Dos décadas del OCP: el puente entre el notario y la Unidad de Inteligencia Financiera de España

Cuando una persona intenta utilizar sociedades interpuestas o estructuras empresariales complejas para ocultar dinero de origen ilícito, el paso por la notaría puede convertirse en un punto clave para detectar la operación. La intervención directa del notario, la información que se incorpora al Índice Único Informatizado Notarial y, en caso de ser preciso, el análisis posterior del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP) permiten reconstruir cadenas societarias y averiguar quién controla realmente esas sociedades.

Como explica Mariano García Fresno, jefe de la Unidad de Análisis del OCP, “el hecho de que los notarios incorporen continuamente información al Índice Único Informatizado permite que autoridades y analistas trabajen con datos permanentemente actualizados y accesibles de forma prácticamente inmediata”.

Ese engranaje forma parte del sistema español notarial de lucha contra la delincuencia financiera, articulado desde 2005 a través del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales (OCP), creado por el Ministerio de Economía en el seno del Consejo General del Notariado para reforzar la colaboración con las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes.

EL SISTEMA PERMITE RECONSTRUIR ENTRAMADOS SOCIETARIOS COMPLEJOS E IDENTIFICAR A LA PERSONA FÍSICA QUE SE ENCUENTRA DETRÁS DE UNA SOCIEDAD

El trabajo del OCP no se limita al ámbito de la prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo, donde colabora con fiscales, jueces, Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza o Vigilancia Aduanera. También trabaja en el ámbito tributario con las Administraciones fiscales; en el ámbito de valores, con la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y en materias relacionadas con tesorería e inspección laboral, con la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo.

En el ámbito específico de la lucha contra el blanqueo, las entidades con las que mantiene una relación más estrecha son el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Comisaría General del información  de la Policía Nacional y la Unidad Técnica de Policía judicial y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La gran base de datos del Notariado

El trabajo del OCP se apoya en el Índice Único Informatizado Notarial, una gran base de datos que almacena y clasifica electrónicamente la información contenida en escrituras y actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios españoles.

Los técnicos del OCP analizan esa información —siempre dentro del marco de la normativa de protección de datos— para detectar operaciones sospechosas y facilitar información a las autoridades competentes.

Desde su creación en 2005 y hasta finales de 2025, el OCP ha contestado telemáticamente a más de 415.000 requerimientos de información y cerca de 200.000 solicitudes de documentación. Todos ellos solo en materia de prevención del blanqueo y financiación del Terrorismo, con tiempos de respuesta que en la mayoría de los casos no superan los tres minutos.

LA BASE DE DATOS DEL NOTARIADO PERMITE CONOCER LA TITULARIDAD REAL DE MÁS DE 3,3 MILLONES DE ENTIDADES JURÍDICAS

La ´debida diligencia´

Una de las claves del sistema está en el trabajo previo que realizan los notarios. Como explica García Fresno “hacen un proceso exhaustivo de ´debida diligencia´, tienen delante a las personas cuando constituyen una sociedad, cuando manifiestan un titular real de una sociedad extranjera, etc., y si el notario percibe algo extraño puede pedirle más información o documentación”. De esa forma, puede verificar si el otorgante o la operación tienen un riesgo superior al promedio.

Esa presencia física es precisamente una de las grandes diferencias del modelo notarial frente a otros sistemas puramente registrales. Para alguien con fines ilícitos es más sencillo “presentar una manifestación en un registro sin presencia física, sin que nadie le pueda preguntar nada, a que tenga que contarle a un notario en una firma de una escritura, quién es el socio de esa sociedad y darle la información o documentación solicitada”, comenta García Fresno.

Cuando el notario detecta elementos de riesgo en una operación la comunica al OCP de manera confidencial para que sus analistas estudien si existen indicios de blanqueo o de otros delitos financieros. Para facilitar esa detección, el órgano cuenta con una batería de indicadores de riesgo que sirven de guía a los notarios.

Santiago Muelas, analista del OCP, explica que existen indicadores objetivos y subjetivos. Por ejemplo, “se pueden considerar señales de riesgo, objetivas, el pago de altas cantidades en efectivo, la intervención de personas o sociedades domiciliadas en territorios especialmente sensibles o determinadas operaciones triangulares en las que quien recibe el dinero no coincide con quien vende”.

Pero el análisis no se limita a los datos objetivos, también “hay indicadores más subjetivos que el notario aprecia en la relación directa con la persona, como, por ejemplo, si el usuario realmente entiende lo que va a firmar y sus implicaciones, si es de verdad el administrador de la sociedad o si está manejado por un tercero”, indica Muelas.

Una vez recibida la comunicación, el OCP analiza la operación y el resto de la operativa que puedan haber realizado esas personas en otras notarías y decide si debe trasladarse al SEPBLAC en función de los indicios de blanqueo apreciados.

EL OCP UTILIZA MAPAS ACCIONARIALES PARA RECONSTRUIR CADENAS DE SOCIEDADES

La base de datos que identifica al titular real

A partir del Índice Único Informatizado se creó en 2012 la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), una herramienta que permite identificar quiénes son las personas físicas que se encuentran detrás de sociedades y otras estructuras jurídicas.

En unas jornadas sobre lucha contra el blanqueo celebradas el pasado septiembre en el Colegio Notarial de Madrid, la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, destacó que “gracias al Índice Único Informatizado Notarial, OCP creó dos bases de datos sustanciales en la lucha contra el blanqueo y de las que se nutren jueces, fiscales, el SEPBLAC y demás autoridades: la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR) y la de Personas con Responsabilidad Política”.

Actualmente, la BDTR tiene identificados de manera acreditada los titulares reales de más de 3,3 millones de entidades jurídicas nacionales y extranjeras, entre ellas sociedades limitadas, sociedades anónimas, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y entidades extranjeras.

Según la presidenta del Notariado, “la BDTR permitió en 2021 que España recibiera el primer tramo de fondos de la UE Next Generation, porque hizo posible acreditar en la UE que teníamos información de una alta calidad, lo que no sucedía con otros países”.

Seguir el rastro hasta la persona física

Uno de los elementos más relevantes del trabajo del OCP es la capacidad de reconstruir entramados societarios complejos para identificar quién controla realmente una sociedad.

Cuando una estructura resulta especialmente compleja, los analistas utilizan un “mapa accionarial” que permite reconstruir cadenas de sociedades y propiedades encadenadas hasta llegar a la persona física final.

“Somos capaces de ver, en una sociedad que se presenta ante notario quién está detrás. Hay sociedades muy sencillas donde las personas físicas están inmediatamente detrás, son los dos propietarios, y en otros casos hemos llegado a detectar a la persona física que estaba al final de la cadena tras seis sociedades interpuestas”, explica García Fresno.

Ese rastreo se realiza combinando la información del Índice Único Informatizado, la Base de Datos de Titularidad Real y los datos obtenidos por el notario durante la debida diligencia.

Además de analizar las comunicaciones de operaciones de riesgo remitidas por las notarías, el OCP realiza búsquedas autónomas dentro de la base de datos para localizar patrones sospechosos. “Recibimos información de los notarios, pero también tenemos obligación de ir a buscar al Índice Único Informatizado operaciones extrañas”, explica García Fresno.

La eficacia del sistema se refleja en el recorrido posterior de las comunicaciones realizadas por el OCP. Más del 80% de las operaciones sospechosas remitidas al SEPBLAC terminan destapando delitos graves y acaban judicializándose.