Científicos amenazados

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Científicos amenazados

Los tiempos en que se castigaba con la hoguera a la gente de ciencia pasaron, pero siglos después, aún reviven rescoldos de esa ignorancia tan nociva. Lo hacen en uno de los mayores avances tecnológicos: internet. Científicos que han ayudado a entender la pandemia han sido atacados por grupos de conspiranoicos hasta el punto que han tenido que suprimir o reducir sus apariciones públicas. ¿Quién se esconde detrás de ellos?
GABRIEL CRUZ

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@Gabrielcruztv

“El sueño de la razón produce monstruos” nos advertía Goya en uno de sus grabados sobre el peligro de la ignorancia. Dos siglos después la seguimos sufriendo. Los conspiranoicos han encontrado en el covid-19 su particular peste medieval y en internet el espacio donde propagar los ataques. Si no, ¿cómo explicar las amenazas de muerte a Christian Drosten, virólogo alemán que asesoraba a la canciller Merkel contra la pandemia , algo así como el Fernando Simón alemán? Mientras en Bélgica, Jürgen Conings, un exmilitar, aseguraba que mataría a Marc Van Ranst, virólogo de referencia en su país que tuvo que estar escondido junto a familia durante tres semanas . ¿Era una fanfarronada? No, Conings era instructor militar de tiro y estuvo fugado con un lanzador de cohetes y una ametralladora. Un mes después le localizaron en un bosque: se había suicidado.

No son casos excepcionales. Un artículo de la revista Nature realizó una encuesta a 321 científicos que habían hablado públicamente sobre la covid-19. Señaló que el 60 % recibió algún tipo de amenaza de las que un 15% eran de muerte y un 22% de agresiones físicas o sexuales. El resultado era de esperar: dos terceras partes de los que las sufrieron redujeron sus apariciones públicas.

Españoles amenazados

Los investigadores del estudio de “Nature” eran de Australia, Reino Unido, Alemania, Canadá, Taiwán y Nueva Zelanda. De científicos españoles no se recogieron datos. Por eso contactamos con uno de los que más ha aparecido en los medios durante la pandemia: José Antonio López, virólogo, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Confiesa que ha recibido “multitud de insultos de negacionistas y antivacunas pero últimamente también de algún pseudoexperto catastrofista”. “JAL” como se le conoce en todos los medios en los que hace difusión científica, se queja de que “mientras los que te atacan utilizan apodos nosotros, los que divulgamos, vamos a cara descubierta. Saben donde trabajamos, donde vivimos, etc.” Le percibo hastiado pero aguanta: “Por el momento, no pienso dejarlo seguiré humildemente trabajando como virólogo y como divulgador científico, labor en la que llevo desde hace más de treinta años”.

 

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ, VIRÓLOGO, INVESTIGADOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID, CONFIESA QUE HA RECIBIDO MULTITUD DE INSULTOS EN LA RED

 

Hay muchos más casos. Por ejemplo Alfredo Corell, inmunólogo y catedrático de universidad, asegura “me han amenazado con matarme, que si era un mataviejas… incluso han modificado mi entrada en Wikipedia escribiendo que he sido juzgado por pedofilia”. En el caso de Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, además de los ataques por la red le increparon en la calle al grito de “asesino”, incluso se encontró con una pintada que decía: «AMOS TU ERES EL COBI». A lo que él respondió con este tuit irónico: “(…) Por la ortografía no se si me asocian a la enfermedad de la Covid-19 o me mimetizan con la mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona”. Al doctor César Carballo, del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, le dijeron “vigile su espalda» o “probáis veneno en la gente». Lo que más le preocupó fue descubrir que las búsquedas en Google más numerosas sobre él fueran “César Carballo mujer” y “César Carballo hijos”, entonces fue cuando decidió denunciar las amenazas judicialmente.

Tras los ataques

Para saberlo hay que sumergirse a gran profundidad en redes sociales. Mari Luz Congosto es ingeniera informática, pero, para nuestro caso, es una “buceadora de datos”, profesora honorífica en la Universidad Carlos III y de visualización de datos en la Universidad de Madrid U-TAD.

 

A ALFREDO CORELL, INMUNÓLOGO Y CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, HAN AMENAZADO CON MATARLE Y AL DOCTOR CÉSAR CARBALLO LE DIJERON ‘VIGILE SU ESPALDA’

 

Rápidamente nos da dos claves: “Todo lo que veamos acompañados de la palabra “por la verdad” suele ser bastante mentira y en redes sociales suele haber más ruido que realidad”. Respecto a lo primero, nos encontramos movimientos conspiranoicos como “médicos por la verdad”, “psicólogos por la verdad” entre otros muchos. Ella tampoco se ha librado de los insultos en redes. Tras analizar unos 6.000 perfiles en Twitter señala que “están muy bien organizados internacionalmente, con conexiones en Perú, Argentina, España y sobre todo en Alemania”. Desvela que algunos de sus miembros son médicos que consideran que no existe una pandemia. “Son muy agresivos porque para ellos sus ideas, aunque no lo admitan, son como una religión. Por tanto, no hay cabida al razonamiento, señala.

Respecto a cuanta gente puede estar detrás de estos movimientos, Congosto afirma que “hay grupos con canales de Telegram con hasta cien mil seguidores. Detrás de los cuales puede haber desde individuos conspiranoicos a grupos de presión a favor de la homeopatía”.

Una de sus investigaciones era saber si existían conexiones entre conspiranoicos y grupos políticos porque entonces –señala- “tendríamos un grave problema. El caso es que no detecté grandes relaciones. Sí que descubrí algún miembro de extrema derecha con simpatías hacia posturas antivacunas pero precisamente también encontré coincidencias en posturas independentistas. Es decir, los extremos conectan muy bien, porque ambos no quieren estabilidad”. Entre los casos que investigó se encontraba el perfil de Twitter del denominado “doctor Papaya”, que aseguraba falsamente ser parasitólogo. Se trataba de un negacionista de la pandemia con nueve mil seguidores. Finalmente fue detenido en 2020 Zaragoza por incitar al odio y violencia contra los políticos y sanitarios en redes sociales. “Cuando conté las conexiones de este negacionista me atacaron muchísimo. La cuestión es que siempre ha habido conspiranoicos en las redes sociales, pero a raíz del covid-19 ha sido su oportunidad de hablar sobre el mismo tema y por eso se han hecho tan visibles”, señala Congosto. No como antes que cada uno tenía su propia conspiración y el efecto quedaba disperso entre todas. Era un “cada loco con su tema” pero como advierte Casar Carballo: “a John Lennon lo mató un hombre desequilibrado mentalmente».

A quien seguir

Mariluz Congosto @congosto
Experta en redes. Sigue los hilos que le sugieren los propios internautas y que ella indaga.

@SoyMmadrigal
Marcelino Madrigal, experto informático en análisis de redes sociales, lucha contra la desinformación y conspiranoicos de todo tipo.

@cescept
Círculo Escéptico Asociación, sin ánimo de lucro, para la promoción del pensamiento racional y crítico.

Ni es sólo covid ni es sólo de ahora
Los ataques a divulgadores científicos han existido desde hace años. Lo sabe bien Miguel Mulet, catedrático en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Desmonta con argumentos científicos falsos mitos relacionados con la comida sana. Así en 2015 tuvo que suspender una charla en la Universidad de Córdoba (Argentina) por defender que los alimentos transgénicos no son perjudiciales para la salud. “Al comprobarse que las amenazas eran plausibles pues eran de personas totalmente identificables. Me decían que “me hacía falta plomo en la cabeza” así que me pusieron dos guardaespaldas”, nos señala Miguel. “Ahora son los antivacunas los que me insultan. Lo que hago es bloquear sus mensajes y listo. No me caliento la cabeza. Es el problema de las redes. La gente puede decir lo que quiera porque no hay filtros. Pero yo tengo un trabajo que me gusta y procuro no dedicarle a esto mucho tiempo”.
Estudio de Nature
Con el titular Ojalá te mueras (I hope you die). El estudio de la revista científica publicado en octubre de 2021 dio luz al acoso que en silencio sufrían algunos científicos por hablar sobre el covid-19.
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Mayores offline

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Mayores ‘OFFLINE’

Internet se ha convertido en la llave más rápida para las gestiones del día a día: hacer una inscripción, pedir una cita, consultar el saldo de la cuenta bancaria o presentar la declaración de la renta. El mundo aplaude la comodidad de no hacer colas y poder solucionar los trámites desde el salón de casa. Pero hay un sector que asiste, impotente, al proceso. Los mayores se quedan fuera de juego.

GABRIEL CRUZ

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@Gabrielcruztv

Soy mayor, pero no idiota. La frase se ha convertido en un grito de guerra. Lo lanza Carlos San Juan, médico jubilado de 78 años. Asegura haber llegado a sentirse humillado al pedir ayuda en un banco y que le hablaran como si fuera idiota por no saber completar una operación. Lanzó su queja en la plataforma change.org y en apenas un par de semanas había conseguido más de 500.000 firmas respaldándole. Conscientes de las dificultades de algunas personas con la digitalización, los bancos están poniendo medidas encima de la mesa para facilitar su adaptación progresiva a las nuevas posibilidades que ofrece la diversidad de canales bancarios. Estas se suman a las múltiples iniciativas que ya están en marcha para facilitar la accesibilidad de los mayores a los servicios bancarios tanto en la red de oficinas como vía online. Y es que solo el 6,5% de los mayores de 65 años cuenta con habilidades avanzadas a la hora de utilizar internet, según datos de Eurostat. Leonor, con 72 años y ajena a redes sociales y procedimientos tecnológicos, entiende muy bien a Carlos: «me han llegado a cobrar seis euros al mes por pagar la comunidad del edificio en el que vivo en ventanilla. Me insistían en que tenía que domiciliarlo yo a través de la web, pero era incapaz. Hasta que no lo ha hecho mi hija por mí, no me ha quedado más remedio que pagar. También necesito su ayuda para hacer transferencias o coger cita para algunos trámites». Y es que los bancos son solo a punta del iceberg

 

ACTUALMENTE LA MAYOR PARTE DE LA BUROCRACIA ADMINISTRATIVA SE SOLUCIONA A TRAVÉS DE INTERNET

 

Comunicando. Actualmente la mayor parte de la burocracia administrativa se soluciona a través de internet. La pandemia ha venido a reducir la presencialidad y las pocas cosas que se pueden hacer en persona también necesitan que la cita se solicite online. Trámites obligatorios, como presentar la declaración de Hacienda, se convierten en un auténtico suplicio para los más mayores. «Soy viuda y no tengo hijos», apunta Toñi López, 79 años, «en mi casa no hay ordenadores así que el año pasado fui varias veces a pedir cita para hacer mi declaración a una de las oficinas. Cada vez que iba me insistían en que tenía que hacerlo online. ¡Pero si yo no tengo ordenador! Les decía, pero ni caso. ¿Por teléfono? pero es que no lo cogen nunca.» La solución vino de la mano de uno de sus sobrinos, pero a ella no le parece justo que tenga que depender de nadie. Estos mayores tampoco se benefician del ahorro de tiempo y la comodidad que supone poder hacer las cosas desde casa: pedir cita en el médico, hacer la compra o sacar las entradas del cine. «Entiendo que todos estos avances son imparables, pero yo no puedo seguirlos. ¿No podrían explicarnos fácilmente cómo hacerlo? Pero una persona, no una máquina, que es lo que encuentro habitualmente», dice Josefa García, 80 años. Los mayores de 65 años ya eran el 20% de la población de España en enero de 2021, según el Instituto Nacional de Estadística. La cifra seguirá creciendo y la brecha, también.

Mayores rurales. El pequeño pueblo de Tamajón, en Guadalajara, lucha por mantener vivo su cajero. Se estropeó el pasado diciembre y la entidad bancaria que lo sostiene no planea repararlo. A partir de ahora su centenar de habitantes tendrán que desplazarse al menos 20 km, simplemente, para sacar dinero. Muchos de sus mayores ya no conducen y no tienen a nadie cerca que les pueda llevar. El problema se extiende por toda España. Según datos publicados por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), desde el año 2008 hasta 2021 ha descendido un 54,2% el número de oficinas bancarias y han desaparecido un 22,1% de los cajeros automáticos. La sociedad más comunicada de la historia deja aislados a los que no siguen el ritmo. ¿Cómo integrar a los mayores de 65 años en la revolución digital? «A mí tratan de enseñarme mis nietos», dice Leonor. Mientras tanto exigen que haya otras alternativas. Y su grito cada vez es más fuerte. |EP|

Notarios de ‘pueblo’

En la mayoría de los pueblos de España hay una notaría. Y en caso de no haberla en el suyo seguro que tendrá una muy cerca, porque hay casi 3.000 notarios repartidos por toda la geografía española. Lo habitual es que sean los interesados los que se desplacen al despacho notarial para hacer consultas o para la elaboración y firma de los documentos, pero, si es necesario, el notario también puede acercarse hasta el domicilio de los más mayores cuando hay problemas de movilidad o desplazamiento. En la época virtual, la cercanía también marca la diferencia en el servicio. Si quiere localizar al notario más cercano, tiene un buscador en www.notariado.org.

Notarios de ‘pueblo’

@EdadyVida es la fundación para la mejora y promoción de la calidad de vida de las personas mayores.

@65ymuchomas es el primer diario online para mayores. Cuenta con el asesoramiento de sus asociaciones más representativas.

@Jubilares es la asociación que promueve una mejora del entorno físico y social para el envejecimiento activo y con autonomía.

Entrevista a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior

CON SELLO PERSONAL

FERNANDO GRANDE-MARLASKA,

MINISTRO DEL INTERIOR

“España es uno de los países más seguros del mundo»

Fernando Grande-Marlaska Gómez (Bilbao, 1962), ministro del Interior desde 2018, magistrado en situación de servicios especiales en la Audiencia Nacional y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, es alguien que nunca deja indiferente.

Claro y firme en sus convicciones, no ha dudado en abrirse en público en una autobiografía que ya tiene un lustro. Al frente de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y de los servicios de emergencia, aunque no lo explicita, es seguro que no tiene ni un día tranquilo para que lo tengamos los demás.

CARLOS CAPA

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@capa_carlos

Permítame que, en vez de empezar por la actualidad, hacerlo desde más atrás. En 2016 se publica Ni pena, ni miedo, su autobiografía. ¿Puede resumir este lustro transcurrido desde que se descubre ante el gran público con esta obra y el Grande-Marlaska de hoy?

Responder sobre uno mismo, sobre cómo el paso del tiempo y las nuevas responsabilidades han podido influir más o menos en mi consideración personal, no es fácil. Es cierto que en Ni pena ni miedo hago una valoración de las vivencias que entiendo han forjado mi carácter, pero para contestar esta pregunta, que sin duda en algún momento tendré que hacerme, debe transcurrir algo de tiempo.

El cargo de Ministro del Interior, que ocupo hace casi cuatro años, es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo. Espero haber podido crecer un poco más como persona y como profesional y que los valores que me inculcaron, que se pueden resumir en empatía y responsabilidad, se hayan consolidado.

Cuando llegue el momento y la tenga, prometo una mejor respuesta, pero estoy convencido de que será positiva, que habré mejorado sobre todo como persona: trabajar con los hombres y mujeres que conforman el Ministerio del Interior y en un Gobierno como el del presidente Sánchez garantiza esa conclusión.

Casi cuatro años -crisis de Gobierno incluida- en uno de los llamados ‘ministerios de Estado’, esos que soportan la arquitectura institucional de una democracia. ¿Ha logrado alcanzar muchos de sus propósitos en la cartera?

Creo que el balance que podemos hacer es muy satisfactorio. Hemos invertido en seguridad: en la mejora de las condiciones laborales de los miembros de las Fuerzas de Seguridad (la equiparación salarial les ha supuesto un justo aumento salarial de más de un 20% en estos tres años); en la recuperación de las plantillas (con un incremento neto de 10.000 efectivos en este periodo); y en dotarles de mejores medios (600 millones de euros en el plan de infraestructuras policiales propio del ministerio, más otros 400 procedentes de los fondos europeos para la recuperación), y hoy las tasas de criminalidad nos dicen que España es uno de los países más seguros del mundo. Pero estamos a mitad de legislatura, y aún nos queda mucho trabajo por hacer.

Es inevitable hacer referencia al Covid-19 y al comportamiento ejemplar de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de emergencias y de rescate. ¿Se siente orgulloso de su actuación?

La palabra orgullo es insuficiente. La pandemia llegó sin que tuviésemos un solo instrumento para combatirla. Cuando el Gobierno decidió pararlo todo para preservar algo tan esencial como la salud, la vida, pedimos a ciudadanas y ciudadanos que permaneciesen en su casa para protegerse unos a otros, y su respuesta ejemplar estuvo facilitada porque sabían que sus Fuerzas de Seguridad seguían ahí, a su lado, trabajando sin descanso para darles protección.

Cuando aquel 14 de marzo de 2020 convocamos a los policías nacionales, a los guardias civiles, a los policías autonómicos y locales a asumir la más difícil misión nunca pensada, respondieron sin dudar y llevaron hasta las más altas cotas su compromiso con la ciudadanía cuando el país más lo necesitaba.

Nunca olvidaré que en los balcones y ventanas de toda España los aplausos que se dedicaban al personal sanitario que combatió y combate la epidemia en primera línea pronto se hicieron extensivos a las Fuerzas de Seguridad que, a su lado, se convirtieron en el instrumento con el que la sociedad articuló y articula su lucha contra la pandemia.

Hace diez años que la banda terrorista ETA, a la que tanto combatió como juez de la Audiencia Nacional, anunció su disolución. ¿Corremos el riesgo de que también se disuelvan en la memoria colectiva las víctimas y su sufrimiento?

Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española y estoy convencido de que la ciudadanía no va a permitir que caigan en el olvido. Desde luego, el Ministerio del Interior trabaja y trabajará siempre para recuperar y dignificar su memoria de la mano de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y con instrumentos tan significados como el Centro Memorial, que tiene su sede en Vitoria-Gasteiz y que pronto tendrá una subsede en Madrid.

Queremos para las víctimas del terrorismo un tributo permanente, imborrable, siempre presente; queremos construir la memoria colectiva de las víctimas del terrorismo para preservar los valores democráticos, éticos y de dignidad que encarnan y para concienciar a la población de la importancia de la defensa de la libertad y los derechos humanos. Para que nunca más esos valores de paz y convivencia pacífica nos sean arrebatados por el terrorismo.

La lacra de la Violencia Machista, que afortunadamente en 2021 ha dejado menos víctimas que el año anterior, sigue adherida en diferentes grados a la sociedad. ¿Se puede combatir solo con la actuación policial?

La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos como miembros de esta sociedad. Eso es lo que representa el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo de país para erradicar de nuestro modelo de convivencia esa grave violación de los derechos humanos que es el terrorismo machista. Y no lo conseguiremos si cada uno de nosotros no aporta lo que le corresponde.

Por lo que se refiere a las Fuerzas de Seguridad del Estado, me enorgullece su altísimo compromiso con la lucha contra la violencia de género, el altísimo nivel de profesionalidad con el que cumplen esa misión. Es importante que todas las mujeres que residen en España sepan que, ante cualquier situación adversa o de riesgo, siempre podrán contar con los miembros de las Fuerzas de Seguridad.

Según las estadísticas de su ministerio, la criminalidad entre enero y septiembre de 2021 ha disminuido hasta mínimos históricos, con una tasa de infracción de 39,6 delitos por cada mil habitantes. Somos uno de los países más seguros del mundo. ¿Cree usted que este hecho está suficientemente interiorizado en la sociedad?

Sí, creo que la sociedad española es consciente de que disfruta de uno de los niveles de seguridad más elevados del planeta. Todas las encuestas nos demuestran que la inseguridad no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, y también que Policía Nacional y Guardia Civil son dos de las instituciones que mejor valoran y más respetan.

Acaba de hacer público el balance de accidentes de tráfico que indica, pendientes de su revisión definitiva y descontado el efecto pandemia, el mantenimiento de la tendencia a la disminución de la siniestralidad en las carreteras españolas. ¿Un balance satisfactorio?

Las estadísticas sobre siniestralidad vial nunca son satisfactorias, una sola vida perdida en la carretera es demasiada pérdida. Pero es cierto que recogen una tendencia descendente que nos ayuda a profundizar nuestras políticas que buscan una movilidad más segura y sostenible. En breve presentaremos la estrategia de Seguridad Vial 2021–2030, cuyo objetivo es reducir a la mitad los actuales registros de fallecidos y heridos graves en siniestros de tráfico.

Desde su condición de gran conocedor de la Justicia-dónde ha desarrollado su carrera desde los juzgados de Instrucción hasta el CGPJ- me gustaría preguntarle sobre su opinión acerca de los llamados ‘juicios mediáticos’. ¿Cómo proteger la constitucional presunción de inocencia cuando hay causas que se cierran lustros después de abrirse?

En un sistema democrático, la fricción entre el derecho a la información y el derecho a la presunción de inocencia es constante y no hay soluciones pacíficas y eficaces. Es necesario hacer una apelación a la responsabilidad social de los medios de comunicación, que también están obligados a comprometerse con los preceptos constitucionales, pero es asimismo imprescindible dotar a la administración de Justicia de los medios adecuados para que pueda ejercer su misión institucional en plazos razonables y adecuados a las características y circunstancias de cada proceso judicial.

Entre las actividades que presta a la sociedad el Notariado español, y en relación con la actividad de su ministerio, se encuentra la creación en 2005 del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales. ¿Cómo valora la intervención de los notarios en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo?

Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y se han convertido en aliados imprescindibles de las Fuerzas de Seguridad en la investigación y persecución de esos delitos. Gracias al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales, son los propios notarios los que pueden identificar actos o negocios que pudieran presentar indicios delictivos, lo que ponen en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales, y éstas también cuentan con su colaboración en sus propias investigaciones. Es una relación ya muy asentada que rinde importantes beneficios en la prevención y persecución de este tipo de delitos.

Desde su condición de jurista y ahora en la cartera de Interior, ¿cuál es su imagen del Notariado español y de su función al servicio de la seguridad jurídica preventiva?

Ningún Estado social democrático de derecho, y España lo es por mandato constitucional, puede prescindir de un sistema eficiente de seguridad jurídica preventiva, porque es ese sistema el que permite al ordenamiento jurídico promover valores vitales como la justicia o la igualdad en la libertad, valores que también deben regir en los procesos de crecimiento económico.

Desde ese punto de vista, el Notariado, en su condición de fedatario público, es uno de los ejes sobre los que pivota ese modelo público español de la seguridad jurídica preventiva, el que permite a ciudadanas y ciudadanos actuar en el tráfico jurídico y económico con libertad y seguridad.

“Ser Ministro del Interior es el mayor honor para un incondicional del servicio público, pero deja poco tiempo para pensar en uno mismo”

Huella digital
Fernando Grande-Marlaska no mantiene un perfil propio en Twitter pero si lo tiene el Ministerio del Interior @interiorgob , cuenta desde la que se da información regular de sus actividades públicas. Su currículum está disponible aquí.
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“Las víctimas del terrorismo son un referente ético y moral para la democracia española”

“La lucha contra todas las violencias que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo es una responsabilidad colectiva que nos concierne a todas y todos”

“Los notarios desempeñan una labor muy relevante en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo”

El Programa Kit Digital, una oportunidad histórica para el tejido empresarial, por Alberto Martínez Lacambra

EN EL ESCAPARATE

Alberto Martinez Lacambra

Alberto Martínez Lacambra,

Director General de Red.es

 

Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 3.067 millones €, y se focaliza a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos

El Programa Kit Digital, una oportunidad histórica para el tejido empresarial

En pocos días se cumplirán dos años desde que empezamos a sentir los efectos de la pandemia provocada por el Covid-19. Algunos sostienen que esta situación ha sido un cisne negro para la economía, ya que se ha producido un fuerte shock y era muy difícil predecir que ocurriera. Otros, apelando a sofisticaciones conceptuales, sostienen que sería un rinoceronte gris pues lo ocurrido era un hecho previsible, advertido por científicos y virólogos en los últimos años. Orillando los debates sobre nomenclaturas zoológicas, es innegable que este coronavirus emergió en nuestras vidas y nos arrolló, tanto en nuestros sistemas sanitarios, como en nuestra economía y en nuestra forma de vida, como si de un megalodón se tratara.

La gestión de la pandemia ha resultado de una complejidad mayúscula, tanto en lo personal, como en lo social y económico. La única posibilidad que teníamos de evitar el colapso es que hubiera una decidida intervención del Sector Público, como a la que hemos asistido en nuestro país y en Europa.

España, en el 2020, registró una recesión sin precedentes. La economía se contrajo un 10,8% del Producto Interior Bruto (PIB), y fue la intervención del Sector Público la que evitó que esta debacle llegara a niveles de contracción del 25%. Cifras desconocidas por todos nosotros y solo comparables al impacto económico que sufrió nuestro país en el periodo 1936-39.

Un “Plan Marshall”

Europa reacciona a esta situación con la formulación de un Plan de Recuperación, un “Plan Marshall” del siglo XXI, cuyo objetivo fue contener la sangría económica provocada por la pandemia y sentar las bases para que, en un futuro, nuestra economía sea más sostenible, productiva e integradora. Este Plan de choque aprobado por Europa, asciende a 750.000 millones, lo que supone un 5,5% del PIB de los 27 países que hoy conforman la Unión Europea.

El importe de los fondos asignados a España asciende a 140.000 millones euros, lo que supone prácticamente un 12% de nuestro PIB. Este es un dato destacable, ya que, mientras que el promedio del plan de recuperación europeo se sitúa en el 5,5% del PIB, a nuestro país le ha correspondido un porcentaje que dobla la media europea.

Es cierto que España fue uno de los países más golpeado por la pandemia. Pero es un privilegio formar parte de la UE, ya que esta vez se ha realizado un ejercicio ejemplar de solidaridad territorial entre los distintos países, lo que es un importante paso en la consolidación del proyecto europeo.

De los 140.000 millones €, los primeros 70.000 millones € corresponden a subvenciones, con el consiguiente impacto que generará en nuestra economía en términos de generación de empleo, reducción déficit público, efecto positivo en la deuda pública y en el PIB.

Cuatro pilares configuran este Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), con el objetivo de sentar las bases para una economía más sostenible, productiva e inclusiva: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género, y cohesión social y territorial.

De esta cifra el 29% se destinará a transformación digital, es decir 20.000 millones. Este importe corresponderá a proyectos con nombre y apellido digital, no obstante, en buena parte de los 30 componentes que conforman el PRTR la digitalización está presente y es un común denominador de las actuaciones. Es difícil imaginar proyectos de movilidad y de sostenibilidad al margen del vector de la digitalización.

El Covid nos ha dejado claro que la digitalización ha venido para quedarse y que no se configura como un tema potestativo, por lo menos, en el ámbito empresarial. De ahí que contar con estos importes para acompañar la transformación digital es una oportunidad histórica para que sociedad, economía, empresas, y administraciones públicas den un salto sin precedentes. Ese camino debe garantizar no dejar a nadie atrás de manera que la digitalización no se convierta en una nueva selva para la sociedad, ciudadanos y empresas.

Con este objetivo, el pasado 30 de diciembre se publicó en el BOE la orden de bases que regula las ayudas del Programa Kit Digital, cuya finalidad es la digitalización de empresas pequeñas, microempresas y autónomos, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización de PYME’s 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos de la Unión Europea – Next Generation EU.

Este programa cuenta con una dotación presupuestaria de 3.067 millones €, y se focaliza a las empresas con menos de 50 empleados y a los autónomos. Tiene un carácter absolutamente transversal, pues su voluntad es llegar a todos los sectores de nuestra economía.

El sentido de orientarse a ese segmento empresarial tiene que ver con los niveles de productividad de nuestras empresas. Así, las empresas medianas y grandes en nuestro país presentan unos niveles de productividad muy aceptables cuando las comparamos con las de otros países de la UE. Donde tenemos espacio de mejora es justamente en ese segmento de empresas de menos de 50 empleados, que además no podemos perder de vista que generan el 51% del empleo.

El programa será gestionado por Red.es y prevé unas ayudas a la digitalización atendiendo al número de empleados con los que cuente. Así se establecen tres segmentos:

  • Empresas de 10 a menos de 50 empleados, las ayudas se fijan en 12.000 €
  • Empresas de 3 a menos de 10 empleados, las ayudas se fijan en 6.000 €
  • Personas en situación de autoempleo y hasta dos empleados, las ayudas se fijan en 2.000 €

El detalle de las ayudas y el funcionamiento del programa puede consultarse en el portal www.acelerapyme.es . La subvención deberá solicitarse en este portal en el momento en el que se publiquen las convocatorias para cada uno de los segmentos. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos se procederá a otorgarle a la empresa el bono digital, que corresponde al otorgamiento de la subvención.

Este bono digital deberá materializarlo en el portal acelerapyme, con algunos de los digitalizadores adheridos y en algunas de las categorías previstas, que son: sitio web, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, business inteligence y analítica, gestión de procesos, factura electrónica, servicios y herramientas de oficina virtual, comunicaciones seguras y ciberseguridad.

El programa Kit Digital además de permitir un proceso de adopción digital de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de autoempleo, brinda una oportunidad para las pymes del sector TIC, ya que podrán solicitar la adhesión como agente digitalizador en el portal www.acelerapyme.es, lo que permitirá consolidar ese sector tecnológico.

Aligerar la carga administrativa

A nadie se le escapa que repartir 3.000 millones en microsubvenciones de entre 2.000 y 12.000 €, se antoja tarea muy complicada, ya que, las pequeñas empresas y autónomos no están pendientes del BOE y, a menudo, tienen la impresión de que solicitar subvenciones puede suponer un “vía crucis” administrativo.

Con el objeto de aligerar esa carga administrativa se ha trabajado en la robotización de las bases de datos de las que se dispone en la propia Administración General del Estado, de manera que, si el solicitante autoriza a realizar esas consultas, no precisará aportar la documentación que en otras ocasiones es requerida.

Al respecto quiero destacar el acuerdo adoptado entre el Consejo General del Notariado y Red.es, por el que desde el Notariado se facilitará toda la gestión de los poderes por parte de las empresas. La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites para el otorgamiento de las subvenciones. Se trata de poner la tecnología al servicio de la gestión de la “res pública”.

La orden de bases regula la figura del representante voluntario, de manera que cualquier tercero, debidamente autorizado, pueda solicitar la ayuda por cuenta de la pyme. Especial importancia tomarán asociaciones empresariales y de autónomos, de manera que puedan acompañar a sus asociados en la solicitud de las ayudas.

También es importante señalar que desde Red.es se está desplegando, de forma directa y a través de las Cámaras de comercio, una red de Oficinas Acelera Pyme (OAP), para facilitar y acompañar a las empresas en el proceso de digitalización. A final de este ejercicio dispondremos de 150 oficinas, 50 de ellas en ámbitos rurales.

La implicación del Consejo General en este programa permitirá agilizar de forma muy significativa los trámites

El reto es conseguir que un programa de microsubvenciones de esta dimensión tenga un nivel de capilaridad suficiente, para que llegue a todos los rincones de este país. Probablemente este será el proyecto de colaboración publico privada más ambicioso en España y en Europa.

Este reto y oportunidad es una responsabilidad de todos, sector público, sector privado, y sociedad en general. Necesitamos que ese empresario, autónomo, que está luchando para mantener su actividad, se pueda beneficiar de estos fondos que precisamente están concebidos para financiar esas necesidades que emergen con los procesos de transformación digital.

Para competir y sobrevivir en este mundo globalizado, la digitalización es un elemento esencial que permite ambicionar mercados que en otras épocas no estaban al alcance; ordenar y hacer eficientes los procesos productivos, de manera que la empresa vaya mejorando cada día sus niveles de competitividad.

Desde Red.es estamos viviendo este reto de forma muy optimista, ya que hace unas semanas iniciamos una gira para explicar el Programa Kit Digital por los distintos territorios, y la expectativa y el interés que está generando entre el empresariado es sorprendente. Los asistentes a las reuniones son conscientes de la oportunidad histórica, algunos están iniciando el camino de la digitalización, otros han dado pasos importantes en estos últimos tiempos, pero todos coinciden en que debemos aprovechar como país esta oportunidad.

La ocasión histórica que nos brinda el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, junto con la urgencia de la necesidad de digitalizar nuestras pequeñas empresas para conseguir un tejido empresarial más robusto, hace que abordar el reto de la digitalización de nuestro tejido empresarial no admita demora.

El kit digital para pymes y autónomos

EN EL ESCAPARATE

EL ‘KIT’ DIGITAL PARA PYMES Y AUTÓNOMOS

«Acelera pyme», iniciativa desarrollada por la entidad Red.es, cuenta con una red de oficinas físicas, desplegadas por toda España para atender la demanda.

Los fondos del Next Generation EU pretenden, entre otras cuestiones, impulsar la modernización del sector empresarial. En España hemos puesto en marcha el programa «Kit Digital»: una iniciativa del Gobierno dentro del marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que de la mano de Red.es, entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, aspira en los próximos tres años a promover la digitalización de alrededor de más de un millón de pequeñas empresas, microempresas y autónomos pertenecientes a todos los sectores productivos.

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Renovarse o morir. La célebre expresión atribuida a Miguel de Unamuno en alusión a su particular receta para alcanzar el anhelado progreso económico en su época, viene de nuevo a colación para expresar la necesidad de modernizar el tejido empresarial español. Especialmente en lo relativo a la digitalización de pymes y autónomos. Una constelación de microempresas que, con cifras prepandemia de 2019, suponía nada menos que el 99,8% de las empresas y ocho millones de empleos, a los que hay que añadir un total de 3,2 millones de trabajadores autónomos.

Unas cifras que, sin duda, despejan cualquier atisbo de vacilación en relación con la indiscutible relevancia de este universo empresarial patrio. Lo que evidencia que, a pesar de su reducido tamaño individual, deben ser tenidas en cuenta a la hora de poner en marcha cualquier política orientada a la mejora del posicionamiento competitivo de nuestro país en el actual entorno económico global.

Tanto es así que el Gobierno español ha puesto en marcha el programa ‘Kit Digital’. Una iniciativa, presentada en noviembre pasado por la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que aspira en los próximos tres años – bajo la dirección de Red.es- a fomentar la digitalización de alrededor de más de un millón de pequeñas empresas y autónomos pertenecientes a todos los sectores productivos.

 

ESTA INICIATIVA ESTÁ DOTADA DE UN PRESUPUESTO DE 3.067 MILLONES DE EUROS EN EL PERÍODO 2021-2023, FINANCIADOS POR LA UNIÓN EUROPEA

 

Los posibles beneficiarios pueden contar si lo desean con el asesoramiento de los denominados «agentes facilitadores».

 

Modernización empresarial

La promoción de la modernización del tejido empresarial es uno de los mantras tatuado a fuego en la mente de los gestores de nuestra economía. Y es, precisamente, en este campo de cultivo en el que se ha sembrado, y esperemos que germine con éxito, una iniciativa que promete transformar el panorama económico español durante los próximos años.

Un cambio radical que reduzca, de una vez por todas, la pertinaz diferencia en materia de competitividad que nos separa de nuestros pares entre los denominados países de nuestro entorno.

Precisamente para paliar esta evidente carencia es para lo que este programa pretende canalizar el proceso de transformación tecnológica y prestar soluciones que permitan avanzar en el grado de madurez digital de las pymes y profesionales por cuenta propia.

Para lograrlo, esta iniciativa está dotada de un presupuesto de 3.067 millones de euros en el período 2021-2023, financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del correspondiente Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la Agenda España Digital 2025 y del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.

Toda una arquitectura administrativa que conforma un armazón de certidumbre en el que, precisamente, cabe destacar la estrecha colaboración requerida por las autoridades tanto de la Cámara de España como del Consejo General del Notariado (CGN).

Un proyecto seguro

Fruto de lo anterior y de cara a consolidar esa necesaria certeza, el director de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, y el presidente del CGN, José Ángel Martínez Sanchiz, rubricaron a finales del pasado mes de enero un convenio para el control de determinados requisitos que, tanto los beneficiarios que soliciten las subvenciones, como los agentes digitalizadores, han de cumplir.

El convenio establece que el CGN podrá suministrar a Red.es información del Índice Único Informatizado, una base de datos que recoge el conjunto de actos celebrados en todas las notarías españolas. Este índice es una herramienta fundamental para la prevención del blanqueo de capitales y del fraude fiscal.

Además, el acuerdo establece las condiciones y procedimientos telemáticos a través de los que el Consejo General del Notariado, en su condición de entidad colaboradora, proporcionará a Red.es información relativa a la representación de los beneficiarios de las subvenciones y, en su caso, agentes digitalizadores.

También podrá facilitarse información de los ficheros derivados del índice: la Base de Datos de Titularidad Real y la Base de Datos de Personas de Responsabilidad Política, que junto los sistemas de detección de fraude del OCP servirán a Red.es para el control de los agentes digitalizadores y de los beneficiarios de las subvenciones.

Pasos previos

La primera convocatoria del programa se pondrá en marcha en el mes de marzo. Dispone de una dotación presupuestaria de 500 millones de euros y su objetivo es repartirlos entre pequeñas empresas entre 10 y 49 empleados. La idea es que puedan optar a un bono digital por un montante de 12.000 euros, siempre que cumplan los requisitos de acceso.

Previamente, los interesados tendrán que registrarse en la página oficial www.acelerapyme.es y completar un test de autodiagnóstico de madurez digital además de comprobar que cumplen los requisitos de la convocatoria. Este test es una herramienta que permite conocer mediante un sencillo cuestionario, el nivel de madurez digital de la empresa e identifica en qué ámbitos enfocar el proceso de transformación digital de su negocio. Su resultado no es vinculante, es decir, de él no depende la concesión del bono digital ni la cuantía del mismo, y sirve para obtener una foto inicial que permita conocer la evolución al final de la implantación del servicio.

Una vez realizado este autodiagnóstico, la empresa o autónomo tiene que solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es. Puede hacerlo por sí mismo o bien a través de un representante voluntario. El programa Kit Digital ha sido diseñado con el fin de facilitar al máximo el proceso de solicitud y concesión de ayudas, siempre cumpliendo todas las garantías, por ejemplo, reduciendo los trámites, robotizando el proceso para minimizar el número de documentos que hay que presentar o creando la figura del representante voluntario. Este representante puede ser una persona física, jurídica, una asociación o incluso el propio agente digitalizador que, en nombre del interesado o beneficiario, solicita y tramita la ayuda.

 

LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA YA ESTÁ EN MARCHA. DISPONE DE UNA DOTACIÓN PRESUPUESTARIA DE 500 MILLONES DE EUROS

 

Las ayudas se otorgan mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva, por lo que se conceden según se van aprobando. Cuando la empresa o autónomo recibe el bono digital, que no es más que un derecho para contratar soluciones de digitalización por un importe 12.000 euros, en el caso de tener entre 10 y 50 empleados; 6.000 euros, para aquellas de entre 9 y 3 empleados; y 2.000 euros, para las de menos de 3 y ningún empleado, tiene que elegir el agente digitalizador que le prestará el servicio. Y suscribir con ellos un Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización.

Los interesados en solicitar las ayudas pueden también obtener asesoramiento en la amplia red de Oficinas Acelera pyme repartidas por toda España. Esta red forma parte del programa Acelera pyme, una iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada a construir el ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes y desarrollada por Red.es y que cuenta con una red de 90 oficinas físicas, que prevén aumentar hasta las 150 en los próximos dos años.

 

El ABC de las ayudas

Entre las condiciones a cumplir por parte de las empresas y autónomos interesados en acceder al programa ‘Kit Digital’, según se recogen en la Orden de bases ETD/1498/2021 publicada en el BOE el pasado 30 de diciembre, se encuentran, además del hecho de haber cumplimentado el test de nivel de madurez digital comentado más arriba, los siguientes requisitos: no tener la consideración de empresa en crisis; tener la consideración de pequeña empresa o microempresa; estar inscrito en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral; estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; no estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; no estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones; y no superar el límite de ayudas conforme a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la orden de bases.

La formalización del Acuerdo de Prestación de Soluciones de Digitalización supondrá la cesión, por parte del beneficiario, del derecho de cobro (el denominado bono digital) del importe de la subvención concedida en favor del agente digitalizador adherido, lo que quiere decir que el beneficiario nunca recibe el importe, sino que el pago de las ayudas se realizará a los agentes digitalizadores una vez justificada y comprobada cada fase de ejecución del servicio (se establece, para cada categoría de solución de digitalización, unos porcentajes diferentes para cada una de las dos fases en las que se fracciona el pago).

 

EL BONO DIGITAL ES CANJEABLE POR LAS SOLUCIONES DIGITALES IDÓNEAS A CADA SITUACIÓN, ELEGIDAS DEL CATÁLOGO DISPONIBLE

 

Oportunidades a la vista

Entre las ventajas de implementar la digitalización en las pymes y negocios de los trabajadores por cuenta propia, sin importar su tamaño y volumen de facturación, se encuentran la mejora de la experiencia de compra por parte de los clientes, de la eficiencia y productividad, vía reducción de costes y tiempos, así como una óptima adaptación a los cambios del mercado, sin olvidar la retención y atracción del talento joven.

Tras superar con éxito, desde hace décadas, el estereotipo de otra famosa expresión de Unamuno, en este caso lapidaria, concretada en la alusión al marginal papel histórico desempeñado por la ciencia en España y resumida en el ¡que inventen ellos!, el tren de la modernidad no puede pasar de nuevo de largo. Se antoja, por consiguiente, de vital importancia para el futuro del país que esta vez se aprovechen las ayudas para modernizar el entramado empresarial que conforma la auténtica base de la economía española. Un ecosistema imprescindible para dejar atrás cualquier tópico y cliché relacionado con la asunción de la tecnología como un instrumento imprescindible para el progreso de una sociedad.

Bruselas al rescate
El Next Generation EU es el instrumento inversor de la Unión Europa creado para ayudar a superar las consecuencias de la COVID-19. Es más que un plan de recuperación. Es una oportunidad única para salir más fuertes de la pandemia, transformar nuestra economía y crear oportunidades y trabajos para esa Europa en la que queremos vivir. Una Europa más ecológica, más digital y más resiliente. Dotado con un total de 750.000 millones de euros: es histórico. Este programa de recuperación supone la asignación a España, entre 2021 y 2026, de 140.000 millones de euros, alrededor 72.000 de ellos a fondo perdido, y se centra en restañar las heridas económicas y sociales provocadas por la pandemia mediante el impulso a largo plazo de objetivos relacionados con la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.
Habemus plan

Como requisito previo para acceder a las ayudas previstas en el Next Generation EU los diferentes países miembros tuvieron que presentar en su día sus respectivos planes nacionales de desarrollo y gestión de las mismas. En el caso de España, esta función recayó en el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), conocido también como ‘España Puede’.

Este documento guía contó con la colaboración de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el trabajo de consultoras de prestigio internacional, las llamadas ‘Big Four’: PwC, KPMG, Deloitte y E&Y, con el objetivo de impulsar a corto plazo la recuperación económica y de apoyar un futuro proceso transformador para apuntalar el potencial crecimiento y la productividad de la economía española.

En resumen, el PRTR cuenta con cuatro objetivos prioritarios, marcados inicialmente desde Bruselas, que están relacionados entre sí y que pretenden, a la postre, lograr una España más igualitaria, cohesionada, digital y verde. Para ello, se propuso aterrizar las inversiones previstas mediante la priorización de los fondos en diez políticas palanca:

I. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura.
II. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
III. Transición energética justa e inclusiva.
IV. Administración para el siglo XXI.
V. Modernización y digitalización del
ecosistema empresarial.
VI. Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
VII. Educación y conocimiento, formación
continua y desarrollo de capacidades.
VIII. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
IX. Impulso de la industria, la cultura y el deporte.
X. Modernización del sistema fiscal.

Este decálogo representa la hoja de ruta para acometer las necesarias reformas e impulsar la modernización del país en sectores clave de la economía como el turismo, la automoción, el agroalimentario, el comercio o la
sanidad, entre otros.

Colaboración notarial

El director de la entidad Red.es, adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Alberto Martínez Lacambra y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, firmaron en febrero un convenio para regular las condiciones de la colaboración en el programa “Kit Digital”, cuyo objetivo es promover la digitalización de pequeñas empresas, micropymes y autónomos, así como contribuir a modernizar el tejido productivo español.

Con la firma de este convenio, el Consejo General del Notariado colabora en agilizar los trámites de las solicitudes de ayudas del programa “Kit Digital”, proporcionando a Red.es información que le facilite el control de determinados requisitos que, tanto los beneficiarios que soliciten las subvenciones, como los agentes digitalizadores, han de cumplir. En concreto, sobre la representación de los beneficiarios de las subvenciones y, en su caso, agentes digitalizadores, y para la lucha contra el fraude y la protección de los intereses de la Hacienda Pública estatal y los intereses financieros de la Unión Europea.

Durante el encuentro, el director de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, aseguró que “la agilidad de la tramitación y concesión de las ayudas es uno de los objetivos que persigue el programa, para ello se ha trabajado con gran empeño en simplificar la documentación, motivo este que nos lleva hoy a firmar este acuerdo como ejemplo de colaboración público-privada y transformación digital de las administraciones públicas”.

Por su parte, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martinez Sanchiz, manifestó su “total colaboración en un tema de innegable interés para España, relacionado con los fondos europeos y, en concreto, con los de Next Generation, que permitirán ayudar a la digitalización de las pequeñas empresas de nuestro país con programas tan comprometidos como el del Kit Digital».

Según el director del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales del Notariado, Pedro Galindo, “esta colaboración tiene como objetivo evitar el fraude de los intereses de la Unión Europea, para lo cual pondremos a disposición de Red.es la Base de Datos de Titularidad Real y la Base de Datos de Personas de Responsabilidad Política”.

Ojo al dato

Programa “Kit Digital” para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y profesionales autónomos. Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre de 2021, Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

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Programa ‘Kit Digital’, impulsado por el Gobierno de España dentro del marco del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia y que se enmarca dentro del programa Acelera pyme, iniciativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

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Kit Digital. Guía rápida para Pymes.

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XII Congreso Notarial Español

EDITORIAL

EDITORIAL

XII Congreso Notarial Español

LOS DÍAS 19 y 20 de mayo tendrá lugar en Málaga el XII Congreso Notarial Español sobre El envejecimiento de la sociedad: principal desafío del siglo, donde está prevista la asistencia de más de cuatrocientas personas, representantes de todos los ámbitos de la sociedad civil y, en especial, del jurídico.

El tema es de tal importancia que, por primera vez en la historia del Notariado, será un congreso abierto a las instituciones y profesionales de la sociedad civil, que reflexionarán sobre lo que va a constituir uno de los fenómenos más determinantes de este siglo.

Esa necesidad no ha hecho más que agigantarse tras la dura experiencia vivida desde el inicio de la pandemia. La realidad ha puesto de manifiesto con tremenda crudeza que hay que incardinar la reflexión sanitaria, política, económica y sociológica en un marco jurídico adecuado, capaz de armonizarlas en beneficio de las personas, especialmente de las de más edad, que son las que han sufrido el impacto
del coronavirus con mayor violencia.

El programa se centra en tres cuestiones: «el respeto a la dignidad versus la protección de la vulnerabilidad», «la vida centenaria y su previsión individual» y «la vida centenaria y su previsión social y política».

Son muchos los foros dedicados a estudiar este tema desde diferentes perspectivas, pero en todos ellos se echa de menos el enfoque jurídico, imprescindible para integrarlas adecuadamente y permitir su implementación práctica, con pleno respeto a la dignidad y libertad de las personas.

El Notariado español está en una posición idónea para asumir la responsabilidad de impulsar un congreso abierto sobre el particular, porque los notarios son garantes de la autonomía y libertad civil de las personas en los aspectos personales y patrimoniales más determinantes de su vida privada.

Pero, además, son un testigo del devenir social y el primero en detectar muchas de las nuevas necesidades y situaciones de vulnerabilidad.

Toda la información en la web congresonotarial.com

El notariado obtiene el Esquema Nacional de Seguridad

EDITORIAL

El notariado obtiene

el Esquema Nacional de Seguridad

LOS SISTEMAS de información del Notariado han obtenido el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel alto, una certificación que reconoce la seguridad de todos los servicios, procesos, bases de datos, sedes, plataformas y portales del Notariado.

La obtención de esta certificación, en su nivel alto –que en la Administración General del Estado solo tienen la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil y la Seguridad Social– garantiza a los ciudadanos que los sistemas de información del notariado reúnen las condiciones de seguridad
necesarias para salvaguardar su privacidad.

El Esquema Nacional de Seguridad (artículo 156 de la Ley 40/2015) está regulado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero , que fue modificado por el Real Decreto 951/2015 para actualizarlo a la luz de la experiencia obtenida en su implantación, de la evolución de la tecnología y las ciberamenazas
y del contexto regulatorio internacional y europeo.

El ENS es el resultado de un trabajo coordinado por el Ministerio de Política Territorial y función Pública junto con el Centro Criptológico Nacional (CCN) y la participación de todas las AA.PP., a través de los órganos colegiados con competencias en materia de administración digital.

Este sello es el reconocimiento al máximo nivel del compromiso asumido por el notariado en el ámbito tecnológico, poniendo los mejores medios disponibles al servicio de la seguridad jurídica preventiva.

El ENS ha sido obtenido por Ancert, la agencia notarial de certificación y centro tecnológico del Consejo General del Notariado, responsable de todo el proceso de modernización y desarrollo tecnológico del notariado desde hace más de 18 años y certifica todos los sistemas de información que dan soporte a las actividades que se prestan al colectivo de notarios españoles para el ejercicio de su función pública.

El alcance del ENS incluye los dos centros de procesamiento de datos de Ancert, el entorno Signo de las notarías, el Portal Notarial del Ciudadano y todos los sistemas de información que dan soporte a los servicios de Índice Único Informatizado, prevención del blanqueo de capitales, la tramitación telemática con la Administración Pública y servicios con entidades financieras.

Esta certificación reconoce la seguridad de todos los sistemas, servicios, procesos, bases de datos, sedes, plataformas y portales del Notariado

Máxima seguridad

El sello ENS de nivel alto certifica entre otras cosas, la circulación por canales seguros de más de treinta millones de copias electrónicas de documentos notariales al año. Solo en 2020, la plataforma de servicios telemáticos del Notariado permitió el envío de 8 millones de copias electrónicas
de documentos notariales a las Administraciones, cerca de 2,5 millones de copias electrónicas a los registros y al catastro y cientos de miles de liquidaciones telemáticas, certificaciones o remisiones de datos a diferentes organismos públicos.

 

Garantiza a los ciudadanos que los sistemas de información del notariado reúnen las condiciones de seguridad necesarias para salvaguardar su privacidad

 

Esta sede aloja la segunda mayor base de datos de España: el Índice Único Informatizado Notarial, que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país. Esta base de datos cuenta con información parametrizada y anonimizada de más de 135 millones de documentos públicos, más de 41 millones de personas físicas y más de 3,5 millones de personas jurídicas. También custodia la Base de Datos de Titular Real, que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad y la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública.

Este sello ofrece garantías de que la seguridad se aplica en sus tres ejes fundamentales: aplicaciones y servicios ofrecidos a los ciudadanos; custodia y tratamiento de los datos; y el ciclo de vida de los servicios, desde su concepción inicial hasta su puesta en marcha y explotación. Esta certificación exige para el nivel alto cumplir 75 medidas de seguridad, clasificadas en tres categorías: marco organizativo, marco operacional y medidas de protección.

Propuestas de los notarios para el futuro de Europa

PANORAMA INTERNACIONAL

CNUE

Conferencia sobre el futuro de Europa en el ámbito de la justicia
Carmelo Llopis durante su intervención.
El Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) celebró, el 7 de diciembre, la jornada Reforzar el Estado de derecho ante los cambios económicos y sociales. Los notarios de Europa proponen, los notarios de Europa actúan. En ella se presentaron las propuestas del Notariado europeo en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, la acción puesta en marcha por la Unión Europea para escuchar y dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por los ciudadanos en distintos ámbitos de competencia. En el encuentro, el CNUE presentó su propuesta en presencia de representantes de distintas instituciones y Estados europeos, entre los que se encontraban la vicepresidenta de la Comisión Europea de Valores y Transparencia, Věra Jourova; la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola; el secretario de Estado de Asuntos Europeos de Eslovenia, Gašper Dovzan y el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, entre otros. Entre las propuestas planteadas por los notarios para contribuir a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, el CNUE señala que el principio de justicia preventiva que prevalece en 22 de los 27 Estados miembros de la UE debe tenerse más en cuenta en la elaboración de las políticas europeas. También recoge propuestas para acabar con la doble imposición en materia de herencias en Europa, para proteger a los adultos vulnerables o para regular la herencia digital con el fin de tener en cuenta los bienes online de las personas fallecidas. Además, el CNUE señala la importancia de que los Estados miembros creen registros y los interconecten, por ejemplo, en los siguientes ámbitos: regímenes de protección de los adultos, regímenes matrimoniales y parejas de hecho registradas, certificados de sucesión europeos, poderes, testamentos vitales, etc. En nuestras manos El presidente del CNUE, Ádám Tóth, que participó en el diálogo titulado El futuro en nuestras manos explicó: «En Europa el Derecho se basa en el principio de justicia preventiva y la regulación eficaz de los operadores económicos. En 22 Estados miembros de la UE, los notarios garantizan la legalidad desde hace varios siglos y siempre han sabido adaptarse a los cambios de la sociedad”. “La función notarial tiene que ver con la veracidad, la seguridad y la conservación de los datos, y en una época en la que aumentan las falsificaciones, el blanqueo de capitales y la ciberdelincuencia, la verdad y la seguridad son más que nunca esenciales para la sociedad y el Estado de derecho». Durante la tarde, se realizaron debates dedicados a los proyectos digitales de los notariados europeos, así como a las propuestas de la Comisión Europea presentadas el 1 de diciembre para la digitalización de la cooperación transfronteriza de los sistemas judiciales. El notario español José Carmelo Llopis presentó el proyecto EUDoc, creado por el Notariado español y el alemán y desarrollado por el centro tecnológico del notariado español Ancert, que pretender ser una plataforma al servicio de CNUE para de interconexión de todos los notariados europeos. Dicho proyecto tiene un triple objeto: el intercambio seguro de documentos electrónicos notariales, la verificación de firmas electrónicas cualificadas notariales, incluyendo el atributo de notario activo, y la conexión directa entre notarios por medio de videoconferencia. Para ello, se propone la creación de una plataforma digital plurilingüe y segura, compatible con las soluciones tecnológicas de los notariados europeos y con la normativa europea (tanto en materia de identificación y firma electrónica como de protección de datos), que permita a los notarios europeos el intercambio confidencial y protegido de documentos electrónicos con plena seguridad y confianza en que el remitente es efectivamente un notario en activo y que el documento no ha sido modificado.
Propuestas para el futuro de Europa

Reformas a valorar

REFORMAS A VALORAR

Determinadas medidas entre las que incluyen de apoyo a autónomos y empresas

BOE: 24/11/2021
R.D. Ley 27/2021- de 23/11

Resumen: “El Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre. Adopta determinadas medidas entre las que incluyen medidas de apoyo a autónomos y empresas, libertad para introducir puntos de recarga para vehículos eléctricos en las gasolineras e incentivar obras de protección y recuperación del Mar Menor. Amplía la vigencia de las líneas de avales, prorroga el régimen de autorización previa de determinadas inversiones extranjeras y extiende algunas medidas en el ámbito concursal. Por otra parte, se mantienen vigentes hasta el 30 de junio de 2022 los fondos de recapitalización de empresas gestionados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y COFIDES.”

Adaptación Impuesto Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana

BOE: 09/11/2021

R.D. Ley 26/2021 – 08/11/2021

Resumen:Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Pautas y criterios para apoyar la entrada en servicio efectiva de la aplicación informática Dicireg

Instrucción de 16 de septiembre de 2021 de la DGSJYFP sobre Registro Civil

BOE: 23/09/2021

Resumen:

La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil ha previsto un nuevo modelo de Registro Civil que se caracteriza, principalmente, por ser un Registro Civil público, gratuito, único para toda España y que se configura como electrónico e interoperable.

La satisfactoria puesta en marcha de esta Ley implica la ejecución coordinada de numerosas actuaciones en los ámbitos normativo, organizativo y tecnológico, así como la colaboración con múltiples organismos, administraciones locales y administraciones autonómicas, preservando la eficiencia en la actuación mediante una implantación progresiva que la haga viable.

SENTENCIAS CON RESONANCIA

VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SIN INDEFENSIÓN

Declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

▶ STC 26/10/2021 ▶ Ponente: Ricardo Enríquez Sancho

Resumen: La STC declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), relativos al método de cuantificación de la base imponible de la plusvalía municipal. 

Además, la sentencia establece que no podrán ser revisadas con fundamento en ella aquellas situaciones que, a la fecha en que se dictó la sentencia, hayan sido decididas definitivamente (bien mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, bien mediante resolución administrativa firme) o aquellas otras que, de acuerdo con lo señalado en la propia sentencia, tienen también la consideración de situaciones consolidadas a estos efectos (lo que afecta, entre otras, a las autoliquidaciones no recurridas antes de la referida fecha).

Acepta la sentencia que el método de valorar la base imponible con arreglo a módulos o criterios objetivos no es necesariamente inconstitucional siempre que se cumplan una serie de condiciones que no se respetan en los artículos analizados, porque la regulación que llevan a cabo esos artículos conducen a un resultado que se aleja notablemente de los valores reales de los inmuebles en el mercado inmobiliario. Por ello, considera que son inconstitucionales y nulos.

Permuta de suelo/vuelo con condición resolutoria y cláusula penal

Considera procedente la cláusula penal, sin necesidad de moderación, aunque el promotor causalizara su incumplimiento en la no finalización del planeamiento por el ayuntamiento.

▶ STS 06/05/2021 ▶ Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas

Resumen:Se presentó demanda por una sociedad en la que interesaba la resolución del contrato de permuta por obra futura suscrito entre las partes en escritura pública y, en consecuencia, la anulación en el Registro de la Propiedad de las inscripciones de las fincas registrales efectuadas con ocasión de dicha transmisión a favor de la sociedad demandada, ordenando nueva inscripción a favor de la sociedad demandante.
También solicitaba que se declarase ajustada a derecho el cobro de la cláusula penal establecida en el contrato y que había sido satisfecha a la demandante por la entidad bancaria a través de la ejecución del aval bancario que había sido constituido por la demandada con ocasión del contrato litigioso.
La demandada contestó a la demanda oponiéndose, por considerar improcedente la resolución del contrato así como la ejecución del aval.
El juzgado de 1ª instancia estimó la resolución del contrato y la ejecución del aval. Recurrida en apelación por la demandada, esta se aquieta ante la declaración de la resolución del contrato de permuta pero solicita que se declare la ineficacia e inaplicación de la cláusula penal o a lo sumo, alternativamente se modere, cuantificando la pena en un 10%.
En la Audiencia Provincial se estimó el recurso de apelación y se condenó a la demandante a devolver el aval. Estimó que la no aprobación en plazo de la urbanización convirtió el objeto en imposible, considerando que no hubo incumplimiento del demandado y que la ejecución del aval fue incorrecta.
La parte actora interpuso recurso de casación que se funda, como motivo principal, en la infracción del art. 1255 del CC, y del principio general del derecho pacta sunt servanda.
El TS estima el recurso sobre la base de los siguientes argumentos: En la sentencia recurrida se entiende que la condición resolutoria quedaba supeditada a la no obtención de licencia de obra, y ello no pudo efectuarse por la no finalización del planeamiento por las autoridades municipales. Sin embargo el TS considera que la clara redacción de la estipulación discutida viene a determinar su aplicabilidad independientemente de las vicisitudes de planeamiento.
Frente a ello el recurrido opuso la imposibilidad de cumplimiento, la existencia de caso fortuito y la necesaria moderación de la cláusula penal, a la vista de las dificultades urbanísticas acaecidas. Pretensiones rechazadas por el TS, ya que:
– Tratándose de profesionales de la construcción, correspondía a la recurrida prever las posibles dificultades de planeamiento urbanístico que pudieran surgir «debiendo haberse esmerado el hoy recurrido a la hora de estudiar las posibilidades de edificación, a la postre frustradas…”.
– Por tanto, tampoco concurre caso fortuito, pues la situación era previsible y no era ajena a la práctica urbanística (art. 1105 del C. Civil).
– Igual respuesta merece la respuesta a la moderación de la cláusula penal, pues no puede sustentarse en la imprevisión de la parte recurrida (arts. 1152 y 1253 del C. Civil).

Transacción con novación de c. suelo y renuncia al ejercicio de acciones

Aplicación del principio de transparencia. Alcance de la renuncia de acciones: en la medida en que tal cláusula abarca cuestiones ajenas a la controversia no puede reconocerse su validez. Reitera jurisprudencia.

▶ STS 04/05/2021 ▶ Ponente: Rafael Saraza Jimena

Resumen: En 2007 se suscribió un préstamo hipotecario que tenía una cláusula suelo del 4,50% y un techo de 9,75%. Las partes firmaron en 2013 un documento privado rebajando el suelo al 2,75% y renunciando a acciones. En concreto, en dicho documento se dice: «Las partes ratifican la validez y vigor del préstamo, consideran adecuadas sus condiciones y, en consecuencia, renuncian expresa y mutuamente a ejercitar cualquier acción frente a la otra que traiga causa de su formalización y clausulado, así como por las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha, cuya corrección reconocen». Asimismo, en el documento figuraba la siguiente mención escrita de puño y letra de un prestatario, junto a las firmas de ambos: «Soy consciente y entiendo que el tipo de interés de mi préstamo nunca bajará del 2,75% nominal anual».
En 2016 los prestatarios demandaron a la entidad prestamista solicitando que se declarase nula la cláusula suelo-techo y se condenara a la restitución de las cantidades indebidamente cobradas; y la entidad se opuso alegando la eficacia y vigencia del documento privado citado. La sentencia de 1ª instancia estimó la demanda por apreciar falta de transparencia en la cláusula suelo inicial y ser nula por abusiva y entender que el contrato privado posterior carecía de virtualidad, por ser nulo en tanto que constituía la novación de una cláusula nula. Apelada por la entidad, la AP desestimó el recurso. Con posterioridad el banco recurrió ante el TS que señala lo siguiente:
– Que el documento privado novatorio contiene dos estipulaciones relevantes: una en que se pacta un “suelo” al 2,75%; y otra en que las partes ratifican la validez del préstamo y renuncian a ejercitar cualquier acción que traiga causa en su formalización y clausulado; y que ambas estipulaciones constituyen los dos elementos de una transacción: el banco accede a reducir el suelo y los clientes, que en ese momento podían ejercitar la acción de nulidad de la originaria cláusula suelo, renuncian a su ejercicio.
– Que la STJUE de 9/07/2020 declaró que es admisible que una cláusula de un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, (cuyo carácter abusivo puede ser declarado judicialmente), pueda ser objeto de un acuerdo de novación; pero si esta modificación no ha sido negociada individualmente, sino que la cláusula ha sido predispuesta por el empresario, (como ocurre en este caso), deberá cumplir con la exigencia de transparencia.
– Que, según el TS, en el momento de la novación, los prestatarios conocían la existencia de la cláusula suelo, que era potencialmente nula, la incidencia que había tenido en su préstamo, y la incidencia que tendría la nueva cláusula suelo. Y entiende que estas circunstancias se consideran adecuadas para que el consumidor pudiera valorar el mantenimiento de un suelo en su préstamo, por lo que para el TS la cláusula novatoria, en este punto, cumplía con las exigencias de transparencia.
– Que, en cuanto a la cláusula de renuncia de acciones, se advierte en la misma, indica el TS, que la renuncia efectuada va más allá de la controversia suscitada en torno a la cláusula suelo, ya que se refiere genéricamente a cualquier acción que traiga causa de su formalización y clausulado, así como por las liquidaciones y pago realizados hasta la fecha. Y en la medida en que tal cláusula de renuncia abarca cuestiones ajenas a la controversia no puede reconocerse su validez.
– Por tanto, el TS declara la validez de la estipulación del contrato privado que modifica la originaria cláusula suelo, y la nulidad de la cláusula de renuncia de acciones, que ha de ser removida del contrato transaccional.

Moderación judicial de cláusula penal en caso de incumplimiento parcial

No procede la moderación judicial de la cláusula penal: cuando esté establecida para un determinado incumplimiento; cuando no haya incumplimiento parcial; ni cuando la cuantía de la pena no sea desproporcionada respecto del daño causado.

▶ STS 12/04/2021 ▶ Ponente: María de los Ángeles Parra Lucán

Resumen:El 2 de octubre de 2013, se firma un contrato privado de compraventa de una vivienda, previa su reforma por la vendedora conforme a instrucciones de la compradora. El precio de venta pactado es de 108.000 euros, entregándose a la firma del contrato la suma de 9.000 euros, y el resto de 99.000 euros a la firma de la escritura pública, cuya fecha máxima habría de ser el 30 de noviembre de 2013. El 18 de noviembre de 2013 se modifica dicho contrato, pactándose que la compradora entregaría 51.000 euros el 13 de diciembre de 2013, momento en que la vendedora le entregará la posesión y llaves de la vivienda, y el resto de 48.000 euros se pagarán a la firma de la escritura pública, fechada como máximo para el 31 de enero de 2014; estipulándose que el incumplimiento por la compradora de cualquiera de estos pactos, facultaría al vendedor para exigir el cumplimiento del contrato o a dar por rescindida la compraventa, perdiendo la parte compradora el importe entregado en compensación de los perjuicios causados.
Al acercarse la fecha prevista para el primer pago aplazado, la compradora comunicó verbalmente a la vendedora que no iba a pagar, remitiendo ésta a aquella un escrito de resolución del contrato de acuerdo con lo pactado, en el que además indicaba a la compradora su disposición a negociar un nuevo contrato, dándole un plazo de siete días para que le hiciera una oferta. Pasado el plazo conferido, la compradora contestó mediante un escrito en el que afirmaba que la resolución era únicamente imputable a la vendedora, solicitando la devolución de los 9.000 euros entregados. Poco después, la vendedora vendió la casa a un tercero por 90.000 euros.
La compradora interpone demanda frente a la vendedora por la que solicita que se declare la resolución del contrato de compraventa, con devolución de los 9.000 euros entregados, más intereses y costas. La demanda es desestimada en primera instancia, pero tras recurso de apelación de la compradora demandante, la Audiencia estima parcialmente su recurso y condena a la vendedora a devolver a la demandante la cantidad de 4.500 €, mitad de la suma recibida a cuenta del precio pactado en el contrato de compraventa del inmueble, con los intereses legales desde la fecha de la interposición de la demanda.
La vendedora demandada interpone recurso de casación por infracción del art. 1154 CC por indebida aplicación y de los arts. 1255 y 1152 CC por inaplicación, razonando que debe aplicarse el art. 1152 CC, que permite establecer una cláusula penal para el caso de incumplimiento, y que no procede la moderación porque el incumplimiento no fue parcial o irregular, que es el que permite la moderación de la cláusula penal prevista en el art. 1154 CC, citando jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que cuando la cláusula penal esté establecida para un determinado incumplimiento, no procede aplicar la facultad moderadora. El recurso de casación es estimado, entendiendo el Alto Tribunal que no procede la moderación judicial de la cláusula penal al no compartir, de una parte, que el incumplimiento de la compradora fuera parcial y, de otra, que la cuantía de la pena fuera desproporcionada para el daño que para el vendedor supuso el incumplimiento de la compradora.

Controles transparencia y abusividad."Préstamo hipotecario tranquilidad"

En un préstamo con cuota creciente en función de la variación del interés y de los ingresos del prestatario, considera el TS que sus cláusulas son transparentes y resulta improcedente el control de abusividad, por referirse a un elemento esencial.

▶ STS 23/03/2021 ▶ Ponente: Pedro José Vela Torres

Resumen: Motiva el presente recurso un producto financiero denominado “préstamo hipotecario tranquilidad” que ya trato el TS en sentencias 560/2020 y 564/2020.
Se trata de un préstamo de cuota creciente, en el que el prestatario comienza pagando una cuota que cada año se incrementaría en un porcentaje. A cambio de pagar una cuota relativamente baja durante los primeros años, los pagos se imputan en las primeras etapas de la duración del préstamo en mayor medida a intereses y no al principal; proporción que se va invirtiendo progresivamente a medida que avanza el plazo vencido del préstamo, de forma que las últimas cuotas se imputan mayoritariamente a la amortización del capital y en mucha menor medida al pago de intereses.
La variabilidad que sobre la carga financiera del préstamo deriva de la variación del índice de referencia pactado para fijar el tipo de interés remuneratorio, no se traduce (como sucede en el sistema francés puro) en un incremento correlativo de la cuota periódica, sino que se traduce en un aumento del número inicialmente previsto de las cuotas periódicas, cuya cuantía se mantiene inalterada. Correlativamente, en caso de disminución de la carga financiera por reducción de los tipos de interés el efecto es una aceleración del proceso de amortización.
Finalmente, en el sistema pactado, se añade la previsión de un incremento lineal de la cuota periódica en un porcentaje anual, en función de un previsible incremento de los ingresos del prestatario, con la finalidad de ajustarse así progresivamente a su capacidad de pago.
En cuanto a la división del cálculo y abono de intereses en dos tramos, uno fijo y otro variable, aunque el prestatario conoce la cuota que va a pagar, ignora la duración exacta del préstamo, ya que si durante el período de aplicación del tipo de interés variable se diera un escenario de tipos bajos, podría ocurrir que el crédito hipotecario se amortizase en un número de años menor al máximo establecido. Y en un escenario sostenido de Euribor alto, se podría dar el caso contrario.
En definitiva, el prestatario, desde el primer momento, conoce el importe exacto de las cuotas pero no sabrá durante cuánto tiempo va a estar pagando el préstamo (dentro del máximo), ni tampoco, en el caso de que el Euribor fluctúe al alza, si con la última cuota deberá pagar la parte de capital pendiente no amortizado y, en su caso, los intereses no cubiertos por los pagos mensuales.
Las cláusulas impugnadas afectan a la devolución del capital y al pago de los intereses. En consecuencia, afectan a elementos esenciales del préstamo hipotecario y quedan sujetas al doble control de transparencia y abusividad. El control de transparencia exige, no solo que las cláusulas estén redactadas de forma clara y comprensible, sino también que el adherente pueda tener un conocimiento real de las mismas, de forma que un consumidor informado pueda prever, sobre la base de criterios precisos y comprensibles, sus consecuencias económicas.
Considera el TS, al contrario de lo que mantiene la sentencia recurrida, que el funcionamiento del interés remuneratorio está claramente explicado en la documentación contractual. Que no se trata de un producto financiero complejo. Que la escritura pública refleja el importe del TAE con claridad. Y que la mención al interés remuneratorio en la escritura pública reúne los requisitos de transparencia contractual.
En definitiva concluye el TS que, en este caso, las cláusulas litigiosas son transparentes y resulta improcedente realizar el control de abusividad, habida cuenta que se refieren al interés, que es el precio del contrato (art. 4.2 de la Directiva 93/13/CE, de 5 de abril, sobre contratos celebrados con consumidores).

RESOLUCIONES DE JUSTICIA

Relativa a la suspensión de inscripción de una escritura de adición de herencia

Siendo que la legitimaria intervino en la partición de la herencia para dar por pagada su legítima, ahora respecto de la adición de la herencia, se evita la indefensión de la legitimaria con la notificación que se le ha hecho para que pueda reclamar el suplemento.

▶ Resolución DGSJFP 02/11/2021 ▶ BOE: 25/11/2021

Resumen: Relativa a la suspensión de inscripción de una escritura de adición de herencia. Sostiene esta resolución del Centro Directivo que, dada la naturaleza de la legítima en el momento del fallecimiento del causante, y el momento en que se otorgó la partición, siendo que la legitimaria intervino en la partición de la herencia para dar por pagada su legítima, ahora respecto de la adición de la herencia, se evita la indefensión de la legitimaria con la notificación que se le ha hecho para que pueda reclamar el suplemento. En consecuencia, debe entenderse inscribible la escritura de adición a la herencia calificada. La Dirección General estima el recurso y revoca la calificación.

Mutualidad de previsión social. Artículos estatutarios

Requisitos de miembros de la Junta Directiva y Comisión de Control.

▶ Resolución DGSJYFP 22/10/2021 ▶ BOE: 22/11/2021

Resumen: Primer defecto: Posibilidad de que formen parte de la junta directiva personas en quienes no concurra la condición de mutualistas ni de protectores.
En los Estatutos se establece que deben ser mutualistas; pero hasta un tercio de los miembros de la Junta Directiva podrán ser independientes externos.
La registradora entiende que no puede haber personas no mutualistas en los órganos sociales, puesto que el 39 del Reglamento de mutualidades de previsión social permite que una tercera parte no sean mutualistas, pero exige que en tal caso sean protectores.
La DG entiende que según el 39.2 de la citada disposición en su redacción inicial, establecía la regla general de que habrían de ser mutualistas, si bien, en caso de protectoras, se permitía que los estatutos pudieran determinar que estos o sus representantes formaran parte de ella. Pero, fue modificado por la DF 2ª, punto 2, del Real Decreto 1060/2015, de modo que ahora dice que habrán de ser mutualistas al menos en dos terceras partes; y en caso de existir protectores, los estatutos podrán determinar que los mismos o sus representantes formen parte de la junta directiva.
En consecuencia, el texto vigente permite que un tercio de los miembros de la junta directiva tengan la condición de no mutualistas, por lo que el primer defecto debe ser revocado.
Segundo defecto: Número de integrantes de la junta directiva. Los Estatutos señalan que habrá un número máximo de quince. La registradora estima que el 39.1 del Reglamento de mutualidades dispone que la junta directiva constará del número de miembros que determine cada estatuto, por lo que debe decir el número exacto. También cita en apoyo de su tesis el artículo 18 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
La DG estima que la exigencia de que en los estatutos deba constar el número de miembros de la junta directiva no puede estimarse cumplida con la mera referencia al máximo de componentes que pudiera tener, razón por la que el defecto relativo a ella debe ser mantenido.
Tercer defecto: Comisión de auditoría regulada en los estatutos.
Según la registradora, la regulada se opone a lo dispuesto en el 43 del Real Decreto 1430/2002 para la que esta norma denomina «comisión de control financiero», donde se prescribe que debe estar compuesta por tres mutualistas que no formen parte de la junta directiva, y que los estatutos deben regular el funcionamiento de la comisión, así como el sistema de elección de sus miembros y la duración del cargo.
La DG establece que esa comisión es necesaria para las mutualidades que por disposición normativa no estén obligadas a auditoría sus cuentas anuales, atribuyéndole el carácter de «órgano social de carácter facultativo» para las que se sometan a auditoría de cuentas, estén o no obligadas a ello.
La DF1ª de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, somete a la obligación de auditoría de cuentas a las entidades que tengan por objeto cualquier actividad sujeta a la legislación de ordenación y supervisión de los seguros privados, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan.
El artículo 3.5 de la Ley de Auditoría de Cuentas otorga la consideración de entidades de interés público a las aseguradoras, lo que comporta el sometimiento de su auditoría a una disciplina especial. La DA3ª de esta misma ley dispone que «las entidades de interés público, cuya normativa no lo exija, deberán tener una Comisión de Auditoría con la composición y funciones contempladas en el artículo 529 quaterdecies del TR LSC .
Por ello, como están obligadas a auditoría, la comisión de control sería facultativa; por lo que entiende revocable el defecto y estima el recurso.

Relativa a la denegación de inscripción de segregación de una finca

Será imprescindible contar con la previa aprobación por las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, o bien, que presten su consentimiento interviniendo en la escritura, además del propietario del elemento dividido, los propietarios de los restantes elementos del edificio

▶ Resolución DGSJFP 06/10/2021 ▶ BOE: 03/11/2021

Resumen: Relativa a denegación de inscripción de segregación de una finca integrada en un conjunto en régimen de propiedad horizontal. Según la actual redacción del artículo 10.3.b) de la Ley sobre propiedad horizontal, y el criterio del Tribunal Supremo y el Centro Directivo, para llevar a cabo la división de un departamento independiente será imprescindible contar con la previa aprobación por las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación, o bien, que presten su consentimiento interviniendo en la escritura, además del propietario del elemento dividido, los propietarios de los restantes elementos del edificio, a menos que figure recogida en los estatutos de la propiedad horizontal una cláusula que autorice al propietario de dicho departamento para realizar esta operación sin el referido acuerdo de la comunidad. En el caso objeto de este expediente, este requisito estaría cumplido porque figura inscrita en la finca matriz la cláusula estatutaria séptima que permite tal posibilidad. La Dirección General estima el recurso y revoca la calificación del registrador.

En referencia a la suspensión la inscripción de una escritura de compraventa

El pacto de privatividad siempre será admisible si bien será necesaria su causalización, sin que ello signifique que haya que acudir a contratos de compraventa o donación entre cónyuges.

▶ Resolución DGSJFP 08/09/2021 ▶ BOE: 18/10/2021

Resumen: Relativa a la suspensión de inscripción de una escritura de compraventa. Sostiene esta resolución del Centro Directivo que, de conformidad con la propia resolución de este Centro Directivo de 30 de julio de 2018, el pacto de privatividad siempre será admisible si bien será necesaria su causalización, tanto en los supuestos en que sea previa o simultánea a la adquisición, como en los casos en que sea posterior, sin que ello signifique que haya que acudir a contratos de compraventa o donación entre cónyuges; si bien dicha exigencia de especificación causal del negocio ha de ser interpretada en sus justos términos, considerándose suficiente que se mencione la onerosidad o gratuidad de la aportación, o que la misma resulte o se deduzca de los concretos términos empleados en la redacción de la escritura. En el presente caso debe concluirse que los cónyuges, por pacto, están determinando el carácter privativo de los bienes comprados por la esposa, abstracción hecha de que no haya podido acreditarse el carácter privativo de dicha participación mediante aplicación directa del principio de subrogación real por faltar la prueba fehaciente del carácter privativo del dinero empleado, de modo que ambos consortes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, excluyen el juego de la presunción de ganancialidad del artículo 1361 del Código Civil; y, como alegan los recurrentes, en la escritura calificada queda explicitado el carácter oneroso del negocio entre los esposos. La Dirección General estima el recurso y revoca la calificación impugnada.

Actualidad de los Colegios Notariales

COLEGIOS NOTARIALES

VALENCIA

Arranca la Cátedra de Derecho Notarial Rafael Gómez-Ferrer
De izda. a dcha.: Ricardo Cabanas, Lorenzo Prats, Ubaldo Nieto y Mª Dolores Hernández.

El Colegio Notarial de Valencia acogió, a mediados de noviembre, la primera jornada de la Cátedra de Derecho Notarial Rafael Gómez-Ferrer de la Universidad Católica de Valencia (UCV) y del Colegio Notarial de Valencia.

A lo largo de dos sesiones, expertos jurídicos y académicos reflexionaron sobre La Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario tras dos años de vigencia. El director de la cátedra y notario de Valencia, Ubaldo Nieto, fue el encargado de inaugurar estas jornadas, junto a la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la UCV, Nuria Martínez.

En la sesión inaugural Ubaldo Nieto explicó que “la creación de esta cátedra nace con el objetivo de aprovechar los conocimientos jurídicos y profesionales del Notariado para la docencia. Una de las plasmaciones de ello es la creación de la asignatura Derecho y Práctica Notarial, dedicando tiempo importante al instrumento público, a las partes, los sujetos, la representación, el juicio de capacidad, las escrituras de compraventas de inmuebles, crédito inmobiliario o constitución de sociedades, así como el trabajo notarial relativo al Derecho de familia y sucesiones”.

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de la UCV, Nuria Martínez, explicó que la cátedra nace «con el objetivo de colaborar y facilitar el conocimiento y la enseñanza del derecho y de la actividad notarial para los estudiantes, así como favorecer una formación de calidad en materias de Derecho privado». 

La primera sesión de debate de estas jornadas contó con la participación del catedrático de Derecho civil de CUNEF, Lorenzo Prats, que centró su exposición en la Directiva 2014/17, su traducción y su transposición al Derecho español.

Los aspectos relacionados con el ámbito subjetivo de aplicación de la Directiva fueron analizados por la profesora de Derecho civil de la Universidad Complutense, Mª Dolores Hernández Díaz-Ambrona. Para desarrollar la problemática práctica del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, los asistentes contaron con la experiencia del notario de Fuenlabrada, Ricardo Cabanas Trejo. 

Ubaldo Nieto fue el encargado de abrir la segunda sesión de estas jornadas centrando su exposición en la importancia del trabajo notarial para garantizar la seguridad jurídica y la transparencia en los contratos de crédito inmobiliario. 

Para finalizar este debate intervino el catedrático de Derecho civil de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ángel Carrasco Perera.

Congreso sobre conflictos de intereses en las sociedades de capital

Los días 25 y 26 de noviembre, el Colegio Notarial de Valencia organizó, junto al departamento de Derecho Mercantil «Manuel Broseta Pont» de la Facultad de Derecho de la UV, el Congreso de Derecho de Sociedades sobre los Conflictos de intereses en las sociedades de capital: socios y administradores. Durante dos días, notarios, académicos y profesionales jurídicos, especialistas en Derecho de sociedades dialogaron sobre esta cuestión.

El Congreso contó con la participación de expertos en Derecho mercantil, bajo la dirección del catedrático de la Universitat de València, José Miguel Embid, en colaboración con el notario, Ubaldo Nieto.

El Congreso abordó las principales líneas de desarrollo normativo y los problemas de interpretación que se plantean en relación con los conflictos de interés de los socios y de los administradores. Se discutieron, en primer lugar, aquellos aspectos transversales de su régimen jurídico que suscitan mayor controversia tras las reformas operadas por la Ley 31/2015 y la Ley 5/2021. A continuación, se abordaron de forma sistemática los supuestos concretos de conflictos de interés que afectan tanto a los socios como a los administradores.

Congreso sobre contratación empresarial

El Colegio Notarial de Valencia y el Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont” de la Facultad de Derecho de la Universitat de València organizaron en octubre el primer congreso de notarios y profesores de Derecho mercantil sobre contratación empresarial bajo el título El Derecho de Obligaciones y Contratos frente a los retos de la contratación mercantil moderna. La inauguración contó con la asistencia de la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente Santiago y de la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre Escrivá.

El foro, promovido por notarios y profesores de Derecho mercantil, tuvo como codirectores al notario de Valencia y profesor de Derecho mercantil, Ubaldo Nieto Carol; y al catedrático de Derecho mercantil y director del Departamento de Derecho mercantil «Manuel Broseta Pont» de la Facultad de Derecho de la UV, Francisco González Castilla.

La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente Santiago; y la rectora de la Universitat de València, Mª Vicenta Mestre Escrivá, inauguraron el congreso promovido por notarios y profesores de Derecho mercantil, en el que durante dos días se abordó el moderno Derecho de obligaciones y contratos. 

La conferencia de clausura la impartió el catedrático de Derecho mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Sánchez-Calero Guilarte, que profundizó en la contratación mercantil en el siglo XXI, entre la transparencia y la emergencia, acompañado por los codirectores Ubaldo Nieto y Francisco González Castilla. 

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Proyecto piloto con el Catastro

De izda. a dcha.: Fernando de Aragón Amunárriz, José Ángel Martínez Sanchiz y Francisco Cantos.

El presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, inauguró la jornada de trabajo que se celebró en la sede de Alicante del Colegio Notarial donde se dio a conocer a otros colegios notariales la experiencia piloto en la Comunidad Valenciana sobre la comunicación de las modificaciones físicas al Catastro. A la jornada de trabajo asistieron los decanos del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Fernández-Bravo; del Colegio Notarial de Extremadura, Ignacio Ferrer Cazorla; y del Colegio Notarial de Murcia, Carmen Rodríguez Pérez. En la inauguración, el presidente del CGN estuvo acompañado por el director general del Catastro del Ministerio de Hacienda, Fernando de Aragón Amunárriz; y por el decano del Colegio Notarial de Valencia, Francisco Cantos Viñals.

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Jornada sobre la nueva legislación de apoyo a las personas con discapacidad

De izda. a dcha.: el notario y secretario de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Valencia, José María Cid; el notario José María Carrau; la magistrado-juez titular del Juzgado de Instancia nº4 de Castellón, Carolina Castillo, y el registrador de la propiedad Manuel Montánchez.

El Colegio Notarial de Valencia y la Universitat de València, por medio del proyecto de investigación La modernización del Derecho de Familia a través de la práctica jurisprudencial celebraron, el 28 de octubre, una jornada donde se abordó la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, organizada por el notario y secretario de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Valencia, José María Cid; y el catedrático de Derecho civil de la Universitat de València, José Ramón de Verda.

En concreto, académicos, juristas y notarios analizaron la incidencia de la reforma en las profesiones jurídicas, así como las reformas incluidas en materia de sucesiones, responsabilidad civil y familia.

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MADRID

Cien números de la revista ‘El notario del Siglo XXI’

José Ángel Martínez Sanchiz y Sofía Puente.
Ver número 100 de la revista.

La revista jurídica El Notario Del Siglo XXI celebra su edición número cien. Desde su fundación, hace dieciséis años, y gracias al impulso del entonces decano del colegio y director José Aristónico García, la revista ha mantenido intacta su vocación inicial como testigo de la realidad jurídica, guiada por los principios del rigor, la neutralidad y la imparcialidad. En estos 16 años ha estado dirigida, además, por los notarios Rodrigo Tena e Ignacio Solís y en la actualidad por Ignacio Gomá, que estuvieron presentes en el acto de celebración de esta efeméride.

En la fiesta, que tuvo lugar en el Colegio Notarial de Madrid, el 14 de diciembre, se encontraban también la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Publica, Sofía Puente; el presidente del Consejo General del Notariado y decano del colegio, José Ángel Martínez Sanchiz; la vicedecana, Concepción Barrio del Olmo; así como miembros de la Junta Directiva del colegio y otras autoridades y representantes de las instituciones jurídicas y los colegios profesionales.

Nueva ley relacionada con la discapacidad

En diciembre tuvo lugar la última sesión sobre la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, desde una perspectiva eminentemente práctica. La conferencia fue impartida por la vicedecana del colegio, Concepción Barrio del Olmo y los notarios Ana Fernández-Tresguerres y Rodrigo Tena.

La nueva ley permite pasar de un modelo paternalista a un modelo en el que la autonomía personal se convierte en principio vertebrador del nuevo marco legislativo, equiparando jurídicamente a estas personas con el resto de ciudadanos. El objetivo de los notarios es ser de máxima utilidad a las personas con discapacidad y a sus familias y ofrecerles un asesoramiento constante que les ayude a resolver sus dudas jurídicas ante distintas circunstancias.

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Acto público de constitución de la Junta Directiva

El 15 de noviembre tuvo lugar el acto público de constitución de la Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid.

El compromiso y la colaboración institucional, la defensa de los principios deontológicos y el fortalecimiento de la ética social y de la justicia, son los tres pilares del nuevo equipo de gobierno, explicados por el decano del colegio, José Ángel Martínez Sanchiz, durante el acto.

La ceremonia fue presidida por Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. También acudieron Juan Pablo González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid; José Mª Alonso Puig, decano del Colegio de Abogados de Madrid y Gabriel Mª de Diego Quevedo, decano del Colegio de Procuradores de Madrid. Así como la vicedecana del colegio, Concepción Barrio del Olmo, y el resto de notarios que integran el órgano de gobierno del colegio notarial.

Miembros de la Junta Directiva.

Academia Matritense

La Academia Matritense del Notariado continúa su ciclo de conferencias: el 11 de noviembre tuvo lugar la ponencia El Notariado ante la confianza electrónica del Registro Eidas, impartida por el notario Carmelo Llopis; el 2 de diciembre se celebró la titulada La Junta digital, realizada por el catedrático de Derecho Mercantil, Cándido Paz-Ares; y el 16 de diciembre tuvo lugar la charla sobre La Carta de Derechos digitales de España, impartida por Moisés Barrio Andrés.

Ver calendario conferencias

PAÍS VASCO | GALICIA

Apertura de curso de la AVD y entrega de los premios Adrián Celaya

El pasado 29 de noviembre se celebró en el Colegio Notarial del País Vasco la jornada de apertura de curso 2021/2022 de la Academia Vasca de Derecho (AVD-ZEA), que preside el notario de Bilbao, Andrés M. Urrutia. El encuentro contó con la lección inaugural de la decana de la facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, Gema Tomás Martínez, que versó sobre la Atomización versus armonización: El abandono del sueño pandectista europeo. 

A la jornada asistieron, además de la vicedecana del colegio, Carmen Velasco, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana; la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi; la fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán del Río; la presidenta de la Audiencia Provincial, Reyes Goenaga; la diputada foral de Presidencia y Relaciones Institucionales Elixabete Etxanobe; el director del Instituto Vasco de la Administración Pública, Egoitz Laburu y el rector de la Universidad de Deusto, José María Guibert.

Tras la lección inaugural se entregaron los galardones de los Premios Adrián Celaya para jóvenes juristas de la mano de los familiares del jurista que da nombre al premio. Los galardones de este año recayeron en los siguientes trabajos: 

  • En la modalidad de Derecho privado vasco, en euskera, al estudio Euskal Zunzebide Zibileko oinordetza erakundeak gaitasun mugatua duen pertsonaren ikuspuntutik, de Mikel Etxebarria;
  • En la modalidad de Derecho privado vasco, en castellano, al estudio Enfoque transfronterizo de los pactos sucesorios de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho civil vasco, de Ramón Urrutia.
Los premiados con autoridades institucionales, académicas y familiares.
De izq. a dcha.: Ana Teresa Canoa, Iván Ramis y María Paz Rubio.

El Notariado gallego analiza la nueva legislación sobre discapacidad

Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica el Notariado gallego ha aumentado su participación en foros para difundir los principales aspectos de la nueva normativa.

Para ello, los notarios de Galicia estuvieron presentes en el Congreso Internacional Retos del derecho de familia ante la nueva regulación en materia de discapacidad y protección de la infancia y adolescencia frente a la violencia, celebrado los días 4 y 5 de noviembre en Vigo, dirigido por las profesoras de la Universidad viguesa Esther Pillado y Sonia Calaza.

En la mesa redonda Desjudicialización de la discapacidad. El relevante papel del Notariado: poderes preventivos intervinieron la notaria de A Estrada, Alicia Calaza López y el notario de Vigo Ernesto Regueira Núñez. El acto fue presentado y moderado por José María Graíño, decano del Colegio Notarial de Galicia.

Por otro lado, Víctor Manuel Vidal Pereiro, notario y delegado de la Fundación Aequitas en Galicia, participó, el 27 de octubre, en una jornada dirigida a familias, y el 3 de noviembre, en una destinada a profesionales de la Federación Autismo Galicia.

Más conferencias

El 26 de noviembre el notario Vidal Pereiro organizó la charla con el título Resolvendo dúbidas da reforma xurídica sobre discapacidade en la sede de Down Pontevedra – Xuntos. Este acto informativo, y los previstos para enero de 2022 en otras localidades gallegas, se inscriben en el convenio de colaboración firmado el pasado mes de julio en Santiago de Compostela entre el Colegio Notarial de Galicia y Federación Down Galicia, y cuentan también con el patrocinio de la Fundación Aequitas y la Xunta de Galicia.

Por otra parte, el 27 de noviembre, se celebró en Vigo una jornada organizada por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Galicia (Afaga). En la mesa redonda Impacto de la reciente reforma del derecho civil: desde la perspectiva de las demencias participaron Ana Teresa Canoa Pérez, notaria en Vigo; María Paz Rubio, catedrática de Derecho civil en la Universidad de Santiago de Compostela; y el abogado de la asociación, Iván Ramis.

ANDALUCÍA | CASTILLA-LA MANCHA

Homenaje al notario José Luis Lledó

José Luis Lledó, ex vicepresidente del Consejo General del Notariado y exdecano del Colegio Notarial de Andalucía, recibió el homenaje de amigos y compañeros en una cena organizada en reconocimiento a su trayectoria profesional y entrega al notariado. El acto tuvo lugar en el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla el pasado mes de noviembre.

A la cena asistieron más de cien personas, entre ellas numerosos notarios. En nombre de todos ellos y de las instituciones notariales pronunciaron unas palabras José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y María Teresa Barea, decana del Colegio Notarial de Andalucía.

Entre los presente cabe citar también a Damián Álvarez, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla; Alfonso Castro, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla; María Serrano Fernández, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide; y Juan José Pretel, decano del Colegio de Registradores de Andalucía occidental.

De izq. a dcha.: José Ángel Martínez Sanchiz, María Teresa Barea y José Luis Lledó.

Congreso sobre los nuevos retos del Derecho Agrario

La Universidad de Jaén (UJA) y el Colegio Notarial de Andalucía, con el patrocinio de la Caja Rural de Jaén, organizaron el congreso sobre Nuevos retos del Derecho Agrario en una economía y mercados digitalizados, foro de encuentro de investigadores y operadores jurídicos y económicos.

El acto fue inaugurado por el delegado del rector para la Fundación Universidad de Jaén-Empresa y Relaciones con Entidades de Innovación, Juan Ramón Lanzas; la delegada territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, María José Lara Serrano; y el vicedecano del Colegio Notarial de Andalucía, Manuel Seda Hermosín.

Durante el encuentro se abordaron la conexión del Derecho agrario y del agroalimentario, su desarrollo a través del cooperativismo y la economía social, así como la intervención en este ámbito del Derecho notarial, desde una perspectiva multidisciplinar.

Conferencia sobre accesibilidad, autonomía y apoyos de la Ley 8/21

María José Segarra, fiscal de la Sala de la Unidad Coordinadora de Atención a las Personas con Discapacidad y Mayores, de la Fiscalía General del Estado, abrió, el 22 de noviembre, el curso de la Academia Sevillana del Notariado con una conferencia sobre Accesibilidad, autonomía y apoyos. Nuevas demandas y barreras sociales al desarrollo de la Ley 8/21.

Para Segarra “esta ley lo que consagra es la absoluta prioridad de las disposiciones voluntarias; lo que cada persona quiera disponer sobre cómo quiere que se desarrolle su vida cuando desaparezca su capacidad para tomar decisiones. Y los notarios son una pieza clave para ello”.

Conferencia sobre la plusvalía municipal

La Academia Granadina del Notariado abrió, en noviembre, su curso académico 2021-2022 con una conferencia de Miguel Ángel Recuerda, catedrático acreditado de Derecho Administrativo, sobre Efectos Administrativos de la declaración de inconstitucionalidad del IIVTNU, en formato mixto, presencial y vía zoom.

En presencia de la decana del colegio, María Teresa Barea, y del director de la Academia Granadina del Notariado, Antonio Juan García; el catedrático Miguel Ángel Recuerda abordó la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre el Impuesto del Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como la plusvalía municipal.

De izq. a dcha.: Antonio Juan García, María Teresa Barea y Miguel Ángel Recuerda.

Adhesión al Convenio Marco sobre colaboración en la gestión tributaria local

De izq. a dcha.: Antonio Juan García, María Teresa Barea y Miguel Ángel Recuerda.

En noviembre se firmó el convenio entre el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha y el ayuntamiento de Cabanillas del Campo, en adhesión al Convenio Marco del Consejo General del Notariado-Federación Española de Municipios y Provincias sobre colaboración en la gestión tributaria local.  El acuerdo lo firmaron, Alicia Aragoncillo, en representación del colegio notarial y José García Salinas, alcalde del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.