El curso reunió a cerca de una treintena de profesionales del sector inmobiliario, además de autoridades institucionales, operadores del sector jurídico, representantes del ámbito académico y miembros del Notariado. A lo largo de dos jornadas, se articularon distintas mesas de debate para encontrar soluciones a los importantes retos que afronta la vivienda en nuestro país: el desequilibrio entre la oferta y la demanda, las dificultades de acceso de los jóvenes, el mercado del alquiler o el impacto de la okupación, entre otros.

“Para abordar el problema con rigor es imprescindible disponer de datos objetivos, actualizados y completos. La fuente más precisa es el Índice Único Informatizado Notarial, con aproximadamente 25.000 millones de datos de más de 160 millones de documentos notariales”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, en la inauguración del curso. La presidenta destacó la importancia y el valor de los datos notariales, extraídos de las escrituras públicas, para la adopción de soluciones adecuadas, y manifestó la necesidad de contar también con información rigurosa en el ámbito del alquiler, “un mercado dominado por el documento privado, lo que conlleva siempre opacidad y falta de seguridad jurídica”.

La vivienda: principal preocupación
Barrio Del Olmo puso de manifiesto que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos: “Tenemos un problema con la vivienda, y no solo lo decimos los notarios: el Banco de España, en su último informe relativo a los datos de 2024, alerta sobre la escasez de vivienda nueva y de segunda mano”. Es por ello -explicó- que el Notariado ha dedicado por segundo año consecutivo este curso a la vivienda”, aseguró. “Los notarios tenemos un compromiso con la sociedad. Queremos estudiar y proponer soluciones sobre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía. El pasado año destinamos estas jornadas a diagnosticar las cuestiones que afectaban al acceso a la financiación y a la regulación. En este 2025 tenemos el diagnóstico y pasamos a la acción”.

Una acción orientada a atajar un problema estructural que la Administración Pública ha tratado de abordar, hasta el momento, sin gran éxito. “Hay leyes estatales y autonómicas que tienen como finalidad garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, como proclama el Artículo 47 de nuestra carta magna. Pero todas esas medidas todavía no están resultando eficaces”, apuntó Barrio Del Olmo.

Un problema de largo recorrido
Sobre las políticas públicas en materia de vivienda se pronunció también Llanos Castellanos, subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, quien puso de relieve que “el problema de la vivienda tiene un vector que complica mucho más la gestión: los cambios en el sector de la construcción necesitan largos periodos de tiempo para su maduración y retorno”. La representante del Ministerio expuso que el sector ha venido arrastrando una difícil situación desde la crisis inmobiliaria del año 2008: “Se produjo un gran número de decesos empresariales en las constructoras, un envejecimiento en su propio inmovilizado y grandes dificultades de financiación y de reemplazo de mano de obra: hoy, apenas el 9% de los trabajadores tiene menos de 30 años”.

En este sentido, apuntó que el Ministerio trabaja “intensamente” con la Fundación Laboral de la Construcción para revertir la dinámica: “Los jóvenes creen que dedicarse a la construcción supone verse en el paro en 15-20 años. Hay que romper ese mantra con formación y ahondando en nuevas maneras de construir. Para ello, nuestro PERTE de la Construcción Industrializada es algo esencial”, un programa que prevé una inversión de 1.300 millones de euros en los próximos 10 años para producir entre 15 y 20 mil viviendas industrializadas anualmente.

Toda esta gran confluencia de factores ha desembocado en la compleja situación que actualmente atraviesa el sector de la vivienda, más si cabe cuando reformas legislativas como la de la Ley del Suelo se encuentran bloqueadas: “Pensamos que, si nos hacíamos herederos de un proyecto anterior, consensuado, iba a tener la aprobación de las Cortes Generales; y nos encontramos con el rechazo. La reforma de la Ley del Suelo pretende agilizar los plazos, los trámites y, sobre todo, hacer más racional la tramitación administrativa de la normativa de planeamiento”, explicó Castellanos.

Inversión pública y empleo de los datos
Desde la Administración -continuó-, “estamos firmemente convencidos de atajar todos los problemas que detectemos. Para nosotros es muy importante colaborar decididamente con el sector privado, tener mayor certeza en los arrendamientos y emplear la tecnología para aplicar la información obtenida de los datos”. Y dio algunas cifras de los programas desarrollados por el Ejecutivo: “En el nuevo Plan Estatal de Vivienda contemplamos una inversión de 7.000 millones de euros para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda; además de los 4.000 millones en fondos ICO para darles financiación y la línea de avales de 2.000 millones para completar la oferta financiera”.

A la hora de tomar decisiones, la colaboración entre organismos y sectores se configura como un elemento fundamental. “Resulta de vital importancia tratar el problema de la vivienda reuniendo a todas las partes afectadas e implicadas: organizaciones y asociaciones ciudadanas, académicos, representantes del mundo empresarial, las Administraciones Públicas y el Notariado. Si la problemática es multifactorial, la solución debe ser multidisciplinar”, reiteró el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy.

En cuanto a la participación activa del Notariado, apuntó que “la vivienda es una cuestión que está en el día a día de nuestros despachos. Los notarios estamos en contacto directo con los ciudadanos, contamos con unos datos estadísticos de valor incalculable, extraídos de los instrumentos públicos que autorizamos, y estamos aquí para aportar soluciones de consenso”.

Donostia: una ciudad tensionada
La primera teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y concejala delegada de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus, ofreció una visión de la situación que vive la ciudad: “Donostia tiene un grave problema de vivienda y las tensiones de la ciudad se trasladan a la periferia. En los últimos diez años el precio de la vivienda en esta ciudad se ha incrementado en un 52%”, aseveró. “Hay que dar respuestas y nuestra estrategia debe ser sostenible y respetuosa -prosiguió Arzallus-. La vivienda es mucho más que un factor económico, es la posibilidad de desarrollar un proyecto personal y familiar, un espacio de convivencia y protección, una necesidad básica. En Donostia fuimos pioneros en establecer la regulación de los pisos turísticos: heredamos unos 2.000 pisos turísticos y ahora estamos en unos 1.200, y van bajando”.

Con respecto a la Ley de Vivienda, la teniente de alcalde dijo que su impacto en San Sebastián “ha detraído el número de viviendas en alquiler. Hemos sido la primera capital en Euskadi declarada, toda la ciudad, zona tensionada. En Donostia los grandes tenedores suponen apenas el 3,2% de las viviendas, es un mercado muy atomizado y poco profesional, por lo que las medidas deben ir orientadas a fomentar las viviendas en régimen de alquiler y a reforzar la seguridad jurídica, sobre todo de los arrendadores”. También, sobre las actuaciones con el Gobierno vasco, señaló que “en estos momentos estamos desarrollando una colaboración muy importante: tenemos 2.000 vivienda en marcha y esperemos que para 2030 podamos activar otras 6.000”.

EL CURSO REUNIÓ A UNA TREINTENA DE PROFESIONALES DEL SECTOR INMOBILIARIO,
ADEMÁS DE AUTORIDADES, JURÍSTAS, ACADÉMICOS Y MIEMBROS DEL NOTARIADO

Por su parte, la directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, Idoia Otaegui, remarcó que «el problema de la vivienda en España se agrava con el paso del tiempo y sin un giro claro de las políticas públicas resulta muy complejo encontrar una solución”. Y puso en valor la organización de iniciativas como este curso: “Ante esta realidad, y gracias al impulso de Fundación Notariado, abrimos diálogos que pueden ayudar a encontrar soluciones a esta problemática, escuchando a todos los agentes implicados en la materia».

“La explicación será tan compleja que será muy difícil aclarársela a la gente”, así de contundente es Eloy S. Sanz Pérez, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en tecnología energética. “Lo que me he encontrado en las explicaciones que he visto durante este tiempo es que cada uno busca la justificación que más le convence. Si en los días anteriores al apagón estaba el que no apoyaba a la energía nuclear, después del apagón aseguraba que la solución hubiera sido contar con más energía nuclear y así con el resto de energías”. Lo que está confirmado es que no fue un ciberataque. El caso es que tanto Eloy Sanz como otros expertos con los que hemos hablado nos comentan que no es tan importante de dónde procedía la energía, sino el desajuste del sistema eléctrico ibérico entre lo que demanda y lo que necesita y sobre todo por qué hizo caer toda la red sin que pudiera ser aislado.

LA ENERGÍA NO SE PUEDE ALMACENAR. POR TANTO, HAY QUE ESTAR BUSCANDO CONSTANTEMENTE EL EQUILIBRIO ENTRE LO QUE PRODUCE Y LO QUE SE CONSUME

Equilibrio permanente. Si algo descubrimos en el apagón que afectó a toda España y Portugal durante al menos unas 10 horas, que en algunas zonas llegó a ser de 18, es que hay una inmensa maquinaria que tiene que estar en un permanente equilibrio entre lo que demandamos de electricidad y lo que se produce. Para empezar, la electricidad se genera desde diferentes fuentes; es lo que se conoce como “mix energético” porque en realidad es una mezcla de muchas. En 2024 los ingredientes de la producción eléctrica en España fueron la eólica (23,2%), nuclear (20%), solar fotovoltaica (17%), ciclo combinado (13,6%) e hidráulico (13,3%) y el resto (12,9%) procedió de la quema de carbón o fuel u otras fuentes renovables. Es decir, casi el 57% de la energía fue renovable poniendo a España a la vanguardia de Europa. La renovable es cada vez mayor porque además es mucho más barata. Toda esa electricidad la generan, en su mayoría, empresas privadas. Las más importantes son: Iberdrola, Endesa, y muy por detrás de ellas Naturgy y EDP, pero hay muchas más. Después, consumidores y productores se ponen de acuerdo en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista). Por último, como señala Jorge Sanz, director asociado de la consultora Nera, “ese mix pasa entonces a Red Eléctrica (REE) que, como operador del sistema, introduce las modificaciones para que la generación sea compatible con el diseño de la red y con la garantía de suministro”.

Toda esa energía se reparte a través de una red de alta tensión de casi 45.500 kilómetros de la que se encarga Red Eléctrica. Después pasa a las redes de media y baja tensión de las que se ocupan de nuevo las empresas productoras como Endesa, Iberdrola, etc. Las conexiones para su reparto se hacen a través de “nodos de control” o de interconexión que son los que se encargan en tiempo real de ver cómo funciona el sistema y avisar si hay desajustes. Por último, están los trasformadores urbanos, que bajan la corriente de media tensión, (unos 20.000 V), a baja tensión (400/230 V) para ser utilizada por los consumidores.

EXISTEN DISPOSITIVOS COMO LOS COMPENSADORES SÍNCRONOS QUE ESTABILIZAN LA FRECUENCIA DE LA EÓLICA Y FOTOVOLTAICA, PERO DE MOMENTO NO SON OBLIGATORIOS

Oferta y demanda. El caso es que la energía no se puede almacenar. Hay algo parecido a baterías gigantes que son las hidroeléctricas de bombeo. Por tanto, hay que estar buscando constantemente el equilibrio entre lo que se produce y se consume. Simplificando mucho. Imagine que los cables son tuberías. Si no les entra agua de los grandes colectores no le saldría del grifo, pero si entra un torrente de golpe le rompería las tuberías. Pues con la electricidad, igual. Si hay mucha, el sistema se satura y se apaga, y si hay poca también se apaga. La balanza entre oferta y demanda tiene que estar equilibrada. En el agua la ventaja es que puedo almacenarla en un embalse, pero la energía eléctrica no. No existen baterías gigantes como edificios. Si las hubiera sería fácil manejar el sistema. Como señala Eloy S. Sanz: “Red Eléctrica va equilibrando el consumo a cada instante”. De todas formas y como explican Jorge Sanz y otros expertos, el exceso de energía que produjo la sobretensión fue la “energía reactiva”. También se le llama “energía fantasma”. La absorben algunos equipos eléctricos de la red y luego la devuelven. Es decir, no supone un consumo en sí, pero sí que supone un esfuerzo para el sistema eléctrico porque lo sobretensiona. En resumidas cuentas: no había equilibrio.

Lo que ya sabemos. Ninguno de los expertos a los que hemos consultado recuerda un apagón en el mundo de semejante tamaño: toda la Península Ibérica. Menos aún sin causas externas como pueden ser tormentas tropicales o un ciberataque, como se comentó al principio. Así pues, la culpa está entre las empresas que producen la energía y la que la reparte: Red Eléctrica.

Al comienzo se habló de que 15 gigavatios (60% del consumo) desaparecieron de repente, pero no es así. Como señala Jorge Sanz: “La hipótesis con mayor verosimilitud explica la desconexión de la red de varias centrales de generación de forma simultánea por una sobretensión en las líneas eléctricas a las que están conectadas. Las centrales se desconectan para evitar que la sobretensión averíe sus equipos de generación. Presumiblemente, el origen de la sobretensión se debe a un mix de generación excesivamente arriesgado, con demasiada generación asíncrona (eólica y fotovoltaica) y muy poca síncrona (hidráulica, nuclear y gas natural). La generación síncrona contribuye a controlar la tensión; la asíncrona, no”.

Sin embargo, como nos señala Diego Rodríguez, catedrático de economía aplicada y experto en energía de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) existen dispositivos como “los compensadores síncronos que estabilizan la frecuencia de la eólica y fotovoltaica”. Es decir, son el puente de una energía 100% renovable a una red estable. La pregunta es clara: ¿Por qué no se instalan estos dispositivos en todos los centros de renovables? “Porque, de momento, no son obligatorios y pueden costar millones de euros. Como esos hay otros sistemas, como las reactancias para el control de tensión que ayudan a mantener la estabilidad de red, especialmente ante el despliegue de las renovables o también en sistemas aislados como en las islas. Sin embargo, a las empresas legalmente no se les exige tenerlos. Esto se incluye en la planificación de red de transporte que depende del Gobierno y abarca un periodo de seis años. En esa planificación se establece, por ejemplo, que se requiere un refuerzo de la red porque en una zona va a instalarse un centro de datos electrointensivo o una línea de AVE”, señala el investigador de FEDEA. Pero las cosas empiezan a cambiar. Para empezar, la CNMV aprobó el 12 de junio la revisión de normas técnicas para dotar a las estaciones renovables de esos “elementos de control” de la tensión, que hasta ahora solo se exigían a las centrales convencionales, y como pagar ese servicio extra a los productores. Coincide con las recomendaciones del informe del Gobierno publicadas el 17 de junio sobre el apagón. Pero eso tardará bastantes meses, como apunta Diego Rodríguez: “Las empresas productoras las instalan pero luego hay que certificar que eso funciona realmente”.

ES NECESARIO TENER ACOPLADO AL SISTEMA ELÉCTRICO SUFICIENTE CAPACIDAD DE CENTRALES QUE AYUDAN A REGULAR EN MICROSEGUNDOS LA FRECUENCIA Y TENSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

¿Cambiar el modelo? Jorge Sanz es categórico: “La lucha contra el cambio climático debe seguir siendo una prioridad en Europa. Además, las renovables eléctricas (eólica y solar fotovoltaica) son la forma más barata de descarbonizar”. De hecho, como señala Diego Rodríguez: “España ha funcionado otros días con más energía renovable que cuando el apagón. El asunto crítico es hacerlo compatible con la estabilidad de la red, evitando grandes desviaciones. Para ello es necesario tener acoplada al sistema eléctrico suficiente capacidad de centrales que ayudan a regular en microsegundos la frecuencia y tensión del sistema eléctrico en caso de desajustes. En algunas ocasiones basta con que estén conectadas, aunque funcionen al “mínimo técnico”. Es como si estuvieran al ralentí, por hacer el símil de un coche, ya que entonces pueden acelerar rápidamente. Hablamos de una respuesta de microsegundos. Es decir, no hay orden verbal de nadie, sino que es un proceso automático. Esa previsibilidad solo te la pueden dar los generadores convencionales, centrales de ciclo combinado, hidroeléctricas o termonucleares. Los molinos y los paneles no te pueden asegurar eso, ni siquiera para plazos más largos, como, por ejemplo, media hora, porque dependen del viento y del sol que haya”. Así pues, para controlar los desvíos de tensión hay tener centrales conectadas a modo de “por si acaso”. Como señala Diego Rodríguez, la duda es: “¿Había suficientes centrales convencionales acopladas al sistema?”.

LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) PUEDE IMPONER SANCIONES DE HASTA 60 MILLONES DE EUROS O RETIRAR LICENCIAS

¿Cortocircuito de investigaciones? Hay varias investigaciones en marcha: la parlamentaria en el Senado, que se pactó entre PP y PSOE; otra judicial, la del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional. También hay una de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (Entso-E) y, por supuesto, la del Gobierno. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen repartió culpas entre REE y las operadoras. Estas, por no aportar la tensión que debían y a REE por no prever centrales suficientes en caso de que hubiera fallos. Lo resumió en que “fue un fenómeno de sobretensiones, una reacción en cadena, desconexiones de generación que a su vez provocaron nuevas desconexiones”. Según el Gobierno, el día anterior al cero absoluto REE ordenó a diez centrales que estuviesen listas para suministrar tensión en caso de que hubiera fallos en otras, pero una de estas centrales de respaldo falló y no se exigió una sustituta. Tras el informe del Gobierno, REE dijo que la culpa no fue suya sino de las compañías eléctricas porque incumplieron sus propios controles. Además, criticó la opacidad de estas a la hora de dar información.

LA MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SARA AAGESEN HA REPARTIDO CULPAS ENTRE RED ELÉCTRICA Y LAS OPERADORAS. REE CONSIDERA QUE LA CULPA FUE DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

Otra investigación es la que lleva la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). ¿Quién tiene la última palabra? La CNMC puede imponer sanciones de hasta 60 millones de euros o retirar licencias. En cualquier caso, la última palabra la tendrá la investigación judicial que es a la que los afectados por el apagón acudirán. Se estima que los perjuicios están valorados entre los 600 y 2.000 millones de euros. También está el daño que puede provocar a la reputación de nuestro país para futuras inversiones de industrias.

Al pintar el cuadro de la economía española tenemos una paleta con algunos colores muy alegres, como el de la OCDE (La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, con sede en París) que en su última revisión nos coloca entre las economías más avanzadas y que más crecerán este año. El FMI (Fondo Monetario Internacional), en la misma línea, nos otorga un aumento del IPC del 2,5% para este ejercicio y del 1,8% en 2026. ¡Muy cerca de la media del G20 y muy por encima de la media europea! Sin embargo, la misma OCDE nos oscurece el panorama, porque somos el país desarrollado en el que más ha aumentado la deuda. Y ya sabe, toda deuda, tarde o temprano, hay que pagarla. De hecho, el FMI nos insta a mejorar la eficiencia en el gasto público para reducirla.

AL PINTAR EL CUADRO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA TENEMOS UNA PALETA CON COLORES ALEGRES, COMO EL DE LA OCDE QUE NOS COLOCA ENTRE LAS ECONOMÍAS MÁS AVANZADAS

Así nos ven en el exterior. A pesar de todo, nuestros vecinos nos ven con buenos ojos. La prestigiosa revista The Economist dice que España es la economía que mejor se comportó en 2024. Ahora bien, unas pinceladas de gris: ¿Qué pasará cuando se acaben en 2026 las ayudas europeas que recibimos? ¿O si se desinfla el motor del PIB que es el gasto público? Este se alimenta de los impuestos de una economía basada en un sector tan volátil como el turismo. Y sabemos que es lo primero que se recorta en una crisis, aunque hay excepciones como la “diverflación” (divertirse y no ahorrar). No ayuda que tengamos una producción industrial que según el INE (Instituto Nacional de Estadística) ha caído un 1,9%. Menos mal que el déficit público lleva cuatro años a la baja, porque aún queda otro color gris que añadir en la paleta: la política arancelaria de Estados Unidos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) advierte de que los aranceles de Trump podrían restar hasta 8.000 millones de euros al PIB español en 2025. En este sentido, José Manuel Maneiro, profesor de Economía en la Universidad CEU, señala que nos afecta en “temas agrícolas y componentes de automóviles, pero mucho menos que a los países de nuestro entorno. Ahora bien, si a los turistas de esos países les va mal, dejarán de venir de vacaciones aquí”. Parecida opinión tiene el profesor José María Labeaga, catedrático de Economía en la Universidad a Distancia (UNED). Así podemos seguir todo el reportaje, dando pinceladas claras y oscuras sobre la economía, para que al final nos quede un cuadro abstracto y que cada uno interpreta de forma diferente. Se denomina ‘la Gran Divergencia’: por un lado, está lo que dicen los indicadores económicos; por otro, la percepción ciudadana. Según un informe de Funcas (centro de análisis económico), apenas el 20% de los encuestados evalúa positivamente la situación económica del país. El resto cree que España va mal. Sin embargo, cuando se le pregunta por su situación personal, paradójicamente, el 51% de los encuestados afirma que les va bien. Este contraste subraya la existencia de «un divorcio» como nunca entre la realidad objetiva y la percepción colectiva, y tiene que ver con la ideología.

Cuidado con los datos. La deuda pública es lo que debe un Estado. Junto con los impuestos es la forma de conseguir dinero para pagar al sector público (funcionarios, hospitales, escuelas…). Pues bien, la deuda de España en 2024 superaba levemente a todo lo que produce el país en un año: un 101,8% del PIB; en euros, 1,62 billones. Si vemos las cifras de 10 años atrás (2014) debíamos 1,09 billones, es decir 530.000 millones de euros menos. A simple vista, antes estábamos mejor. Sin embargo, el porcentaje de deuda respecto al PIB era del 104,4%, mientras que en 2024 es el 101,8%. Es decir, en 2014 el déficit (diferencia entre ingreso y gasto) era mayor en un 2,6%. Como señala Maneiro, “este es el dato clave. Lo que nos importa es la deuda en relación a lo que producimos. Si alguien debe 5 y gana 10 tendrá un mayor problema que otro que debe el doble, 10, pero gana 30. Pagará más el último, pero irá más desahogado y reducirá antes la deuda. Si la economía crece más que el déficit, la deuda se irá reduciendo. Lo importante es que la deuda esté bien estructurada, y que no se concentren sus pagos en un solo momento. Por eso no veo la deuda como un problema tal y como vamos creciendo”. De hecho, como apunta Labeaga: “Los mercados de deuda no nos están penalizando” porque ven que podemos pagar, ya que nuestro déficit se va aminorando. De hecho, señala el catedrático de la UNED: “El crecimiento del PIB en España será de los más altos del mundo aparte de China, India y algún país del Sudeste asiático”.

Nuestra vitamina. El Banco de España en su último informe de proyecciones macroeconómicas afirma que el gasto público supuso en 2024 el 27% del crecimiento del PIB; en 2023 llegó hasta el 39%. En los países europeos el gasto público ha sido importante, pero no tanto.

Sin embargo, la inversión empresarial en nuestro país sigue en niveles prepandemia, una anomalía respecto a Europa. Que las empresas no inviertan significa que tienen dudas sobre el futuro. En el otro lado, como explicábamos antes, en 2024 volvimos a batir el récord en gasto público: 722.846 millones, un 7,3% más que el año anterior . ¿Y esto es positivo? Pues depende. Es lo que los economistas como Labeaga llaman el efecto “el multiplicador”. Depende de cuánta riqueza genera el euro que se gasta. Por ejemplo, hacer carreteras facilita que se muevan productos. Incluso la sanidad permite que el que conduce el camión no caiga enfermo y siga transportando. Maneiro señala que “el gasto público es productivo. Porque esa inversión retornará en unos años. Por ejemplo, con la transición energética hacia fuentes amigables con el medio ambiente, tendremos una ventaja competitiva con países como Alemania, que dependen del gas ruso. España no tiene petróleo, con lo cual esa inversión ya no sólo es una cuestión ambiental, sino estratégica. Lo importante es que haya un plan de país a largo plazo, pero con la polarización política de ahora es difícil. Taiwán lo hizo y se convirtió en el mayor productor de chips del mundo”.

El caso es que ese gasto tiene un efecto en la recaudación en impuestos. Desde 2018 ha aumentado un 43%, mientras que el PIB solo ha subido un 22% y el empleo un 9%. En otras palabras: se recauda mucho más sin que la economía crezca en la misma medida . Por ponerlo en cifras concretas, cada ciudadano paga hoy, de media, 2.627 euros más al año en impuestos que en 2018.

LA MISMA OCDE OSCURECE EL PANORAMA PORQUE SOMOS EL PAÍS DESARROLLADO EN EL QUE MÁS HA AUMENTADO LA DEUDA

De lo macro a lo micro. Aunque la macroeconomía va bien, la desigualdad también. El último informe de 2024 de convergencia social de la Comisión Europea (Country analysis on social convergence) señala que España es de los países más desiguales de Europa. Pese a ser la cuarta economía de la Unión Europea y la que más crece, es el quinto país con más desigualdad en renta disponible (la que queda para consumo y ahorro tras pagar impuestos) tras Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía. El 20% más rico de la población tiene unos ingresos 5,5 veces superiores a los del 20% más pobre, según los últimos datos de 2023.

El catedrático de economía Labeaga señala que “buena parte del crecimiento se ha ido a beneficios de la empresa”. De hecho, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las compañías que cotizan en bolsa ganaron un 20,8% más que el año pasado (73.112 millones). El informe del BBVA ¿Cómo nos ha hecho más pobres la inflación? señala que, desde inicios de 2020, la pérdida de poder adquisitivo, medida por el aumento en el Índice de Precios al Consumo (IPC), ha sido de casi un 20%. Es decir, la subida de salarios no ha compensado la de los alimentos, que ha crecido un 35,5% en los últimos tres años según un informe de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Así lo resume Labeaga: “Se ha perdido poder adquisitivo por la subida de los precios de la comida y la vivienda. Eso ha sido terrible para los hogares pobres”.

2024 tuvo una tasa de riesgo de pobreza del 19,7%, según el Instituto Nacional de Estadística. Aunque es la más baja desde que se empezó a recopilar la información, no deja de asombrar que, en España, 9.495.000 ciudadanos sufrieran riesgo de pobreza en el último año. Todas estas cifras vistas en papel quizá no le digan nada. Así que nos ponemos en contacto con Begoña Fernández, coordinadora de solidaridad del comedor social de San Juan de Dios de Ciempozuelos (Madrid). Nos presenta a Fatin, madre soltera de un hijo adolescente. La acompañamos a su piso, que está pintado por trozos porque “no tengo dinero para pagar toda la pintura a la vez”. Emocionada, nos confiesa que se le ha roto la vitrocerámica y “no puedo comprarme una. Gano 1.080 euros netos al mes (el bruto del salario mínimo son 1.184 euros) como moza de almacén. Esta casa de dos habitaciones me cuesta 600 euros de alquiler. Así que me quedan 480 euros. Entre gastos fijos: abono transporte, luz, agua, teléfono, etc. me quedan unos 150 euros para el resto del mes”. Por eso, confiesa que necesita de la ayuda de San Juan de Dios para material escolar, de limpieza o incluso comida. “Hace años que no salgo fuera a tomar un café”, asegura con voz temblorosa. Su dictamen es tajante: “Trabajo, pero soy pobre, sobrevivo”. El ejemplo de Fatin pone cara a un problema estructural de nuestra sociedad: el coste de la vivienda, que se lleva más de la mitad de sus ingresos.

Amenazas. Así que, pese al aumento del gasto público, hay problemas que amenazan el futuro, como la vivienda. Sin ella no se forman familias que tengan hijos y que paguen las pensiones futuras. Porque uno de los mitos más falsos y extendidos es el de que el pensionista de ahora cobra el dinero que dio en cotizaciones mientras trabajaba. Lo explica Ángel de la Fuente, director del centro de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea): “No existe producto financiero que aportando el dinero que se daba mientras trabajabas, te devuelva tal beneficio como el de la pensión”. La jubilación es una solidaridad intergeneracional. Y tanto, según últimos datos de la Seguridad Social, los nuevos jubilados tienen una pensión media (1.761 euros) más alta que los salarios medios de los menores de 34 años (1.672 euros). Sí, el pago de pensiones es la partida más grande de los presupuestos generales del Estado. Como señala Ángel de la Fuente, “si esa partida sube cada vez más, es dinero que se detrae de otras partidas”. Ningún partido se atreve a reformar el sistema de un gasto público que representa el 42% de todo el Estado. Y subiendo.

Así que, aunque sea por puro interés económico, necesitamos casas para formar familias. Pero como señala Labeaga: “España tiene poca vivienda pública en comparación con Francia o Gran Bretaña. El caso es que nuestro modelo productivo basado en el turismo deriva esas viviendas al alquiler residencial”. De hecho, un estudio de la Universidad de Málaga señala que el turismo aumenta en un 33% el precio de un alquiler de larga temporada. Sin embargo, el turismo es el principal motor del PIB de nuestro país, representa el 13%. Así que, como señala José Manuel Maneiro “hay que hacer una transición hacia otro tipo de actividades. Porque el turismo barato genera sueldos baratos”. Y así nos encontramos con camareros que no pueden vivir en los centros de las ciudades en las que trabajan, como Málaga o Ibiza. El turismo es el sector que más empleo genera, el 12,7% de todos los afiliados. Es decir, 2,68 millones de trabajadores . Sin embargo, la gran mayoría son de baja cualificación, como los camareros. Por otro lado, según el FMI, España es la economía “avanzada” en la que más han crecido las vacantes en trabajos digitales desde 2019. El 57% de los puestos de este sector no se cubren. Así que, ¿qué pasará cuando llegue definitivamente el invierno demográfico, sin nuevo modelo productivo que aporte más valor al sol y playa? Eso es otro cuadro para otro reportaje. Pero los primeros trazos ya se los hemos mostrado.

El mismo 31 de octubre, los colegios notariales, liderados por el de la Comunidad Valenciana, donde el impacto de este fenómeno atmosférico fue mucho mayor, activaron un servicio de búsqueda, expedición y entrega gratuita de las copias de las escrituras públicas de sus propiedades perdidas como consecuencia de dichas inundaciones. “Organizar el servicio no fue complicado porque teníamos la experiencia de otros momentos difíciles vividos. En 2024, cuando se produjo el incendio en el edificio de Campanar, la gente abandonó sus casas y no se llevó las escrituras; en ese momento también actuamos. Cierto es que las consecuencias de la dana han tenido mucha más magnitud”, explica Salvador Alborch, notario jubilado que, en Valencia, lideró el servicio de atención a los ciudadanos afectados.

Además del servicio dedicado a la búsqueda de documentación perdida y a proporcionar asesoramiento adaptado a cada usuario, en los tres meses posteriores a la dana, se gestionaron más de 11.000 actas notariales gratuitas en total, para facilitar a los ciudadanos la tramitación de reclamaciones y solicitudes de ayuda por daños en propiedades y vehículos. “Inicialmente hubo que habilitar un servicio de ayuda en todo el distrito y provincias para que los notarios pudieran desplazarse a realiza las actas. Lo que sucedió es que el volumen era tal que no daban abasto. Por ello se aprobó una norma, el Real Decreto ley 6/24 del 5 de noviembre, que amparaba la realización de actas telemáticas con una serie de diferencias a las actas normales”, señala Salvador Alborch.

Notarías afectadas. Las notarías, como otros establecimientos y viviendas de las localidades más afectadas, sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Sobre todo, las ubicadas en las localidades de Albal, Aldaia, Benetúser, Catarroja o Guadassuar, entre otras. Ignacio Núñez Echevarría, notario de Aldaia explica su experiencia y señala cómo “afortunadamente mis trabajadores y yo no tenemos que lamentar daños personales, pero la oficina notarial fue literalmente arrasada por la riada”. Por su parte, Pilar Samper, notaria de Benetússer, señala que por suerte “ese día cerramos pronto y no vivimos el momento angustioso de la llegada de la avalancha de agua”. No fue así en el caso de la notaría de Mónica Piqueres, en Guadasuar, que recuerda que “por asuntos personales, habíamos aplazado las firmas de la tarde al día siguiente. Desafortunadamente, una de las empleadas se encontraba en el interior del local. Fueron momentos de verdadera angustia, hasta que conseguimos el teléfono de un vecino del edificio que pudo rescatar a la oficial con la ayuda de otros vecinos, cuerdas y escaleras”. Según Piqueres “el agua y el barro arrasaron absolutamente todo lo que alcanzaron, hasta la altura de poco más de un metro. No obstante, el sufrimiento que experimentamos tratando de socorrer a la oficial me hizo relativizar la importancia de los daños materiales, que pueden resultar insignificantes frente a los personales”.

Atención personal. Los tres notarios consultados coinciden en que, en momentos así, era imprescindible hacer todo lo posible para asesorar y ayudar a los damnificados. “Desde la notaría somos especialmente sensibles a los daños tanto personales como materiales que han sufrido nuestros vecinos, volcándonos en el asesoramiento en las materias de nuestra competencia y dando prioridad a todas las actuaciones que sean precisas para que puedan recibir con la mayor celeridad posible las ayudas que son tan necesarias en estos momentos”, señala Ignacio Núñez. Para Pilar Samper “la dana exige del notario afectado un esfuerzo extra. Debemos escuchar a nuestros convecinos y empatizar con su dolor, ayudarles en la recuperación de sus escrituras e infundirles ánimo”. Según Samper “también ha desplegado un esfuerzo extra el Colegio Notarial de Valencia e incluso notarios de todo el territorio nacional, realizando las actas” y ella, señala, ayuda personalmente “a la asociación de comerciantes afectados en la redacción de documentos”.

Según relata Mónica Piqueres, tras la catástrofe se acercaron muchos usuarios a la notaría provisional que pudo acondicionar una semana después del paso de la dana: “Muchas personas, más que encargar una gestión, necesitaban ser escuchadas y que alguien les ayudase en trámites que quedaban fuera del ámbito notarial pero igualmente acudían a su notaria de confianza para buscar apoyo”. “En ese entorno de humanidad y solidaridad, me resultaba reconfortante ayudar a los demás en la medida que podía, y ello también me ayudó a superar esta situación traumática”, explica.

Jornadas informativas. El Colegio Notarial de Valencia celebró en enero una jornada informativa para todos los vecinos y empresarios afectados por los efectos de la dana, a su paso por las diferentes poblaciones de la provincia de Valencia, con el objetivo de poder ampliar el asesoramiento prestado a la población damnificada sobre la gestión de las ayudas y medidas fiscales aprobadas.

El decano del Colegio Notarial de Valencia, José Carmelo Llopis, y el censor 1º de su junta directiva, Eduardo García Parra, fueron los encargados de inaugurar esta jornada, organizada tres meses después de la catástrofe, para seguir auxiliando a la población y para que sirviera de altavoz de la ayuda que necesitan los afectados para que no caiga en el olvido con el paso del tiempo.

El director del Instituto Valenciano de Estudios Notariales (IVEN) del Colegio Notarial de Valencia, Gonzalo Cano, fue el moderador de este encuentro en el que participaron representantes de la Agencia Tributaria; del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, y expertos financieros y de ingeniería hidráulica con el objetivo de explicar a los ciudadanos a qué organismos o entidades dirigirse para solicitar las ayudas.

ALGUNAS DE LAS NOTARÍAS MÁS AFECTADAS POR LA DANA FUERON LAS DE LAS LOCALIDADES DE CATARROJA, ALDAIA, ALBAL, GUADASSUAR O BENETÚSSER, ENTRE OTRAS

En su intervención, Gonzalo Cano anunció que el Notariado ya había gestionado más de 11.000 actas notariales gratuitas de los daños sufridos en inmuebles, vehículos o empresas, para poder ayudar a la población afectada a tramitar sus reclamaciones o ayudas. Actualmente el Colegio Notarial de Valencia, como el resto de las notarías de la provincia, siguen ayudando a la población afectada para que puedan disponer de forma gratuita de las copias de las escrituras de sus propiedades perdidas por la riada.

Colaboración profesional. Asimismo, para explicar las diferentes medidas fiscales nacionales y autonómicas aprobadas tras la dana, la jornada contó con la participación de la directora general de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz Español; y del inspector de Hacienda en la AEAT, Lluís Meseguer; que trasladaron a los asistentes cómo pueden acceder de forma rápida a toda la información sobre las ayudas aprobadas hasta el momento, a través del enlace disponible en la página web de la ATV, así como las bonificaciones respecto al IRPF y al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. “En la web de la Agencia Tributaria Valenciana están disponibles todas las medidas implementadas para paliar los efectos negativos de la dana, tanto estatales como autonómicas o locales, privadas o públicas, para que la ciudadanía las pueda conocer y solicitar, como es el caso de las ayudas aprobadas por el Consell por vehículo siniestrado, que se tramitan desde la ATV, y que en solo cuatro días hubo 57.000 citas previas concertadas”, aseguró Díaz Español en su intervención.

DE NOVIEMBRE A ENERO SE GESTIONARON
MÁS DE 11.000 ACTAS NOTARIALES GRATUITAS, SIENDO ACTUALMENTE 12.000 LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR NOTARIOS DE TODA ESPAÑA

Por su parte, el director de la asesoría jurídica de Comunidad Valenciana y Región de Murcia de CaixaBank, Juan Blasco, fue el encargado de analizar las medidas financieras existentes para los afectados, como la Moratoria Legal (artículos 31 a 40 del Real Decreto Ley 6/2024, modificado parcialmente por el RDL 7/2024). “La moratoria es la suspensión de obligaciones de pago, previa petición de los clientes financiados”, explicó Blasco. También hizo alusión a las Líneas de Avales ICO dana (arts 29-30bis RDL 6/2024) que ponen en el mercado las entidades financieras y que tienen el aval del Ministerio de Economía; y las Líneas de Financiación Afianzadas por Sociedad de Garantía Recíproca de la CV, AFIN-SGR que permiten a los clientes que necesitan liquidez la obtención de financiación subvencionada en lo que concierne al tipo de interés.

EL COLEGIO Y LAS NOTARÍAS DE VALENCIA
SIGUEN AYUDANDO A LA POBLACIÓN
PARA QUE PUEDAN DISPONER DE FORMA GRATUITA DE LAS COPIAS DE LAS ESCRITURAS

Ayudas nacionales y autonómicas. La sesión también contó con la experiencia del vicepresidente del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia, Juan Carlos Cortell, que puso de relieve el trabajo realizado por todos los gestores administrativos en las zonas afectadas para trasladar a la población las ayudas concedidas por la Administración General del Estado, a través del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de noviembre, de ayudas por fallecimiento, así como por viviendas y establecimientos dañados; además de lo establecido en el Real Decreto-ley 7/2024 de 11 de noviembre, referente al suministro de electricidad y gas natural, que permitió la suspensión temporal, prórroga o modificación de los contratos, así como la posibilidad de aplazar el pago de las facturas.

La jornada concluyó con la intervención del catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politécnica de València, Ignacio Escuder, que explicó el fenómeno meteorológico adverso sufrido el pasado 29 de enero en las diferentes áreas de estudio de la provincia de Valencia, trasladando al foro asistente la planificación necesaria frente a inundaciones y las posibles obras futuras en las zonas afectadas.