COMO ES BIEN sabido, la declaración del estado de alarma en España implicó la suspensión de la actividad lectiva presencial en los centros educativos. Y debo hacer énfasis en este último aspecto: se suspendió la actividad presencial, no la educativa. En efecto, de manera inmediata los centros y sus docentes comenzaron a suplir las actividades habituales por otras desarrolladas a distancia o en línea. En muy pocos días, con objeto de dar una respuesta urgente a una situación inesperada, comenzaron a ofrecer a su alumnado otro tipo de actividades utilizando recursos digitales muy diversos, a veces acompañados de otros medios, como los programas televisivos ofrecidos por Radiotelevisión Española en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Fue necesario enfrentarse a una situación imprevista que nos puso a todos a prueba y ante la cual tanto docentes como estudiantes y familias supieron reaccionar con rapidez y decisión.
Es verdad que nuestro sistema educativo lleva varios años impulsando la digitalización de la enseñanza, incorporando dispositivos y plataformas, formando al profesorado, produciendo recursos digitales y mejorando notablemente la conectividad de los centros educativos. Pero debemos reconocer que ello no implica la utilización sistemática y generalizada de dichos recursos en las actividades cotidianas de enseñanza de todas las etapas. Las diversas Administraciones educativas han elaborado sus propios planes, desarrollado plataformas para la enseñanza, puesto en marcha iniciativas interesantes; pero estos recursos no habían tenido hasta ahora que ser utilizados como soporte fundamental de las actividades de aprendizaje. Ha sido en estas circunstancias anómalas cuando hemos tenido que probar sus posibilidades y su potencia, y extraer lecciones para el futuro.
Uno de los problemas ya detectados con anterioridad consiste en la existencia de la denominada brecha digital en la sociedad española. De una manera simple, suele identificarse con el hecho de tener o no acceso a conexión y dispositivos tecnológicos. Desde varios organismos se ha intentado cuantificar y caracterizar dicha brecha. Según los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (2019) del INE, 792.048 hogares con hijos no poseen dispositivos electrónicos y 284.243 hogares con hijos no disponen de conexión a internet. Y según los datos de PISA 2018, un 9% del alumnado de 15 años de edad no tiene ningún dispositivo en su hogar y un 2% no tiene acceso a internet. Aunque no son cifras muy elevadas, resultan preocupantes, sobre todo por el tipo de alumnado al que afectan, que es el de menores niveles de renta. Y es un fenómeno que tiene un reflejo inmediato en el ámbito de la educación y la formación.
Pero esta primera aproximación a la brecha digital que podríamos denominar propiamente brecha de acceso, no es la única identificable. En realidad, los especialistas distinguen tres dimensiones distintas en su interior. Es el caso de Mariano Fernández Enguita, quien a la brecha de acceso ya mencionada, añade la brecha de uso, relativa al tiempo de uso efectivo y a la calidad del mismo, y la brecha escolar, que hace referencia a las habilidades del profesorado y a la disponibilidad de recursos y plataformas de apoyo a la enseñanza. Aunque los indica-dores españoles en ambas dimensiones no son especialmente bajos, tienen un indudable campo de desarrollo por delante.
Esta concepción multidimensional de la brecha digital ha sido adoptada por estudios recientes como los publicados el pasado mes de abril por Cotec, con el título Covid-19 y educación: problemas, respuestas y escenarios, o por Save the Children, en Covid-19: Cerrar la brecha. Impacto educativo y propuestas de equidad para la desescalada. Merece la pena citar este último, pues desciende al análisis de las diferencias existentes bajo esa denominación genérica de brecha digital. Recogiendo datos de PISA 2018 trabajados por Lucas Gortázar concluye que las diferencias existentes en el número de ordenadores en el hogar está íntimamente asociado a la situación socioeconómica. Mientras que un 14% de estudiantes del cuartil más bajo no dispone de ordenador y el 44% tiene solamente uno, el 92% del cuartil más elevado dispone al menos de dos ordenadores en el hogar. Los datos resultan concluyentes y confirman datos similares del INE.
Y es que, en última instancia, la brecha digital es también y sobre todo brecha social. Por ese motivo, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en cooperación con Red.es, hemos puesto en mar-cha un ambicioso programa de cooperación territorial para permitir que las comunidades autónomas distribuyan, en régimen de préstamo, dispositivos y conexión a los estudiantes que carecen de ello y no tienen medios para cubrirlos por sí mismos. Esperamos llegar a más de 600.000 estudiantes de ese grupo social. Esperamos hacer frente así a una de las causas principales de la mencionada brecha digital (que es en buena medida social).
«Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en cooperación con Red.es, hemos puesto en marcha un ambicioso programa de cooperación territorial»
Ahora bien, aunque contribuyamos a cerrar o estrechar esa brecha, somos plenamente conscientes de que hay otras dos dimensiones que debemos atender: la de uso y la educativa. Y a ambas habrá que prestar una especial atención en estos próximos meses. Aunque todos hacemos votos para que la pandemia nos dé un respiro, no podemos excluir que en el próximo curso debamos atender contingencias imprevistas. Y para enfrentar esa incertidumbre debemos desarrollar al máximo los recursos digitales a disposición de nuestros centros, docentes y estudiantes. Es una tarea tan ineludible como atractiva y, sin duda, fructífera con vistas al futuro.
«Será un año difícil, pero confío en la fortaleza de España»
Reyes Maroto está a la cabeza de un ministerio con competencias sobre la mayor parte del tejido productivo del país. Por eso, más que nunca, interesa su opinión sobre los retos a los que se enfrenta nuestra industria y los planes más inmediatos para relanzar el turismo y el comercio.
– Forma parte del Consejo de Ministros desde el primer Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué supuso para usted el paso a la política nacional? – Significó un gran honor y a la vez un enorme reto. Ser ministra del Gobierno de España es una alta responsabilidad que obliga a una a estar dedicada por entero a la tarea de trabajar para el conjunto de la ciudadanía. En mi caso, además, asumí el desafío de recuperar el Ministerio de Industria, que no existía en el Gobierno anterior. En cuanto al salto a la política, ha sido también una experiencia enriquecedora. Defiendo la política útil, la necesidad de dialogar, buscar consensos en beneficio del interés general. Aunque a veces el Parlamento traslade un clima de crispación, creo que es importante reivindicar la lealtad y la unidad, más aún tras la pandemia, que nos obliga a una tarea de reconstrucción liderada por el Gobierno en la que han de estar todas las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales.
– Buena parte de su carrera profesional ha sido en el ámbito académico, en la Universidad Carlos III de Madrid. ¿Qué le llevó a mundo de la política? –Siempre he tenido una vocación de servicio público y mi experiencia en la universidad ha sido muy enriquecedora. Allí conocí a personas que colaboraban con el PSOE en grupos de discusión multidisciplinares y me pareció una oportunidad poder contribuir con mi experiencia tanto académica como profesional. La decisión de dar el paso a la política fue difícil, pero estoy satisfecha y orgullosa de poder contribuir a mejorar mi país, porque España es el mejor país para vivir, trabajar e invertir.
«Hay que enorgullecerse de nuestra industria, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia»
– El área de actuación de su ministerio son tres sectores (industrial, comercial y turístico), que suman algo más del 40 por ciento del PIB nacional. Es de suponer que esto represente un reto importante para usted y su equipo. ¿Cómo lo afrontan?
– Formamos un equipo compacto, con personas de gran experiencia en la Administración General del Estado. También en las administraciones autonómica y municipal. Somos servidores públicos que trabajamos con el compromiso al que nos obliga la solución de lo urgente, pero también con capacidad de previsión, para anticipar posibles escenarios y adoptar las medidas oportunas. La crisis sanitaria del Covid-19 nos ha puesto a prueba, realmente ha tensado al máximo la capacidad de un Estado para proteger la salud y la economía de un país, y creo que hay que poner en valor el trabajo de este Ministerio y del conjunto del Gobierno.
LOS NOTARIOS
han sido definidos por el Gobierno durante el estado de alarma como un servicio público esencial. Como sabe, prestan diferentes servicios en el ámbito empresarial. ¿Cree que el desarrollo tecnológico que han alcanzado podría ser de utilidad para este sector?
–La crisis sanitaria ha modificado nuestras vidas y nos ha obligado a buscar soluciones tecnológicas en to-dos los ámbitos, incluido el del Notariado. Está claro que la pandemia también ha de suponer un punto de inflexión para la digitalización de vuestra actividad. Conozco iniciativas telemáticas para la posibilidad de formalizar las moratorias de las hipotecas o autorizar pólizas del ICO de forma ágil y segura, y creo que tenemos que seguir avanzando porque, como he co-mentado, la transformación digital es clave en la modernización del tejido productivo español, especial-mente de las pymes y de los autónomos, en un mundo globalizado que estaba sufriendo grandes cambios disruptivos y que quizá en los próximos años acelere aún más la digitalización. La digitalización de documentos, trámites y actos notariales es un gran reto de país, y sé que el Ministerio de Justicia está trabajando en ello.
«La Estrategia de Turismo Sostenible 2030 pretende cambiar el modelo con tres palancas clave: digitalización, sostenibilidad e internacionalización»
«Es imprescindible generar estabilidad y confianza para poder recuperar el clima de negocio»
Huella digital
REYES Maroto (@marotoreyes) es una ministra muy activa tanto en Twitter como en Instagram. En ambos perfiles ha experimentado un notable crecimiento en número de seguidores durante la pandemia. Suele comentar sus intervenciones parlamentarias y las entrevistas que realiza en prensa, radio y televisión.
El equipo de la Dirección de Comunicación del Ministerio ofrece en los perfiles institucionales de ambas redes sociales (@mincoturgob) información diaria de su actividad en forma de notas de prensa, audios, videos y fotografías, que se complementa en el portal: www.mincotur.gob.es.
– En este sentido, y al margen del Covid-19, ¿cuáles son las líneas maestras de su Ministerio durante esta legislatura?
– Están definidas en el programa electoral y en el acuerdo de coalición de Gobierno, pero son continuación de la hoja de ruta que iniciamos hace ahora dos años, concretada en la Agenda del Cambio. Nuestra Estrategia de la España Industrial aspira a aumentar el peso de la industria en el PIB, una nueva Ley de Industria y un Pacto de Estado. Con el Plan de Modernización del Comercio queremos dar un salto cualitativo, acompañando al sector en un momento de grandes cambios. La Estrategia de Turismo Sostenible 2030 pretende cambiar el modelo de gobernanza turística. Con tres palancas clave: digitalización, sostenibilidad e internacionalización. Tres sectores clave que conocen y reconocen el compromiso del Ministerio, expresado claramente durante el Covid-19 mediante un plan de choque con medidas que han creado una red de seguridad para trabajadores y empresas. Ahora toca la reactivación y el relanzamiento, y ahí están los planes de impulso a la cadena de valor del sector de automoción y de impulso al sector turístico, con un compromiso presupuestario que suma 8.000 millones de euros.
«Recuperar el turismo es cosa de todos, también de las comunidades autónomas, que tienen competencia en la materia»
– Pero, tal y como reflejan los datos oficiales, el sector industrial está perdiendo importancia en nuestro país. ¿Se puede revertir esta tendencia?
– Como he señalado, se puede y se debe. Quiero decir dos cosas: por un lado, que hay que enorgullecerse de nuestra industria, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante la pandemia y ha demostrado una notable resiliencia. Hay sectores que han sido esenciales durante la crisis sanitaria, y el Gobierno les apoya y acompaña. Por otro lado, es imprescindible generar estabilidad y confianza para poder recuperar el clima de negocio y, por tanto, apelo una vez más a las fuerzas políticas a que abandonen la crispación y se sumen a la tarea de reconstrucción económica y social del país.
– ¿En qué consiste el plan de impulso del turismo que han acordado con las organizaciones empresariales del sector y con las comunidades autónomas? – Es un plan ambicioso con una dotación de 4.262 millones de euros, que se suma a los paquetes de medidas – algunas, específicas para el sector– aprobadas desde el 14 de marzo. Es legítimo pensar que el esfuerzo del Gobierno siempre es insuficiente, pero buena parte del sector es consciente de que, desde lo público, hemos hecho todo lo posible para proteger lo privado. Recuperar el turismo es cosa de todos, también, como señala, de las comunidades autónomas, que tienen competencias en la materia.
– ¿Hay sobre la mesa medidas concretas para aumentar la promoción turística de España entre nuestros principales mercados?
– Parte del plan se dedica a acciones de promoción internacional, que se iniciaron en plena pandemia con la campaña España te espera y ha continuado, en una segunda fase, de cara al verano. España Global también ha difundido el video Spain for sure, en el que participan algunos de los compatriotas más destacados y conocidos a nivel mundial. Efectivamente, vamos a volcarnos en los principales mercados emisores (Alemania, Francia y Reino Unido). Las primeras señales, tras la recuperación de la movilidad y la apertura de fronteras, son esperanzadoras, aunque hay que mantener la alerta, porque el virus continúa entre nosotros. Será un año difícil, pero confío en la fortaleza de España, el país más competitivo del mundo en términos turísticos.
– Una de las grandes apuestas de este Gobierno es la sostenibilidad y la lucha contra la contaminación. Según su punto de vista, ¿cómo se puede conjugar esto con el desarrollo industrial y turístico de nuestro país?
–Es una de las prioridades, concretada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en un amplio paquete legislativo de carácter muy transversal. También así respondemos de manera clara a una demanda de la ciudadanía, y no solo en España; en todo el planeta. En el ámbito de mi ministerio pue-do decir que la industria ha hecho sus deberes. En la COP-25 (Cumbre Mundial del Clima) pudimos comprobar el compromiso de las grandes empresas en la lucha contra el cambio climático. Podría citar numero-sos ejemplos, en los sectores de la automoción, la celulosa y el papel o la química.
– ¿Conoce la labor del Notariado respecto a la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal? ¿Hay algún aspecto en que podría intensificarse?
– La conozco. De hecho, en el último número de ESCRITURA PÚBLICA (número 123) tuve la oportunidad de leer la entrevista al presidente del Consejo de Notariados de la Unión Europea, Georgios Rouskas, en la que ponía en valor la experiencia del Notariado español en la lucha contra delitos económicos como el blanqueo de capitales. Desempeñáis un papel relevante en el contexto comunitario y, como ocurre en los ámbitos de competencia de mi ministerio, para prestar un mejor servicio a la ciudadanía es esencial la cooperación europea e internacional, en el marco de la defensa y promoción de los valores y derechos europeos.
Zoom fue la segunda aplicación más instalada en abril tras Tik Tok (una red social de vídeos cortos).
Quizá el Covid-19 no le ha afectado, pero sí esta “infección” y sin acercarse a nadie: las aplicaciones de videollamadas, cuya descarga en el confinamiento ha aumentado de forma supercontagiadora.
EN TIEMPOS de crisis unos lloran y otros venden pañuelos”. Es lo que dice la popular frase de origen incierto, pero de cuya certeza pocos dudan. Porque si pensaba que durante la pandemia los únicos beneficiados iban a ser los proveedores de material sanitario es que no hizo un rastreo dentro de casa. Sí, su teléfono, tableta u ordenador están seguramente “infectados” por las apps de videollamadas que les ha inoculado para superar mejor el confinamiento, tanto para teletrabajar, aprender o hablar con sus amigos y familia. App es una abreviatura del inglés application (aplicación). Son programas informáticos destinados principalmente a smartphones o tabletas (como el iPad o equipos Android).
No es lo mismo hablar con tu jefe que con tu primo
SON muchas las aplicaciones que permiten las videollamadas, pero hay que saber cuál usar para cada caso. Por ejemplo, Snapchat e Instagram se usan para amigos ya que permiten filtros de imágenes para deformar caras, por eso no es recomendable si habla con su jefe.
Houseparty además de videoconferencia permite jugar online. Skype, Zoom, Google Meet, Hangouts, Microsoft Teams, JitsiMeet y Discord pueden compartir pantalla y son las mejores para teletrabajar o dar una clase online. El número de participantes puede ser ilimitado en JitsiMeet y además no necesita registrarse.
Y en Twitter, ¿qué opinan?
El Deber. @grupoeldeber. 23 jun. Las más leídas. El confinamiento ha generado un aumento considerable del uso de las redes sociales y apps de todo tipo, las cuales han servido para comunicarse, entretenerse, informarse, trabajar y aprender.
eldiario.es. @eldiarioes. 2 abr. El Gobierno utilizará los datos de movilidad y las apps sanitarias para definir la estrategia de salida del confinamiento. eldiario.es/politica/contr.
Acer España.@ES_Acer. 15 may. Con estas apps de fitness no querrás volver a ir al gimnasio (aunque puedas).
EL PAÍSTecnología-Retina. @elpais_tec. El confinamiento está sacando al artista que llevamos dentro. Repasamos las apps de edición más populares para que las fotos que hacemos estos días para entretenernos luzcan más.
Triplicar resultados. Durante el confinamiento las descargas de aplicaciones de videollamadas se han multiplicado exponencialmente si comparamos los datos con el año anterior. Zoom fue la segunda aplicación más instalada en abril tras Tik Tok (una red social de videos cortos) según datos de la compañía de análisis Sensor Tower. El décimo puesto fue para Microsoft Teams, por detrás de Google Meet. Zoom multiplicó por 60 las descargas respecto a abril de 2019. En abril de 2020 tuvo 131 millones de instalaciones en todo el mundo. En mayo, fueron 94 millones; aun así multiplicó por 43 las descargas respecto a ese mes en 2019.
Sin embargo, al principio la aplicación reina tuvo sus problemas como señala a ESCRITURA PÚBLICA Leire Nuere, directora online en la Universidad Francisco de Vitoria. “Zoom es muy potente, pero al comienzo de la pandemia tuvo una brecha de seguridad en la que sufrió suplantaciones de identidad, se metieron videos porno, etc. Luego lo solucionaron”. Por su parte, Google tiene aplicaciones como Hangouts orientada a usar entre amigos mientras que si buscamos algo más profesional está Google Meet. Nuere señala que “sus ventajas son el almacenamiento casi ilimitado y su fiabilidad. Ahora bien, yo usaría plataformas como Zoom o Webex Meeting que ofrecen muy buena seguridad. Además, en el caso de Zoom la curva de aprendizaje es mucho mayor; es decir, la gente está más familiarizada con ella por lo que es más fácil que el interlocutor con el que hagas una comunicación se una a ti sin problemas”. ¿Y por qué no a través de las plataformas de Google?, le preguntamos. “Están muy bien, pero, honestamente, siempre me han parecido un poco Gran Hermano y de una forma u otra siempre toman información y con temas tan sensibles como los de una notaría, mejor no arriesgarse.” sentencia.
Su teléfono, tableta u ordenador están seguramente ‘infectados’ por las apps de videollamadas que les ha inoculado para superar mejor el confinamiento
Tras la desescalada, la descarga de programas de videollamadas como Skype, Duo, y Hangouts cayeron. Pero como señala Leire Nuere: “indudablemente, muchos procesos se recuperan por la normalidad, pero la tecnología es un camino en el que no hay vuelta atrás. Poca gente se plantea escribir ahora una carta. De la misma forma que ya no se mandan mensajes de texto y se prefiere el whatsapp. Se ha superado la parte más difícil que es la implementación de una herramienta. Una vez que la conoces la incorporas a tu vida”. De hecho, con la preparación de la enseñanza online ante un posible rebrote asistimos a una demanda mantenida de aplicaciones como Google Classroom con 17 millones de descargas en mayo en todo el mundo.
La Universidad reclamaba desde hace años una tercera ley universitaria que le diese mayor flexibilidad. Finalmente ha sido un virus el que la obligará al mayor cambio de su historia.
Quien ha dado la sorpresa ha sido la UNED con su aplicación Aula Virtual de Examen (AvEx), marca España vaciada.
ES BIEN conocida la anécdota que se le atribuye a Fray Luis de León en 1576, aunque se relató dos siglos después de suceder. Al ser absuelto de un proceso en el que estuvo cuatros años encarcelado volvió a sus clases en la Universidad de Salamanca y dijo: “Dicebamus hesterna die” (“como decíamos ayer”). Como si el tiempo no hubiese pasado. Ahora, lo hará vertiginosamente tras sólo un par de meses de verano que equivaldrán a un cambio de siglos.
Si visitamos el aula de Fray Luis de León en la Universidad de Salamanca, que se conserva tal cual era hace 500 años, advertimos que no se ha modificado sustancialmente la enseñanza. Un aula en la que el profesor recita unos conocimientos y al que los alumnos prestan atención. Lo que sí ha cambiado han sido titulaciones y normativas. La primera ley universitaria de la democracia fue la 11/1983, después pasamos a la vigente, la norma de 2001 que fue modificada sustancialmente en 2007. Últimamente se reclamaba otra ley nueva que la dotase de mayor flexibilidad, y justo en ese momento… irrumpe la pandemia. ¿Su consecuencia directa? Nuestro “Fray Luis de León” podría estar en un aula vacía enseñando a unos alumnos repartidos por todo el mundo… ¿o no?
Ensayo general. Porque lo cierto es que el primer ensayo general que hemos tenido antes del verano ha sido bastante pobre y ha demostrado que las universidades y el sistema educativo no estaban preparados para las clases online. A no ser que creamos que las clases virtuales consisten en mandar enlaces de web y ejercicios en documentos adjuntos. Esta es más o menos la impresión que se desprende de las opiniones de muchos profesores y bastantes alumnos. Así lo recoge uno de los pocos estudios existentes, dirigido por Ingrid Gil, profesora de traducción de la Universidad de Comillas. Gil realizó una encuesta a más de 200 docentes universitarios: el 60%nunca impartió una asignatura online y el 65,8% reconocía tener poco o ningún conocimiento previo. Cada docente inició esta etapa como buenamente pudo, de forma individual, sin que hubiese una estructura coordinada. Lo llamativo viene con el grado de satisfacción. Mientras que la mayoría de los profesores, un 61%, se mostraba satisfecho con el resultado, para los alumnos la experiencia resultó negativa o muy negativa (36,6% de los encuestados) o directamente, indiferente (40,7%). El caso es que en el mundo hay 800 universidades que ofrecen formación en línea. Sus estudiantes no tienen nada que ver con los de las clases presenciales: tienen cargas familiares, una media de edad mayor a los 35 años y una tasa de abandono muy superior.
Volvamos a los universitarios tradicionales, los veinteañeros que acuden a clase. ¿Cómo ha sido su experiencia durante la pandemia? Los entrevistados coinciden en el resumen que nos hace Clara, estudiante de periodismo: “muchos profesores se limitaban a enviar-nos emails con enlaces a textos sobre la materia y en el mejor de los casos, hacían videollamadas. La sensación era la de ir tirando, que pareciera que se hacían cosas”.
Evaluación polémica. También el sistema de evaluación ha sido polémico. Algunas facultades han optado por el examen presencial con medidas de seguridad (distanciamiento, mascarillas…) porque era la única forma de tener un mínimo de calidad. Los que prefirieron los exámenes online se han encontrado con varios problemas. Por ejemplo, modificar el tipo de preguntas. Pruebas del tipo “papel de un minuto”: preguntas concretas y con un tiempo muy limitado de tal forma que solo el que sabe la respuesta tiene tiempo a responder y, si necesita más, es porque estará copiando.
Quien ha dado la sorpresa ha sido la UNED con su aplicación Aula Virtual de Examen (AvEx), marca “España vaciada”, diseñada en su centro de Barbastro, Huesca. El sistema evita comportamientos como la suplantación de examinados. La aplicación toma fotografías aleatoria-mente que se envían al profesor junto con el ejercicio. Carlos Gómez, el director del centro de la UNED en Barbastro confiesa que “no hay un 100% de seguridad de que el alumno no nos engañe y copie, pero en los exámenes presenciales tampoco”. Esta aplicación la usan los 155.000 alumnos que tiene la UNED. Para el resto, el único documento oficial acordado que habla sobre los exámenes en línea es el Informe sobre Procedimientos de Evaluación no Presencial elaborado por la CRUE, la conferencia de rectores, y que merece un recuadro aparte.
Pasos futuros. Pero entonces, ¿cómo serán las clases? Eso mismo es lo que se preguntan las propias universidades ante el silencio del Gobierno y las Comunidades Autónomas. Hemos hablado con diferentes portavoces universitarios y admiten que ni el Ministerio de Sanidad ni el de Educación dan instrucciones claras para el nuevo curso. Una muestra de lo que sucede es que ambos abogan por educación presencial para colegios e institutos. En el caso de las Universidades, sin embargo, prefieren cupos en las aulas e incluso, hacer algunas clases en exteriores. ¿Por qué? ¿Acaso el virus ataca más a los universitarios que a los escolares? La ausencia de líneas claras revela la falta de planificación de nuestro sistema educativo. Si no, recuerden las paradojas del comienzo de la desescalada: los jóvenes podían juntarse en grupos de diez en las terrazas pero no podían entrar en un aula, con distancia de seguridad y mascarilla, para hacer un examen.
El primer ensayo que hemos tenido ha sido bastante pobre y ha demostrado que las universidades no estaban preparadas para las clases online
En este momento las universidades optan por tres posibilidades: presencial con distanciamiento social, completamente online y una intermedia, o sistema híbrido que sería una mezcla de ambas. Si bien los centros prefieren ser políticamente correctos y no quejarse de la falta de instrucciones claras, quien sí lo hace es José Antonio López, profesor de biología molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Nos enseña un aula de su facultad. “Aquí es donde doy clase. Caben unas 200 personas y en un día normal aparecen unos 60 alumnos. Es decir, es posible respetar una distancia de seguridad. Si a esto le sumas que van con mascarilla, que estarán callados y que el único que hablaría soy yo, a mucha más distancia de ellos, no veo tanto problema para venir a clase. El problema viene cuando se juntan fuera.”
Las universidades optan por tres posibilidades: presencial con distanciamiento social, completamente online o sistema híbrido
Más complicado lo tienen las escuelas en las que sí es necesario el contacto físico; por ejemplo, las sanitarias. Desde la Escuela de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios Comillas, Julio de la Torre, su jefe de estudios, señala a ESCRITURA PÚBLICA que además de impulsar la enseñanza online con la adquisición de cámaras y plata-formas, “en las clases de prácticas se reduce el número de personas. Todos con máscaras de protección, geles y lavado frecuente de manos. De hecho, en todas las aulas prácticas tenemos lavabos”.
Otro enfoque
Lector, vuelve a casa: Cómo afecta a nuestro cerebro la lectura en pantallas.
Maryanne Wolf
La lectura en enseñanza online es digital. En esto no hay escapatoria, pero ¿tiene efectos secundarios? Wolf es especialista en lectura y aprendizaje en la Universidad de California. Señala que incluso los lectores de toda la vida están cambiando sus hábitos y su capacidad de concentración. En el cerebro manda la norma de que, si no se usa una capacidad, ésta se pierde. La lluvia de información a través de las plataformas digitales, no permite “detenernos y entender” lo que estamos leyendo. El papel, sin las distracciones de la pantalla (sus constantes ventanas abiertas) es más simple y directo. La pregunta es evidente: ¿aprenderán peor los universitarios de la tablet que los que toman apuntes a bolígrafo?
“Triste y sola …”
“… sola se queda Fonseca. Triste y llorosa queda la Universidad.” Esta popular canción de la tuna sonará más a partir de ahora. La enseñanza online tiene otro efecto secundario y, si no, que se lo pregunten a ciudades como Santiago de Compostela, Salamanca o Granada. Si bien Barcelona o Madrid tienen la mayor concentración de sedes universitarias, las anteriores viven en gran parte de los miles de estudiantes que van a ellas y con la explosión de la enseñanza online eso no sucederá. En España hay un millón y medio de alumnos matriculados en universidades. Los extranjeros son 139.708, pocos, pero suponen un 20% de los que se matriculan en másteres y doctorados (las matrículas más caras) y como reconocen desde la CRUE ningún alumno viene para quedarse encerrado sino para disfrutar de la vida estudiantil.
Si tomamos como ejemplo el caso de Granada, el estudio Generación de Valor de la UGR en su entorno, del profesor Teodoro Luque, señala que la universidad aporta 217 millones a la economía de la provincia y genera casi el 8% de sus empleos. Principalmente mueve alquileres, residencias, hostelería o servicios. Por ejemplo, la asociación de Hostelería de Compostela reconoce que la facturación bajará hasta un 50%. Salamanca triplica la media nacional de estudiantes extranjeros, un 10%. Por eso insisten en que la enseñanza en línea será excepcional. El agujero económico será mayor en las universidades de Reino Unido, Suiza y Austria donde casi un tercio de sus ingresos por matrícula proviene de estudian-tes extranjeros. Sin embargo, algunas universidades, como la de Cambridge, han anunciado que el próximo curso será absolutamente online. Es decir, estamos ante un verdadero examen global pero no para alumnos, sino para saber si las universidades están a la altura de la era post pandemia.
Evaluación no presencial
A falta de unas directrices claras de Ministerios y Consejerías, este informe, del Grupo de Trabajo Intersectorial de CRUE Universidades Españolas, es el único documento que concreta procedimientos de evaluación. Propone que en las pruebas por videoconferencia, el estudiantado esté provisto de documentación acreditativa de su identidad que podrá ser exigida en cualquier momento por el profesorado. También trata de las cuestiones normativas, en especial la protección de datos, que en España es de las más restrictivas de Europa. Advierte de los pros y contras de cada plataforma. Por ejemplo, en los exámenes por videoconfe-rencia destaca el peligro de sobrecarga en el sistema por un almacenamiento masivo. Un informe que todo alumno debería conocer para saber, por ejemplo, cómo reclamar adecuadamente sus calificaciones.
HACE apenas unos meses en la universidad trabajábamos con una visión clara de cuáles eran nuestros retos a corto, medio y largo plazo. La llegada de la crisis del Covid-19, primero sanitaria y ya social y económica, nos ha golpeado como al resto de la sociedad. Aquellos claros objetivos de principios de marzo quedaban desplazados por la necesidad de adaptarnos a la nueva situación.
Durante las semanas de confinamiento la actividad en las universidades no ha cesado: el personal de administración y servicios ha trabajado desde sus casas; las autoridades académicas han buscado soluciones ante los nuevos desafíos que conformaban un escenario absolutamente inédito, y los profesores y profesoras han seguido con su labor, trasladando la docencia a sus hogares y transforma-do sus clases en tutorías virtuales a las que los estudiantes se han conectado, dando sentido a todo el proceso.
Ciertamente, en este tiempo la universidad ha redoblado su actividad con el fin de garantizar la formación, la investigación y la transferencia e innovación que tan fundamentales son para la sociedad, como se ha demostrado con especial intensidad en estas últimas semanas.
Con la mirada puesta en el futuro más próximo, cumple preguntarse sobre el papel que tendrán las universidades en una etapa que podemos denominar “post-Covid”. Tras la pandemia, retomaremos aquellos retos de principios de marzo. Pero no nos equivoquemos, lo ocurrido nos marcará. La universidad saldrá herida, pues ya no podremos olvidar a quienes han quedado en el camino. Pero, a la vez, la universidad saldrá fortalecida. En lo humano, por el esfuerzo realizado por quienes son parte de esta gran comunidad, que han demostrado contar con el dinamismo y la solidaridad que exige un mundo en constante cambio. En lo tecnológico, porque hemos ampliado y madurado nuestras capacidades para dar respuesta a los retos que vienen.
Pero, sobre todo, de esta experiencia sale fortalecido un concreto modelo de enseñanza: el online y el semipresencial. La necesidad de mantener la docencia, de evaluar a nuestros y nuestras estudiantes durante la crisis, lo ha puesto a prueba y lo ha certificado como el modelo de la universidad del futuro, en la que las enseñanzas presencial y virtual se han de combinar como respuesta a las necesidades y características de la sociedad del siglo XXI. Un modelo que, sin duda, perdurará en el tiempo.
Y, si convenimos que el futuro de la universidad es un modelo online y también semipresencial, el ejemplo de la UNED, universidad pionera en la doble concepción, desarrollo e implantación del mismo, que cuenta con una tupida red de 61 centros en España y 13 en el exterior a la que asisten más de doscientos mil estudiantes, es decisivo para el resto de la Academia.
En una sociedad interconectada, nuestras universidades deberán ser capaces de llegar a los hogares de sus estudiantes, ampliando el abanico de experiencias y posibilidades de estudio. Siendo ya este objetivo una realidad en el caso de la UNED, deberemos seguir trabajando para fortalecer su papel como elemento vertebrador de la España vaciada e impulsor de ese país urbano en el que tan importantes son la formación a lo largo de la vida y la conciliación. Acercar el mundo del conocimiento y de la investigación es una aspiración legítima y realista.
En este nuevo marco, también resultará fundamental la apuesta decidida de nuestras universidades por la innovación y la investigación, de modo que la metodología del modelo online y semipresencial sea sensible a los avances logrados en disciplinas como la inteligencia artificial. En la UNED ya trabajamos en la utilización de las tecnologías basadas en datos masivos para adaptarnos aún más a las necesidades de nuestros y nuestras estudiantes. El objetivo es mejorar su proceso formativo, logrando automatizar y simplificar los procesos administrativos, mejorar el modelo de enseñanza aprendizaje y la eficacia y la productividad de nuestra institución, pero siempre de acuerdo con un marco ético prudente y garantista y contando con la participación de todos quienes forman la comunidad universitaria.
«En una sociedad interconectada, nuestras universidades deberán ser capaces de llegar a los hogares de sus estudiantes»
Pero, alcanzar todos los retos que quedaron en un segundo plano a principios de marzo y los que vayan surgiendo no será posible sin un apoyo institucional claro. Este apoyo, siempre al margen de la contienda política, de la lucha partidista, debe establecer los marcos normativos y de financiación necesarios para contar con los recursos humanos y tecnológicos que proporcionen la formación, investigación, transferencia e innovación imprescindibles para el resto de la comunidad. Un apoyo institucional que permita que la Academia se sitúe en el lugar trascendental que ha de ocupar como motor del desarrollo del conjunto del país, tal y como se ha hecho tan visible en estos momentos de crisis.
Si en estos tiempos trufados de posverdad hemos conseguido que los ciudadanos miren de nuevo a la universidad y a sus investigadores como pilar de su desarrollo, incluso de su seguridad, estamos en la senda correcta. Ahora, es crucial que Política y Ciencia se den la mano. Quizá en este momento, más que nunca.
Justicia digital para fortalecer la economía y la sociedad
La Justicia se ha convertido en la cenicienta de los servicios públicos españoles, particularmente en lo que a su digitalización se refiere
La Justicia, además de uno de los poderes del Estado, es un servicio público sin el cual no es posible imaginar una democracia avanzada. Su importancia es crucial, tanto para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y controlar que las acciones de los otros poderes se ajustan al marco jurídico, como para que la economía, mediante la seguridad jurídica, sea una herramienta sólida para el progreso de la sociedad. Por ello su digitalización completa, como en otros servicios públicos, debería ser una prioridad ineludible.
Agilizar la Justicia no solo es una exigencia democrática, es una necesidad económica, que en la situación actual deviene en imprescindible.
El Notariado es, junto con la Dirección General de la Policía, la única entidad española homologada en la UE para la firma electrónica cualificada en la nube
Los juzgados españoles ingresan cada año alrededor de un millón ochocientos mil asuntos
TODOS LOS OPERADORES jurídicos convienen en que la Justicia ha sido –y probablemente sigue siendo–la cenicienta de los servicios públicos en España. Y particularmente en lo que a su digitalización se refiere. Mientras la Sanidad, la Educación, la Administración Tributaria o la Seguridad Social (y hemos tenido ocasión de comprobarlo en estos meses de combate al coronavirus y de confinamiento obligado) permiten, e incluso obligan, a los ciudadanos a realizar gestiones, acceder a información personal, comparecer en procedimientos o formarse en un entorno digital, en la Justicia, o al menos en su faceta jurisdiccional, lo cotidiano es convivir con herramientas ya olvidadas en la vida profesional o educativa de los ciudadanos (no digamos ya de los que nacieron en este siglo) como fax, quita grapas, fotocopiadora o estampilla, que siguen gozando de buena salud en el reino de las togas.
Una necesidad imperiosa. La Ley 42/2015 de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil –vigente desde el 1 de enero de 2016– ya indicaba en su exposición de motivos que “constituye una necesidad imperiosa acometer una reforma en profundidad de las diferentes actuaciones procesales para generalizar y dar mayor relevancia al uso de los medios telemáticos o electrónicos, otorgando carácter subsidiario al soporte papel. Así, no solo se conseguirá una mayor eficacia y eficiencia en la tramitación de los procedimientos, sino también ahorro de costes al Estado y a los ciudadanos y se reforzarán las garantías procesales”. En los más de cinco años transcurridos des-de su entrada en vigor, ha sido constatable un avance sustancial en una digitalización ya ineludible en un servicio público de la trascendencia social y económica de la Justicia, pero aún lejos de llegar a su nivel óptimo.
Los juzgados españoles ingresan cada año alrededor de un millón ochocientos mil asuntos. La mayoría de los cuales y sin necesidad de reforma legal alguna, podrían tramitarse electrónicamente ya que no requieren la presencia física de las partes, ni de sus representantes legales. En particular la Justicia electrónica puede resultar aplicable al ochenta por ciento de las actuaciones previas en la jurisdicción civil y en gran parte de procedimientos abreviados civiles y contencioso-administrativos, a la jurisdicción ámbito social e, incluso, en algunas actuaciones penales.
La pandemia nos ha demostrado que podemos ofrecer un servicio público eficiente con herramientas telemáticas
Agilizar la Justicia no solo es una exigencia democrática, es una necesidad económica, que en la situación actual deviene en imprescindible. Según datos del Ministerio de Justicia los juzgados y tribunales tienen retenidos más de 4.000 millones de euros de procedimientos no concluidos. El economista Juan S. Mora-Sanguinetti, uno de los más destacados investigadores de los efectos económicos de la ineficiencia de la Justicia española, ha constatado en diversos informes preocupantes datos como que la saturación judicial tiene un impacto negativo en la tasa de inversión de las empresas y concluye que con una disminución en la congestión del 10%, las decisiones de inversión se incrementarían en un 1% y que una mayor eficiencia judicial podría aumentar el tamaño medio de las empresas en España entre un 0,6% y un 2,8%, e incrementando el emprendimiento hasta en 7 puntos.
Aunque sea hacer de la necesidad virtud, la situación provocada por la pandemia del Covid-19 puede tener el saludable efecto de impulsar la digitalización. El Real Decreto-ley 16/2020 estableció que, durante el estado de alarma y los tres meses siguientes a su finalización, las vistas de todos los procedimientos (con excepciones en el orden penal) se realizarán de forma preferente telemáticamente, siempre que se contara con los medios técnicos para ello. Ya el 6 de mayo, el Juzgado de primera instancia número 2 de Barbastro (Huesca), celebró telemáticamente una vista de un asunto de familia y el 11 de mayo el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander celebró la primera vista pública a través de internet. En estos momentos son centenares las vistas telemáticas celebradas en todos los órdenes jurisdiccionales.
Si las notarías o la mayoría de los despachos de abogados o procuradores desde que se declaró el estado de alarma, con el consiguiente confinamiento, instalaron o ampliaron sus sistemas de teletrabajo para continuar con su actividad y lo hicieron de manera efectiva en cuestión de días y con excelentes resultados, no hay excusa para que en la Administración de Justicia no se invierta lo necesario para hacer efectiva la digitalización, prestando un servicio público a los ciudadanos en condiciones de seguridad, eficiencia y sin que suponga una merma de sus derechos.
Avance profesional. Es necesario ir acomodando las realidades que conviven en el espacio de la Justicia, donde la distancia tecnológica de juzgados y tribunales convive con un elevado grado de tecnologización de los operadores jurídicos. Abogados, procuradores, y desde luego notarios ya realizan tanto sus procesos internos como las relaciones con sus clientes y usuarios y los actos de comunicación entre ellos o con las Administraciones mediante medios telemáticos plenamente seguros y eficaces. La firma de un convenio con el Consejo General de Procuradores de España ha hecho posible que estos puedan acreditar telemáticamente la representación de sus clientes en la sede electrónica notarial. Mediante la atribución a cada poder de un Código de Verificación Seguro los procuradores pueden comprobar su veracidad y contenido, así como consultar si el poder subsiste o si, en su caso, ha sufrido alguna modificación. Es de resaltar en este sentido que el Consejo General del Notariado es junto con la Dirección General de la Policía (DNI electrónico) la única entidad española homologada en la Unión Europea para la firma electrónica cualificada en la nube.
Se hace ineludible apretar el paso y continuar en una senda, que para ser justos, también empieza a dar resultados, como muestra el último informe de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) que destaca el gran progreso que España ha realizado con la tramitación electrónica. Para el CEPEJ el marco legal que regula el proceso de digitalización y los instrumentos de telecomunicación como LexNet son algunos de los factores positivos a destacar. Ahora hay que pasar de las musas al teatro.
El Notariado, en la vanguardia tecnológica
EL notariado español es una de las instituciones con mayor grado de implementación tecnológica y reconocimiento internacional en esta materia.
La Agencia Notarial de Certificación (Ancert) fue constituida por el Consejo General del Notariado (CGN) en julio de 2002, con el propósito de desarrollar e implementar la modernización tecnológica del Notariado español. Es una empresa cien por cien del CGN, destinada a dar soporte y ayuda a la actividad de los más de 2.800 notarios españoles y a través suyo a la ciudadanía.
Muchas son las gestiones y trámites que los ciudadanos pueden realizar en una notaría de forma telemática: solicitud del NIF (provisional y definitivo), inscripción telemática de documentos en el registro, ficha resumen para comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones, liquidación de impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, solicitud de certificados de seguros de vida, solicitud de certificados de últimas voluntades, partes testamentarios y acta de abintestatos, consulta a la oficina virtual del Catastro, tramitación de préstamos hipotecarios, tramitación de préstamos personales, acta de notoriedad para la concesión de nacionalidad española a extranjeros de origen sefardí, deudas con la comunidad de propietarios, consulta de Titularidad Real o comunicación de oficios.
En la situación excepcional provocada por la pandemia, el Consejo General del Notariado, ante la convocatoria de elecciones en Galicia y el País Vasco, puso a disposición del Gobierno un sistema de apoderamiento a través de la sede electrónica notarial a fin de contribuir a la máxima seguridad sanitaria de los electores y se ofreció para la autorización electrónica de las pólizas para la financiación de empresas y particulares en la sede electrónica notarial y mediante videoconferencia. Asimismo, la vocación de servicio de los notarios españoles les ha llevado a ofrecerse también para autorizar por videoconferencia otros documentos como testamentos en caso de pandemia, poderes especiales, revocaciones de poderes (lo que impediría su utilización fraudulenta) y actos societarios.
Para saber más
Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.
Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
TENGO la sensación de que la Justicia es como ese vehículo que se precipita cuesta abajo, pero que nunca acaba de saltar al vacío estrellándose. Por una u otra razón siempre se salva.
Son muchos los conductores que corrigen la trayectoria, cada uno con su esfuerzo, lo cual no significa que el justiciable, sus pasajeros, dejemos de preocuparnos, y con razón, por las dimensiones de la avería.
El diagnóstico nos dice que el aparato necesita una actualización tecnológica y la puesta a punto del equipo. Seguramente es lo que en el sector se llama el aterrizaje de la Justicia digital. Pero pasan los años y nada cambia.
¿Por qué necesitamos apelar a la Justicia digital? Esencialmente, porque el patrón de la comunicación ha cambiado en todas partes excepto en este sector. Se ha alcanzado una asimetría entre la sociedad, adaptada a los tiempos, y esta administración.
¿Es posible que este verano incluso para acceder a una piscina haga falta bajarse una app y sin embargo no vayamos a avanzar en algo tan importante, con profesionales de por medio? Cuando hay otros intereses en juego, miren cómo sí que se solucionan las cosas. Es el ejemplo clásico de nuestra administración tributaria.
No hablamos del modelo jurídico, bien sólido y ejemplar en tantos sentidos. Esto hay que dejarlo bien claro, que no cundan ideas raras. Hoy día hay que estar abiertos a lo que bien podemos calificar como una narrativa tecnológica que integre, en este caso, las relaciones humanas en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, como dice nuestra Constitución.
No se trata de enfrentar la Justicia digital con la tradicional, sino de aprovechar las opciones que la tecnología ofrece asegurando nuestros derechos y libertades. Esto sabemos hacerlo bien.
Además, hay que buscar un método que permita crecer, tanto cualitativa como cuantitativamente.
Cuando escribo estas líneas se podría decir que todo apunta a que las cosas seguirán igual, salvo por dos pequeños escollos que vemos en la carretera: la actual pandemia del Covid19 y la consecuente inmediata avalancha de casos. ¿Serán motivo suficiente para que reaccione el mecánico del vehículo? Se entiende que los habrá detectado ya… pero yo no las tengo todas conmigo y eso que, si preguntamos en la calle al justiciable, ese que tiene asuntos por resolver, seguro que nos dirá que no hacía falta llegar a los extremos de estos socavones. Igual no hay mal que por bien no venga.
Todos los que están involucrados en la Justicia hacen lo que pueden en la medida de sus posibilidades: jueces, fiscales, abogados, procuradores, notarios, registradores… (Sí que la Justicia es algo más que los tribunales). No se puede decir que el profesional sea parte del problema, sino de la solución, que requiere dotación de medios, formación y mayores recursos humanos.
No se trata de una revolución tecnológica. Ni muchos menos.
Sin embargo, las dimensiones del asunto son importantes. Adoptando el lenguaje financiero algunos calificarían a la justicia como too big to fail, pero cuando el Estado de Derecho está implicado, ojo, es algo más. Estamos ante uno de los pilares básicos de nuestra sociedad que no merece estar a expensas del volantazo de última hora que confiamos en que sus profesionales siempre van a dar. Sin olvidar la contribución de la Justicia a la Economía, a la creación de Riqueza y al Progreso.
¿Se han preguntado por qué no se habla de la necesidad de “lo digital” en la ciencia o en la movilidad? Pues porque, poco a poco, se ha ido incorporando la tecnología disponible, siempre contando con los esfuerzos de los usuarios y beneficiarios quienes, no lo olvidemos, hacen su aportación al sistema.
Les propongo un sencillo experimento. Imaginemos que tuviéramos que crear un modelo de administración de Justicia desde cero. Vamos a recurrir a los escolares del patio del colegio próximo, claro está, enganchados a sus teléfonos inteligentes. Les explicamos qué hacemos (proceso de textos, almacenamiento y comunicación en sus diferentes versiones). Seguramente pensarían que nos ahogamos en un vaso de agua. Y tendrían razón. Lo que nos hace falta es trasladar la mecánica diaria al proceso jurídico. A esto le llamo la narrativa tecnológica aplicada a la Justicia.
Así visto, el entorno judicial actual es decimonónico. No tanto el de otros campos en la Justicia. Y contamos con una versión muy pobre porque la observamos desde las limitaciones de nuestros procesos clásicos, tradicionales y las nulas soluciones a mano.
«No se trata de enfrentar la Justicia digital con la tradicional, sino de aprovechar las opciones que la tecnología ofrece asegurando nuestros derechos y libertades»
Es momento de pensar en lo fundamental. Le toca el turno a la Justicia, como a la Sanidad, y después vendrán la Educación y la Seguridad. Que nadie se crea que los pasajeros viajamos dormidos y que no nos enteramos del problema.
Se dan las condiciones adecuadas para afrontar el reto. Hay todo un horizonte digital esperando, que convertirá nuestro modelo jurídico, que se encuentra a la altura de los mejores, en un servicio digital acorde con lo que los ciudadanos del siglo XXI merecemos.
«Es importante avanzar en el desarrollo
de la seguridad jurídica y fe pública digitales»
El secretario de Estado de Justicia, nombrado a finales de enero, relata en esta entrevista cómo se ha vivido en el ministerio el semestre más complicado de la democracia. Con una dilatada experiencia en diferentes ámbitos del Derecho, este internacionalista es la mano derecha del Ministro y Notario Mayor del Reino, Juan Carlos Campo, con quien colabora desde hace más de una década.
EN abril, el ministro Campo agradecía públicamente a los notarios la prestación de servicios esenciales durante la pandemia para la protección de la seguridad jurídica. ¿Cómo ha sido la colaboración con el Notariado en estos meses?
–Estrecha y fructífera. Los notarios, bajo las instrucciones de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, han desarrollado con ejemplaridad su función, como servicio esencial, en circunstancias muy complicadas, para sus empleados y para ellos mismos, dada la presencia física que requiere su función, guardando todas las medidas sanitarias. Hay pues que reconocerles expresa y públicamente su labor, porque han estado a la altura del desafío, prestando sus servicios que son a todas luces esenciales.
¿QUÉ supuso para usted la llamada del ministro para convertirse en su ‘número dos’?
–Tuve ocasión de trabajar intensamente con Juan Carlos Campo durante el gobierno del presidente Zapatero, formando parte del equipo del ministro Caamaño. Conozco pues desde hace años, de primera mano, su talante, valía profesional y compromiso con la Administración de Justicia y la función pública. Volver a trabajar con él es un lujo en lo personal y lo profesional, pero también una gran responsabilidad. Compartimos la misma visión de la Justicia. Nuestro principal reto, necesariamente colectivo y que no es nuevo, es hacer de la Justicia un verdadero servicio público, que además contribuya a dinamizar la reconstrucción social y económica en esta compleja época, y en la era post-Covid. Durante esta legislatura nos vamos a centrar en tres grandes aspectos: avanzar en los derechos y garantías de los ciudadanos, especialmente para los colectivos más vulnerables, promover la calidad del servicio público, aplicando criterios de eficiencia y, por supuesto, garantizar la accesibilidad.
«Justicia 2030 no pierde sentido tras la crisis generada por el Covid, sino que lo gana»
–¿Cómo ha modificado la pandemia el desarrollo del plan estratégico de trabajo del ministerio?
–Es indudable que la pandemia va a suponer un antes y un después. La crisis del Covid y la declaración del estado de alarma se produjeron cuando llevábamos apenas dos meses en nuestros cargos. Nuestro principal objetivo en aquel momento fue que la Administración de Justicia respondiera de forma adecuada a necesidad de prestar servicios esenciales, para que afectara lo menos posible a la ciudadanía, preservando al tiempo la seguridad laboral de los profesionales del sector. Fuimos conscientes de que el esfuerzo a realizar debía ser conjunto, de todas las instituciones y actores implicados en la Justicia. Por ello, durante las primeras semanas de la pandemia, establecimos entre todos una arquitectura de coordinación reforzada, que pronto dio forma a la Comisión de Coordinación para la gestión de la administración de Justicia, de la que forman parte el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, una representación de los colegios profesionales y el propio Ministerio de Justicia. Además de estas sesiones de coordinación semanales durante todo este periodo, que seguimos realizando actualmente, hemos tenido reuniones reuniones para consultas regulares con los sindicatos de funcionarios y con las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, y asimismo se ha mantenido una comunicación constante y fluida con los Consejos profesionales. De esta forma, en consultas con todos los actores, aprobamos el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid en el ámbito de la Administración de Justicia, cuya principal finalidad es que la sociedad española pueda seguir contando con el amparo de la Justicia durante esta etapa, garantizando la prestación de los servicios esenciales y minimizando los posibles riesgos para sus profesionales.
En cuanto a la estrategia del Ministerio, creo que la pandemia nos ha servido para tener una imagen clara de las carencias del sistema para afrontar crisis como esta, lo que será útil de cara a hacer realidad los objetivos de Justicia 2030, para estar preparados para cualquier contingencia futura. Quiero destacar especialmente a este respecto la necesidad de extender las herramientas telemáticas y de teletrabajo, así como mejorar las estructuras de gobernanza del sector, para asegurar una coordinación interinstitucional más dinámica entre todos, a partir de las experiencias aprendidas.
Justicia 2030 no pierde sentido tras la crisis generada por el Covid, sino que lo gana. De hecho, el Proyecto Cero de Justicia 2030 ha sido desde el minuto uno la gestión del Covid, incluyendo los planes de choque, el Real Decreto Ley y el anteproyecto de Ley de eficiencia procesal y telemática, entre otras medidas. Podemos sacar grandes lecciones del mismo. Como expresaba el secretario general de la Administración de Justicia recientemente, sin duda, hay medidas que “han llegado para quedarse”, como el teletrabajo, las videoconferencias o la ampliación sistemática y estructural de trámites esenciales online para el ciudadano.
«Nos vamos a centrar en avanzar en los derechos y garantías de los ciudadanos, promover la calidad del servicio público, y garantizar la accesibilidad»
–Ya estuvo en la sede de San Bernardo de 2009 a 2011.¿Qué cambios sustanciales destacaría del Ministerio en esta década?
–En esa etapa aprobamos el Plan Estratégico para la Modernización de la Justicia 2009-2012. El objetivo del Plan era lograr, en plazos realistas, que la sociedad española dispusiera de un servicio público de Justicia ágil, transparente, responsable, plenamente conforme a los valores constitucionales y ajustado a las necesidades actuales de sus ciudadanos. En 2020, el objetivo, aun siendo el mismo en esencia, ha evolucionado. Nuestros trabajos en esta nueva etapa pretenden enlazar con esa visión en el marco de una nueva realidad, a través de Justicia 2030, a la que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos. Lo que sí me gustaría destacar es algo que no ha cambiado en el Ministerio y en instituciones con las que trabajamos activamente. Es la calidad y la entrega de su personal: funcionarios, jueces, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia. Esto ha quedado patente claramente durante los últimos meses, en los que todo el personal se ha volcado en la lucha contra las consecuencias de la pandemia, incluidos muy especialmente los notarios. Permítame que les dé, desde estas líneas, mi más sincera enhorabuena y les exprese mi agradecimiento.
–De la Secretaría de Estado de Justicia depende la ‘nueva’ Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. ¿Cuáles serán las principales prioridades de esta Dirección en el medio plazo, cuando se supere la situación actual?
–La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública juega un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos de Justicia 2030. Quiero destacar aquí, muy en especial, la seguridad jurídica digital y la fe pública digital, que considero cuestiones legales estructurales para nuestra sociedad. Sobre estas áreas de proyecto tendremos oportunidad de trabajar todos juntos, e intensamente, para adaptar nuestras instituciones y servicios, de forma adecuada, a las nuevas necesidades, cambios sociales y tecnológicos. También debo destacar, entre sus prioridades, la potenciación de la oficina de Recuperación y Gestión de Activos como instrumento al servicio de la Administración de Justicia con un triple objetivo: reforzar la averiguación del patrimonio ilícito de los investigados con vistas a su posterior decomiso, permitir una gestión eficiente de los bienes embargados durante el proceso penal y obtener el máximo beneficio económico de los bienes decomisados para satisfacer las indemnizaciones a las víctimas y promover la lucha contra la criminalidad organizada.
Por otro lado, y dentro del ámbito del Proyecto de Transformación del Registro Civil, pretendemos implantar en su totalidad la Ley 20/2011, ajustándola a la nueva realidad. En este momento estamos reprogramando las actuaciones pendientes para que se esté en disposición de completar los requerimientos necesarios para la total puesta en marcha de la misma, con garantía de calidad suficiente y fidelidad al cumplimiento de los objetivos y la esencia originaria de la Ley.
«El Ministerio analizará y apoyará la forma de mejorar aún más la prestación de las funciones notariales en los aspectos en los que pueda desarrollarse en un entorno digital»
Dentro de esa reprogramación destacan diferentes actividades a desarrollar hasta el 30 de abril de 2021 entre las que se encuentran el despliegue de medios tecnológicos, o las modificaciones legislativas necesarias para la adecuación de la estructura organizativa al nuevo modelo de Registro Civil.
Otra de las principales prioridades de esta Dirección en el medio plazo es la puesta en marcha de soluciones que faciliten el funcionamiento del área de Estado Civil, como la puesta a disposición del módulo de Dicireg, que permitirá la tramitación digital de los recursos interpuestos por los ciudadanos ante resoluciones de los encargados de los registros civiles. Del mismo, destacaría muy particularmente la puesta en marcha de la aplicación de cita previa, facilitar a los registros civiles el acceso a los certificados de nacimiento y resoluciones de concesiones de nacionalidad por residencia que agilicen los trámites de jura e inscripción de la nacionalidad española por residencia.
–El Consejo General del Notariado ha colaborado con el Ministerio para abrir a los ciudadanos y las empresas su sede electrónica notarial y poder prestarles en ella, por videoconferencia, algunos servicios, evitando desplazamientos, dando una solución a los más vulnerables, con mayor agilidad e igual seguridad. ¿Cómo valora este proyecto?
–Muy positivamente. El Ministerio de Justicia analizará y apoyará la forma de mejorar aún más la prestación de las funciones notariales, en este aspecto online que señala y en aquellos en los que su actividad pública pueda ser susceptible de desarrollarse en un entorno digital, sin olvidar la inmediatez del notario con los otorgantes, esencia de la función notarial, adaptada a los nuevos instrumentos tecnológicos. Reitero en este punto la importancia de avanzar en el desarrollo de la seguridad jurídica digital y, por directa extensión, la fe pública digital. Trabajaremos juntos impulsando proyectos en este sentido, como no podría ser de otro modo, en interés de la ciudadanía.
–Anteriormente ejercía en el Consejo General de la Abogacía Española. Desde su doble visión institucional y profesional, ¿cómo es la relación de los operadores jurídicos con la Administración de Justicia?
–Es una relación constante y fundamental. La Administración de Justicia tiene que tener presentes a todos los operadores jurídicos en su trabajo diario. Para el Ministerio es fundamental contar con ellos, y su opinión siempre debe ser valorada a la hora de detectar fallos o de proponer mejoras. Durante la gestión de la pandemia, como mencionaba anteriormente, se ha intensificado el diálogo con todos los operadores jurídicos. Esperamos regularizar esta práctica en adelante, de cara al futuro.
–Arizona, Ginebra, Lancaster o Columbia han sido algunos de sus destinos como investigador jurídico. Desde su experiencia internacional, ¿cómo valora el sistema español de seguridad jurídica preventiva?
–Afortunadamente, he tenido ocasión de asomarme a sistemas jurídicos diferentes, con otras estructuras de seguridad jurídica preventiva consolidadas. En nuestro país, que no pertenece al modelo propio de muchos de los lugares en los que he desarrollado mis investigaciones, la seguridad jurídica preventiva es un derecho de la ciudadanía garantizado por los poderes públicos. Los ciudadanos necesitan asegurarse de que sus actos, por ser ajustados a la ley, serán eficaces jurídicamente y, en consecuencia, recibirán la tutela adecuada en cada momento. El sistema hoy vigente está basado en buena parte en que determinados documentos gozan de total presunción de legalidad, debido fundamentalmente a que es el Estado, a través de sus funcionarios públicos, el que les dota de estos efectos jurídicos. Creo que nuestro sistema público de seguridad jurídica preventiva es un sistema de referencia a nivel internacional, que funciona eficazmente generando la confianza necesaria. Esta es clave para la sostenibilidad social, el crecimiento económico y la promoción de las inversiones, hoy más que nunca. La política de este ministerio está orientada hacia la innovación y el sistema público de seguridad jurídica preventiva no puede quedar al margen. Por ello hay que estudiar cómo conectan con la función las tecnologías más avanzadas.
«Nuestro sistema público de seguridad jurídica preventiva es un sistema de referencia a nivel internacional, que funciona eficazmente generando la confianza necesaria»
–El Ministerio de Justicia parece apostar decididamente por la comunicación y las redes sociales. ¿Cree que este puede ser camino para acercar la Justicia a la sociedad?
–Desde luego, lo creo firmemente. Apostamos por la comunicación y las redes sociales. La modernización de la Justicia requiere acercarse a la ciudadanía, y una parte de ella, creciente, está en redes. Ese acercamiento requiere, en primer lugar, la utilización de un lenguaje claro en todas las comunicaciones, un lenguaje que el ciudadano pueda entender. Por extensión, asimismo, ese acercamiento requiere ampliar las vías de comunicación e interacción con la ciudadanía.
Helena Dalli se convirtió el pasado diciembre en la primera comisaria de la UE para la Igualdad, un tema al que esta maltesa ha dedicado su vida y su carrera política. Está inmersa en varias estrategias para luchar por la igualdad de género y apoyar a las minorías y los grupos vulnerables en Europa, incluido el colectivo gitano y LGTBI, especialmente después del impacto del Covid-19.
TRAS EL ESTALLIDO de las protestas contra el racismo en todo el mundo, Dalli también se encargará del nuevo plan de acción de la Comisión Europea para abordar el racismo estructural existente en todos los ámbitos de nuestra Unión. Porque, como señala en esta entrevista con ESCRITURA PÚBLICA, “el racismo está vivo en Europa”.
–La Comisión presentará un plan de acción contra el racismo a finales de este año. ¿Qué iniciativas está considerando?
–Antes de que estallaran las protestas recientes ya estábamos discutiendo sobre este tema, porque el racismo está vivo en Europa, no solo en los Estados Unidos. Es irónico que celebremos los 20 años de la Directiva sobre igualdad racial, y todavía tengamos problemas estructurales. El racismo no ha sido erradicado. Existe una gran brecha entre la legislación y la eficacia de esa legislación en la vida de las personas. Nos centraremos en lo que está debajo de la punta del iceberg, el racismo estructural, que es más difícil de abordar.
–¿Qué quiere decir?
–Existe un problema cuando observamos el desempleo, por ejemplo, discriminaciones en las contrataciones, también con la vivienda o en materia de salud. A veces existen sesgos inconscientes. Sin saberlo, las personas pueden ser racistas, especialmente las personas blancas en el sentido de que nos identificamos con personas que son “como nosotros”, por lo que podríamos estar discriminando sin saberlo.
–¿Es el caso también dentro de la Comisión?
–Estamos mirando lo que sucede también internamente. Hemos estado trabajando con el comisario de Recursos Humanos, Johannes Hahn, para ver cómo podemos abordar esta realidad. No se cambiará de la noche a la mañana. Pero tampoco es suficiente con decir que las personas de color no se postulan. Tenemos que ver qué tipo de educación, de prácticas están recibiendo para poder obtener buenas calificaciones para competir. Nuestra intención es no dejar piedra sin remover. El hecho de que, por primera vez, la UE tenga una cartera dedicada por completo a la Igualdad es un mensaje de que Europa necesita abordar estas realidades de manera sólida. Tenemos mucho por hacer.
–¿Cree tal vez que hubo algún tipo de racismo estructural también dentro de la Comisión Europea dada la falta de diversidad en el personal?
–Existe un sesgo de que a veces ni siquiera somos conscientes. Y sí, racismo estructural. Pero creo que está en todas partes. Por eso debemos abordar las raíces del problema, no solo los síntomas, no solo los resultados. Tenemos que salirnos del guion y encontrar maneras de ver cómo podemos aportar más diversidad en todo el proceso. Por ejemplo, con las universidades, y podemos ofrecer prácticas y aseguramos de que nuestros procesos de selección son más diversos.
«Es irónico que celebremos los 20 años de la Directiva sobre igualdad racial, y todavía tengamos problemas estructurales»
–Mencionaba que existe una brecha entre la legislación y el impacto en las personas ¿Cómo se podría fortalecer el papel de las autoridades al aplicar la legislación?
–Lo trataremos en el plan de acción. Abriremos un proceso de consulta previo. Ya mantuvimos una muy buena discusión en el colegio de comisarios a finales de junio. Mi equipo es el responsable de liderar y coordinar el trabajo sobre este plan de acción. Pero para mí, lo esencial es cambiar las actitudes y la cultura. Y tenemos que ser todos quienes tengamos esta perspectiva de igualdad. Si se tratara solo de mi cartera de Igualdad la que hiciera el trabajo, sería un esfuerzo superficial. Tenemos que abordarlo desde todas las facetas de la política, para que lo que hagamos se vuelva sustancial y realmente afecte la vida de las personas.
–Ya que menciona el papel de sus colegas, el comisario de Justicia, Didier Reynders se disculpó de manera poco convincente por su aparición con la cara pintada de negro durante un desfile tradicional en Bélgica. ¿Cree que debería haber sido más contundente al pedir perdón y arrepentirse?
–Reynders fue uno de los que realmente contribuyeron al debate en el colegio de comisarios sobre el racismo. Además, presentó la estrategia de derechos de las víctimas, una aportación muy buena que afecta a las personas que sufren discriminación racial. Me gusta juzgar a las personas según su trabajo. Creo que Reynders ha hecho un trabajo muy bueno con los derechos de las víctimas.
–Entonces, ¿está satisfecha con su disculpa?
–No he dicho que lo esté. Solo digo que estoy satisfecha con el trabajo que está haciendo en este área. Está trabajando muy duro. Y obviamente cooperamos muy de cerca debido a nuestras competencias.
«Estoy realmente impresionada sobre cómo se abordó el problema de la desigualdad en España»
–¿Qué opina sobre el debate de retirar algunas estatuas de personajes históricos polémicos o esclavistas?
–Conocer nuestra historia nos ayudará a no repetir ciertos errores cometidos en el pasado. No soy muy fan de las estatuas como regla general. Las aprecio cuando son buenas obras de arte. Pero siempre he sostenido que los monumentos que dejamos atrás, nuestro legado, es nuestro trabajo.
–¿Se siente cómoda cuando ve la estatua del rey Leopoldo II de Bélgica en la entrada del barrio europeo en Bruselas, sabiendo que su dominio en el Congo provocó hasta 10 millones de muertes?
–Cuando lo veo, recuerdo todas estas cosas, y no es algo bueno para recordar. Por eso es importante conocer nuestra historia. Y aprendemos de ello. Por eso es bueno que exista una discusión sobre este tema, porque significa que, con razón, somos críticos. Es saludable tener ese debate.
–¿Le preocupa que las desigualdades hayan aumentado tras el impacto del Covid-19, y que las minorías hayan sufrido más la pandemia?
–Estoy muy preocupada. Durante las pasadas semanas he estado en contacto con algunos de estos grupos, como las personas con discapacidad, el colectivo LGTBI, mujeres y minorías étnicas. Estamos reuniendo lo que hemos aprendido y lo utilizaremos para nuestra estrategia LGTBI plus, que será la primera de la UE sobre esta materia, y que llegará a finales de este año. También tenemos una estrategia sobre discapacidad que se lanzará a principios de 2021. Y presentaremos otra de inclusión para la población gitana, en la que nos nutriremos de la experiencia de la pandemia.
–¿Cuál ha sido el impacto del confinamiento en la vida de las mujeres que sufren violencia de género?
–Como dice, hubo mujeres víctimas de violencia doméstica que tuvieron que ser confinadas en un pequeño apartamento con su abusador. Escribí a los Estados miembros, junto con el comisario Schmit (Empleo) y la comisaria Kyriakides (Salud) para decirles que estén atentos a estas cosas. España presentó muy buenas ideas para que las mujeres pudieran denunciar la violencia doméstica sin ser rastreadas por su pareja que está abusando de ella. Pueden ir a la farmacia y usar un código que muestre que está en peligro, por lo que la farmacia tomará medidas y enviará a la policía. Me animó mucho ver que la mayoría de los Estados miembros observan constantemente lo que está sucediendo y buscan soluciones para que estas personas no se sientan aún más sola. También escuchamos sobre abusos en el hogar de personas mayores, o entre personas LGTBI, por ejemplo, personas transgénero a las que se les negó el tratamiento, y en algunas situaciones era una emergencia.
«Existe un problema cuando observamos el desempleo, discriminaciones en las contrataciones, también con la vivienda o en materia de salud»
–¿Cuál es, en su opinión, el progreso realizado por España en todos estos frentes?
–El Gobierno está trabajando muy duro en estas áreas. Estoy realmente impresionada sobre cómo se abordó el problema de la desigualdad en España. Ya mencioné muchas acciones tomadas en el contexto de la violencia contra las mujeres. También abordaron el asunto de las mujeres en empleos precarios, o aquellas que pierden sus empleos. Veo un buen progreso en España. También apoya lo que queremos conseguir respecto a la transparencia salarial, aunque creo que en España está ligeramente por debajo de la media de la UE en lo que respecta a la brecha salarial de género; creo que está en torno al 15%, ligeramente por debajo de la media europea. Y el Gobierno español respalda mucho todo lo que hacemos con el colectivo LGTBI.
–Se organizó una manifestación a favor de los derechos de la mujer el 8 de marzo. ¿Cree que fue una buena idea mantener esta marcha, cuando había señales muy claras de la propagación del virus?
–No puedo comentar sobre eso. No conozco los detalles. Diría que es bueno obedecer a las autoridades sanitarias. Sin instituciones sanitarias sólidas, estaríamos en una situación mucho peor.
Huella digital
HELENA Dalli nació en Valeta (Malta) en 1962. Algunos datos sobre su vida y su carrera política pueden encontrarse principalmente en su página en inglés en Wikipedia.
Su completa página en la Comisión Europea incluye su currículo, sus principales tareas, su equipo, su agenda o sus audiencias de confirmación en el Parlamento Europeo.
La comisaria también tiene una cuenta de Twitter, en la que informa sobre sus actividades.
Digital fingerprint
HELENA Dalli was born in Valletta, Malta in 1962. Some facts about her life and political career can be found on her Wikipedia page.
Her European Commission page includes her CV, her main tasks and her team, her agenda and the confirmation hearings in the European Parliament.
The commissioner also has a Twitter account, where she reports on her activities Wikipedia page.
In English
Helena Dalli, european commissioner
“Racism is alive in Europe”
Helena Dalli became last December the first EU commissioner for Equality, an issue very close to her heart and her political career. She is now working on numerous strategies to fight for gender equality and support minorities and vulnerable groups in Europe, including LGTBI and Roma, especially in the aftermath of the covid-19 pandemic.
Following the protests against racism across the world, Dalli will also take care of the European Commission’s new action plan to address the structural racism existing across the board in Europe. As she told Escritura Pública in an interview, “racism is alive in Europe”
–The European Commission will put forward an action plan against racism later this year. What initiatives are you considering as part of the strategy?
–We have been discussing even prior to what is happening right now, because racism is alive in Europe, not just in the US. It’s ironic that we’re celebrating the 20 years of the racial equality directive, and we still have structural problems. Racism has not been eradicated. There is a wide gap between legislation and how effective that legislation is on people’s lives. We will focus on what is underneath the tip of the iceberg, the structural racism, which is more difficult to address.
–What do you mean?
–This is an issue when you look at unemployment, for instance at recruitments, or housing and health access. There’s also an unconscious bias. Sometimes, without knowing, people can be racist, especially white people in the sense that we identify with people who are “like us”, so we might be discriminating.
–And what about inside the Commission?
–We shall be looking also internally. We have been working already with Commissioner Hahn (Human Eesources). We are exploring how we can address this reality. This cannot change overnight. But it’s not enough to say that black people don’t apply for jobs. We have to see what kind of education or training they are getting, so that they will be able to have good qualifications and compete. Our intention is to leave no stone unturned. The fact that, for the first time, the EU has a portfolio dedicated entirely to equality sends a message that Europe needs to address these realities in a strong way. There’s a lot to do.
–Do you think that, perhaps, there was structural racism also inside the Commission given the lack of diversity among its staff?
–There is an unconscious bias. And yes, structural racism. But I think it’s everywhere. And that is why we have to address the roots of the problem, not just the symptoms, not just the results. We have to think ‘out of the box’ and find ways to see how we can bring more diversity into the whole process. For example, looking at universities and sponsorships for instance for students, so we recruit trainees and we make sure that we are more diverse in our in our choices.
–Since you spoke about the distance between the actual legislation and the reality, how could you strengthen the role of the national authorities to implement the rules?
–There will be a consultation process to discuss the action plan. We had a very good discussion in the college of commissioners. My team has the job to lead and coordinate the effort. But for me, what is essential is to change attitudes and culture. We have to remember we are all together with this equality perspective, in all the portfolios. If it was just the equality portfolio doing the work, it will be superficial. We have to address all policy areas, so that what we do becomes substantial and really affects people’s lives.
“Racism is alive in Europe, not just in the US. It’s ironic that we’re celebrating the 20 years of the racial equality directive, and we still have structural problems”
–Since you mentioned the role your colleagues should play, commissioner Didier Reynders gave a half-hearted apology for his appearance with his face painted in black during a traditional parade in Brussels. Do you think he should have been more convincing?
–Commissioner Reynders was one who really contributed to the debate in the college on Wednesday. He also presented the victims rights strategy, a very good plan that affects people being racially discriminated. I like to judge people according to their work. I think commissioner Reynders has done a very good job on this victims rights strategy.
–Are you satisfied with his apology then?
–I didn’t say I am satisfied. I am just saying I am satisfied with the work he is doing in this area. He’s working very hard. And obviously we work very closely because our portfolios.
–What do you think about the debate on withdrawing some statues of controversial historical figures?
–Knowing our history will help us not to repeat certain mistakes committed in the past. I am not very fond of statues as a rule. I appreciate them when they are good pieces of art. But I have always held that the monuments that we leave behind us, the legacy, is our work.
–For example, do you feel comfortable with having the statue of King Leopold II at the entrance of the European neighbourhood in Brussels, knowing that up to 10 million people died in Congo while he was its ruler?
–When I see it, I remember all these things, and it’s not a good thing to remember. That’s why it’s important to know our history. And we learn from it. And we can be critical of how it is represented today. But it’s good that there’s discussion about this, because it means that we are, rightfully so, being critical and being vocal also about our criticism. It is healthy to have such a debate.
–Are you concerned about the fact that inequalities increased during the pandemic, and minorities were more affected by the virus?
–I’m very concerned. Over the past weeks, I’ve been in contact with some of these groups, such as people with disability, LGTBI people, women, and ethnic minorities. We are gathering what we have learned and will feed into our LGTBI plus strategy, which will be the first EU strategy on this issue coming by the end of this year. We will also publish a disability strategy in the beginning of 2021. We will also release a Roma inclusion framework, where we shall be also feeding the experience gathered during the pandemic.
–What was the impact of confinement on women suffering of gender violence?
–Indeed, there were women victims of domestic violence that had to be confined in a small apartment with their abuser. I wrote to member states, together with commissioner Schmit (Employment) and commissioner Kyriakides (Health) to tell them to look out for these things. Spain came out with very good ideas for people or women reporting for domestic violence, without being traced by her partner who is abusing her. They could go to the pharmacy and use a code that will show that she is in distress, so the pharmacy will take action and send the police. I was very encouraged to see that most member states are really
“It’s good that there’s discussion about the statues, because it means that we are, rightfully so, being critical and being vocal also about our criticism. It is healthy to have such a debate”
watching what is happening and coming out with solutions so these people won’t be even more alone. We also heard about abuses in old people’s home, or among LGBTI people, including trans people being denied the treatment, which sometimes is life threatening, but they were told it was not an emergency.
–What do you think of the progress made by Spain on Equality, especially in light of the crisis we are suffering?
–The Spanish Government is working very hard in this policy area. I’m really impressed about how the issue of inequality was addressed in Spain. I mentioned already a lot of actions taken In the context of violence against women. They also worked on women in precarious employment and losing their jobs. I’m seeing good progress in Spain. They also support what we want to do with regards to pay transparency, even though I think that in Spain the gender pay gap is around 15%, slightly below the the European average. In addition, the Spanish government is very supportive of all what we do with LGTBI.
“I’m really impressed about how the issue of inequality was addressed in Spain”
–There was a demonstration in favor of women rights in Spain on 8 March. Do you think it was a good idea to maintain this march, when there were already very clear signals of the virus spreading in Europe?
–I cannot comment on that. I don’t know the details. I would say that it’s good to obey the health authorities. Had we not had strong health institutions, I think we would be in a much worse situation.
If Europe wants to have a fair shot in the technology race against China and the United States, more resources and coordination will be required.
La ciencia y la innovación son la base para el desarrollo tecnológico y la transformación ecológica que necesita Europa para superar la crisis del Covid-19 y prosperar en el futuro. Sin embargo, la UE todavía encara batallas pendientes en este campo, aún más urgentes tras el impacto de la pandemia.
EL MOVIMIENTO de acción-reacción es automático. Tan pronto como una crisis golpea, gobiernos y expertos miran a la ciencia para prometer una recuperación rápida y un futuro más próspero. Lo mismo ha sucedido con la pandemia del Covid-19. Más aún porque el virus no solo ha provocado una recesión descomunal en Europa, la mayor en las casi siete décadas de historia de la UE, sino también un desafío sanitario en el que la ciencia y la innovación están siendo el principal frente de batalla en la lucha contra el patógeno.
El coronavirus ha mostrado las fortalezas y debilidades en nuestro ecosistema científico e innovador. Y ha amplificado la advertencia que los expertos, científicos, emprendedores y autoridades llevan años repitiendo con pocos resultados. Europa brilla en el campo científico, pero debe dar un impulso más decidido para transformar ese conocimiento en impacto. Más aún, si queremos tener una oportunidad en la carrera tecnológica contra China y Estados Unidos, y mantener el calentamiento global por debajo de los dos grados, harán falta más recursos y coordinación.
“La investigación y la innovación son el núcleo de la respuesta a la crisis sin precedentes que encaramos y pueden contribuir significativamente a la recuperación económica”, señaló el pasado 27 de mayo la comisaria de Innovación e Investigación, Mariya Gabriel.
La búlgara presentó entonces el Informe sobre el Rendimiento de Ciencia, Investigación e Innovación 2020, un trabajo bienal que muestra «cómo la investigación y la innovación son fundamentales para lograr las transiciones ecológicas y digitales que Europa necesita”, añadió.
El documento muestra las luces del sistema europeo, y sobre todo aquellos campos en los que necesita mejorar. Y ofrece 11 recomendaciones para apuntalar el sistema, sobre todo teniendo en cuenta la agenda digital y ‘verde’.
Y habrá recursos para poner estas ideas en práctica. Para el próximo presupuesto plurianual de la UE (2021-2027) la Comisión Europea ha propuesto 100.000 millones de euros para su programa de innovación Horizonte Europa para los próximos siete años, su programa para apoyar la investigación, la ciencia y la innovación.
Los europeos lideran la investigación en temas de sostenibilidad, con un cuarto del total de estudios publicados y de patentes
La situación. Aun así, la lluvia de millones se puede quedar corta para dar el impulso que Europa necesita, no solo respecto a sus necesidades sino también al comportamiento de sus principales competidores: Estados Unidos y China.
Europa invierte en I+D un 2,19% de su PIB (1,45% de inversión privada), según recuerda la Comisión. Es el mismo porcentaje que destina China. Sin embargo, su volumen total es mucho mayor, dado el tamaño de su economía, y lleva una trayectoria ascendente mucho más pronunciada que el lento progreso de los europeos. Por su parte, EE.UU. dedica un 2,83% de su PIB, siendo sus empresas responsables del 2,05%. Lejos quedan países como Corea del Sur, con una inversión de 4,53% de su PIB.
Recomendaciones de la Comisión Europea
EL Informe sobre el Rendimiento de Ciencia, Investigación e Innovación 2020 de la Comisión incluyó una serie de propuestas, agrupadas en cuatro campos, para mejorar nuestro sistema innovador, y nuestro ecosistema de I+D sobre el que se asienta. Las medidas son:
El Acuerdo Verde Europeo requiere un cambio hacia una política de innovación transformadora.
Asegurarse de que el crecimiento no deje a nadie atrás: personas, regiones, países y empresas.
Equipar a los europeos con las habilidades para navegar por un mundo cambiante.
Avance rápido hacia la igualdad de género y mediante el I+D.
Dar forma a la ventaja competitiva de Europa en la carrera mundial por la tecnología.
Modernización de la política de I+D para adaptarla a su propósito en la era digital.
Garantizar el liderazgo científico y estimular los flujos de conocimiento dentro de la UE.
Construir un ecosistema de I+D vibrante y resistente en la era posterior a Siemens-Alstom (la fusión de los fabricantes de trenes europeos prohibida por Bruselas).
Maximizar el valor de los resultados de I+D para la sociedad, la economía y la política.
Hacer que la regulación de la UE sea amigable con la innovación y con visión de futuro.
Anticipar el mundo futuro a través de una mejor evidencia para la política.
Estas recomendaciones se interpretan a través “del doble desafío de las transiciones verdes y digitales para conseguir una economía moderna, eficiente en recursos y competitiva”, señala el informe de la Comisión.
El objetivo que se persigue es garantizar la sostenibilidad, entendida de manera amplia (medioambiental, social y económica), impulsando la competitividad.
“La competitividad de Europa debe basarse en un marco de instituciones, políticas y factores que garanticen la sostenibilidad a largo plazo (competitividad sostenible), y la sostenibilidad debe convertirse en un impulsor clave de la competitividad y el crecimiento de Europa (sostenibilidad competitiva)”, añade el documento.
European Commission recommendations
The Commission’s 2020 Science, Research and Innovation Performance Report included a series of proposals, grouped into four fields, to improve our innovation and R&D ecosystem:
The European Green Deal requires a shift towards a transformative innovation policy.
Making sure that growth does not leave anyone behind… people, regions, countries and firms.
Equipping Europeans with the skills to navigate the changing world.
Fast-forwarding to gender equality in and through R&I.
Shaping Europe’s competitive edge in the global race for technology.
Modernising R&I policy to make it fit for purpose in the digital age.
Ensuring scientific leadership and stimulating knowledge flows within the EU.
Building a vibrant and resilient R&I ecosystem in the post-Siemens-Alstom era.
Maximising the value of R&I results for society, the economy and policy.
Making the EU’s regulation innovation-friendly and forward-looking.
Anticipating the future world through better evidence for policy.
These recommendations are seen through «the double challenge of green and digital transitions to achieve a modern, resource-efficient and competitive economy,» the Commission report said.
The objective is to guarantee sustainability in a broad sense (environmental, social and economic), and promoting competitiveness.
“Europe’s competitiveness should build on a framework of institutions, policies and factors that ensure sustainability in the long term (sustainable competitiveness), and sustainability should become a key driver of Europe’s competitiveness and growth (competitive sustainability),” the document adds.
in English
Innovation: the outstanding battle
Science and innovation are the basis for the technological development and ecological transformation that Europe needs to overcome the Covid-19 crisis and to prosper in the future. But the EU is still facing outstanding battles in this field, as they became even more urgent in the aftermath of the coronavirus pandemic.
The action-reaction movement is automatic. As soon as a crisis hits, governments and experts refer to science and innovation to promise a speedy recovery and a brighter future. That was the case with the Covid-19 crisis with more reason. The deadly virus will not only trigger the deepest recession in the EU’s seven-decade history, but also science and innovation have been at the forefront in the fight against the pathogen.
The coronavirus pandemic has shown the strengths and weaknesses in the European scientific and innovation ecosystem. It amplified the warnings given by experts, scientists, entrepreneurs and authorities over the past years with little results. Europe is a reference in the scientific field, but member states must be more determined to generate impactful knowledge.
Furthermore, if Europe wants to have a fair shot in the technology race against China and the United States, and keep the global warming below two degrees, more resources and coordination will be required.
«Research and innovation are at the core of the unprecedented crisis response we face and can contribute significantly to the economic recovery,» Commissioner for Innovation and Research Mariya Gabriel said on May 27.
The Bulgarian commissioner presented at that time then the report on the ‘Science, Research and Innovation Performance 2020’. This biennial work showed «how research and innovation are essential to achieve the ecological and digital transitions that Europe needs,» Gabriel added.
The document included Europe’s assets in this field, but also those areas to improve. It listed eleven recommendations to bolster the science and innovation system, especially in light of the digital and ‘green’ agenda.
And there will be resources to put these ideas into practice. For the next EU’s sevenyear budget (2021-2027) the European Commission has proposed € 100 billion for its Horizon Europe, its program to support research, science and innovation.
The situation. In spite of the billions of euros available, Europe may fall short of giving the boost required, not only in regards to its needs but also by comparing the bloc with its main competitors: the United States and China.
Europeans researchers lead on sustainability issues, with a quarter of all published studies and patents
Europe invests 2.19% of its GDP in R&D (1.45% by the private sector), the Commission said. It is the same percentage that China allocates, but Beijing spends a higher total volume, given the size of its economy, and its upward trajectory has been significant compared with the slow progress of the Europeans.
Meanwhile, the US spends 2.83% of its GDP, including 2.05% by companies. Countries like South Korea are far away, with an investment of 4.53% of their GDP.
Europe has spent two decades trying to reach the 3% of its GDP goal for innovation. In order to achieve this objective, the EU would need to invest an additional €100 billion a year, the same figure that the EU budget will spend on innovation over the next seven years. R&D investment is crucial, because, as the Commission stressed, two thirds of the increase in economic productivity is linked to R&D.
The gap with our competitors is significant in the technological and financial sector, crucial for supporting the development of startups in their early phases. In the field of artificial intelligence, one of the most cutting-edge fields of the digital agenda, around 32% of the firms come from the United States, while 23% from China and 19% from the EU, according to 2018 figures.
Europe invests 2.19% of its GDP in R&D (1.45% of private investment), according to the Commission.
Europa lleva dos décadas intentando alcanzar la meta del 3% de su PIB dedicado a la innovación. Para conseguirlo, necesitaría invertir 100.000 millones de euros adicionales al año, lo mismo que vamos a dedicar durante los próximos siete años. Y esta inversión resulta crucial, porque, según recuerda la propia Comisión Europea, dos tercios del aumento de la productividad económica están vinculados al I+D.
La distancia sobre todo es notable en el apartado tecnológico y financiero, crucial para impulsar el desarrollo de startups en su fase embrionaria. En el campo de la inteligencia artificial, uno de los más punteros de la agenda digital y con un mayor poder transformador, un 32% de las firmas proceden de Estados Unidos, mientras que un 23% de China y un 19% de la UE, según cifras de 2018.
Además, Pekín está redoblando la apuesta en este sector. A través de diversas fórmulas e instrumentos, el país invertirá 70.000 millones de dólares (62.250 millones de euros) este año en inteligencia artificial, frente a los 17.000 millones de dólares (15.120 millones de euros) que dedicó en 2017.
Unos fondos que en EEUU proceden principalmente de inversores privados a través de unos mercados financieros más desarrollados.
En Europa, ni el esfuerzo público ni la inversión privada manejan las magnitudes de sus dos principales rivales.
Los llamados inversores de capital riesgo (venture capital funds) estadounidenses dedican ocho veces más recursos a nuevas firmas que sus pares europeos. Como resultado, la práctica totalidad de las diez principales firmas tecnológicas por capitalización bursátil son americanas o estadounidenses.
Sin embargo, no todo son malas noticias para la UE. Por ejemplo, los europeos lideran en la investigación en temas de sostenibilidad, con un cuarto del total de estudios publicados y de patentes en asuntos de clima y bioeconomía, por delante de chinos y estadounidenses.
El pilar tecnológico. De hecho, como señaló en un debate reciente Stefan Sipka, investigador en el European Policy Centre (EPC), la agenda ‘verde’ y digital están muy próximas. El pilar tecnológico puede servir como facilitador para hacer nuestras economías más sostenibles, por ejemplo, con soluciones que reduzcan las emisiones. Al mismo tiempo, los grandes centros procesadores de datos y todos nuestros aparatos tecnológicos también deberían ser más eficientes, y reducir las enormes cantidades de energía que devoran.
El coronavirus ha mostrado las fortalezas y debilidades de nuestro ecosistema científico e innovador
Los gobiernos y expertos coinciden en que el repentino y profundo impacto del coronavirus representa una oportunidad para corregir algunos de nuestros hábitos y transformar cómo vivimos y trabajamos. La extensión del teletrabajo, con el impacto positivo en movilidad y emisiones, será uno de los cambios que se mantendrán. Porque tras la crisis no solo debemos salvar nuestras economías, sino también transformarlas. De otra manera, no estaremos preparados para las crisis que traerá un futuro cada vez más impredecible.
Tras la crisis no solo debemos salvar nuestras economías, sino también transformarlas.
Como señala Thomas Gageik, director para soluciones digitales empresariales en la Comisión Europea, ahora es el momento de pararse, tomar aliento y reflexionar sobre las decisiones que vamos a tomar, porque pueden servir para marcar la dirección de la próxima década, y más allá.
«Lograr una recuperación digital y sostenible requiere que creemos un plan de acción integral que toque prácticamente todos los aspectos, incluido el sistema social, el campo regulatorio o el educativo», indicó en un debate reciente.
“Se trata de una tarea que realmente tenemos que hacer bien, y tenemos seis meses para ello”, sentenció.
La I+D en España
LA Comisión Europea nos recuerda constantemente que nuestro país tiene una enorme tarea pendiente con la innovación, no solo por los escasos recursos que le dedica, sino también por la fragmentación del sistema regional. En sus últimas recomendaciones del pasado mayo, la Comisión dejaba claro que “las perspectivas de recuperación de la economía española dependerán de su capacidad para aumentar la productividad e impulsar la innovación, especialmente mediante la transición digital y ecológica”.
El Ejecutivo comunitario recordó que los resultados en innovación en todas las comunidades autónomas están por debajo de la media europea. Y añadió que nuestras empresas son las que peores resultados obtienen en su capacidad para innovar.
El Ejecutivo comunitario recomendó mejorar la digitalización del sistema educativo y empresarial, el reforzamiento de la gobernanza en materia de investigación e innovación a todos los niveles, el aumento de la calidad de la investigación a través de evaluaciones sistemáticas y la incentivación de los centros de investigación para que cooperen con el sector privado.
R&D in Spain
The European Commission has told Spain in numerous occasions that it has a lot to do in regards to its innovation system, not only due to the scarce resources it dedicates, but also due to the fragmentation of its regional system. In its latest recommendations last May, the Commission made it clear that “the prospects for recovery of the Spanish economy will depend on its ability to increase its productivity and innovation, especially through the digital and ecological transition”.
The EU executive recalled that the performance of all the Spanish regions in terms of innovation is below the European average, and added that Spanish firms are the worst performers in their ability to innovate.
The Commission recommended improving the digitisation of the Educational and business sectors, strengthening the governance in research and innovation at all levels, increasing the quality of research through systematic evaluations, and incentiving the cooperation of research centers with the private sector.
in English
The coronavirus has shown the strengths and weaknesses of our scientific and innovative ecosystem
But Beijing is doubling down on this sector. Through various formulas and instruments, Chinese authorities will invest $. 70 billion (€ 62.2 billion) this year in artificial intelligence, compared to the $17 billion (€15.1) it dedicated in 2017.
These funds come mainly from private investors in the US through more developed financial markets.
In Europe, neither the public effort nor the private investment is comparable with the magnitudes of its two main rivals.
American venture capital investors dedicate eight times more resources to new firms than their European peers. As a result, almost all of the top ten technology firms by market capitalisation are American or Chinese.
But there are some bright spots also for Europe. For example, European researchers lead on sustainability, with a quarter of the total published studies and patents on climate and bioeconomy, ahead of China or the US.
The ‘tech’ pillar. As Stefan Sipka, researcher at the European Policy Center (EPC) pointed out in a recent debate, the ‘green’ and digital agenda are “very close”. The ‘tech’ pillar can serve as an “enabler” to make our economies more sustainable, for example with solutions that reduce CO2 emissions. At the same time, big data processing centres and our technological devices should also be more efficient, to reduce the enormous amounts of energy they use.
Governments and experts agree that the sudden and profound impact of the coronavirus represents an opportunity to correct some of our old habits and transform how we live and work. We must not only save our economies, but transform them. Otherwise, we will not be prepared for the crises that a more unpredictable future will bring.
The extension of teleworking, with the positive impact on mobility and emission reduction, will be one of the changes that will remain.
As Thomas Gageik, director for digital business solutions at the European Commission, points out, now is the time to take a breath and reflect on the decisions we will make, because they would set the direction for the next decade, and beyond.
“Achieving a digital and sustainable recovery requires us to create comprehensive action plan which pretty much touches every aspect, including social, regulatory or the educational system,” he said in a recent debate.
“We really have to get that right, and we have six months for that,” he added.
ALEJANDRO TIANA FERRER,
ALEJANDRO TIANA FERRER,
Lector, vuelve a casa: Cómo afecta a nuestro cerebro la lectura en pantallas.
RICARDO MAIRAL,
Ley 18/2011
La Ley 42/2015
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