-Han pasado ya los primeros meses desde su nombramiento como Fiscal General del Estado. ¿Qué prioridades ha marcado para esta nueva etapa del Ministerio Fiscal y qué cambios considera más urgentes?

– En estos primeros meses al frente de la Fiscalía General del Estado me he centrado en reforzar la imagen de autonomía y la credibilidad del Ministerio Fiscal, algo que es esencial para garantizar la confianza de la ciudadanía en la justicia. Considero fundamental avanzar hacia una mayor transparencia en nuestra actuación, así como mejorar la coordinación entre las distintas fiscalías territoriales.

También he querido poner el foco en áreas especialmente sensibles como la lucha contra la violencia de género, la corrupción y los delitos tecnológicos, que requieren una respuesta firme, especializada y adaptada a la realidad actual. Igualmente, continuamos trabajando en la modernización de la institución, apostando por la digitalización, con el objetivo de ofrecer un servicio más eficaz y cercano a los ciudadanos.

Entre los cambios más urgentes, necesitamos reforzar los recursos humanos y materiales de la Fiscalía. La reciente creación de 200 nuevas plazas de fiscales acordada con el Gobierno va en la buena dirección en ese sentido, y será fundamental para afrontar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye la instrucción de los procedimientos penales al Ministerio Público y que es una aspiración histórica de la mayoría de juristas de nuestro país. El proyecto de Ley Orgánica que ya está en el Congreso es un hito en nuestra democracia.

“ES ESENCIAL REFORZAR LA IMAGEN DE AUTONOMÍA Y LA CREDIBILIDAD DEL MINISTERIO FISCAL PARA GARANTIZAR LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA JUSTICIA”

-En un momento en que la independencia del Ministerio Fiscal vuelve al centro del debate público, ¿qué garantías existen para reforzar su autonomía?

– Una de las principales reticencias que se esgrimen para indicar que no se está en el momento adecuado para atribuir la dirección de la investigación penal al Ministerio Fiscal radica en el propio diseño de la Fiscalía. Se trata de reticencias basadas, en muchas ocasiones, en el prejuicio y el simple desconocimiento.

La Constitución de 1978 establece que el nombramiento del Fiscal General del Estado es realizado el por El Rey a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial. Pero el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal articula mecanismos que refuerzan la autonomía del Fiscal General frente al Ejecutivo: una vez nombrado, no puede ser cesado por el Gobierno y no puede ser renovado en el cargo. Las causas para su cese están tasadas en el Estatuto. Son garantías que, por cierto, no se encuentran en buena parte de los países de nuestro entorno.

El principio de dependencia jerárquica del Ministerio Público está presente en todos los sistemas jurídicos, y es la fórmula para garantizar los principios de legalidad y unidad de actuación en todo el territorio del Estado. La Fiscalía española cuenta con cauces para resolver las posibles discrepancias entre los fiscales y sus jefaturas, que están recogidos en el artículo 27 del Estatuto Orgánico.

“ÁREAS ESPECIALMENTE SENSIBLES COMO LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, LA CORRUPCIÓN Y LOS DELITOS TECNOLÓGICOS REQUIEREN UNA RESPUESTA FIRME”

-La Administración de Justicia afronta una profunda transformación digital. ¿Está el Ministerio Fiscal preparado para asumir estos avances tecnológicos en la gestión de asuntos y en la cooperación judicial?

– La transformación digital de la Administración de Justicia es ya una realidad ineludible, y el Ministerio Fiscal está plenamente comprometido con este proceso. Ahora bien, debemos ser claros: aunque se han dado pasos importantes en los últimos años, aún queda margen de mejora.

Estamos trabajando para adaptar nuestras estructuras a estos avances tecnológicos, especialmente en lo que respecta a la gestión electrónica de expedientes y la compatibilidad entre nuestros sistemas. El mapa tecnológico de la Administración de Justicia y, en particular del Ministerio Fiscal, es complejo: hay hasta 13 Administraciones con competencias prestacionales en materia de Justicia, con varios sistemas informáticos diferentes y a veces, con incompatibilidades entre sí. Y esto hace que los avances a veces no vayan todo lo rápido que nos gustaría.

-¿Considera que la Fiscalía tiene los medios para asumir la instrucción del proceso penal, promovida en las propuestas legislativas del Gobierno? 

– Hay que entender que el cambio de modelo de la instrucción penal no es solo una aspiración histórica de la Fiscalía, es un cambio urgente y necesario de nuestro sistema, cuyas costuras ya no aguantan más: debe terminarse con la esquizofrénica posición del juez de instrucción actual, que ha de investigar unos hechos y, al mismo tiempo, velar por el respeto a los derechos fundamentales del investigado. Y el Ministerio Público está perfectamente preparado para asumir esa labor de investigación. Hay que recordar que la cualificación técnica de los fiscales es excepcional, y que todos ellos han aprobado las mismas oposiciones que los jueces.

Por otro lado, una de las señas de identidad de la Fiscalía es su especialización en distintas materias, característica ausente en los órganos judiciales. Además, la lucha contra la gran delincuencia exige acciones sistemáticas y coordinadas y la única institución que puede llevarlas a cabo de esa manera es el Ministerio Público.

Ahora bien, es clave que en todo este diseño contemos con mayores cotas de autonomía que incrementen la apariencia de imparcialidad y que fortalezcan la confianza ciudadana en la Justicia. Por ello, el Ministerio Fiscal precisa de autonomía organizativa y reglamentaria. Necesitamos plena autonomía formativa y autonomía digital. Y, por supuesto, necesitamos autonomía presupuestaria: la Fiscalía debe contar con recursos propios y poder gestionarlos. Y en ese contexto, se debe abordar el refuerzo de la plantilla y la dotación de más medios materiales.

“NECESITAMOS ADOPTAR UN ENFOQUE INTEGRAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO QUE NO SE LIMITE AL ÁMBITO PENAL”

-Usted ha dedicado buena parte de su carrera a la protección de las víctimas de violencia de género. ¿Qué retos persisten en la aplicación efectiva de las medidas de protección y cómo puede mejorarse la coordinación institucional? 

– A pesar de los avances, seguimos encontrando dificultades. No todas las víctimas denuncian, muchas veces por miedo o dependencia, y eso impide que se activen los mecanismos de protección. Pero incluso cuando hay denuncia, no siempre se concede una orden de protección, lo que evidencia que aún debemos mejorar en la valoración del riesgo.

También persisten problemas como la falta de formación especializada en algunos ámbitos jurídicos, la revictimización durante el proceso judicial o las diferencias en la respuesta según el territorio. Es fundamental mejorar la coordinación entre todas las instituciones implicadas: Fiscalía, fuerzas de seguridad, servicios socio-sanitarios y sociedad civil. Necesitamos protocolos comunes y sistemas de información compartidos que permitan hacer un seguimiento completo de cada caso y adoptar un enfoque integral que no se limite al ámbito penal, sino que incluya también apoyo psicológico, social y económico a las víctimas.

-El papel del Ministerio Fiscal se ha visto reforzado por figuras como la Fiscalía Europea. ¿Qué efectos prácticos está teniendo esta integración en la persecución de delitos transnacionales?

– La creación de la Fiscalía Europea ha supuesto un avance muy importante en la lucha contra la criminalidad transnacional. En la práctica, esta integración permite una actuación más coordinada y eficaz entre los distintos Estados miembros de la UE, superando las limitaciones que existían cuando cada país actuaba de forma más aislada.

Se traduce, sobre todo, en una mayor agilidad en la investigación, evita duplicidades, reduce los tiempos de actuación y permite abordar los delitos desde una perspectiva verdaderamente europea. Estamos ante un instrumento clave para hacer frente a delitos que, por su propia naturaleza, no entienden de fronteras dentro de la UE: el fraude, la corrupción o el blanqueo de capitales.

-¿Cómo se está avanzando en la igualdad de oportunidades dentro de la carrera fiscal y en la promoción de mujeres a puestos de máxima responsabilidad?

– Se han producido avances importantes, ya que la presencia de mujeres en la carrera fiscal es cada vez mayor. Según los datos correspondientes a 2025, las mujeres representan el 67% del total de fiscales -1.911 de un total de 2.845-. Pero lo más importante es que el número de mujeres en los cargos directivos del Ministerio Fiscal continúa creciendo de manera sostenida. El 47% de estos puestos están ya ocupados por mujeres, y esto consolida una tendencia ascendente que se mantiene desde 2019.

Las mujeres representan ahora mismo el 42% de las fiscales de sala -la categoría más alta de la carrera-. Y en este contexto, tengo que destacar la presencia de mujeres al frente de varias fiscalías superiores. En 2025, las fiscalías de Andalucía, Aragón, Canarias, Comunidad de Madrid, Galicia y País Vasco están dirigidas por mujeres. Y las jefaturas de las fiscalías provinciales han alcanzado la paridad total entre mujeres y hombres.

“EL NOTARIADO DESEMPEÑA UN PAPEL CLAVE QUE PROTEGE A QUIENES SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD”

-El Notariado constituye un pilar esencial en la seguridad jurídica preventiva. Desde su perspectiva, ¿cómo valora la colaboración en la prevención del blanqueo y el terrorismo?

– La colaboración del Notariado es absolutamente esencial en este ámbito. Su intervención en el control previo de legalidad de actos y negocios jurídicos le sitúa en una posición privilegiada para detectar indicios de operaciones sospechosas, especialmente en ámbitos sensibles como las transmisiones patrimoniales o la constitución de sociedades.

En la práctica, esta función preventiva permite actuar antes de que el delito se consolide, lo que resulta clave tanto en la lucha contra el blanqueo de capitales como en la financiación del terrorismo. Además, los mecanismos de comunicación de operaciones sospechosas y la coordinación con las autoridades, entre ellas el Ministerio Fiscal, refuerzan la eficacia del sistema.

No obstante, es fundamental seguir avanzando en la formación especializada, en el uso de herramientas tecnológicas y en el intercambio ágil de información. Solo a través de una colaboración estrecha y continua entre Notariado, Fiscalía y otros organismos podremos ofrecer una respuesta eficaz frente a fenómenos delictivos cada vez más complejos.

-La protección de personas vulnerables es una prioridad para el Notariado. ¿Cree importante su contribución para garantizar un acceso igualitario a la justicia y al respeto de sus derechos?

– Absolutamente. El Notariado desempeña un papel clave porque actúa como un primer filtro que protege a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad: menores, personas con discapacidad o adultos bajo tutela. La Ley 41/2003 sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad, establece mecanismos para garantizar que sus derechos se respeten. El valor del notario radica en que su intervención no solo verifica la legalidad del acto, sino que también asesora de manera imparcial, asegurando que la persona vulnerable entienda lo que está firmando y que no se produzcan abusos. Esto permite que la protección sea efectiva y no solo formal. Además, la colaboración estrecha con el Ministerio Fiscal y los tribunales es fundamental: juntos podemos garantizar que estas medidas preventivas se traduzcan en una protección real y en un acceso igualitario a la justicia.