económico, como bien sabemos.

Por otro lado, en el ámbito global la polarización contribuye a agravar las tendencias a la fragmentación económica, uno de los grandes riesgos que enfrenta la economía mundial. Es cierto que las pulsiones a la fragmentación también son resultado de la creciente competencia entre naciones en el concierto internacional. Pero la polarización refuerza las posiciones radicales, defensivas de lo propio y, por lo tanto, da rienda suelta a los instintos proteccionistas, nacionalistas y excluyentes. Y estas posiciones amenazan la cooperación y la integración globales y, con ello, las instituciones que las articulan. Menos comercio y menos integración significan reducir el potencial de crecimiento y debilitar a las economías en el largo plazo.

Además, cuando la polarización alcanza a los países abanderados del orden establecido, la situación se vuelve crítica. Por eso, el 5 de noviembre fue un día negro para los que creemos en los valores inclusivos, pues existe el riesgo de que el círculo vicioso se acelere.

Y todo esto ocurre cuando la necesidad de cooperación global es más importante que nunca ante la amenaza climática y la creciente interdependencia global. Por no mencionar los riesgos de inestabilidad geopolítica global, que la fragmentación también propicia.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Ya apuntaba una razón al inicio: la crisis económica y financiera. Pero hay otro elemento muy importante: la revolución de la desinformación propiciada por Internet y los desarrollos tecnológicos, incluyendo la inteligencia artificial. Esto daría para otro artículo, así que les dejo con una recomendación: el nuevo libro de Acemoglu y Johnson, Poder y Progreso, que alerta de los peligros de la revolución tecnológica actual, liderada por las redes y la inteligencia artificial y concentrada en grandes corporaciones amenaza la propia calidad de la democracia.

Claves para poder pasar del conflicto a la paz

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T E N E R I F E 2 0 2 4

CLAVES PARA PODER PASAR DEL CONFLICTO A LA PAZ

En la resolución de los conflictos la clave es conocer cuáles son los procedimientos que hay que llevar a cabo y qué hay que dejar de lado para llegar a la paz. Y los cuatro pilares en los que se basa la llamada Justicia Transicional -Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición- son la mejor guía para alcanzarla.

REDACCIÓN

 

Esta idea, expresada por Joseph Weiler (catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022) y compartida por todos los ponentes, fue una de las principales conclusiones que se extrajeron en la presentación del libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial, celebrada en el Colegio Notarial de Madrid. “La Justicia Transicional se refiere al concepto de transición al final de un conflicto. Pero está claro que los procedimientos son los que garantizan esa transición y una justicia a largo plazo. Esta es la lección más importante que podemos extraer de este libro”, aseguró Weiler.

La obra ha sido promovida conjuntamente por la COMJIB, el Consejo General del Notariado (CGN) y Fundación Notariado. En sus casi 500 páginas, participan una veintena de ponentes, entre ellos filósofos, humanistas y profesores universitarios iberoamericanos, así como ministros, ex ministros y altos cargos de los gobiernos de diferentes países latinoamericanos y organismos internacionales.

Un mundo en llamas

El evento estuvo presidido por Concepción Pilar Barrio del Olmo, vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, y en él participaron el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Enrique Gil Botero; Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias, delegado para América del CGN y vicepresidente de la Comisión de Deontología de la Unión Internacional del Notariado (UINL); la fiscal ante el Tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz de la Unidad de Investigación y Acusación, Digna Isabel Durán; el profesor Joseph Weiler; y Cecilia Robles, directora general de Naciones Unidas (ONU), Organismos Internacionales (OOII) y Derechos Humanos (DDDH) del Ministerio de Asuntos Exteriores.

 


LA OBRA HA SIDO PROMOVIDA CONJUNTAMENTE POR LA COMJIB, EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO Y FUNDACIÓN NOTARIADO


 

El acto comenzó con unas palabras de condolencia por las víctimas y damnificados por la DANA. Barrio del Olmo dio la bienvenida e hizo alusión a la obra que se presentaba “tan importante en un momento en el que la actualidad está marcada por el conflicto internacional”. Por su parte, Cavallé destacó a Enrique Gil Botero como principal impulsor de este libro, así como su papel en el proceso de paz en Colombia. Además, señaló la contribución del Notariado “tan vinculado a la búsqueda de la verdad, la justicia y la paz”.

 


PARTICIPAN UNA VEINTENA DE PONENTES: FILÓSOFOS, HUMANISTAS, PROFESORES, EX MINISTROS Y ALTOS CARGOS


 

Seguidamente, tomó la palabra Gil Botero, quien comenzó su discurso explicando el porqué, cómo y para qué de este libro: “La obra nace de ver un mundo terrorífico, entrópico y destructor, un mundo en llamas con más de 56 guerras y 92 países involucrados. Una situación y un panorama donde los organismos internacionales son ambiguos, vacilantes y han perdido, si es que la tuvieran, la fuerza y el ideario que justificó su creación; unas potencias que exhiben y permanecen sigilosas y una Europa que está anestesiada”, afirmó. El secretario general de la COMJIB concluyó que, por todo ello, “este libro es un grito en la oscuridad. La justicia transicional abre una esperanza y busca ayudar y poner en orden la convivencia, el progreso y la construcción de unas sociedades justas y con valores de civilidad. La consecución de la paz debe ser imperativo moral para todos, porque las guerras actuales tienen al mundo al borde de la autodestrucción”.

Gil Botero anunció también que el libro será traducido al inglés para ser presentado a principios de 2025 en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York.

Digna Isabel Durán hizo alusión a la importancia de la justicia transicional que “no puede ser conjugada como una fórmula para todos los conflictos del mundo, pero sí aporta herramientas importantes para cesar con las violaciones de los derechos humanos que sufren algunas sociedades”. Busca -añadió- “restaurar, reparar en lo posible a las víctimas, prevenir la impunidad e implementar medidas para que estas violaciones no se vuelvan a repetir y, finalmente, promover la reconciliación de los pueblos. Las personas víctimas de una guerra tienen que recibir justicia, reparación y medidas de no repetición”, aseguró.

En la clausura, Cecilia Robles también puso el foco en los cuatro pilares a los que hace referencia la obra como herramienta política y práctica para responder a crisis nacionales e internacionales, especialmente el de la Justicia, pues, según explicó, “España presta un gran apoyo a la Corte Penal Internacional para contribuir a los desafíos a los que se enfrenta”. “Este apoyo es político, financiero -ámbito en el que hemos hecho un gran esfuerzo-, de refuerzo de sus recursos humanos y estamos estudiando nuevos acuerdos de cooperación” afirmó.

 


EL LIBRO SERÁ PRESENTADO A PRINCIPIOS DE 2025 EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS DE NUEVA YORK


 

Además, Robles señaló la importancia del papel que desempeñan las mujeres y las niñas en los procesos de justicia transicional como protagonistas, pero también como víctimas. “Tenerlas presentes es una cuestión de justicia y es recomendable, puesto que está demostrado que los procesos de paz que las incluyen son más duraderos”, finalizó.

Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional

El libro Pasado, presente y futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial expresa el compromiso de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, del Consejo General del Notariado y de la Fundación Notariado de contribuir a la construcción de la paz en nuestras sociedades. La publicación contiene un primer capítulo en el que se establecen los fundamentos del Derecho Penal y se explica el papel y el valor de la Justicia Transicional en la solución de conflictos.

El segundo capítulo, que conforma el grueso de la obra, se articula en torno a los cuatro ejes de la Justicia Transicional; los cuatro pilares que las víctimas de todo conflicto necesitan para superar el pasado y construir el futuro: Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición. A través de estos, diferentes autores realizan un análisis riguroso y detallado de la justicia transicional en América Latina, además de ofrecer recomendaciones prácticas para los formuladores de políticas y los actores internacionales.

Este libro supone por tanto una contribución a la literatura académica, además de ofrecer una guía para los formuladores de políticas, defensores de derechos humanos y activistas de la paz en todo el mundo. En él se analizan en detalle las políticas de reparación en varios países latinoamericanos, destacando tanto los éxitos como aquellas situaciones que fueron claramente insuficientes. Un estudio que permite concluir que, en una región marcada por décadas de conflicto y violencia, la justicia transicional se erige como el camino hacia la reconciliación y la paz duradera.

Entre los textos incluidos en la obra destacan las palabras del Papa Francisco y el prólogo del Premio Nobel de la Paz y ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

De izda. a dcha.: Alfonso Cavallé, Cecilia Robles, Concepción Pilar Barrio, Enrique Gil Botero y Digna Isabel Durán.
De izda. a dcha.: Digna Isabel Durán, Enrique Gil Botero, Joseph Weiler, Concepción Pilar Barrio del Olmo, Cecilia Robles y Alfonso Cavallé.
Joseph Weiler.
Principios, no reglas

La ponencia principal corrió a cargo del Profesor Joseph Weiler, catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York y Premio Ratzinger 2022, quien resaltó los cuatro principios de la Justicia Transicional en torno a los cuales se articula la obra y los cuales aseguró que “son fundamentales para la resolución de conflictos”. Sin embargo, quiso aclarar que “se trata de principios, no de reglas. Son abiertos y adaptables a diferentes situaciones. Son formas de pensar, pero no pueden ser entendidos como una receta, por lo que debemos tomar este libro como una guía o un método que nos ayuda a alcanzar la paz, no como una fórmula”, añadió. Weiler también quiso destacar en su ponencia la labor de los notarios en este ámbito, ya que, según explicó, “trabajan en interés de la sociedad, buscando la paz y la verdad. Aunque son profesionales privados, a menudo se encargan de aplicar y defender el Derecho público con la intención de lograr soluciones beneficiosas para la ciudadanía que perduren a largo plazo”.

Entrevista a Enrique Gil Botero, secretario general de la COMJIB

ALDEA GLOBAL

ENRIQUE GIL BOTERO,

SECRETARIO GENERAL DE LA COMJIB

Constituida en Madrid en 1970, la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) está integrada por veintidós Estados miembros. Su secretario general desde hace cinco años es el colombiano Enrique Gil Botero, quien desgrana en esta entrevista las líneas maestras de su institución.

JOSÉ M. CARRASCOSA

“El encuentro de Tenerife ha permitido consolidar un espacio de diálogo político-institucional al más alto nivel”

-Acaba de regresar del encuentro de la COMJIB y la CMJPLOP en Tenerife, donde ministros de Justicia de dieciséis países suscribieron la Declaración de las Islas Canarias. ¿Qué supondrá para la comunidad iberoamericana y de habla portuguesa esta iniciativa?

El II Encuentro de la COMJIB y la COMJPLOP en Tenerife ha permitido consolidar un espacio de diálogo político-institucional al más alto nivel entre Ministerios de Justicia en lengua española y lengua portuguesa. Esto nos permitirá profundizar los vínculos entre nuestras políticas públicas y nuestras herramientas de cooperación jurídica internacional en países con muchas similitudes culturales, históricas, lingüísticas y también jurídicas.

 


“LAS SOLICITUDES DE COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL AHORA SE PUEDEN TRAMITAR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA IBER@, DISEÑADA POR EL CENTRO TECNOLÓGICO DEL NOTARIADO”


 

-En la clausura de dicho encuentro alertó sobre «la gran amenaza que suponen los delitos transnacionales para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos». ¿Cuáles son las principales líneas de actuación puestas en marcha desde la COMJIB?

En la COMJIB somos depositarios de diversos tratados internacionales suscritos por los Estados en aras de generar mayores respuestas contra la criminalidad organizada. Uno de ellos es el Tratado Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de Cooperación Jurídica Internacional entre Autoridades Centrales, más conocido como Tratado de Medellín, que entró en vigor hace más de dos años. También contamos con otros tratados que regulan los equipos conjuntos de investigación en la región iberoamericana, que permiten constituir equipos de policías, fiscales y/o jueces para investigar delitos trasnacionales de cierta complejidad.

-La COMJIB y el Notariado español mantienen una estrecha colaboración -vehiculada, por ejemplo, con el desarrollo de las plataformas telemáticas como Iber@ e Iberfides-. ¿Cuál es su utilidad?

A través del Tratado de Medellín se está logrando que las solicitudes de cooperación jurídica internacional que antes se realizaban por valija diplomática o correo electrónico ahora se puedan tramitar ágilmente y con elevados niveles de seguridad a través de la Plataforma Iber@, diseñada y custodiada por el Centro Tecnológico del Notariado. Iberfides por su parte, es también una herramienta muy valiosa, con objetivos similares pero adaptada al ámbito notarial, la cual ha despertado mucho interés en los países iberoamericanos.

-Ha cumplido recientemente cinco años al frente de la secretaría general de la COMJIB. ¿Qué balance realiza de este período?

Una de mis prioridades como secretario general ha sido potenciar la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica Internacional (IberRed) que este año cumple su vigésimo aniversario. En la actualidad contamos con más de 300 puntos de contacto activos en la Plataforma Iber@; hemos vuelto a realizar encuentros presenciales de puntos de contacto; la página web de IberRed cuenta con información y noticias actualizadas; estamos realizando seminarios virtuales sobre temáticas de interés como protección de datos o cibercriminalidad; hemos logrado dar de alta a puntos de contacto de Eurojust en la Plataforma Iber@, y acabamos de ingresar como observadores a GlobE Network que es una red especializada anticorrupción de Naciones Unidas. He tratado de impulsar muchas iniciativas en estos cinco años, pero si tuviera que elegir la más importante, me quedaría con la reactivación efectiva de IberRed.

-Junto al idioma común, el derecho romano aglutina a los países de la comunidad iberoamericana. ¿Qué aporta mantener un régimen jurídico similar?

Los países iberoamericanos tenemos una tradición jurídica de derecho continental o civil law. Eso significa que tenemos muchas similitudes desde el punto de vista legislativo, pero también en cuanto a las prácticas jurídicas. Esta situación aporta numerosas ventajas ya que los problemas de los sistemas de justicia son bastante similares y eso permite también identificar estrategias conjuntas para abordarlos. Por ejemplo, un tema que hemos trabajado abundantemente en estos cinco años ha sido el problema de hacinamiento de los sistemas penitenciarios en América Latina. Hemos generado acuerdos políticos y técnicos en la COMJIB para promover respuestas más humanizadoras en los sistemas penales, promoviendo la alternatividad y la proporcionalidad de las penas. Ha sido posible alcanzar dichos acuerdos ya que tenemos diagnósticos bastante similares entre los países miembros.

-¿Cómo son las relaciones de la COMJIB con otras instituciones plurinacionales, como las comunitarias Eurojust o su homóloga JAI?

IberRed y Eurojust firmaron un memorándum de entendimiento en el año 2009 y en el año 2020 logramos firmar un Acuerdo de Ampliación de dicho memorándum para que estas dos redes puedan interactuar en la Plataforma Iber@. Esto requirió un importante trabajo de los equipos técnicos, debido a las dificultades que genera la política europea en materia de protección de datos. Afortunadamente, se han podido culminar los trabajos y ya contamos con usuarios de Eurojust designados, los cuales pueden acceder a la plataforma y realizar consultas informales con los países iberoamericanos. También participan de nuestros encuentros presenciales de puntos de contacto, lo que ha sido muy gratificante.

-Como ministro de Justicia formó parte del gabinete de Juan Manuel Santos, cuyas negociaciones permitieron poner fin a cincuenta años de guerra civil y le hicieron acreedor del Nobel de la Paz. ¿Qué aportó el Derecho en esa etapa en Colombia?

En el caso colombiano, una de las tareas que me encomendó el presidente Santos fue la instalación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin lugar a dudas se trató de un enorme desafío, ya que supuso levantar de cero una nueva jurisdicción, con todo lo que ello significa: designación de jueces y operadores jurídicos, habilitación de edificios, legislar los procedimientos judiciales que se emplearían. Creo que la experiencia colombiana fue un buen ejemplo de cómo desde el derecho y la institucionalidad se pueden ofrecer respuestas adecuadas para hacerse cargo de escenarios de post conflicto.

 


“IBERFIDES ES UNA HERRAMIENTA MUY VALIOSA, ADAPTADA AL ÁMBITO NOTARIAL, QUE HA DESPERTADO MUCHO INTERÉS EN LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS”


 

-Ha presentado en Madrid un libro que define como transcendental para la paz. Se titula Pasado, Presente y Futuro de la Justicia Transicional: la experiencia latinoamericana en la construcción de la paz mundial. ¿Por qué lo considera tan importante?

Este estudio ha permitido reunir a importantes académicos y referentes para generar una reflexión colectiva sobre los avances de la Justicia Transicional en América Latina. La mayoría de las experiencias de Justicia Transicional tienen un denominador común: representan los esfuerzos de los sistemas democráticos por hacerse cargo de los nocivos efectos causados por la violencia en conflictos armados internos o periodos dictatoriales. Creemos que con esta reflexión podemos trazar una hoja de ruta con las lecciones extraídas, sobre todo porque en la actualidad hay numerosos conflictos internos en países en los que todavía no se atisba una solución. Esperamos que esta obra, que ha podido realizarse gracias al apoyo del Consejo General del Notariado, contribuya a ello.

Entrevista a Ilza Maria dos Santos Amado Vaz, presidenta de CMJPLOP

ALDEA GLOBAL

ILZA MARÍA DOS SANTOS AMADO VAZ,

PRESIDENTA DE CMJPLOP

En 1992 se constituyó la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Oficial Portuguesa (CMJPLOP). En la actualidad cuenta con ocho Estados adheridos, bajo la presidencia de la titular de Justicia de Santo Tomé y Principe: Ilza María dos Santos Amado Vaz.
JOSÉ M. CARRASCOSA

“Nuestro país se encuentra trabajando en una futura adhesión al Tratado de Medellín”

-Su institución acaba de mantener un encuentro en Tenerife con sus homólogos de la Conferencia de Ministros de Justicia de los países Iberoamericanos (COMJIB). ¿Cuál es el grado de cooperación entre ambas instituciones?

La relación entre estas dos organizaciones es aún muy reciente. Cabe destacar que este es el segundo encuentro, habiéndose celebrado el primero en 2021 también en Tenerife. Consideramos que es el inicio de un proceso que, con la voluntad y el compromiso de los Ministros de Justicia de la CPLP y de los países iberoamericanos y las bases de cooperación lanzadas y traducidas en las Declaraciones de Tenerife 2021 y Canarias 2024, ayudará a fortalecer la cooperación, la colaboración así como los lazos entre la comunidad de países de habla portuguesa y la comunidad iberoamericana y así poder trabajar juntos desarrollando actividades en pro de una justicia que trasciende las fronteras estatales.

 


“LA CMJPLOP HA CONTRIBUIDO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ Y LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA TRANSFRONTERIZA”


 

-Constituida en 1992 e integrada por países de cuatro continentes, CMJPLOP cuenta con más de treinta años de existencia. ¿Qué ha aportado este organismo a la comunidad jurídica lusófona?

A lo largo de estos 30 años se ha hecho mucho en el seno de la comunidad jurídica lusófona, aportando uniformidad en las relaciones multilaterales y la asistencia entre los Estados que forman parte de la CMJPLOP. Los Ministros de Justicia de la CPLP han venido trabajando para construir un espacio más armónico y uniforme. De manera transversal, han adoptado mecanismos y herramientas para fortalecer la capacidad de las instituciones en las áreas de derecho y justicia, en el ámbito de la investigación, y en la prevención y lucha contra el delito, a partir de una visión e interés común orientado a fortalecer la justicia para las poblaciones de esa comunidad.

Así, se aprobaron varios convenios, destacando el Traslado de Personas Condenadas entre los Estados miembros de la CPLP; el Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre los Estados miembros de la CPLP; y el Convenio sobre Extradición entre los Estados miembros de la CPLP.

Con el objetivo de reunir a los principales actores del sistema judicial y crear espacios de cooperación especializados, se crearon la Red Internacional de Cooperación Judicial y Judiciaria de los Países de Habla Portuguesa; la Conferencia de Procuradores Generales de la República,y la Conferencia de Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de la CPLP; así como grupos de trabajo y comisiones de apoyo a las reformas legislativas. También se instauró el asesoramiento técnico y jurídico a entidades del ámbito de la Justicia (organización judicial, sistema penitenciario y de reinserción social, registros y notaría, investigación criminal y medicina forense); y la formación de magistrados y otros operadores judiciales. La CMJPLOP ha contribuido a la convergencia de los ideales y principios democráticos, a la protección de los derechos humanos, a la consolidación de la paz, a la protección de los derechos y libertades de nuestros ciudadanos y a la lucha contra la delincuencia nacional y transfronteriza.

-En su discurso en Canarias manifestó que una de las líneas de actuación previstas para el bienio de presidencia santotomense de la Conferencia sería «el fortalecimiento del sistema notarial». ¿Cuáles serán los pasos a seguir para alcanzar este objetivo?

De hecho, al asumir la presidencia de la XXVIII Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Lengua Portuguesa, Santo Tomé y Príncipe consideró prioritario el fortalecimiento del sistema notarial, teniendo en cuenta el papel ineludible que desempeñan los servicios registrales y notariales en la vida de los ciudadanos en un contexto de movilidad dentro del espacio de la CPLP. El objetivo principal es involucrar a los ministros de Justicia de la CPLP en el proceso de armonización de la legislación notarial; la mejora de los servicios mediante la capacitación; el intercambio de experiencias, y la implementación de mecanismos que garanticen la emisión y circulación de documentos, así como la realización de actos notariales y el registro de documentos esenciales en la vida de los ciudadanos e indispensables para la validez de los actos y hechos que surgen de la relación privada y comercial, de forma rápida y segura.

En este contexto, la visión conjunta converge en la creación de plataformas y mecanismos para la circulación de documentos digitales; la posibilidad de formar contratos virtuales, y la garantía de autenticidad de estos datos. Con el propósito de monitorear e implementar, se creó una comisión, y se definió el plan de acción y una hoja de ruta que guió la implementación de las medidas para lograr este objetivo.

-Como Ministra de Justicia de Santo Tomé y Príncipe, el pasado año visitó Madrid para conocer de primera mano las herramientas de lucha contra la delincuencia económica desarrolladas por el Consejo General del Notariado. ¿Considera viable implementar un modelo similar entre los miembros de CMJPLOP?

Se trató de una visita realizada en calidad de ministra de Justicia de Santo Tomé y Príncipe en el marco de la cooperación bilateral con el Consejo General del Notariado (CGN). En este contexto, consideramos factible la aplicación de este instrumento para fortalecer la capacidad de las instituciones de Santo Tomé para prevenir y combatir los delitos económicos. Santo Tomé y Príncipe ha desarrollado, en los últimos años, una cooperación muy interesante y fructífera con el CGN en el ámbito del desarrollo de capacitaciones, la formaciónel apoyo institucional y se ha adherido al proyecto Iberfides.

En cuanto a la implementación de los instrumentos para combatir la delincuencia económica desarrollados por el Consejo General del Notariado a nivel de los países de la CPLP, este tema aún no ha sido programado y discutido, sin embargo puede formar parte de la agenda de la próxima reunión conjunta CMJPLOP y COMJIB.

 


“SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE CONSIDERÓ PRIORITARIO EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NOTARIAL”


 

-Su país se ha adherido al Tratado de Medellín -nacido para fomentar la cooperación jurídica internacional-, convirtiéndose en el primer país africano en sumarse al acuerdo. ¿Qué aportará esta iniciativa a su sistema de justicia?

En el marco de la cooperación, el Consejo General del Notariado ha manifestado su voluntad de colaborar con el Ministerio de Justicia de Santo Tomé y Príncipe en el proceso de adhesión a este importante instrumento jurídico para reforzar la cooperación jurídica y judicial internacional, en particular el intercambio de información de forma más rápida y segura por medios informáticos. El país se encuentra trabajando en una futura adhesión al Tratado de Medellín en los términos que se definirán bilateralmente con la COMJIB.

De la tribu al ‘flex living’

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DE LA TRIBU AL ‘FLEX LIVING’

Solemos referirnos a “vivienda compartida” cuando queremos diferenciar un espacio habitacional unifamiliar o unipersonal de aquel que, por distintas circunstancias, comparten varias personas sin un vínculo estable previo. Las tendencias poblacionales, empero, están conduciéndonos a que, más que vivienda, algunas personas prefieran compartir modo de vida en un espacio común. Más o menos, lo que ya hacíamos cuando nos organizábamos en tribus o en comunas.

Espacio de coliving de Life X en Copenague.

MELCHOR DEL VALLE

En este contexto, la colonización lingüística viene a decirnos que se trata de distintas formas de flex living, que pueden diferenciarse en coliving, coworking o cohousing. Nada nuevo bajo el sol en un panorama internacional de falta y encarecimiento de viviendas, pero con innovaciones que pueden explicar la atención, también de los inversores, a esos términos.

Decía Aristóteles (s. III a. de C.), para diferenciar al género humano de otros “animales sociales”, que el hombre es un “animal político”. Dicho de otra forma, que se trata de un ser vivo cuya relación con sus congéneres se desarrolla en las polis (ciudades-Estado); que tiene lugar, pues, en sociedades complejas. Desde que nos organizábamos en grupos tribales, por otro lado, el progreso en la colaboración entre los miembros del colectivo determinaba su desarrollo y crecimiento. Es decir: desde las tribus a las polis, hemos ido configurando las formas más eficaces en cada momento de establecer y aprovechar sinergias, vocablo, por cierto, que también procede del griego (συνεργία synergía) y se traduce como “cooperación”.

 


EXISTE UNA NOTABLE DEMANDA DE ESPACIOS HABITABLES INNOVADORES Y ASEQUIBLES, CUYO PRINCIPAL MERCADO SERÍAN PERSONAS DE ENTRE 30 Y 40 AÑOS


Los grandes núcleos urbanos

Según datos del Grupo Banco Mundial (WBG, abril, 2023), “En la actualidad, alrededor del 56% de la población mundial —4.400 millones de habitantes— vive en ciudades. Se espera que esta tendencia continúe, ya que la población urbana aumentará a más del doble para 2050, momento en que casi siete de cada diez personas vivirán en ciudades”. Esto tiene una lógica: más del 80% del PIB mundial se genera en las ciudades, dice también el WBG. Pero, claro, en el momento en que se desequilibra la oferta y la demanda de la vivienda que necesitan esas personas para habitar en esas ciudades, se produce la crisis inmobiliaria, lo que se traduce en menos viviendas disponibles y más caras. Y sí: es un problema mundial.

Solo por dar una idea, que este asunto es absolutamente poliédrico, podemos citar un informe del Instituto de Estudios Financieros (noviembre de 2023) en el que se utilizan datos de distintas fuentes para afirmar que, en el panorama internacional, “los precios de la vivienda han crecido 0,45 puntos porcentuales anualmente (periodo 1975-2023) por encima de la renta disponible, lo que, visto de otra forma, implica una reducción en la accesibilidad de la vivienda”. Esto no es uniforme en todo el mundo, obviamente. Añade este informe, por ejemplo, que “Los países cuyo precio de la vivienda ha aumentado más del doble de la renta disponible han sido Australia, Luxemburgo y los Países Bajos, y aquellos en los que el precio de la vivienda no ha llegado a aumentar ni la mitad de la renta disponible han sido Japón, Corea del Sur y Colombia”.

Vistazo al retrovisor.

La historia más reciente, sin ir más atrás del siglo XX, nos va marcando diferentes hitos de colaboración residencial, como el colectivo de Fick (Copenhague, 1903) y sus cocinas centrales, de manera que cada familia tuviera su casa, pero sin cocina; como las casas de huéspedes tan populares en los EE. UU. a mediados de siglo, cuando se impuso la tendencia de que los adolescentes se emanciparan a la primera de cambio; como las comunidades agrarias de Israel, los conocidos kibutz; como las mismísimas y peculiares colonias hippies de los 70; o, ya entrados en el siglo actual, como las “casas de hackers”, ingenieros informáticos que vivían y trabajaban juntos, que surgieron principalmente en San Francisco.

El antecedente directo de las actuales tendencias habitacionales basadas en compartir y colaborar lo encontramos en Dinamarca, en los años 70, con grupos de familias que se organizaron en casas con espacios comunes (algo así como una urbanización, vaya). Según explica la plataforma “coliving.com”, “La diferencia entre este movimiento cohousing y las muchas iteraciones anteriores es que nació tanto de una necesidad como de un deseo. Los residentes querían interactuar entre sí a lo largo del día, tanto social como productivamente”.

 


EL ANTECEDENTE DIRECTO DE LAS ACTUALES TENDENCIAS HABITACIONALES BASADAS EN COMPARTIR Y COLABORAR LO ENCONTRAMOS EN DINAMARCA, EN LOS AÑOS 70


Actualidad y tendencia

Con los mimbres económicos y sociales que hemos ido desgranando (no son todos, pero son los principales) la conclusión es que existe una notable demanda de espacios habitables innovadores y asequibles, cuyo principal mercado serían personas de entre 30 y 40 años. Incluso de más edad: pensemos en el crecimiento de la esperanza de vida. Una investigación, en este sentido, publicada por el estudio de arquitectura Studio Weave (2018) afirma que “el coliving debería ser una opción para personas de todas las edades a fin de abordar los problemas relacionados con la asequibilidad y la soledad”. Una opción, recordemos, a la que toca ser innovadora. Y no hay más que echar un vistazo, para constatarlo, al éxito de proyectos como Common coliving, que se fundó en Nueva York y cuenta ya con veinticinco propiedades en seis ciudades de Estados Unidos; Life X (Dinamarca), de exquisitos diseños; The Collective (Londres) y sus conocidas lavanderías discoteca; o Quarters y Vonder en Berlín, con cuidadísimos detalles de decoración, potente red wifi y suscripción incluida en el precio de alquiler a plataformas de películas (Netflix, HBO).

En esa innovación juega un gran papel la tecnología móvil. El smartphone será (está siendo) la llave de casa, la aplicación para organizar pagos y gastos, para reservar espacios compartidos o para contactar con vecinos que quieran ser compañeros de actividades deportivas. Piénsese, en este punto, la importancia que tiene la atención a la tecnología para los “nómadas digitales”, habituales usuarios del coliving. También es un factor de interés para el mercado que los espacios residenciales destinados a este modo de vida sean verdes y sostenibles, cosa que importa a los jóvenes, pero también a las nuevas familias y a las personas mayores que están viendo con buenos ojos otra forma de vivir su jubilación.

El modelo para los mayores

De nuevo los países del norte y el centro de Europa supusieron la avanzadilla en lo que podemos llamar el cohousing senior, pero ya todos los países desarrollados van construyendo sus proyectos o viendo crecer organizaciones cuyo fin es que los mayores puedan ponerse de acuerdo para crear sus espacios habitacionales. En España, por ejemplo, existen organizaciones como Living Cohousing, dedicada a la difusión del concepto y a la gestión del proyecto que se les encomiende, o Hábitat Colaborativo, una cooperativa que ya ha hecho realidad hábitats como el Balneario de Frailes Senior Cohousing, en la Sierra Sur de Jaén.

La idea que trasladan las citadas organizaciones, y que es común en las que se dedican a la vivienda colaborativa para mayores en todo el mundo, es que con este modelo se construye un ambiente amigable que ayuda a vencer los problemas derivados de la soledad (según las proyecciones de población del INE, un total de 6,5 millones de personas podrían vivir solas en España en 2037) y se reduce la carga financiera y de costes por los servicios comunes –que cada colectivo definirá a su criterio–, a la vez que los residentes mantienen su independencia y pueden participar en la toma de decisiones. ¿Alguien dijo “tribu”?

 


LOS PAÍSES DEL NORTE Y EL CENTRO DE EUROPA SUPUSIERON LA AVANZADILLA EN LO QUE PODEMOS LLAMAR EL ‘COHOUSING SENIOR’


 

Los modelos de vida comunitaria

La revista Pixel-Bit, de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, publicó en julio de 2024 un estudio en el que analiza las tendencias y variaciones en las discusiones relacionadas con cohousing y coliving en la red social X. “Temas clave como espacios de trabajo compartido, pisos en alquiler y planificación urbana -señala el estudio-destacan de manera prominente en las discusiones sobre la vivienda colaborativa, demostrando el impacto multifacético de los modelos de convivencia en diversas poblaciones”.

En el trabajo Explorando tendencias sociales en las discusiones sobre cohousing y coliving en X (Twitter), los investigadores, que analizaron cerca de diez mil posts en inglés entre 2019 y 2022, explican que: “Nuestros hallazgos enfatizan la importancia de los modelos de vida comunitaria y los espacios compartidos, especialmente en la resolución de desafíos globales relacionados con la asequibilidad y la adaptación a nuevas necesidades como el envejecimiento o los nuevos modelos de relaciones laborales. Entre los usuarios, surge el interés y la discusión sobre Live Spaces, un término altamente asociado con la innovación y el diseño. Este grupo está más cercano al cohousing que al coliving debido al énfasis del primero en el carácter permanente de la residencia”.

Interior del espacio residencial Balneario de Frailes Senior Cohousing, de Habitat Colaborativo.
Lavandería-discoteca en uno de los espacios de The Collective en Londres.
El perfil del coliver

La empresa Urban Campus, en su informe Coliving impact report 2024, concluye que el perfil de los usuarios europeos de sus modelos residenciales (en España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido) corresponde a un joven profesional de 35 años, mayoritariamente trabajador por cuenta ajena (71%) y algo más de la mitad (51%) son residentes nacionales de cada país. Un 11% de ellos son emprendedores. El 86% afirma que es más feliz viviendo en este modelo de vivienda y el 82%, que se siente menos solo.

Para saber más

OECD Affordable Housing Database.
Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023.

Design study into co-living as typology of shared living.
MVRDV, HUB y Bridges Fund Management, 2024.

Explorando tendencias sociales en las discusiones sobre cohousing y coliving en X(Twitter) mediante el uso de técnicas de PNL y de análisis de texto.
Rafael Sosa Ramírez, Esteban Vázquez Cano, Norberto Díaz-Díaz y Eloy López-Meneses.
Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación (Universidad de Sevilla), 2024.

«Del piso compartido al coliving; de la corrala al cohusing», por José Luis Fernández Santillana

ALDEA GLOBAL

JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SANTILLANA,

presidente de CEOMA

"¿Por qué no se ofertan opciones de cohousing en régimen de alquiler, especialmente dirigidas a personas mayores que conforman una pareja o a situaciones de vida unipersonales?"

Del ‘piso compartido’ al ‘coliving’; de la corrala al ‘cohousing’

La novedad de estas fórmulas de vivir o convivir radica más en las nuevas denominaciones que, una vez más, importamos del mundo anglosajón.

Del piso compartido de estudiantes al coliving es una forma de vivir en un espacio en el que se reducen gastos, se crean espacios colaborativos a nivel laboral y se favorece un estilo de vida sostenible. Un rasgo importante del coliving es que favorece las alianzas profesionales (antes estudiantes) al mismo tiempo que se comparte residencia; es en la práctica una prolongación natural del coworking.

Se pretende compartir un espacio donde trabajar y vivir, a partir del uso para todos de elementos comunes: zonas de trabajo, descanso, ocio, servicios de limpieza o comedor, etc. Donde cada participante tiene su espacio propio donde ¿vivir, desconectar del resto, o dormir?, pero todos bajo un mismo techo.

Esta nueva modalidad de residir va más allá de lo que sería el tradicional piso compartido de estudiantes; el coliving necesita espacios más amplios, una mayor oferta de servicios. Si bien es una fórmula de disminuir gastos, está más pensada para jóvenes profesionales, donde en muchos casos prima la movilidad y por tanto no hay un sentido de propiedad o de pertenencia, algo propio de lo que hoy denominamos ¨nómadas digitales¨. Muchas de estas personas residen temporalmente en un espacio de coliving y viajan constantemente de uno a otro espacio sin ningún tipo de condicionamiento.

El paradigma lo podemos encontrar en la oferta de cruceros para quienes hacen del teletrabajo un estilo de vida, un coliving temporal en alta mar. Un crucero para nómadas digitales.

También a veces se plantea como una posibilidad de convivencia intergeneracional entre jóvenes y mayores. Creo que no es la fórmula más utilizada por estos últimos, que entre otras cuestiones buscan estabilidad y continuidad en sus relaciones.

No siempre es fácil vivir y convivir bajo un mismo espacio, y ello dificulta la relación intergeneracional en estos espacios, y si bien, no es imprescindible, unos intereses o aficiones comunes ayudan.

De la corrala al cohousing es otro fenómeno residencial que guarda alguna semejanza con el coliving, pero no son lo mismo. Pueden parecer conceptos residenciales semejantes, pero son dos planteamientos vitales diferentes.

El cohousing es un modelo de vivienda colaborativa en el que los residentes disfrutan de espacios privados en los que viven y zonas compartidas, adaptándose a las necesidades y a los intereses de todo el grupo.

De alguna manera, podríamos decir que los primeros cohousing en España habrían sido las corralas, pequeñas casas (apartamentos) con un gran patio común y con unos servicios compartidos muy esenciales: los baños y el lavadero, este en el patio común y junto a un pozo que, además de para sacar agua, servía para refrescar las frutas y bebidas. Unos espacios en los que primaba el juego de los más pequeños, la vecindad; no había anonimato, sino ayuda mutua.

Un modelo este alejado de la tradicional residencia, que está haciendo que las generaciones que más tienden a acercarse a este modelo de convivencia sean las de las personas mayores o familias con miembros en esta situación.

Los que optan por el cohousing buscan espacios compartidos que favorecen la convivencia y la interrelación personal. Es un modelo de convivencia pensado para una residencia permanente, mientras que el coliving se disfruta de un modo más ocasional o breve. En el cohousing los residentes comparten un proyecto de vida a largo plazo, y con frecuencia orientado a un mayor contacto entre ellos, conformando una comunidad de personas más diversa en las que abundan familias y mayores.

Hay algunos aspectos de cohousing en los que podemos profundizar: es una alternativa a las tradicionales residencias; y posibilita la independencia que muchos reclaman garantizando la percepción de servicios de los que no tienes que preocuparte: comida, limpieza, etc.; tareas estas que a veces pueden resultar penosas para algunos mayores. También puedes realizar las comidas en una zona común o llevártela a ¨casa¨.

¿Cómo se conforma el cohousing? Tenemos diversas alternativas para ello: las promotoras de viviendas empiezan a ofertar esta modalidad: pisos y apartamentos con zonas de uso común. El ¨problema¨ es: ¿te arriesgas a compartir espacios con personas que no conoces o con intereses distintos?

Una buena opción es la cooperativa: personas con un interés y proyecto común. Otra posibilidad es el acuerdo entre los futuros componentes para adquirir su vivienda en un mismo edificio o zona, y abordar entre todos la compra de las zonas comunes y su equipamiento. Aquí podría aparecer una nueva dificultad: uno puede desprenderse de su propiedad, pero, ¿qué pasa con la participación en la propiedad común? ¿Se puede vender sin más?

Algunos de estos planteamientos se realizan sin necesidad de esperar a la jubilación, incluso con carácter preventivo a situaciones que se darán en un futuro próximo. Una familia puede entrar en el cohousing pensando en que en unos años uno o varios de sus miembros serán mayores y necesitarán de esos servicios comunes y de la relación con un entorno amigable y conocido.

Una última cuestión es el papel que deben jugar las administraciones en ofertar este tipo de soluciones a los mayores, especialmente a aquellos que no tienen capacidad económica para constituir un cohousing. ¿Por qué no se ofertan opciones de cohousing en régimen de alquiler, especialmente dirigidas a personas mayores que conforman una pareja o a situaciones de vida unipersonales? Una propuesta: que en todas las promociones de vivienda pública se reservase una parcela a este fin.

Entrevista a Antón Leis, director de la AECID

ALDEA GLOBAL

ANTÓN LEIS,

DIRECTOR DE LA AECID

Antón Leis García es director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desde el 23 de agosto de 2021. Con anterioridad ocupó diversos cargos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), trabajó como asesor senior en la Secretaría General de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global del Gabinete del presidente del Gobierno español, y fue asesor de la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional. Cooperante de reconocida trayectoria habla, además del español, inglés, francés, portugués y gallego.
CARLOS CAPA

“Hay que modernizar y fortalecer el Estado de Derecho en el mundo para alcanzar la plena igualdad”

Después de tres años al frente de la Agencia , ¿qué valoración hace de este periodo dirigiendo la AECID?

Con mi pasado de cooperante, ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida profesional. La AECID cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y comprometidos de los que he aprendido muchísimo y sigo haciéndolo cada día. Ese compromiso nos ha permitido llegar hasta aquí y superar etapas difíciles, de abandono político y presupuestario.

Por un lado, ha sido un periodo difícil, marcado por las crisis superpuestas a las que hemos tenido que responder desde la agencia humanitaria y de cooperación de España canalizando la solidaridad de la ciudadanía española. Las crisis más inmediatas pueden visualizarse en tres momentos: la evacuación de Afganistán en verano de 2021 (que incluyó a muchos antiguos colaboradores de la AECID); la guerra de agresión de Rusia a Ucrania iniciada en febrero de 2022, y el conflicto en Oriente Medio y la grave situación humanitaria en Gaza desde octubre del año pasado. Podría citar más, como los terremotos de Turquía, Siria y Marruecos, pero esas tres grandes emergencias nos han puesto definitivamente a prueba.

Tampoco podemos olvidar las crisis más estructurales, las de largo plazo. En este tiempo hemos estado trabajando por revertir las consecuencias de la triple crisis sanitaria, económica y social de la Covid-19 en todo el mundo, que ha revertido una dinámica de décadas de reducción de la pobreza en todo el mundo. Hemos trabajado para combatir la situación de inseguridad alimentaria generada en lugares como el Sahel y el Cuerno de África. Y estamos profundizando en el compromiso verde de nuestra cooperación, apoyando a nuestros países socios en sus esfuerzos de adaptación y mitigación en el marco de una transición ecológica justa.

 


“LA AECID CUENTA CON UN EQUIPO DE PROFESIONALES ALTAMENTE CUALIFICADOS Y COMPROMETIDOS”


 

¿Cómo visualiza el futuro?

Son años de cambio y de reforma para la agencia y para el conjunto de nuestro sistema de cooperación. Así, el presupuesto de la AECID experimentó el crecimiento más importante en cerca de una década, superando los 700 millones de euros tras un incremento de más de un 70% en la aportación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Quiero destacar la participación de la AECID en la redacción de la nueva Ley Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que se aprobó en febrero de 2023.

En las próximas semanas esperamos aprobar también el nuevo Estatuto de la AECID, que actualizará la estructura y recursos humanos de la agencia para que podamos ser capaces de gestionar el doble de presupuesto que ahora y retener y atraer el talento que necesitamos. Y en los siguientes meses, tendremos el nuevo Estatuto del Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES), que impulsará nuestra cooperación financiera con nuevos instrumentos, más transparencia y flexibilidad para financiar el desarrollo sostenible; y otro más para facilitar la gestión de nuestras subvenciones.

Quiero destacar la ampliación de nuestra actuación en ámbitos como el nuevo Programa Democracia para América Latina y Caribe en una apuesta por apoyar a nuestros países socios en la región.

España ha estrenado recientemente un nuevo marco jurídico para la cooperación, la Ley 1/2023. ¿En qué se diferencia de regulaciones anteriores?

Estamos hablando de una ley vanguardista que nos permitirá cooperar más (y ahí está el mandato legal del 0,7 y los incrementos presupuestarios que el gobierno ha venido impulsando en los últimos años) pero también mejor, con instrumentos más eficaces y un modelo basado más en la alianza y menos en la ayuda tradicional, cada vez más en entredicho en un mundo de mayor competencia geopolítica. Y no solo porque hemos multiplicado la cantidad de presupuesto que canalizados, sino también por haber sentado las bases de su reforma. De hecho, en 2022 nuestro consejo rector aprobó una hora de ruta con casi 150 acciones bajo el lema Cooperamos. Cambiamos, que ha puesto las bases hacia una agencia más estratégica, con mayores capacidades y con mayor impacto.

La ley fortalece a la AECID como piedra angular del sistema de cooperación, mandatando aprobar un nuevo estatuto que reforzará sus capacidades de manera estructural: el desarrollo de los y las profesionales que forman parte y al talento que queremos atraer y en particular el fortalecimiento en relación con la generación de alianzas y la coordinación operativa de un sistema plural y diverso.

Además, con el Estatuto de las Personas Cooperantes aseguramos la consolidación de una carrera profesional digna y atractiva que atraiga y retenga talento al sector, así como la capacitación, especialización y promoción de nuestros más de 2.700 cooperantes en todo el mundo y mejora la transparencia financiera y su eficacia además de reducir cargas burocráticas.

El Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible, la Solidaridad Global y la Conferencia Sectorial, permitirán articular mejor la cooperación descentralizada y la Comisión Interministerial permitirá la implicación de toda la estructura administrativa del Estado.

España dedica un 0,3% a la Ayuda al Desarrollo, lejos del 0,5% de compromiso para la legislatura y del 0,7% que fija la Agenda 2030. ¿Cree posible un mayor esfuerzo presupuestario?

No solo es posible: es un mandato legal aprobado por todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados excepto uno. El artículo 1 de la ley lo mandata. Y, por tanto, vamos a cumplirlo. Nuestras previsiones son alcanzar el 0,5% en 2027 y estar listos para un último esfuerzo y alcanzar dicho 0,7% en 2030. Y por lo tanto, va a ser difícil pero vamos a trabajar por cumplir los objetivos marcados.

 


“QUEREMOS QUE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EMPODERAMIENTO DE MUJERES, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEAN REALES ALLÁ DONDEI TRABAJAMOS”


 

Quisiera recordar que la AOD española estaba en el 0,19% de la RNB en 2017 y en 2022, que son los últimos datos oficiales contabilizados alcanzaba el 0,30%. Hemos prácticamente doblado en dos años el presupuesto de la AECID hasta los 708 millones de euros en 2023, un nivel que no veíamos desde hace más de una década.

¿Cuál es el rol de las ONGD en la gestión de las ayudas al desarrollo? ¿Deben profundizar en su profesionalización?

Las ONGD son contrapartes clave para la AECID, como socios y colaboradores necesarios para trabajar con nuestros países socios. Además, son portavoces de la sociedad civil, no solo de la española, sino también de las sociedades en las que trabajamos.

Partiendo del reconocimiento del alto nivel de profesionalidad con el que cuentan, humildemente creo que deberían seguir diversificando sus fuentes de financiación, para no depender exclusivamente de subvenciones públicas y aumentar así su campo de acción. Creo que deben ampliar su cooperación financiera y profundizar alianzas tanto entre ellas como con otro tipo de actores de la cooperación.

También animaría a seguir en su diálogo con la sociedad civil de nuestros países socios para ampliar el espacio de la participación social, la democracia y los derechos humanos.

¿Qué región es prioritaria para España en la cooperación?

La ley prioriza el trabajo con los países socios del norte de África, Oriente Próximo y África subsahariana (en particular a los países de África Occidental y el Sahel y los países de habla española y portuguesa), así como con los países de América Latina y el Caribe, incluido en el marco iberoamericano.

España es el primer donante del CAD de la OCDE en hacer cooperación para el desarrollo sostenible con países “graduados” en línea con un enfoque más basado en la alianza que en la “ayuda”.

La acción humanitaria española tiene el mandato de seguir dando apoyo a las crisis crónicas en América Latina y el Caribe, el Sahel, los campamentos de población refugiada saharaui, la crisis regional siria y Palestina, Ucrania y Afganistán, atendiendo al mismo tiempo aquellas emergencias que surjan en atención a los llamamientos humanitarios que se produzcan, por ejemplo, en respuesta a desastres naturales, priorizando los países y contextos donde podamos aportar mayor valor añadido, además de atender a emergencias puntuales haya dónde se produzcan.

Usted define a la Cooperación Española como “feminista”. ¿Podría desarrollar este concepto?

Esto significa, ni más ni menos, que queremos que la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres, niñas y adolescentes sean reales allá donde trabajamos. El firme compromiso feminista de nuestra cooperación se traduce en un incremento constante de nuestros proyectos en materia del ODS5: un 173% desde 2018. El año pasado, el 55% del presupuesto de la agencia se relacionaba con programas marcados como “de género”. Es decir, además de identificar la igualdad de género como sector prioritario, también se establece como transversal el enfoque feminista y de género en el resto de las acciones que realizamos, desde proyectos de agua, salud o culturales hasta nuestra acción humanitaria.

Finalmente, me gustaría destacar uno de nuestros compromisos más sólidos: el que tenemos para prevenir, detectar, tratar e, incluso, erradicar el cáncer cervicouterino, al que dedicamos importantes recursos.

 


“EL PAPEL DEL NOTARIADO ES IMPORTANTE EN EL OBJETIVO DE PROMOVER EL ESTADO DE DERECHO Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA”


 

¿Cómo cree que debiera ser la participación de las empresas y el capital privado español en la cooperación?

Nuestra nueva ley ya prevé el mayor papel de las empresas y el capital privado en la cooperación. De hecho, su artículo 39 nos mandata fomentar los partenariados y las alianzas público-privadas entre los órganos ejecutores de la cooperación española y el sector privado empresarial, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en los países socios de la cooperación y la difusión de buenas prácticas españolas en materia de sostenibilidad.

En el marco de la reforma en la que estamos inmersos, reforzar las alianzas de la AECID va a ser fundamental para avanzar en el cumplimiento de nuestros objetivos, y el sector privado va a ser clave en ello.

 


“HEMOS ESTADO TRABAJANDO POR REVERTIR LAS CONSECUENCIAS DE LA TRIPLE CRISIS SANITARIA, ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA COVID-19 EN TODO EL MUNDO”


 

Los notarios prestan seguridad jurídica preventiva a ciudadanos y empresas en más de 90 países del mundo. ¿Qué pueden aportar a las políticas de cooperación sobre el terreno?

Sin duda ninguna, el Notariado puede ser un actor fundamental en contribuir al cumplimiento del ODS 16 “paz, justicia e instituciones sólidas”, tanto con capacitación técnica como con innovación.

Y en ese sentido, su papel es importante en la meta 16.3. de promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia, especialmente en trabajar para garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos legales y cómo ejercerlos, así como fortalecer los sistemas de gestión del sector público y apoyar a las instituciones en la lucha contra la corrupción.

De hecho, la AECID colabora con el Consejo General del Notariado y la Fundación Aequitas en varios proyectos. ¿Con qué fines?

Nuestra colaboración recoge ocho actividades encaminadas hacia la potenciación de la gestión de los empleados públicos a través de su formación en las materias respectivas, la puesta en común de las novedades más relevantes y la implementación de las competencias digitales.

Otro de nuestros fines es fortalecer las capacidades de los servicios notariales de los países iberoamericanos en su vinculación con los sistemas de gestión del sector público y el desarrollo de competencias digitales. Resulta patente la necesidad de modernización y fortalecimiento del Estado de Derecho y las instituciones, encaminadas al logro de la plena igualdad, reforzando la protección de las personas en situación de especial vulnerabilidad, al tiempo que se contribuye al diseño de asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Es precisa la formación de los empleados públicos y en especial de aquellos a cargo de la seguridad jurídica preventiva que juegan, precisamente por su papel preventivo, un rol esencial en tal tarea y ello estamos trabajando en colaboración.

Huella digital

Antón Leis mantiene abiertos varios perfiles en las redes sociales más habituales como LinkedIn  o X ( antigua Twitter) @anton_leis

La AECID tiene una página web con una completa información de sus, proyectos, regulaciones, actividades y las de su director