¿Qué funciones realiza el Consejo General que preside?

– Desde nuestro nacimiento, hace más de 75 años, la labor que hemos tenido es de interlocución con las Administraciones Públicas sobre temas relacionados con el sector inmobiliario, la vivienda y la regulación profesional. Nuestro objetivo es defender al colectivo de agentes de la propiedad inmobiliaria y al consumidor. Además, allí donde no hay consejos autonómicos prestamos ayuda para la interlocución con la Administración autonómica. La semana pasada, por ejemplo, asistimos al Parlamento cántabro para apoyar al Colegio de Cantabria en la tramitación de la Ley de Vivienda. En estos 75 años hemos atravesado muchos vaivenes políticos y siempre nos hemos ido adaptando.

-¿Qué labor realizan los agentes de la propiedad inmobiliaria y en qué son útiles para la sociedad?

– El agente de la propiedad inmobiliaria cumple una función en la intermediación y en las transacciones inmobiliarias que realizan los clientes: en las compraventas, en los arrendamientos, en las operaciones de tasación o en los informes a la Administración de Justicia, etc. Hasta el año 2000 la profesión tenía reserva de actividad, y en el año 2000 el sector se liberalizó, pero no se reguló. Ahora mismo la regulación española no exige formación para ser agente inmobiliario y eso deja desprotegido al consumidor. Comprar una vivienda es una de las inversiones más importantes y el usuario puede estar desprotegido. Nosotros queremos aportar valor desde la génesis del contrato y también protección jurídica en la fase previa, hasta que el consumidor llega al fedatario público, al notario.

-¿Ha habido algún avance?

– Vamos cumpliendo hitos e intentamos que las comunidades autónomas creen registros de agentes inmobiliarios obligatorios. El registro de profesionales garantiza que se cuenta con un seguro de responsabilidad civil, con una formación mínima acreditada y con un lugar físico al que poder acudir en caso de tener que localizarle por algún motivo. No buscamos privilegios, sino una garantía para los consumidores: que haya capacitación del profesional y solvencia.  Esto provocaría que si hubiera un menoscabo por mala praxis se puediera resarcir. Han pasado gobiernos de distintos colores políticos y seguimos igual desde el año 2000: con consumidores desprotegidos.

-¿Cree que la sociedad conoce su función en toda su amplitud?

– No la conoce realmente. Desde el Consejo General tratamos de trasladar a las Administraciones la desprotección del consumidor y el problema de la desprofesionalización. Muchas veces se asombran de que para intermediar en una operación inmobiliaria no haga falta formación. Por eso tenemos que trasladar la importancia de que se profesionalice nuestra función.

“QUEREMOS APORTAR VALOR DESDE LA GÉNESIS DEL CONTRATO Y PROTECCIÓN JURÍDICA EN EL PROCESO PREVIO A ACUDIR AL NOTARIO”

-Ha reclamado la importancia de mejorar el acceso al mercado, colaborar con la Administración e impulsar políticas de vivienda. ¿Han podido impulsar algún avance?

– Sí. En Cataluña existe el registro obligatorio. Actualmente también lo tiene la Comunidad Valenciana. En Andalucía se ha recogido el registro obligatorio en su nueva Ley de Vivienda. Y la semana pasada estuvimos en Cantabria y expuse la medida a los grupos políticos: dijeron que estaban a favor y que es una medida a tener en cuenta. Un registro voluntario, como en la Comunidad de Madrid, no evita el mercado oportunista. Lo que queremos es evitar que los agentes no estén formados o no aporten garantías frente a posibles errores.

-¿Cómo es la colaboración entre los agentes de la propiedad y los notarios?

– Nosotros somos la antesala del notario y preparamos contratos que después se reflejan en una escritura pública. A nivel institucional, el Consejo General de los Agentes de la Propiedad y el Consejo General del Notariado tuvimos una reunión y salimos muy satisfechos y vamos a estrechar la colaboración. No es lo mismo cuando a una notaría llega una operación gestionada por un profesional que cuando llega por alguien sin conocimientos suficientes.

-El Notariado ha abierto recientemente el Portal Estadístico de la vivienda. ¿Lo conoce? ¿Aporta valor?

– Aporta gran valor. Los datos son esenciales para conocer precios y tomar las decisiones adecuadas. Cuanta mayor sea la información menor será el riesgo a equivocarnos. Y cuanta más información tengan las Administraciones sobre las transacciones y los precios, mejor podrán tomar decisiones en beneficio del ciudadano.

“RECLAMAMOS EL REGISTRO OBLIGATORIO DE AGENTES INMOBILIARIOS PARA MAYOR PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES“

-El Notariado propone que los contratos de arrendamiento se formalicen en escritura pública para dar más seguridad. ¿Cómo valora esa propuesta?

– El arrendamiento es una de las transacciones de las que tenemos menor conocimiento. Si la Administración no tiene información de cuántos agentes inmobiliarios hay, de un censo de aquellas personas que nos estamos dedicando a la transacción inmobiliaria, menos aún del número de arrendamientos. Protocolizar y gestionar los contratos aportaría mayor seguridad jurídica; podría ayudar a esa transparencia y a un trabajo conjunto entre agentes de la propiedad y el Notariado. El arrendamiento necesita ser transparente como lo es la compraventa: con datos, precios, e información.

-El Gobierno ha impulsado la creación del Consejo Asesor de la Vivienda. ¿Qué puede aportar ante la tensión inmobiliaria?

– Estuvimos en la primera mesa, en la que también estaba la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, y coincidimos en que tener datos del mercado de la vivienda es muy importante. Los agentes de la propiedad podemos aportar conocimiento del día a día. Nuestra percepción es que la mayoría de contratos de arrendamiento son de viviendas en manos de particulares. Nosotros consideramos que la Ley de vivienda se focaliza mucho en la parte social, que me parece muy importante, pero se olvida del derecho de propiedad, algo que es sagrado en un Estado de derecho. En su momento, dijimos que las medidas que se pretendían, que después se hicieron realidad, iban a distorsionar el mercado, iban a provocar un efecto contrario al deseado. Y el tiempo, que es un juez insobornable que quita y da razones, nos ha dado la razón. Así que la Ley de vivienda yo creo que se debe de retocar.

-¿Cómo se puede frenar la escalada de precios de la vivienda?

– Es un problema real y viene de mucho tiempo. Ha faltado políticas reales de vivienda y se ha pensado a corto plazo. Hace falta un pacto de Estado entre las grandes fuerzas políticas y una hoja de ruta a veinte o veinticinco años, gobierne quien gobierne. También debe estar representadas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. El mercado es localista: hay que analizarlo y buscar equilibrio. Si polarizamos, estaremos más lejos.

-¿Qué opina de reducir los pisos turísticos como vía para mejorar el mercado?

– Los pisos turísticos están dando quebraderos de cabeza. Yo creo que se puede regular de otra manera, poniendo el foco en la habitabilidad de las ciudades, buscando un equilibrio. La vivienda tiene que ser un eje principal y un objetivo dentro de las políticas de Estado, comunidades autónomas y municipios. Debemos mejorar la sociedad para los que vienen detrás.

-Usted lleva más de veinte años en el sector. ¿Qué aconsejaría a una persona que busca vivienda en 2026?

– Que tenga claro qué busca y, si puede, ponerse en manos de un profesional serio, capacitado y solvente. Que no tenga prisa, una vivienda se compra de manera tranquila, sosegada y sin presiones. No se puede estar en una operación inmobiliaria con el corazón encogido. Y hay que regular para que no suceda que cualquiera pueda ser agente inmobiliario. Si los cimientos son débiles, el futuro de la casa traerá problemas.