Portal Estadístico del Notariado: certeza y fiabilidad

EN EL ESCAPARATE

La presentación del Portal Estadístico tuvo lugar el 23 de octubre en Madrid.

Portal Estadístico del Notariado:

certeza y fiabilidad

Redacción
¿Por cuánto puedo vender mi casa? ¿Cuánto cuesta un piso en mi barrio favorito? ¿Qué esfuerzo debo hacer para comprarlo? Responder a estas preguntas con información veraz, completa y actualizada es lo que permite el nuevo Portal Estadístico del Notariado, dedicado a la vivienda. Basándose en los datos contenidos en las escrituras de compraventas autorizadas ante notario, esta plataforma digital presenta los precios reales de la vivienda, no los de oferta, y lo hace de una manera visual e interactiva, con acceso gratuito y al alcance de todos.

El nuevo Portal Estadístico del Notariado fue presentado públicamente el pasado 23 de octubre por la presidenta del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo en el Espacio Fundación Telefónica ante más de un centenar de representantes del ámbito político, financiero, académico e inmobiliario. Entre los asistentes se encontraban María de los Llanos Castellanos, subsecretaria de Vivienda y Agenda Urbana; Esther Pérez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública e Isabel Borrego, presidenta de la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados.

Transparencia y compromiso

El nuevo portal constata el compromiso de servicio público del Notariado. Conscientes de que la vivienda es la principal preocupación de la ciudadanía, el objetivo de esta plataforma notarial es “aportar transparencia al mercado inmobiliario y contribuir con información fiable, detallada y actual a la toma de una decisión tan vital como la compraventa de una vivienda”, aseguró la presidenta del CGN.

El portal se nutre de información anonimizada contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, la gran base de datos del Notariado, segunda mayor en España, y que cuenta con más de 170 millones de documentos. “Queremos que cualquier persona, profesional o institución encuentre en este portal una fuente fiable para entender mejor la realidad de la vivienda en España”, señaló Concepción Pilar Barrio Del Olmo. “Todo lo que van a ver hoy aquí-continuó- resulta de los ingresos que percibimos, porque esos ingresos van destinados, aparte de retribuir a los notarios y a los 18.000 trabajadores que empleamos, a sostener los elementos personales y materiales necesarios para el adecuado desempeño de nuestra función. Esos ingresos también van destinados a sostener toda la estructura tecnológica del Notariado”.

La presidenta del Notariado también puso en valor la cercanía de los notarios, casi 3.000 repartidos por pueblos y ciudades de toda España. “Alrededor de 60.000 personas al día acuden a las notarías para ser asesoradas, aconsejadas, en definitiva, para ser atendidas. Y es que el Notariado tiene su origen ya milenario en la sociedad. Autorizamos en torno a 9 millones dnegocios jurídicos al año y firmamos con firma electrónica cualificada 30 millones de documentos. Me refiero también a comunicaciones o partes”.

Por último, hizo mención al desarrollo tecnológico alcanzado: “Me tengo que referir en primer lugar a la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, que estableció desde el 1 de enero de 2002 la obligación de tener firma electrónica cualificada, el mismo sistema telemático de emisión y remisión de información, y un sistema de interconexión entre todas las notarías. De hecho, la Sede Electrónica Notarial fue pionera en España. Todas estas herramientas están disponibles en todas las notarías. Da igual que sea una notaría en una gran ciudad como Madrid o en un pueblecito de la “España vacía”. Además, desde el 1 de enero del año 2004 los notarios tenemos que pasar a campos parametrizados los datos contenidos en las escrituras, actas y pólizas que autorizamos. Esa obligación genera los índices informatizados cada 15 días. Y esos índices informatizados generan el Índice Único Informatizado del Consejo General del Notariado. En torno a esta base se articula la colaboración del Notariado con las Administraciones Públicas; con todas las autoridades competentes en materia de blanqueo de capitales, como son, por ejemplo, jueces, fiscales, autoridades administrativas como la Policía Judicial o UDEF y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese índice único también nutre el portal estadístico que hoy presentamos”, concluyó.

Estadísticas de primer nivel

El portal está diseñado para facilitar la consulta y el análisis del mercado inmobiliario. Cuenta con un mapa de fácil navegación y muy visual para explorar y obtener los principales indicadores sobre la vivienda. Tras determinar un área de interés, permite filtrar por tipo de finca y construcción, y consultar el precio medio por m², la superficie media, el importe medio total y el número de compraventas realizadas en la zona seleccionada. Los datos ofrecidos se actualizan cada mes y ofrecen una visión de los últimos doce meses de actividad en el mercado. 

El director del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra, presentó, como muestra de la capilaridad y granularidad de los datos notariales, un análisis pormenorizado de la evolución de la vivienda de 2007 a 2025. Este estudio muestra como el precio medio €/m2 de la vivienda plurifamiliar ha aumentado un 3,6%, pasando de 2.077€ a 2.153€. Gracias a la información ofrecida, también se observa como España cuenta con una realidad dual, con una situación de precio muy diversa en función de la comunidad autónoma analizada.

Otros factores estudiados son la compra realizada por extranjeros y el acceso de los jóvenes a la vivienda. Las adquisiciones de compradores foráneos se han incrementado notablemente, pasando del 7,5% en 2007 al 20,1% en 2025. En cambio, la presencia de los jóvenes en el mercado se ha reducido de forma drástica: en 2007 representaban el 22,53% de las compraventas realizadas por la población de 18 a 30 años, mientras que en 2025 ese porcentaje desciende al 9,55%. 

 


ABIERTO A TODA LA CIUDADANÍA, ESTE PORTAL ES LA FUENTE MÁS RIGUROSA, COMPLETA Y ACTUALIZADA SOBRE EL MERCADO INMOBILIARIO


 

Durante su intervención, Martínez Lacambra mostró también, a través del mapa interactivo del portal, los datos más recientes sobre el precio por metro cuadrado. De enero a agosto de 2025, los precios de los pisos en España- vivienda nueva y segunda mano- se han incrementado un 8% respecto a 2024. Está situación se agrava en la capital del país, registrando Madrid un aumento de los precios del 15,2%. En otra gran ciudad como Barcelona la subida alcanza el 9,3%.

 “Este año empieza a ser preocupante el aumento de los precios de la vivienda, siendo urgente y necesario movilizar suelo público. La solución de las zonas tensionadas en la península pasa por mejorar el transporte público. En el caso concreto de Barcelona y Madrid, puede facilitar el acceso a viviendas un 50% más económicas.”, aseveró el director general del Centro Tecnológico del Notariado, entidad responsable del desarrollo del portal. “El portal permite seguir la evolución de estos factores, ofreciendo estadísticas completas de los últimos 12 años, además de indicadores sociodemográficos. Una información relevante y precisa de gran utilidad para el diseño y propuesta de políticas públicas de vivienda”, concluyó.

PARA SABER MÁS
Vídeo de lanzamiento del Portal Estadístico del Notariado.
Video sobre la situación del mercado de la vivienda.

Demostración sobre el uso del Portal.

Análisis sobre la evolución del mercado inmobiliario en España entre 2007 y 2025, elaborado con datos del Notariado.

Este portal es una plataforma pública desarrollada por el Consejo General del Notariado que ofrece información fidedigna sobre el mercado inmobiliario en España, basada en datos reales y actualizados que han sido extraídos de compraventas autorizadas ante notario. Una fuente oficial de consulta estadística gratuita que ayuda a tomar decisiones sobre la compraventa de vivienda.

De izquierda a derecha: José Carmelo Llopis, decano del Colegio Notarial de Valencia; Augusto Ariño, decano del Colegio Notarial de Aragón; Carmen Rodríguez, decana del Colegio Notarial de Murcia; María Ester Pérez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Concepción Barrio, presidenta del Consejo General del Notariado, y Leopoldo Martínez de Salinas, decano del Colegio Notarial de Castilla y León.
Alberto Martínez Lacambra.

CONCEPCIÓN PILAR BARRIO DEL OLMO:

“QUEREMOS QUE CUALQUIER PERSONA, PROFESIONAL O INSTITUCIÓN ENCUENTRE EN ESTE PORTAL UNA FUENTE FIABLE PARA ENTENDER MEJOR LA REALIDAD DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA”

Mapa interactivo

Se pueden consultar los precios reales de compraventas autorizadas ante notario en cualquier punto de España. Navegando por el portal es posible dibujar un área personalizada de búsqueda y acceder a estadísticas detalladas: precio por metro cuadrado, tipo de vivienda, superficie media y mucho más. También permite descargar gráficos comparativos para analizar la evolución del mercado con datos fiables y actualizados extraídos de la base de datos oficial del Notariado español.

Los datos ofrecidos se actualizan cada mes y ofrecen una visión de los últimos doce meses de actividad en el mercado.
Reconocimiento del Ministerio de Vivienda

Isabel Rodríguez García, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, intervino en el acto de presentación del nuevo Portal Estadístico del Notariado agradeciendo al Consejo General del Notariado “la oportunidad que me da para dirigirme a ustedes y compartir la importancia que le concedo a la transparencia, la información veraz como herramientas cruciales para abordar desde lo público el problema de la vivienda y sobre todo acertar en las soluciones. Por eso acogemos con los brazos abiertos esta iniciativa que habéis impulsado, que hoy ve la luz. Un portal estadístico para ofrecernos los datos clave de la situación de la vivienda de manera sencilla, de manera detallada, importante para administraciones públicas, pero también para académicos, para economistas… En definitiva, para todos aquellos que trabajamos en la resolución del problema”.

Fiable y práctico

Todos los datos ofrecidos son oficiales, están completamente anonimizados y se actualizan con una periodicidad mensual, lo que convierte al portal en una herramienta de referencia para conocer la evolución del mercado inmobiliario. Al seleccionar una zona de interés el portal permite acceder a estadísticas históricas y detalladas sobre la vivienda, así como a indicadores sociodemográficos como la edad media de los compradores, su nacionalidad, o los años de renta neta necesarios para la compra, entre otros. Además, ofrece acceso a calculadoras prácticas, por ejemplo, para estimar gastos de compraventa o para acceder a una hipoteca. También incluye guías útiles sobre servicios notariales, documentación, impuestos y pasos legales al comprar o vender un inmueble.

El Notariado en las pequeñas localidades

EN SOCIEDAD

El Notariado en las pequeñas localidades

FÁTIMA PÉREZ DORCA
Panorámica de Castropol.

Para mostrar la labor que los notarios realizan en el ámbito rural, el proyecto #NotariosRurales continúa este año su recorrido por las localidades más pequeñas de España.

En esta tercera edición, #NotariosRurales viaja hasta Castropol, un pueblo de 3.765 habitantes ubicado en Asturias en el que trabaja la notaria Mireya Cristina Martínez Badás: “Me encanta mi profesión y estoy muy feliz ejerciéndola aquí”. “La mayor satisfacción que tengo como notaria es ayudar a las personas. Por ejemplo, cuando llega alguien a la notaría con un problema que no le deja dormir es gratificante poder decirle: no se preocupe, lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a solucionar”, explica.

Este año, a través de entrevistas al alcalde, a la farmacéutica, a un ganadero de la zona, y a empresarios locales, se pone en valor el papel del Notariado como servicio público de proximidad. Así lo destaca también la decana del Colegio Notarial de Asturias, María Isabel Valdés-Solís: “Aunque las necesidades puedan ser distintas a las de las grandes ciudades, los notarios garantizamos el mismo servicio y tecnología también en pequeñas poblaciones”. “En Asturias somos 65 notarios repartidos por todo el territorio”, explica.

 


PARA MOSTRAR LA LABOR DE LOS NOTARIOS QUE EJERCEN EN PEQUEÑAS LOCALIDADES #NOTARIOSRURALES SE DESPLAZA ESTE AÑO A CASTROPOL (ASTURIAS)


 

Los protagonistas

Durante los videos, la notaria Mireya Cristina Martínez Badás, presenta a personas relevantes en la localidad, como al alcalde, Francisco Javier Vinjoy Valea, que asegura que para él “es muy importante tener una notaria en el pueblo para ayudar a la gente en todos los trámites administrativos en primera instancia y contar con una asesoría jurídica, imparcial, directa, accesible… Eso favorece mucho que la gente pueda realizar sus gestiones con facilidad sin necesidad de desplazarse a una gran ciudad”.

También participa Delfín Pérez García, ganadero en Castropol, que pone en valor la cercanía de los notarios en municipios pequeños, como es el caso de la localidad asturiana, y explica sus ventajas: “Le da prestigio a un pueblo que somos pequeños, que ya nos tienen un poco olvidados por todas partes, y tener a la notaria cerca es estupendo”.

Por su parte, la florista en Castropol, Pamela Pérez García, cuenta cómo la notaria le ayudó a poner en marcha su negocio. “Yo firmé con Mireya la póliza de la base de este proyecto. Fue ella la que la que me dio la oportunidad, entre comillas, de poder echar esto adelante”. En opinión de la farmacéutica, Toña Cotallo Cortina: “Tener la notaría cerca me parece que es un buen servicio a todos los niveles, para todas las personas del concejo y también de los concejos de alrededor”.

 


MIREYA MARTÍNEZ: “CUANDO LLEGA ALGUIEN A LA NOTARÍA CON UN PROBLEMA QUE NO LE DEJA DORMIR ES GRATIFICANTE PODER DECIRLE QUE LO VAMOS A SOLUCIONAR”


 

Finalmente, Álvaro Platero Díaz, presidente de Astilleros Gondán, señala que “en un pueblo pequeño haya un notario nos simplifica muchísimo las cosas. Primero porque tenemos mucha confianza y nos conocemos. Entonces, te ayuda, preguntas la legalidad de las cosas… Algunos lo utilizamos muchas veces. A veces incluso de consultor, para ver qué cosas podemos hacer y qué cosas no”.

Los actos más realizados

Según la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea “algunos de los actos más habituales en los pueblos son la adjudicación de herencias, las rectificaciones de superficie, los testamentos y las donaciones y, en menor medida, los expedientes de dominio o las actas de deslinde y subsanación de discrepancias”.

Barea explica que también se realizan “numerosas compraventas de fincas rústicas”. Durante el primer semestre de 2025 en España se compraron 64.022 fincas de este tipo. Los datos notariales siguen mostrando el interés de la sociedad por estas propiedades tras la crisis por el covid-19 ya que, desde 2020 todos los años se han superado las cifras de 2018 y 2019, previos a la pandemia.

 

Para conocer más sobre este precioso pueblo asturiano vaya a nuestra sección Al Encuentro.

Mireya Martínez Badás, notaria de Castropol.
Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán.
Francisco Javier Vinjoy Valea, alcalde de Castropol.
Toña Cotallo Cortina, farmacéutica en Castropol.
Delfín Pérez García, ganadero.
Pamela Pérez García con Mireya Martínez.
#NOTARIOSRURALES EN CASTROPOL

Capítulo 1: El latido de Castropol

Capítulo 2: A toda vela

Capítulo 3: Receta local

Capítulo 4: Esencia asturiana

Formalizar la pareja de hecho asegura derechos sociales y patrimoniales

EN SOCIEDAD

Formalizar la pareja de hecho asegura derechos sociales y patrimoniales

CARLOS CAPA
Muchos ciudadanos creen que basta con convivir y figurar empadronados juntos para tener reconocidos los mismos derechos que un matrimonio.

Sin una escritura pública en la que nos declaremos pareja de hecho ante notario o sin inscribirnos en un registro autonómico o municipal no tendremos derecho a recibir pensión de viudedad, por poner un ejemplo. Esta realidad pone de relieve la importancia de acudir a un notario para asesorarse y dejar formalmente constituida nuestra pareja.

Durante casi veinte años compartieron techo, gastos, proyectos y criaron dos hijos. A los ojos de cualquiera, eran una familia consolidada. Sin embargo, cuando la mujer falleció, el hombre se encontró ante una fría negativa administrativa: el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la pensión de viudedad, alegando que no constaba escritura notarial que acreditara la unión ni inscripción en ningún registro de parejas de hecho.

 


EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN HA CONFIRMADO QUE SIN FORMALIZACIÓN NOTARIAL O INSCRIPCIÓN EN UN REGISTRO DE PAREJAS NO HAY DERECHO A PENSIÓN DE VIUDEDAD


 

El caso terminó ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (sentencia 375/2025, de 10 de junio) que ratificó la posición del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La Sala sostuvo que la ley no deja margen a la equidad ni a la interpretación flexible: sin un acto formal de constitución, la convivencia, por prolongada y pública que sea, no crea derecho alguno a la pensión.

La clave jurídica reside en el artículo 221.2 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) que exige de manera expresa que para acceder a la pensión de viudedad la pareja de hecho o bien haya otorgado escritura pública con al menos dos años de antelación al fallecimiento o bien figure inscrita en un registro autonómico o municipal.

La documentación

El tribunal aragonés, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo (STS 480/2023, de 27 de junio; STS 161/2022, de 17 de febrero) basó su decisión en que ese requisito es de carácter constitutivo, no simplemente declarativo. Es decir, no basta con demostrar convivencia estable ni cargas familiares compartidas: el vínculo debe estar formalmente documentado. “El legislador ha optado por una prueba objetiva y verificable, evitando interpretaciones de hecho que podrían generar inseguridad o desigualdad de trato”, subraya la sentencia.

 


LAS PAREJAS DE HECHO QUE QUIERAN EQUIPARARSE A LAS CASADAS DEBEN DOCUMENTAR SU UNIÓN Y PLANIFICAR SUS EFECTOS SUCESORIOS Y PATRIMONIALES


 

Muchos ciudadanos creen que basta con convivir y figurar empadronados juntos para tener reconocidos los mismos derechos que un matrimonio. Sin embargo, el Derecho no se guía por la apariencia afectiva ni por la costumbre, sino por actos jurídicos válidos y probados.

La pareja de hecho es un modelo de convivencia asentado en la sociedad desde hace ya mucho tiempo, pero su aceptación social no se equipará a un reconocimiento jurídico de derechos que sí se otorgan a quienes han optado por la formalización de la relación afectiva. Así, el registro o la escritura pública no cambia el contenido de la relación, pero sí su reconocimiento ante terceros.

De todo ello se constata la conveniencia de formalizar la pareja de hecho ante notario mediante escritura pública, un procedimiento sencillo, económico y rápido, con efectos inmediatos ya que permite definir desde el inicio cuestiones esenciales de la relación como son la titularidad y uso de la vivienda; aportaciones comunes y patrimoniales; reglas para el sostenimiento de hijos; régimen económico de convivencia o provisiones sucesorias, incluidos legados o usufructos. Además, protege jurídicamente frente a terceros como bancos, seguros, Hacienda, hospitales o juzgados, equiparando su valor al de la inscripción administrativa a efectos legales.

Más allá de la pensión

La pensión de viudedad es solo uno de los ámbitos donde la falta de formalización puede tener consecuencias. En materia sucesoria, si la pareja no está inscrita ni ha hecho testamento, el conviviente sobreviviente no heredará nada por derecho propio, salvo que el fallecido lo hubiera dispuesto expresamente.

También hay consecuencias fiscales, ya que las ventajas en el IRPF o Impuesto de Sucesiones que disfrutan los cónyuges o parejas formalizadas no se aplican automáticamente a las parejas que no han formalizado su convivencia. Tampoco existen derechos de uso o protección de la vivienda común si pertenece solo a uno de los convivientes.

En el ámbito sanitario, los hospitales pueden negar el acceso a información clínica o consentimiento médico si no hay acreditación formal de la relación. Igualmente, en el ámbito laboral, los permisos por fallecimiento o enfermedad grave de la pareja solo se reconocen si consta en escritura pública o se ha registrado.

Regulaciones autonómicas

Las comunidades autónomas han regulado de forma dispar las uniones de hecho, bien en un pacto notarial que puede otorgarse mediante escritura pública de manera inmediata ante cualquier notario o bien mediante su registro. En ambos casos, el objetivo es dotar de certeza y efectos legales a la unión. La escritura notarial tiene la ventaja adicional de que permite, además de recibir el asesoramiento gratuito e imparcial del notario, pactar el régimen de separación, compensaciones económicas o previsiones en caso de ruptura, unas herramientas que los registros públicos no ofrecen.

 


MÁS ALLÁ DE LA PENSIÓN, LA FORMALIZACIÓN APORTA SEGURIDAD EN HERENCIAS, VIVIENDA, SEGUROS Y DECISIONES MÉDICAS O FISCALES


 

En cualquier caso, aunque en los últimos tiempos diferentes regulaciones han tendido a ir equiparando la pareja formalizada con el matrimonio, los efectos de ambas situaciones de convivencia no son idénticos. La diferencia esencial radica en que la libertad contractual en la pareja de hecho permite pactar todo, pero sólo lo que se pacta rige en la relación. No existen normas supletorias tan amplias como las que protegen a los cónyuges.

En cambio, en aspectos de Seguridad Social o prestaciones, la ley intenta establecer cierta equiparación, siempre condicionada a la formalización previa. Por eso, cuando esta falta, el vacío legal puede ser absoluto.

Proteger a la pareja

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), existen en España cerca de dos millones de parejas de hecho. Sin embargo, menos del 30% de ellas ha formalizado su relación ante notario o registro. Un informe confeccionado por el Centro de Información Estadística de Notariado (CIEN) muestra que el número de parejas formalizadas ante notario creció un 2.172% de 2007 a 2023, año en que los notarios autorizaron 36.307escrituras públicas de parejas de hecho.

La falsa sensación de igualdad con el matrimonio persiste y mucha gente no se casa porque cree que ya tiene los mismos derechos y eso no es cierto. Las diferencias son abismales cuando ocurre una desgracia: el amor no tiene formalidades, pero la ley sí.

La jurisprudencia ha consolidado la necesidad de formalización, pero el debate sobre si la ley debería ser más flexible con las parejas estables sigue vivo. El enfoque dominante en España apuesta por mantener el modelo formal que es el único que garantiza igualdad de criterios, seguridad jurídica y evita fraudes.

Formalizar una pareja de hecho no implica renunciar a la libertad ni a la espontaneidad; supone plasmar en derecho lo que ya existe en los hechos. El documento no otorga amor, pero protege su consecuencia jurídica.

Cada firma sobre una escritura de pareja de hecho es también un acto de previsión ya que, sin duda, la convivencia es una realidad emocional, pero la formalización, una necesidad jurídica.

No basta con demostrar convivencia estable ni cargas familiares compartidas: el vínculo debe estar formalmente documentado.

Dimensión social

La formalización de la pareja de hecho es esencial para garantizar derechos sociales, patrimoniales y para la seguridad jurídica. Aunque la convivencia sea prolongada y estable, sin un acto formal que lo acredite, no se reconocen derechos fundamentales como la pensión de viudedad o la protección patrimonial. Otorgar escritura pública o registrar la unión no solo protege a la pareja ante terceros, sino que evita inseguridades legales y ofrece tranquilidad en caso de crisis. La formalización es un acto de prevención indispensable.

PARA SABER MÁS

La Carpeta Ciudadana de la Administración General del Estado detalla requisitos y formatos para la formalización de las parejas de hecho.

Estudio académico sobre el derecho a la pensión de viudedad de las parejas de hecho. 

“La formalización de la pareja de hecho en escritura pública permite anticipar soluciones a los conflictos”, por Carmen Rodríguez

EN SOCIEDAD
CARMEN RODRÍGUEZ,
decana del Colegio Notarial de Murcia

“A través de la escritura pública la pareja puede decidir cómo organizar sus relaciones económicas con la garantía y seguridad que proporciona la intervención del notario"

La formalización de la pareja de hecho en escritura pública permite anticipar soluciones a los conflictos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en su sentencia 375/2025, ha ratificado la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de denegar la pensión de viudedad a un hombre que había convivido cerca de dos décadas con su pareja, con la que tuvo dos hijos y compartió vivienda, pero cuya unión no se había formalizado ni mediante inscripción en registro público ni en escritura pública. Esta tesis confirma la ya mantenida por el Tribunal Supremo en su sentencia del 24 de marzo de 2022, que denegó igualmente la pensión de viudedad a una mujer que había convivido más de treinta años con su pareja, con hijos en común, por la misma razón: la inexistencia de inscripción registral o de un documento público de constitución. Recordemos que el artículo 221.4 de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 38.4 del Real Decreto Legislativo 670/1987 (Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado) establecen que la acreditación de la pareja de hecho debe realizarse por una de esas dos vías anteriormente mencionadas.

La pareja de hecho puede definirse como la unión entre dos personas con una relación de afectividad análoga a la conyugal, del mismo o distinto sexo. Sobre este punto hay cierto consenso. Sin embargo, a partir de ahí, la ausencia de una regulación estatal global complica la cuestión, no sólo respecto a su definición, sino también a la forma de acreditar su existencia y, fundamentalmente, a los efectos que se le reconocen. A ello se suma la diversidad autonómica. En España hay comunidades autónomas con competencia en materia civil y otras no; y todas en mayor o menor medida han regulado sobre las parejas de hecho, las que no tienen competencia de manera más limitada. En aquellas que sí tienen competencia (Cataluña, Galicia, País Vasco, por ejemplo) los requisitos y efectos también difieren. Así, en Cataluña se considera pareja estable si se ha mantenido una convivencia de más de dos años ininterrumpidos, o si hay un hijo común o se formaliza en escritura pública, con atribución incluso de derechos sucesorios. En Galicia se exige la inscripción en el registro junto con la convivencia con vocación de permanencia y, sus efectos, también los sucesorios, se equiparan a los del matrimonio.

En los territorios que se rigen por el Código Civil no existe derecho sucesorio alguno para la pareja de hecho, a no ser que el testador lo prevea expresamente en el testamento, y ya hemos apuntado que no hay regulación global. Sin embargo, sí hay referencias a la pareja de hecho en varias leyes estatales. Ya hemos visto la legislación de la Seguridad Social y también la Ley de Arrendamientos Urbanos se refiere a la pareja de hecho. Así, la ley establece que para poder continuar en el arrendamiento el conviviente (en caso de desistimiento de su pareja) debe haber convivido con ella durante los dos años anteriores al desistimiento o debe haber dos hijos en común.

Junto con la normativa estatal, y la normativa autonómica, de aquellas comunidades con competencia civil, todas las comunidades autónomas suelen incluir normativas que atribuyen beneficios fiscales similares a los del matrimonio. Pero, de nuevo, los requisitos de constitución o acreditación difieren. Así ocurre por ejemplo en Murcia, por poner un caso, donde las parejas de hecho tienen los beneficios fiscales en materia del impuesto de sucesiones y donaciones que tienen los matrimonios y pueden acreditarse mediante inscripción administrativa, escritura pública o cualquier medio admitido en derecho. Pero pensemos que si esa acreditación no se ajusta a las exigencias estatales vistas para conceder la pensión (inscripción o escritura pública), el conviviente supérstite carecería de ella. Y en Murcia la pareja tampoco tendría derechos sucesorios como hemos apuntado. Este contraste muestra la complejidad del régimen: la legislación estatal pide unos requisitos para la acreditación de la pareja de hecho y para concederle así determinados beneficios, mientras que las normativas autonómicas pueden reconocer otros según su competencia (sucesorios, fiscales) y prever sus propios requisitos para constituirse.

En este contexto, resulta esencial asesorarse antes de constituirse como pareja de hecho, y una manera óptima es acudiendo a un notario, especialmente de la comunidad donde se pretenda formalizar. El notario informará de los requisitos exigidos en cada territorio, la forma de acreditación y los efectos jurídicos aplicables. Por ejemplo, y como hemos visto, en algunas comunidades autónomas la pareja de hecho tiene derechos sucesorios y en otras no, y esta circunstancia genera confusión entre los miembros de la pareja, más si pensamos en parejas pertenecientes a comunidades autónomas distintas, cada una con su regulación.

La decisión de constituirse en pareja de hecho no debe tomarse a la ligera. Conviene hacerlo con el adecuado asesoramiento para tener pleno conocimiento de los requisitos, de sus efectos y de qué opciones tiene la pareja según sus necesidades. A través de la escritura pública, la pareja presta su consentimiento de manera informada y puede decidir cómo organizar sus relaciones económicas, con la garantía y seguridad que proporciona la intervención del notario. Esta formalización permite, además, adaptar el régimen a las circunstancias personales de cada pareja y anticipar soluciones ante eventuales conflictos o rupturas.

La pareja de hecho no es, como su nombre podría indicar, una mera situación en la que se encuentran dos personas que conviven juntas en una relación de afectividad, es ya una decisión que debe ser tomada por los dos miembros siendo plenamente conscientes de las consecuencias que lleva consigo. Hay, por ello, que estar bien informado.  

Vivienda: del diagnóstico a la acción

EN EL ESCAPARATE

Vista aérea de San Sebastián.

Vivienda:
del diagnóstico a la acción

ALEJANDRO MOYA BLAY

La utilización de los datos extraídos de las escrituras notariales es clave para la articulación de políticas públicas y soluciones efectivas al problema de la vivienda en España. Esta es una de las principales conclusiones alcanzadas por los expertos que participaron en el curso Vivienda: del diagnóstico a la acción. Propuesta de solución para un problema apremiante, organizado por Fundación Notariado, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial del País Vasco, los días 16 y 17 de julio en el Palacio de Miramar de San Sebastián.

El curso reunió a cerca de una treintena de profesionales del sector inmobiliario, además de autoridades institucionales, operadores del sector jurídico, representantes del ámbito académico y miembros del Notariado. A lo largo de dos jornadas, se articularon distintas mesas de debate para encontrar soluciones a los importantes retos que afronta la vivienda en nuestro país: el desequilibrio entre la oferta y la demanda, las dificultades de acceso de los jóvenes, el mercado del alquiler o el impacto de la okupación, entre otros.

“Para abordar el problema con rigor es imprescindible disponer de datos objetivos, actualizados y completos. La fuente más precisa es el Índice Único Informatizado Notarial, con aproximadamente 25.000 millones de datos de más de 160 millones de documentos notariales”, señaló la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, en la inauguración del curso. La presidenta destacó la importancia y el valor de los datos notariales, extraídos de las escrituras públicas, para la adopción de soluciones adecuadas, y manifestó la necesidad de contar también con información rigurosa en el ámbito del alquiler, “un mercado dominado por el documento privado, lo que conlleva siempre opacidad y falta de seguridad jurídica”.

La vivienda: principal preocupación
Barrio Del Olmo puso de manifiesto que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos: “Tenemos un problema con la vivienda, y no solo lo decimos los notarios: el Banco de España, en su último informe relativo a los datos de 2024, alerta sobre la escasez de vivienda nueva y de segunda mano”. Es por ello -explicó- que el Notariado ha dedicado por segundo año consecutivo este curso a la vivienda”, aseguró. “Los notarios tenemos un compromiso con la sociedad. Queremos estudiar y proponer soluciones sobre los asuntos que más preocupan a la ciudadanía. El pasado año destinamos estas jornadas a diagnosticar las cuestiones que afectaban al acceso a la financiación y a la regulación. En este 2025 tenemos el diagnóstico y pasamos a la acción”.

Una acción orientada a atajar un problema estructural que la Administración Pública ha tratado de abordar, hasta el momento, sin gran éxito. “Hay leyes estatales y autonómicas que tienen como finalidad garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, como proclama el Artículo 47 de nuestra carta magna. Pero todas esas medidas todavía no están resultando eficaces”, apuntó Barrio Del Olmo.

Un problema de largo recorrido
Sobre las políticas públicas en materia de vivienda se pronunció también Llanos Castellanos, subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, quien puso de relieve que “el problema de la vivienda tiene un vector que complica mucho más la gestión: los cambios en el sector de la construcción necesitan largos periodos de tiempo para su maduración y retorno”. La representante del Ministerio expuso que el sector ha venido arrastrando una difícil situación desde la crisis inmobiliaria del año 2008: “Se produjo un gran número de decesos empresariales en las constructoras, un envejecimiento en su propio inmovilizado y grandes dificultades de financiación y de reemplazo de mano de obra: hoy, apenas el 9% de los trabajadores tiene menos de 30 años”.

En este sentido, apuntó que el Ministerio trabaja “intensamente” con la Fundación Laboral de la Construcción para revertir la dinámica: “Los jóvenes creen que dedicarse a la construcción supone verse en el paro en 15-20 años. Hay que romper ese mantra con formación y ahondando en nuevas maneras de construir. Para ello, nuestro PERTE de la Construcción Industrializada es algo esencial”, un programa que prevé una inversión de 1.300 millones de euros en los próximos 10 años para producir entre 15 y 20 mil viviendas industrializadas anualmente.

Toda esta gran confluencia de factores ha desembocado en la compleja situación que actualmente atraviesa el sector de la vivienda, más si cabe cuando reformas legislativas como la de la Ley del Suelo se encuentran bloqueadas: “Pensamos que, si nos hacíamos herederos de un proyecto anterior, consensuado, iba a tener la aprobación de las Cortes Generales; y nos encontramos con el rechazo. La reforma de la Ley del Suelo pretende agilizar los plazos, los trámites y, sobre todo, hacer más racional la tramitación administrativa de la normativa de planeamiento”, explicó Castellanos.

Inversión pública y empleo de los datos
Desde la Administración -continuó-, “estamos firmemente convencidos de atajar todos los problemas que detectemos. Para nosotros es muy importante colaborar decididamente con el sector privado, tener mayor certeza en los arrendamientos y emplear la tecnología para aplicar la información obtenida de los datos”. Y dio algunas cifras de los programas desarrollados por el Ejecutivo: “En el nuevo Plan Estatal de Vivienda contemplamos una inversión de 7.000 millones de euros para facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda; además de los 4.000 millones en fondos ICO para darles financiación y la línea de avales de 2.000 millones para completar la oferta financiera”.

A la hora de tomar decisiones, la colaboración entre organismos y sectores se configura como un elemento fundamental. “Resulta de vital importancia tratar el problema de la vivienda reuniendo a todas las partes afectadas e implicadas: organizaciones y asociaciones ciudadanas, académicos, representantes del mundo empresarial, las Administraciones Públicas y el Notariado. Si la problemática es multifactorial, la solución debe ser multidisciplinar”, reiteró el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy.

En cuanto a la participación activa del Notariado, apuntó que “la vivienda es una cuestión que está en el día a día de nuestros despachos. Los notarios estamos en contacto directo con los ciudadanos, contamos con unos datos estadísticos de valor incalculable, extraídos de los instrumentos públicos que autorizamos, y estamos aquí para aportar soluciones de consenso”.

Donostia: una ciudad tensionada
La primera teniente alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y concejala delegada de Urbanismo Sostenible, Nekane Arzallus, ofreció una visión de la situación que vive la ciudad: “Donostia tiene un grave problema de vivienda y las tensiones de la ciudad se trasladan a la periferia. En los últimos diez años el precio de la vivienda en esta ciudad se ha incrementado en un 52%”, aseveró. “Hay que dar respuestas y nuestra estrategia debe ser sostenible y respetuosa -prosiguió Arzallus-. La vivienda es mucho más que un factor económico, es la posibilidad de desarrollar un proyecto personal y familiar, un espacio de convivencia y protección, una necesidad básica. En Donostia fuimos pioneros en establecer la regulación de los pisos turísticos: heredamos unos 2.000 pisos turísticos y ahora estamos en unos 1.200, y van bajando”.

Con respecto a la Ley de Vivienda, la teniente de alcalde dijo que su impacto en San Sebastián “ha detraído el número de viviendas en alquiler. Hemos sido la primera capital en Euskadi declarada, toda la ciudad, zona tensionada. En Donostia los grandes tenedores suponen apenas el 3,2% de las viviendas, es un mercado muy atomizado y poco profesional, por lo que las medidas deben ir orientadas a fomentar las viviendas en régimen de alquiler y a reforzar la seguridad jurídica, sobre todo de los arrendadores”. También, sobre las actuaciones con el Gobierno vasco, señaló que “en estos momentos estamos desarrollando una colaboración muy importante: tenemos 2.000 vivienda en marcha y esperemos que para 2030 podamos activar otras 6.000”.

 


EL CURSO REUNIÓ A UNA TREINTENA DE PROFESIONALES DEL SECTOR INMOBILIARIO,
ADEMÁS DE AUTORIDADES, JURÍSTAS, ACADÉMICOS Y MIEMBROS DEL NOTARIADO


 

Por su parte, la directora académica de la Fundación Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco, Idoia Otaegui, remarcó que «el problema de la vivienda en España se agrava con el paso del tiempo y sin un giro claro de las políticas públicas resulta muy complejo encontrar una solución”. Y puso en valor la organización de iniciativas como este curso: “Ante esta realidad, y gracias al impulso de Fundación Notariado, abrimos diálogos que pueden ayudar a encontrar soluciones a esta problemática, escuchando a todos los agentes implicados en la materia».

PARA SABER MÁS

Informes del Banco de España.

A finales del pasado año, el Banco de España publicó sendos informes relativos a la evolución del sector de la vivienda y el mercado del alquiler en nuestro país. Estos estudios pueden consultarse en www.bde.es.

PERTE de Industrialización de la Vivienda.

En la página web del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana puede consultarse amplia información sobre el proyecto estratégico del Gobierno para la industrialización del sector de la construcción.

Fotos del curso: MIGUEL SAN CRISTÓBAL

Concepción Barrio, presidenta del Consejo General de Notariado.
De izda. a dcha.: Raimundo Fortuñy, Idoia Otaegui, Nekane Arzallus, Llanos Castellanos, Concepción Barrio, Ángel Nanclares –decano del Colegio Notarial del País Vasco– y Manuel Seda –vicepresidente del Consejo General del Notariado–.
Llanos Castellanos durante la sesión inaugural.
El director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy.

LLANOS CASTELLANOS:

“PARA LA ADMINISTRACIÓN ES MUY IMPORTANTE TENER MAYOR CERTEZA EN LOS ARRENDAMIENTOS Y EMPLEAR LA TECNOLOGÍA PARA APLICAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LOS DATOS”

CONCEPCIÓN BARRIO:

“PARA ABORDAR EL PROBLEMA CON RIGOR ES IMPRESCINDIBLE DISPONER DE DATOS OBJETIVOS, ACTUALIZADOS Y COMPLETOS. LA FUENTE MÁS PRECISA ES EL ÍNDICE ÚNICO NOTARIAL”

NEKANE ARZALLUS:

“HAY QUE DAR RESPUESTAS Y NUESTRA ESTRATEGIA DEBE SER SOSTENIBLE Y RESPETUOSA. LA VIVIENDA ES MUCHO MÁS QUE UN FACTOR ECONÓMICO”

RAIMUNDO FORTUÑY:

“LOS NOTARIOS ESTAMOS EN CONTACTO DIRECTO CON LOS CIUDADANOS Y CONTAMOS CON UNOS DATOS ESTADÍSTICOS DE VALOR INCALCULABLE”

IDOIA OTAEGUI:

"EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA SE AGRAVA CON EL PASO DEL TIEMPO Y SIN UN GIRO CLARO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS RESULTA MUY COMPLEJO ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN”

De izda. a dcha.: Fernando de Aragón, Carmen Rodríguez y Jesús Puebla.
 
Colaboración entre el Notariado y el Catastro

En la jornada inaugural del curso, la decana del Colegio Notarial de Murcia, Carmen Rodríguez Pérez, mantuvo un diálogo con Fernando de Aragón, director general del Catastro, y Jesús Puebla, subdirector general de Gestión Catastral, Colaboración y Atención al Ciudadano. En la conversación, se puso en valor la estrecha colaboración entre el Notariado y la institución catastral, “que se ha convertido en un aliado fundamental a la hora de proporcionar seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias”, reiteró Carmen Rodríguez.

“A través de la Sede Electrónica Catastral los notarios accedemos de forma rápida y segura a una información vital para las operaciones de compraventa: la ubicación de la vivienda, superficie, linderos… además del valor de referencia, entre otros muchos datos. De este modo, en el momento del otorgamiento de la escritura pública el objeto del negocio queda claramente delimitado, también de forma gráfica”, explicó la decana.

Por su parte, los representantes del Catastro señalaron que “la información catastral es indispensable y muy utilizada por todos los operadores intervinientes y en todos los momentos del proceso. Nuestra enorme colaboración con el Notariado genera importantes sinergias que contribuyen a la prestación de un mejor servicio público, objetivo fundamental de cualquier institución o administración pública”.

Seguridad jurídica en el arrendamiento

EN SOCIEDAD

Seguridad jurídica en el arrendamiento

JAIME PÉREZ DE MIGUEL
De izda. a dcha.: Eduardo Vázquez de Castro, Javier Valentín, Natalia Palomar, Vicente Magro e Igone Aretxaga.

La inseguridad jurídica y la falta de respuesta eficaz ante los impagos y la okupación están frenando el mercado del alquiler. Bajo este diagnóstico común, los expertos que participaron en la mesa Seguridad jurídica como garantía para el propietario y el inquilino. Arrendamientos e impacto en la ‘okupación’ coincidieron en la necesidad de reformas normativas, incentivos y nuevas herramientas jurídicas.

El debate, moderado por la secretaria del Colegio Notarial del País Vasco, Igone Aretxaga, reunió a juristas, académicos y representantes del sector para analizar cómo reforzar la seguridad jurídica en el alquiler. Los participantes, Vicente Magro, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Natalia Palomar, directora Jurídica y de Derechos de Provivienda; Javier Valentín Peñate, vicepresidente de ASCAV (Asociación Canaria de Alquiler Vacacional); y Eduardo Vázquez de Castro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria, coincidieron en que recuperar la confianza de los propietarios es clave para reactivar un mercado esencial ante la actual crisis de acceso a la vivienda.

Contratos en escritura pública
“Es necesario elevar los contratos de arrendamiento a escritura pública para aportar mayor seguridad a los propietarios”, afirmó el magistrado Vicente Magro. Su intervención abrió este diálogo en la segunda jornada del Curso de Vivienda 2025. Magro defendió una batería de reformas urgentes para garantizar una respuesta eficaz: desalojo exprés en 24 horas; refuerzo del papel policial en casos de flagrancia, y registro obligatorio de los contratos para evitar fraudes documentales. También propuso cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley de Vivienda y en la legislación de propiedad horizontal “para permitir que comunidades de vecinos puedan actuar judicialmente ante situaciones de okupación”.

Además, Magro subrayó que los contratos formalizados en escritura pública ofrecen una mayor protección jurídica y probatoria frente a conflictos legales. “Es una garantía para todas las partes y un instrumento que fortalece la seguridad del sistema”, aseguró.

Por su parte, Eduardo Vázquez de Castro, incidió en la necesidad de “distinguir entre el arrendatario vulnerable y el incumplidor doloso”. En su opinión, una justicia ágil, con plazos claros y criterios homogéneos, genera previsibilidad y confianza: “Proteger al arrendatario vulnerable no debe significar blindar el abuso”. Subrayó además el papel que pueden jugar los seguros de impago y los programas de intermediación pública para incentivar la oferta.

El catedrático también apuntó a la importancia de establecer incentivos fiscales a largo plazo como medida eficaz para estimular la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler. Según explicó, “hay propietarios reticentes que podrían estar dispuestos a alquilar si se les ofrece estabilidad, rentabilidad y seguridad”.

Alquiler asequible
Javier Valentín Peñate, advirtió que “sin seguridad jurídica, la oferta seguirá estancada”. Reclamó también marcos normativos claros que permitan al propietario confiar en el cumplimiento del contrato. Además, durante su intervención defendió que la vivienda turística —que representa solo el 1,4% del parque residencial— “ha sido convertida en chivo expiatorio de una crisis estructural”, marcada por la escasez de suelo, la lentitud administrativa y la insuficiente promoción pública. “Tenemos un problema de base que no se soluciona culpando al alquiler vacacional”, indicó. “Es más fácil señalar que reformar el urbanismo o acelerar los trámites de obra nueva”. Valentín también defendió que se potencie la seguridad jurídica como vía para profesionalizar el mercado del alquiler.

Desde una perspectiva social, Natalia Palomar apostó por fórmulas complementarias a la construcción de vivienda protegida. Citó iniciativas que calificó de “innovadoras”, como las bolsas de alquiler asequible o las housing associations sin ánimo de lucro, capaces de movilizar vivienda vacía bajo esquemas seguros para propietarios e inquilinos vulnerables. También alertó de los límites de la legislación actual para proteger a las personas en riesgo de desahucio: “Sin una respuesta ágil de la Administración, la suspensión judicial no basta. La ley no obliga a realojar”.

Palomar subrayó que el alquiler debe abordarse como una política estructural, no solo como respuesta de emergencia. “Necesitamos una estrategia a largo plazo que combine seguridad jurídica, programas sociales y colaboración público-privada”, afirmó.

Por último, la directora jurídica de Provivienda también puso en valor el papel del Notariado en la formalización de contratos que contemplen cláusulas de equilibrio y resolución alternativa de conflictos, especialmente útiles cuando intervienen colectivos vulnerables. “Contar con asesoramiento imparcial y cualificado desde el inicio puede evitar muchos problemas posteriores”, señaló.
Recuadro: Arrendamientos con garantías
Durante el debate se destacaron iniciativas orientadas a garantizar el cobro de las rentas y facilitar el acceso a la vivienda sin poner en riesgo la posición del propietario. Entre ellas, los seguros de impago con cobertura pública, los sistemas de avales institucionales o los programas de intermediación gestionados por entidades del tercer sector. Estos mecanismos permiten combinar la protección del inquilino vulnerable con incentivos suficientes para que los pequeños propietarios —que poseen el 90% del parque de alquiler— saquen sus viviendas al mercado. También se abordó la necesidad de contar con una normativa homogénea en todo el territorio nacional. Actualmente, los baremos y ayudas difieren entre comunidades autónomas, lo que genera desigualdades y dificulta una respuesta eficaz. En este sentido, se propuso la creación de un protocolo estatal que fije criterios claros de actuación ante el impago o el desahucio. Los expertos coincidieron en que, más allá de las reformas legales, hace falta una estrategia integral que combine celeridad procesal, seguridad jurídica y medidas de incentivo a la oferta, tanto desde el ámbito público como privado. La intervención notarial, mediante contratos en escritura pública, puede jugar un papel decisivo en este proceso.

Arrendamientos con garantías

Durante el debate se destacaron iniciativas orientadas a garantizar el cobro de las rentas y facilitar el acceso a la vivienda sin poner en riesgo la posición del propietario. Entre ellas, los seguros de impago con cobertura pública, los sistemas de avales institucionales o los programas de intermediación gestionados por entidades del tercer sector. Estos mecanismos permiten combinar la protección del inquilino vulnerable con incentivos suficientes para que los pequeños propietarios —que poseen el 90% del parque de alquiler— saquen sus viviendas al mercado. También se abordó la necesidad de contar con una normativa homogénea en todo el territorio nacional. Actualmente, los baremos y ayudas difieren entre comunidades autónomas, lo que genera desigualdades y dificulta una respuesta eficaz. En este sentido, se propuso la creación de un protocolo estatal que fije criterios claros de actuación ante el impago o el desahucio. Los expertos coincidieron en que, más allá de las reformas legales, hace falta una estrategia integral que combine celeridad procesal, seguridad jurídica y medidas de incentivo a la oferta, tanto desde el ámbito público como privado. La intervención notarial, mediante contratos en escritura pública, puede jugar un papel decisivo en este proceso.

IGONE ARETXAGA:

“EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NECESITA HOY EL MISMO REFUERZO JURÍDICO QUE CUALQUIER OTRO NEGOCIO RELEVANTE”

VICENTE MAGRO:

“ES NECESARIO ELEVAR LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO A ESCRITURA PÚBLICA PARA APORTAR MAYOR SEGURIDAD A LOS PROPIETARIOS”

NATALIA PALOMAR:

“HAY QUE AMPLIAR LAS FÓRMULAS DE ACCESO SEGURO A LA VIVIENDA, CON RESPALDO INSTITUCIONAL”

JAVIER VALENTÍN:

“EL PROBLEMA DEL ALQUILER NO SE RESUELVE SEÑALANDO CULPABLES, SINO REFORMANDO LO QUE NO FUNCIONA”

EDUARDO VÁZQUEZ DE CASTRO:

“NECESITAMOS REGLAS CLARAS Y ÁGILES QUE NO PENALICEN NI AL VULNERABLE NI AL CUMPLIDOR”

A TENER EN CUENTA

Perfiles. La okupación, foco de inseguridad jurídica.

ASVAL (Asociación de propietarios de Viviendas de Alquiler). La Incidencia de la Seguridad Jurídica en el Mercado del Alquiler.

Cinco Días. El registro de impagados judiciales se consolida como un escudo legal contra la inquiokupación.

“La situación actual de la ocupación ilegal de inmuebles en España”, por Vicente Magro Servet

EN SOCIEDAD
VICENTE MAGRO SERVET,

Magistrado del Tribunal Supremo y doctor en derecho

“La expulsión en 24 horas es la solución al problema de la ocupación ilegal de inmuebles"

La situación actual de la ocupación ilegal de inmuebles en España

La situación actual de la ocupación ilegal de inmuebles en España es muy preocupante. 15.000 denuncias al año de las que se tengan conocimiento se están presentando de ciudadanos que están viendo cómo sus viviendas están siendo ocupadas ilegalmente, sin que el sistema legal establecido haya arbitrado mecanismos ágiles y eficaces para devolver la posesión a sus propietarios, lo que no es admisible en un Estado de derecho.

En todos los países de la Unión Europea, sin excepciones, cuando una persona realiza una ocupación ilegal es expulsada de forma inmediata antes de que transcurra las 72 horas, lo que ha provocado que los casos de ocupación ilegal estén en cifras muy reducidas, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país.

La razón es bien clara, por cuanto si hubiera un sistema que propiciara legalmente que en el caso de que una persona acceda a una vivienda de forma ilegal fuera expulsada antes de que transcurra 72 horas no existiría la proliferación de hechos que se están produciendo ahora mismo, porque cuando existe un retraso del sistema en adoptar soluciones inmediatas a un acto ilícito los autores de estos se aprovechan para incrementar estas conductas, lo que conlleva una absoluta indefensión de los ciudadanos cuyas casas están siendo ocupadas, tal y como reflejan los medios de comunicación con sucesos concretos todos los días, y ante la incomprensión de los propietarios que se ven impotentes para encontrar una solución a este drama, porque pocas cosas pueden causar un daño tan terrible a un ciudadano como que se apoderen de la tu casa. A una persona le podrán arrebatar un bien mueble que puede ser “sustituible”, pero un bien inmueble del que te arrebatan tu posesión, y sin saber cuándo la podrás recuperar, provoca un daño psicológico como daño moral indemnizable que, además, no se podrá cobrar ante la segura insolvencia de los autores de este tipo de hechos.

Por ello, quienes están acometiendo estos actos lo hacen con claro conocimiento de los retrasos que están existiendo en la resolución de la expulsión inmediata. Además, ese conocimiento se lo hacen ver al propietario cuando éste les solicita que abandonen la vivienda, y le comunican que tienen derecho a estar allí hasta que un juez se lo ordene, incluso en muchos casos solicitando la entrega de indemnizaciones para pactar el abandono del inmueble, lo que constituye una absoluta desprotección de los propietarios, que en en muchas ocasiones se han visto obligados a indemnizar a los autores de la ocupación ilegal con cifras que llegan a los 5.000 euros para poder recuperar la posesión de su inmueble.

Muchas han sido las propuestas que se han realizado para resolver este problema, pero la más eficaz ahora mismo es aprobar una Ley integral ante el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles; una ley que determine la aprobación del artículo 544 sexies en la ley procesal penal para que, por el juez de instrucción, y en los casos de denuncia, querella o atestado policial por ocupación ilegal, se proceda a la inmediata expulsión del okupa.

Además, hay que incidir en que la situación de posible vulnerabilidad de los okupas no se puede tener en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre la expulsión inmediata. Y ello, habida cuenta que, incluso, la propia Ley 12/2023, de 24 de mayo de vivienda remite a una introducción de una Disposición Final 5ª de reforma de la LEC, por la que en ninguna circunstancia se debe tener en cuenta esta posible vulnerabilidad. Lo que deberá hacer el juez de instrucción es trasladar a la Administración el señalamiento de la inmediata expulsión para que, en su caso, adopte las medidas oportunas. Pero lo que debe quedar claro es que la vulnerabilidad no supone una razón para prolongar la indebida ocupación de un inmueble.

El ejemplo que se puede poner es el de la sustracción de un vehículo de motor, ya que cuando los agentes policiales detienen a la persona que los ha sustraído inmediatamente practican la detención y proceden a la devolución del vehículo a su propietario legítimo. En ningún caso, la solución que se adopta es la de mantener la posesión del vehículo al autor de la sustracción y comunicarle al propietario que se espere a la celebración del juicio. Sin embargo, en una materia tan grave como es la entrada ilegal en un inmueble se está manteniendo en muchas ocasiones en la posesión ilegal a quien ha accedido a él y, además, con su expresa oposición, con la presentación de denuncia o querella.

También hay que recordar los casos de “inquiokupación” que se están dando, que son aquellos en los que una persona realiza un contrato de arrendamiento con el propietario de un inmueble con clara voluntad de no cumplir el pago de la renta y a los pocos meses dejar de pagar la misma, lo que también ocurre en casos de alquiler vacacional en los que al día señalado para el vencimiento no se van del inmueble. Estos sucesos constituyen un delito de estafa del art. 250.1.1º CP por afectar a vivienda y debe acordarse, también, la inmediata expulsión del inmueble, pidiendo esta medida cautelar por otrosí en la denuncia o querella.

Por ello, reseñar que este problema tiene soluciones. La cuestión solo es aprobar la Ley para poder resolver la ocupación ilegal de inmuebles en España.

Seguridad energética

EN EL ESCAPARATE

La electricidad se genera desde diferentes fuentes, es lo que se conoce como mix energético y se reparte a través de una red de alta tensión de casi 45.500 kilómetros.

Seguridad energética

GABRIEL CRUZ
Todos nos acordamos de dónde estábamos el 28 de abril a partir de las 12:33h. Ha pasado el tiempo suficiente para hacer un análisis de nuestro sistema eléctrico y ver algo de luz tras… el apagón. ¿Es seguro? ¿Qué mejoras requiere?

“La explicación será tan compleja que será muy difícil aclarársela a la gente”, así de contundente es Eloy S. Sanz Pérez, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en tecnología energética. “Lo que me he encontrado en las explicaciones que he visto durante este tiempo es que cada uno busca la justificación que más le convence. Si en los días anteriores al apagón estaba el que no apoyaba a la energía nuclear, después del apagón aseguraba que la solución hubiera sido contar con más energía nuclear y así con el resto de energías”. Lo que está confirmado es que no fue un ciberataque. El caso es que tanto Eloy Sanz como otros expertos con los que hemos hablado nos comentan que no es tan importante de dónde procedía la energía, sino el desajuste del sistema eléctrico ibérico entre lo que demanda y lo que necesita y sobre todo por qué hizo caer toda la red sin que pudiera ser aislado.

 


LA ENERGÍA NO SE PUEDE ALMACENAR. POR TANTO, HAY QUE ESTAR BUSCANDO CONSTANTEMENTE EL EQUILIBRIO ENTRE LO QUE PRODUCE Y LO QUE SE CONSUME


 

Equilibrio permanente. Si algo descubrimos en el apagón que afectó a toda España y Portugal durante al menos unas 10 horas, que en algunas zonas llegó a ser de 18, es que hay una inmensa maquinaria que tiene que estar en un permanente equilibrio entre lo que demandamos de electricidad y lo que se produce. Para empezar, la electricidad se genera desde diferentes fuentes; es lo que se conoce como “mix energético” porque en realidad es una mezcla de muchas. En 2024 los ingredientes de la producción eléctrica en España fueron la eólica (23,2%), nuclear (20%), solar fotovoltaica (17%), ciclo combinado (13,6%) e hidráulico (13,3%) y el resto (12,9%) procedió de la quema de carbón o fuel u otras fuentes renovables. Es decir, casi el 57% de la energía fue renovable poniendo a España a la vanguardia de Europa. La renovable es cada vez mayor porque además es mucho más barata. Toda esa electricidad la generan, en su mayoría, empresas privadas. Las más importantes son: Iberdrola, Endesa, y muy por detrás de ellas Naturgy y EDP, pero hay muchas más. Después, consumidores y productores se ponen de acuerdo en el MEM (Mercado Eléctrico Mayorista). Por último, como señala Jorge Sanz, director asociado de la consultora Nera, “ese mix pasa entonces a Red Eléctrica (REE) que, como operador del sistema, introduce las modificaciones para que la generación sea compatible con el diseño de la red y con la garantía de suministro”.

Toda esa energía se reparte a través de una red de alta tensión de casi 45.500 kilómetros de la que se encarga Red Eléctrica. Después pasa a las redes de media y baja tensión de las que se ocupan de nuevo las empresas productoras como Endesa, Iberdrola, etc. Las conexiones para su reparto se hacen a través de “nodos de control” o de interconexión que son los que se encargan en tiempo real de ver cómo funciona el sistema y avisar si hay desajustes. Por último, están los trasformadores urbanos, que bajan la corriente de media tensión, (unos 20.000 V), a baja tensión (400/230 V) para ser utilizada por los consumidores.

 


EXISTEN DISPOSITIVOS COMO LOS COMPENSADORES SÍNCRONOS QUE ESTABILIZAN LA FRECUENCIA DE LA EÓLICA Y FOTOVOLTAICA, PERO DE MOMENTO NO SON OBLIGATORIOS


 

Oferta y demanda. El caso es que la energía no se puede almacenar. Hay algo parecido a baterías gigantes que son las hidroeléctricas de bombeo. Por tanto, hay que estar buscando constantemente el equilibrio entre lo que se produce y se consume. Simplificando mucho. Imagine que los cables son tuberías. Si no les entra agua de los grandes colectores no le saldría del grifo, pero si entra un torrente de golpe le rompería las tuberías. Pues con la electricidad, igual. Si hay mucha, el sistema se satura y se apaga, y si hay poca también se apaga. La balanza entre oferta y demanda tiene que estar equilibrada. En el agua la ventaja es que puedo almacenarla en un embalse, pero la energía eléctrica no. No existen baterías gigantes como edificios. Si las hubiera sería fácil manejar el sistema. Como señala Eloy S. Sanz: “Red Eléctrica va equilibrando el consumo a cada instante”. De todas formas y como explican Jorge Sanz y otros expertos, el exceso de energía que produjo la sobretensión fue la “energía reactiva”. También se le llama “energía fantasma”. La absorben algunos equipos eléctricos de la red y luego la devuelven. Es decir, no supone un consumo en sí, pero sí que supone un esfuerzo para el sistema eléctrico porque lo sobretensiona. En resumidas cuentas: no había equilibrio.

Existen dispositivos como los compensadores síncronos que estabilizan la frecuencia de la eólica y fotovoltaica.

Lo que ya sabemos. Ninguno de los expertos a los que hemos consultado recuerda un apagón en el mundo de semejante tamaño: toda la Península Ibérica. Menos aún sin causas externas como pueden ser tormentas tropicales o un ciberataque, como se comentó al principio. Así pues, la culpa está entre las empresas que producen la energía y la que la reparte: Red Eléctrica.

Al comienzo se habló de que 15 gigavatios (60% del consumo) desaparecieron de repente, pero no es así. Como señala Jorge Sanz: “La hipótesis con mayor verosimilitud explica la desconexión de la red de varias centrales de generación de forma simultánea por una sobretensión en las líneas eléctricas a las que están conectadas. Las centrales se desconectan para evitar que la sobretensión averíe sus equipos de generación. Presumiblemente, el origen de la sobretensión se debe a un mix de generación excesivamente arriesgado, con demasiada generación asíncrona (eólica y fotovoltaica) y muy poca síncrona (hidráulica, nuclear y gas natural). La generación síncrona contribuye a controlar la tensión; la asíncrona, no”.

Los “nodos de control” o de interconexión son los que se encargan en tiempo real de ver cómo funcionan el sistema y avisar si hay desajustes.

Sin embargo, como nos señala Diego Rodríguez, catedrático de economía aplicada y experto en energía de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) existen dispositivos como “los compensadores síncronos que estabilizan la frecuencia de la eólica y fotovoltaica”. Es decir, son el puente de una energía 100% renovable a una red estable. La pregunta es clara: ¿Por qué no se instalan estos dispositivos en todos los centros de renovables? “Porque, de momento, no son obligatorios y pueden costar millones de euros. Como esos hay otros sistemas, como las reactancias para el control de tensión que ayudan a mantener la estabilidad de red, especialmente ante el despliegue de las renovables o también en sistemas aislados como en las islas. Sin embargo, a las empresas legalmente no se les exige tenerlos. Esto se incluye en la planificación de red de transporte que depende del Gobierno y abarca un periodo de seis años. En esa planificación se establece, por ejemplo, que se requiere un refuerzo de la red porque en una zona va a instalarse un centro de datos electrointensivo o una línea de AVE”, señala el investigador de FEDEA. Pero las cosas empiezan a cambiar. Para empezar, la CNMV aprobó el 12 de junio la revisión de normas técnicas para dotar a las estaciones renovables de esos “elementos de control” de la tensión, que hasta ahora solo se exigían a las centrales convencionales, y como pagar ese servicio extra a los productores. Coincide con las recomendaciones del informe del Gobierno publicadas el 17 de junio sobre el apagón. Pero eso tardará bastantes meses, como apunta Diego Rodríguez: “Las empresas productoras las instalan pero luego hay que certificar que eso funciona realmente”.

 


ES NECESARIO TENER ACOPLADO AL SISTEMA ELÉCTRICO SUFICIENTE CAPACIDAD DE CENTRALES QUE AYUDAN A REGULAR EN MICROSEGUNDOS LA FRECUENCIA Y TENSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO


 

¿Cambiar el modelo? Jorge Sanz es categórico: “La lucha contra el cambio climático debe seguir siendo una prioridad en Europa. Además, las renovables eléctricas (eólica y solar fotovoltaica) son la forma más barata de descarbonizar”. De hecho, como señala Diego Rodríguez: “España ha funcionado otros días con más energía renovable que cuando el apagón. El asunto crítico es hacerlo compatible con la estabilidad de la red, evitando grandes desviaciones. Para ello es necesario tener acoplada al sistema eléctrico suficiente capacidad de centrales que ayudan a regular en microsegundos la frecuencia y tensión del sistema eléctrico en caso de desajustes. En algunas ocasiones basta con que estén conectadas, aunque funcionen al “mínimo técnico”. Es como si estuvieran al ralentí, por hacer el símil de un coche, ya que entonces pueden acelerar rápidamente. Hablamos de una respuesta de microsegundos. Es decir, no hay orden verbal de nadie, sino que es un proceso automático. Esa previsibilidad solo te la pueden dar los generadores convencionales, centrales de ciclo combinado, hidroeléctricas o termonucleares. Los molinos y los paneles no te pueden asegurar eso, ni siquiera para plazos más largos, como, por ejemplo, media hora, porque dependen del viento y del sol que haya”. Así pues, para controlar los desvíos de tensión hay tener centrales conectadas a modo de “por si acaso”. Como señala Diego Rodríguez, la duda es: “¿Había suficientes centrales convencionales acopladas al sistema?”.

 


LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) PUEDE IMPONER SANCIONES DE HASTA 60 MILLONES DE EUROS O RETIRAR LICENCIAS


 

¿Cortocircuito de investigaciones? Hay varias investigaciones en marcha: la parlamentaria en el Senado, que se pactó entre PP y PSOE; otra judicial, la del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional. También hay una de la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (Entso-E) y, por supuesto, la del Gobierno. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen repartió culpas entre REE y las operadoras. Estas, por no aportar la tensión que debían y a REE por no prever centrales suficientes en caso de que hubiera fallos. Lo resumió en que “fue un fenómeno de sobretensiones, una reacción en cadena, desconexiones de generación que a su vez provocaron nuevas desconexiones”. Según el Gobierno, el día anterior al cero absoluto REE ordenó a diez centrales que estuviesen listas para suministrar tensión en caso de que hubiera fallos en otras, pero una de estas centrales de respaldo falló y no se exigió una sustituta. Tras el informe del Gobierno, REE dijo que la culpa no fue suya sino de las compañías eléctricas porque incumplieron sus propios controles. Además, criticó la opacidad de estas a la hora de dar información.

 


LA MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, SARA AAGESEN HA REPARTIDO CULPAS ENTRE RED ELÉCTRICA Y LAS OPERADORAS. REE CONSIDERA QUE LA CULPA FUE DE LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS


 

Otra investigación es la que lleva la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). ¿Quién tiene la última palabra? La CNMC puede imponer sanciones de hasta 60 millones de euros o retirar licencias. En cualquier caso, la última palabra la tendrá la investigación judicial que es a la que los afectados por el apagón acudirán. Se estima que los perjuicios están valorados entre los 600 y 2.000 millones de euros. También está el daño que puede provocar a la reputación de nuestro país para futuras inversiones de industrias.

RED ELÉCTRICA

Es muy interesante navegar por su página web. En la primera pantalla se ve un gráfico muy sencillo sobre cómo se ajustan oferta y demanda, además de las previsiones de consumo. Al mismo tiempo, indica cual es el “mix” energético y la huella de Co2 que produce.

HIDROELÉCTRICA DE BOMBEO: la batería gigante
Muchos expertos ven en ella la mejor fuente de energía posible. Es verde, ya que es una hidroeléctrica que funciona por la caída de agua. Pero puede “almacenar” energía porque juega con dos embalses construidos a diferentes alturas. Cuando la red tiene electricidad barata sube agua al pantano de arriba y cuando se necesita generar electricidad la hace caer, moviendo unas turbinas, al pantano de abajo que la conserva, sin echarla al río, hasta volverla a subir y así las veces que quiera. En el siguiente video puede ver cómo funciona.
VOCABULARIO PARA NO PERDERSE
  • Mix energético: Es la combinación de las distintas fuentes energéticas (eólica, nuclear, hidráulica, etc.) que producen electricidad. Conociendo sus porcentajes sabemos, por ejemplo, si caminamos a una transición verde.
  • Estaciones de ciclo combinado. Son centrales que generan electricidad quemando gas que hace hervir agua y cuyo vapor mueve una turbina. Algunas estaciones se están “hibridando”, es decir usan energías renovables que combinan con gas.
  • ¿Redeia o Red Eléctrica? En algunos medios el nombre ha generado confusión. Desde 2022 el Grupo Red Eléctrica es Redeia y bajo esta hay cinco empresas: Red Eléctrica, Reintel, Hispasat, Redinter, y la filial internacional Elewit. Es decir, Red Eléctrica es una parte de Redeia.
  • Isla energética. Las limitadas interconexiones del sistema eléctrico peninsular con el de otros países hacen de España una isla energética. Les pasa también por su condición geográfica a Grecia o Italia. Mientras, que en el lado contrario estarían países como Alemania, Holanda o Austria, etc.
  • Tensión es la presión de una fuente de energía de un circuito eléctrico. En resumen: tensión = presión.
  • Frecuencia es cuántas veces se repite algo. En corriente eléctrica es el número de veces que se repite una onda. Se mide en hercios (Hz) donde 1 hercio es igual a 1 ciclo por segundo. En España y en casi toda Europa la electricidad es de 50 hz
  • Generación síncrona viene de sincronizado. Es una forma de producir electricidad usando máquinas cuyo rotor, el que genera electricidad, gira a una velocidad muy precisa, con la frecuencia de la red eléctrica 50hz. Por ejemplo, una central hidroeléctrica o nuclear. Por eso estas ayudan a mantener estable la red.
  • Generación asíncrona la propia de la eólica y fotovoltaica. No tiene la estabilidad de la hidroeléctrica pero si se le instalará un compensador síncrono la conseguirían.
El gran cerebro: CECOEL
Es un centro de máxima seguridad situado a las afueras de Madrid. Es el gran cerebro de Red Eléctrica, donde se equilibra el sistema: demanda=oferta. Para eso analiza, ayudado de algoritmos y potentes ordenadores, unos 240.000 datos en cada instante. Hacen prospecciones de la oferta y demanda, que se realizan a diez días vista, meses e incluso años, con un índice de error del 1% (a la espera de saber que pasó durante el apagón). A sus cálculos se añaden datos de la AEMET (agencia de meteorología).
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD ENERGÉTICA NACIONAL
Son 29 hojas con las líneas generales de la política energética. El que se puede descargar es el vigente desde 2015 y no se ha publicado otro posterior. Tendría que haberse actualizado en 2020 pero no se hizo. El Consejo de Seguridad Nacional ordenó en octubre de 2020 la elaboración de un nuevo documento, pero no se ha hecho.
Investigación del Gobierno
Informe de 182 páginas presentado 49 días después del apagón. Analizaron más de 300 GB de información.
¿Qué pasó con los apagones de Tenerife y La Palma?
Entre 2018, 2019 y 2020 en las dos islas sufrieron varios apagones totales. El gobierno canario multó con 49,66 millones de euros a Red Eléctrica y a Endesa. Ambas recurrieron judicialmente. Al final, por caducidad en los tiempos de tramitación de los procedimientos del gobierno canario, este tuvo que devolver el dinero de la multa. Es decir, finalmente no hubo responsabilidad.

Un marco jurídico para los pactos asistenciales

EN SOCIEDAD

Un marco jurídico para los pactos asistenciales

REDACCIÓN
De izda. a dcha.: Jesús Norberto Fernández, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, Matilde Fernández. Abajo: Domingo Carbajo, Alicia Calaza, Cristina Rodríguez-Porrero, y Albert Domingo.

Los pactos asistenciales son una realidad cada vez más presente en la sociedad, pero necesitan un marco jurídico que permita la aplicación y el fomento de estas soluciones en la propia vivienda de las personas mayores para combatir su soledad. Esta fue una de las principales conclusiones extraídas en la jornada Soluciones asistenciales de convivencia ante una situación de soledad no deseada, celebrada y organizada por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y por la Fundación Notariado.

El evento, celebrado el 19 de junio, reunió a expertos, notarios y representantes del movimiento asociativo de mayores, que coincidieron en la necesidad de dotar de seguridad jurídica a estas iniciativas de apoyo a los mayores que responden a nuevos cambios sociales y demográficos.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado (CGN), Concepción Pilar Barrio Del Olmo, inauguró la jornada destacando que el envejecimiento, aunque es un logro social, plantea desafíos jurídicos que requieren respuestas urgentes: “Nuestra obligación es facilitar que las personas mayores disfruten de su autonomía con seguridad”. Destacó que los notarios, en su contacto diario con la ciudadanía, son testigos de nuevas formas de convivencia que surgen en respuesta a la soledad, el desamparo o la falta de recursos, y, a través de casos reales recogidos desde notarías rurales, reivindicó el papel del Notariado como agente cercano y garante de soluciones jurídicas innovadoras.

Barrio Del Olmo señaló que el envejecimiento de la población y la transformación de la estructura familiar han roto modelos tradicionales de cuidado, y destacó que “el envejecimiento plantea retos que el derecho no puede eludir: debe facilitar que las personas mayores disfruten de la mejora en las condiciones de vida sin renunciar a su autonomía”. En este sentido defendió que, aunque “estos pactos existen ya en la realidad y no necesitan una regulación expresa para ser válidos, es conveniente contar con un marco jurídico que los impulse y proteja”. La presidenta del CGN y Fundación Notariado manifestó que, “el Notariado busca documentar pactos como una vía para solucionar la soledad no deseada y los problemas de vivienda, facilitando el deseo mayoritario de envejecer en el domicilio”.

El diagnóstico.
A continuación, intervino el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, quien subrayó la necesidad de “dar respuestas diversas a realidades diversas” en el ámbito del envejecimiento. Advirtió del peligro de aplicar soluciones únicas a un colectivo tan heterogéneo como el de las personas mayores. Reclamó también combatir el edadismo, promover un envejecimiento digno y potenciar alternativas residenciales y asistenciales que permitan envejecer en el propio hogar: “No es bueno trasplantar al olmo viejo”, citó, para enfatizar la necesidad de mantener los vínculos vitales y el entorno personal.

En su discurso, el presidente de la PMP puso el énfasis en la gran diversidad y heterogeneidad del colectivo sénior, además de advertir contra la tentación de “buscar soluciones únicas para situaciones diversas”. Asimismo, abogó por reforzar los sistemas de apoyo domiciliario y la teleasistencia universal. Finalmente, propuso el avance en el desarrollo de pactos asistenciales como figuras complementarias a las prestaciones del Estado del Bienestar, haciendo un llamamiento a notarios, servicios sociales y organizaciones de mayores para colaborar en ofrecer un asesoramiento jurídico que garantice seguridad a las personas mayores.

Por su parte, Matilde Fernández Sanz, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, planteó tener en cuenta estudios, programas piloto y antecedentes de décadas anteriores “que podrían inspirar respuestas actuales” y recordó que “no partimos de cero” y que muchas iniciativas valiosas nacidas en los años 90 podrían servir de base para nuevas soluciones adaptadas al presente. Al mismo tiempo Fernández insistió en que la soledad afecta también a los jóvenes y apeló a incorporar una perspectiva intergeneracional.

Las propuestas.
Tras las ponencias, se dio paso a una mesa de diálogo moderada por el notario de Vilassar de Mar (Barcelona) Albert Domingo Castellá, en la que se analizaron los distintos modelos convivenciales desde una perspectiva práctica, social y fiscal.

La presidenta de la Comisión de Personas Activas de la PMP, Cristina Rodríguez-Porrero, enumeró las ventajas de los pactos de ayuda mutua: “Responden a los cambios sociales, están centrados en la persona, son flexibles, sostenibles, promueven la autonomía y humanizan el cuidado”. También destacó su impacto positivo en el entorno y su capacidad para activar zonas rurales o revitalizar barrios urbanos: “Son soluciones que favorecen la permanencia en el hogar y se complementan con recursos existentes como la teleasistencia o los centros de día”.

Alicia Calaza, notaria de A Estrada (Pontevedra), aportó su experiencia profesional: “En mi notaría rural atendemos cada día a personas mayores que buscan calidad de vida, autonomía y dignidad en la última etapa vital”. Subrayó que “el déficit de recursos y el coste de las residencias merman mucho la calidad de vida de las personas mayores” y propuso la vivienda como eje central de nuevos modelos de cuidados: “El 89% de las personas mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad, por lo que podemos crear alrededor de esta un sistema de acuerdos de convivencia y cuidados basado en su rentabilización”.

Por último, el inspector de Hacienda Domingo Carbajo Vasco abogó por una regulación clara que dé seguridad jurídica a estas nuevas unidades convivenciales: “El sistema tributario necesita certeza, prueba y registros. Para dar beneficios fiscales a estos pactos debe haber regulación, escritura pública y control”. Carbajo defendió que los pactos de ayuda mutua deben adaptarse a una realidad plural y cambiante, y reclamó una estrategia transversal que articule el marco jurídico, el registro administrativo y, si se aprueban, los beneficios fiscales correspondientes

Domingo Carbajo:

“Para dar beneficios fiscales a estos pactos debe haber regulación, escritura pública y control”

Concepción Pilar Barrio:

“Nuestra obligación es facilitar que los mayores disfruten de su autonomía con seguridad”

Por los derechos de los mayores

La misión de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) persigue el reconocimiento de la dignidad de la persona mayor y el pleno ejercicio de sus derechos. Quiere ser la voz de las personas mayores y de los mayores con discapacidad trasladando a los agentes públicos y privados, y al conjunto de la ciudadanía, sus preocupaciones, necesidades e inquietudes.

Matilde Fernández:

“busquemos soluciones transversales, que conecten lo jurídico con los social y recojan experiencias ya existentes”

Jesús Norberto Fernández

subrayó la necesidad de “dar respuestas diversas a realidades diversas”

La seguridad jurídica de los sénior, un tema prioritario

EN SOCIEDAD

La seguridad jurídica de los sénior, un tema prioritario

REDACCIÓN
De izda. a dcha.: Javier García Pérez, Ester Pérez, Gonzalo Berzosa e Isabel Louro.

El aumento de la longevidad es uno de los mayores triunfos de la humanidad, pero también uno de los mayores desafíos al que nos enfrentamos. España es uno de los países más afectados por esta tendencia demográfica, y se prevé que, para el año 2050, uno de cada tres españoles tendrá 65 años o más. Ante este escenario, la Justicia y el Derecho juegan un papel fundamental. Este fue el punto de partida de la jornada ‘Seguridad jurídica de los sénior’, organizada por Fundación Notariado y 65YMÁS, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid.

La jornada Seguridad jurídica de los sénior, organizada por Fundación Notariado y 65YMÁS, en colaboración con el Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Madrid, contó con la presencia de la presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; del Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo; del presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega; y del director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy. En la mesa de debate, moderada por Javier García Pérez, experto en longevidad, intervinieron Ester Pérez Jerez, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública; Gonzalo Berzosa, del comité asesor de 65YMÄS y presidente de CEATE y María Isabel Louro García, notaria de Orense y patrona de la Fundación Notariado.

La presidenta de Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, en la inauguración, destacó que “los notarios podemos desempeñar un papel clave para la seguridad jurídica de los mayores. Nuestro contacto diario con las personas nos permite conocer sus problemas: escuchamos, asesoramos y proponemos soluciones. Por ejemplo, los pactos asistenciales, que afectan a la convivencia de las personas y en muchos casos responden a una situación de necesidad de una de las partes. Esto puede generar situaciones de vulnerabilidad, de ahí que debamos darles seguridad jurídica y que instemos al legislador a regular esta materia, y, en todo caso, hasta que estén regulados en Derecho Civil común, consideramos que pueden pactarse en escritura pública en garantía de la seguridad jurídica e información de nuestros mayores”. 

En conversación con el presidente de 65YMÁS, Fernando Ónega, el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, reconoció que “nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar” para adaptarse al cambio demográfico. En ese sentido, afirmó que estas reformas tienen que pasar por ampliar derechos y garantizar la seguridad jurídica, así como la accesibilidad a la Justicia, y destacó la importancia de la Ley orgánica 1/2025.

Fernando Ónega, por su parte, afirmó que «en un contexto de profundo cambio demográfico, la seguridad jurídica de los sénior adquiere un papel esencial» y, en este contexto, «el colectivo notarial» desempeña una función clave, además de las propias instituciones.

Finalmente, el director general de Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, incidió en que la vejez no debe ser considerada como una etapa de vulnerabilidad y destacó el papel que tienen los notarios en la prevención de abusos, reivindicando “el no documento”, cuando estos se detectan.

Seguridad jurídica de los sénior.

Durante la mesa redonda, moderada por el experto en longevidad, Javier García Pérez, la notaria de Orense y Patrona de Fundación Notariado, Mª Isabel Louro García, centró su intervención en los principales desafíos que enfrenta el colectivo en materia de seguridad jurídica. Destacó la importancia del respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas y puso en valor la proximidad y accesibilidad del Notariado para hacer valer estos derechos. “Cualquier persona que se acerque a una notaría tiene que contar con la certeza de que vamos a realizar un asesoramiento individualizado”, comentó.

Por su parte, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Ester Pérez Jerez, explicó que por tener más de 65 años no se pierden derechos y que “la seguridad jurídica de los mayores está garantizada”. La Directora General instó a hacer uso del decálogo de instrumentos jurídicos que tienen los mayores a su disposición para planificar su futuro con seguridad y abordó el papel que puede jugar la coordinación entre notarios y Justicia en la prevención de abusos al colectivo sénior. “La justicia se está centrando en la persona, con sus circunstancias, y va a ser plenamente accesible”, señaló.

Por último, Gonzalo Berzosa, miembro del Comité Asesor 65YMÁS, y presidente de la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), pidió a las instituciones cambiar la mirada sobre la vejez como una “pérdida” o desde el punto de vista de las “carencias” o “dificultades” y reclamó prestar una “especial atención jurídica a la vida cotidiana” de los mayores.

Manuel Olmedo:

“Nuestro ordenamiento jurídico tiene que cambiar para adaptarse al cambio demográfico”

De izda. a dcha.: Javier García Pérez, Raimundo Fortuñy, Manuel Olmedo, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, Fernando Ónega, Ester Pérez Jerez, María Isabel Louro y Gonzalo Berzosa.

Ester Pérez:

“La seguridad jurídica de los mayores está garantizada”

Fernando Ónega:

“En un contexto de cambio, la seguridad jurídica de los sénior adquiere un papel esencial”

Atención en las notarías

El director general de la Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy, durante el coloquio, puso en valor que “los sénior tienen un trato preferente en las notarías” y enumeró todos los instrumentos que tienen a su disposición –y sobre los cuales pueden asesorarles gracias a su expertise– como son los testamentos, las garantías de cesiones de bienes a cambio de cuidados, las hipotecas inversas, los poderes preventivos o las voluntades anticipadas.

Raimundo Fortuñy.