Una reforma histórica

EL ESCAPARATE

Una reforma histórica

La reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica supondrá la mayor transformación del nuestro Derecho privado desde el inicio de la era democrática.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

Esta reforma histórica se debe, fundamentalmente, al impulso del Comité Español de representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); a la coordinación y la unidad de la discapacidad, y el esfuerzo invertido por amplios sectores sociales y jurídicos, como la Fundación Aequitas del Notariado español.

Básicamente, supone que España asuma el compromiso de dar cumplimiento a la Convención de la ONU de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad. El texto contempla con carácter general los principios de la Convención, colocando a España en un primer plano de la regulación europea.

Su entrada en vigor modificará leyes como las del Notariado, Hipotecaria, de Jurisdicción Voluntaria, de Registro Civil, de Enjuiciamiento Civil, de Protección Patrimonial de Personas con Discapacidad; Código Civil y normativa tributaria.

Cambios del Código Civil. La reforma del Código Civil es la más extensa y de mayor calado. El elemento sobre el que pivota la nueva regulación no va a ser ni la incapacitación ni la modificación de una capacidad; la idea central es la del apoyo a la persona que lo precise.

En cuanto a las normas adaptadas, cabe citar las de Derecho Internacional Privado -como las que afectan a la nacionalidad-, y las que regulan los efectos de las crisis matrimoniales cuando hay hijos mayores de edad con discapacidad, lo que puede afectar a la atribución de la vivienda familiar. También experimentan modificaciones preceptos sobre la sociedad de gananciales cuando uno de los cónyuges precise de medidas de apoyo.

Reglas del Derecho de sucesiones y contratos se verán afectadas, para que los actos jurídicos de trascendencia se adapten a la nueva perspectiva. La responsabilidad civil por hecho propio y ajeno se modifica al considerase a las personas con discapacidad como sujetos plenamente capaces. Esta reforma modifica los preceptos del Código Penal en materia de responsabilidad civil derivada del ilícito penal.

La adaptación se extiende al ámbito procesal, de modo que se sustituyen los procesos de modificación de la capacidad por los dirigidos a proveer de apoyos. La Ley de Enjuiciamiento Civil se revisa en algunas acciones como la determinación o impugnación de la filiación, separaciones y divorcios y divisiones de herencias.

Impacto de la ley. Representantes parlamentarios y del mundo asociativo, fiscales, magistrados y notarios analizan para Escritura Pública el impacto de la futura ley en el colectivo de personas con discapacidad.

Antonio López-Istúriz, Vicente Martínez-Pujalte, Emilio Olabarría, Francisco Vañó y Álvaro Cuesta, ocupan o han ocupado cargos políticos en diferentes grupos parlamentarios. En la actualidad, todos ellos son patronos de la Fundación Aequitas.

Para López-Istúriz, diputado popular en el Parlamento Europeo: «El objetivo principal del nuevo sistema es favorecer la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad y, como tal, potenciar el apoyo a la persona que lo precise. El proyecto de ley elimina el concepto de tutela y de patria potestad prorrogada en relación con la discapacidad, que se mantendrá exclusivamente en el ámbito de minoría de edad. La principal medida de apoyo será la curatela, definición que consagra una figura de naturaleza asistencial que solo invocará carácter representativo en casos excepcionales, designados por el juez. Asimismo, se introduce el concepto del defensor judicial y regula la prodigalidad al margen de la discapacidad, por tratarse de una institución ajena a ella».

Olabarría -diputado por el Partido Nacionalista Vasco en diversas legislaturas y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial- apunta que «la nueva ley protegerá las transacciones sobre bienes inmuebles y, por tanto, dará seguridad al mercado y al patrimonio de las personas. La eficacia de la publicidad que proporcionarán el registro de la propiedad y los notarios se traducirá también en la evitación de pleitos y conflictos y es por ello que los fedatarios públicos pueden ser una manifestación de la justicia preventiva cuyo acceso efectivo, en la terminología del artículo 13 de la Convención, debe ser proporcionado a las personas cuya discapacidad e igualdad de condiciones lo requiera».

El Registro Civil: pieza central

El Registro Civil se convierte en pieza central de la reforma, pues hace efectiva la preferencia que el nuevo sistema atribuye a las medidas voluntarias previstas por una persona respecto de sí misma o de sus bienes. Este registro conciliará la naturaleza protegida del dato con su consulta por los funcionarios en el cumplimiento de las labores propias de su cargo.

Antonio López-Istúriz:
«El objetivo del nuevo sistema es favorecer la autonomía y el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual y potenciar su apoyo»

Vicente Martínez-Pujalte:
«Las personas con discapacidad dejan de ser sujetos pasivos para convertirse en protagonistas del ejercicio de sus propios derechos»

Miguel Ángel Cabra de Luna:
«La nueva ley es un hito histórico del que todos deberíamos sentirnos orgullosos»

Ramón Corral:
«Los operadores jurídicos debemos interpretar las normas abandonando el prejuicio proteccionista»

Álvaro Cuesta:
«Esta reforma es una de las más importantes de nuestro Derecho desde que se aprobara la Constitución»

Luis Cayo Pérez:
“Es una iniciativa legislativa necesaria, pertinente y certera, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas”

Blanca Entrena:
«El nuevo modelo exigirá apoyos, actuaciones interdisciplinares y un cambio de mentalidad de los profesionales del Derecho que tengan que intervenir»

Ignacio Navas:
«Las personas con discapacidad se dotarán de un ‘traje a medida’ de sus necesidades»

Emilio Olabarría:
“Los fedatarios públicos pueden ser una manifestación de la justicia preventiva cuyo acceso efectivo debe ser proporcionado a estas personas»

Consuelo Madrigal:
«La ley mejorará la comprensión de la realidad y los aspectos valiosos de la discapacidad, contribuyendo a eliminar discriminaciones»

Juan Bolás:
«Esta norma devuelve a las personas con discapacidad su dignidad como individuos»

Juan Francisco Herrera:
«Será la persona, con los debidos apoyos, quien podrá hacer valer su voluntad, y no otras personas en su nombre»

Francisco Vañó:
«Fundaciones, federaciones, asociaciones y profesionales han tenido un papel relevante para que los políticos hayan hecho los deberes»

Gonzalo López-Ebri:
«Por fin el Derecho Civil será regulador de todas las personas; sin discriminación alguna por razón de la capacidad»

Rafael Leña:
«Se sustituye el desacreditado sistema de protección (todo para el discapacitado, pero sin él) por un sistema de ayuda»

Por su parte, Álvaro Cuesta, vocal del CGPJ y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, coincide en que la reforma «es una de las más importantes de nuestro Derecho desde que se aprobara la Constitución. Cobran especial relevancia conceptos como el de acompañamiento amistoso; la ayuda técnica en la comunicación de las declaraciones de voluntad; la ruptura de barreras arquitectónicas o procesales; el consejo o la toma de decisiones delegadas, y la importancia del principio del respeto a la voluntad del poderdante. Entre las medidas de apoyo emergen con nuevas regulaciones los poderes y mandatos preventivos, la autocuratela, el reforzamiento de la guarda de hecho, las disposiciones judiciales ad hoc, y los ajustes procesales para las personas con discapacidad, entre otras».

Una de las figuras políticas sobresalientes en la defensa jurídica de los más vulnerables es Francisco Vañó; el exdiputado popular y miembro de la Comisión de Discapacidad del Congreso pone en valor el papel de las asociaciones para esta renovación legislativa: «Entidades como el CERMI, fundaciones como Aequitas, el Foro Justicia y Discapacidad, federaciones y asociaciones, profesionales del mundo de la judicatura o la medicina, entre otros, han tenido un papel relevante para que por fin los políticos ‘hayan hecho los deberes’ plasmándolos en este proyecto de ley. Por fin se tiene en cuenta lo que dictaminaba la Convención cambiando sustitución por apoyos».

Cierra la participación del mundo político, el ex diputado popular Vicente Martínez-Pujalte, quien destaca que «las personas con discapacidad dejan de ser sujetos pasivos de una asistencia que se les presta desde fuera, para convertirse en protagonistas del ejercicio de sus propios derechos, con los apoyos que requieran. Se trata de una reforma legislativa enormemente innovadora y ambiciosa, que supone una profunda transformación en el régimen tradicional de la capacidad jurídica que había imperado hasta ahora en nuestro Derecho».

Los fiscales Consuelo Madrigal y Gonzalo López-Ebri -fiscal del Tribunal Supremo y Teniente Fiscal de la Comunidad Valenciana, respectivamente; además de patronos de Aequitas- también aportan sus puntos de vista sobre la reforma.

Madrigal, que fuera fiscal general del Estado, hace hincapié en que el proyecto supone «la consagración en leyes ordinarias de lo que ya reconocían la Convención de la ONU y la Constitución. Las leyes hacen pedagogía de sus propios fines y valores, así que se ampliará con esta una mejor comprensión de la realidad y los aspectos valiosos de la discapacidad, lo que contribuye a la eliminación de la discriminación y las barreras sociales». Por su parte, López Ebri pone en valor que «la reforma adecuará el denominado ‘Derecho de las Personas’ a las normas de la Convención. Por fin, el Derecho Civil será regulador de todas las personas, sin discriminación alguna, con total respeto al derecho a la igualdad en el ejercicio de la capacidad jurídica».

El papel del tercer sector. Para Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI, “es una reforma histórica a la que el CERMI ha expresado su apoyo global, firme y decidido; una iniciativa legislativa, en nuestra opinión, necesaria, pertinente y certera, que obedece a poderosas demandas sociales, morales, políticas y jurídicas. Se trata de la mayor reforma del Derecho Civil de la Democracia y ésta, por causa o motivo de la discapacidad, de las personas con discapacidad”.

Miguel Ángel Cabra de Luna, director de relaciones sociales e internacionales de la Fundación ONCE y patrono de Aequitas desde sus inicios, señala que «el reconocimiento de la plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad sin reservas es esencial y condición básica para el ejercicio de cualquier derecho. Desde el movimiento asociativo -en colaboración con el Real Patronato sobre Discapacidad; y, sin duda, la Fundación Aequitas-, hemos tenido claro que la defensa de esta premisa era clave para un cambio de paradigma real y efectivo. Es un hito histórico del que todos deberíamos sentirnos orgullosos. El trabajo del Notariado tanto a nivel español como internacional, será un elemento clave para apoyar y asesorar a las personas con discapacidad y sus familias».

Bajo la presidencia de Juan Bolás en el Consejo General del Notariado -en 1999-, se creó la Fundación Aequitas; su primera directora fue la notaria Blanca Entrena. Ambos siguen colaborando en su calidad de patronos.

Para Bolás, esta norma «supone devolver a las personas con discapacidad su dignidad como individuos, cuya capacidad jurídica abarca tanto la titularidad de los derechos como la legitimación para ejercitarlos». Lo más importante de esta reforma para las personas que integran el colectivo de la discapacidad -según Entrena- será «que se sientan integrados en nuestra sociedad. Es verdad que esto exigirá más apoyos, equipos profesionales, actuaciones interdisciplinares, reestructurar la modificación de la capacidad desde un criterio de apoyo y no de sustitución, y un cambio de mentalidad de los profesionales del Derecho que tengan que intervenir».

En su momento, los notarios Rafael Leña y Ramón Corral fueron galardonados por el Foro Justicia y Discapacidad por su trayectoria personal en la defensa jurídica del colectivo. Hoy, ya jubilados, mantienen su compromiso con ‘la ONG del Notariado’.

El patrono Rafael Leña hace hincapié, como principal novedad de la Ley, en «la sustitución del desacreditado sistema de protección (todo para el discapacitado, pero sin él) por un sistema de ayuda». Por su parte, Corral -delegado de la Fundación en el Colegio Notarial de Madrid- reclama que «los operadores jurídicos (jueces, fiscales, notarios, abogados…) debemos interpretar las normas abandonando el prejuicio proteccionista y pensando en el ejercicio de derechos con arreglo a unos criterios de propias decisiones y preferencias. Debe desarrollarse con generosidad el sistema de apoyos voluntarios –algunos códigos latinoamericanos ya lo hacen- y es aquí donde puede ser más importante la labor de los notarios».

Otros dos notarios y patronos: Ignacio Navas, ex-presidente de FEDANE (Federación de Asociaciones de Notarios de España); y Juan Francisco Herrera, impulsor del INDISVA (Instituto Notarial Valenciano para la atención a las personas con discapacidad o riesgo de exclusión social) manifiestan sus reacciones a este ordenamiento.

Herrera sostiene que «será la persona, con los debidos apoyos, quien podrá hacer valer su voluntad, y no unas personas en su nombre, que -aún guiados por el cariño- a veces tienden a sobreprotegerlo». Por su parte, Navas enumera entre los aspectos más destacados, los siguientes: «la organización legislativa para dotar a las personas discapacitadas de un ‘traje a medida’ de sus necesidades, y la organización de la curatela y la decisión judicial acerca de las medidas de apoyo necesarias».

La función notarial

Almudena Castro-Girona y Federico Cabello de Alba -directora y director del área social y económica de Aequitas, respectivamente-, indican en la Guía de buenas prácticas sobre el acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, editada por el Foro Justicia y Discapacidad, cómo repercutiría la reforma en la función notarial: «sitúa al Notariado como punto central en el desarrollo de la autonomía de la voluntad, autorregulación de intereses, salvaguardia, asistencia y apoyo de la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica».

Para saber más

Texto del proyecto de ley de reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las  personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Editorial de ESCRITURA  PÚBLICA. El derecho a decidir de las personas con discapacidad.

El CERMI celebra el “amplio respaldo parlamentario” a la gran reforma del Derecho Civil en materia de discapacidad.

Medidas voluntarias

Dentro de las medidas voluntarias de la nueva ley adquieren especial importancia los poderes y mandatos preventivos. Asimismo, se refuerza la guarda de hecho, que se transforma en institución jurídica de apoyo. La curatela se regula detenidamente, al ser la principal medida de apoyo de origen judicial. Otra medida que se recoge es la figura del defensor judicial, especialmente prevista para situaciones de conflicto de intereses entre la figura de apoyo y la persona con discapacidad.

Delegados autonómicos

Ramón Moscoso (Andalucía); Mª Ángeles Anciones (Castilla y León); Manuel Lora-Tamayo (Madrid); Víctor Vidal (Galicia); Ana María Mas (Valencia); Mª del Carmen Gracia (Aragón); Manuel Rueda (País Vasco); Mª Dolores Heredia (Murcia); Francisco de Asís Jiménez (Extremadura); Susana Garzón (La Rioja) y Vicente Toledano (Cantabria) son los notarios delegados de Aequitas en sus respectivos colegios autonómicos. Desde el día a día de sus notarías aportan una visión real y cercana de las necesidades jurídicas de los más vulnerables.

Moscoso destaca que «no podrá descartarse por principio la realización de cualquier acto jurídico por parte de la persona con discapacidad, como votar en elecciones, comprar o vender, ingresar o sacar dinero en el banco, etcétera, sin perjuicio de la necesidad de contar el apoyo que se precise». Mientras que Anciones indica que «permitirá organizar y administrar los bienes a través de la figura del patrimonio protegido».

Lora-Tamayo argumenta que «las personas con discapacidad podrán otorgar escrituras, desde una compraventa, la herencia de sus padres, e incluso su propio testamento, contando eso sí con los apoyos voluntarios, judiciales o legales, que sean necesarios». Vidal sostiene que aportará «el desarrollo de instituciones que fomentan la autorregulación personal, como los poderes preventivos».

Mas destaca que con la entrada en vigor de la ley «los trámites judiciales se aligerarán y simplificarán, revistiendo menos costes». Por su parte, Gracia adelanta que «va a suponer un reto para los notarios ya que, como el resto de operadores jurídicos, se ven abocados a una transformación de mentalidad».

«A la hora de acreditar en la vida jurídica la situación de discapacidad se incluye, por fin, el acta notarial basada en informes médicos», indica Manuel Rueda. «Las personas con discapacidad podrán actuar jurídicamente, lo que hace unos años era impensable», resume Garzón.           

Según Heredia «se pone fin a la inseguridad que suponía para los distintos operadores jurídicos la convivencia de la Convención con un Derecho interno que apuntaba en dirección opuesta». Toledano expone cómo «se simplifica un tema que afectaba a la práctica diaria notarial: cuando una persona con discapacidad tenía que vender una propiedad implicaba en la mayoría de los casos una declaración judicial de incapacidad «. Por último, Jiménez, enuncia que «las medidas de autoprotección eliminarán trámites contenciosos».

[email protected], una plataforma contra la delincuencia

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Una plataforma contra la delincuencia

De izda. a dcha.: José Ángel Martínez Sanchiz, Juan Carlos Campo y Enrique Gil Botero

En marzo tuvo lugar el acto Hacia un nuevo modelo de cooperación jurídica internacional: IberRed y la nueva Plataforma [email protected], clausurado por Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de España. También participaron Enrique Gil Botero, secretario general de IberRed; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN); Elena Martínez, secretaria general permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y Jorge Abbott Charme, fiscal general de la República de Chile, entre otras personalidades.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

Durante el encuentro se presentó la plataforma [email protected], de IberRed, que ha sido desarrollada por la agencia de tecnologías del Notariado y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El acto contó con la asistencia de diferentes personalidades del mundo jurídico, como Dolores Delgado, Fiscal General del Estado; Ana Gallego, directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia; Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Rosa Ana Morán, fiscal de sala de Cooperación Jurídica Internacional, o Alfonso Cavallé, decano del Colegio Notarial de Canarias y delegado para España del CGN.

Juan Carlos Campo señaló que «[email protected] es fruto de un proyecto compartido del espacio jurídico iberoamericano. Esta alianza estratégica es fundamental para el progreso de La Región y será un dique contra la delincuencia. Este proyecto es el mejor instrumento posible al servicio de los gobiernos en la lucha contra la impunidad: permitirá analizar problemáticas como la sustracción de menores, mejorar el tráfico jurídico privado o facilitar la comprensión de ordenamientos jurídicos de diferentes países». «Los alcances operativos de [email protected] son numerosos. Es una auténtica realidad que permite lanzar una mirada optimista a la cooperación jurídica internacional, eliminando retrasos y apostando por la transformación digital», señaló el titular de Justicia”.

Confianza en el Notariado. José Ángel Martínez Sanchiz agradeció «la confianza depositada en el Notariado español para el desarrollo tecnológico de [email protected]» y resaltó la vinculación de los notarios con el proyecto: «Somos deudores de la contribución desarrollada en América en cuanto a principios comunes, como la solidaridad y organización internacionales, de las que son claro ejemplo instituciones como IberRed. Los notarios somos servidores públicos y colaboramos con las Administraciones en materias como la lucha contra el blanqueo de capitales; sabemos anteponer el interés general a cualquier otro criterio». «[email protected] supone un hecho histórico en la lucha contra la delincuencia y es ejemplo a seguir. Esperamos que en los próximos años los notariados iberoamericanos podamos desarrollar una plataforma similar que suponga un espacio de colaboración e intercambio», concluyó.

Gil Botero señaló que «[email protected] reúne a más de cien instituciones de justicia de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana de Naciones en un sistema informático cerrado, con garantías de máxima seguridad para intercambios rápidos y fehacientes de solicitudes de cooperación jurídica, incorporando funcionalidades como la videoconferencia o la firma digital. Supone un paso adelante en términos de innovación de la cooperación jurídica internacional, que amplía las fronteras a otras redes como Eurojust o Interpol y también, en un futuro, a terceros países. Ha empezado la revolución de la cooperación jurídica internacional, y no sólo en Iberoamérica, sino en el mundo entero».

El secretario de IberRed expuso algunos casos prácticos que se podrán realizar desde la nueva plataforma: «Las solicitudes de asistencia legal mutua entre autoridades centrales que se canalicen a través de [email protected] serán jurídicamente válidas; algo que, por ejemplo, permitirá tramitar la extradición entre dos países exclusivamente por la plataforma [email protected] sin requerir envíos por papel, lo que agilizará los expedientes internacionales de asistencia, reduciendo drásticamente los tiempos de gestión, costes y errores».

Jorge Abbot Charme, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y Fiscal General de Chile, resaltó que “esta plataforma permitirá fortalecer la lucha contra delitos como la corrupción, la trata de personas o la lucha contra la droga; es un claro ejemplo de cooperación entre los Estados y poderes públicos y contribuirá a construir sociedades más justas y pacíficas, dotando de mayor protección a las víctimas y garantizando el acceso a la justicia.»

Por último, Elena Martínez, secretaria permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana y magistrada uruguaya, puntualizó que «IberRed es una estructura formada por autoridades centrales y poderes judiciales de diferentes Estados iberoamericanos. Está orientada a la optimización de los instrumentos judiciales civiles y penales y contribuye a la creación de un espacio jurídico con mecanismos reforzados para la tutela judicial efectiva, a disposición de los operadores jurídicos».

De izda. a dcha.: Enrique Gil Botero, Dolores Delgado, Juan Carlos Campo, José Ángel Martínez Sanchiz, Juan Martínez Moya y Alfonso Cavallé, antes de la presentación.
Los escribanos, primeros representantes jurídicos en América

En su intervención, José Ángel Martínez Sanchiz -presidente del Consejo General del Notariado- puso de manifiesto la contribución histórica de los notarios a la construcción del espacio jurídico común entre Europa y América: «Formamos parte de la comunidad jurídica iberoamericana desde un principio. Los escribanos que acompañaron a Colón al Nuevo Mundo son considerados los primeros representantes jurídicos en América».

El presidente anfitrión relató un suceso que avala la implicación notarial en aquella época: «es un hecho poco conocido que, en el origen del descubrimiento, como explicó Antonio Pérez Sanz, participó un escribano ‘de ración’, Luis de Santángel, un judío converso que llevaba la hacienda de los Reyes Católicos. Es una leyenda que la Reina Isabel empeñara sus joyas para financiar el primer viaje de Colón. El dinero se obtuvo gracias a un préstamo que realizó este escribano y que consta documentado en el archivo de Simancas. Santángel fue la primera persona que recibió una carta de Colón dando noticia de la buena nueva del descubrimiento. Hoy esta carta no habría hecho falta, hubiera llegado por la plataforma IberRed».

«Según Bernardino Bravo, historiador chileno, toda la empresa española en el Nuevo Mundo descansa en una trilogía: el capitán de navío, el clérigo y el escribano», apuntó Martínez Sanchiz, quien recordó que «es un hecho histórico que el notario de la Armada de Colón, Rodrigo de Escobedo, levantó el acta que data del descubrimiento de América, aunque este documento, al estar en papel, desgraciadamente no ha permanecido».

El Ministro de Justicia presentó esta plataforma de cooperación jurídica, desarrollada por la agencia de tecnologías del Notariado

15 años de colaboración

EL ESCAPARATE

15 AÑOS DE COLABORACIÓN

El Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del Notariado celebra su 15 aniversario. Tres lustros después de su creación, este organismo cuenta con el reconocimiento de las principales autoridades nacionales e internacionales en materia de delitos económicos y ha consolidado su colaboración con diferentes instituciones -desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a las comunidades autónomas- con la creación de nuevas herramientas de trabajo, como la Base de Datos de Titular Real y la de Personas con Responsabilidad Pública. La labor del OCP hubiera sido imposible sin el trabajo y colaboración de los 2.800 notarios españoles, que han dedicado buena parte de su tiempo e importantes recursos materiales y humanos a la tarea de identificar y comunicar operaciones susceptibles de ser sospechosas de lavado de activos.

JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCOSA

El Ministerio de Economía -dirigido por Pedro Solbes- indicó al Consejo General del Notariado en diciembre de 2004 que creara el OCP. El objetivo era intensificar y canalizar la colaboración de los notarios con las Administraciones Públicas en la lucha contra el blanqueo de capitales. Desde entonces, la ayuda notarial ha sido decisiva para prevenir este tipo de delitos. Actualmente los notarios desempeñan una labor determinante en el control y la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo y el fraude fiscal, y se han convertido en aliados cada vez más imprescindibles del Estado para luchar contra estas lacras.

Pedro Galindo, director del OCP, apunta alguna de las magnitudes alcanzadas en estos quince años de historia: «Gracias al esfuerzo de los notarios se dispone por volumen e importancia de la segunda mayor base de datos de España -sólo por detrás de la Agencia Tributaria-, con información parametrizada de más de 135 millones de documentos públicos; de más de 41 millones de personas físicas y de más de 3,5 millones de personas jurídicas. De media, más del 80% de las comunicaciones que el OCP hace en nombre de los notarios, se acaban investigando por la policía judicial. Se ha contestado a requerimientos policiales, fiscales o judiciales -sólo en materia de prevención de blanqueo- en más de 237.000 ocasiones, de manera telemática y con medias de tiempo que no superan los tres minutos en la mayoría de los casos».

El OCP ha permitido fortalecer la colaboración del Notariado con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) y con las autoridades policiales y judiciales. Asimismo, facilita enormemente la labor de los notarios, ya que es el propio órgano el que comunica las operaciones con indicios o sospechas.

Desde su creación, el OCP ha suscrito convenios de colaboración con diferentes organismos de la Administración pública, como el Tribunal de Cuentas; la Fiscalía General del Estado; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; la Comisión Nacional del Mercado de Valores; la Intervención General de la Administración del Estado; la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos; el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Tesorería General de la Seguridad Social; la Fiscalía Especial Antidroga o la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Índice Único Informatizado Notarial. Los técnicos del OCP son los responsables de analizar (en el marco de la normativa de protección de datos) la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, una gran base -creada por el Notariado en 2004- que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país. Esta base contiene los principales datos de los documentos notariales, grabados de manera desagregada en cada notaría quincenalmente. El equipo del OCP también recibe alertas y avisos de los propios notarios sobre operaciones que les resultan sospechosas, que rastrean e investigan minuciosamente.

El sistema diseñado por el Notariado español garantiza que la información permanezca siempre protegida y encriptada, siendo un reducido número de instituciones y personas las que pueden solicitarla.

Recientemente, el OCP ha incorporado la tecnología del Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) para mejorar el análisis de las redes sociales de personas que puedan estar relacionadas con operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o fraude fiscal. Esta tecnología de análisis de redes sociales y ‘Big Data’ permite relacionar la información de la que ya se disponía y aportar nuevos enfoques, detectando relaciones que de otro modo pasarían desapercibidas. Un nuevo enfoque relacional que es de gran utilidad para desentrañar las complejas operaciones financieras puestas en marcha por las redes de blanqueo.

El OCP ha permitido fortalecer la colaboración del Notariado con el Sepblac y las autoridades policiales y judiciales

Jesús Gascón, director General de la AEAT y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN (derecha) firmando del convenio de acceso a la Base de Datos de Titular Real.
Colaboración institucional

La cooperación institucional es una de las herramientas más efectivas contra el blanqueo de capitales. Tal como prevé la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, la información gestionada por el OCP se facilita a los organismos estatales que intervienen en la lucha contra estos delitos y, ante la transnacionalización de la delincuencia organizada, también a sus homólogos extranjeros, en virtud a los acuerdos de colaboración suscritos en esta materia.

Como máxima autoridad española en la lucha contra el lavado de dinero, la relación con el Sepblac es especialmente intensa. Pero esta información también fluye hacia la Agencia Tributaria, las Haciendas Forales, las consejerías autonómicas de Hacienda, o la Intervención General de la Administración del Estado. Dentro de la lucha internacional, el OCP colabora con diferentes autoridades europeas como la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) o la Europol, además de con la Interpol.

En junio de 2020, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el CGN firmaron un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales. En virtud de este acuerdo, los cerca de 200 consulados facilitarán la información de las operaciones jurídicas y mercantiles que autoricen al OCP.

Formación. Otra de las labores destacadas que se realiza desde el OCP es la formación. Durante los últimos años, sus técnicos han desarrollado un curso de sensibilización en prevención del blanqueo de capitales. Este instrumento formativo contiene una serie de unidades en formato audiovisual que permiten abordar situaciones y casos concretos a los que los notarios pueden enfrentarse en el devenir profesional diario de sus oficinas. El curso se ha remitido a las principales autoridades financieras internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, GAFI…), algunas de las cuales han enviado al OCP su agradecimiento y reconocimiento por dotarles de una herramienta útil y práctica.

Asimismo, el OCP ha organizado cursos presenciales, teóricos y prácticos, en los colegios notariales, dentro del plan de formación para notarios y empleados de notarías, así como para agentes consulares en su función notarial, que también incluye seminarios virtuales desde el portal de formación del CGN (actualmente hay seis cursos de este tipo), con ejemplos de operaciones de indicios de blanqueo. Esta formación se ha impartido a miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, pertenecientes a unidades implicadas en la lucha contra los delitos económicos.

La labor divulgadora en materia de prevención del blanqueo se ha extendido fuera de nuestras fronteras: miembros del OCP han participado, por ejemplo, en cursos organizados por el PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado en Europa y Latinoamérica) en Panamá; por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en Cartagena de Indias, o en una Jornada de la Sociedad del Notariado Cubano en La Habana. Representantes del OCP han presentado sus herramientas ante instituciones internacionales como el GAFI y Transparencia Internacional.

Las instituciones internacionales del Notariado han mostrado su interés por el OCP, como el Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) o la Unión Internacional del Notariado. En el marco de su programa de formación Europa para los notarios–Notarios para Europa, el CNUE editó una publicación titulada Lucha contra el blanqueo de dinero: un combate internacional, un desafío europeo, que contó con la colaboración de representantes del OCP. Por otro lado, notarios españoles participaron como ponentes en un seminario en Lisboa sobre blanqueo de capitales, dentro de ese mismo programa. El presidente del CNUE en 2020, el griego Georgios Rouskas, señalaba en una entrevista a esta revista que «la experiencia del Notariado español en materia de lucha contra el blanqueo es un activo inestimable para el CNUE y nos ayuda en nuestros intercambios con el GAFI y las instituciones europeas».

Numerosas delegaciones internacionales, tanto notariales como institucionales, (procedentes de Indonesia, Italia, Bélgica, Argentina, Ucrania, China, Grecia, Serbia, Georgia, Montenegro, Hungría, Estonia, Rumanía…) se han personado en la sede del CGN para conocer de primera mano las herramientas desarrolladas por el OCP. En un artículo en esta misma revista, el director del OCP -Pedro Galindo- señalaba que «el sistema preventivo notarial español de blanqueo se toma como ejemplo en otros países, como Alemania, Japón, Colombia…». En este sentido, el gobierno peruano autorizó un decreto legislativo que daba luz verde al OCP del Notariado del país andino; el OCP y la Unidad de Investigaciones Financieras de Bolivia también suscribían un convenio de cooperación para establecer canales para contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales, y ya existen acuerdos similares con Brasil, Costa Rica o Puerto Rico.

Nuevas herramientas.
El Órgano de Colaboración Tributaria (OCT).- En 2007 entró en funcionamiento el Órgano de Colaboración Tributaria para la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Con la puesta en marcha de esta estructura, el Notariado estrechó la colaboración con Hacienda, facilitando información sobre los movimientos de mayor trascendencia tributaria. El OCT traslada mensualmente a la Agencia Tributaria información sobre las operaciones con trascendencia tributaria en las que alguna de las personas no hubiera comunicado al notario el NIF o se hubiera negado a identificar o aportar información sobre los medios de pago empleados en la compraventa de inmuebles. En febrero de 2020 se firmó un nuevo convenio con la AEAT, para incrementar el intercambio de información desde el Índice Único a las Bases de Datos de la Administración Tributaria.

Base de Datos de Titular Real (BDTR).- Desde 2012, y gracias a su función en el ámbito mercantil, el Notariado dispone de la Base de Datos de Titular Real, única en el mundo, que permite a las autoridades públicas identificar a las personas físicas que están detrás de una sociedad, incluso en aquellos casos en las que se constituyen para ocultarse tras complejos entramados societarios. Esta base fue desarrollada por el OCP, previo dictamen favorable de la Agencia Española de Protección de Datos. En ella están identificados de manera acreditada los titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas; 126.000 sociedades anónimas, y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos.

El CGN y la Agencia Tributaria suscribieron en febrero de 2020 un convenio en virtud del cual la Agencia puede solicitar información contenida en la BDTR, información que se considera de gran utilidad para la lucha contra el fraude fiscal en relación con la creación de entramados societarios opacos con fines fraudulentos. Otra de sus fortalezas es que permite conocer la titularidad real de numerosas empresas extranjeras que operan en España, tanto si ejercen su actividad de forma directa o a través de una sociedad española.

La BDTR muestra internacionalmente el compromiso de España en luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Fue esencial para el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno español en la cumbre internacional de Londres de mayo de 2016.

Se han firmado 82 acuerdos con sujetos obligados en la lucha contra el blanqueo de capitales (desde bancos hasta inmobiliarias) que solicitan información de esta base para cumplir con su deber de conocer quién es el titular real. Desde su creación, jueces, autoridades policiales y sujetos obligados por Ley (entidades financieras, auditoras, aseguradoras…) han solicitado al OCP más de 3.500.000 informaciones sobre los titulares reales.

Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública (BDPRP).- Gracias a la información contenida en el Índice Único y en la BDTR, el OCP también ha podido crear la Base de Datos de Personas con Responsabilidad Pública, en la que están identificadas: 23.178 personas con responsabilidad pública por elección o por designación; 21.101 personas allegadas (familiares y personas con vinculación profesional o mercantil) y 2.628 sociedades participadas por personas con responsabilidad pública. Los notarios han puesto este archivo a disposición de las autoridades judiciales, de las fuerzas de seguridad del Estado y de otras instituciones responsables de la prevención y lucha contra la delincuencia económica.

En los últimos años, el Consejo General del Notariado ha suscrito convenios de colaboración con diversas entidades públicas -Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, Agencia Valenciana Antifraude, Generalitat Valenciana, Oficina Antifrau de Cataluña,…- para permitir el acceso a las bases de datos notariales (BDTR y BDPRP), de personal autorizado de estas instituciones, de cara a prevenir e investigar delitos de corrupción y posibles irregularidades cometidas por personas o empresas relacionadas con el sector público.

OCP, OCT, BDTR y BDPRP son, quince años después, la punta de lanza del compromiso notarial en la lucha contra la lacra social de los delitos económicos. Su labor e información han permitido rastrear y llegar a otro tipo de delincuencia, como la trata de personas o el tráfico de órganos.

Reconocimiento de la Unión Europea

El OCP ha sido reconocido favorablemente por el Manual de Buenas Prácticas en su Lucha contra la Criminalidad Financiera del Consejo de la Unión Europea. Los notarios han sido valorados por su colaboración con las autoridades en materia de prevención del blanqueo de capitales y por su permanente actualización y mejora de conocimientos, así como por la centralización de la información y los avances tecnológicos alcanzados, entre los que destaca el Índice Único Informatizado Notarial.

El OCP también ha sido puesto en valor por el Sepblac, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía. Asimismo, la Guardia Civil y la Policía han impuesto sendas condecoraciones a José Ángel Martínez Sanchiz, por la colaboración prestada por los notarios en la lucha contra los delitos económicos.

Numerosas delegaciones extranjeras se han desplazado a la sede del OCP para conocer las herramientas contra el blanqueo diseñadas por el Notariado español. En la imagen, representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera alemana.
Un modelo a seguir

El éxito de la colaboración del Notariado en la lucha contra el blanqueo de capitales ha sido puesto de manifiesto por diversos organismos, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). En su Guía de recomendaciones sobre los profesionales del Derecho de 2020 se señala como modelo a seguir el sistema de prevención del blanqueo de capitales utilizado por los notarios de España y, más concretamente, la Base de Datos de Titular Real (BDTR).

El GAFI considera que si en España existe una fuente fiable y actualizada de información pública acerca de quién es titular real es gracias a la BDTR: «la información sobre la titularidad real de las sociedades españolas está a disposición de las autoridades competentes con facilidad y rapidez a través del Índice Único Informatizado del Notariado. Las medidas adoptadas por España para gestionar y permitir el acceso a la información constituyen un ejemplo de buenas prácticas para otros países”.

Juan Duarte, director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN (derecha), suscribiendo el acuerdo de colaboración entre ambas instituciones.

Para saber más

Artículo de Pedro Galindo, director del OCP: «¿El sistema notarial español de blanqueo es robusto?«

Guía del GAFI donde se pone como modelo el sistema notarial español de lucha contra el blanqueo de capitales

Folleto sobre la colaboración de los notarios en la lucha contra los delitos económicos

Sección «Casos de éxito» del Instituto de Ingeniería del Conocimiento

Revista del CNUE sobre blanqueo de capitales con tribunas de Pedro Galindo, director del OCP, y el notario Ignacio Gomá, presidente del grupo de trabajo antiblanqueo del Consejo de los Notariados de la Unión Europea

Pymes y autónomos – Su momento más incierto

EL ESCAPARATE

Pymes y autónomos

Su momento más incierto

Desde el pasado mes de marzo se han dado de baja en España cerca de 38.000 empresas y la Seguridad Social ha perdido más de 429.000 afiliados. La peor parte se la han llevado pymes y autónomos, a quienes la pandemia ha dejado en una situación crítica. Las ayudas recibidas les han dado un respiro, pero reivindican más apoyo para salir a flote.

ELVIRA ARROYO

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LA CRISIS SANITARIA causada por la COVID‐19 no da tregua a empresarios y autónomos. Las perspectivas de mejora que se vislumbraban tras la vuelta a la normalidad después de la primera ola se han derrumbado con la llegada de la segunda, que ha obligado a imponer de nuevo restricciones a la actividad de muchos negocios para frenar la expansión del virus.

Ante esta realidad y con la amenaza de una tercera ola a partir de enero, las pymes miran al futuro con pesimismo. Según el tercer Barómetro de opinión #LaPymeHabla (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa‐CEPYME, octubre de 2020) más de la mitad de las empresas creen que su supervivencia está en riesgo y el 64% tienen expectativas negativas para los próximos 12 meses. Además, el 4,5% de los pequeños y medianos empresarios han tenido que echar el cierre definitivo, mientras que el 2,6% ha declarado concurso por insolvencia o prevé hacerlo. Solo han logrado reconvertir su negocio el 6,5% de las empresas.

Las perspectivas no parecen mejores para los más de 3 millones de autónomos dados de alta en España. Si bien las cifras de afiliación facilitadas por la Seguridad Social reflejan una tendencia creciente (noviembre se cerró con 3.267.873 afiliados en el Régimen de Autónomos, una cifra que, por segundo mes consecutivo, supera la de febrero de 2020, antes de la pandemia), el 84,8% de estos trabajadores verán reducida su facturación en 2020 y calculan unas pérdidas de 60.000 millones de euros. Así lo recoge la encuesta realizada a finales de noviembre por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), según la cual uno de cada diez autónomos, unos 300.000, creen que van a tener que cerrar su negocio próximamente.

Ayudas. Son circunstancias muy difíciles para un país en el que más del 99% del tejido empresarial lo componen pymes y autónomos. La recuperación económica depende en gran medida de ellos, lo que exige hacer todo lo posible para sostenerlos. Al comienzo de la crisis sanitaria, se activó una línea de avales de hasta 100.000 millones de euros, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), para que empresas y autónomos pudieran atender el pago de salarios, la gestión de facturas, el pago de alquileres y suministros, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias, y otras necesidades de liquidez. El aval para pymes y autónomos ascendía como máximo al 80% de la operación. Posteriormente, el Gobierno anunció nuevos avales por importe de 40.000 millones de euros para financiar la inversión empresarial —en lugar del capital circulante— de cara a la fase de recuperación.

Como resultado de estas acciones, a mediados de noviembre de 2020 se habían realizado 876.000 operaciones, el 98% con pymes y autónomos, por un importe de 81.787 millones de euros. Casi un tercio de los créditos concedidos han sido para los sectores del turismo, ocio y cultura, bienes de consumo, industria textil y moda, y comercio al por menor.

También se han autorizado planes específicos para el turismo, la automoción y el transporte. Estos sectores, aparte de ser los más afectados por las restricciones a la movilidad interna y externa, representan más del 25% del PIB español, tienen más capacidad de generar actividad en el resto de ramas, una gran vocación exportadora y un elevado peso en términos de empleo. En concreto, se han establecido planes sectoriales por más de 11.500 millones de euros, instrumentados a través de garantías, créditos o ayudas.

Para saber más

Barómetro #LaPymeHabla. CEPYME Octubre de 2020. Análisis periódico del estado del sector a partir de encuestas realizadas a pequeñas y medianas empresas españolas.

Recursos para pymes y autónomos frente al COVID-19. Acelera pyme.Gobierno de España. Ventanilla única de acceso a las soluciones, servicios, ayudas y herramientas ofrecidas por entidades colaboradoras del sector público y privado.

“Medidas de Política Fiscal en respuesta a la crisis sanitaria en las principales economías del área del euro, Estados Unidos y Reino Unido” (2020). Banco de España. Comparativo sobre las ayudas puestas en marcha por distintos gobiernos en todos en ámbito empresarial y de los hogares.

Buscador de ayudas e incentivos para empresas. Portal pyme. Gobierno de España. Permite hacer búsquedas de todas las ayudas concedidas por comunidades autónomas, sectores de actividad y fecha de publicación.

Las previsiones actuales del gobierno de España son que en 2023 se recuperará la senda de crecimiento económico previo a la pandemia

Por otro lado, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han permitido cubrir en el periodo más duro de la pandemia a casi 3,4 millones de trabajadores y más de 500.000 empresas. A finales de noviembre, el 78% de los trabajadores habían salido del ERTE con una reincorporación prácticamente completa a su puesto de trabajo (superior al 94%). Aun así, noviembre se cerró con 746.900 personas en ERTE, de los que 420.604 pertenecen a sectores ultraprotegidos y empresas afectadas por las restricciones administrativas. En principio, las empresas que vean impedido o limitado el desarrollo de su actividad de trabajo como consecuencia de las limitaciones sanitarias podrán prorrogar sus ERTE hasta el 31 de enero de 2021.

Además, la aportación extraordinaria para autónomos ha cubierto en los últimos meses a 1,5 millones de afiliados, amortiguando la paralización de su actividad. A primeros de diciembre, más de 355.000 autónomos cobraron alguna de las prestaciones aprobadas para paliar su situación, como las concedidas a aquellos que se han visto obligados a suspender temporalmente su actividad por resolución administrativa relacionada con el control de la pandemia. Al igual que los ERTE, las ayudas para autónomos se han ampliado hasta el 31 de enero.

Insuficientes. La digitalización de la economía requiere la transformación de las empresas, especialmente las pymes, con inversión en nuevas tecnologías y la formación de su personal, para lograr aumentar su productividad y rentabilidad. Este es un desafío prioritario tanto para España como para Europa porque, según el DESI 2020 (Índice de Economía y Sociedad Digital publicado por la Comisión Europea el pasado mes de junio), en 2019 sólo un 17% de las pymes europeas utilizaron servicios en la nube, un 12% analizaron los macrodatos y un 17,5% vendieron productos o servicios online.

De hecho, el 53% de las empresas que han optado por un ERTE piensan que no podrán mantener el empleo en los próximos seis meses y que su plantilla disminuirá en los próximos meses. Entre los autónomos, sólo el 15,5% confían en poder conservar la totalidad de su plantilla.

En cuanto a la financiación con aval del Estado, el 47% de las empresas la han solicitado o prevén hacerlo, pero un 25% se quejan de haberse encontrado con dificultades para conseguirla.

La coyuntura es tan preocupante que la pyme española pide con urgencia medidas complementarias para sobrevivir, entre las que destacan una reducción temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, la reducción temporal de impuestos y ayudas económicas directas a las pymes en los sectores más afectados.

 

El mapa empresarial español
Tipo de empresaEmpresas% Variación anual
empresas
Empleo% Variación anual
empleo
Pyme (0-249 asalariados)2.870.0960.22%10.172.518-3%
-Pyme sin asalariados1.588.4432.49%1.588.4432.49%
-Pyme con asalariados (1-249)1.281.653-2.47%8.584.075-3.95%
Grandes empresas (250 o más asalariados)4.783-1.46%5.676.7872.14%
TOTAL2.874.8790.21%15.849.305-1.22%

Fuente: Cifras Pyme. Octubre 2020. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Refuerzos. De momento, el Consejo de Ministros ha aprobado mediante un real decreto ley (en vigor desde el 17 de noviembre de 2020) una serie de medidas adicionales para apoyar la liquidez y la solvencia de empresas y trabajadores autónomos.

Entre otras novedades, se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2021 el plazo de concesión de las dos líneas de avales públicos de hasta 140.000 millones de euros gestionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Las empresas y autónomos que cumplan los criterios establecidos (fundamentalmente no estar en mora ni incursas en un procedimiento concursal) podrán ampliar el plazo de vencimiento de los préstamos desde los cinco años actuales hasta un máximo de 8. Además, podrán gozar de 12 meses más de carencia en el pago del principal, siempre que la carencia total no supere los 24 meses. Las entidades financieras dispondrán de hasta 30 días para aprobar las solicitudes de ampliación de plazos que reciban.

El objetivo es que las empresas que lo necesiten dispongan de más tiempo para recuperar su actividad empresarial y hacer frente a sus servidumbres financieras. Por ejemplo, para el crédito medio concedido en el sector de bienes de consumo y comercio al por menor (77.500 euros con un tipo del 2,5%), que tuviera un plazo de devolución de tres años y ya hubiera agotado el periodo de carencia, el cliente, al tener 12 meses de carencia y extender tres años el plazo de devolución, pasaría de pagar 2.667 euros de cuota mensual a abonar 161 euros los próximos 12 meses y 1.518 euros a partir de entonces.

Incertidumbre. Las hipótesis del Banco Central Europeo sostienen que en 2021 se recuperará el crecimiento económico a escala mundial, con una previsión del 5% para la zona euro. Para España, las estimaciones del Gobierno hablan de un crecimiento superior al 7% en 2021, que podría superar el 9% gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por el que nuestro país recibirá entre 2021 y 2023 unos 70.000 millones de euros de la UE. En 2021, se transferirán 27.000 millones, que supondrán un fuerte impulso de la inversión, especialmente en bienes de equipo.

España ha depositado grandes expectativas en este plan para salir de la actual crisis. Las previsiones actuales son que en 2023 se recupere la senda de crecimiento económico previo a la pandemia. Es más, se espera ese año que el PIB de la economía española se sitúe 6 puntos por encima del nivel que se hubiera alcanzado sin dicho plan.

Sin duda, es un escenario prometedor pero, hoy por hoy, la realidad de millones de empresarios y trabajadores es muy distinta. Aun cuando poco a poco se vaya volviendo a la normalidad, las áreas de actividad relacionadas con el turismo y el transporte tardarán en alcanzar los niveles previos a la pandemia. La brecha se irá cerrando a un ritmo desigual y de forma mucho más lenta para los negocios que sigan afectados de alguna manera por medidas de distanciamiento.

Además, en el horizonte cercano, los empresarios miran con temor a un futuro amenazado por la morosidad. En este sentido, CEPYME subraya que el periodo medio de pago supera los 87 días –la cifra más alta desde 2011– y el 50% de las empresas que sufren mora pueden acabar en situación de insolvencia o cierre.

A eso se suma el peligro que puede implicar el elevado endeudamiento en el que están incurriendo las empresas para evitar su desaparición. En opinión de la Central de Balances del Banco de España, hasta el 10% de las empresas pueden acabar siendo inviables. Este porcentaje se eleva hasta el 30% en la hostelería, uno de los sectores más afectados por las restricciones.

Diferentes políticas fiscales para hacer frente a la pandemia

PAÍSAplazamiento y suspensión de impuestos a empresasSubvención de costes laborales y desempleo, y apoyo a empresasApoyo a empresas (avales, créditos, recapitalizaciones)

España

● Moratoria de seis meses de las deudas tributarias de pymes y autónomos hasta un máximo de 30.000 € por figura impositiva.
● Ajuste del pago del impuesto de la renta para autónomos.
● Flexibilización de los ERTE, extensión de la prestación por desempleo a más colectivos, mayor protección de desempleados con trabajos estacionales.● Avales y garantías públicas (ICO) de 100.000 millones € para préstamos de las empresas no financieras. Aprobada una línea adicional de 40.000 €.
● 2.000 millones € adicionales para exportadores.
● Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (10.000 millones €)

Alemania

● Aplazamiento temporal de impuestos a empresas y medidas impositivas de apoyo a la inversión.
● Reducción del IVA a empresas de restauración durante 1 año a partir del 1 de julio de 2020.
● Relajación y flexibilización del Kurzarbeit (modelo alemán de reducción de jornada) y aumento de las prestaciones.
● Programas de subvenciones y pagos directos a microempresas y autónomos (extendido a todo tipo de empresas).
● Extensión desempleo por 3 meses (hasta 2 años para los mayores de 50 años).
● Tope del 40% a contribuciones a la Seguridad Social
● Programa de avales públicos del banco KfW (presupuestado en 820.000 millones €).
● Creación de un fondo de rescate para grandes empresas: 400.000 millones € en garantías; 100.000 millones € préstamo al KfW; 100.000 millones € para recapitalizaciones.
● Apoyos a sectores estratégicos (aeronáutico).
Francia

● Aplazamiento temporal de impuestos a empresas.
● Se acelera la devolución de créditos fiscales.
● Refuerzo del sistema de desempleo parcial.
● Aplazamiento del pago de seguros sociales, alquileres y suministros.
● Creación del Fondo de Solidaridad para microempresas y autónomos.
● Programa de garantías públicas a empresas de cualquier tamaño a través de Bpifrance por 300.000 millones de euros.
● Apoyo a empresas estratégicas.

Fuente: Banco de España. “Medidas de Política Fiscal en respuesta a la crisis sanitaria en las principales economías del área del euro, Estados Unidos y Reino Unido” (2020).

«Apostar por las pymes para garantizar la recuperación y el empleo», por Gerardo Cuerva

EL ESCAPARATE

Gerardo Cuerva.
 
GERARDO CUERVA

presidente de CEPYME

@CepymeNews

Apostar por las pymes para garantizar la recuperación y el empleo

LA CRISIS provocada por la COVID‐19 está impactando de forma muy acusada en nuestro tejido empresarial y la salida de esta coyuntura definirá el futuro de la economía española. Está en juego la competitividad de nuestras empresas. No sólo se debe trabajar en superar esta crisis, sino en cómo superarla.

El cómo nuestras empresas saldrán de esta crisis definirá nuestro país para las próximas décadas. España no se puede permitir que las empresas españolas salgan con una importante pérdida de competitividad respecto de las empresas de nuestros países vecinos.

En estos momentos de crisis e incertidumbre, debemos mirar, y yo diría “mimar”, a nuestras empresas. Tanto a las empresas que intentan resistir esta crisis y que ven que está en riesgo su viabilidad, como a las empresas que tienen un crecimiento consolidado, para que puedan mantenerlo y seguir creciendo en el futuro. Estas empresas son esenciales para la competitividad de nuestra economía y para el progreso económico y social de nuestro país.

Porque, hoy más que nunca, las empresas son la clave de la recuperación.

Por eso, en las actuales circunstancias el objetivo prioritario debe ser salvar el mayor número posible de empresas, reducir al mínimo la destrucción del tejido empresarial, que debe ser la base sobre la que se sustente la larga, difícil e incierta recuperación que los organismos internacionales auguran para nuestro país, el más golpeado por la pandemia en Europa.

Las empresas están resistiendo de una manera ejemplar, pero el daño es considerable y en muchos casos irreparable.

Desde mediados de marzo hasta finales de abril, en los primeros envites de la pandemia, se destruyeron 100.000 empresas, más que en el peor año de la crisis anterior (2009), que registró una caída de 93.000 y más de la mitad de las empresas perdidas en el período 2007‐2012 (177.000).

Según los datos del Barómetro de la Pyme que realizamos desde CEPYME, el 90% de las empresas han reducido sus ingresos y el 40% factura la mitad. Además, el 51% de las pymes ve en riesgo la supervivencia, porcentaje que se eleva hasta el 79% en el sector de la hostelería, uno de los más afectados por las restricciones a la actividad.

Las medidas puestas en marcha por el Gobierno, como los ERTE o los créditos ICO, que resultaron eficaces en la primera ola de la pandemia, son claramente insuficientes para afrontar esta situación que se prolonga en el tiempo y cuyos efectos sobre la situación económica se agravan a medida que se suceden las restricciones de la actividad para contener la pandemia.

Las empresas necesitan liquidez. No olvidemos que los avales del ICO son créditos que habrá que devolver y que las empresas se han endeudado en estos meses en más de 100.000 millones de euros. La crisis de liquidez puede llevar a una crisis de insolvencia, en la que muchas empresas se queden por el camino y el conjunto de nuestro tejido empresarial quede muy debilitado.


“El cómo nuestras empresas saldrán de esta crisis
definirá nuestro país para las próximas décadas”

Además, las empresas necesitan certidumbre. No podemos negociar la renovación de los ERTE cuando esté a punto de vencer su cumplimiento, mientras que el estado de alarma ya está previsto hasta el mes de mayo.

Se precisan ayudas directas para afrontar esta situación, similares a las que están adoptando otros países de nuestro entorno. Ayudas que permitan a nuestras empresas estar en las mismas condiciones competitivas que nuestras homólogas europeas, cuando esta crisis concluya y se inicie la ansiada recuperación.

Es urgente abordar medidas como el aplazamiento de los impuestos y otras obligaciones, facilitar la renegociación de los alquileres y la reestructuración de la deuda de las empresas. Y acometer planes de estímulo de la actividad económica.

España sólo ha dedicado un 12% de los recursos a apoyar al tejido empresarial, frente al 60% de Alemania, por ejemplo. Y, una vez más, es preciso insistir en que de esta crisis sólo saldremos con las empresas. Sin ellas, no hay progreso ni bienestar social ni sostenibilidad, ni empleo. Sin ellas, no hay futuro.

En estas condiciones, medidas como el incremento de los impuestos o la subida del Salario Mínimo Interprofesional van precisamente en la dirección contraria, incrementando los costes de las empresas, muchas de ellas al límite como consecuencia de la falta de actividad y la caída del consumo.

Sin duda, los fondos de recuperación comunitarios son el necesario maná para afrontar la reestructuración y la recuperación de nuestro tejido productivo. Pero para que sus efectos sean reales, es preciso ejecutarlos con eficacia, en proyectos de futuro, que aborden los retos que tiene nuestra economía y nuestras empresas y, sobre todo, que lleguen realmente a las pequeñas y medianas empresas, las que más están sufriendo en estos momentos y la base de nuestro tejido empresarial. No olvidemos que el 99’8% de las empresas españolas son pymes y, sin ellas, la recuperación no será posible.

Bienvenida Ms. Von der Leyen

ENTRE MAGNITUDES

Bienvenida, Ms. Von der Leyen

La Unión estuvo, por fin, a la altura de las circunstancias de Europa. El programa de recuperación conocido como Next Generation EU (NGEU) es una potente bazuca dotada de un calibre financiero por un importe total de 750.000 millones de euros, repartidos entre los 390.000 millones para ayudas no reembolsables y los restantes 360.000 millones disponibles para préstamos a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

FERNANDO GEIJO

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ESPAÑA, uno de los países más afectados por las consecuencias de la pandemia al gripar el turismo y la hostelería, dos de sus motores económicos, respiraba con cierto alivio. De hecho, tiene motivos suficientes para esa satisfacción al alzarse como segundo país más beneficiado en el reparto del Fondo de Recuperación. Una pedrea de 140.000 millones de euros, alrededor del 10 por ciento de PIB español de 2019, entre subvenciones (72.000 millones) y préstamos a devolver en condiciones favorables en las próximas décadas.

Tenemos un plan. El pasado mes de octubre, el Gobierno en pleno presentó a bombo y platillo ante cerca de 200 invitados, incluidos los embajadores de los países de la UE, medios de comunicación, altos directivos empresariales y miembros de la sociedad civil, el denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, España Puede. Una auténtica hoja de ruta para tratar de guiar el barco del país en las procelosas aguas de la mayor crisis económica y social sufrida desde la Guerra Civil.

Este plan nacional es una condición sine qua non que cada Estado miembro de la UE debe confeccionar previamente para acceder a los fondos europeos asignados. En el caso español se estructura en torno a diez políticas, denominadas oficialmente ‘tractoras’, que van desde la modernización y digitalización tanto de la Administración Pública como del tejido productivo, al impulso a las infraestructuras, la transición energética y los pactos por la educación y la ciencia, pasando por la reforma del Sistema Fiscal y de la Justicia, entre otros.

Un ambicioso proyecto de reformas que tiene su continuidad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en los que el Gobierno adelantará de facto 27.000 millones de euros de los esperados fondos europeos, lo que va a permitir que se inicie la ejecución de diferentes medidas previstas en el Plan.

Pero el maná europeo, con el permiso in extremis de Polonia y Hungría, tiene, como era de esperar, condiciones que es necesario cumplir. Por consiguiente, no será una suerte de barra libre financiera para aliviar las maltrechas economías y las hastiadas sociedades que integran la Unión Europea.

No en vano, los respectivos planes nacionales presentados a la Comisión, que está previsto que se aprueben en abril de 2021, deben pasar por el ineludible tamiz burocrático en Bruselas a fin de comprobar que están alineados con el impulso para lograr una economía sostenible, ‘verde’ en el argot comunitario, y que contribuyen a la modernización de sus respectivos tejidos productivos nacionales mediante la apuesta por lo digital.

Asimismo, Bruselas quiere aprovechar esta inyección masiva de fondos para pedir a los socios que profundicen en las reformas solicitadas. En el caso de España, se trataría de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, reducir la tasa de temporalidad laboral y solventar la fragmentación de la regulación autonómica.

Cooperación público-privada. El otro factor histórico para poner en marcha una buena parte de las transformaciones previstas en el plan nacional es la colaboración entre el Estado y los sectores privados.

Así, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha solicitado recientemente que las empresas reciban casi dos tercios de las inversiones derivadas de los fondos comunitarios que llegarán a España a partir del año 2021, frente al tope actual del 50% como máximo.

La patronal considera que los empresarios deberían liderar los proyectos para así asegurar el supuesto efecto multiplicador. Para ello, no dudaba en recordar los cálculos del propio Banco de España que concluían que si se empleaban 10.000 millones de euros en inversiones productivas la riqueza nacional crecería en tres décimas, frente a la exigua décima si su destino era la financiación del gasto.

También sugería que se elevase la cuantía de fondos destinada a la reindustrialización de la economía, actualmente fijada en el 17% del total, dado el menor peso del sector industrial en España, que apenas supone el 16% del PIB, lejos del objetivo de la UE para 2020, fijado en el 20%, y de la media del resto de Estados miembros.

Para garantizar la agilidad y transparencia en la gestión de los fondos, el Gobierno pondrá en marcha una profunda reforma de la Administración general del Estado en tres ámbitos. Por un lado, fortaleciendo sus estructuras administrativas, por otro, acometiendo las pertinentes reformas legislativas y, por último, eliminando las trabas burocráticas que actúan como auténticos cuellos de botella.

Además, se creará una Unidad de Seguimiento del Fondo de Recuperación en el gabinete de presidencia del Gobierno y también se constituirá una Comisión Interministerial ad hoc liderada por el propio Pedro Sánchez.

Y para completar este cuadro organizativo, se facilitará la interlocución continua con las empresas que participan en los proyectos, se pondrán en marcha mecanismos de rendición de cuentas periódicos ante el Parlamento y se instrumentalizará una colaboración específica con las Comunidades Autónomas.

Ojo al dato

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Presidencia del Gobierno, Gobierno de España. Madrid, octubre de 2020.

Plan de Recuperación para Europa. Next Generation EU. Comisión Europea.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Comisión Europea.

Instrumento REACT-EU para la reconversión verde y digital de la economía. Comisión Europea.

Las claves de la transformación son la economía sostenible y la digitalización empresarial
Los ‘peros’ de Bruselas

Previamente al lanzamiento de una gran emisión de bonos comunitarios antes del verano para obtener los fondos comunitarios, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia tiene que obtener el visto bueno europeo, para lo que debe cumplir con una serie de exigencias, como son:

  • Potenciar la cohesión territorial, económica y social.
  • Atenuar el impacto de la crisis tanto en el ámbito financiero como en el plano humano.
  • Dejar una huella recurrente y constatable en la economía y sociedad del país.
  • Favorecer, de forma tangible y eficaz, los vectores relacionados con la creación de puestos de trabajo, el fomento del potencial crecimiento y la capacidad de adaptación de la economía y la sociedad a la actual crisis.
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Un plan para diez políticas
EL PLAN NACIONAL de Recuperación, Transformación y Resiliencia pretende hacer palanca en la economía y la sociedad españolas mediante su implementación a través de diez políticas tractoras:
  • La Agenda urbana y rural, a la que se dedicará el 16% de los recursos, con el objetivo de luchar contra la despoblación en el ámbito rural y el desarrollo de la agricultura.
  • Los planes de Conservación y Restauración de Ecosistemas y de Preservación de Infraestructuras Urbanas, Energéticas y de Transporte, a los que se destinará el 12% del presupuesto.
  • La Transformación energética, con el 9% de los fondos, de cara a posicionar a España como líder de la renovación energética.
  • El 5% de los recursos irá a parar a la reforma de la Administración Pública, mediante el impulso a la Modernización del Sistema de Justicia.
  • El 17% de los fondos se reserva para el apoyo a la digitalización de las empresas.
  • El Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud contarán, por su parte, con una partida específica del 17% del presupuesto.
  • La séptima política contará con el 18% de los recursos financieros con el objetivo de apuntalar el sistema educativo y el ecosistema del conocimiento.
  • La Nueva economía de los ciudadanos y las políticas activas de empleo ocupan la octava posición, lo que implica reservar el 6% de los recursos al refuerzo del Sistema Nacional de Dependencia.
  • El 1,1% de los fondos servirá para sufragar el Desarrollo de la cultura y del deporte.
  • Finalmente, se abordará la Modernización del sistema fiscal con el objetivo de conseguir un crecimiento sostenible e inclusivo.
Fuente: Presidencia del Gobierno

No dejar ni una empresa atrás

ENTRE MAGNITUDES

No dejar ni una empresa atrás

A fin de evitar que colapsara el crédito a las empresas, sobre todo a las pymes y a los autónomos, el Gobierno lanzó en su día un ambicioso plan de ayudas por un importe de 100.000 millones de euros para que bancos y compañías pudiesen disponer de financiación en forma de créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Sin embargo, la llegada de la segunda ola del Covid-19 ha trastocado las optimistas previsiones de duración de la crisis y, por ende, ha alejado el escenario de recuperación de rebote rápido en forma de V, por lo que se antoja necesario adaptar las ayudas al nuevo horizonte de creciente incertidumbre. para tratar de salvar cientos de miles de puestos de trabajo. Ante este panorama, el Gobierno ha sido sensible al clamor empresarial y ha tomado la decisión de flexibilizar el plazo de devolución de estos préstamos.

FERNANDO GEIJO

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Facebook:  Fernando Geijo

LA CAÍDA EN picado de la facturación en numerosos sectores ha motivado que las empresas tengan que seguir haciendo frente a sus facturas y gastos con una caja, cada vez más mermada, que no acaba de recuperarse. Si a esto unimos que las entidades financieras retraen, como es habitual, su actividad crediticia en época de crisis y que la ansiada recuperación rápida con un rebote enérgico se ha esfumado hacia un escenario, en el mejor de los casos, más desigual con un esquema en V asimétrica, la situación de incertidumbre se antoja muy complicada en los próximos meses.

No sin el Estado. Empresarios y entidades bancarias vienen reclamando desde hace meses al Gobierno una inyección de liquidez al tejido productivo para evitar la quiebra de miles de pymes y trabajadores autónomos en el marco de la crisis sanitaria provocada por la actual pandemia.

Al igual que sucedió en otros países de nuestro entorno, donde Alemania anunció en su día avales para créditos a las empresas por un monto de 500.000 millones de euros y Francia hizo lo propio por un importe de 300.000 millones, en España se anunció en marzo el lanzamiento de una línea de créditos concedidos por el Ministerio de Asuntos Económicos a través del aval del ICO por la ambiciosa cifra de 100.000 millones de euros.

La idea era que los bancos prestasen esos fondos a las empresas de todos los tamaños y sectores sin temor a engordar sus ya de por sí castigadas tasas de morosidad. Además, las autoridades preveían que, gracias a la colaboración privada, ese volumen de fondos aumentase hasta los 150.000 o 200.000 millones de euros.

La clave residía en que, con la garantía del Estado, las entidades financieras se protegían de eventuales impagos futuros de esos préstamos, destinados a afrontar la falta de liquidez y a apuntalar el circulante de un agonizante tejido empresarial en estado de hibernación forzosa.

Morir de éxito. La propia ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguró en su momento que estos avales ya habían facilitado cerca de 750.000 operaciones, por un importe de alrededor de 70.000 millones de euros, lo que permitió dotar al tejido productivo con una financiación de más de 92.000 millones de euros, concentrado, en su gran mayoría, en autónomos y pymes.

Por consiguiente, el Gobierno se dispuso a ampliar las ayudas a tenor de la evolución de la crisis sanitaria y ante la gran acogida de esta iniciativa, agotada en los meses siguientes hasta conseguir alrededor de un total de 10.000 operaciones al día, tras completar los cinco tramos en que fue desglosada.

Para ello, anunció en julio el lanzamiento de una nueva línea de créditos avalados de nuevo por el ICO, esta vez por un importe de 50.000 millones de euros. El objetivo era apuntalar sobre todo la actividad de pequeñas y medianas empresas y de trabajadores por cuenta propia, pero vinculando en este caso las ayudas a fomentar la actividad inversora. En especial, los dos ejes considerados de mayor valor añadido, como son la apuesta por la digitalización y la sostenibilidad medioambiental.

Los nuevos avales sumados a los lanzados en la primera fase de la pandemia conformaban una bazuca nada desdeñable de 150.000 millones de euros, lo que supone movilizar nada menos que el 12,5% del PIB español. Cantidad que podría incluso incrementarse hasta los 200.000 millones gracias a la colaboración público-privada.

Entre las condiciones de esa segunda línea, se mantenía el porcentaje de riesgo cubierto por el aval en el 70% cuando este iba destinado a grandes empresas y en el 80% cuando la financiación se destinaba a las exhaustas cuentas de pymes y de empresarios autónomos.

Sin embargo, esta vez se decidió ampliar el plazo de amortización del crédito de cinco a ocho años, dado que estos están dirigidos a fomentar la inversión y no la liquidez.

Adaptación imperiosa. La virulencia de los rebrotes del Covid-19 ha puesto de nuevo contra las cuerdas a una economía que ya funcionaba a medio gas con respiración asistida. Los cierres perimetrales y confinamientos, más o menos severos, se han convertido en la tónica habitual no sólo en España sino en toda Europa.

Ante esta situación, autoridades, patronales y entidades financieras se han puesto manos a la obra para tratar de reestructurar los créditos ICO. Su intención es flexibilizarlos mediante la extensión del plazo de amortización, más allá de los ocho años, dotarlos de un período de carencia mínima de dos años, desde los seis meses actuales, y per- puedan tener quitas o conversión de deuda en capital, entre otros aspectos.

En este contexto, el Gobierno recogió el guante al publicar en el BOE el 17 de noviembre el Real Decreto-ley 34/2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial que, entre otros aspectos, incluye la ampliación de la devolución de los créditos ICO, hasta el 15 de mayo de 2021, el alargamiento del plazo de abono en tres años extra, hasta un máximo de ocho (cuando el plazo anterior lo fijaba en cinco) y el aumento de la carencia de pago de 12 a 24 meses.

Para acceder a esta flexibilización, es necesario no estar inscrito en el registro de morosos ni tener procedimientos concursales pendientes; no contar con impagos superiores a los 90 días en créditos ICO o en cualquier otro otorgado por esta entidad y que la Comisión Europea realice una autorización expresa de la ampliación en cuestión. Finalmente, los bancos dispondrán de un plazo máximo de 30 días para dar respuesta a las solicitudes de ampliación de plazos, sin poder obligar para acceder a ello a contratar otros productos o subir el interés sin que esté justificado por el coste.

En cualquier caso, estas medidas no son la panacea frente a la verdadera solución, que inexorablemente pasa por la reactivación plena de la economía, una vez se disponga de una vacuna para hacer frente al coronavirus.

Hasta entonces, cualquier solución adoptada, por muy loable que sea, siempre tendrá sus pros y también sus inevitables contras. En este caso, relacionados con la elevación del déficit público hasta alcanzar cotas nunca vistas, escalando sólo en 2020 en un 14,1% del PIB, según estimaciones del FMI, hasta situarse en el 123% en diciembre, cinco puntos por encima de la previsión del Gobierno.

Otra consecuencia negativa podría ser, además, utilizar los fondos ICO para dar oxígeno a empresas no viables, conocidas popularmente como zombies, drenando recursos para las que sí tienen futuro, una vez superados sus problemas puntuales de solvencia.

Asimismo, hay que añadir que en octubre la Autoridad Bancaria Europea (EBA) comunicó a las entidades financieras la finalización de la excepcionalidad de las medidas contables decretadas en marzo por la pandemia. En consecuencia, los bancos deberán volver a provisionar en sus cuentas de resultados los créditos impagados y elevar así su ratio de morosidad.

La situación anterior permitía establecer moratorias y carencias para alargar los pagos de los intereses o del principal sin que la EBA exigiera que se considerasen morosos.

Está previsto que estas moratorias comiencen a expirar en marzo de 2021 y las entidades financieras temen que no puedan ser renovadas en las mismas condiciones favorables que antaño, lo que podría ocasionar el temido cierre del grifo del crédito y la entrada en concurso de acreedores de miles de compañías, agravando el problema en una suerte de pernicioso efecto dominó.

Además, muchas empresas no solicitaron en su día créditos con aval del ICO, confiando en su propia capacidad de generación de recursos. Pero ante la gravedad de la segunda ola del virus ahora sí se lo estarían planteando como una necesidad imperiosa para sobrevivir. El problema es que en estos momentos los bancos son más reticentes a la concesión de créditos, dada la incertidumbre que rodea a la economía y a la nueva norma contable comunicada por la EBA, que no considera adecuado que se prolongue una medida tan excepcional, ya que teme que sirva para ocultar la morosidad.

Ojo al dato

Sede electrónica de la Vicepresidencia Tercera del Gobierno, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que incluye la relación de medidas de ayuda a disposición de las empresas, incluyendo la financiación del ICO.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, dotada con hasta 100.000 millones de euros.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Inversión Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, dotada con hasta 40.000 millones de euros.

Instituto de Crédito Oficial (ICO), Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Línea de avales Arrendamiento Covid-19, Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, dotada con hasta 1.200 millones de euros.

Guía para la solicitud de líneas de avales y préstamos ICO, publicada por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Extender plazos de amortización e incluir quitas de deuda, entre las medidas propuestas de flexibilización
Cuando menos, es más
LA respuesta fiscal a la pandemia en las cinco mayores economías europeas refleja que España ha sido el país que menos líneas de avales garantizados ha puesto a disposición de su tejido productivo, 200.000 millones de euros, frente a los 750.000 millones de euros destinados en Alemania, y los entre 400.000 y 300.000 millones de euros que aportaron en Francia, Italia y Reino Unido. Sin embargo, tras analizar el grado de ejecución de estos, España lidera el ranking al lograr comprometer un 46% de las ayudas, frente a un 5% de Alemania, pasando por un 36% en Francia, un 18% en Reino Unido y un 17% en Italia. Entre los motivos apuntados desde el FMI, capacidades burocráticas y restricciones aparte, estaría la propia demanda realizada por las empresas.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI).
Espada de Damocles hostelera

CIENTOS de profesionales de la hostelería se manifestaron en septiembre pasado en Madrid para exigir medidas de apoyo bajo el lema #salvemoslahostelería, para lo que el sector, que emplea a 1,7 millones de personas y supone el 6,2% del PIB español, demanda:

  • La flexibilización de los créditos ICO.
  • La ampliación de los ERTEs.
  • Actuaciones efectivas de apoyo al empleo.
  • La aplicación de una rebaja temporal del IVA.
  • La aprobación de una renta variable para el alquiler de locales comerciales.

Fuentes: Confederación Empresarial de Hostelería de España y Asociación Empresarial de Marcas de Restauración.

España digital 2025: una transformación clave

EL ESCAPARATE

España digital 2025: una transformación clave

La transformación digital del país es una de las principales apuestas del Gobierno de España para relanzar el crecimiento económico, aumentar la productividad y reducir la brecha digital. En los próximos cinco años se pondrá en marcha la agenda España Digital 2025, que incluirá medidas para garantizar la conectividad del 100% de la población, acelerar la digitalización de las pymes y liderar el despliegue de la tecnología 5G, entre otros objetivos. En total, se movilizarán unos 140.000 millones de euros de inversión pública y privada.

ELVIRA ARROYO

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Durante las dos últimas décadas, los sucesivos Gobiernos de España han ido adoptando programas para el avance digital, siempre alineados con las agendas europeas. Como resultado de estas acciones, España está en una posición muy favorable para abordar la siguiente fase de su transformación digital porque cuenta con una de las mejores redes de infraestructuras digitales. Nuestro país está también relativamente bien situado en la digitalización de la Administración Pública.

Sin embargo, el progreso ha sido más limitado en la digitalización de la industria y las pymes, en la I+D+i y en la capacitación de la población. Además, hay zonas que carecen de una conectividad digital de calidad, tanto en el ámbito rural como en algunos ámbitos industriales, lo que genera desigualdades importantes.

La situación derivada del COVID-19 ha acelerado el proceso de digitalización, poniendo de relieve nuestras fortalezas y las carencias en ese aspecto. En los períodos con restricciones de la movilidad, se ha reafirmado la capacidad de las redes de telecomunicaciones para cubrir una situación extrema de conectividad, con incrementos respecto a 2019 de hasta el 50% en voz fija, del 30% en voz móvil y de un 50% en tráfico de datos móviles. A la vez, se ha consolidado el uso de los servicios audiovisuales como fuente de ocio y entretenimiento; se ha incrementado significativamente el teletrabajo, y se ha impulsado la digitalización de la educación, con un cambio radical de métodos y contenidos. Por contra, la falta de conectividad y de equipos adecuados ha impedido a miles de alumnos y empresas avanzar en su día a día, por mencionar solo algunas carencias.

Desafío inmediato. Las actuales circunstancias han hecho retomar la necesidad de abordar con urgencia los retos digitales pendientes, con el fin de asegurar la accesibilidad de toda la sociedad a las oportunidades que proporciona la nueva economía digital.

Ese será el principal objetivo de España Digital 2025, una agenda que recoge cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos para impulsar la transformación digital del país en los próximos cinco años.

La puesta en marcha de este ambicioso plan requerirá una inversión total de unos 140.000 millones de euros. Entre 2020 y 2022 están previstas reformas estructurales a las que se destinarán 70.000 millones de euros, 20.000 de los cuales procederán de fondos públicos (15.000 millones corresponden a los instrumentos comunitarios de financiación del Plan de Recuperación Next Generation EU) y 50.000 serán aportados por el sector privado.

Fruto de este esfuerzo, en 2025 toda la población dispondrá de una conectividad digital adecuada, lo que cerraría la brecha existente entre las poblaciones rurales y urbanas. También se espera que España siga liderando el despliegue del 5G en Europa y que en el año 2025 el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para esta tecnología.

Otra prioridad será mejorar las competencias digitales de los trabajadores porque la revolución digital tendrá un enorme impacto en el mercado laboral, con el surgimiento de nuevas profesiones y la desaparición de otras muchas. La sociedad deberá estar preparada para no quedarse fuera de esta transición. Se pondrá especial énfasis en las necesidades del mercado laboral y en cerrar la brecha digital en la educación. La meta es que dentro de cinco años, el 80% de los españoles tengan competencias digitales básicas y que la mitad de ellos sean mujeres.

Al mismo tiempo, se seguirá avanzando en la digitalización de las Administraciones Públicas en ámbitos clave como el empleo, la justicia y las políticas sociales. Se prevé que en 2025 el 50% de los servicios públicos estén disponibles a través de app móvil, simplificando así la relación de la ciudadanía y las empresas con los organismos públicos.

Cambio empresarial. La digitalización de la economía requiere la transformación de las empresas, especialmente las pymes, con inversión en nuevas tecnologías y la formación de su personal, para lograr aumentar su productividad y rentabilidad. Este es un desafío prioritario tanto para España como para Europa porque, según el DESI 2020 (Índice de Economía y Sociedad Digital publicado por la Comisión Europea el pasado mes de junio), en 2019 sólo un 17% de las pymes europeas utilizaron servicios en la nube, un 12% analizaron los macrodatos y un 17,5% vendieron productos o servicios online.

España, comparada con la media de la UE, presenta un nivel aceptable en equipamiento digital de las empresas, pero necesita potenciar el comercio electrónico, sobre todo en las micropymes de menos de 10 empleados, que representan el 93% del tejido empresarial. La meta de España Digital 2025 es que al menos el 25% del volumen de negocio de las pymes provenga en 2025 del comercio electrónico.

Será necesario también transitar hacia una economía del dato, garantizando la seguridad y aprovechando las oportunidades que ofrece la Inteligencia Artificial. El objetivo es que el 25% de empresas españolas utilicen inteligencia artificial (IA) y big data dentro de cinco años. En nuestro caso, el hecho de contar con el español como uno de los idiomas más hablados del mundo es una buena oportunidad para el desarrollo de una IA con aplicaciones en todos los mercados hispanohablantes. Por otro lado, se calcula que el hecho de optimizar los datos ahorraría 90.000 millones de euros a la industria manufacturera mundial.

Radar COVID. Esta app gratuita se puede descargar en el teléfono móvil desde la App Store de Apple (usuarios de iPhone) o desde Google Play (usuarios de móvil con sistema Android). Además, tanto Apple como Google han integrado en sus sistemas operativos la posibilidad de recibir notificaciones de exposición al COVID-19 sin tener que descargar la app.

Informe España Digital 2025. Gobierno de España. Principales medidas y retos de este programa.

Estrategia Europea de Datos. Comisión Europea. Programa para convertir a la UE en líder de una sociedad impulsada por los datos. La creación de un mercado único de datos permitirá que estos fluyan libremente por la UE y entre sectores, en beneficio de las empresas, los investigadores y las administraciones públicas.

Sociedad Digital en España 2019. Fundación Telefónica. Informe que recoge los indicadores y las principales tendencias que conforman el grado de evolución de la transformación digital de nuestro país.

Todo lo anterior deberá ir acompañado de medidas que apoyen a los emprendedores, ayuden a consolidar las start-ups y atraigan a un número creciente de trabajadores extranjeros. En un contexto en el que el teletrabajo se impone cada vez más, España es un destino que ofrece calidad de vida a los ciudadanos de otros países, que podrán instalarse aquí y trabajar en remoto, sin importar dónde estén localizadas sus empresas. Al igual que el turismo extranjero es vital para nuestra economía, la llegada de profesionales extranjeros que elijan España como lugar de residencia sería otro espaldarazo decisivo.

Modelo productivo. Además, la agenda digital española prevé acelerar la digitalización del modelo productivo mediante el desarrollo de proyectos tractores de transformación digital en sectores estratégicos como el agroalimentario, la movilidad, la salud, el turismo, el comercio y la energía.

En el sector agroalimentario se impulsará la digitalización del sector primario, se reforzará la seguridad alimentaria y se adoptarán modelos más productivos. El análisis de datos relativos a las cosechas, las simientes y el uso de los fertilizantes pueden hacer que la agricultura sea más eficiente. Solo con estas prácticas, la Comisión Europea estima que los agricultores podrían ganar 225 euros más por hectárea.

En el campo de la salud se incrementará la calidad de la sanidad agilizando los sistemas de información y fomentando la interoperabilidad de los datos de forma segura.

La movilidad evolucionará hacia un modelo más sostenible, atendiendo a las nuevas necesidades de la sociedad y favoreciendo la colaboración multisectorial.

Otro sector en el que hay depositadas grandes expectativas es el audiovisual. Si ya en los últimos años se había convertido en una actividad estratégica y en un bien de consumo generalizado en el ocio, la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha reafirmado su protagonismo, al proporcionar a los ciudadanos numerosas alternativas de entretenimiento para aliviar el confinamiento.

España cree que ahora es un buen momento para afianzar su liderazgo como plataforma audiovisual europea, lo que generaría negocio y puestos de trabajo. Nuestro país ha empezado a dar pasos en esta dirección con proyectos como la Ciudad de la Tele situada en Tres Cantos (Madrid), donde Netflix ha instalado su central de producción europea. De hecho, esta plataforma de entretenimiento ha llegado a manifestar su deseo de que España sea el hub audiovisual de Europa. La meta marcada en la agenda digital del Gobierno es incrementar un 30% la producción audiovisual para el año 2025.

Cómo beneficia una sociedad digitalizada a los ciudadanos
  • Mejores diagnósticos y tratamientos médicos. Acceso a distancia y seguro a los expedientes sanitarios personales para una investigación, diagnosis y tratamiento más rápidos y focalizados.
  • Identidad digital de confianza. Más privacidad personal, menos fraude e interacciones más rápidas con organismos públicos y empresas.
  • Agricultura más respetuosa con el medio ambiente. Alimentos de mejor calidad usando menos plaguicidas, fertilizantes, combustible y agua, gracias a la inteligencia artificial, los datos y el 5G.
  • Menor impacto climático y ahorro económico. Reducción de la factura energética gracias a los sistemas inteligentes de calefacción y aire acondicionado, y a las redes eléctricas inteligentes.
  • Equipos electrónicos de mayor duración. Dispositivos electrónicos más duraderos y que pueden actualizarse y reciclarse con facilidad.

Fuente: Configurar el Futuro Digital de Europa. Comisión Europea.

Diez metas digitales para España en el año 2025

Meta

Línea de base 2020

2025

1 Cobertura de población con más de 100 Mbps

89%

100%

2 Espectro preparado para 5G

30%

100%

3 Personas con competencias digitales básicas*

57%

80%

4 Aumento de especialistas en ciberseguridad, IA (inteligencia artificial) y Datos

-

20.000

5 Servicios públicos disponibles en app móvil

<10%

50%

6 Contribución comercio electrónico al volumen de negocio de las pymes

<10%

25%

7 Reducción de las emisiones CO2 por digitalización

<10%

10%

8 Aumento de la producción audiovisual en España

-

20%

9 Empresas que usan IA y big data

<15%

25%

10 Carta nacional sobre derechos digitales

No

*La mitad de los porcentajes de población formada en competencias digitales básicas deberán ser mujeres.

Fuente: España Digital 2025. Gobierno de España.

Los décimos de la UE-28 en competitividad digital

El Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) 2020, que mide la evolución digital de los 28 Estados de la Unión Europea, sitúa a España en la décima posición. Los mejor posicionados son Finlandia, Suecia, Dinamarca y los Países Bajos.
El DESI mide cinco indicadores del rendimiento digital de Europa: conectividad, capital humano, uso de internet, integración de la tecnología digital y servicios públicos digitales. España es la segunda de la UE-28 en servicios públicos digitales y la quinta en conectividad. Únicamente está por debajo de la media europea en capital humano.

Transición ecológica. España espera que la digitalización reduzca un 10% las emisiones de CO2 en 2025. También Europa trabaja para que las tecnologías digitales ayuden a alcanzar la neutralidad climática en 2050, que es el objetivo establecido en el Pacto Verde Europeo.

Para lograrlo, hay que reducir la huella de carbono del sector de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), que representan entre el 5% y el 9% del consumo de electricidad y son responsables de más del 2% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. La Comisión Europea advierte que, si no se controla, la huella de las TIC podría llegar a alcanzar el 14% de las emisiones mundiales de aquí a 2040.

La buena noticia es que el uso adecuado de las tecnologías puede reducir hasta siete veces las emisiones del sector de las TIC y hasta un 15% las emisiones mundiales. La inteligencia artificial, la supercomputación y los datos agrupados permitirán mejorar los análisis y la toma de decisiones sobre la crisis climática y el medio ambiente.

La estrategia europea y española contempla además medidas que favorezcan la economía circular que implica compartir, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para extender su ciclo de vida. Por ejemplo, alargar un año la vida útil de todos los teléfonos inteligentes de la UE reduciría las emisiones de CO2 en 2,1 millones de toneladas al año de aquí a 2030, lo que equivale a retirar un millón de automóviles de las carreteras.

Para los consumidores, son bienvenidas las regulaciones que ayuden a reparar y a conservar más tiempo sus dispositivos. Una reciente encuesta del Eurobarómetro confirma que el 64% de los usuarios desean conservar sus dispositivos digitales entre 5 y 10 años.

Contra la pandemia. Aunque los expertos aseguran que estamos solo en los comienzos de la revolución digital, son muchos los cambios que las tecnologías digitales han hecho en nuestro estilo de vida. También estamos comprobando su utilidad en la lucha contra el COVID-19.

Una de las novedades surgidas durante la pandemia ha sido las aplicaciones móviles de seguimiento y advertencia de contactos contagiados. En nuestro país la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España ha diseñado Radar COVID, una app que avisa del posible contacto que se ha podido tener en los últimos 14 días con una persona infectada.

Radar COVID garantiza que ningún usuario puede ser identificado o localizado porque no hay datos registrados y todo el proceso se desarrolla en su teléfono sin salir hacia ningún servidor. La aplicación utiliza la conexión Bluetooth del terminal, a través de la cual los móviles emiten y observan identificadores anónimos de otros teléfonos que cambian periódicamente. Cuando dos terminales han estado próximos durante al menos 15 minutos y a menos de dos metros de distancia, ambos guardan el identificador anónimo emitido por el otro.

Si algún usuario fuera diagnosticado positivo de COVID-19 tras realizarse un test PCR, decidiría si dar su consentimiento para que, a través del sistema de salud, se pueda enviar una notificación anónima. De esta forma, los móviles que hayan estado en contacto con el paciente recibirán un aviso sobre el riesgo de posible contagio y les facilitarán instrucciones sobre cómo proceder.

Tanto el uso de esta herramienta como la comunicación de un posible contagio serán siempre voluntarios. En España, está aún en una fase incipiente y es pronto para valorar su eficacia, pero su éxito dependerá de que la descargue un gran volumen de población y de que el mayor número de personas con PCR positivos colaboren informando del resultado de su prueba.

Paralelamente, para aprovechar al máximo el potencial de este tipo de aplicaciones, la Comisión Europea está desarrollando un servicio de interoperabilidad, que vinculará las aplicaciones nacionales en toda la UE. Esto permitirá que aplicaciones como Radar COVID sigan funcionando en los países de la UE con total seguridad. Con los casos en aumento nuevamente, esta pasarela europea complementará otras medidas como el aumento de las pruebas y el rastreo manual de contactos.

Garantías. Sin duda, nos encontramos ante un escenario lleno de oportunidades pero también de incertidumbres. No sabemos cómo afectará la digitalización a las relaciones laborales o a nuestra privacidad, ni si nuestro marco ético y jurídico es suficiente o necesitará ajustes.

Casi con seguridad, habrá que redefinir algunos derechos y obligaciones. España Digital 2025 intentará anticiparse a esta realidad con la elaboración de una Carta de Derechos Digitales, que formule con un lenguaje actual los derechos de ciudadanía y empresas en el mundo digital, y que garantice los recursos necesarios para que todas las personas puedan integrarse plenamente.

En todo caso, la digitalización no solo es un proceso imparable sino completamente necesario para aumentar la productividad y ayudar a la recuperación económica. Según un documento de trabajo publicado por la Comisión Europea en febrero de 2020, la implantación de tecnologías digitales podría incrementar el PIB un 1,1% hasta el año 2030 en los estados de la UE-28.

Referente internacional

España aspira a ser uno de los países más ciberseguros del mundo, para lo cual deberá incrementar su resiliencia ante los incidentes cibernéticos e incrementar la formación de talento. De aquí a 2025 se propone contar con 20.000 especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial (IA) y datos gracias a la actividad de entidades como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Además, sobre la base del ecosistema empresarial creado en el entorno del INCIBE, se potenciará la participación de España en diferentes iniciativas internacionales, como la candidatura para albergar el futuro Centro Europeo de Ciberseguridad. En la misma línea, el Centro de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, ubicado en Quart de Poblet (Valencia), trabaja para ser reconocido como un referente mundial en ciberseguridad, entre otros aspectos.

El estado de la transformación digital en España

Fortalezas

Debilidades

Infraestructuras de calidad

●    Despliegue de fibra óptica

●    Cobertura de banda ultrarrápida

●    Disponibilidad 5G

●    Centro de supercomputación de Barcelona

●    Infraestructuras de transporte

Capital humano

●    Competencias digitales básicas

●    Especialistas TIC

●    Internet en escuelas

●    Poca capacidad para atraer talento

●    Falta de uso por escaso interés o conocimiento

Servicios públicos digitales

●    Datos abiertos

●    Servicios sanitarios digitales

●    Administración electrónica

Pymes

●    Solo el 31% de las micropymes tienen web. El 25% no tienen internet

Grandes empresas digitalizadas

I+D

●    Bajos niveles inversión

●    Pocos investigadores en TIC

●    Moderada innovación

Ciudades inteligentes

●    De 165 ciudades en el ranking mundial, EEUU tiene 14 y España 12


Ciencia

●    Alto número de titulados STEM*

●    Potencia en producción científica


Ciberseguridad

●    Servidores seguros

●    5º país de la UE y 7º del mundo


*STEM (por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering and Mathematics. En castellano, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
Fuente: España Digital 2025. Gobierno de España.