Marco fiscal para garantizar la reducción del déficit y la deuda

ÁMBITO EUROPEO

Marco fiscal para garantizar la reducción del déficit y la deuda

España ha finalizado la presidencia del Consejo de la Unión Europea sacando adelante in extremis uno de sus principales compromisos: alcanzar un acuerdo de los Veintisiete para reformar las reglas fiscales europeas. Su aplicación será efectiva en los presupuestos de 2025. Mientras, en 2024 los Estados miembros han vuelto a la senda del ajuste fiscal, tras más de tres años de suspensión por la pandemia y el inicio de la guerra en Ucrania.

La UE necesitaba poner al día su gobernanza económica para prevenir desequilibrios que pongan en riesgo su estabilidad.
ELVIRA ARROYO

En un contexto de altos niveles de endeudamiento y dificultades en materia de inversión, la UE necesitaba poner al día su gobernanza económica para prevenir desequilibrios que pongan en riesgo su estabilidad. Aunque no ha sido fácil, después de unas largas negociaciones, el Consejo Europeo, bajo la presidencia española, alcanzó en diciembre de 2023 un acuerdo para implantar unas reglas fiscales que garanticen la reducción gradual y sostenida del déficit y la deuda; una política económica contracíclica, y la protección de las inversiones.

El acuerdo será debatido antes de su entrada en vigor, prevista para 2024, y tendrá efectos en la planificación presupuestaria de 2025.

Claves

Los dirigentes europeos han definido un sistema más sencillo y transparente, con mejores normas de control para asegurar el crecimiento sostenible mediante reformas e inversiones sensatas.

Cada país presentará planes presupuestarios y estructurales a medio plazo, con una duración mínima de cuatro años (ampliables a siete), en los que detallarán cómo prevén hacer sus ajustes a partir de un único indicador operativo: el valor de referencia para el gasto. Su ejecución será objeto de un seguimiento más intenso para corregir cuanto antes los desequilibrios macroeconómicos.

 


SE MANTIENEN LOS VALORES DE REFERENCIA DEL 3 % DEL PIB PARA EL DÉFICIT Y DEL 60 % DEL PIB PARA LA DEUDA


 

Se mantienen los valores de referencia del 3 % del PIB para el déficit y del 60 % del PIB para la deuda. Si un país incumple el déficit del 3 %, se aplicará el procedimiento de déficit excesivo, que le obligará a hacer los ajustes necesarios hasta volver a estar dentro de los límites exigidos.

 


LAS NUEVAS NORMAS FISCALES MARCAN UNA VELOCIDAD DE AJUSTE DEL DÉFICIT DEL 0,4 % DEL PIB AL AÑO


 

Además, se han incorporado salvaguardas, con umbrales de referencia para todos los países, con el fin de conseguir una reducción media anual del 1 % de la deuda en los países con una deuda superior al 90 % del PIB, como España; y del 0,5 % en los países que estén entre 60 % y el 90 %. En cuanto al déficit, se marca una velocidad de ajuste del 0,4% del PIB al año, que podrá reducirse al 0,25 % en caso de extensión de los planes de 4 a 7 años.

Se contempla también un régimen transitorio hasta 2027, que suaviza el impacto de la subida de la carga de intereses, protegiendo la capacidad de inversión.

Políticas coordinadas

La reforma de las reglas fiscales adquiere especial importancia en un momento en el que las políticas monetaria y fiscal de la UE deben ir de la mano para que la economía funcione sin problemas. Esto a veces es complicado porque ambas son independientes.

El Banco Central Europeo (BCE) dirige la política monetaria única para los 19 países de la zona euro, mientras que la política fiscal está en manos de los gobiernos de cada país. Sin embargo, la estabilidad de los precios y el equilibrio económico son dos caras de la misma moneda.

Por ejemplo, en el actual contexto de inflación, las medidas fiscales de apoyo a la energía han ayudado a la contención de precios y a preservar el poder adquisitivo de la ciudadanía. Sin embargo, ahora, tanto la Comisión Europea como el BCE piden retirar dichas medidas para evitar un impulso de la demanda que agravaría las presiones inflacionarias.

Fin de la tregua

Aunque el nuevo marco fiscal tardará un año en aplicarse, la UE ya ha vuelto en enero de 2024 a la normalidad fiscal, tras desactivar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se empezó a aplicar en marzo de 2020 por la pandemia y luego se mantuvo tras la invasión rusa de Ucrania, permitiendo a los Estados miembros desviarse temporalmente de los requisitos fiscales habituales.

España ya ha anunciado que en 2024 espera que su déficit público disminuya al 3% del PIB, con lo que volvería a estar dentro de los topes que exige Europa. Sin embargo, la ratio de deuda pública/PIB española seguirá muy por encima del límite del 60% del PIB que ponen las reglas europeas, a pesar de que se ha reducido en términos porcentuales. La previsión es que en 2024 siga bajando hasta el 106,3%, lo que supondría 14 puntos menos que en 2020.

 


ESPAÑA ESPERA QUE EN 2024 SU DÉFICIT PÚBLICO DISMINUYA AL 3 % DEL PIB, CON LO QUE VOLVERÍA A ESTAR DENTRO DE LOS TOPES QUE EXIGE EUROPA


 

Asimismo, el Ejecutivo español anticipa en 2024 un crecimiento del PIB del 2%, superior al de la media de la zona euro y espera que la tasa de paro se sitúe por debajo del 11%. En todo caso, recuerda que la evolución de la economía española en los próximos meses estará influida por dos factores internacionales relevantes: los conflictos geopolíticos y el impacto de la política monetaria contractiva del Banco Central Europeo. Los conflictos son en este momento el principal factor de riesgo por su potencial impacto sobre los mercados de energía y la actividad económica europea mundial.

Tras una rápida subida de los tipos de interés, la política monetaria está empezando a reducir la inflación, pero también ralentiza la demanda a nivel europeo.

Recomendaciones de la Comisión Europea a España para 2024

1. Retirar gradualmente las medidas de apoyo energético vigentes y destinar los recursos ahorrados a reducir el déficit público. En caso de que nuevos encarecimientos de la energía hicieran necesario aplicar medidas, estas deberían garantizar que se dirigen a los agentes más vulnerables con un coste fiscal contenido y que incentiven el ahorro energético.

2. Continuar con la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

3. Reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Simplificar y digitalizar los procedimientos de autorización de energías renovables, aumentar la disponibilidad de vivienda social eficiente energéticamente, e incrementar las habilidades de la población activa para la transición verde.

Próximos pasos

Una vez alcanzado el acuerdo político para la reforma fiscal, empezarán los debates sobre el texto acordado en la fase de negociación interinstitucional.

Se completará el texto jurídico de conformidad con el acuerdo provisional. Una vez finalizado el texto, se presentará al Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros para su aprobación.

El acuerdo deberá ser adoptado formalmente por el Parlamento y el Consejo Europeo antes de publicarse en el Diario Oficial de la UE y entrar en vigor en 2024.

EUROPA OPINA

“Necesitamos normas fiscales adaptadas a los retos de esta década. Las nuevas normas contribuirán a reducir los elevados niveles de deuda pública de manera realista, gradual y sostenida. También mejorarán la responsabilización nacional sobre la base de normas comunes de la UE y reforzarán el control de su cumplimiento”. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

“El acuerdo sobre las reglas fiscales es una noticia importante y positiva; dará certidumbre a los mercados financieros y reforzará la confianza en las economías europeas”. Nadia Calviño, aún vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa.

“La política fiscal debe ser realmente contracíclica, tanto para responder a shocks económicos adversos como para reconstruir las reservas una vez que la economía vuelva a la normalidad”. Fabio Panetta, miembro del comité ejecutivo del Banco Central Europeo.

Justicia europea en situaciones de vulnerabilidad

ÁMBITO EUROPEO

JUSTICIA EUROPEA EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

El 25 de octubre, con motivo del Día Europeo de la Justicia, el Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE) celebró en el Parlamento Europeo la conferencia Fortalecer la protección de adultos en la UE, en apoyo a la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea (CE) para reforzar la protección de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad en un contexto transfronterizo.

FÁTIMA PÉREZ DORCA,

La apertura del acto contó con la intervención del comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, que entró por videoconferencia. También participaron el eurodiputado griego, Stelios Kympouropoulos; el presidente del CNUE, Peter Stelmaszcyk y la notaria griega y miembro del consejo de administración del CNUE, Eftychia Karastathi.

Durante su discurso, Reynders explicó que “esta conferencia da voz a aquellos que no siempre son escuchados; los ciudadanos que, debido a un accidente, una enfermedad o una discapacidad, necesitan apoyo y protección especial”. “Con el envejecimiento de la población y el crecimiento de la movilidad entre países de la Unión, el número de casos de ciudadanos en situación de vulnerabilidad que se mudan a otro país va a seguir aumentando. Por ello, esta propuesta de la Comisión Europea tiene como objetivo eliminar los obstáculos legales que se puedan dar en esas situaciones y propone un conjunto de normas armonizadas y eficientes para que se reconozcan sus derechos en todos los estados”.

 


DIDIER REYNDERS: “LA CE PROPONE UN CONJUNTO DE NORMAS ARMONIZADAS Y EFICIENTES PARA PROTEGER A LOS ADULTOS EN SITUACIÓN TRASFRONTERIZA”


 

Normativas diferentes

Según Kympouropoulos, “las diferentes normativas nacionales crean barreras que impiden que los adultos vulnerables y sus familias vean reconocidos sus derechos en situaciones transfronterizas, por lo que la propuesta de Reglamento de la CE representa un importante paso adelante para resolver estos desafíos».

Por su parte, Stelmaszcyk señaló que “el hecho de que el legislador europeo sea consciente de la necesidad de un marco jurídico armonizado entre Estados y actúe en consecuencia es un paso importante hacia una sociedad europea más inclusiva”.

Finalmente, Karastathi señaló que la propuesta de Reglamento de la Comisión “representa un avance considerable en el respeto del derecho a la autonomía de todas las personas consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad”. En este sentido destacó “el papel de los notarios a la hora de brindar apoyo institucional para garantizar que las personas con discapacidad reciban toda la información y las recomendaciones que necesitan para ejercer sus derechos en igualdad de condiciones”.

El paquete legislativo al que hicieron alusión los intervinientes contiene una propuesta de Decisión del Consejo de la Unión Europea por la que se autoriza a 14 Estados miembros que hasta la fecha no son partes del Convenio de la Haya sobre la protección internacional de los adultos, a adherirse a él. También recoge la propuesta de reglamento que tiene como objetivos, por un lado, determinar cuál es la ley aplicable a cada caso, y por otro, facilitar el reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección que hayan sido adoptadas en otro Estado miembro. Además, la iniciativa es un paso hacia una mayor digitalización de los procedimientos, en particular mediante la creación de registros nacionales y la interconexión entre ellos. Por último, las medidas recogen la introducción de un certificado europeo que facilitará a los apoderados demostrar la validez de los poderes que les han sido otorgados en otro Estado miembro de la UE.

 


PETER STELMASZCYK: “ESTA PROPUESTA ES UN PASO IMPORTANTE HACIA UNA SOCIEDAD EUROPEA MÁS INCLUSIVA”


 

Desamparo ciudadano

Tras la apertura tuvo lugar una mesa de diálogo moderada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Internacional del Notariado (UINL) y directora general de la Fundación Æquitas, Almudena Castro-Girona, en la que intervinieron la secretaria de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, Marie Vautravers; la consejera del Ministerio de Justicia en la Representación Permanente de España ante las Instituciones Europeas, Ruth Álvarez; y la coordinadora de Políticas de Derechos Humanos, Foro Europeo de la Discapacidad, Marine Uldry.

 


STELIOS KYMPOUROPOULOS: “LAS DIFERENTES NORMATIVAS CREAN BARRERAS QUE IMPIDEN QUE LAS PERSONAS VEAN RECONOCIDOS SUS DERECHOS EN SITUACIONES TRANSFRONTERIZAS”


 

Para Vautravers “actualmente hay numerosas situaciones en las que los ciudadanos europeos se encuentran ante la falta de reconocimiento de sus derechos cuando se van a otro país de la Unión”. “Puesto que no hay una legislación europea de protección de adultos en situación de vulnerabilidad -explicó- se dan casos como el sucedido a un ciudadano griego que vivía en Alemania y estaba en coma. Su mujer y apoderada pidió obtener ayuda en Grecia y para ello tuvo que atravesar un proceso judicial de 12 años para resolverlo. O, por ejemplo, el caso de un ciudadano de Luxemburgo que vive en Bruselas y tiene un accidente y necesita ayuda, seguramente se va a encontrar con distintas leyes nacionales aplicables y probablemente cada país considerará que ese ciudadano debe acogerse a su jurisdicción”. “Con esta propuesta de reglamento queremos aportar seguridad jurídica a casos de este tipo”, finalizó la secretaria de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil.

Por su parte, Álvarez incidió en que “necesitamos analizar artículo a artículo y sus implicaciones en nuestro sistema legal porque esta regulación debe ser luego aplicada a nivel nacional. Para los países que no han adoptado la Convención de Nueva York va a ser difícil, pero todos compartimos valores y objetivos en esta materia”.
Finalmente, Uldry insistió en que “debemos defender el derecho a la autonomía personal en todos los Estados miembros y aportar soluciones a este conflicto de legislaciones. Desde el Foro Europeo de Discapacidad estamos preparando una propuesta que próximamente publicaremos en nuestra web”.

Para clausurar la jornada, la moderadora, Almudena Castro-Girona, aseguró que «la protección de los adultos en situaciones transfronterizas afecta directamente al corazón mismo de la libre circulación de personas». Sin embargo, «el desafío de esta propuesta es coordinar o fusionar el texto de la UE y la Convención de La Haya bajo los auspicios de la Convención de Nueva York, lo cual no es nada sencillo». En este sentido, reiteró la voluntad del Notariado de “trabajar junto a las instituciones europeas”.

Un certificado europeo

La propuesta de Reglamento de la Comisión Europea en materia de protección de adultos en situación de vulnerabilidad incluye la creación del Certificado europeo de representación. Así una persona (poderdante) que haya designado a otra (apoderado) en su país de origen para que actúe representando sus intereses en previsión de una necesidad de apoyo podrá ser representada también en otros Estados miembros de la Unión Europea.

De izda. a dcha.: Marine Uldry, Marie Vautravers, Almudena Castro- Girona y Ruth Álvarez.
De izda. a dcha.: Peter Stelmaszcyk, Stelios Kympouropoulos, Georgios Rouskas, ex presidente del CNUE, y Eftychia Karastathi.
Didier Reynders.
Conclusiones del encuentro

La moderadora del encuentro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la UINL, y directora de la Fundación Æquitas, Almudena Castro-Girona, señaló los principales objetivos de la propuesta de la CE:

  • Garantizar la protección de las personas adultas en situación de vulnerabilidad cuando se produzca una situación transfronteriza o interna.
  • Respetar la autonomía individual, incluida la libertad de tomar decisiones propias y la independencia de las personas.
  • Garantizar la eficacia transfronteriza, el reconocimiento de las medidas de apoyo o de los poderes otorgados por un adulto en previsión de su necesidad de apoyo.
  • Contribuir a la creación del espacio de libertad, seguridad jurídica y justicia proporcionando un marco coherente de Derecho internacional privado aplicable a la protección de los adultos en situación de discapacidad o vulnerabilidad.
PARA SABER MÁS
Conferencia al completo.
Web del Notariado Europeo cofinanciada por la Comisión Europea sobre las medidas de protección actuales para personas vulnerables en 22 países europeos.

Web del Foro Europeo de Discapacidad.

Claves de la legítima en las herencias

ÁMBITO EUROPEO

CLAVES DE LA LEGÍTIMA EN LAS HERENCIAS

La sede del Colegio Notarial de Cataluña, en Barcelona, acogió el 19 y 20 de octubre las reuniones anuales de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) y de la Academia Notarial Europea, pertenecientes a la Unión Internacional del Notariado (UINL).
Apertura de la Academia Notarial Europea, con José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Cataluña; Valentina Rubertelli, presidenta de la CAE; y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (De izda. a dcha.).
REDACCIÓN

El encuentro, enmarcado en el décimo aniversario de la designación de Barcelona como sede, reunió a más de un centenar de notarios, procedentes de 41 países, quienes analizaron las claves de la legítima en las herencias, el futuro de la misma y los sistemas sucesorios europeos.

La sesión de la Academia Notarial de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE) tuvo lugar el 19 de octubre en el Salón de Actos del Colegio Notarial de Cataluña.

La ceremonia contó con la apertura a cargo de la presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado (UNIL), Valentina Rubertelli, junto al presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz y el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín.

 


JOSÉ ALBERTO MARÍN: “LA LEGÍTIMA NO ES CUESTIONADA POR LA CIUDADANÍA, PERO SÍ GENERA DISCREPANCIAS LA DIFICULTAD DE PODER DESHEREDAR”


 

La legítima

El decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín, destacó que la desheredación es “una senda por la que habría que avanzar, pues la legítima no es cuestionada por la ciudadanía, pero sí genera discrepancias la dificultad que supone poder llevar a cabo el proceso de desheredación de forma efectiva por parte de aquellos individuos que se encuentran en situaciones donde sus descendientes no cumplen con los méritos para recibir un bien, debido a la falta de relación con los mismos u otros motivos”.

 


JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ SANCHIZ: “EN ESPAÑA HA HABIDO REFORMAS PARA TRATAR DE DISMINUIR Y FLEXIBILIZAR LA LEGÍTIMA. HAY QUE SER PRUDENTE”


 

El presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz, explicó que “en España ha habido reformas para tratar de disminuir y flexibilizar la legítima, pero allí donde todavía la cuestión es candente es en el ámbito del derecho común; es decir, en todas aquellas regiones en las que la herencia no tiene una forma propia, sino que mantiene la forma del Código Civil de 1889”. Asimismo, matizó que “hay que ser prudente y dejar que el cambio se vaya desarrollando en la vida cotidiana”.

Para finalizar, la presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la Unión Internacional del Notariado (UNIL), Valentina Rubertelli, consideró que “no se trata de promover la abolición total de la legítima hereditaria. El debate no ha de ser si debe prohibirse o flexibilizarse, sino buscar el balance entre la expresión de una libertad individual, la libertad de legar, la protección de los derechos individuales y la protección de los hijos, así como la preservación de la paz social. Por lo tanto, el objetivo que nos atañe es encontrar este equilibrio”.

Las sucesiones en Europa

Tras la ponencia de las principales autoridades, dio comienzo la mesa redonda para debatir sobre el futuro de las legítimas en los sistemas sucesorios europeos, moderada por la misma presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE), Valentina Rubertelli.

 


VALENTINA RUBERTELLI: “NO SE TRATA DE PROMOVER LA ABOLICIÓN TOTAL DE LA LEGÍTIMA HEREDITARIA. EL OBJETIVO QUE NOS ATAÑE ES ENCONTRAR ESTE EQUILIBRIO”


 

La mesa contó con la intervención del notario de Barcelona y profesor en la Universidad Internacional de Cataluña (UIC), Jesús Gómez Taboada; junto con Philippe Potentier, notario de Francia; Federico Tassinari, notario de Italia; Corinne Zimmerli, notaria de Suiza; y Fanny Orsini, notaria escribana del Reino Unido; Valentina Rubertelli, presidenta de la CAE y Elena Lauroba, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona, quienes expusieron la situación de las legítimas en sus respectivos países y su futura evolución.

Al terminar dicha mesa, se llevó a cabo la presentación de las conclusiones del estudio de la CAE sobre la legítima, a cargo de la presidenta de la comisión, Valentina Rubertelli, quien destacó la importancia de la legítima, señalando que “la reserva hereditaria contribuye a la construcción de la identidad del niño y garantiza una igualdad mínima entre hermanos y hermanas, ayudando a evitar el resurgimiento de nuevas diferencias entre los hijos de una primera unión en familias reconstituidas”.

La presidenta de la CAE presentó una serie de propuestas que, manteniendo la estructura básica de la reserva hereditaria, “podrían adaptar su funcionamiento en línea con la evolución actual de los negocios jurídicos”. Como ejemplos señaló la reducción del monto de la reserva hereditaria y el correspondiente aumento de la porción disponible; la creación de nuevos pactos sucesorios que favorezcan una sucesión contractual negociada; la donación transgeneracional, o la transición de una reserva hereditaria a una simple compensación monetaria.

Sesión plenaria de la Comisión de Asuntos Europeos (CAE)

La sesión plenaria de la CAE tuvo lugar el 20 de octubre en el Saló del Tinell del Museo de Historia de Barcelona. En la apertura participaron la presidenta de la Comisión de Asuntos Europeos de la UINL, Valentina Rubertelli -primera mujer en ocupar el cargo-, y el decano del Colegio Notarial de Cataluña, José Alberto Marín.

En su discurso, la presidenta de la CAE destacó y agradeció la acogida que el Notariado les ha brindado, añadiendo que “poder celebrar la sesión de la Comisión de Asuntos Europeos en este lugar es conmovedor”.

Mesa de debate de la Academia Notarial Europea. De izda. a dcha.: Jesús Gómez Taboada; notario de Barcelona; Corinne Zimmerli, notaria de Suiza; Philipe Potentier, notario de Francia; Valentina Rubertelli, presidenta de la CAE; Fanny Orsini, notaria escribana del Reino Unido; Federico Tassinari, notario de Italia y Elena Lauroba, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona.
La Academia Notarial Europea

Es el centro de formación, análisis y estudio de los notarios de Europa. La academia supone un punto de encuentro de los notarios europeos y, a su vez, un acercamiento de estos con el resto de operadores jurídicos. Entre sus funciones destaca la promoción de relaciones con los notariados nacionales, con el objetivo de colaborar en su organización y desarrollo en previsión de su futura incorporación a la Unión Internacional del Notariado.

Sesión plenaria de la CAE, celebrada en el Salón del Tinell, en el Museo de Historia de Barcelona.
La Comisión de Asuntos Europeos
Reúne a todos los países miembros de la Unión Internacional del Notariado ubicados en Europa (41 Notariados). La Comisión se ocupa de estudiar distintos temas de derecho comparado e internacional privado desde una perspectiva amplia, como juristas, y basándose en la práctica diaria del derecho real. También elabora informes sobre las cuestiones de máxima actualidad jurídica y notarial para, posteriormente, trasladarlos al Parlamento europeo con el objetivo de promover las directivas europeas consideradas de interés. Entre sus objetivos también se encuentran la cooperación con otros organismos internacionales y la promoción de la capacitación, tanto inicial como continuada, de los notarios en su radio de acción, particularmente, desde la Academia Notarial Europea.

Reforma de las reglas fiscales europeas

ÁMBITO EUROPEO

REFORMA DE LAS REGLAS FISCALES EUROPEAS

España preside el Consejo de la Unión Europea (UE) en un momento de grandes retos. Uno de ellos es sacar adelante la reforma del marco de gobernanza económica, que pretende implantar unos criterios fiscales más justos y realistas para los Estados miembros. El objetivo es alcanzar un acuerdo antes de 2024, cuando volverán a estar vigentes las normas suspendidas desde 2020, primero por la pandemia y luego por la guerra en Ucrania.

ELVIRA ARROYO
La Comisión Europea ejercerá una estricta vigilancia para cerciorarse de que cada país cumple los compromisos adquiridos.

La presidencia española del Consejo de la UE durante el segundo semestre de 2023 va a estar marcada por la inestabilidad económica. Aunque las previsiones de crecimiento de la economía europea son más positivas, se mantienen las incertidumbres derivadas de la invasión de Ucrania, las tensiones comerciales, el impacto del aumento de los tipos de interés y el incremento de los precios de las materias primas.

En este contexto, adquiere especial importancia la definición de un nuevo escenario económico que garantice la estabilidad financiera en Europa y la financiación de las inversiones públicas. Esto exige actualizar el marco de gobernanza económica, que regula los valores fiscales de referencia de los Estados miembros, supervisa su cumplimiento y corrige las tendencias económicas problemáticas.

 


EN 2024 LA COMISIÓN EUROPEA PONDRÁ FIN A MÁS DE TRES AÑOS EN LOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS HAN PODIDO DESVIARSE DE LOS LÍMITES FISCALES


 

El objetivo es imponer una fiscalidad que permita a cada país mantener unas cuentas públicas saneadas y reducir los altos niveles de endeudamiento de forma gradual. Al mismo tiempo, deberán contemplar inversiones que faciliten el desarrollo económico, la creación de empleo y la competitividad, sin olvidar otras metas comunes como la transición ecológica y la transformación digital.

Ya en febrero de 2020 la Comisión Europea inició un debate para lograr un consenso sobre esta reforma, pero se interrumpió al empezar la pandemia. Una vez retomado el tema, se definieron las propuestas para establecer una gobernanza económica más transparente, que asegure la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento mediante inversiones sensatas. Se trata de la reforma más completa desde el período que siguió a la crisis económica y financiera.

Pilares. El elemento central de la propuesta de la Comisión son los planes nacionales de política fiscal y estructural a medio plazo. Los Estados miembros formularán planes con sus objetivos presupuestarios, las medidas para corregir los desequilibrios macroeconómicos y las reformas e inversiones prioritarias durante un período mínimo de cuatro años. De este modo, se reforzará la responsabilidad de cada Estado, al darle más margen de maniobra para marcar sus propias medidas de ajuste fiscal y sus compromisos de inversión.

Al mismo tiempo, se quiere avanzar hacia un marco de supervisión que dé preferencia a la sostenibilidad de la deuda. Las sendas de ajuste fiscal se formularán en objetivos de gasto plurianuales como único indicador para la supervisión fiscal, simplificando así las normas en materia fiscal. La Comisión Europea elaborará trayectorias técnicas que ayudarán a los Estados miembros a fijar sus objetivos de gasto plurianuales.

Se seguirán aplicando las salvaguardias comunes para garantizar la sostenibilidad de la deuda, manteniéndose los valores de referencia actuales del 3% del PIB para el déficit y del 60% del PIB para la deuda. La proporción entre la deuda pública y el PIB deberá ser menor al vencimiento del plan nacional. Cuando el déficit se mantenga por encima del 3% deberá hacerse un ajuste fiscal mínimo del 0,5% del PIB anual. Además, los Estados miembros que se acojan a un período de ajuste fiscal ampliado deberán velar por que el esfuerzo fiscal no se aplace a los últimos años del programa.

Todo ello irá acompañado de una estricta vigilancia por parte de la Comisión Europea para cerciorarse de que cada país cumple los compromisos adquiridos.

 


EL NUEVO MARCO DE GOBERNANZA ECONÓMICA DE LA UE ES LA REFORMA MÁS COMPLETA DESDE LA CRISIS ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 2008


 

Excepciones. La nueva regulación mantendrá la cláusula de escape, que se aplica en situaciones de crisis o de recesión económica grave permitiendo a los Estados miembros desviarse temporalmente de los requisitos fiscales habituales. De hecho, actualmente lleva activa más de tres años, a raíz de la pandemia y posteriormente por la invasión rusa de Ucrania. Esto ha permitido adoptar medidas de emergencia para atenuar las consecuencias de estas crisis.

 


EL OBJETIVO ES IMPONER UNA FISCALIDAD QUE PERMITA A CADA PAÍS MANTENER UNAS CUENTAS PÚBLICAS SANEADAS


 

Sin embargo, la Comisión Europea ha anunciado su desactivación a partir de 2024, por lo que en la primavera de este mismo año ya podrá ejecutarse el procedimiento de déficit excesivo tomando como referencia los datos que los países hayan registrado en 2023. Esto significa que los Estados miembros deben trabajar para corregir cuanto antes sus posibles desequilibrios.
Es importante entrar en 2024 con un acuerdo sobre la revisión de las normas fiscales de la UE y otros elementos del marco de gobernanza económica. Este es uno de los principales retos de la presidencia española, que ha subrayado su intención de cerrar el asunto.

La Comisión Europea ha señalado que para la economía de la UE es apremiante conseguir un pacto en estos momentos. El Consejo ha pedido que el trabajo legislativo concluya en 2023.

Aparte de la reforma de las reglas fiscales, España ha anunciado que en su semestre de presidencia atenderá de manera preferente el nuevo marco de recursos propios de la UE, para devolver la deuda financiada por el programa Next Generation; la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual 2021-2027; y la financiación de la reconstrucción y el apoyo a Ucrania en el medio y largo plazo.

Nuevas normas de gobernanza económica europeas
  • Los Estados miembros deberán presentar planes presupuestarios y estructurales nacionales a medio plazo que serán evaluados por la Comisión Europea y aprobados por el Consejo de la UE.
  • La duración de los planes a medio plazo podría ampliarse si un Estado miembro se compromete a introducir un conjunto aceptable de reformas e inversiones.
  • No varían los valores de referencia del 3% del PIB para el déficit y del 60% del PIB para la deuda.
  • Si un Estado miembro tiene un déficit público superior al 3% del PIB o una deuda pública superior al 60% del PIB, la Comisión formulará una “trayectoria técnica” específica para ese país, exigiéndole ajustes con el fin de preservar la estabilidad económica del bloque.
  • La Comisión Europea supervisará continuamente la aplicación de los planes. Los Estados miembros presentarán informes anuales para facilitar un seguimiento eficaz y garantizar la transparencia.
Simplificación del marco fiscal europeo
  • La supervisión presupuestaria anual de los planes nacionales se centrará en un único indicador operativo: los objetivos de gasto plurianuales del Estado miembro. Dejarán de existir la referencia de reducción de la deuda, la referencia de reducción del saldo estructural, el procedimiento de desviación significativa y la matriz de requisitos de ajuste fiscal.
  • El seguimiento anual por parte de la Comisión Europea será menos complicado. En lugar de proponer recomendaciones anuales de política fiscal, se centrará en el cumplimiento por parte de los Estados miembros de los objetivos de gasto plurianuales.
Deuda y déficit públicos europeos con relación al PIB
Ojo al dato

Web de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea

Marco de Gobernanza económica y fiscal. Comisión Europea

Contra el blanqueo de capitales: Perspectivas, fortalezas y retos

ÁMBITO EUROPEO

Contra el blanqueo de capitales:

Perspectivas, fortalezas y retos

El pasado viernes, los jardines de Cecilio Rodríguez acogieron las Jornadas Madrid ALA/CFT (Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo). Perspectivas, fortalezas y retos, en la que se dieron cita expertos y personalidades de reconocido prestigio, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de debatir sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Organizadores de las jornadas.
JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA
De izda. a dcha.: Pedro Galindo, José Luis Martínez-Almeida, Concepción Barrio del Olmo y Manuel Tarrío.

Este debate se celebró en pleno proceso de tramitación de un paquete de medidas para reforzar las normas de la Unión Europea en la lucha contra ambos delitos y con la decisión pendiente de designar la ciudad europea que albergará la futura sede de la autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, para la que se postula Madrid.

España cuenta con una dilatada experiencia y compromiso en el ámbito de las políticas internacionales de prevención y lucha contra ambas lacras, con altas calificaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Además, Madrid es hoy uno de los centros financieros más importantes de Europa, junto con Londres, París y Frankfurt.

Colaboración pública y privada.

Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía y Transformación Digital, inauguró el encuentro; mientras que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, lo clausuró. La vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Pilar Barrio del Olmo, y el secretario del Consejo General del Notariado (CGN), Manuel Tarrío, también acudieron a esta cita.

Calviño señaló que «la colaboración pública y privada es esencial para evitar una lacra de este tipo. Europol estima que el 1% del PIB tiene que ver con operaciones sospechosas de blanqueo. En el contexto de la presidencia europea de España, aprobamos la creación de una Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA), de carácter transfronterizo. Es un paso muy importante y España apoya completamente este nuevo organismo. Se hará todo lo que esté en nuestra mano para poder llegar a un acuerdo sobre el paquete de medidas contra el blanqueo de capitales”.

El primer panel de debate, Perspectivas de futuro sobre la prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en Europa, contó con la participación de Nicolas Véron, investigador senior de Bruegel and Peterson Institute for International Economics (moderador); François-Louis Michaud, director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea (ABE); Eva María Poptcheva, relatora sobre blanqueo de capitales y lavado de activos del Parlamento Europeo; Margarita Delgado, vicegobernadora del Banco de España; Raluca Pruna, jefa de unidad de la Dirección General de Estabilidad y Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales de la UE; y Esteban Fullin, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat).

 


NADIA CALVIÑO: «EN LA PRESIDENCIA EUROPEA DE ESPAÑA APROBAREMOS LA CREACIÓN DE UNA AUTORIDAD EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO (AMLA)»


 

Michaud destacó que «el impulso de los últimos años en la prevención del blanqueo llevado a cabo por los supervisores bancarios e institucionales, debe quedar reflejado en una autoridad potente, como AMLA». Delgado coincidió en que dicha autoridad «tendría un impacto enorme en el crecimiento del PIB y la confianza del sistema». Poptcheva hizo hincapié en la necesidad de «luchar contra el dinero sucio, incrementando la seguridad de los criptoactivos, o implementando sanciones a Rusia por la guerra de Ucrania, por ejemplo». Fullin destacó «la influencia de España en el impulso de normas antiblanqueo en Latinoamérica, una Región donde no hay directivas como las comunitarias». Por último, Pruna señaló «el importante papel de notarios, abogados y agentes inmobiliarios en la prevención del lavado».

El marco preventivo español: fortalezas y desafíos fue el tema de la segunda mesa redonda. Moderada por Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, tuvo como ponentes a Pedro Comín, director del Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias); Alejandra Kindelán, presidenta de AEB; Pedro Galindo, director del Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales del CGN; María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; y Rafael Pérez Pérez, comisario general de Policía Judicial.

El modelo notarial español.

Pedro Galindo subrayó «la potencia de Madrid como sede, al contar con una plena colaboración pública y privada en la lucha contra los delitos económicos. Algo que suele ser desconocido, debido a la necesaria discreción de los asuntos tratados». El responsable del OCP notarial puso de manifiesto el reconocimiento de organizaciones como GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción) o el GAFI al modelo desarrollado por el CGN: «Conocer, con una información consistente y prácticamente inmediata, quién está detrás de una sociedad mercantil demuestra la robustez del sistema».

 


MADRID ES HOY UNO DE LOS CENTROS FINANCIEROS MÁS IMPORTANTES DE EUROPA, JUNTO CON LONDRES, PARÍS Y FRANKFURT


 

El director del OCP apuntó cuatro retos principales de la colaboración de estos profesionales en la prevención del blanqueo: «Relaciones internacionales: en Europa, 22 países cuentan con modelo notarial, a los que se suman otros 77 en el mundo; podemos afirmar que el OCP ha sido un referente a seguir en multitud de estas jurisdicciones, desde Japón a Alemania. Reto normativo: la regulación precisa de un ajuste fino; entidades como notarios y registradores tienen unas especificidades que deben ser reguladas, como es el caso de la diligencia debida. Los criptoactivos: en las notarías estamos viendo el uso de monedas virtuales, lo que supone un riesgo, a pesar de contar con el nuevo reglamento MICA sobre estos mercados. Y, por último, la necesidad de estrechar el intercambio de información transnacional, algo que ya hemos hecho con otras Unidades de Inteligencia Financiera».

«Pero como se dice coloquialmente: ‘El malo siempre va por delante’. La evolución de las nuevas tecnologías plantea un auténtico reto y todos los actores tenemos un desafío, como en el caso de los análisis de riesgos. Hay que ser positivos. Europa ha dado un paso adelante con una potente normativa; pero debe haber estabilidad en la regulación. Los continuos cambios generan dificultades en una aplicación eficaz», concluyó Galindo.

 


JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA: «ES MUY IMPORTANTE CORTAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y ESPAÑA HA DEMOSTRADO SER UN MODELO A SEGUIR»


 

Por lo que se refiere a los otros ponentes del panel, Comín señaló la coordinación existente en España, a nivel humano e institucional, «lo que genera colaboración y homogeneidad en las unidades adscritas». Asimismo, el responsable del Sepblac alertó sobre el reciente uso de la inteligencia artificial en las operaciones sospechosas que reciben en su entidad. Kindelán defendió la candidatura de la autoridad: «Nuestro marco legal y supervisores son fundamentales para estar a la vanguardia». Adán apuntó que «el sistema español de colaboración permite dotar de las mejores herramientas a la Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado». Por último, Pérez Pérez compartió con los asistentes sistemas utilizados por los terroristas como «el pitufeo o la red Hawala», además de un incremento exponencial de activos virtuales». Por todo ello, «la Policía Judicial nos tenemos que adaptar constantemente a las nuevas tecnologías».

Nadia Calviño en el acto inaugural.
Pedro Galindo en un momento de su intervención.

Unidad nacional

Este congreso fue organizado por la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), el Consejo General del Notariado (CGN) , el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Muebles de España y el Colegio Madrid Futuro; con la colaboración del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Madrid se postula como sede de la AMLA

En la clausura, José Luis Martínez-Almeida hizo hincapié en «la unión de las tres Administraciones -estatal, autonómica y municipal- y de todos los actores implicados en una jornada como esta. Es muy importante cortar las fuentes de financiación del terrorismo; y España ha demostrado, con su normativa, ser un modelo a seguir». El regidor avaló la candidatura de Madrid como sede de la AMLA (Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo: «Somos uno de los grandes centros financieros y empresariales comunitarios. Nuestro proyecto es serio, un ejemplo de unidad y el mejor ecosistema en la lucha contra el blanqueo; reúne las mejores condiciones, ofrecemos experiencia y condiciones de calidad de vida y proyección hacia el futuro».

Migración y asilo, hacia una respuesta europea

ÁMBITO EUROPEO

MIGRACIÓN Y ASILO

HACIA UNA RESPUESTA EUROPEA

Fiel a sus tradicionales valores de acogida y refugio, las autoridades comunitarias están empeñadas en acordar en los próximos meses un nuevo pacto en torno al asilo y la migración. Un encaje de bolillos que requerirá de grandes dosis de solidaridad y comprensión mutua hasta alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos, capaz de conjugar la salvaguarda de los derechos fundamentales con los intereses económicos y de seguridad de las distintas naciones que componen el mosaico europeo.
El camino hacia el acuerdo será, sin duda, largo y complejo, con la clave de la obligatoriedad o no de la reubicación.
FERNANDO GEIJO

El eterno dilema sobre la gestión de la inmigración y el asilo en Europa parece más próximo al acuerdo en el seno de la Unión Europea, a pesar de su inherente complejidad, mediante la posible finalización en los próximos meses de un proceso basado en el consenso. Para ello, los 27 Estados miembros están siendo conminados por las instituciones comunitarias para que este mismo año, tras los avances logrados en la reunión de ministros de Justicia e Interior celebrada los pasados 8 y 9 de junio, se pueda lograr el denominado Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. La legislación propuesta en la materia sustituirá a la anterior, aunque el llamado Reglamento de Dublín, que data de 2013 y establece que el solicitante de asilo sólo puede presentar su solicitud en el primer Estado miembro al que llega, permanecerá vigente, pero con cambios importantes en función de los lazos familiares o educativos que mantenga con un país en concreto. Este complicado proceso de aprobación se produciría, previsiblemente y tras los deseos expresados por el Presidente del Gobierno a finales de junio en la cumbre de Bruselas, en el marco de la presidencia española de turno europea, que lo ha fijado como uno de sus objetivos principales de actuación.

Sudoku de intereses.

El sistema se sustentaría en una serie de pilares indispensables para lograr su necesaria estabilidad futura y, por ende, duración. Entre ellos, destaca la obtención de un marco jurídico sólido, que aporte claridad en los requisitos y confianza mutua entre los distintos países; la apuesta preferente por la migración legal, de cara a atraer talento y cubrir las necesidades del mercado laboral intracomunitario; una estrategia común para tejer acuerdos de asociación y mutuo beneficio con los países emisores; la dotación de un presupuesto integral que cubra las políticas internas y externas y, finalmente, lo más importante, el compromiso firme de todos los gobiernos implicados.

 


EL ETERNO DILEMA SOBRE LA GESTIÓN DE LA INMIGRACIÓN Y EL ASILO EN EUROPA PARECE MÁS PRÓXIMO AL ACUERDO EN EL SENO DE LA UNIÓN EUROPEA


 

Tras la petición formal desde la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo para darle un nuevo impulso a esta iniciativa, los siguientes pasos serían la aprobación del nuevo mecanismo de solidaridad, incluyendo los procedimientos de control y fronterizo, para continuar con la aprobación del paquete legislativo. Si la Comisión Europea y la actual presidencia española de turno sacan adelante la propuesta, aún quedaría la negociación con el Parlamento Europeo para tener un texto definitivo.

El problema para alcanzar un acuerdo satisfactorio para una amalgama de 27 países con sus propias realidades e intereses reside en dar una respuesta satisfactoria unitaria al hecho de repartir y acoger de forma equitativa y equilibrada a cientos de miles de inmigrantes y de solicitantes de asilo. Y todo ello en un contexto en el que varios de esos Estados simplemente se niegan a participar en planes que impliquen la reubicación en su territorio de extranjeros extracomunitarios.

Esta aparente cuadratura del círculo se lograría con la puesta en marcha de un mecanismo de solidaridad efectiva. Para lograrlo, se prevé una terna de medidas para superar el sudoku del reparto equitativo de migrantes y de ciudadanos que solicitan acogida y asilo cada año en Europa.

Tres en uno.

La citada estructura permitiría ofrecer a los países un triple nivel de implicación de cara a aliviar a un Estado miembro en situación puntual de crisis, al estar sometido a una inusitada presión migratoria en determinadas épocas del año, como en verano o primavera, o por causas como el estallido de un conflicto bélico (Siria, Ucrania…).

Por un lado, los países podrían optar por aceptar un determinado número de solicitantes de asilo reubicados; pagar para sufragar el retorno de los solicitantes rechazados a sus países de origen o, en última instancia, financiar medidas operativas como centros de acogida o medios de transporte que ayuden a mantener la logística del sistema.

Este mecanismo de solidaridad se nutriría presupuestariamente en función del PIB y población de cada país, además de tener en cuenta el flujo de llegadas a territorio comunitario, y sería vinculante una vez alcanzados los correspondientes acuerdos jurídicos al respecto.

 


LA PIEDRA DE CLAVE PARA LEVANTAR EL NUEVO EDIFICIO MIGRATORIO PANEUROPEO SERÍA EL REPARTO EQUITATIVO DE LA RESPONSABILIDAD Y LA SOLIDARIDAD ENTRE UNOS Y OTROS


 

El término ‘vinculante’ se antoja clave a la hora de afrontar, con garantías, la distribución equitativa de los inmigrantes entre el conjunto de países de la Unión Europea. Conscientes de la tentación que supondría la solidaridad a la carta, los responsables de las negociaciones tendrán que lidiar con la sensibilidad de los países que se encuentran en la primera línea del perímetro de la frontera exterior de la Unión, a lo que se añade el enfoque de otros, como Dinamarca y Austria, que apuestan directamente por la imposición de medidas restrictivas a los flujos migratorios.

La piedra de clave para levantar el nuevo edificio migratorio paneuropeo sería, por tanto, el reparto equitativo de la responsabilidad y la solidaridad entre unos y otros.

Sin embargo, los países partidarios de una mayor reubicación (Alemania, Francia, Italia y Grecia) temen que otros se beneficien del diseño del nuevo sistema, al preferir pagar antes que acoger, mientras que los opositores al reparto de migrantes y solicitantes de asilo (Austria, Eslovaquia, Hungría y Polonia) consideran que el sistema les obligaría a contribuir financieramente al mantenimiento del mismo, quieran o no.

Acoger o pagar.

La última propuesta de la anterior presidencia sueca recalcaba este concepto de solidaridad a la carta, baja la tesitura de ‘acoger o pagar’. Una nueva vuelta de tuerca a un sistema de contribución, obligatoria pero flexible, que ya se ha intentado en otras ocasiones pero que nunca consiguió salir adelante.

Entre los escollos se encuentran países como Polonia y Hungría, que se oponen a todo, al negarse a acoger solicitantes de asilo, a contribuir a la cesta financiera y/o a aportar medios logísticos (uniformes, material de apoyo, helicópteros, drones, etc.), mientras que otros quieren negociar, a la baja, la aportación financiera que les tocaría, sin olvidar el caso de Italia, país central en este asunto que muestra serias dudas al respecto.

Ante este panorama, que no se descarta que pueda conducir al perpetuo bloqueo y acabe dejando la iniciativa en un limbo legal ante la falta de consenso, puede que se produzca el efecto contrario y que, finalmente, desemboque en una especie de efecto no deseado al aumentar el retorno y la repatriación de los ciudadanos no admisibles, tanto a sus países de origen como a terceros que hayan alcanzado acuerdos al respecto con la UE.

El camino hacia el acuerdo será, sin duda, largo y complejo, con la clave de la obligatoriedad o no de la reubicación, el control de los migrantes en la frontera y el establecimiento de los mecanismos de retorno. Sin embargo, también existe el riesgo cierto de que al final se fomente un enfoque en el que, frente a la acogida, se imponga la visión egocéntrica de la seguridad, lo que contribuiría a favorecer el concepto de Europa como una fortaleza inexpugnable.

Flecos del pacto

El borrador del nuevo reglamento maneja aún una serie de incógnitas como:

  • La revisión del plazo en que es responsable del caso el primer país que recibe a la persona en situación irregular.
  • La adopción de mayor dureza de las normas actuales en cuanto a devoluciones y repatriaciones en términos de agilización de plazos.
  • El establecimiento de una lista común de ‘países seguros’ de procedencia a la hora de analizar y, ocasionalmente, rechazar las solicitudes de asilo.
  • Perfilar el reglamento de gestión de crisis ante la llegada masiva, extraordinaria e inesperada de migrantes.

Estadísticas 2022

Migración irregular:

  • 330.000 cruces irregulares de las fronteras europeas, un 64% más que en 2021 y la cifra más alta desde 2016.
  • Las rutas más transitadas fueron los Balcanes Occidentales y el Mediterráneo Oriental, con un 136% y un 108% de aumento, respectivamente.
  • Se calcula que alrededor de 2.500 personas fallecieron intentando llegar a la UE.

Fuente: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Migración legal:

  • Alrededor de 3 millones de personas se establecieron legalmente en el bloque comunitario.
  • España, Alemania y Francia fueron los destinos preferidos.

Fuente: Eurostat.

Asilo:

  • 996.000 solicitudes recibidas en la UE, Noruega y Suiza, un 50% más que en 2021.
  • Principal procedencia de los ciudadanos: India, Burundi, Marruecos, Egipto, República Democrática del Congo, Perú, Moldavia, Yemen, Bielorrusia y Cuba.

Fuente: Agencia de Asilo de la UE (AAUE).
Nota: No se incluyen los 4 millones de refugiados ucranianos.

Devoluciones:

  • 500.000 salidas de extranjeros.
  • 25.000 devoluciones.

Fuente: Comisión Europea y Frontex.

OJO AL DATO

Comunicación de la Comisión relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Comisión Europea. Bruselas, 23-09-2020.

Reglamento (UE) 2021/2303 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2021, relativo a la Agencia de Asilo de la Unión Europea.

Consejo de la Unión Europea. Infografía sobre llegadas irregulares a la UE (2008-2023). Fuente Frontex y Ministerio del Interior de España.

El problema reside en dar una respuesta satisfactoria unitaria al hecho de repartir y acoger de forma equitativa y equilibrada a cientos de miles de inmigrantes.

30 aniversario del Mercado Único Europeo

ÁMBITO EUROPEO

30 ANIVERSARIO

DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO

Nunca antes en la historia de la humanidad tantos países habían acordado unir sus destinos. Al menos de forma pacífica y en igualdad de condiciones. En 2023 el mercado único está de aniversario al cumplir 30 años. Un espacio compartido que hoy aglutina a cerca de 450 millones de ciudadanos donde vivir, trabajar, viajar y comerciar libremente en los límites geográficos que comparten los 27 Estados miembros que integran la Unión Europea. Un marco compartido de actuación que ha demostrado su efectividad para afrontar la reciente pandemia sanitaria o posibilitando una respuesta conjunta a la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania. Un logro, en definitiva, fruto de la cooperación convertido en ejemplo en el que se fijan otros bloques como la Comunidad Andina o Mercosur.
El mercado único ha contribuido a convertir a la UE en la tercera potencia económica mundial.
FERNANDO GEIJO

“Que veinte años no es nada”. El célebre tango ‘Volver’ de Carlos Gardel ejemplifica perfectamente, entre otros aspectos, la fugacidad del paso del tiempo. Sin embargo, en el caso del mercado único europeo, que cumple este año tres décadas desde su implantación en 1993, este lapso de tiempo ha supuesto una auténtica revolución en la mentalidad de los ciudadanos y en la forma de vivir y hacer negocios en una gran parte del denominado Viejo Continente.

 


EL MERCADO ÚNICO POSIBILITA QUE BIENES, SERVICIOS, CAPITALES Y PERSONAS PUEDAN MOVERSE LIBREMENTE POR EL TERRITORIO COMUNITARIO


 

La eliminación de obstáculos y barreras marca, sin duda, un antes y un después en la medida en que posibilita que bienes, servicios, capitales y personas puedan moverse libremente por el territorio comunitario. Un espacio común integrado en la actualidad por 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) que aglutina a alrededor de 450 millones de ciudadanos con un destacado poder adquisitivo, gracias a un PIB global superior a los 14 billones de euros, al que hay que añadir el acceso parcial del que disfrutan los países que integran el denominado Espacio Económico Europeo: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

La unión hace la fuerza.

Gracias a la libertad de movimientos derivada de la puesta en marcha del mercado único, la Unión Europea se ha convertido, con el paso de los años, en uno de los mayores bloques comerciales del mundo, junto a los Estados Unidos y a la potencia ascendente que encarna China en el nuevo orden mundial.

 


EL ESPACIO COMÚN EUROPEO ESTÁ INTEGRADO POR 27 ESTADOS QUE AGLUTINAN A ALREDEDOR DE 450 MILLONES DE CIUDADANOS CON UN DESTACADO PODER ADQUISITIVO


 

Un reflejo de lo anterior es el imparable aumento del intercambio comercial intracomunitario experimentado en los últimos años hasta superar en 2021 los 3,4 billones de euros, alrededor de un 60% del comercio total conjunto de la UE, frente a una exportación de bienes y servicios entre los diferentes países que lo integran que apenas representaba 671.000 millones de euros en el año de su puesta en marcha.

Los derechos recogidos en el Acta Única Europea de 1986, primero, y en el Tratado de la Unión Europea de 1992, después, representaban la culminación de los históricos anhelos para dotar al conjunto de Estados miembros de un mercado interior que pretendía ser un auténtico espacio libre de barreras, capaz de impulsar el crecimiento económico gracias a la libertad de circulación de capitales, bienes, personas y servicios.

A pesar de que en algunas áreas no existe aún un auténtico mercado único, debido a la existencia de lagunas legislativas u obstáculos administrativos, lo cierto es que el edificio común de libertades intracomunitario funciona y está integrado por lo que tradicionalmente se conoce como las ‘cuatro libertades fundamentales’, conformadas por la libertad de movimiento de mercancías, trabajadores, capitales y, la que fue más complicada de obtener, servicios, debido a la complejidad que conlleva la armonización normativa de cara a su aplicación efectiva en distintos países y, por ende, idiosincrasias.

Asimismo, la consecución de estos pilares se apoya en una serie de políticas comunes previas, como son las relativas a los transportes, la competencia, la agricultura y la pesca y el comercio.

Un entramado normativo que posibilita que no existan aranceles, aduanas o cargas tributarias que graven a las empresas que comercian en la UE. Y todo ello bajo idénticas reglas de juego en forma de normas medioambientales y de seguridad.

Mirando hacia el futuro.

A pesar de la veteranía de esta iniciativa ideada para dotar de la necesaria cohesión y homogeneidad interna a los heterogéneos mercados de los países que conforman y que han ido integrando a lo largo de los años la Unión Europa hasta alcanzar la cifra de 27, el mercado único sigue muy vivo y es objeto de permanente mejora y modernización.

En esta línea de constante actualización, el Parlamento Europeo aprobó en 2022 la Ley de Mercados y Servicios Digitales a fin de crear un entorno más transparente y confiable en relación con los requisitos comunes exigidos en toda la UE a las plataformas que integran este sector de actividad.

 


EL FUTURO DEL MERCADO ÚNICO EUROPEO NO ESTÁ EXENTO DE AMENAZAS DEBIDO A LAS DINÁMICAS INTERNAS DERIVADAS DE LA PREFERENCIA POR LOS INTERESES NACIONALES


 

Asimismo, se han establecido recientemente otras iniciativas bajo este paraguas común para, en este caso, atajar las dificultades que afrontan los usuarios cuando deben reparar sus productos electrónicos y/o disminuir los residuos derivados de su eliminación una vez obsoletos.

Las normas comunes en las que se basa el gran bazar que supone el mercado único pasan por construir una panoplia de requisitos que afectan al desenvolvimiento de la sociedad, el consumo y el medioambiente, entre otras cuestiones. Pero en los que prime la exigencia como la piedra angular en la que pivota la confiabilidad del sistema y, por tanto, su transparencia a la hora de fijar exigentes estándares que puedan llegar a convertirse en referencia de criterio a escala mundial, con la consiguiente ventaja competitiva añadida para las empresas europeas.

Sin embargo, la consecución del mercado único no ha sido precisamente un camino de rosas. Su futuro no está exento de amenazas debido a las dinámicas internas derivadas de la preferencia por los intereses nacionales, expresados por los gobiernos de los distintos países que tratan de sacar ventaja imponiendo sus visiones particulares al marco general de actuación. Asimismo, no hay que olvidar que para cuidar su adecuado funcionamiento es necesario impulsar constantemente la confianza en el mismo, motivando la convicción en las ventajas que derivan de su existencia en términos de progreso social y creación de puestos de trabajo.

En conclusión, el mercado único ha sido y continúa siendo un claro detonante que ha ayudado a convertir a la UE en una potencia económica con voz propia en el tablero internacional, lo que, a la postre, le otorga un mayor peso para negociar ventajosos acuerdos comerciales con el resto del mundo y a ejercer una supremacía efectiva en términos de puesta en marcha de estándares de calidad para los diferentes productos y servicios.

Cuatro pilares

El mercado único europeo está basado en un marco jurídico que descansa en cuatro libertades fundamentales:

  • La unión aduanera, gracias a la que es posible la libre circulación de mercancías.
  • Libertad de circulación de trabajadores.
  • Libertad de prestación de servicios.
  • Libertad de circulación de capitales.

Obras son amores

  • Seguridad normativa y ventaja competitiva. La legislación de la UE garantiza que los productos vendidos dentro del mercado único son seguros y respetuosos con el medio ambiente, la protección de los datos personales, la normativa laboral vigente y los derechos humanos, entre otros aspectos.
  • Coordinación y enfoque preventivo. Crisis como la de la pandemia de COVID-19 o los problemas de suministro de energía requirieron de la adopción de una perspectiva común y, por tanto, coordinada. Así, el buen funcionamiento del mercado único permitió, al mantener abiertas las fronteras internas de la UE, la libre circulación de vacunas, así como la adquisición conjunta y diversificada de fuentes de energía y el desarrollo de energías renovables y limpias.
  • Disponibilidad y apoyo a la transformación. Iniciativas como el ‘Pacto Verde Europeo, sobre la base del Objetivo 55 y la Década Digital’ constituyen la punta de lanza de la UE para dotarse de un marco regulador en materia de transición ecológica y digital, gracias a la capacidad que el mercado único facilita para asegurar el suministro de insumos y materias primas esenciales para el desarrollo de tecnologías avanzadas.
EUROPA OPINA

Síntesis de la legislación del Mercado Único europeo. Unión Europea.

Documento sobre el estado del Mercado Único. Comisión Europea.

Instrumento de Emergencia del Mercado Único. Comisión Europea.

Entrevista a Peter Stelmaszczyk, presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE)

ÁMBITO EUROPEO

Peter Stelmaszczyk,

presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE)

president of the Council of the Notariats of the European Union (CNUE)

"El CNUE debe contribuir al restablecimiento de un sistema jurídico eficaz en Ucrania"

“The CNUE should contribute to the reestablishment of an effective legal system in Ukraine”

JOSÉ M. CARRASCOSA

Tras los mandatos de sus compatriotas Vaasen, Götte y Kohler; Peter Stelmaszczyk es el cuarto notario alemán al frente del CNUE, en el 30 aniversario de la institución. El nuevo presidente de los 26 notariados miembros expone en Escritura Pública los retos de mandato.

¿Cómo enfoca su legislatura?

La cooperación con las instituciones europeas estará en el centro de mi mandato. Se están debatiendo numerosos proyectos jurídicos y se espera que concluyan antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Entre ellos, el nuevo paquete legislativo en materia de blanqueo de capitales, la anunciada iniciativa sobre la protección de los adultos vulnerables y la digitalización del Derecho de sociedades. Además, el apoyo al notariado ucraniano será uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo.

La presidencia de su predecesor, Giampaolo Marcoz, será recordada, entre otras cosas, por el apoyo unánime al Notariado ucraniano y a su presidente Marchenko, otorgando al país la condición de miembro observador del CNUE. ¿Cuáles son las medidas presentes y futuras que adoptará para mantener este apoyo?

La guerra en Ucrania está poniendo a prueba el sistema jurídico del país. Muchos notarios están heridos o han muerto. De los 6.600 notarios que hay en el país, solo 2.600 siguen ejerciendo su profesión. Estamos trabajando estrechamente con nuestros colegas ucranianos para que el sistema de administración preventiva de justicia siga funcionando, a pesar de estas dramáticas circunstancias. Apoyamos a los notarios a través de dinero, alojamiento y necesidades básicas. Además, trabajamos juntos en asuntos legales. Sin embargo, queremos ir más allá de ser un ‘Plan Marshall’ para la reconstrucción de Ucrania. El CNUE debe contribuir al restablecimiento de un sistema jurídico eficaz en el país. La garantía del derecho de propiedad, la resolución legal de los procedimientos familiares y sucesorios o la reparación de los registros públicos serán condiciones necesarias para una reconstrucción basada en el Estado de Derecho.

En 2019 se aprobó una directiva comunitaria sobre la constitución telemática de sociedades, que incluía a los notarios como parte del sistema. ¿Existen otras iniciativas europeas en este ámbito?

La digitalización del Derecho de Sociedades será una de nuestras tareas más importantes para 2023. La Comisión Europea está trabajando actualmente en una nueva iniciativa para una directiva que amplíe y mejore el uso de las herramientas y los procedimientos digitales en este ámbito. La publicación de la propuesta está prevista para finales de marzo.

Sin embargo, los países europeos tienen sistemas de registro muy diferentes. En la mayoría, los notarios actúan como guardianes que comprueban la exactitud de toda la información antes de su inscripción en el registro. Los notarios europeos proponen un enfoque ascendente que anime a los Estados miembros a establecer registros más fiables. Por eso, apoyamos plenamente la propuesta de la Comisión Europea de aumentar la transparencia transfronteriza a través del denominado BRIS (Business Registers Interconnection System) y de incrementar las normas de control previo para los registros mercantiles. Esta es la postura que pretendo promover ante las instituciones europeas.

 


«LA LABOR DEL NOTARIADO ESPAÑOL EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES ES UNA REFERENCIA PARA TODOS LOS NOTARIADOS EUROPEOS»


 

El Notariado español es considerado como un referente en la lucha contra los delitos económicos. Dos de sus miembros, Ignacio Gomá (en los últimos seis años) y Juan Kutz (desde principios de 2023), han dirigido el Grupo de Trabajo contra el Blanqueo de Capitales del CNUE. ¿Cree que el modelo español se puede exportar a otros notariados?

La labor del notariado español en la lucha contra el blanqueo de capitales es una referencia para todos los notariados europeos. Estos proyectos de referencia son importantes cuando hablamos con las instituciones comunitarias, ya que ponen de manifiesto el importante papel del notario como funcionario público y colaborador del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales. La concienciación de esta función notarial ante las instituciones europeas es crucial para el trabajo del CNUE en relación con el paquete legislativo que se está debatiendo. Estoy deseando trabajar con Juan Kutz como nuevo presidente de su grupo de trabajo.

Las instituciones comunitarias están trabajando en una revisión del Reglamento eIDAS para la implantación de un sistema europeo de identificación digital. ¿Cómo está colaborando el CNUE para implantar estas soluciones sin menoscabar la necesidad de seguridad jurídica?

El CNUE está siguiendo de cerca las negociaciones sobre la revisión del reglamento eIDAS, que debería proporcionar la nueva base para una identificación digital transfronteriza y segura. ¡Apoyamos firmemente este objetivo! Muchos notariados ya han previsto un proceso de identificación en dos pasos para sus nuevos procedimientos en línea. De esta forma, la identificación realizada por los notarios en el ámbito digital puede cumplir también con los más altos estándares de seguridad.

Los Notariados alemán y español han sido los impulsores de la plataforma EUDoc que permite el intercambio seguro de copias electrónicas entre notarios de distintos países de la UE. ¿En qué situación se encuentra este proyecto?

EUDoc es una solución informática desarrollada por la española ANCERT (la Agencia Notarial de Certificación), que permitirá a los notarios transmitir documentos electrónicos de forma segura. Con EUDoc, los notarios europeos ocuparían un lugar clave a la hora de configurar los desarrollos futuros en el ámbito de la digitalización. Trabajamos conjuntamente con el notariado español para que EUDoc se convierta en un proyecto al que pueda unirse cualquier notariado europeo en cualquier momento. A lo largo de 2022 hemos organizado intercambios con otros miembros para identificar necesidades prácticas y financieras, así como posibles obstáculos técnicos y jurídicos. Continuaremos este diálogo en 2023.

 


DE LOS 6.600 NOTARIOS QUE HAY EN UCRANIA, SOLO 2.600 SIGUEN EJERCIENDO SU PROFESIÓN


 

Ha trabajado como abogado en un gran bufete. ¿Qué le motivó a convertirse en notario? ¿A qué retos se enfrenta un joven notario en Europa?

Como notario, valoro especialmente la contribución que hacemos al buen funcionamiento de la sociedad. El notario desempeña una importante función de asesoramiento jurídico imparcial e independiente. Aconsejaría a un joven notario que aprenda otros idiomas y amplíe sus conocimientos de Derecho internacional privado y de otros sistemas jurídicos.

After the terms of your compatriots Vaasen, Götte and Kohler, Peter Stelmaszczyk is the fourth German notary to head the CNUE, on the 30th anniversary of the institution. The new president of the 26 member notaries sets down in ESCRITURA PÚBLICA the challenges of mandate.

How are you approaching your legislature?

Cooperation with the European institutions will be at the heart of my mandate. Many legal projects are under discussion and are expected to be concluded before the European parliamentary elections in 2024. These include the new legislative package on anti-money laundering, the announced initiative on the protection of vulnerable adults and the digitalisation of company law. In addition, support to the Ukrainian notariat will be one of the cornerstones of our work.

The presidency of your predecessor, Giampaolo Marcoz, will be remembered, among other things, for the unanimous support of the Ukrainian Notariat and its President Marchenko, granting the country the status of CNUE observer member. What are the future and ongoing steps you will take to maintain this support?

The war in Ukraine is putting the country’s legal system to the test. Many notaries are injured or dead. Of the 6600 notaries in the country, only 2600 are still practising. We are closely working with our Ukrainian colleagues to keep the system of preventive administration of justice working, despite these dramatic circumstances. We support notaries through money, accommodation and basic necessities. In addition, we work together in legal matters. However, we want to go further to be a “Marshall Plan” for the reconstruction of Ukraine. The CNUE should contribute to the restoration of an effective legal system in the country. The guarantee of the right to property, the lawful settlement of family and succession proceedings, or the restoration of public registers will be necessary conditions for a reconstruction based on the rule of law.

In 2019, a Community directive on the remote electronic incorporation of companies was approved, which included notaries as part of the system. Are there other European initiatives to come in this area?

The digitalisation of company law will be one of our most important tasks for 2023. The European Commission is currently working on a new initiative for a directive to extend and improve the use of digital tools and processes in this area. The publication of the proposal is announced for the end of March. However, European countries have very different registry systems. In most of them, notaries act as gate-keepers who check all information for accuracy before it is entered in the register. European notaries instead propose a bottom-up approach to encourage Member States to establish more reliable registers. That is why we fully support the European Commission’s proposal to increase cross-border transparency via the so-called BRIS (Business Registers Interconnection System) and to increase the ex ante control standards for business registers. This is the position I intend to promote vis-à-vis the European institutions.


THE WORK OF THE SPANISH NOTARIAT IN COMBATING MONEY LAUNDERING IS A REFERENCE FOR ALL EUROPEAN NOTARIATS


The Spanish Notariat is considered a benchmark in the fight against financial crimes. Two of its members, Ignacio Gomá (for the past six years), and Juan Kutz (since early 2023), have led the CNUE Anti-Money Laundering Working Group. Do you think the Spanish model can be exported to other notariats?

The work of the Spanish notariat in combating money laundering is a reference for all European notariats. Such benchmark projects are important, when we talk to the Community institutions, as it shows the important role of notaries as public officials and partners of the State in the fight against money laundering. Raising awareness for this notarial function vis-à-vis the European institutions is crucial for the CNUE’s work on the legislative package currently under discussion I am looking forward to working with Juan Kutz as the new chair of the working group.

The Community institutions are working on a revision of the eIDAS regulation for the implementation of a digital European identification system. How is the CNUE collaborating to implement these solutions without undermining the need for legal certainty?

The CNUE is closely following the negotiations on the revision of the eIDAS regulation, which should provide the new basis for a cross-border and secure digital identification. We strongly support this objective! Many notariats have already provided for a two-step identification process for their new online procedures: Thus, identification carried out by notaries in the digital sphere can also meet the highest security standards.

The German and Spanish Notariats have been the drivers of the EUDoc plattform which allows the secure exchange of electronic copies between notaries from different EU countries. What is the status of this project?

EUDoc is an IT solution developed by Spain’s ANCERT (Notarial Agency of Certification), whichwill allow notaries to securely transmit electronic documents. With EUDoc, European notaries would gain a key position in shaping future developments in the field of digitalisation. Together with the Spanish notariat, we are working to ensure that EUDoc becomes a project, which can be joined by any European notariat at any time. Throughout 2022, we organised exchanges with other members to identify practical and financial needs, as well as possible technical and legal obstacles. We will continue this dialogue in 2023.


OF THE 6600 NOTARIES IN THE COUNTRY, ONLY 2600 ARE STILL PRACTISING


You have worked as a lawyer at a large law firm. What motivated you to become a notary? What are the challenges facing a young notary in Europe?

As a notary, I particularly appreciate the contribution we make to the proper functioning of the society. The notary has an important role to provide impartial and independent legal advice. I would advise a young notary to learn foreign languages and broaden his or her knowledge of private international law and other legal systems.

Madrid, sede europea de antiblanqueo

ÁMBITO EUROPEO

MADRID, SEDE EUROPEA DE ANTIBLANQUEO

MADRID, EUROPEAN ANTI-MONEY LAUNDERING HEADQUARTERS

FERNANDO GEIJO

La pertinaz sequía que sufre España en materia de adjudicación de sedes de agencias europeas supone un evidente agravio comparativo con respecto a nuestros homólogos europeos. Sin embargo, tanto España en general, como su capital en concreto, merecen ser la sede de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés).

La primera noticia que tuvimos de esta posibilidad fue el anuncio hecho público hace algunos meses por el alcalde de Madrid y el secretario general del Tesoro y Financiación Internacional de postular Madrid como sede de esta nueva autoridad europea.

Para ello cuentan con el apoyo decidido de las Administraciones públicas españolas, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Sepblac a la cabeza; el sector bancario (por supuesto el Banco de España y las principales asociaciones); los empresarios (todas las patronales), la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y numerosas profesiones, como los notarios, los abogados…

¿Por qué Madrid?

La capital de España es la única gran urbe de la Unión Europea que todavía no alberga la sede de alguna agencia o institución europea. De hecho, la acumulación de poder que despliegan otras ciudades, con los casos más significativos del Banco Central Europeo (BCE), sito en Fráncfort, o la Autoridad Bancaria Europea (EBA) reubicada en 2019 en París tras su mudanza desde la City londinense como consecuencia del Brexit, no hace más que resaltar esa indiscutible descompensación del reparto administrativo intracomunitario.

Las fortalezas de Madrid son innegables a la hora de tener serias opciones de alzarse como el hogar definitivo de la AMLA.

De entrada, su tradicional dinamismo, que la sitúa como la 6ª región por PIB de la UE, y con una intensa actividad innovadora: es pionera en la autorización del SandBox y en proyectos greenfield adjudicados y la 5ª en Fintech en Europa.

 


MADRID ES UNA CIUDAD SEGURA, CON CALIDAD DE VIDA, TRANSPORTE, EDUCACIÓN, OCIO, INFRAESTRUCTURAS, ACOGEDORA Y DIVERSA


 

Por otra parte, la candidatura madrileña está plenamente alineada con el estricto cumplimiento de los requisitos esgrimidos por los responsables de la adjudicación, como son: contar con centros educativos y asistencia sanitaria de excelencia y calidad; un mercado laboral cualificado y accesible para los cónyuges de los empleados de la agencia; disponer de un edificio representativo; y de una amplia e integrada red de transporte público y conectividad digital de alta velocidad, lo que conforma una excelente panoplia de argumentos dignos de tenerse en cuenta por los correspondientes evaluadores comunitarios.

Además, Madrid es famosa por su conocido sentido de acogida, hospitalidad y tolerancia. Un sentimiento gracias al cual nadie se siente forastero o discriminado por su origen y, en consecuencia, todos los que llegan a la ciudad se integran como madrileños desde el primer momento, sin importar su lugar de nacimiento, cultura, religión o procedencia.

La ciudad dispone, además, de una vibrante vida cultural, así como de una intensa actividad con múltiples y variadas opciones de ocio, sin olvidar su reputada oferta gastronómica, tanto internacional como autóctona.

A la vanguardia en la lucha contra delitos financieros

A las evidentes ventajas que supondría ubicar la sede de la AMLA en Madrid habría que sumar, además, un hecho diferencial que suma puntos a favor de la candidatura española: la larga tradición de nuestro país en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Ello, sin dejar de lado otros aspectos como la legislación avanzada en la materia; la existencia de una potente UIF (el SEPBLAC) y fuerzas y cuerpos de seguridad especializados para hacer frente a los delitos desde el ámbito preventivo y represivo; o la existencia de organismos especializados y herramientas de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, pioneros a nivel internacional.
En este sentido, España fue el primer país que creó, atendiendo a la posibilidad brindada por los instrumentos internacionales, en el año 2005, un Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), concretamente del sector notarial. Este organismo, integrado por especialistas en prevención del blanqueo de capitales, asume ciertas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nombre de los notarios.

Su existencia y el compromiso de los notarios en la materia posibilitan el acceso a las autoridades competentes y sujetos obligados a la primera base de datos centralizada existente en el país con información sobre titulares reales (BDTR) de las personas jurídicas.

Tanto el OCP como la BDTR han sido reconocidos por GAFI como herramientas fundamentales en las altas calificaciones obtenidas por España en la evaluación realizada a su sistema de lucha contra estos delitos.

Madrid en cifras

  • 3ª ciudad más habitable del mundo (Mori Global Power Cities Index 2019).
  • 1ª ciudad de Europa preferida para vivir por la generación Z (entre 18 y 22 años), según Spotahome 2018.
  • 1ª ciudad del mundo donde los expatriados se sienten mejor acogidos (International Expat City Ranking 2019).
  • 4ª mejor ciudad de Europa para vivir (Time Out Best Cities in the World 2019).
  • Reconocida como Ciudad Arbórea del Mundo 2019 por la FAO y la Fundación Arbor Day.
  • 6ª ciudad de Europa con mejor movilidad sostenible (Greenpeace 2018).
  • 5ª ciudad con mejor movilidad y transporte del mundo (IESE Cities in Motion).
  • Madrid-Barajas es el mayor aeropuerto del Sur de Europa (Skytrax World Airport Awards 2020).
  • 6ª ciudad de Europa con mejor conectividad (Financial Times, fDi – European Cities and Regions of the Future 2020/2021) y centro de una red de alta velocidad de 4.000 km, la 2ª del mundo tras China, que conecta la ciudad con toda España y el resto de Europa.
  • 6ª ciudad del mundo con mejor calidad de la sanidad (Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2019).
  • 5ª ciudad del mundo con mayor seguridad en las infraestructuras (The Economist Safe Cities Index 2019).
  • 9ª ciudad del mundo con mejor salud y seguridad (PWC Cities of Opportunity 2016) y 4ª de la UE más segura.
  • Forma a los mejores profesionales, con 3 escuelas de negocios locales entre las 50 mejores del mundo.
  • Cuenta con 98 museos, 4ª del mundo en teatros musicales y 2ª de Europa con mejor gastronomía (21 estrellas Michelin).
Para saber más / Find out more

El lugar perfecto para que AMLA prospere.
The perfect place for AMLA to thrive.

The persistent drought suffered by Spain in the allocation of European agency headquarters clearly constitutes a comparative slight as regards our European counterparts. However, both Spain in general, and its capital in particular, deserve to be the base for the new European Anti-Money Laundering Authority (AMLA).

The first news we heard of this possibility was the public announcement a few months ago by the mayor of Madrid and the Secretary-General for the Treasury and International Finance that Madrid would be bidding to host this new European authority.

They enjoy decisive support in this venture from Spain’s public authorities, headed by the Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation and the SEPBLAC; the banking sector (the Bank of Spain, of course, as well as the main associations); the business world (all the employers’ confederations), the National Securities Market Commission, and numerous professions, such as notaries, lawyers…

Why Madrid?

The Spanish capital is the only major city in the European Union that does not yet house the headquarters of any European agency or institution. Indeed, the power built up by other cities, most notably the European Central Bank (ECB), located in Frankfurt, and the European Banking Authority (EBA) relocated in 2019 to Paris after its move from the City of London as a result of Brexit, only highlights this indisputable imbalance in administrative distribution within the EU.

Madrid’s strengths are undeniable in terms of having a realistic chance of becoming the permanent home of the AMLA.

To begin with, its traditional dynamism, making it the sixth region of the EU in GDP terms, and with intense innovative activity: pioneering the authorisation of the SandBox and the awarding of greenfield projects, ranked 5th in Europe for Fintech.

 


MADRID IS A SAFE, WELCOMING, AND DIVERSE CITY, WITH QUALITY OF LIFE, TRANSPORT, EDUCATION, LEISURE, INFRASTRUCTURE


 

Meanwhile, the Madrid candidacy is fully aligned with strict fulfilment of the requirements set out by those responsible for the decision, such as: educational institutions and healthcare of excellence and quality; a qualified and accessible labour market for the spouses of the agency’s employees; a landmark building available; and an extensive and integrated public transport network and high-speed digital connectivity, making for an outstanding array of arguments worthy of consideration by the EU decision-makers involved.

In addition, Madrid is famous for its well-known spirit of welcome, hospitality and tolerance. A feeling thanks to which no one feels an outsider or discriminated against because of their origin, with all those arriving in the city feeling as at home as locals from the very outset, regardless of their place of birth, culture, religion, or background.
The city also has a vibrant cultural life, as well as a non-stop range of varied leisure options, without overlooking its renowned gastronomic offering, both local and international.

Leading the way in the fight against financial crime

Aside from the obvious advantages of locating the AMLA headquarters in Madrid, we should also add in a distinctive factor earning even more points in favour of the Spanish bid: our country’s long tradition in the fight against money laundering and terrorist financing.

This, without neglecting such other aspects as advanced legislation in this field; the existence of a powerful FIU (the SEPBLAC) and specialised law enforcement agencies to deal with crimes from the aspects of prevention and prosecution; and the existence of specialist bodies and tools to prevent money laundering and terrorist financing, with international flagship status.

In this regard, Spain was the first country, in accordance with the option provided by international instruments, to set up a Centralised Body for the Prevention of Money Laundering (the OCP) in 2005, specifically in the notarial sector. This body, made up of AML specialists, takes on certain obligations for the prevention of money laundering and terrorist financing on behalf of notaries.

Its existence and the commitment of notaries in this field provide the competent authorities and obliged subjects with access to the country’s first centralised database of information on beneficial owners of legal entities (the BDTR).

Both the OCP and the BDTR have been recognised by the FATF as fundamental tools in the high scores obtained by Spain in the evaluation conducted of its system to combat these crimes.

Madrid in figures

  • 3rd most liveable city in the world (Mori Global Power Cities Index 2019).
  • 1st choice European city to live in for Generation Z (aged 18-22), according to Spotahome 2018.
  • 1st city in the world where expats feel most welcome (International Expat City Ranking 2019).
  • 4th best city in Europe to live in (Time Out Best Cities in the World 2019).
  • Recognised as Tree City of the World 2019 by the FAO and the Arbor Day Foundation.
  • 6th-ranked city in Europe for sustainable mobility (Greenpeace 2018).
  • 5th-ranked city in the world for mobility and transport (IESE Cities in Motion).
  • Madrid-Barajas is the largest airport in southern Europe (Skytrax World Airport Awards 2020).
  • 6th-ranked city in Europe for connectivity (Financial Times, fDi – European Cities and Regions of the Future 2020/2021) and the centre of a 4,000 km high-speed network, the 2nd-biggest in the world after China, connecting the city with the whole of Spain and the rest of Europe.
  • 6th-ranked city in the world for quality healthcare (Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2019).
  • 5th-safest city in the world for infrastructure (The Economist Safe Cities Index 2019).
  • 9th-ranked city in the world for health and safety (PWC Cities of Opportunity 2016) and 4th-safest in the EU.
  • It trains the best professionals, with 3 local business schools among the top 50 in the world.
  • It has 98 museums, is ranked 4th in the world for musical theatres and 2nd in Europe for gastronomy (21 Michelin stars).

Entrevista a Magdalena Valerio, presidenta del Consejo de Estado

EN ESTE PAÍS

Magdalena Valerio,

presidenta del Consejo de Estado

CARLOS CAPA

«El Consejo de Estado es para los juristas el templo del Derecho»

Magdalena Valerio Cordero (Torremocha, Cáceres, 1959) tomó posesión como presidenta del Consejo de Estado el pasado noviembre, cuestión que señala como “un gran privilegio”. Licenciada en Derecho y funcionaria de la Seguridad Social, siempre ha estado vinculada al mundo de las relaciones laborales. Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de 2018 a 2020, ha sido diputada por Guadalajara en dos ocasiones y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo.

Acaba de llegar a la presidencia del principal órgano consultivo del Estado. ¿Se esperaba este giro en su carrera política? ¿Qué ha supuesto para usted?

No me había imaginado este cambio, esta nueva etapa. Yo estaba trabajando en el Congreso como diputada por Guadalajara y en concreto como presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, dónde conseguimos alcanzar un gran acuerdo sobre las pensiones. Desde luego mi perspectiva era acabar la legislatura en el Congreso. En todo caso para mí es un gran privilegio ser presidenta del Consejo de Estado: una institución con un tremendo prestigio; con esa “auctoritas” que define el Derecho Romano. Creo que el Consejo de Estado es para los juristas el templo del Derecho.

¿Ha cambiado la visión que tenía del Consejo de Estado al conocerlo desde dentro?

Siempre he apreciado mucho los dictámenes del Consejo de Estado, pero ciertamente no conocía el detalle del proceso mediante el que se elaboran. El tiempo que llevo al frente de la institución me ha hecho ver el formidable trabajo que se hace. Terminaremos 2022 con cerca de 2.000 consultas. Es un trabajo ingente de una altísima calidad. Por encima del 97% de las recomendaciones del Consejo de Estado son admitidas por el órgano consultante.

El Consejo de Estado ha realizado en los últimos años un impresionante esfuerzo de transparencia y cercanía, desconocido en sus 500 años de historia. ¿Continuará en esa dirección?

Desde luego vamos a continuar en la línea de acercarnos a la sociedad y a los medios de comunicación, sin perder de vista que esta es una institución para la reflexión, y esto requiere sosiego. No debemos sentirnos presionados, para trabajar desde la independencia. Entre la opacidad y estar todo el día en los medios hay un espacio para ser transparentes sin tener que estar más preocupados por el cómo se dice antes de por qué se dice.

Cada vez más voces y de más diversa procedencia reclaman que sea necesario el informe preceptivo del Consejo de Estado para todas las leyes, incluidas las que se tramiten como Proposición de Ley. ¿Cuál es su opinión?

Primero, querría recordar que a pesar de que, efectivamente, no todas las leyes y normas son preceptivas de ser consultadas al Consejo de Estado, la cantidad de textos legales que siendo solo potestativos llegan al Consejo es muy alta. Es decir, en numerosas ocasiones, incluso sin ser obligatorio consultarnos, el Gobierno y otras instituciones lo hacen.

¿Qué quiero decir con esto? Que, al hilo de su pregunta, si alguien piensa, o pretende crear la imagen, de que el Consejo de Estado no es suficientemente consultado por el Gobierno de turno y demás instituciones que permite nuestro reglamento, está muy equivocado.

Dicho esto, tampoco me parece justo inferir que las leyes, como las Proposiciones de Ley, que se tramitan directamente en el Congreso, no tienen todas las garantías jurídicas. El cuerpo de letrados de las Cámaras y antes que ellos los asesores jurídicos de los ministerios y de los grupos parlamentarios aseguran también una calidad legislativa propia de un Estado de Derecho avanzado como es el nuestro.

¿Sería más eficiente que el Consejo de Estado asumiera todas las funciones consultivas o funciona bien el actual sistema en el que algunas comunidades autónomas disponen de sus propios órganos de consulta?

La descentralización del Estado a través de las comunidades autónomas se realiza bajo la premisa de que aproximar la Administración a la ciudadanía la hace más útil, porque es mejor conocedora de las necesidades y retos que aborda cada territorio. Y funciona. La misma idea se desprende de los consejos consultivos. Son ellos los que mejor pueden dictaminar sobre asuntos que se circunscriben al gobierno autonómico al que asesoran y a la ciudadanía que habita en el territorio donde actúan. Y debe tenerse en cuenta que desde el Consejo de Estado mantenemos una constante y fluida comunicación y colaboración con el resto de consejos consultivos, de manera que compartimos experiencias, doctrina, etcétera. Esta colaboración se intensificó durante el mandato de mi predecesora, María Teresa Fernández de la Vega, y es una de las líneas que pretendo mantener y poner en valor como una de las colaboraciones interinstitucionales tan necesarias que antes le comentaba.

Ha dedicado gran parte de su trayectoria política al Derecho del Trabajo y las relaciones laborales, hoy sacudidas por la realidad cambiante de la economía y la digitalización. ¿Cómo será el mundo del trabajo en los próximos años?

Hace tiempo que sabemos que el mundo laboral de aquí a diez o veinte años será probablemente bastante distinto del que conocemos hoy en día, por no hablar respecto del que teníamos hace solo dos o tres décadas. En todos los organismos internacionales, desde el G20 hasta la OIT pasando por la UE, cuando se han mantenido reuniones respecto al mundo laboral, el tema fundamental ha sido el futuro del trabajo. A mí me gusta decir que ese futuro es ya, de hecho, el presente. El mundo laboral está siendo impactado de una forma importantísima por tres fenómenos: la digitalización, la robótica y la IA; el cambio climático y la transición ecológica y energética; y los desequilibrios demográficos. Esto implica que haya puestos de trabajo que están desapareciendo, pero al mismo tiempo se abren muchísimas oportunidades laborales. Yo me adscribo a la tesis de que son más los tipos de trabajo que están apareciendo que los que están desapareciendo.

¿Están aseguradas las pensiones?

Las pensiones en España por supuesto que están aseguradas, porque el garante de las pensiones es el Estado. En primera instancia, la Seguridad Social, pero también el Estado. Tenemos un sistema básicamente contributivo en el que las prestaciones se mantienen con las cotizaciones. Pero las propias recomendaciones del Pacto de Toledo, concretamente la recomendación 20, que es nueva, habla del impacto de la digitalización, de la robótica y cómo puede llegar un momento en el que baje la masa salarial y, por tanto, las cotizaciones. Y se deja la puerta abierta para que esas cotizaciones se tengan que complementar con otras vías de financiación. Además, se han adoptado otras medidas. Siguiendo la recomendación número uno del Pacto de Toledo, y regulado ya en la Ley de 28 de diciembre de 2021 de Reforma del Sistema de Pensiones, los gastos impropios que durante muchas décadas ha estado pagando la Seguridad Social con cotizaciones, en el año 2023 se deben dejar de pagar totalmente.

Usted también se ha caracterizado por su constante y firme lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cuándo cree que llegará esa deseada real y efectiva igualdad?

Aquí la realidad y el deseo se confunden con mucha facilidad. El deseo es que esta igualdad real y efectiva, que jurídicamente hace tiempo existe, llegará pronto. Porque hemos avanzado mucho en los últimos años y porque no venimos de la nada: tenemos toda una genealogía de luchadoras por los derechos de la mujer que haríamos bien en reivindicar; si no, parece que cada generación empiece de cero, y no es cierto. Pero la realidad, ciertamente, es que a pesar de los avances extraordinarios todavía sigue habiendo desigualdades que no podemos seguir tolerando por más tiempo.

No hablo solo de esos ‘techos de cristal’, que más bien son de cemento armado, que impiden acceder a las mujeres a los máximos puestos de multitud de sectores, entre ellos el jurídico –un apunte: María Luisa Segoviano fue la primera mujer que presidió una Sala del Tribunal Supremo… ¡en 2020!-. Hablo también de situaciones totalmente inaceptables como que las mujeres cobren menos salario por el mismo trabajo que realiza un hombre. Desigualdad que luego incide directamente en que estas mujeres tengan una pensión más baja que la de sus compañeros. O la conciliación, que todavía parece que no sea algo que interpela a toda la sociedad sino solo a las mujeres. De hecho, yo prefiero hablar de corresponsabilidad. Será imposible conseguir un equilibrio entre hombres y mujeres hasta que no haya una corresponsabilidad entre ambos en todos los niveles, especialmente en lo que respecta a los cuidados.

La seguridad jurídica es sin duda la base de una democracia consolidada, una materia unida intrínsecamente a la función notarial. ¿Qué valor tiene, en su opinión, para el Estado y sus órganos?

Como le comentaba, la seguridad jurídica es vital para mantener y asegurar nuestro Estado de Derecho a través de los actos jurídicos que abordamos los ciudadanos, pero también, por supuesto, para los órganos que conformamos el entramado institucional del Estado. Sin seguridad jurídica en los ámbitos políticos, empresariales, también en el ámbito privado de los ciudadanos, tendríamos un Estado fallido. No es posible garantizar derechos sin seguridad jurídica.

«Los notarios son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica»

El Notariado es un cuerpo que ha ejercido siempre una inalterable vocación de servicio de colaboración al Estado. ¿Cómo valora su trabajo?

El Notariado forma parte esencial en la vida de las personas desde que nacemos hasta que morimos, en multitud de actos jurídicos que tenemos que abordar a lo largo de nuestra existencia. En este sentido, los notarios son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica de todas estas situaciones por las que pasamos prácticamente todos.

Además, el Notariado ha demostrado una extraordinaria capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, tanto desde el punto de vista de cambios jurídicos que han afectado a sus funciones como a las innovaciones tecnológicas que también han modificado su trabajo diario. Por ejemplo, a través de la Cátedra sobre seguridad jurídica en la Sociedad Digital que impulsa la Fundación Notariado junto con ICADE. Este estar constantemente adaptándose a las nuevas realidades por parte del Notariado es importantísimo para el resto de la sociedad, porque es la única manera de proporcionar seguridad jurídica en una sociedad cada vez más tecnológica, cada vez con más derechos digitales.

Huella digital

La presidenta del Consejo de Estado tiene un perfil público en Twitter con más de 21.000 seguidores @mvalerio_gu

«Terminaremos 2022 con cerca de 2.000 consultas. Es un trabajo ingente de una altísima calidad»
«Las pensiones en España por supuesto que están aseguradas, porque el garante de las pensiones es el Estado»
«La seguridad jurídica es vital para mantener y asegurar nuestro Estado de Derecho»
«Yo me adscribo a la tesis de que son más los tipos de trabajo que están apareciendo que los que están desapareciendo»