Impuesto de sociedades: presión y elusión

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Reunión del Consejo Ministerial de la OCDE (2025). FOTO OCDE.

IMPUESTO DE SOCIEDADES: PRESIÓN Y ELUSIÓN

El impuesto de sociedades es una importante fuente de ingresos para los Estados, que en ocasiones se ven entre “la espada” de fomentar inversiones, ergo bajar las tasas a las empresas, y “la pared” de obtener recursos, lo que se traduce en subidas impositivas, para atender a las necesidades corrientes o a las extraordinarias derivadas de catástrofes naturales o defensa, por poner dos ejemplos fácilmente visualizables en este final de 2025. En teoría, cualquier empresa de cualquier parte del mundo paga el impuesto de sociedades sobre los beneficios de su facturación… En teoría. Y luego está la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS).

MELCHOR DEL VALLE

Según explica la OCDE (informe Reformas de la política fiscal 2025: OCDE y economías asociadas seleccionadas) la tendencia de los últimos años de la disminución de tasas en el impuesto de sociedades (IS) se “ha detenido o muestra indicios de reversión”. Los países que subieron las tasas del IS son más de los que las bajaron, explican, y los incrementos fueron mayores que las reducciones. Además, varios gobiernos crearon o aumentaron impuestos extraordinarios sobre el beneficio de las empresas para financiar sus presupuestos, en algunos casos, ante el aumento del gasto en defensa.

 


LOS PAÍSES QUE SUBIERON LAS TASAS DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES FUERON MÁS QUE LOS QUE LAS BAJARON Y LOS INCREMENTOS FUERON MAYORES QUE LAS REDUCCIONES


 

Algunos datos. Los indicadores de variación del porcentaje del impuesto de sociedades, a la vista de los 162 países analizados por la consultora Trading Economics, entre los que se incluyen los 38 de la OCDE, no parecen mostrar demasiados altibajos en 2025: hay seis países que incrementan sus tasas: Lituania (1%), Eslovaquia (3%), Libia (4%), Bielorrusia (5%), Rusia (5%) y Montenegro (6%); y tres que las bajaron: Namibia (-1%), Luxemburgo (-1,07%) y Guinea (-5%). Así que, ciertamente, como dice la OCDE, hay más registros de subidas que de bajadas.

Claro que estas variaciones pueden, o no, ser importantes en sí mismas, porque la presión fiscal no solo depende de la tasa que se aplique, sino de la base impositiva. De hecho, el informe antes citado de la OCDE pone negro sobre blanco que “los países siguieron adoptando medidas de reducción de la base imponible para ofrecer un trato fiscal preferencial a ciertos tipos de inversión, en particular en investigación y desarrollo (I+D), tecnologías de reducción de emisiones y sectores considerados importantes para la seguridad nacional”. Es decir, las políticas fiscales se enfocan hacia medidas de reducción de la base imponible, en lugar de bajar los tipos, cuando pretenden ofrecer un trato fiscal más favorable a las empresas.

Más necesidades. En ocasiones, los países necesitan obtener más recursos, sean cuales sean las razones, y recurren a impuestos especiales incrementando la presión fiscal a determinados tipos de empresas. Siguiendo con datos de la OCDE, en 2024, más de una decena de países, incluido Isla de Man (donde teóricamente no hay IS), introdujeron o aumentaron impuestos dirigidos a bancos y otras instituciones financieras. En otros casos, añadieron recargos más amplios o normas especiales para gravar las ganancias retenidas o las no distribuidas; o ajustaron sus políticas fiscales en relación con las energéticas.

Y luego están necesidades más perentorias, como financiar el gasto en defensa. Tenemos el ejemplo de Ucrania que, por esa razón, aumentó la tasa sobre el IS del 1,5% al 5%. O Estonia, que tiene previsto un impuesto de seguridad del 2% sobre la renta corporativa, que se aplicará de 2026 a 2028. Japón, otro caso, prevé una sobretasa del 4%, a partir de abril de 2026, para determinadas situaciones de ingresos empresariales. O Rumanía, que desde enero de 2024 añadió el 1%, en este caso sobre la facturación, para las empresas que superen los 50 millones de euros en el año fiscal.

Presión fiscal. Cabe recordar que hablamos de la totalidad de impuestos recaudados en un país respecto a su Producto Interior Bruto (PIB). También que las recaudaciones de la seguridad social se consideran impuestos, tanto las de las empresas como la de los ciudadanos. Visto esto, hay once países que superan el 40% de presión tributaria, todos ellos europeos, con Bélgica (44,1%), Francia (45,4%) y Dinamarca (45,7%) en el podio. Pero si esa relación la observamos respecto a los impuestos a las sociedades, los daneses ocupan el penúltimo lugar en la tabla, con un 6,5% (Islandia, 5,9%, es el último), mientras que los franceses están también aquí en lo alto (18,6%), solo por detrás de Noruega (19,2%), cuya tasa de IS no es, por cierto, de las más altas (22%).

 


LA OCDE SEÑALA QUE SE HA GENERADO UNA TRANSPARENCIA “SIN PRECEDENTES” EN LA PLANIFICACIÓN FISCAL DE LAS MULTINACIONALES


 

Se puede introducir una variable más en la ecuación: el porcentaje de la recaudación total de los Estados al margen de sus respectivos PIB. Y de nuevo Dinamarca, a pesar de tener la mayor presión fiscal del mundo, es el país donde menor porcentaje de sus ingresos provienen de los impuestos corporativos: solo un 15,1%, frente a República Checa, Polonia y Eslovaquia, que superan en todos los casos el 50%. España, por comparar, se queda cerca, con un 48,8%. Estará pensando el lector, con toda la razón, que si un país no recauda de las empresas, tendrá que hacerlo de los ciudadanos. En efecto, ese es el caso de Dinamarca, aunque podemos añadir un detalle para la reflexión: el país nórdico es también, junto a Finlandia, el lugar del mundo donde sus habitantes son más felices, según el Informe Mundial de la Felicidad 2025, publicado por la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Es cuestión de averiguar si pagar impuestos da la felicidad.

El Proyecto BEPS. Las siglas corresponden a Base Erosion and Profit Shifting o, lo que es lo mismo, erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. La OCDE lo define como “las estrategias de planificación fiscal que las empresas multinacionales utilizan para aprovechar las lagunas en la normativa fiscal y trasladar artificialmente sus beneficios a países con baja o nula tributación, con el fin de evadir el pago de impuestos”. Hablamos de eludir el pago de unos 200.000 millones de euros al año. Esto llevó a la organización, en colaboración con el G20, a poner en marcha una serie de iniciativas que evitasen la elusión fiscal. De todo esto, ya dio cuenta Escritura Pública en su número 131, recién firmado el acuerdo de los ministros de finanzas del G7 (junio de 2021) para reformar, en el ámbito del plan BEPS, el sistema fiscal global estableciendo un tipo impositivo mínimo global del 15% en el IS.

Muy resumidamente, en octubre de ese mismo año se habían unido al “Marco Inclusivo” (creado en 2015, es el conjunto de países que definen y controlan las normas para la redistribución de la potestad tributaria en las distintas jurisdicciones donde operan las multinacionales) más de 140 países, muchos de ellos en vías de desarrollo, a los que la elusión fiscal afecta más. Y aunque todos los miembros del Marco Inclusivo deberían de haber adaptado su normativa entre 2023 y 2024 para que el impuesto mínimo global estuviese vigente en 2025, las cosas van más despacio de los previsto, aunque con buenas sensaciones.

OCDE/G20 BEPS, 2025. En su informe A Decade of the BEPS Initiative, la OCDE reconoce que, diez años después de la creación del Marco Inclusivo, “si bien el análisis cuantitativo del proyecto BEPS sigue siendo difícil debido a las limitaciones de datos y metodológicas, hay una serie de datos que sugieren los efectos positivos del proyecto”. Citan, entre ellos, que se ha generado una transparencia “sin precedentes” en la planificación fiscal de las multinacionales, que facilita el trabajo de las autoridades fiscales. O que la iniciativa TIWB (inspectores fiscales sin fronteras, por sus siglas en inglés) de la OCDE y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en colaboración con otras organizaciones regionales, ha ayudado a las administraciones tributarias de los países en desarrollo a recaudar 2.400 millones de dólares adicionales en ingresos. O que las reglas de limitación de intereses, que también se han aplicado ampliamente en los países en desarrollo, han contribuido a reducir la evasión fiscal.

Para algunos críticos, sin embargo, la seguridad jurídica puede verse comprometida en el maremágnum que supone la adaptación de las acciones BEPS al marco jurídico e interpretativo de los distintos Estados, generando costes muy altos de cumplimiento. En la actualización del Plan BEPS (julio de 2025) hay un párrafo que puede servir de respuesta: “En la actualidad, existe una gama mucho más amplia de herramientas e iniciativas para garantizar la seguridad jurídica en materia fiscal, que pueden servir no solo para resolver controversias, sino también para prevenirlas, entre otras cosas mediante la aplicación coordinada de normas comunes”.

El economista jefe de la OCDE, Álvaro Pereira, durante la ponencia sobre de perspectivas económicas en el marco de la reunión del Consejo Ministerial de la OCDE (2025). FOTO OCDE.
Estructuras tributarias en el mundo

En África, América Latina y Asia las economías dependen más del IVA, del impuesto de sociedades y del impuesto a bienes y servicios, que del IRPF o de los pagos a la seguridad social. Sin embargo, en los países de la OCDE, de media, predominan las contribuciones a estos dos últimos. La conclusión se basa en los valores promedio, aunque hay casos de diferencias enormes ente países. Por ejemplo, mientras que la media de ingresos tributarios de la seguridad social en Asia y el Pacífico es del 8%, en Japón, que pertenece a esa región, es del 39%.

POR SI LAS DUDAS

A Decade of the BEPS Initiative: An Inclusive Framework Stocktake Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors.
OCDE (2025)

El impuesto a los milmillonarios: dinámica de la riqueza y recaudación de un impuesto mínimo global.
Kane Borders, Panayiotis Nicolaides, Gabriel Zucman.
Real Instituto Elcano (2025).

Tax Policy Reforms 2025: OECD and Selected Partner Economies.
OCDE (2025).

Reunión en la sede de la OCDE del grupo de trabajo sobre impuestos y desarrollo relativos a los precios de transferencia y a cuestiones de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS). FOTO OCDE.

“Reflexiones sobre la presión fiscal en España”, por Antonio Durán-Sindreu

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ANTONIO DURÁN-SINDREU,

Profesor Asociado UPF. Doctor en Derecho y Socio-director Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios

“El camino es acometer una reforma integral del sistema tributario, en la que se afronte de una vez por todas la tributación de la riqueza”

Reflexiones sobre la presión fiscal en España

Parece ser que alcanzar una presión fiscal algo superior a la media europea es un éxito histórico. Pues, ¿qué quieren que les diga? Personalmente, aumentarla sin más no me dice nada. Su valoración exige compararla con otros parámetros, como la mejora en la calidad de los servicios, la eficacia de las políticas de gasto, la renta per cápita, o el nivel de endeudamiento. Prefiero, sin duda, menor presión fiscal y mayor calidad de los servicios, que mayor presión fiscal sin mejor calidad de los servicios o eficacia en la gestión de las políticas de gasto. Pero, además, la recaudación no necesariamente se aumenta con mayores impuestos, sino también con mayor riqueza. Sin esta, los impuestos carecen de sentido. En consecuencia, cuanto mayor sea la riqueza, mayor será la recaudación. Recaudar más también se consigue corrigiendo los muchos déficits de equidad de nuestro sistema tributario.

Lo cierto es que la presión fiscal ha llegado a su límite. Al menos, esta es mi opinión. Creo que se es muy consciente de que la presión fiscal de las rentas medias y bajas ha llegado a su límite. Vaya, que a los de siempre no se les puede ahogar más, al menos, de forma transparente. Sí que se les puede apretar más de forma silenciosa a través de no deflactar la tarifa del IRPF, o de no actualizar el mínimo personal del contribuyente que, recordémoslo, es el importe necesario para cubrir las necesidades más básicas y que permanece invariable desde 2015. También lo es actualizar otros límites muy sensibles para este tipo de rentas, como el importe de las reducciones para los rendimientos del trabajo de pequeña cuantía, o el importe que en concepto de otros gastos se puede deducir para calcular el rendimiento neto del trabajo en el IRPF. Pero también lo es no deflactar los tipos del IVA que, recordémoslo, es un impuesto regresivo y, por tanto, que a quien más perjudica es a quien menos renta tiene.

Sin embargo, con todo ello no es suficiente. Tampoco lo son los ingresos caídos del cielo consecuencia de la guerra de Ucrania y la consiguiente inflación, que ha incidido, e incide, en los productos y servicios más básicos.

La dosis de anestesia se incrementa pretendiendo hacernos creer que la culpa de todo la tienen los ricos. Y no es así. Es cierto que hay que plantear muy seriamente introducir progresividad en el Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS). Hace tiempo que lo vengo diciendo. El esfuerzo fiscal de quienes más beneficios tienen (astronómicos, diría yo), es mucho menor que el esfuerzo fiscal de cualquier autónomo. El problema se agrava si tenemos en cuenta que nuestro sistema tributario favorece el trasvase de rentas del IRPF al IS, y el remansamiento de beneficios, es decir, el no repartir dividendos; circunstancias, ambas, casi exclusivamente al alcance de las rentas más altas.

Por su parte, la internalización y globalización de la economía han aumentado el riesgo de las deslocalizaciones e incentivado la competencia fiscal internacional, que no se limita solo a los países europeos.

No niego que el cambio climático, la necesidad de mayor gasto de defensa y las diversas crisis que atravesamos, obliguen a aumentar determinados impuestos o a aprobar otros nuevos, que se les bautiza como de solidaridad. De hecho, tal vez era lo único que se podía hacer ante la asfixia fiscal de la clase media. No olvidemos que esta ha sido, y es, la más perjudicada. De hecho, muchos de los llamados impuestos caídos del cielo son consecuencia directa del empobrecimiento de la clase media. Ahí están el IVA y determinados impuestos especiales.  

No creo que este sea el camino. El camino es acometer una reforma integral del sistema tributario, en la que se afronte de una vez por todas la tributación de la riqueza y se adapte aquel al futuro no tan lejano en el que el trabajo dejará de ser el recurso más intensivo en el proceso de creación de riqueza. Habrá, pues, que empezar a tomar medidas con relación al gravamen de los recursos tecnológicos que lo suplan; promover incentivos fiscales destinados a crear riqueza vinculándola a la capitalización y a la inversión en activos productivos y en la creación de empleo; premiar a las empresas que repartan dividendos en lugar de remansarlos; fomentar el equilibrio medioambiental mediante una verdadera fiscalidad participativa que discrimen positivamente a quienes así lo hagan, y a quienes inviertan en sostenibilidad y en políticas de economía social; habrá que valorar también si los impuestos con finalidad extrafiscal han de tener mayor protagonismo. Y así, un largo etcétera. El camino no es, pues, el del parcheo. Es el de afrontar de una vez por todas y de forma conjunta y solidaria, el futuro que tenemos por delante. No hay que centrarse en el presente, sino en el futuro.

Sin embargo, y a pesar de hacerlo como decimos, hay que ser conscientes de que la presión fiscal tiene un límite, que es aquel que razonablemente la economía de cada país puede soportar. Por ello, es necesario valorar también la eficacia de todas las ayudas, prestaciones económicas, e incentivos, y evitar las duplicidades administrativas y el gasto superfluo, político, o clientelar. Hace falta que nuestros responsables políticos respondan personalmente por su inacción o falta de diligencia. En consecuencia, y en mi opinión, la mayor presión fiscal que soportamos no es la solución a nuestros problemas, ni a los del mundo en general.

Escudo anti-OPAS extranjeras

ENTRE MAGNITUDES
La Comisión Europea ha animado a los Estados miembros a reforzar sus mecanismos de control de inversiones.

Escudo anti-OPAS extranjeras

La llegada del COVID-19 no sólo supuso una crisis sanitaria sin precedentes, sino también el hundimiento de la economía mundial. Para proteger al debilitado tejido productivo, en España se decidió poner en marcha en 2020 un mecanismo específico para controlar la compra de empresas estratégicas por inversores extranjeros. Una normativa excepcional que, lejos de desaparecer, se está consolidando como uno de los pilares de la política económica. El desafío consiste ahora en mantener un adecuado control sin perder el atractivo inversor foráneo.

FERNANDO GEIJO

Todo indica que el denominado escudo anti-OPAS no será algo pasajero. Este mecanismo de supervisión de las inversiones extranjeras en empresas españolas pertenecientes a sectores considerados como sensibles se instituyó tras la pandemia de 2020.

El mencionado dispositivo, en principio extraordinario, aunque habitual en el mundo y sobre todo entre otros países de la Unión Europa (UE), nació de forma puntual como un blindaje protector con fecha de caducidad, operativo sólo hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, el tiempo parece haber demostrado su utilidad y, a finales del año pasado, el Consejo de Ministros lo prorrogó por dos ejercicios más, hasta 2026.

 


EL ESCUDO ANTI-OPAS ES UN MECANISMO DE SUPERVISIÓN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN EMPRESAS ESPAÑOLAS PERTENECIENTES A SECTORES CONSIDERADOS COMO SENSIBLES


 

Control amplio y compartido

La Junta de Inversiones Exteriores (JINVEX), donde se dirimen las operaciones que requieren supervisión en el marco de lo contemplado en el Real Decreto-ley 34/2020 que lo regula, es un órgano interministerial colegiado en el que, además del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, participan otros departamentos relevantes como es el caso de Defensa e incluso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Una palanca defensiva que acumula un amplio historial de activaciones cifrado en un total de 338 operaciones desde su puesta de largo y que, sólo en 2024, batió todos los récords al analizar nada menos que 147 operaciones de compra, un 50% más que en el ejercicio anterior. El balance final del año fue positivo al registrar un saldo de 96 aprobaciones, 42 casos archivados, 8 aprobaciones condicionadas y un único veto: el obtenido por el grupo semipúblico húngaro Ganz-Mavag por el fabricante de trenes Talgo, alegando cuestiones de seguridad nacional.

El pasado ejercicio, el foco estuvo puesto especialmente en sectores como telecomunicaciones y transporte aéreo, con dos operaciones de alto perfil: la participación de Turkish Airlines en el capital de Air Europa, recientemente firmada por la aerolínea y a la espera aún de obtener las correspondientes aprobaciones regulatorias y de competencia. Ambas fueron autorizadas, con distintos matices, tras un largo proceso de negociación con el Ejecutivo. El mensaje fue claro: España no renuncia a recibir inversión directa desde el exterior, pero con condiciones.

Otros casos relevantes fueron la exitosa OPA presentada por el fondo galo Antin sobre Opdenergy; la autorización de la lanzada por la italiana Esseco sobre el grupo químico Ercros (a la que desistió después por las condiciones solicitadas por la CNMC); el intento de adquisición del 29,9% de Prisa por Vivendi (que finalmente se tuvo que conformar con un porcentaje menor), y las frustradas compras tanto de la farmacéutica Grifols por el fondo canadiense Brookfield o de Naturgy por la emiratí Taqa, respectivamente. Mención especial merecen la entrada indirecta de BlackRock en Naturgy o la adquisición de Vodafone España por parte de Zegona.

Sectores bajo la lupa

Entre los activos objeto de supervisión no sólo se contemplan aquellos más obvios, como los integrados en el sector de la defensa (incluyendo la tecnología de uso dual), la energía, las infraestructuras críticas o las telecomunicaciones, por citar algunos, sino que amplía su espectro de actuación hacia otros que van desde la banca hasta la sanidad, sin olvidar los medios de comunicación ni las empresas alimentarias, entre otros.

Por tanto, cualquier inversor de fuera de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) que pretenda comprar una empresa integrada en alguno de esos rubros debe pedir permiso previo al Gobierno. En el caso de compañías registradas en cualquier otro Estado comunitario, siempre que no sean filiales de empresas extracomunitarias, sólo necesitarían autorización previa en los casos en que adquieran un porcentaje superior al 10% de una cotizada española o que pretendan invertir más de 500 millones de euros en un grupo no listado en el parqué.

España ha sido históricamente uno de los destinos preferidos para el capital internacional en Europa. En 2023, por ejemplo, recibió más de 23.000 millones de euros en inversión extranjera directa (IED) neta, una vez descontadas las desinversiones, mientras que en 2024 estas descendieron hasta los 16.762 millones de euros, según datos de la Secretaría de Estado de Comercio.

En este sentido, los analistas señalan que el endurecimiento de los controles podría desviar proyectos hacia países vecinos. No en vano, el inversor internacional siempre busca seguridad jurídica y, si percibiese trabas excesivas, podría decantarse por otras opciones. Pese a ello, la inversión bruta en nuestro país se mantiene estable: 30.960 millones de euros en 2023 frente a 30.818 millones el pasado año, lo que demostraría que la certidumbre regulatoria también es un atractivo.

 


LA JUNTA DE INVERSIONES EXTERIORES (JINVEX) ES DONDE SE DIRIMEN LAS OPERACIONES QUE REQUIEREN SUPERVISIÓN


 

Delicada proporción

El efecto disuasorio que conlleva este tipo de blindaje entre los inversores internacionales puede suponer que, en múltiples ocasiones, estos se lo piensen dos veces antes de lanzar una oferta.

Prueba de este temor es que, de las 147 operaciones que llegaron a la JINVEX en 2024, nada menos que casi un tercio de las mismas, un total de 42, fueron archivadas al comprobarse que no afectaban a activos estratégicos y, por consiguiente, no necesitaban de autorización. Es decir, los inversores prefirieron curarse en salud y presentar, de todos modos, la solicitud de autorización a pesar de que se trataba de adquisiciones poco sensibles.

En plena era de la digitalización y la transición energética, el número de operaciones sujetas al escudo anti-OPAS probablemente seguirá en aumento. Además, la Comisión Europea ha animado a los Estados miembros a reforzar sus mecanismos de control de inversiones para prevenir riesgos geopolíticos. Una tarea compleja en un mundo donde el capital no entiende de fronteras.

La pregunta que queda en el aire es si nuestro país logrará mantener la proporción adecuada entre un razonable blindaje estratégico interno y el necesario atractivo inversor exterior. Un equilibrio del que, en buena medida, depende nuestra posición en el exigente y competitivo escaparate financiero europeo.

Paso a paso

Las gestiones en el procedimiento para obtener autorización de compra de empresas estratégicas por inversores extranjeros implican:

  1. Verificar si la operación está sujeta a control.
  2. Reunir información y documentos.
  3. Registrarse en el portal de la JINVEX.
  4. Presentar solicitud y obtener número de expediente.
  5. Atender requerimientos de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.
  6. Esperar la decisión del Consejo de Ministros que, normalmente: autoriza con o sin condiciones o deniega la operación.
  7. Recibir por vía electrónica la notificación de la JINVEX.
  8. Ejecutar la inversión. Si se realiza sin la autorización (cuando fuese obligatoria) se considera infracción grave, con posibles sanciones económicas y nulidad del acto.

El plazo legal máximo de todo el proceso abarca 6 meses, aunque en la práctica y salvo casos complejos, muchas operaciones se resuelven entre 2 y 4 meses, con una media de 72 días. Como recomendación, muchas empresas presentan una prenotificación voluntaria para que el Ministerio confirme si es necesario pedir autorización formal.

Auge regulatorio
  • 2020-2021: fase inicial con un número limitado de casos vinculados a sectores críticos durante la pandemia.
  • 2022: el aumento de tensiones geopolíticas y la guerra en Ucrania ampliaron el alcance del control, con más de 70 operaciones revisadas.
  • 2023: consolidación del mecanismo, con un repunte de intervenciones en el sector energético, coincidiendo con la crisis de precios del gas y la electricidad.
  • 2024: récord absoluto, con 94 operaciones bajo lupa, muchas relacionadas con la transición digital y la movilidad aérea.
Energía, telecomunicaciones y defensa concentran la mayoría de las 338 operaciones revisadas por la JINVEX desde 2020.
Ojo al dato

Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Boletín Oficial del Estado (BOE), 19 de noviembre de 2020.

Boletín de Flujos de Inversiones Extranjeras Directas (IED) en España, 2024. Secretaría de Estado de Comercio. Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones.

Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión.

El discreto encanto de la acción de oro”, por Carlos Sánchez

ENTRE MAGNITUDES
CARLOS SÁNCHEZ,

director adjunto de El Confidencial

“Nada menos que 41 países han aprobado algún mecanismo de control de las inversiones, de los cuales 26 son europeos”

El discreto encanto de la acción de oro

Manda la geopolítica, y es, en este contexto, en el que hay que situar un fenómeno impensable no hace demasiado tiempo. Los gobiernos, también el español, se han dotado de nuevos instrumentos jurídicos para evitar la entrada de capital extranjero en empresas consideradas estratégicas por razones de interés general.

No es, desde luego, un fenómeno nuevo. Margaret Thatcher utilizó en los años 80 un instrumento similar —en aquellos años se llamaba acción de oro— para evitar la entrada de capital foráneo en las empresas privatizadas. Otros gobiernos siguieron la estela de la premier británico, y fue entonces cuando la propia Unión Europea tuvo que poner un cierto orden para permitir los derechos de veto siempre que fueran coherentes con el interés general.

Algo, sin embargo, ha cambiado en los últimos años. En particular, desde la pandemia, que rescató viejos hábitos. La nueva tendencia se ha acelerado, hasta el punto de que nada menos que 41 países han aprobado algún mecanismo de control de las inversiones, de los cuales 26 son europeos. En 2010, apenas seis países habían aprobado alguna legislación.

Incluso Irlanda, un territorio poco hostil a la inversión extranjera, ya que ha encontrado su razón de ser en el capital foráneo y el comercio internacional, cuenta desde primeros de este año con un instrumento de control.

En el caso español, estará vigente, en principio, y tras una prórroga de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2026. El objetivo es mantener la protección de sectores estratégicos y de interés nacional que afecten a la seguridad, la salud y el orden público.

¿Qué es lo que ha cambiado para explicar este giro de guion impensable hasta hace poco? Obviamente, las incertidumbres geopolíticas y la consolidación de un nuevo orden internacional en el que ya no prima la eficiencia, sino la seguridad. Si hasta el primer mandato de Trump seguía avanzando la globalización, hoy los Estados tienden a protegerse de la amenaza exterior, aunque sea económicamente menos eficiente. Algo que explica que las medidas de control ya no se apliquen sólo a sectores considerados estratégicos, sino que el abanico se ha ampliado a actividades como la industria farmacéutica, el automóvil, los semiconductores y en general la industria electrónica o los metales o minerales críticos.

Como no podía ser de otra manera, y ante el aumento de las incertidumbres, el resultado es que la inversión extranjera directa mundial cayó un 11% en 2024, lo que significa que es el segundo año consecutivo de descensos, algo que confirma, en palabras de la UNCTAD, la profundización de la desaceleración de los flujos de capital productivo.

Incluso la UE ha tenido que ceder. Aunque la libertad de movimientos de capitales sigue siendo un pilar básico de su funcionamiento, el Reglamento Europeo de Control de Inversiones de 2019 amparó las políticas restrictivas que los gobiernos han desplegado. Hay un problema, y no es pequeño. La UE, y sobre todo los gobiernos, saben que están obligados a garantizar un equilibrio entre el control de las inversiones y la entrada de capital de terceros países. De lo contrario, Europa corre el riesgo de perder atractivo como destino de las inversiones extranjeras. Es decir, puede provocar un frenazo en los flujos de inversión exterior. Ese es el margen estrecho en el que se mueven las legislaciones. Sí, pero no; no, pero sí.

No es poca cosa lo que se juega España, que en 2024 fue el decimotercer país en el mundo en captación de inversión extranjera. Y si se analizan los proyectos greenfield, es decir aquellos que suponen una inversión desde cero, completamente nueva, sería el quinto país del planeta.

La legislación, conscientemente, hace descansar en un organismo técnico, la Junta de Inversiones Exteriores, la concesión de las autorizaciones, y hay que decir que hasta el momento los vetos han sido mínimos. De las 136 solicitudes presentadas el año pasado, 42 fueron archivadas por no afectar a un sector crítico, mientras que el 85% de las 94 restantes (el 90%) fueron autorizadas sin condiciones al no haberse encontrado riesgo significativos. En ocho casos se concedió la autorización con la aplicación de alguna restricción y sólo en un caso se denegó la solicitud de autorización debido a la existencia de riesgos no resolubles.

¿Qué significa esto? Pues ni más ni menos que el principio de libertad de movimiento de capitales ha sido matizado, aunque todavía de forma muy modesta. O corregido, como se prefiera, por un bien que hoy, no antes, se considera superior: la seguridad. O expresado de otra manera: manda la geopolítica, que no es otra cosa que una corrección de la globalización en favor de nuevos bloques.

¿Cuál es el problema? Las incertidumbres que genera la aplicación de las distintas regulaciones que, necesariamente, incorporan un cierto subjetivismo político en su aplicación práctica.  Conceptos como ‘razón de Estado’ siempre son vaporosos y en ocasiones, incluso, escapan del control jurisdiccional. Incluso la valoración sobre el impacto de la inversión extranjera en determinados sectores o empresas se mueve en el terreno del “riesgo potencial”, como proclama el real decreto aprobado en 2023.

A ello hay que añadir que la propia legislación europea da un margen —en ocasiones elevado— a los gobiernos para actuar. Es decir, tanto los requisitos como los umbrales para presentar una notificación de inversión dependen en última instancia de cada Estado. Y aquí, una vez más, hay que tener en cuenta la correlación de fuerzas entre los Estados y la propia Comisión Europea.

El efectivo, un derecho contra la exclusión

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

EL EFECTIVO, UN DERECHO CONTRA LA EXCLUSIÓN

Quienes no tienen acceso al mundo digital, bien por razones económicas, de formación o de edad, pueden ser discriminados si no se les deja pagar en efectivo.

La ley ampara al consumidor: puede pagar en metálico si así lo desea y el comerciante no puede negarse, siempre que la transacción se encuentre dentro de los límites legales establecidos. En caso de no permitirlo se arriesga a una sanción económica.

PATRICIA ANDÚJAR

En España no está permitido obligar a pagar con tarjeta. Así lo determina el artículo 47.1 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada en 2022, y que en su apartado ñ recoge como infracción “la negativa a aceptar el pago en efectivo dentro de los límites permitidos por la normativa tributaria y de lucha contra el fraude”.

Dichos límites son los pagos superiores a 1.000 euros cuando una de las partes es empresario o profesional (por ejemplo, un consumidor compra un producto y no puede pagarlo en efectivo si supera dicha cantidad); gastos mayores de 10.000 euros cuando el pagador es persona física sin residencia fiscal en España y no actúa como empresario o profesional, esto es, un turista extranjero, y, finalmente, cuando la transacción se produce entre particulares (ambas partes son consumidores y no tienen relación profesional o empresarial), no existe límite legal en la norma antifraude, pero el efectivo sigue sujeto a la normativa de blanqueo de capitales si las cantidades son elevadas.

Por lo tanto, por debajo de esos límites, el consumidor siempre tiene derecho a pagar en efectivo y el comerciante no puede negarse.

 


EN ESPAÑA NO ESTÁ PERMITIDO OBLIGAR A PAGAR CON TARJETA. ASÍ LO DETERMINA EL ARTÍCULO 47.1 DE LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS


 

Sanciones

En el caso de incumplir la normativa y rechazar el pago en efectivo, el establecimiento en cuestión puede incurrir en una infracción leve, con multas que oscilan entre los 100 y los 10.000 euros, incluso alcanzando los 100.000 euros en los supuestos más graves. Estos últimos se producen cuando el beneficio obtenido es muy elevado, por ejemplo, cuando un establecimiento ha impedido de manera continuada el uso del efectivo o ha afectado a muchos consumidores.

Desde el Ministerio de Consumo, además, señalan que la sanción no debe ser más beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas.

Hasta el momento, uno de los sectores más sancionados por el propio Ministerio es el del transporte aéreo, tras considerar “prácticas abusivas”, entre otras, la de no permitir el pago en efectivo en los aeropuertos españoles.

La pandemia supuso un punto de inflexión. La necesidad de evitar el contacto impulsó los pagos con tarjeta, lo que ha provocado que algunos comercios vean la exigencia del pago en efectivo como algo anticuado e innecesario. Según el informe La digitalización y democratización de los pagos del consumidor, elaborado por Nuek, la empresa de medios de pago de Minsait (Indra Group), solo el 20% de los españoles elige el efectivo como medio de pago preferido, y es que nuestro país, en paralelo con Europa, lidera la transición hacia los pagos con tarjeta y sin contacto. Un dato muy revelador de este estudio es que el 83% de los españoles utiliza su tarjeta en operaciones online, y también es habitual el uso de la tarjeta de débito en compras presenciales.

Además, según este informe, uno de cada tres consumidores españoles no ha podido pagar en alguna ocasión como quería.

En la misma línea están las últimas estadísticas sobre pagos del Banco de España, que muestran un aumento del 10,5% en las operaciones realizadas con instrumentos distintos del efectivo durante el segundo semestre de 2024, respecto al mismo periodo de 2023. De ellos, el 65,5% se realizaron con tarjeta, medio de pago que crece alcanzando los 114 millones en el país (2,2 por habitante), mientras que el de cajeros desciende un 1,6%.

La brecha digital

Esta situación pone en evidencia otra realidad: la de quienes no tienen acceso al mundo digital, bien por razones económicas, de formación o de edad, y que inevitablemente, parecen quedar fuera de este avance tecnológico.

 


EN EL CASO DE RECHAZAR EL PAGO EN EFECTIVO, EL ESTABLECIMIENTO PUEDE INCURRIR EN UNA INFRACCIÓN LEVE, CON MULTAS QUE OSCILAN ENTRE LOS 100 Y LOS 10.000 EUROS


 

Existen asociaciones que velan por el cuidado de estos colectivos y otras cuyo objetivo principal es hacer cumplir la ley sobre algo que consideran un derecho fundamental. Es el caso de la plataforma Denaria, cuya razón de ser es la defensa del efectivo. Su presidente, Javier Rupérez, señala que “no es solo un método de pago”, sino que “para las personas representa libertad, privacidad e inclusión financiera, ya que no discrimina por edad, nivel digital o situación socioeconómica”. Además, añade que “para un país significa resiliencia y seguridad nacional”, tal y como se observó, dice, con el apagón tecnológico del pasado abril. “Sin efectivo, la economía se habría paralizado”, concluye.

Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), explica que su prohibición “puede provocar miedo a los fraudes, ansiedad y desconfianza hacia los nuevos métodos de pago, aumentando la sensación de vulnerabilidad y reforzando la dependencia de terceros”. Para la PMP, todo esto se traduce en “exclusión social y económica” ya que impide (a estos colectivos) “participar plenamente en la vida cotidiana”.
La consecuencia es “la falta de autoestima”, según Cruz Roja, organización que aboga por desarrollar estrategias en escenarios clave: “Los barrios, pueblos rurales, comercios de proximidad son aliados fundamentales para tejer una red de apoyo social”, dicen.
En el mundo rural, “disponer de cajeros es vital”, explica Rupérez y para el presidente de la PMP los barrios y comercios “desempeñan un papel fundamental en la vida de las personas mayores” ya que, “ofrecen información clara y adaptan sus servicios a sus necesidades”.

La situación en Europa

Para la plataforma Denaria existe un escenario desigual entre países. “Mientras en Francia, Alemania, Irlanda o Suecia se han aprobado planes nacionales de resiliencia que blindan el acceso al efectivo, en España se ha tejido una red normativa hostil hacia su uso”, explica su presidente Javier Rupérez, lo que deriva, dice, “en asimetrías regulatorias, dificultando la libre circulación económica y colocando a España en clara desventaja competitiva”.

Del mismo modo resalta la creación, en países como Holanda o Reino Unido, “de grupos de trabajo específicos para planificar la protección del efectivo desde sus bancos centrales” y pone el límite de 1.000 euros como ejemplo de la diferente actuación. Lo considera “una anomalía europea”, ya que “la Directiva comunitaria de prevención de blanqueo establece un máximo de 10.000 euros y el propio Banco Central Europeo calificó de ‘desproporcionada’ la reducción del límite a 1.000 euros al considerar que reduce significativamente la capacidad de los pagadores para utilizar billetes en euros y la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar”.

La necesidad de evitar el contacto impulsó el uso de las tarjetas, lo que ha provocado que algunos comercios vean la exigencia del pago en efectivo como algo anticuado.
Que nadie se quede fuera

Desde la plataforma Denaria afirman que “el efectivo es crucial allí donde la digitalización no llega o no convence y asegura que nadie quede fuera del sistema”. Por ello, plantean posibles medidas para blindar su uso, tales como “definir una red de efectivo como una Infraestructura Nacional Crítica; diseñar planes en colaboración con Administraciones Públicas que den soluciones; la apertura de cajeros en zonas rurales y despobladas o en puntos urbanos afectados por el cierre de sucursales bancarias, con una distancia máxima entre ellos; o crear un grupo de trabajo para diseñar un plan de resiliencia nacional como el de otros países”, etc.

Por su parte, Jesús Norberto Fernández, presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), aboga por “la formación digital y tecnológica” de los colectivos afectados, así como trabajar la sensibilización de los comerciantes “para ofrecer un trato amable, accesible y comprensible”. También señala “el acompañamiento en gestiones y trámites, pasando por la mediación con la Administración y la sensibilización social”. De hecho, en PMP “participamos activamente en el Foro de Inclusión Financiera, donde, a través del diálogo con las patronales bancarias y el Ministerio de Economía, supervisamos el compromiso social de la banca hacia los mayores”, concluye Fernández.

PARA SABER MÁS

La digitalización y democratización de los pagos del consumidor. Informe realizado por Nuek, compañía tecnológica de Minsait especializada en infraestructura de pagos.

Banco de España. En su página oficial se puede consultar la última estadística realizada por la entidad sobre pagos.

 

Plataforma Denaria. En su web se encuentra toda la información relativa al uso del efectivo, incluidos los canales para presentar denuncia.

 

“El efectivo en riesgo”, por Olga Ruiz Legido

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
OLGA RUIZ LEGIDO,

Presidenta de FACUA

“Concentración y digitalización, están cambiando el modelo bancario español y afectando a derechos y garantías básicas de los consumidores”

El efectivo en riesgo

La concentración bancaria y los procesos de digitalización en la contratación y prestación de servicios y productos financieros están provocando importantes barreras de acceso a los mismos y un ensanchamiento de la brecha digital para muchos colectivos. Entre ellos, las personas mayores y aquellas otras que padecen algún tipo de disfunción o impedimento en el uso de herramientas digitales y las que residen en zonas rurales con poca población, que están sufriendo discriminación y exclusión en el acceso a dichos servicios.

Ambos fenómenos, concentración y digitalización, están cambiando el modelo bancario español y también afectando a derechos y garantías básicas de los consumidores.

El cierre de miles de sucursales y una apuesta por la deshumanización, con el abandono progresivo de la atención personalizada en oficinas, son algunas de las características identificativas de la banca actual. Otra es el trato desigual que se presta a la población respecto de servicios que son esenciales como el acceso al dinero en efectivo.

El estudio de Diana Posada Restrepo, adscrita a la Dirección General de Efectivo y Sucursales del Banco de España, sobre Infraestructura del Efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España (año 2021), señalaba que la vulnerabilidad en el acceso tradicional al efectivo en nuestro país estaba afectando aproximadamente a 1.300.000 personas. Además, resulta previsible que la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos continuará en los siguientes años, ante el incremento de la digitalización y la búsqueda de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito.

Constataba también que esa vulnerabilidad afectaba más a unos territorios que otros. Los más perjudicados, aquellos usuarios que viven en zonas con menor densidad y zonas rurales, que carecen de puntos de acceso al afectivo en su municipio y en un radio cercano de cinco kilómetros.

Este enfoque del negocio bancario y de la interacción con los consumidores conlleva limitaciones y penalizaciones para muchos de ellos, así como su exclusión en operaciones básicas que, a su vez, representan el ejercicio de derechos reconocidos legalmente como el de elegir el medio de pago en las relaciones de consumo.

En este sentido, el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, recoge expresamente como infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago y dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

A su vez, también se contempla actualmente en la normativa (Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera) que un comercio podrá exigir que el pago se realice en efectivo si el importe es inferior a 30 euros e informa a los consumidores de manera clara y mediante un cartel visible.

La limitación y exclusión en el acceso al efectivo no solo supone la vulneración de un derecho reconocido como consumidor, sino que supone una pérdida de privacidad y riesgos en el tratamiento de datos personales sensibles (posibles fraudes en transacciones digitales). Igualmente aumenta la vulnerabilidad de determinados colectivos y, en general, del conjunto de la población en situaciones de emergencia (apagón eléctrico) por la dependencia tecnológica del dinero bancario.

De otra parte, la facilidad de acceso al efectivo pasa porque existan suficientes canales para disponer de él y, en este sentido, no solo el número de oficinas bancarias ha decrecido, sino que también la propia red de cajeros viene sufriendo una disminución año tras año.

El Banco de España ha planteado opciones a esta situación tales como acuerdos con Correos o con superficies de distribución comercial para que estas ofrezcan el acceso al efectivo mediante medidas alternativas al circuito bancario, conocidas como cash-back y cash-in-shop, pero hasta ahora no han supuesto una solución a los riesgos de exclusión financiera y su uso es muy minoritario.

El grado de accesibilidad al efectivo es fundamental para que los ciudadanos que deseen utilizar este medio de pago puedan seguir haciéndolo.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no debería quedar al margen de esta situación, ya que afecta al ejercicio de derechos básicos de los consumidores. España debe abordar en su planificación estratégica de lucha contra la desigualdad, la exclusión y la protección de los derechos de las personas consumidoras medidas que garanticen la elección del medio de pago y el pago en efectivo, tanto en transacciones de consumo como en las relaciones con la Administración y, como premisa y condición previa, que nadie queda excluido de su acceso.

Los consumidores han de conocer sus derechos y exigirlos, presentando reclamaciones ante los establecimientos cuando vean rechazada la posibilidad de pagar con dinero en efectivo en un comercio, pero también cuando la entidad bancaria modifique las condiciones de sus servicios de pago y no le ofrezca alternativa alguna, en condiciones no discriminatorias, para acceder a su dinero.

Los nuevos críticos de la cultura

ESFERA CULTURAL

Las nuevas generaciones confían más en quienes ven como sus iguales; los que emplean sus códigos.

LOS NUEVOS CRÍTICOS DE LA CULTURA

Los ‘influencers’ de la literatura o de las artes atraen a millones de seguidores en las redes sociales y suponen voces cada vez más importantes para el sector

Millones de lectores de habla hispana (especialmente jóvenes) ya no consultan los suplementos culturales para decidir su próxima compra. Revisan las reseñas que han hecho sus booktubers (de Youtube), booktokers (de Tick Tock) o bookgramers (de Instagram) favoritos, almas gemelas en gustos, que pueden disparar las ventas de un libro poco conocido.

JULIÁN DÍEZ

Los influencers especializados en cultura han venido para quedarse. Las nuevas generaciones confían más en quienes ve como sus iguales; los que emplean sus códigos. Las empresas ya lo han aceptado y miman a este nuevo sector con el envío de servicios de prensa o invitaciones. Además de abrirles las puertas a sus propias creaciones en muchos casos.

 


EL AUGE DEL ‘ROMANTASY’, LA FANTASÍA CON TOQUES ROMÁNTICOS, ES ATRIBUIBLE A LAS REDES SOCIALES CENTRADAS EN LITERATURA


 

Redes y literatura

En el territorio de la literatura, por ejemplo, el veterano Javier Ruescas suma 296.000 seguidores en su canal de Youtube después de una labor divulgativa de diez años, que ha derivado a la publicación de sus propios libros. Ruescas empezó administrando una web de fans de la saga Crepúsculo de Stephanie Mayer en 2008, y un par de años después, con apenas veinte, empezó a publicar sus primeras novelas de fantasía juvenil. Como curiosidad, entre sus vídeos más visitados se cuentan los que resumen libros de lectura obligatoria en bachillerato, como La Celestina (641.000 visualizaciones).

Las obras de fantasía, en particular lo que se ha dado en llamar romantasy (que añaden gotas de novela romántica e incluso erotismo suave) se cuentan entre las que más interés despiertan a este público. Una personalidad destacada en este campo es la instagramer Laura Díaz, con 278.000 seguidores en la dirección @fantasyliterature. El creciente número de lectores de la romantasy se plasma en las sucesivas ediciones, en muchos casos en formatos de lujo numerados, de autoras como Rebecca Yarros o Sarah Maas.

Aunque relevantes al punto de convertir a estos creadores de contenido en verdaderos prescriptores, sus números son relativamente pequeños si los comparamos con los de algunos creadores. Es el caso por ejemplo de poetas como Defreds (José A. Gómez Iglesias), con más de 900.000 seguidores en Instagram. Elvira Sastre y Sara Búho son otras poetisas que superan el medio millón de seguidores.

Comic, música y danza

Y aún mayor es el número de suscriptores que reciben las novedades sobre cómic de Paco Hernández, con 4,2 millones de tiktokers. Hernández, un catalán de 48 años, está lejos del perfil de joven que cabría esperar de los influencers más destacados, pero se ha abierto un hueco con su especialización y humor en @pacohdez77. Este mes de octubre publicó su primera novela, El barrio de los deseos. Puede que todos estos datos choquen con el escepticismo sobre la lectura en España, pero quizá estos influencers estén contribuyendo a un cambio notable. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2024, elaborado la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) en colaboración con el Ministerio de Cultura, el 75,3% de los jóvenes entre 14 y 24 años leen libros en su tiempo libre. Se trata del grupo con mayor índice lector del país, que en su conjunto tiene un 65% de la población que lee regularmente. Entre esos jóvenes, el promedio de libros leídos al año es de 11,8.

Aunque, como es natural, en internet no existen océanos y el lenguaje común permite un seguimiento cruzado entre lectores y autores españoles y latinoamericanos. Un buen ejemplo es que una parte sustancial del millón y medio de seguidores de la argentina Victoria Resco proceden de España.

Aunque la literatura, junto a las series de televisión y el cine, son los campos culturales dominantes en internet, algunos influencers se han hecho un hueco importante tocando temas a priori menos populares. Un primer ejemplo podría ser el del divulgador musical Jaime Altozano, que mantiene 3,53 millones de suscriptores en su canal de Youtube alternando explicaciones de música clásica con análisis de discos contemporáneos o de la propia teoría de la música. También en este territorio hay destacados nombres latinoamericanos, como el del mexicano Pierre St. John, con 600.000 seguidores.

 


ARQUITECTURA, MÚSICA CLÁSICA O FILOSOFÍA SON OTRAS ÁREAS CON ‘INFLUENCERS’ QUE SUMAN MILES DE SEGUIDORES


 

Altozano fue durante un tiempo pareja de una de las personalidades más conocidas de Youtube en España, la arquitecta y diseñadora Ter (Ester Rodríguez de las Heras). Sus explicaciones sobre temas de estética o armonía en las proporciones le han valido dos millones de suscriptores a su canal, que por desgracia mantiene algo abandonado por problemas emocionales que ha reconocido con valentía públicamente. Ter también ha colaborado con distintos programas de televisión y publicó un libro de poemas.

Otra de las bellas artes tradicionales es la danza, terreno en el que destaca el barcelonés Samuel López. Su combinación de baile espectacular y humor le ha reportado veinte millones de seguidores en Tik Tok, que ahora le siguen en sus andanzas por Estados Unidos para abrirse camino en el profesionalismo tras haber cosechados éxitos en el campo del baile deportivo.

Aunque todos estos datos de influencers orientados a actividades culturales sean muy notables, también es conveniente ponerlos en contexto. Los reyes de la red en España (y en general en habla hispana), Georgina Rodríguez (esposa de Cristiano Ronaldo), el futbolista Sergio Ramos, Ibai Llanos y Rubén Doblas (El Rubius), suman cada uno entre sesenta y ochenta millones de seguidores registrados en sus distintas redes sociales.

Adictos a la Filosofía

La filosofía, materia a priori compleja para su difusión por medios audiovisuales, ha encontrado en Enric F. Gel un divulgador popular y eficaz, cuyos trabajos en el canal de Youtube Adictos a la Filosofía sirven tanto para estudiantes como a curiosos. Intercambiar colaboraciones con personajes tan conocidos como Jordi Wild o el científico Javier Santaolalla también le ha ayudado sumar 750.000 seguidores.

@soloeme con la Fundación Notariado

Mario de las Sagras (@soloeme) es uno de los poetas con más presencia en Instagram, y fue escogido para la Fundación Notariado para difundir entre sus decenas de miles de seguidores comentarios acerca del proyecto Los jóvenes y el arte: el atrevimiento de mirar. Un recorrido por las obras del Museo Nacional del Prado. Se trata de un proyecto cultural, conformado por un catálogo y una exposición virtual, que nos muestra 26 obras de grandes pintores expuestas en el Museo del Prado, poniendo el foco en los jóvenes representados en ellas. De las Sagras ha subido vídeos a lo largo de los últimos meses sobre diferentes lienzos , con cientos de «me gusta», comentando obras tan conocidas como El jardín de las delicias de El Bosco o El triunfo de Baco de Velázquez a otras dignas de reivindicación y mayor conocimiento como La carta de un hijo ausente, de Maximino Peña.

OTRAS FUENTES

El crecimiento de los datos de lectura en España se desglosa en esta noticia de RTVE.

Enric F. Gel ha incluido en su web una guía completa de sus vídeos. Puede verse en el orden cronológico de los autores reseñados, para así disfrutar de un curso de historia de la filosofía muy completo.

Entrevista a Cecilia Bartoli, mezzosoprano

ESFERA CULTURAL

CECILIA BARTOLI,

MEZZOSOPRANO

“El público español es muy cálido y entusiasta. Cuando le apasiona, lo demuestra, y esto es precioso”

JUAN ANTONIO LLORENTE

Tras casi cuatro décadas, Cecilia Bartoli continúa siendo uno de los nombres más emblemáticos del panorama lírico. Como mezzosoprano y por su actividad rectora en lugares referenciales. En el Festival de Pentecostés de Salzburgo, del que es responsable desde 2012, acaba de renovar su contrato por cinco años más. Si su carrera estuvo afianzada desde el inicio por dioses de la música como Karajan, Barenboim o Harnoncourt, Bartoli ha querido estimular a las nuevas generaciones desde sus puestos gerenciales o a través de la fundación que lleva su nombre.

La generosidad que muestra con los jóvenes se traduce en admiración por su parte. La soprano Sara Blanch comentaba recientemente: «Descubrir a Bartoli me supuso romper con todo”. Pensaba: “Está haciendo algo nuevo. Ese nuevo esquema me abre las puertas de todo un mundo».

¿Qué puedo replicar ante esas bellísimas palabras? Que me siento muy halagada, teniendo en cuenta que quien las pronuncia es una cantante de esa nueva generación en cuyo futuro tanto confío. Esto quiere decir que he podido transmitirles esa sensación que yo experimento cuando hago música. Recuerdo al respecto la bellísima frase que Rossini escribe en una carta dirigida a Pauline Viardot, en la que sintetiza su idea de qué significa cantar. Son unas palabras que a su vez había recogido de un soneto de Petrarca cuando dice “E ‘l cantar che nell’anima si sente” (“El cantar que en el alma se siente”). Y es que la expresión debe proceder del alma y en ello se tiene que empeñar todo cantante. Porque eso es el canto.

El otro día, tras el brindis por su nuevo contrato en Salzburgo, nos dieron un bombón.

Pero yo no lo pude recoger, porque tenía que bajar rápidamente a maquillarme. Era el día del estreno de Hotel Metamorphosis y la función empezaba una hora después.

En previsión me quedé también con el suyo. En el envoltorio aparecía el siguiente aforismo de Leibnitz: Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad”.

Sí, sí, es verdad.

 


“LA EXPRESIÓN DEBE PROCEDER DEL ALMA Y EN ELLO SE TIENE QUE EMPEÑAR TODO CANTANTE. PORQUE ESO ES EL CANTO”


 

¿Lo pronunciaría el Leibnitz filósofo o el matemático?

Diría que a quien veo más tras esas palabras tan hermosas es al filósofo.

Por si tuviera poco trabajo entre Zúrich, Mónaco y Salzburgo, desdoblándose como gestora y como intérprete, acaba de renovar su compromiso en la ciudad de Mozart hasta 2031. ¿Hasta qué punto le asusta asumir responsabilidades, si es que le asusta? ¿No siente vértigo, miedo, ante cada nueva apuesta?

Yo no hablaría de miedo en el estricto sentido del término. Sólo lo contemplaría en aquello que tiene que ver con la responsabilidad como artista. Una responsabilidad por lo que supone el hecho de enfrentarse al compositor. O, por decirlo de otra manera: ¡De ponerse al servicio de la música de Mozart! (gesto de “casi nada o ahí queda eso”. Bartoli, como latina ejerciente, es muy expresiva). Y cuando digo Mozart digo Haendel o cualquiera de tantos grandísimos compositores. En ese momento necesitas verdaderamente entregarte a su servicio. Con una gran humildad para llegar a comprender o, para ser más precisa, intentar comprender lo que quería decir. Y no sólo con las notas que como creador dejó escritas, sino pensando qué quería expresar tras esas notas. Ni más ni menos. Y en eso, está claro, es donde encuentro la mayor responsabilidad. Porque nosotros somos sus intérpretes, es decir, ejercemos el papel de intermediarios entre el autor de la obra y el público, ¿no es así? Entonces, tenemos la gran responsabilidad de servir su música, y debemos hacerlo siempre con gran reverencia. Es cierto que, aunque esta sensación esté ahí, no puedo hablar de miedo, lo que no impide que siempre esté presente la duda al plantearte: ¿será de verdad esto lo que el compositor deseaba que llegase al corazón de las personas? ¿Es esta exactamente la interpretación que yo le estoy dando? Y aunque no tengas la certeza absoluta de cómo solventar ese dilema sí debes tenerla de que no debes afrontarlo con miedo, porque el miedo suele ser un mal consejero.

Ahí está el factor imaginación que aludía…En cierta ocasión me comentó que el público espera escuchar nuevo repertorio.

Y así lo pienso.

 


“LA DUDA SIEMPRE ESTÁ PRESENTE: ¿SERÁ DE VERDAD ESTO LO QUE EL COMPOSITOR DESEABA QUE LLEGASE AL CORAZÓN DE LAS PERSONAS?”


 

¿Incluso si se trata de cosas tan radicales como hizo, presentando en Salzburgo el West Side Story de Leonard Bernstein?

(Risas). Bueno… la idea de programar aquel título tuvo su origen en la percepción personal que siempre había defendido de que West Side Story es una obra maestra de Bernstein que yo no definiría simplemente como un musical. Es mucho más. Sobre todo si, como punto de partida, la música que compuso se canta tal y como está escrita. Porque la tesitura, tanto en el caso de Tony como en el de María, es muy compleja. Por eso, a la hora de llevarlo al disco el mismo compositor quiso contar para la grabación con José Carreras y Kiri Te Kanawa: dos cantantes no sólo, obviamente, con técnica vocal, sino con una técnica vocal muy sólida. Otra cosa es que hoy los teatros la suelan ofrecer con cantantes que no tienen necesariamente una, digamos, impronta lírica. Sin considerar que la obra tal y como Bernstein la escribió es verdaderamente difícil de cantar.

En el Liceu de Barcelona, que usted conoce bien, se pudo ver hace unos meses, con Gustavo Dudamel en el pódium.

Es un director fabuloso.

¿También lo hizo con cantantes de ópera?

Con Nadine Sierra y Juan Diego Flores. Como decía, si se quiere hacer tal y como Bernstein lo escribió, se necesitan cantantes de ópera con todos los colores y los matices. Hay momentos en los que María debe cantar un solo en pianísimo y esto garantizo que es imposible hacerlo sin una técnica vocal muy sólida.

Si en los últimos tiempos era cada vez más difícil verla sobre el escenario, aceptar tantos cargos en distintos lugares. ¿Le sirve como coartada perfecta para rechazar ofertas de los intendentes teatrales y reducir más aún su presencia escénica?

La verdad es que a día de hoy mantengo una actividad enorme. Recientemente me ofrecían una colaboración en Berlín, que no estoy segura de poder aceptar. Y es que apenas me queda tiempo disponible entre Zúrich y el Festival de Pentecostés de Salzburgo, que, con una nueva producción por temporada, me supone dedicarle, entre ensayos y funciones, cinco semanas. Porque a Salzburgo regreso en el verano y unos días en invierno. Luego están los conciertos, y a esto hay que sumarle la entrega que me supone ser directora artística de la ópera de Montecarlo, a la que me dedico en cuerpo y alma durante seis meses. Aun así, sigo intentando equilibrar las dos facetas.

Por lo que podemos calificar de milagroso que en esos días haya decidido presentarse con el Orfeo y Eurídice de Gluck en tres ciudades de España, país que le resulta familiar desde muy joven. Conoce bien los bailes andaluces, domina las castañuelas… ¿Se puede llegar a sentir un poco española?

Un poco, sí. Y quiero decir algo que no tiene que ver con la música, pero que, pensando en España, me acaba de venir a la cabeza (más risas). Me ocurrió hace varios años, cuando estuve con el programa Malibran, centrado en torno a María Malibran y la familia García. Empezando por su padre y maestro, Manuel, el tenor favorito de Rossini, que era sevillano. Pues bien, cuando lo presentamos en Sevilla, en un concierto que fue mi debut en el Teatro de la Maestranza, recuerdo haber comido los mejores chipirones fritos. ¿Te acuerdas, mamá? (la madre, Silvana Bazzoni, su primera profesora de técnica vocal, que acaba de entrar al despacho donde nos encontramos, asiente divertida con la cabeza). La noche antes del espectáculo fuimos a un restaurante cerca del teatro, donde los probé y me encantaron. 

…y eso que Sevilla no es puerto de mar.

Pero el caso es que los comí en Sevilla, en un restaurante cuyo nombre no recuerdo, ni sé dónde tengo el número de teléfono. Lo tengo que buscar. Después de aquella experiencia le dije “¡Mamá, tenemos que volver!” (la madre corrobora, riendo, las palabras de su hija). De modo que el día del concierto, cuando normalmente los cantantes tenemos que limitarnos a comer algo más ligero, me dije “¡No importa!”, “¡Y tú, mamá, también los puedes comer!” (otra risotada). Es algo que nunca olvidaré.

Podrá, si encuentra el contacto, disfrutar otra vez en ese lugar, ahora que, siete años después de aquel descubrimiento, regresa cerca del Guadalquivir. Cerrando su paseo español, para cumplir con los que esperan ese Orfeo y Eurídice de Gluck en Barcelona, Madrid y Sevilla. Y ya, para acabar ¿cómo recuerda al público de España?

El público español es muy cálido y entusiasta, un público que escucha con gran interés. Que cuando le apasiona, lo demuestra, y esto es precioso, precioso. Es fantástico. Es un público al que, debo decir, también le encanta el canto dulce, y esto me conmueve de un modo especial porque, obviamente, aunque he cantado mucho -pensemos que en mi repertorio hay numerosas obras de coloratura-. Mi especialidad también es precisamente ese canto: el bel canto, el pianísimo, el canto dulce, el legato. Y he podido percibir que esto también conmueve profundamente al público español.  

¿DÓNDE ENCONTRARLA?

Una página cuidadosamente puesta al día da clara idea de la actividad de una polifacética Cecilia Bartoli, destacando las tres fechas que dedica a España en noviembre para presentar el Orfeo y Eurídice de Gluck (25, Barcelona; 27, Madrid y 29, Sevilla)

‘Oratorio de san Jerónimo penitente’, de Damián Forment y Juan de Juanes

ESFERA CULTURAL
LEER CUADROS

CONVENIO EL PRADO-FUNDACIÓN NOTARIADO

CLAVES DE LA OBRA

Autores: Damián Forment y Juan de Juanes.
Fechas: hacia 1520 (relieve en alabastro); hacia 1560 (estructura y pintura).
Material: Madera de pino, óleo y alabastro del Valle del Ebro.
Medidas: Alto: 83,5 cm; Ancho: 59 cm; Fondo/Profundidad: 17 cm.
Ubicación: Sala 51.

Oratorio de san Jerónimo penitente

El Oratorio de San Jerónimo penitente es una obra excepcional realizada por dos artistas fundamentales de la Corona de Aragón: el escultor Damián Forment (hacia 1475-1540) y el pintor Juan de Juanes (hacia 1505-1579). Ambos autores no trabajaron juntos y su trabajo fue realizado en momentos distintos. Forment debió de tallar la pequeña placa hacia 1520, cuando Juanes era un adolescente que estaba formándose en el taller de su padre, Vicente Maçip (hacia 1473/75-1551), el iniciador de una dinastía de pintores que tuvo continuidad hasta principios del siglo XVII.  

LETICIA RUIZ GÓMEZ,

jefa de Colección de Pintura Española del Renacimiento

La realización de pequeñas placas de alabastro con escenas religiosas era una práctica frecuente que Forment empleó en otras ocasiones. Refinados coleccionistas apreciaban esas obras que, para asegurar su conservación y presentación como altares de sobremesa, se montaban en estructuras de madera. Este es el caso de este ejemplar en que está representado san Jerónimo en su retiro penitencial, un fondoso paisaje lleno de amenos detalles que originalmente estaban policromados y con resaltes dorados.

El pintor

Cuarenta años después de realizarse la placa, el propietario debió de pedirle a Juan de Juanes que enmarcara la obra. El pintor era por esas fechas el autor más apreciado de la importante escuela valenciana, siempre atenta a la llegada de novedades del arte italiano. Juanes había realizado otros pequeños oratorios devocionales, pero ninguno pensado para embutir un relieve de otro artista, lo que nos hace suponer que quien hizo el encargo era persona notable porque Juanes concibió un marco donde aúna su conocimiento de la arquitectura clásicista, o ´a la romana´, y una delicada intervención pictórica, trabajando en pequeño formato.

El alabastro se cobijó en una suerte de templete con basamento y rematado de frontón, trabajado en madera tallada y policromada y provisto de dos puertas batientes en la que incluyó la representación de cuatro santos. Con las puertas cerradas, se aprecia un paisaje con san José sosteniendo al Niño Jesús junto a San Lucas. En el interior pintó las imágenes de San Vicente Ferrer y San Pedro Mártir, dos figuras situadas en dos arcos exviados, un diseño pensado en la perspectiva de esos arcos con los batientes abiertos. Un alarde más de conocimientos de la arquitectura clásica.

Un nombre inscrito a tinta en la trasera del templete: Adrián López de Discastillo, un miembro de una familia notable de Zaragoza a finales del siglo XVI. Ningún dato más hasta que la obra apareció en una subasta en Madrid en 2019. La Fundación de Amigos del Prado la adquirió para nuestro museo. Eran fechas en que estábamos preparando un espacio de exposición exclusivo para Juan de Juanes. La importancia de la pieza nos obligó a esperar para decidir el modo de exposición al tiempo que fue estudiada y restaurada en el museo; una tarea de algunos meses que nos ayudó a centrar más la importancia de la obra y su complejidad, incluyendo la procedencia aragonesa del alabrasto, tarea en la que contamos con la ayuda de la Universidad de Zaragoza.

La obra llegó además con una curiosa sorpresa que descubrimos mientras se limpiaba el alabastro: detrás de la rama del árbol del primer término, se escondía una pequeña cabeza de mármol. ¿Un descuido del escultor?, ¿una suerte de exvoto? La cabeza volvió al sitio donde se encontró, por si acaso.

El Notariado en las pequeñas localidades

EN SOCIEDAD

El Notariado en las pequeñas localidades

FÁTIMA PÉREZ DORCA
Panorámica de Castropol.

Para mostrar la labor que los notarios realizan en el ámbito rural, el proyecto #NotariosRurales continúa este año su recorrido por las localidades más pequeñas de España.

En esta tercera edición, #NotariosRurales viaja hasta Castropol, un pueblo de 3.765 habitantes ubicado en Asturias en el que trabaja la notaria Mireya Cristina Martínez Badás: “Me encanta mi profesión y estoy muy feliz ejerciéndola aquí”. “La mayor satisfacción que tengo como notaria es ayudar a las personas. Por ejemplo, cuando llega alguien a la notaría con un problema que no le deja dormir es gratificante poder decirle: no se preocupe, lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a solucionar”, explica.

Este año, a través de entrevistas al alcalde, a la farmacéutica, a un ganadero de la zona, y a empresarios locales, se pone en valor el papel del Notariado como servicio público de proximidad. Así lo destaca también la decana del Colegio Notarial de Asturias, María Isabel Valdés-Solís: “Aunque las necesidades puedan ser distintas a las de las grandes ciudades, los notarios garantizamos el mismo servicio y tecnología también en pequeñas poblaciones”. “En Asturias somos 65 notarios repartidos por todo el territorio”, explica.

 


PARA MOSTRAR LA LABOR DE LOS NOTARIOS QUE EJERCEN EN PEQUEÑAS LOCALIDADES #NOTARIOSRURALES SE DESPLAZA ESTE AÑO A CASTROPOL (ASTURIAS)


 

Los protagonistas

Durante los videos, la notaria Mireya Cristina Martínez Badás, presenta a personas relevantes en la localidad, como al alcalde, Francisco Javier Vinjoy Valea, que asegura que para él “es muy importante tener una notaria en el pueblo para ayudar a la gente en todos los trámites administrativos en primera instancia y contar con una asesoría jurídica, imparcial, directa, accesible… Eso favorece mucho que la gente pueda realizar sus gestiones con facilidad sin necesidad de desplazarse a una gran ciudad”.

También participa Delfín Pérez García, ganadero en Castropol, que pone en valor la cercanía de los notarios en municipios pequeños, como es el caso de la localidad asturiana, y explica sus ventajas: “Le da prestigio a un pueblo que somos pequeños, que ya nos tienen un poco olvidados por todas partes, y tener a la notaria cerca es estupendo”.

Por su parte, la florista en Castropol, Pamela Pérez García, cuenta cómo la notaria le ayudó a poner en marcha su negocio. “Yo firmé con Mireya la póliza de la base de este proyecto. Fue ella la que la que me dio la oportunidad, entre comillas, de poder echar esto adelante”. En opinión de la farmacéutica, Toña Cotallo Cortina: “Tener la notaría cerca me parece que es un buen servicio a todos los niveles, para todas las personas del concejo y también de los concejos de alrededor”.

 


MIREYA MARTÍNEZ: “CUANDO LLEGA ALGUIEN A LA NOTARÍA CON UN PROBLEMA QUE NO LE DEJA DORMIR ES GRATIFICANTE PODER DECIRLE QUE LO VAMOS A SOLUCIONAR”


 

Finalmente, Álvaro Platero Díaz, presidente de Astilleros Gondán, señala que “en un pueblo pequeño haya un notario nos simplifica muchísimo las cosas. Primero porque tenemos mucha confianza y nos conocemos. Entonces, te ayuda, preguntas la legalidad de las cosas… Algunos lo utilizamos muchas veces. A veces incluso de consultor, para ver qué cosas podemos hacer y qué cosas no”.

Los actos más realizados

Según la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea “algunos de los actos más habituales en los pueblos son la adjudicación de herencias, las rectificaciones de superficie, los testamentos y las donaciones y, en menor medida, los expedientes de dominio o las actas de deslinde y subsanación de discrepancias”.

Barea explica que también se realizan “numerosas compraventas de fincas rústicas”. Durante el primer semestre de 2025 en España se compraron 64.022 fincas de este tipo. Los datos notariales siguen mostrando el interés de la sociedad por estas propiedades tras la crisis por el covid-19 ya que, desde 2020 todos los años se han superado las cifras de 2018 y 2019, previos a la pandemia.

 

Para conocer más sobre este precioso pueblo asturiano vaya a nuestra sección Al Encuentro.

Mireya Martínez Badás, notaria de Castropol.
Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán.
Francisco Javier Vinjoy Valea, alcalde de Castropol.
Toña Cotallo Cortina, farmacéutica en Castropol.
Delfín Pérez García, ganadero.
Pamela Pérez García con Mireya Martínez.
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Capítulo 1: El latido de Castropol

Capítulo 2: A toda vela

Capítulo 3: Receta local

Capítulo 4: Esencia asturiana